ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS DE LA MONEDA
Por: Andrés Guzmán Escobari
Desde que Evo Morales asumió la presidencia, se
han producido cambios radicales en nuestras relaciones con Chile, pasando de una
inédita etapa de cordialidad con la administración de Michel Bachelet a un
periodo de tensa agresividad discursiva con el gobierno de Sebastián Piñera. Y
todo ello, no sólo por la improvisación que demuestran nuestras autoridades en la
aplicación de una estrategia de reintegración marítima sino, sobre todo, por el
cambio sustancial en la política exterior chilena hacia Bolivia que, a partir
de marzo de 2010, pasó de una postura conciliadora concebida desde la centroizquierda
a una posición intransigente y agresiva aplicada por la derecha.
Muchos dicen que las relaciones internacionales
del Estado chileno son manejadas desde el Edificio Carrera como una política de
Estado invariable y coherente. Sin embargo, en la práctica, eso no es así, o al
menos, no con Bolivia. De hecho, existen serias contradicciones entre lo que se
dice y lo que se hace que demuestran que el actual gobierno de La Moneda no tiene
el más mínimo interés por mejorar sus relaciones con nuestro país. La prueba
más clara de ello es que las autoridades chilenas repiten en todas y cada una
de sus declaraciones que debemos respetar los tratados pero, al mismo tiempo, ellos
incumplen flagrantemente varios acuerdos bilaterales.
Al respecto, sería mucho más interesante y, en
mi opinión, efectivo que, en lugar de emplazar al gobierno chileno en los foros
internacionales para que nos devuelva el mar y de exigirle la renegociación del
Tratado de 1904; se plantee esas mismas ideas en términos respetuosos y
fundamentados. Es decir, explicando en un tono cortés cuáles son los acuerdos y
artículos específicos que Chile incumple. Lo cual, además de mejorar la imagen
internacional de nuestro gobierno, podría poner en verdaderos aprietos a los
representantes de La Moneda, que se verían obligados a dar respuesta a los
argumentos bolivianos en los términos que corresponde.
¿Por qué nunca se dice por ejemplo que Chile se
comprometió a asegurar el libre tráfico del Ferrocarril Arica – La Paz “a
perpetuidad” al suscribir con Bolivia la Convención de 1905 (artículo 12) y que
hoy ese tren se encuentra paralizado en el lado chileno hace casi una década?¿Por
qué no se menciona que los paros y huelgas en los puertos de Arica y
Antofagasta han aumentado considerablemente desde que dichas terminales
portuarias pasaron a manos privadas, y eso, a pesar de que Chile se obligó a
garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción alguna” mediante
la Convención de 1937 (artículo 1)?¿Por qué sólo el Vicecanciller dijo una vez
que la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI), ha estado
cobrando por almacenaje a las cargas bolivianas que permanecen en aduanas
chilenas menos de un año, aun cuando la Convención de 1912 (artículo 12) obliga
a las autoridades chilenas a mantener la gratuidad de ese servicio?¿Por qué no
se señala más enfáticamente que la empresa privada que opera el puerto de Arica
(TPA), ha estado usurpando funciones que, de acuerdo a la Convención de 1937
(artículo 4/d), le corresponden exclusivamente a la Administración de Servicios
Portuarios – Bolivia (ASP-B)?
Si se hiciera mención a estos hechos y a los acuerdos
y artículos citados que, valga aclarar, son complementarios y reglamentarios al
Tratado de 1904; no se daría lugar a que las autoridades chilenas respondan con
amenazas, sino que tendrían que justificar sus acciones en relación al
cumplimiento de los acuerdos bilaterales.
Cualquier chileno medianamente informado
seguramente diría que Evo Morales fue quien llevó las cosas donde están al anunciar que
demandaría a Chile ante la justicia internacional. Sin embargo, hay que
considerar dos aspectos muy importantes que los analistas del vecino país parecen
olvidar a la hora de comentar estos hechos. El primero es que el gobierno de
Piñera interrumpió los encuentros que se venían realizando en el marco de la
Agenda de 13 puntos y después, nunca propuso una nueva fecha para proseguir las
conversaciones en la reunión que, de acuerdo a lo convenido, se tenía que
proponer soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo. El
segundo aspecto, es lo extraño que resulta que el gobierno chileno sea capaz de
mantener buenas relaciones con Perú, a pesar de la demanda que este último país
interpuso en su contra ante la Corte Internacional de Justicia, y no pueda
hacer lo mismo con Bolivia.
Otra interpretación errónea y que también se ha
difundido mucho en Chile, es que los gobernantes bolivianos utilizan el tema
del mar para aumentar su respaldo popular, especialmente cuando el país
atraviesa periodos de crisis. No obstante, si observamos las encuestas de
popularidad de los Mandatarios bolivianos en los últimos años y los momentos en
que se llevó el tema marítimo a los foros internacionales; podemos comprobar
que esa afirmación no es cierta. Evo Morales, quien es el que más se ha
referido a este tema en el ámbito multilateral, mantuvo desde un principio un
amplio apoyo del pueblo boliviano; igualmente, cuando Carlos Mesa llevó este
asunto a la Cumbre de Monterrey (2004), su respaldo popular sobrepasaba el 70%;
y por otra parte, Gonzalo Sánchez de Lozada, a pesar de encontrarse muy abajo
en las encuestas de popularidad (2003), incluso peor que Piñera, nunca utilizó
el tema marítimo para conseguir mayor apoyo.
Pero volviendo a nuestros días, las palabras del
Presidente Morales, por más indignantes que resulten para las autoridades
chilenas, no pueden en ningún caso justificar las amenazas. Las actuales
autoridades de Chile deben tener presente que su país suscribió sendos
compromisos en el pasado que prohíben recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza, entre los cuales destacan los convenios alcanzados en la Conferencia
Panamericana de 1889 celebrada en Washington, las notas reversales
intercambiadas con Bolivia en 1941, y las Cartas de la ONU y de la OEA
suscritas en 1945 y 1948 respectivamente.
En ese sentido, no se entiende por qué el
Canciller Alfredo Moreno asegura que nuestro país “sufrirá las consecuencias”
si decide finalmente judicializar el tema marítimo; o por qué el Ministro de
Defensa, Andrés Allamand, advierte con que las FF.AA. de Chile están en
condiciones de “hacer respetar los tratados”; o por qué el Presidente Piñera
afirma que defenderá “con toda la fuerza del mundo” la soberanía chilena, cuando
no existe ninguna amenaza sobre la integridad territorial de su país. Asimismo,
tampoco es comprensible que la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (2012
– 2024), que Piñera presentó al Senado de Chile, inicialmente como una versión
final; contenga referencias sobre la posibilidad de un conflicto interestatal
por agua dulce y luego, en su página 10, señale textualmente: “resulta posible
concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso
al agua y sus reservas”. Lo cual debería alarmarnos, porque Bolivia es el único
país que podría proveer de recursos hídricos a las regiones desérticas de Chile
y es por tanto, el único país con el que se podría “concebir un escenario de
controversia” en los términos planteados.
Por todo esto, esperamos que ambos gobiernos
disminuyan la estridencia de sus discursos y se esfuercen por recomponer las
relaciones a un nivel de cordialidad que nos permita alcanzar un futuro de
integración y cooperación en el que se pueda resolver los temas que por tanto
tiempo nos han distanciado.
