La historia del Silala en tres periodos

El uso de las aguas del Silala en Chile fue irregular en un primer periodo, altamente cuestionable en una segunda etapa y absolutamente ilegal en la tercera fase, que aún no ha terminado.  

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado por ADEMAF (Revista de Estudios Fronterizos Nº11).

Fuente: Los Tiempos (2016)

A finales del siglo XIX, cuando el Departamento del Litoral boliviano se encontraba temporalmente ocupado por Chile, conforme al Pacto de Tregua de 1884, los personeros de la empresa anglo-chilena, The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited, empezaron a buscar una fuente de agua limpia (sin salitre) para alimentar las locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro, y encontraron los manantiales del Silala en el Departamento de Potosí, fuera de la jurisdicción chilena.

Al poco tiempo, en 1904, ambos países firmaron la paz y definieron sus límites de tal forma que los manantiales del Silala quedaron dentro de Bolivia, a 3,5 kilómetros de la frontera. En razón de ello, y considerando que la empresa anglo-chilena necesitaba transportar esas aguas hasta la estación ferroviaria de Antofagasta, su representante legal, Benjamín Calderón, solicitó los permisos correspondientes al gobierno de Santiago y a la Prefectura de Potosí. El primero, en una medida unilateral no consultada con Bolivia, le concedió lo solicitado mediante el Decreto Nº 794 de 11 de junio de 1906 y el segundo, en ejercicio de sus atribuciones, también le otorgó lo solicitado a través de la Escritura Pública Nº48 del 21 de setiembre de 1908.  

A partir de entonces y tal como se puede evidenciar en el texto de dichas concesiones, los gobiernos de Bolivia y Chile, utilizaron indistintamente varias definiciones para referirse a las aguas del Silala o del Siloli, que es como también se conocía a esos recursos hídricos en territorio chileno. En efecto, a lo largo de la historia, las autoridades de ambos países emplearon diferentes definiciones para referirse al Silala, tales como: vertientes, río, riachuelo, bofedales y/o manantiales. Lo cual se mantuvo hasta finales de los años 90 del siglo XX, cuando el uso de esas aguas adquirió los rasgos de un conflicto internacional y las dos partes empezaron a radicalizar sus posturas.

Desde entonces, para Bolivia, las aguas del Silala conforman un sistema acuático cerrado de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esos recursos hacia territorio chileno mediante canales artificiales que traspasan la frontera. Mientras que, para Chile, es un sistema fluvial, cuyas porciones subterráneas y superficiales conforman un curso de agua compartido que debe ser utilizado equitativa y razonablemente de acuerdo al derecho internacional consuetudinario. Los canales artificiales, según la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo (río), pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.  

En base a estos antecedentes, a continuación se desarrolla un análisis de la historia de las aguas del Silala, que fue dividido en tres periodos de acuerdo al status jurídico que tuvo y aún tiene el uso de esas aguas en territorio chileno.

Primer Periodo (1908 – 1961).

Mediante las citadas concesiones de 1906 y 1908, la empresa de ferrocarriles obtuvo del gobierno de Chile “las aguas del riachuelo Siloli”, “para surtir a la ciudad de Antofagasta, por la totalidad de su caudal”; y de la Prefectura de Potosí obtuvo “las vertientes del Siloli”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”. Al respecto, cabe anotar que ninguna de las dos concesiones estableció pagos ni plazos de vigencia.
   

De esa manera se inició el primer periodo de esta historia, en que, según lo acordado con la Prefectura de Potosí, la empresa de ferrocarriles sólo tenía autorización para usar las aguas en las operaciones que debían realizar sus locomotoras a vapor. No obstante, como dichas locomotoras requerían 63 metros cúbicos de agua al día para su funcionamiento (0,62 lt/seg.), según las publicaciones de la misma empresa (Claros, 2016), y como el caudal que ingresaba a Chile en esos años rondaba los 6.600 m3/día (76 lt/seg.), se hace evidente que la mayor parte de esos recursos fueron utilizados para otros fines desde un principio. De hecho, a partir de 1915, las autoridades bolivianas recibieron denuncias respecto a la utilización de esos recursos para fines distintos al de su concesión. En razón de lo cual, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007: 385), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.

Este primer periodo se extendió aproximadamente hasta 1961 (hay versiones que indican que fue antes), cuando las locomotoras de referencia fueron reemplazadas por máquinas a diésel (Toromoreno, sin fecha). Con lo cual, la causa y el objeto de la concesión de 1908 se extinguieron automáticamente.

Segundo Periodo (1961 – 1997).

Así se inicia el segundo periodo, en el cual, la utilización de las aguas del Silala por parte de la empresa The Antofagasta and Bolivia Railway se hizo altamente cuestionable, puesto que, las locomotoras ya no necesitaban ni una gota de agua. No obstante, el líquido elemento siguió fluyendo hacia Chile en beneficio exclusivo de dicha empresa por varios años más. En ese tiempo, las importantes utilidades obtenidas por la venta de esas aguas a la población y a la industria minera de Antofagasta, fueron observadas con interés por don Andronico Luksic Abaroa, quien, en 1980, adquirió la empresa de ferrocarriles, la rebautizó con el nombre de Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB) y constituyó con la misma una compañía minera llamada Antofagasta PLC.   

La FCAB, como sucesora de la compañia The Antofagasta and Bolivia Railway, continuó comercializando las aguas del Silala en el norte de Chile como concesionaria exclusiva de las mismas hasta que, en 1990, el gobierno de Santiago, en otra medida unilateral no consentida por Bolivia, decidió otorgarle parte de esa concesión a la empresa estatal del cobre de Chile (CODELCO). Efectivamente, el 22 de marzo de ese año, mediante Resolución Nº 239, la Dirección General de Aguas de Chile concedió a CODELCO (División Chuquicamata) el “ejercicio permanente y continuo por 41 litros por segundo”. Con lo cual, el grupo Luksic tuvo que reducir su consumo de cerca de 180 litros por segundo a casi 140 litros por segundo.

Al respecto, cabe destacar que ni la Prefectura de Potosí, ni el gobierno de La Paz, autorizaron la participación de CODELCO.

Poco después, en 1997, el segundo periodo llegó a su fin, cuando el Prefecto de Potosí, Omar Marzano, en coordinación con el gobierno nacional de Bolivia, revocó y anuló “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”. Las razones expuestas en la Resolución de revocatoria, que luego fue elevada a Decreto Supremo (Nº 24660, 20 de junio de 1997), fueron: "la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano". "Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".

Tercer Periodo (1997 – 2016).

Así se inició el tercer y último periodo de esta historia, en el cual, el asunto se convirtió en un conflicto internacional. Catalogado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2007: 66-69), como de “alto riesgo” y “un ejemplo actual de la forma en que las fuerzas políticas y socioeconómicas pueden causar un conflicto por un cuerpo de agua”. Según ese mismo organismo: “La cuenca del Silala obviamente es la más vulnerable del continente”.

En cuanto al cumplimiento de los acuerdos, la utilización de las aguas bolivianas del Silala en Chile pasó de ser altamente cuestionable a completamente ilegal. En efecto, si hasta ese entonces la empresa concesionaria había utilizado las aguas de manera irregular, por haberlo hecho para fines distintos al de su concesión desde un principio, a partir de 1997, dicha empresa no posee ningún permiso de Bolivia para utilizar las aguas bolivianas del cantón Quetena de la Provincia Sud Lipez del Departamento de Potosí. Empero, las aguas siguen transcurriendo hacia el norte chileno, donde la FCAB y CODELCO, continúan aprovechándolas con fines de lucro.

LOS TRES PERIODOS DE LA HISTORIA DEL SILALA

Periodo	Status de la Concesión de 1908	Uso de las aguas en Chile
1908 – 1961	Plenamente vigente.	Irregular.
1961 – 1997	Se extingue su causa y objeto.	Altamente cuestionable.
1997 – 2016	No está vigente.	Absolutamente ilegal.

Fuente: elaboración propia.

Además de la rescisión de la concesión, en 1999, el gobierno de Bolivia, a través de la Superintendencia de Aguas, convocó a una licitación pública “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. La cual fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC S.R.L. el 25 de abril del año 2000, por un plazo de 40 años, durante los cuales, dicha empresa debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de las aguas (Portocarrero, 2014: 10-11).  

Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC S.R.L. emitió las facturas correspondientes a los dos únicos usuarios de las aguas: FCAB y CODELCO. Pero no pudo efectivizar el cobro debido a que ambas empresas, la privada y la estatal, se negaron rotundamente a cancelar las facturas y el gobierno de Chile amenazó con recurrir a la justicia internacional (El Mercurio, 05/07/2000).

Desde el entonces el problema ha reflotado cada cierto tiempo, y se ha intentado resolver en varias oportunidades. La última y más importante se produjo entre 2009 y 2010, cuando ambos países llegaron a firmar un preacuerdo sobre el aprovechamiento del “sistema hídrico del Silala o Siloli” (Artículo 1). En ese preacuerdo, que nunca llegó a entrar en vigor, se estableció que “del volumen total de aguas superficiales que actualmente fluyen a través de la frontera”, un 50 % le corresponde a Bolivia y “es de su libre disponibilidad”. Según el preacuerdo, en caso de que ese 50% sea aprovechado en Chile, el Estado boliviano “será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas”, teniendo preferencia las empresas que actualmente hacen uso de las aguas en territorio chileno (Artículos 2 y 6).

El acuerdo no pudo ser concretado porque cuando el gobierno boliviano lo hizo de conocimiento público, un movimiento popular, liderado por el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), se opuso rotundamente al mismo aduciendo que no contenía un resarcimiento por el uso pasado que ha realizado la empresa concesionaria desde hace muchos años, como hemos visto. Bolivia puso en consideración de Chile esta situación en las reuniones de la Agenda de los 13 puntos, y le solicitó incluir la “deuda histórica” en el preacuerdo. En un primero momento, Santiago aceptó considerar la petición y los Vicecancilleres de ambos países encargaron al grupo de trabajo del Silala, realizar un informe sobre el pedido boliviano de incluir la deuda histórica, que debía ser presentado en noviembre de 2010, tal como consta en el Acta suscrita el 14 de julio de ese mismo año en La Paz. No obstante, por motivos aún no explicados, Chile decidió cancelar el encuentro de noviembre de 2010 que debía celebrarse en Arica, y no hubo más avances ni en este punto (7), ni en el tema marítimo (punto 6), ni en ningún otro de los temas que se estabab negociando.
 

Ante esa situación, el gobierno de Bolivia decidió recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver el tema marítimo y anunció una posible demanda por el Silala, que fue reiterada en marzo de 2016. En eso, el gobierno de Chile se adelantó y demandó a Bolivia ante ese mismo tribunal, para que el mismo falle y declare que “el sistema del Río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario” (CIJ, 2016).     

Al respecto, aunque todavía no conocemos la posición oficial de Bolivia en este proceso puesto que el proceso aún se encuentra en las primeras etapas de su fase escrita, en la que Chile debe presentar su Memoria hasta el 3 de julio de 2017, podemos presagiar con cierta certeza, que muchos de los sucesos aquí relatados y sus implicancias, serán utilizados como los argumentos jurídicos de Bolivia en este caso.

Por último, en cuanto a la demanda chilena, que basa su argumentación en el derecho internacional consuetudinario sobre el uso equitativo y razonable de los cursos de aguas trasfronterizas, es importante recordar que la carga de la prueba recae en el Estado demandante, que deberá demostrar que el Silala es un curso de auga internacional y más importante aún, que el uso que realiza el grupo Luksic y CODELCO de casi la totalidad de las aguas, es un uso equitativo y razonable. 

Referencias

• Claros, Fernando (19/06/2016) Ahora por el Silala. Entrevista en No mentirás de PAT [En línea, consulta 04/08/2016] https://www.youtube.com/watch?v=20ZKYDOYb74 
• El Mercurio (05/07/2000) Bolivia no teme demanda internacional de Chile por Río Silala [En línea, consulta: 05/08/2016] http://www.emol.com/noticias/nacional/2000/07/05/25654/bolivia-no-teme-demanda-internacional-de-chile-por-rio-silala.html
• Faundes Sánchez, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. Causas y mecanismos de resolución de los conflictos por el agua entre Chile y Bolivia. En Nuestros Vecinos. RIL Editores. Santiago.
• Guzmán Escobari, Andrés (2015) Un mar de promesas incumplidas. La historia del problema marítimo boliviano (1879 – 2015). Prural Editores. La Paz.  
• PNUMA (2007) Vulnerabilidad y Resistencia Hidropolíticas en Aguas Internacionales. America Latina y el Caribe. [En línea, consulta: 05/08/2016] http://www.unep.org/pdf/hydropolitical_sp_LA.pdf  
• Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile. Conferencia. Club de La Paz. Centro Cívico Cultural 20 de octubre. La Paz.  
• Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2016]  http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm
• Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 31/07/2016] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml

Los actuales conflictos entre Bolivia y Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Revista Pasos

Para ciertos conflictos no nos queda más que confiar en la justicia para que ésta pueda darles solución o al menos contribuya a lograr ese propósito; y para los otros, sólo podemos esperar que nuestros gobernantes tengan la sabiduría y la habilidad de restablecer los canales de diálogo y negociación.  

Los conflictos entre Bolivia y Chile, que han surgido como resultado de los problemas derivados de la Guerra del Pacífico y de unas relaciones tradicionalmente complicadas y tensas; son de diversa índole y naturaleza pero actualmente todos confrontan el mismo problema: la falta de un mecanismo de diálogo y negociación intergubernamental para resolverlos.

En efecto, desde que Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos que, según lo acordado, tenía que realizarse en noviembre de 2010 en Arica; las conversaciones para resolver los problemas pendientes entre ambos países se han paralizado totalmente. No sólo se interrumpieron las conversaciones sobre el tema marítimo (punto 6) y el asunto del Silala (punto 7), sino también sobre todos los demás puntos de interés binacional como el cumplimiento del libre tránsito de Bolivia en los puertos chilenos, la rehabilitación del ferrocarril Arica - La Paz, el desminado de la frontera, el mantenimiento de las carreteras que sirven al comercio boliviano y otros temas importantes como el control del narcotráfico y el contrabando, entre otros.

Como resultado de esa situación, los temas del mar y del Silala fueron llevados a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por Bolivia y por Chile respectivamente, para que esa corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que dé a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico en el primer caso, y para que esa misma Corte falle y declare que “el sistema del río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional que se rige por el derecho internacional consuetudinario” en el segundo caso.

Aunque el arreglo judicial es un mecanismo pacífico de solución de controversias ampliamente reconocido por la comunidad internacional, que no puede ser considerado como un acto inamistoso según la resolución 37/10 de la ONU, más conocida con la Declaración de Manila; las relaciones de ambos países se han tensionado seriamente desde que Bolivia interpuso su demanda sobre el tema marítimo en abril de 2013 y mucho más, desde que Chile hizo lo mismo respecto al Silala, en junio de 2016.   

Todo esto se agrava aún más con las controversias suscitadas en torno a la desviación por parte de Chile de los ríos Lauca y Caquena, que también podrían ser objeto de más demandas judiciales y de más confrontación verbal entre las autoridades.

Por un lado, el tema del río Lauca es ampliamente conocido por la opinión pública de los dos países pues su desvío provocó la primera ruptura de las relaciones diplomáticas en 1962. En esa ocasión, ante las protestas que hizo Bolivia principalmente ante la OEA, Chile amenazó con llevar el caso ante la CIJ para demostrar que no había actuado al margen de la ley al desviar esas aguas al valle de Azapa. Sin embargo, hasta la fecha, no concretó su amenaza.

Por el otro lado, el caso del río Caquena no es muy conocido y su desvío es aún más grave, no tanto porque su caudal desviado es mayor, sino sobre todo porque representa una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2 de ese instrumento, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso del río Caquena, entre los hitos 92 y 93, pero como su trayectoria ha sido desviada hacia Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera también ha sido modificada. Lo cual, valga recalcar, representa una vulneración gravísima de parte de Chile al Tratado de 1904.    

Como vemos, los actuales conflictos entre Bolivia y Chile están ocasionado un tensionamiento y un distanciamiento creciente y preocupante entre ambos países, algunos no parecen tener solución temprana y los otros, ni siquiera se han abordado, pero es casi seguro que provocarán serios problemas en el futuro. Respecto a los primeros no queda más que confiar en la justicia, para que ésta pueda darles solución definitiva o al menos contribuya a lograr ese propósito; y para los otros, sólo podemos esperar que los gobernantes de ambos países tengan la sabiduría y la habilidad para restablecer los canales de diálogo y negociación, que son la mejor forma, sino la única, de lograr un entendimiento sostenible y duradero.  

Los primeros pasos en la demanda chilena sobre el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolivia sobre la naturaleza de las aguas del Silala, ambos gobiernos adoptaron las primeras medidas para enfrentar el proceso instalado en la Corte Internacional de Justicia, entre ellas, la preparación para la primera reunión de Agentes que tiene el propósito de definir el cronograma inicial. Al respecto, tuve la oportunidad de referirme a estos temas en las siguientes entrevistas: 

TVU, Por la Mañana, 20/06/2016.

Bolivia TV, Tres en Línea, 20/06/2016.

Abya Yala TV, 24/06/2016

Mas entrevistas por el Silala

Después de que Chile presentara una demanda contra Bolvia ante la Corte Internacional de Justicia, para que la misma declare que "el sistema del río Silala, junto a sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional", se produjeron varios comentarios de las autoridades de ambos países y un duro intercambio de pareceres entre los Cancilleres David Choquehuanca de Bolivia y Heraldo Muñoz de Chile, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo - República Dominicana.

Sobre estos temas, a continuación dos entrevistas que me hicieron y la respuesta del Canciller boliviano, David Choquehuanca, a las afirmaciones de su homólogo chileno, que se permitió afirmar: "no existen temas pendientes entre Chile y Bolivia".

En Cadena A, Levántate Bolivia con Juan Carlos Arana, 15/06/2016. 

En PAT, Hola País, con Natalia Girard. 15/06/2016

Replica del Canciller David Choquehuanca en la Asamblea General de la OEA, 14/06/2016

  

Precisiones sobre el artículo de Agustín Echalar

Carta de Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

 

Señor

Juan Carlos Salazar

Director

Diario Página Siete

REF: Precisiones sobre el artículo de Agustín Echalar 

Señor Director:

 

En referencia al artículo "Aguas de discordia” del columnista Agustín Echalar, publicado el pasado 12 de junio en Página Siete (clic aquí para ver el artículo), me permito hacer las siguientes precisiones que creo que la opinión pública debe conocer. 

 

Primero, el señor Echalar asegura que le causa risa escuchar que el Silala no es un río; porque, según él, la ubicación geográfica de esas aguas nos hace concluir que "se van, tarde o temprano y de una manera u otra manera, a la costa”. Sin embargo, tal como ocurre en otros espacios geográficos similares, es perfectamente posible que existan ecosistemas hídricos cerrados o cuencas endorreicas que no fluyen naturalmente hacia el mar. Decir lo contrario, sin haber realizado los estudios correspondientes y sin conocer los antecedentes de Chile en la desviación de cursos de agua que sí son internacionales (Lauca y Caquena, entre otros) es querer darle la razón a nuestra contraparte sin estar seguro de lo que se afirma. 

 

Segundo, Echalar afirma que el "principal beneficiario de la canalización de esas aguas fue Bolivia”, porque las locomotoras a vapor del tren que transportaba nuestros minerales hacia la costa se alimentaban principalmente del líquido elemento proveniente del Silala. No obstante, teniendo en cuenta que dichas locomotoras fueron reemplazadas por máquinas a diésel en 1958 (o en 1961 según otras versiones) y que aproximadamente a parir de 1915, la empresa que administraba el tren utilizó esas aguas para otros fines (todos ellos lucrativos), resulta ridículo decir que Bolivia ha sido el principal beneficiario.

 

Por último, el autor también critica el justo y comprensible reclamo que hizo el Comité Cívico de Potosí en 2009 de exigir que Chile pague por las aguas del Silala, que efectivamente utilizó durante más de 100 años sin pagar ni un centavo, de manera altamente cuestionable desde que cambiaron las locomotoras a diésel y se extinguió la causa, y el objeto de la concesión que la Prefectura de Potosí le había otorgado a la empresa que operaba el tren en 1908, y de forma absolutamente ilegal desde que dicha Prefectura revocó la referida concesión en 1997. A diferencia de lo que opina Echalar en contra de nuestros intereses, Bolivia tiene todo el derecho de exigir un pago retroactivo a Chile por el principal de la deuda y por sus respectivos intereses acumulados. 

Agradeciéndole su atención, me despido muy atentamente. 

 

Andrés Guzmán Escobari Analista boliviano en temas internacionales

Entrevistas sobre la demanda chilena por el Silala

El 06/06/2016, el gobierno de Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta declare que "el sistema del río Silala, y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional". Sobre este tema fui entrevistado en algunos medios de comunicación bolivianos como se puede ver a continuación:   

En Contraparte de Cadena A, 06/06/2016

En La Primera de ATB, 07/06/2016

En QNMP de Red Uno, 07/06/2016

Abya Yala TV, 08/06/2016

Las aguas del Silala, ¿río o manantial? (1996-1999)

Extracto del libro Un Mar de Promesas Incumplidas (2015) de Andrés Guzmán Escobari (Pags. 371-375).

Lugar exacto en el que las aguas del Silala cruzan la frontera. Fuente: Los Tiempos 2016.

En abril de 1996, el periódico paceño “El Diario” publicó en primera plana que Chile había desviado “el río Silala”, situado en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Lo cual fue ampliado por el mismo periódico en los días subsiguientes y luego también por otros medios informativos de Bolivia y del mundo. En su primera reacción, el gobierno de La Paz desmintió la desviación y afirmó mediante un comunicado de la Cancillería que las aguas del Silala conforman un “río internacional”.[1] No obstante, después de hacer las averiguaciones del caso, el entonces Canciller boliviano, Antonio Aranibar Quiroga, tuvo que reconocer que no se trata de un río compartido y que existen canales artificiales que dirigen el curso de esas aguas hacia territorio chileno.[2]

Al otro lado de la frontera sin embargo, se dijo que la primera reacción de Aranibar y otros pronunciamientos del gobierno boliviano,[3] confirmaban la tesis chilena de que el Silala es un río internacional. No obstante, como los pronunciamientos de un gobierno no pueden cambiar la naturaleza de un recurso hídrico, ni tampoco destruir los canales artificiales por los que efectivamente discurren esas aguas hacia Chile, es necesario recurrir a los estudios especializados para entender de qué estamos hablando.

Ciertamente, tomando en cuenta los reportes a los que el autor de este trabajo tuvo acceso y la inspección ocular realizada en la zona, se puede afirmar que las aguas del Silala conforman un reservorio hídrico de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando bofedales que se constituyen en los manantiales desde los cuales escurren esas aguas hacia Chile, principalmente a través de canales artificiales que traspasan la línea fronteriza.[4]

A pesar de que no se sabe con certeza si Chile tiene o no algún derecho sobre esas aguas, porque hasta la fecha no se ha determinado mediante un estudio científico cuánto de ese caudal fluiría naturalmente hacia ese país si no existieran los canales artificiales; las dos partes han adoptado posturas radicalmente opuestas: para Bolivia son aguas manantiales íntegramente bolivianas que han sido desviadas unilateralmente hacia territorio chileno y para Chile, el Silala es un río internacional de curso sucesivo cuyas aguas nacen en Bolivia y fluyen naturalmente hacia territorio chileno. Los canales artificiales, de acuerdo a la posición chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo pero no alteran su curso.[5]

Ante esa situación, el gobierno de Bolivia se vio forzado a tomar medidas en resguardo de la soberanía nacional en un momento en el que verdaderamente no se quería entorpecer las relaciones comerciales con otros asuntos. No obstante, dada de la gravedad del caso – se hablaba de hasta 500 litros por segundo –, las fuerzas conservadores de Bolivia al mando de “El Diario”, presionaron de tal manera al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, que éste decidió revocar y anular “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”, concedida en 1908 por la Prefectura del Departamento de Potosí a la empresa “The Antofagasta (Chili), and Bolivia Railway Company Limited”.

En este punto es preciso retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando los personeros de la empresa anglo-chilena de trenes que luego se convirtió en “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited”, encontraron las aguas del Silala muy cerca de la frontera pero en el lado boliviano, y comenzaron a utilizarlas para el funcionamiento de sus locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro. En 1908, con el propósito de formalizar el usufructo de tales recursos, el representante legal de esa compañía, Benjamín Calderón, solicitó a la Prefectura de Potosí – no al gobierno nacional –, “las aguas de SILOLI”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”, lo cual fue concedido por el Prefecto potosino, René Calvo, el 21 de septiembre de ese año mediante Escritura Pública Nº48, la cual aclara “que la empresa concesionaria cumplirá estrictamente con la estrictez de las prescripciones de la Ley y Reglamentos que rigen la materia en lo sucesivo”.[6]

No obstante, a pesar de que la concesión fue otorgada exclusivamente para llenar los calderos del ferrocarril Antofagasta - Bolivia, las aguas fueron rápidamente destinadas a cubrir otras necesidades del norte chileno. Motivo por el cual, en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.[7] Un tiempo después, aproximadamente en 1961, las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel,[8] y el contrato de 1908 perdió absolutamente su razón de ser.

Pasaron muchos años y recién en 1997, como hemos visto, el gobierno de Bolivia, a través del Prefecto de Potosí, Omar Manzano, revocó y anuló el contrato de concesión debido a:

"[L]a desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano".

"Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".[9]

En Chile hubo quienes llegaron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno amenazó con llevar el tema a tribunales internacionales y la empresa ferrocarrilera presentó un recurso de nulidad ante la Corte Superior de Distrito de Potosí por una supuesta falta de competencia de parte del Prefecto Manzano “para revocar y anular concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. La Corte se declaró incompetente para conocer el singular argumento y recomendó “recurrir esta empresa a la jurisdicción llamada por ley”.[10]

Curiosamente, durante ese animado periodo, los gobiernos de Sánchez de Lozada y Frei Ruiz-Tagle mantuvieron conversaciones secretas sobre una posible ampliación de las facilidades de libre tránsito en el puerto de Iquique. Fue tanta la reserva de esas negociaciones que nadie más que los negociadores supo lo que se conversó hasta recién el año 2007, cuando el periódico chileno “El Mercurio” reveló algunos detalles de lo que se trató secretamente entre 1996 y 1997. Las fuentes del conocido periódico santiaguino eran “personeros que participaron en estas negociaciones” y los Cónsules Generales, de Chile en La Paz, Óscar Fuentes, y de Bolivia en Santiago, Herman Antelo; quienes confirmaron que se conversó sobre la incorporación del puerto de Iquique al régimen de libre tránsito, “con todas las facilidades aduaneras y jurídicas necesarias para conectarse con diversos destinos de Asia Pacífico” (Emol.com, 2/11/2007).    

En efecto, ambos gobiernos habían acordado negociar confidencialmente de acuerdo a esa misma fuente, para no levantar falsas expectativas. La Paz designó al economista Horst Grebe como encargado de llevar adelante las gestiones y Santiago destacó al abogado Enrique Correa, ex Ministro de Aylwin.[11] Según “El Mercurio”, se había acordado negociar a través de “dos hombres destacados en el plano político pero ajenos a las relaciones exteriores” para darle un cariz distinto a la relación bilateral.[12] 

Las gestiones de la delegación negociadora, denominada “la Comisión de los mormones” por el Presidente boliviano; fracasaron en junio de 1997, tras una reunión en Buenos Aires en la que se tenía que firmar un protocolo. En esa ocasión, según la postura de Chile, los bolivianos hicieron pedidos inaceptables de soberanía, y de acuerdo a la versión de Bolivia, los chilenos se echaron para atrás a último momento.[13] 

Por la reserva del caso, no se supo si el referido fracaso estuvo asociado a la anulación de la concesión de las aguas del Silala, pero lo que sí parece haber tenido relación es la voluntad que Chile manifestó en ese entonces para hablar sobre formas de mejorar el acceso de Bolivia al mar, como tantas veces lo había hecho en el marco de la “política boliviana”, en un momento en el que las relaciones se hallaban claramente tensionadas por el tema del Silala. Además, ¿por qué tanta reserva si se supone que no se iba a negociar soberanía? Lo cierto es que después del estropicio vino la debacle, no se había logrado ningún avance en el tema de Iquique y el asunto del Silala sería a partir de entonces un problema constante que cada cierto provocaría fricciones entre ambos países, tal como había ocurrido con el Lauca, y eso se acentuaría peligrosamente durante el segundo mandato de Banzer, a partir de agosto de 1997.

Ciertamente, si bien los años y el contexto internacional habían ablandado al viejo General Banzer en varios aspectos del quehacer político nacional, en lo que a Chile concierne, su postura sería tanto o más dura que antes. No había olvidado lo de Charaña y manifestaría su molestia por cómo habían terminado esas negociaciones en varias oportunidades, una de ellas, cuando arribó a la ciudad de Santiago en abril de 1998 con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas.[14] En esa ocasión, como en muchas otras, el Presidente boliviano y su Canciller, Javier Murillo de la Rocha, aprovecharían el ámbito multilateral para hacerle recuerdo a Chile y al mundo, que el problema marítimo de Bolivia seguía pendiente.[15] 

Esas gestiones, que llevarían a lo que se conoció como “la agenda sin exclusiones”, como se verá en la siguiente sección; no estuvieron dirigidas únicamente a reclamar el tema del enclaustramiento boliviano en el ámbito multilateral, sino también a tratar otros asuntos delicados como el entonces propósito de privatizar los puertos en los que Chile debe garantizar el libre tránsito de Bolivia, el lento desminado de la frontera, las violaciones al espacio aéreo boliviano por parte de la Fuerza Aérea de ese país y sobre todo, como veníamos diciendo, el tema del Silala (Escobari 2013: TI 375;  Bustos et al 2007: 223;  Emol.com, 1/08/2000).  

En cuanto a este último punto, el gobierno de Bolivia convocó a una licitación pública en 1999 “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. Pese a las protestas que esta determinación causó en las autoridades chilenas, quienes advirtieron que podrían llevar el caso a instancias internacionales por “disponer de aguas compartidas”, la concesión fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC SRL por un plazo de 40 años, durante los cuales, el nuevo concesionario debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de dichas aguas.[16]

Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC SRL emitió las facturas correspondientes a las empresas chilenas que se benefician de esos recursos hídricos. No obstante, tanto la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) como la empresa Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB),[17] sucesora de “The Antofagasta Bolivia Railway Co. Ldt.”; apoyadas por el gobierno chileno, se negaron rotundamente a pagar y el conflicto fue soslayado nuevamente en medio de duras acusaciones y recriminaciones intercambiadas entre ambos gobiernos. 

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[1] Bustos, Carlos (2007) Dos Siglos de Relaciones chileno-bolivianas. En Nuestros Vecinos., p. 224

[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (sin fecha) Antonio José Aranibar Quiroga [En línea, consulta: 20/12/2014] http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Antonio%20Aranibar.jpg&texto=antonio%20aranibar.txt

[3] El mapa adjunto al Tratado de 1904 efectivamente asigna a uno de los ríos que traspasan la frontera el nombre de Silala. Ese es – según el hidrólogo boliviano Antonio Bazoberry -, “el origen del mito del Silala” (Bazoberry 2002: 8)

[4] Véase: Bazoberry (2002) Op Cit., p.4 y Llanos, Hugo; et al (2013) El caso del Río Silala o Siloli., pp. 339-341

[5] Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 13/12/2014] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml

[6] Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2014]  http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm

[7] Faundes, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. En Nuestros Vecinos., p. 385

[8] Toromoreno: Op. cit. 

[9] Decreto Supremo Nº 24660, 20 de junio de 1997

[10] Silala: las aguas de la discordia (sin fecha)  Fundación Jaime Guzmán [En línea, consulta: 13/12/2014] http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/documentos/ideas-y-propuestas/9.pdf

[11] Acompañaron al representante chileno el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el Director General de Política Exterior, Juan Martabit. Por el lado de Bolivia, estuvieron presentes el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio; el Subsecretario General de la Cancillería, Eduardo Trigo, y el Cónsul General de Bolivia en Santiago, Herman Antello (Emol.com 2/09/2007).

[12] El Mercurio, 2/11/2007

[13] El Mercurio 5/11/2007

[14] Escobari (2013) Op Cit., TI p. 375

[15] ABC, 08/09/1998

[16] Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile., pp. 10-11

[17] La FCAB es una empresa del grupo Luksic que comercializa las aguas del Silala para el consumo humano en el norte chileno a través de la compañía “Aguas del Altiplano S.A”. 

Demanda y contrademanda por el Silala

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

De lo único que podemos estar seguros, es que Chile tiene que pagar a Bolivia por las aguas del Silala si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo. 

Abecor, Fuente: Página Siete

Ahora que ha pasado cerca de un mes desde que el Presidente Evo Morales anunciara sus intenciones de demandar a Chile por el aprovechamiento ilegal de las aguas del Silala y que la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, respondiera anunciando una contrademanda, y ahora que conocemos un poco más sobre esta controversia, gracias al debate que provocaron dichos anuncios; podemos definir con mayor precisión cuáles podrían ser los argumentos de las partes para demandar y/o contrademandar. 

Como es sabido, la controversia reside en la discrepancia que existe entre ambos países respecto a la naturaleza del Silala: mientras que para Bolivia se trata de aguas íntegramente bolivianas, para Chile son recursos hídricos compartidos.

En efecto, de acuerdo a La Paz, las aguas del Silala conforman un ecosistema acuático de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esas aguas hacia territorio chileno mediante canales artificiales que fueron construidos por empresas chilenas sin el consentimiento de Bolivia. Según esta postura, las aguas no llegarían a Chile si no hubieran sido canalizadas.

Por otra parte, según Santiago, el Silala es un río internacional de curso sucesivo que nace en Bolivia y que fluye naturalmente hacia Chile por la pendiente del terreno y por la ley de la gravedad. Los canales artificiales, de acuerdo a la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo, aumentando su velocidad y evitando infiltraciones, pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.

A principios del siglo XX, la empresa que administraba el ferrocarril Antofagasta – Oruro, solicitó la autorización de la Prefectura de Potosí “para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de “SILOLI””. Dicha solicitud, que se hizo específicamente “para la alimentación o abastecimiento de las máquinas del ferrocarril”, también aclara: “Haciendo obras de captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque con costo crecido; y la Empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas en el servicio de su línea”.

Así, el 21 de septiembre de 1908, el Prefecto de Potosí otorgó la concesión de referencia mediante una escritura pública que no establece contraprestación alguna ni plazo de caducidad, pero sí determina que la empresa concesionaria debe “dejar la tercera parte del agua recogida para los que quieran aprovecharla después” y que la autorización es “para la alimentación de las máquinas que hoy, como se sabe, usan aguas impropias que destruyen sus calderos en poco tiempo, y que tienen que conducir desde larga distancia en estanques, lo que dificulta el tráfico”.

A pesar de que el objeto y la causa de la concesión fueron claramente establecidos, las aguas del Silala fueron utilizadas en Chile para otros fines casi inmediatamente, tal como lo revelan las denuncias que a partir de 1915 recibió el gobierno boliviano (David Choquehuanca en Hora 23 de Bolivisión: 5/04/2016). Al respecto, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria estaba “vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.  

Pero además de que las aguas del Silala se utilizaron para fines distintos al de su concesión desde un principio, algún tiempo después, aproximadamente en 1961, el objeto y la causa de dicha concesión se extinguieron totalmente cuando las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel. Es decir que ya no se requerían las aguas del Silala para el ferrocarril, pero el usufrutuo de esos recursos por parte de la empresa concesionaria aumentó en lugar de interrumpirse. Los canales fueron mejorados y ampliados en los años que siguieron hasta alcanzar cerca de 200 litros/segundo, que es el flujo promedio actual, y recién en 1997, la Prefectura de Potosí revocó y anuló la escritura de concesión, mediante una resolución administrativa que fue elevada a Decreto Supremo.

Poco después se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo. Los representantes de ambos gobiernos se reunieron varias veces y realizaron visitas conjuntas al lugar, pero no se pudo llegar a nada concreto. En 2009, los gobiernos de Bachelet y Morales, alcanzaron el punto de mayor aproximación con un preacuerdo que establecía que Chile debía pagar a Bolivia por el 50% del caudal del Silala hasta que un estudio conjunto determine el porcentaje preciso de aguas de libre disponibilidad que tiene cada país. Sin embargo, debido a que el preacuerdo no incluía la deuda histórica por más de un siglo de usufructúo que habían hecho los chilenos sin pagar ni un centavo, hubo un fuerte rechazo en Bolivia, liderado por el Comité Cívico de Potosí. Por lo cual, las autoridades bolivianas solicitaron al nuevo gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, la inclusión de la deuda histórica en el preacuerdo, tal como consta en el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas (Agenda de 13 puntos), suscrita el 14 de julio de 2010. Pero si bien ambos países acordaron mediante ese mismo documento que el grupo de trabajo encargado debía presentar un informe respecto a la deuda histórica en la próxima reunión que tenía que realizarse en Arica en noviembre de ese año, Chile decidió cancelar esa próxima reunión sin dar explicaciones y no hubo más avances.    

Imagen presentada por la Cancillería de Bolivia. Fuente: El Diario.

La cancelación chilena de 2010, que echaba por tierra todo lo avanzado no sólo respecto al Silala, sino también respecto al tema marítimo y a los demás puntos de la Agenda; representó en los hechos un rechazo del Estado chileno a solucionar sus controversias con Bolivia mediante negociaciones. Pero ahora que se ha planteado la posibilidad de resolver este tema mediante un juicio, los gobernantes de Chile adelantaron 3 argumentos con los que, según ellos, podrían contrademandar: 1) que Bolivia se ha negado a entregar información necesaria para definir los usos y beneficios del Silala, en franca trasgresión a lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997; 2) que Bolivia interrumpió las negociaciones de la Agenda de 13 puntos, lo cual, como hemos visto, no es correcto; y 3) que las autoridades bolivianas reconocieron en ciertos momentos que el Silala es un río.

En cuanto al primer punto, será difícil para Chile demostrar que Bolivia se negó a entregar información y más difícil aún será probar que la referida Convención le es oponible a nuestro país que no la firmó ni la ratificó. Sobre el segundo punto basta con exhibir el Acta de 14 de julio de 2010, y respecto al tercer punto, las manifestaciones unilaterales que las autoridades bolivianas hayan emitido sobre el particular, no parecen tener un mayor peso relativo de convicción jurídica, frente a lo que revelen los estudios hidrológicos y al hecho inobjetable de que existen canales artificiales que atraviesan la frontera.

Por todo lo dicho, de lo único que podemos estar seguros en estos momentos, indistintamente de cuál sea la naturaleza del Silala o de cuál país demande primero; es que Chile tendrá que pagar por esas aguas si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo, puesto que, aun si fuese un río, el país del Mapocho utiliza más de la mitad de esos recursos y por tanto, tiene la obligación de compensar a Bolivia.