Si las autoridades judiciales de Chile decidieran liberar finalmente a nuestros 9 compatriotas, lo más recomendable sería que el gobierno no los condecore.
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| Momento de la detención, 19/03/2017. Fuente: BioBioChile |
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete
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El impase que provocó el encarcelamiento de 7 funcionarios
de aduana y 2 militares bolivianos en Chile, ha contribuido a tensionar las
relaciones entre La Paz y Santiago que ya se encontraban seriamente
deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de
negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13
puntos. Este impase sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto
surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener
incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no
liberan a nuestros compatriotas.
Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación
de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de
concluir, a continuación se analiza el conflicto de los 9 bolivianos
encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han
dado las autoridades chilenas.
Primero cabe recordar que a las pocas horas de que
Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la Presidenta de ese país,
Michel Bachelet, dijo: "querían robar nueve camiones con productos y se
robaron uno". Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar 9
camiones entre 9 nueve personas que además tenían otros dos vehículos a su
cargo, no resultaba ni resulta creíble.
Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de
Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades
chilenas nunca mostraron más que un camión de los 9 supuestamente implicados, y
eso, muy a pesar de que el Presidente Evo Morales solicitó vía twitter: “Pedimos,
como bolivianos, nos presente los 9 camiones presuntamente robados por
aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero
pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de
Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”.
Además, la acusación presidencial chilena de que “se robaron
uno” fue complementada después por otras autoridades del vecino país tanto del
oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el Canciller Muñoz
llegó a decir que los bolivianos irían presos y los diputados Jorge Tarud y
José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido
delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento
del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del
Estado en Chile, fueron agravadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo
de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones
iniciadas por el gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros 9 compatriotas,
que incluyen diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara
primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las
autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues
todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente,
éstos fueron devueltos sin la intervención de la justica y sin hacer ningún escándalo.
En cuanto a la transgresión del principio de presunción de
inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país
presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar
que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno de haber
violado los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de
unos indígenas mapuche, que habían sido juzgados y condenados por terrorismo en
base a razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos
y perjuicios (Emol, 30/07/2014).
Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para
lograr la libertad de nuestros 9 compatriotas emprendida por la Procuraduría
General del Estado y por la Defensoría del Pueblo, no pasó desapercibida en el
equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. Según una
publicación de La Tercera (22/04/2017), el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio
Grossman, manifestó su inquietud “por la prolongada detención de nueve
bolivianos” y su interés porque “se levante la medida cautelar de prisión
preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se
repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos
que viajan a Chile”.
En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que
mostró el Canciller Muñoz para justificar el encarcelamiento de los 9
bolivianos, según otra publicación de La Tercera (25/03/2017), la Cancillería
chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el
manejo del caso. Según esa versión: “La posición de Cancillería era que la
situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata
de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera
aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. Sin embargo, “Interior
y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a
los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando
un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma
publicación.
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| La Presidenta Bachelet a tiempo de lanzar sus acusaciones de robo, 20/03/2017. Fuente: Pblimetro |
Por si fuera poco, algunos expertos chilenos de las
relaciones entre nuestros dos países criticaron la judicialización de este tema,
entre ellos, el reconocido abogado y periodista José Rodríguez Elizondo
manifestó: “¿por qué nos metimos en un pleito jurídico, al judicializar este
tema? porque todo lo que haga Evo tiene como objetivo encubrirse en las
situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa” (CNN
Chile, 25/04/2017).
Por tanto, ante la presión política que ejerció Bolivia, incluso
a través de las redes sociales, y ante los cuestionamientos que plantearon los
trascendidos de La Tercera y los comentarios vertidos por algunos analistas chilenos
influyentes; la juez encargada del caso, Isabel Peña, decidió analizar la suspensión
del procedimiento que fue solicitada por la defensa de los 9 bolivianos detenidos, en la audiencia que se tiene prevista para el próximo 25 de mayor (T13, 5/05/2017).
Por todo lo dicho, lo más probable es que la juez acepte finalmente
liberar a nuestros compatriotas. Sin embargo, dado que es necesario generar un
ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda
marítima resulta favorable a Bolivia, lo más recomendable sería que nuestro
gobierno no condecore a ninguno de los 9 detenidos, pues eso no
contribuye a generar el referido ambiente de negociación y es evidente que en
este caso, tampoco corresponde.
