Por: Juan Lanchipa Ponce
Las máximas autoridades del gobierno chileno han
repetido en varias oportunidades y en distintos escenarios que representan a un
Estado amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y fiel cumplidor de
los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, Chile es la
principal amenaza para la paz regional, mantiene una conducta que a lo largo de
la historia ha contravenido muchas veces los principios generales del derecho y
sólo cumple los compromisos contraídos en forma parcial de acuerdo a su
conveniencia.
En efecto, como es de público conocimiento, ese país ha
destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa
en la última década; mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los
años 70, pese al compromiso que asumió para removerlas y/o desactivarlas al
suscribir la Convención de Ottawa de 1997; y, no hace mucho, su Ministro de Defensa
amenazó con utilizar las Fuerzas Armadas de Chile para “hacer respetar los
tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado
de 1904. Lo que demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país
“amante de la paz”.
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| Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Chile 2011 |
Por otra parte, el hecho de que su gobierno cumpla
religiosamente el Tratado de 1904 en su parte referida a la delimitación
fronteriza y transgreda al mismo tiempo todas sus demás clausulas, es prueba
inobjetable de que aplica una política exterior que sólo respeta las normas
internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses. Las obstrucciones al
libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los
puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica–La
Paz son muestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud
contradictoria.
Por tanto, considerando que los principios generales
del Derecho enuncian, entre otras cosas, la prohibición de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza y la obligación de cumplir de buena fe las
obligaciones contraídas, Chile no puede ser considerado como un Estado “respetuoso
del derecho internacional”, aun cuando los encargados de su diplomacia lo repitan
en todas y cada una de sus declaraciones.
Pero lo más delicado es que todas estas
contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, están siendo profundizadas
cada vez con mayor desparpajo por las autoridades chilenas con medidas que
parecen representar el preludio de una guerra. Prueba de ello son la nueva norma
para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que reemplazará a la
Ley Reservada del Cobre, y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa –
ENSYD (2012 – 2024) [http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2009/11/ENSYD-version-definitiva.pdf].
Estas medidas. que en este momento están siendo
evaluadas por el Senado chileno para su correspondiente aprobación y dictámen, tienen la evidente intención
de reforzar aún más el poderío militar de Chile y anteponer la política de
defensa por sobre todas las demás políticas de ese país, con la idea de que no
exista ningún impedimento legal a la hora de recurrir al uso de la fuerza.
El proyecto de ley para el financiamiento de las FFAA,
que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un presupuesto
cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre
2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras
militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales); y crea un Fondo de Contingencia
Estratégico que dispondrá de cerca de 3 mil millones de dólares “destinado a
financiar el material bélico (…) para enfrentar situaciones de guerra”.
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| Presentación oficial de la ENSYD, 28 de junio de 2012 |
Pero lo que más nos debe preocupar a los bolivianos es
que la ENSYD reconoce que “algunas regiones (de Chile) no
disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara textualmente: “Aunque
la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja,
resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias
garantías de acceso al agua y sus reservas”. Afirmaciones que son una clara
amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos
hídricos al norte chileno y es además, el único país con el cual se podría
concebir “un escenario de controversia” en los términos planteados.
Ante este escenario de
contradicciones y de aparentes preparativos de guerra, cabe recordar que
Chile suscribió acuerdos multilaterales que prohiben expresamente la amenaza
y el uso de la fuerza, como los Convenios de la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washinghton y las Cartas de la ONU y la OEA de 1945 y 1948 respectivamente. De la misma forma, en el ámbito bilateral condenó explícitamente “las guerras de agresión” y se
comprometió a recurrir únicamente a procedimientos pacíficos para resolver los
desacuerdos o conflictos que puedan surgir con Bolivia, a través de las notas
reversales intercambiadas en 1941.
A pesar de esos compromisos,
por todo lo dicho, bien se podría esperar que en un futuro no muy lejano, los
gobernantes de Chile manifiesten una vez más su “vocación de paz” y seguidamente,
en un contrasentido – no esperado ni mucho menos deseado – inicien otra guerra.
