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martes, 14 de febrero de 2017

Antes de la invasión chilena

Todo comenzó en 1842 cuando Chile aprobó una ley mediante la cual declaraba de su propiedad las guaneras existentes al sur del paralelo 23,6º de latitud sur, que Bolivia consideraba suyas.

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Puerto boliviano de Antofagasta, antes de la invasión chilena. Fuente: Gumucio (2013) 
Por: Andrés Guzmán Escobari 

Hace exactamente 138 años, un contingente militar de Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra porque, según explicaron las autoridades chilenas de entonces, Bolivia había “roto” el Tratado de límites de 1874 al imponer un cobro de 10 centavos por quintal de salitre exportado a una empresa anglo-chilena que operaba en el litoral boliviano.

Desafortunadamente nunca se esclareció si verdaderamente hubo un incumplimiento de Bolivia, porque jamás se realizó el arbitraje que, según lo convenido bilateralmente en el Protocolo de 1875 (artículo 2), se tenía que aplicar en este caso en el que existía una discrepancia respecto a la inteligencia y ejecución del Tratado.

Pero por más de que nuestro país hubiese “roto” el tratado de 1874, eso no le daba derechos a Chile para agredir militarmente a Bolivia, ni mucho menos para privarla de su litoral. La reacción chilena fue inobjetablemente desproporcionada y no incluyó siquiera una declaratoria de guerra, que era lo que se estilaba en aquella época, cuando todavía no se había prohibido el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Pero para entender las circunstancias e intereses que provocaron todo esto, es necesario recordar qué pasó antes de la invasión chilena, cuando se iniciaron los problemas entre ambos países.   

Todo comenzó en 1842 cuando Chile aprobó una ley mediante la cual declaraba de su propiedad las guaneras existentes al sur del paralelo 23,6º de latitud sur, que Bolivia consideraba suyas, porque según el uti possidetis juris de 1810, que es una convención aprobada por todas las naciones sudamericanas y que dispone establecer los límites fronterizos entre nuestros países en base a la delimitación de la Corona española, el territorio boliviano llegaba hasta por lo menos el paralelo 25º de latitud sur, tal como lo establecen las cedulas reales y las leyes de indias, y lo reconocen también prestigiosos tratadistas chilenos como José Miguel Barros (2009) y Fabián Berrios (2016).

Bolivia protestó y se inició una fuerte disputa por el territorio de Mejillones y sus alrededores, que incluyó tres incursiones de la marina chilena en territorio boliviano. En efecto, según los historiadores Miguel Mercado (1930) y Gonzalo Bulnes (1976), en 1846 la goleta chilena Janequeo atracó en punta de Angamos (23°3´), donde sus ocupantes enarbolaron la bandera de Chile; en 1847, los pasajeros del bergantín Martina instalaron un fortín en Mejillones y fueron expulsados luego por el bergantín Sucre; y en 1857, la corbeta chilena Esmerlada desembarcó nuevamente al norte Mejillones, con el propósito de anexar ese territorio a Chile, llegando incluso a rebautizar el lugar con el nombre de “Santa María” y a capturar un barco guanero estadounidense, llamado Sportsman, que provocó un impase diplomático con Washington.

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Ley chilena de 1842, promulgada por el Presidente Manuel Bulnes
Además de esas incursiones, las infructuosas negociaciones que se desarrollaban en esos momentos en Santiago y sobre todo la explotación clandestina del guano de Mejillones por parte de miles de chilenos que se habían establecido en el litoral boliviano, fueron los determinantes de la autorización que en 1863 recibió el gobierno de Bolivia de su Congreso para declarar la guerra a Chile “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”.

En razón de esa determinación, según cuenta Roberto Querejazu (1979), Bolivia mandó a Don Tomas Frías a Santiago para negociar la devolución del territorio que había sido ocupado por capitales y obreros chilenos. Pero a poco de fracasar esa gestión, ocurrió un hecho que cambió el curso de los acontecimientos, una división naval española invadió las islas Chinchas del Perú a título de “reivindicación” y se encendió la alarma en todo el continente. Efectivamente, el temor a la “reconquista de América” propició el acercamiento entre La Paz y Santiago, que se tradujo en una alianza defensiva en la que también participaban Lima y Quito.

En esas circunstancias, que sólo fueron posibles con el cambio de gobierno en Bolivia, de Achá a Melgarejo, se creó un ambiente propicio para resolver la cuestión de Mejillones. Ciertamente, el 10 de agosto de 1866 los representantes de ambos países suscribieron un Tratado de límites que estableció la frontera en el grado 24º de latitud meridional, dejando las riquezas en territorio boliviano, pero instaurando un sistema de medianería precisamente entre los grados 23º y 25º, para que ambos países puedan explotar sus riquezas de manera compartida.

En 1871, en razón de los conflictos que Santiago mantenía con Buenos Aires, el Congreso chileno autorizó la compra de dos buques blindados que se construyeron en Inglaterra. Lo cual naturalmente generó recelo no sólo en Argentina sino también en Bolivia y Perú, que veían con desazón el acercamiento anglo-chileno, que se manifestaba en la explotación de sus riquezas en las costas del Pacífico de manera voraz y prácticamente incontenible. Fue así que antes de que Chile reciba sus buques de guerra, en 1873, los gobiernos de La Paz y Lima suscribieron un Tratado secreto de Alianza Defensiva, al que nunca se logró incorporar Argentina, a pesar de los denodados esfuerzos que hicieron los signatarios para incluir a ese país en la alianza.

A pesar de que se trataba de una alianza secreta, el gobierno chileno se enteró al poco tiempo de su existencia y de la posibilidad de que la Argentina fuera a incorporarse. Según Berrios (2016), la información llegó a Santiago a través de la diplomacia brasileña que tenía interés en impedir el potenciamiento argentino. Fue en ese contexto que Chile decidió atender los reclamos de Bolivia respecto a los problemas que había provocado la medianería y aceptó suscribir un nuevo Tratado de límites, el 6 de agosto 1874, que confirmó la frontera en el paralelo 24º de latitud sur, eliminó la medianería y restringió la imposición de nuevas contribuciones a personas, capitales e industrias de Chile por el término de 25 años.

Entre 1873 y 1875, el Perú nacionalizó la industria del salitre, en lo que se conoció como “la ley del estanco” que perjudicó seriamente a muchas empresas anglo-chilenas que se habían establecido en Tarapacá. La medida fue uno de los detonantes más importantes de la Guerra del Pacífico, pues mientras Bolivia la tomó como un ejemplo a seguir – el Presidente Hilarión Daza llegó a manifestar su intención por “fregar a los gringos” –, Chile la vio como un peligroso antecedente que podría replicarse en el litoral boliviano.

Fue así que Daza, valiéndose de su alianza con el Perú, decidió aplicar el cobro de los 10 centavos ya mencionado, en una actitud que claramente no supo medir las consecuencias de sus actos, pues no sólo no logró más ingresos para el Estado como tenía previsto, ni tampoco logró “fregar a los gringos”; lo único que consiguió fue provocar a Chile, que como ya se dijo reaccionó desproporcionadamente y con los resultados para Bolivia que todos conocemos.  

miércoles, 11 de enero de 2017

Israel entre Bolivia y Chile

En referencia a un artículo publicado por el israelí Yair Lapid, el autor señala que no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro.  
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El actor, periodista y político israelí, Yair Lapid.
Por: Andrés Guzmán Escobari

A propósito del ingreso de Bolivia al Consejo de Seguridad de la ONU, el político y periodista israelí Yair Lapid publicó un artículo en el que manifiesta su esperanza de que nuestro país introduzca a dicha institución “una voz más equilibrada y razonable que aquellas que se oyen de ahí últimamente”, en referencia a los paí-ses que aprobaron la Resolución 2334, del 23 de diciembre de 2016, que reafirma que los asentamientos que Israel estableció en territorio palestino, ocupado desde 1967, incluido Jerusalén oriental, “no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación al derecho internacional”.

Con ese propósito, el autor intenta poner a los bolivianos en el lugar de los israelíes para que comprendan la ira que les causó la Resolución 2334, planteando el caso hipotético de que Israel apoye “la posición de Chile en la disputa por una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia”.

Al respecto, es importante aclarar que no es lo mismo defender el establecimiento de los asentamientos de Israel en Palestina, que son una expresión neocolonial y un obstáculo para lograr una solución biestatal, que defender el legítimo derecho que tiene Bolivia de recuperar su cualidad marítima mediante una negociación, tal como lo prometió Chile en reiteradas ocasiones.

Es decir, no es lógico comparar lo que siente el abusador en un conflicto con lo que siente el abusado en otro, porque, dadas las diferentes visiones y experiencias, resulta prácticamente imposible extrapolar nuestros sentimientos.

Además, las diferencias que existen entre un apoyo estatal, de un gobierno a otro, y una resolución del Consejo de Seguridad, que se aprueba por varios Estados y que sí tiene efectos vinculantes (artículo 25, Carta de la ONU), confirman que la hipótesis que plantea Lapid tampoco tiene sentido de proporcionalidad.

Ciertamente, a diferencia del efecto simbólico que podría tener el primer y único apoyo que el país del Mapocho jamás recibió de otra nación en el tema del mar (no es cierto que existan “partidarios de Chile” en este tema, como afirma Lapid), Israel tiene la obligación de aceptar y cumplir lo dispuesto por la Resolución 2334, incluyendo en especial lo referido a la “cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento”.

Pero más importante aún, y esto seguramente no lo sopesó Lapid, es que el apoyo de su país a Chile en rea-lidad podría beneficiar a Bolivia.

En efecto, si consideramos que Israel es un país mundialmente conocido por incumplir sus obligaciones internacionales, tal como lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 2004, cuando emitió su opinión consultiva sobre la construcción de un muro israelí en Palestina; y teniendo presente que “la disputa por una salida soberana al Pacífico”, que actualmente se ventila en ese mismo tribunal, versa precisamente sobre los incumplimientos de Chile a varios de sus compromisos y promesas internacionales, un respaldo israelí a la causa chilena podría contribuir a reafirmar la tesis de que Santiago pretende mantener el statu quo de los territorios que a partir de 1879 anexó a sus dominios por la fuerza, aun cuando eso requiera transgredir el derecho internacional, tal como lo hace Israel con territorios palestinos.

De hecho, el apoyo de Israel a Chile sería como que Corea del Norte apoye a Irán en sus planes militares de potenciamiento nuclear, o que el Gobierno de Arabia Saudita respalde los comentarios misóginos y sexistas de Donald Trump; es decir, un apoyo que en lugar de ayudar, perjudicaría.

lunes, 24 de junio de 2013

Entrevistas sobre la demanda marítima boliviana

El 12 de junio de 2013 se produjo la primera reunión de los Agentes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir los plazos en los que ambos países deberán presentar sus alegatos escritos. Sobre el particular y algunos otros temas relacionados, a continuación las entrevistas que me hicieron para Que no me pierda de la Red Uno, Al Día de Bolivisión y La Primera de ATB:  








jueves, 6 de junio de 2013

El tema marítimo fuera de las conversaciones boliviano - chilenas

Por: Andrés Guzmán Escobari

Las conflictivas relaciones entre Bolivia y Chile se han deteriorado considerablemente en el último tiempo a un punto tal que seguramente sólo fue superado en el pasado cuando se rompieron los vínculos diplomáticos entre ambos países (1920, 1962 y 1978) o cuando estalló la guerra (1839 y 1879). De hecho, el estado actual de nuestras relaciones podría compararse con aquellos pocos momentos de la historia en los que Chile, al igual que hoy, se negaba rotundamente a reconocer la existencia del problema que genera el enclaustramiento boliviano, por ejemplo: cuando el año 1900 el representante de La Moneda en La Paz, Abraham Köning, remitió un duro comunicado al Canciller boliviano de la época para aclararle que Chile nada le debe a Bolivia y advertirle, entre otras cosas, que su país había centuplicado su poderío militar desde 1879; o cuando en 1987 el gobierno del General Pinochet rechazó de plano las propuestas que las autoridades bolivianas le habían planteado en las negociaciones del “enfoque fresco”, con el propósito de resolver precisamente el asunto marítimo.



En efecto, el estado actual de las relaciones boliviano – chilenas es tan malo que no existe ningún tipo de diálogo entre nuestras autoridades que no sea el estrictamente necesario en el ámbito consular y eso es algo que naturalmente y por el bien de nuestro porvenir como países vecinos, debe cambiar.  
La situación en que nos encontramos es el resultado de una incomprensión absoluta de la posición del otro y de la tentación de nuestras autoridades por utilizar los temas que nos distancian para encender las pasiones nacionalistas de nuestros pueblos que, indiscutiblemente, generan importantes réditos político-electorales en ambos lados de la frontera. Asimismo, en los hechos, esta situación es el resultado de la interrupción del diálogo de la Agenda de 13 puntos ocurrido en noviembre de 2010 por decisión del gobierno chileno y de la posterior determinación boliviana de recurrir a tribunales internacionales para resolver el problema marítimo, que evidentemente no cayó nada bien en Chile.  
A esas dificultades debemos sumar la conducta beligerante de ambas partes, los bolivianos emplazando al Gobierno de La Moneda a levantar el encierro geográfico con un lenguaje innecesariamente agresivo y cuestionado insistentemente los vicios de origen de un Tratado que ha cumplido y respetado por más de 100 años, y los chilenos oponiendo un rechazo absoluto a reconocer la existencia de un asunto pendiente entre los dos países que además vino acompañada de algunas amenazas de utilizar la fuerza para, entre otras cosas, “hacer respetar los tratados”.  
No es el propósito de estas líneas evaluar la validez o legitimidad de las posturas asumidas, sino de hacer notar que las políticas aplicadas en consecuencia nos han llevado a una situación que no sólo ha congelado el tratamiento del tema marítimo – de tan sensible importancia para los bolivianos –, sino que ha paralizado también el diálogo en todos los demás asuntos de interés binacional, entre los cuales, hay otros problemas de altísima complejidad y relevancia para ambos países que deben encontrar urgentemente un canal de diálogo que permita abordarlos y resolverlos, porque esos problemas podrían ser motivo de más discordias o hasta conflictos entre chilenos y bolivianos en el futuro.
Me refiero a la inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia (Silala 330 lt/seg; Lauca 2.460 lt/seg; y Caquena 3.670 lt/seg), según estudios realizados por el Ing. Antonio Bazoberry y la Dirección General de Aguas de Chile; a las constantes dificultades que enfrentan los comerciantes bolivianos en los puertos chilenos debido a la cuestionable aplicación del derecho de libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios por parte de las empresas privadas que operan esas terminales portuarias; a la operatividad del Ferrocarril Arica – La Paz que, a pesar de la rimbombante celebración del centenario de la vía que estuvo presidida por el mismo Presidente Piñera, no ha realizado ningún viaje completo en el lado chileno desde hace casi 10 años y que en el lado boliviano se mantiene operativo; a las labores de retiro y destrucción de las minas antipersona de la frontera que, según datos publicados por la Comisión Nacional de Desminado de Chile (www.cnad.cl), sólo habrían avanzado en un 37% pese al transcurso de más de una década desde que gobierno chileno se comprometió a retirarlas; y a otros temas también importantes para ambos países como la cooperación para el control del narcotráfico, la lucha contra el contrabando, la complementación económica; etc., etc.       
La gran mayoría de estos temas fueron incluidos en la Agenda de 13 puntos, cuyo tratamiento, como ya se dijo, quedó interrumpido. No obstante, teniendo en cuenta que el asunto que generó esa interrupción está siendo sometido a una instancia jurisdiccional como es la Corte Internacional de Justica de La Haya, porque evidentemente no pudo ser resuelto por la vía diplomática; resulta no solo urgente, sino también absolutamente razonable que los gobiernos de ambos países restablezcan el diálogo para tratar todos los demás puntos de la Agenda dejando momentáneamente de lado, mientras dure el juicio, el tema marítimo boliviano (punto 6).
Esta idea de no negociar directamente el tema marítimo, que ya fue planteada tentativamente por el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; también fue sugerida por quien escribe estas letras en un encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países. Los chilenos, como era de esperar, acogieron sin objeciones la moción. No obstante, entre los bolivianos hubo reticencias de quienes consideraban “imprudente” hacer tal cosa: “Qué habrían dicho los grandes diplomáticos que hemos tenido”, censuró uno de ellos, “Qué habría dicho tu abuelo!” me dijo el otro.


Al respecto cabe aclarar que esta sugerencia no tiene por objeto librar a la diplomacia chilena de su tradicional piedra en el zapato, sino más bien preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo. De hecho, eso es lo que indica el procedimiento del juicio que el gobierno boliviano inició. El artículo IV del Pacto de Bogotá, que es el acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda, señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”. Por tanto, dejar temporalmente fuera de las conversaciones al tema marítimo no sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde.   

domingo, 31 de octubre de 2010

La Esperanza Boliviana por Volver al Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

El reciente encuentro de los Presidentes Evo Morales y Alan García, que propició la ampliación de los acuerdos que permiten a Bolivia acceder al mar a través de la costa sur peruana, y la propuesta del senador chileno, Pablo Longueira, de someter al voto popular chileno la posibilidad de cederle a Bolivia un territorio soberano sobre las costas de Arica; han hecho que el problema marítimo boliviano se convierta, una vez más, en el principal tema de discusión político-diplomático entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, y han encendido, nuevamente, la esperanza del pueblo boliviano por reencontrarse con ese mar que le fue arrebato hace 131 años.
En 1992, con la firma del Convenio “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Perú concedió a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y un espacio para desarrollar una zona franca industrial y otra turística en el puerto de Ilo. Dichas concesiones si bien fueron recibidas en su momento con enorme expectación y mucha gratitud, no sirvieron para atenuar el enclaustramiento que afecta a Bolivia debido a la inexistencia de una carretera adecuada para acceder a las mismas; la mala administración que hizo la empresa concecionaria encargada del acondicionamiento de la zona franca industrial, a la cual el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato en el año 2000; y sobre todo, las no muy atractivas condiciones que la zona ofrecía a las actividades comerciales.
El Protocolo Ampliatorio del Convenio de 1992, que suscribieron los Presidentes Morales y Garcia el 19 de octubre pasado, incrementa las actividades excentas de impuestos que los bolivianos pueden realizar en la zona franca industrial de Ilo, que pasó a ser una "zona exclusiva especial", pero tampoco exime al intercambio comercial.
Aún así, no se puede desmerecer el gesto del Perú que una vez más demuestra su comprensión con la demanda marítima boliviana. Será responsabilidad de Bolivia acondicionar y administrar adecuadamente los espacios cedidos por los próximos 99 años. Así lo reconoció el Presidente Evo Morales, quien, a tiempo de agradecer la cooperación del Perú, destacó la esperanza que mantiene el pueblo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar y la naturaleza irrenunciable de su demanda marítima. Por su parte, el Presidente Alan García señaló que la situación que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es “injusta” y reafirmó el compromiso de su gobierno de no obstaculizar las negociaciones que conduzcan a una solución en la que Chile reconozca la soberanía boliviana en Arica.
Otra importante declaración, que aviva la esperanza popular de los bolivianos por reintegrarse al mar, la formuló el Canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien ante una consulta sobre la posible ejecución del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que exige la aceptación del Perú para que Chile le ceda a Bolivia territorios ariqueños, aseguró que su país no pedirá soberanía, lo que pedirá es que se respete la servidumbre que tiene en Arica…”. Lo cual es relevante porque representa una garantía que no se repetirá lo acontecido en 1976 cuando, por primera y única vez, se ejecutó el referido Protocolo y Perú contestó a Chile con una contrapropuesta en la que sugirió compartir la soberanía del espacio por el cual Bolivia accedería al mar, lo cual no hizo más que entrabar las negociaciones que se habían iniciado en el pequeño poblado de Charaña, con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia.

Por otra parte, la propuesta lanzada por el senador oficialista chileno, Pablo Longueira, de realizar un plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie sobre la idea de dar solución al problema marítimo boliviano sin descartar una posible cesión de soberanía territorial; es una clara muestra de que el problema existe y que debe ser resuelto, es también el reflejo de una situación signada por la aproximación sin precedentes de los gobiernos de ambos países, que han incluido el tema en la agenda política que negocian los Viceministerios de Relaciones Exteriores, y es, al mismo tiempo, otro motivo esperanzador para el pueblo de Bolivia, que ansía recuperar un acceso soberano al mar.
Sin embargo, dicha propuesta, que fue muy bien acogida por las más altas autoridades bolivianas, no representa por sí sola un avance real en la recuperación de un acceso soberano de Bolivia al mar, ya que, en caso de que se realice, un resultado negativo impondría un enorme obstáculo al objetivo de reintegración marítima boliviana que sería muy difícil de superar, pues serviría de argumento para que el gobierno de Chile desestime la necesidad de negociar el tema. Por esa razón, la formulación del hipotético plebiscito, que además requerirá de una modificación en la legislación chilena que permita su realización, debe hacerse como mucho cuidado, pues si la consulta no hace referencia a los beneficios que Chile podría obtener con la ejecución del acuerdo que resuelva el problema marítimo de Bolivia, el rechazo del pueblo chileno estará más que garantizado.
Los hechos comentados y sus consiguientes repercusiones han puesto en evidencia, una vez más, que la cordialidad de las relaciones entre los países del Pacífico sur y su sustentabilidad en el tiempo, están condicionadas a la resolución del problema que genera el enclaustramiento boliviano; el cual sale a flote cada cierto tiempo generando molestias y esperanzas, las cuales se entremezclan con sentimientos nacionalistas que las exacerban y no permiten vislumbrar una solución definitiva al menos en el corto plazo. Además, en esta oportunidad, el problema reflota mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya evalúa los argumentos que Perú y Chile le presentaron para que ese alto Tribunal defina la frontera marítima entre ambos países. Dicho proceso representa un obstaculo para la reintegración marítima boliviana porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían dar a Bolivia un acceso soberano al mar.
Pero por más compleja que parezca la situación, no cabe duda que la inclaudicable esperanza del pueblo boliviano por reincorporarse a la vecindad del mundo a través del mar, mantendrá viva su demanda de reintegración marítima, hasta que se haga una realidad.
Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

jueves, 30 de septiembre de 2010

Venezuela y el Problema Marítimo de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)


La difícil y desventajosa situación que enfrenta Bolivia por no contar con un acceso propio al mar, ha sido motivo de numerosas manifestaciones de apoyo de parte de algunos países y organismos internacionales que, en diferentes momentos de la historia, instaron a quienes corresponde resolver este problema, hacer cuanto sea necesario para darle una solución definitiva. Entre esos respaldos, uno de los más significativos y constantes, ha sido el de Venezuela.
La controversia que genera el enclaustramiento geográfico de Bolivia en las relaciones político-diplomáticas de los países que concurren a las costas del Pacífico sur, ha tenido momentos críticos que a lo largo de la historia han llamado la atención de la comunidad internacional y que han generando, en esos momentos, un incremento de los apoyos a la demanda marítima boliviana. Uno de ellos se produjo en 1962, cuando, de manera unilateral, Chile decidió desviar el curso del río Lauca, que nace en los andes chilenos y desemboca en el lago boliviano Coipasa. Ante esa situación que contravenía las normas internacionales sobre el uso de aguas compartidas, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y varios países, entre ellos Venezuela, manifestaron su repudio a esta nueva agresión chilena contra el patrimonio territorial de Bolivia que, casi inevitablemente, trajo a colación al problema marítimo boliviano.
Fue así que con la intención de generar las condiciones para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia, el 22 de septiembre de 1962, los Presidentes, Rómulo Betancourt de Venezuela y Víctor Paz Estenssoro de Bolivia, suscribieron la “Declaración de Maracay”, con la que se recomendó a los cinco países bolivarianos conformar un grupo de expertos en conflictos internacionales para trabajar en propuestas de solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Sin embargo, debido a diferencias políticas y, sobre todo, al desinterés de Chile, la iniciativa de Maracay languideció sin resultados.
Otro momento que propició la manifestación del apoyo venezolano a la reintegración marítima boliviana, se produjo durante los años los setenta cuando, por circunstancias relacionadas con la violenta irrupción de Augusto Pinochet a la Presidencia de Chile, resurgieron algunos problemas limítrofes que ese país mantenía con Argentina y Perú, con el primero por unas islas situadas en el canal Beagle y con el segundo por la intención manifiesta de su Presidente, Juan Velasco Alvarado, por recuperar los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, antes de que llegara el centenario de aquel conflicto. En esos momentos, en los que el poderío militar peruano era muy superior al chileno y las autoridades castrenses de Chile pronosticaban y advertían sobre un posible ataque desde tres frentes (Argentina, Bolivia y Perú), Pinochet decidió ingresar en una negociación con Bolivia para darle una salida al mar, la cual se inició el 8 de febrero de 1975 en el pequeño poblado fronterizo de Charaña, donde además, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Un poco antes de que se iniciaran formalmente las conversaciones, el 9 de diciembre de 1974, el apoyo de Venezuela se expresó en la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que se realizó en Lima – Perú y en la cual, los países bolivarianos y sanmartinianos aprobaron una resolución que reconoció “la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos”.
Cuando el avance de las negociaciones iniciadas en Charaña había requerido la aceptación del Perú, para que Chile pueda cederle a Bolivia un territorio que le permita acceder soberanamente al mar, tal como lo estipula el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 suscrito entre los dos primeros países, y mientras el pueblo boliviano, esperanzado por reencontrarse con ese mar que le había sido arrebatado en 1879, empezaba a presionar a su gobierno por resultados en las negociaciones; Venezuela volvió a manifestar su apoyo con un regalo que simbolizó la comprensión de un pueblo muy vinculado al mar con otro que había sido injustamente enclaustrado.
En efecto, el 30 de julio de 1977, en una de las más significativas expresiones de apoyo que recibió la demanda marítima boliviana, el Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, obsequió a Bolivia un barco carguero que había servido en la C.A. Venezolana de Navegación y que a partir de esa fecha fue llamado “Simón Bolívar”. El gesto fue reconocido con la mayor gratitud por el pueblo boliviano que hasta el día de hoy recuerda con aprecio esa noble muestra de apoyo, que si bien no sirvió en ese momento para hacer que Chile retome el interés en las negociaciones que mostró en un principio, y cuyo fracaso produjo una nueva ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano-chilenas el 17 de marzo de 1978; es uno de los símbolos más importantes de la amistad que une a venezolanos y bolivianos.
En esa misma línea, Bolivia siempre pudo contar con el voto favorable de Venezuela en las once resoluciones a favor de la causa marítima boliviana que fueron aprobadas por la Asamblea General de la OEA desde 1979, en ellas, se reconoce que el problema que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es de interés hemisférico y que por tanto, debe ser resuelto.
Continuando esa disposición de apoyo a la demanda marítima boliviana, en noviembre de 2003, el Presidente Hugo Chávez, hizo un comentario que encendería la ira en Chile: “Bolivia tuvo mar y yo sueño con algún día bañarme en una playa boliviana”. Al día siguiente, los medios de prensa transandinos acusaron al Mandatario venezolano de intromisión en los asuntos internos de Chile e incluso se habló de una agresión a la soberanía de ese país. A tal punto llegó la molestia que el Presidente chileno, Ricardo Lagos, llamó a su Embajador en Caracas y calificó al sueño de Chávez como un “exceso”. Pese al roce diplomático que produjo ese comentario, el Presidente de Venezuela continuó señalando la injusticia que representa mantener geográficamente encerrada a Bolivia y repitió muchas veces sus deseos de solazarse algún día en una playa boliviana.
Todos estos hechos, que muestran el constante y desinteresado apoyo de Venezuela a los bolivianos, en un tema tan sentido para ellos como es el de su vinculación con el mar, han garantizado el respaldo recíproco de Bolivia a Venezuela en cualquier asunto que involucre a este último país y es otra muestra de los lazos que unen a estos dos pueblos hermanos que más temprano que tarde podrán bañarse en una playa boliviana.
Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

jueves, 26 de agosto de 2010

La Soberanía en la Solución del Enclaustramiento Boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

Existen varias dificultades que a lo largo de la historia han impedido alcanzar una solución al problema marítimo boliviano. En un principio fueron los intereses políticos y la falta de visión de los congresistas bolivianos; después se añadieron trabas legales impuestas en acuerdos internacionales, como el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que introdujo al Perú en ese asunto; seguidamente se agregaron posiciones nacionalistas intransigentes de ambas partes que, a través de los medios de comunicación, promovieron la oposición a cualquier intento de solución; a estos inconvenientes, luego se sumaron condiciones impuestas por Chile, como el canje territorial, que no permitieron llegar a buen puerto; todo ello siempre exacerbado por la extrema sensibilidad que conlleva este tema y determinado por una evidente falta de voluntad política de parte de los gobernantes, principalmente chilenos, que han tenido en sus manos la posibilidad de terminar con este largo y difícil problema. 
Continuando esa tendencia, en los últimos años surgió un nuevo inconveniente, que hoy parece ser el principal obstáculo para llegar a un acuerdo que permita resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano, se trata del reconocimiento de la soberanía territorial de Bolivia sobre las costas del Pacífico, que los bolivianos demandan y los chilenos rechazan.
Se afirma que es nuevo porque en 1895, 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, Chile aceptó solemnemente y por escrito, considerar la cesión de su soberanía territorial a Bolivia en un espacio situado en la zona fronteriza que comparte con Perú. Por lo cual, la inclusión del tema de la soberanía en las conversaciones para dar solución al problema marítimo boliviano, no es algo nuevo, sino que cuenta con repetidos e importantes antecedentes, que deben ser considerados a la hora de tratar este asunto.
Alguna vez se dijo que el gobierno chileno está imposibilitado de ceder soberanía territorial por la supuesta existencia de una restricción constitucional. Sin embargo, la Constitución Política de Chile no contiene referencia alguna a una posible cesión de territorios. En realidad, lo que generó esas suposiciones, fue la interpretación malintencionada de la ley chilena sobre Seguridad del Estado de 1958, actualizada en 1975, que establece una pena de 5 a 10 años de cárcel para los nacionales chilenos “que de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio propiciaran la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado Extranjero”. Sin embargo, es importante aclarar que esta disposición no coarta de ninguna manera la facultad del Estado chileno para suscribir tratados que modifiquen la superficie territorial chilena.
La primera vez que el gobierno chileno manifestó su intención de dejar fuera de las conversaciones con Bolivia al tema de la soberanía fue en abril de 2006, cuando la entonces Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que su gobierno “está dispuesto a buscar una salida al mar (para Bolivia), pero eso no quiere decir que esté dispuesto a entregar soberanía...”. Luego, en septiembre de 2007, en la ciudad de La Paz, declaró que “cuando se plantean temas de cesión de soberanía (los chilenos) se ponen un poco a la defensiva”. Con esos comentarios, basados en encuestas realizadas a la población chilena, se establecieron los primeros argumentos de una postura que luego fue adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien, el 19 de julio de 2010 afirmó, “Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”
Por otra parte, según la postura boliviana, para resolver definitivamente este asunto, es necesario que Bolivia recupere un espacio territorial costero y marítimo con soberanía que le permita acceder libremente al mar; porque no se trata solamente de facilitar su acceso al mar, ni de mejorar y/o ampliar su flujo comercial por los puertos chilenos, sino de levantar el injusto encierro impuesto hace más de un siglo al pueblo boliviano y de permitir su reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar de manera amplia e irrestricta. Y porque además, así lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en su artículo 267, inciso II dice: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.
Es importante que la demanda marítima de Bolivia sea clara y firme en sus objetivos centrales, pero no por exigir la más amplia y absoluta soberanía se debe caer en la intransigencia y en el alejamiento de la realidad. La diplomacia boliviana debe actuar en base a las nuevas realidades y concepciones del derecho internacional, sin claudicar en su importantísimo objetivo de reintegración soberana, pero considerando que también es necesario ceder para ganar. En ese sentido, es importante tener presente que para terminar definitivamente con este problema, es necesario que el acuerdo de solución contemple beneficios para todos los involucrados como la única forma de generar un ambiente de coexistencia pacífica, cordial y sincera entre los países que por su geografía concurren a las costas del Pacífico Sur.
Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

viernes, 30 de julio de 2010

El Injusto Encierro de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Las siguientes líneas fueron escritas con el propósito de dar a conocer las razones que explican por que la carencia de un acceso propio al mar de Bolivia es una situación grave e injusta y por que, después de 131 años de vivir en esta condición, los bolivianos aún reclamamos nuestra reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar.

Las pérdidas territoriales de Bolivia fueron inmensas, más de la mitad del territorio con el que nació a la vida independiente tuvo que ser entregado a sus cinco vecinos, quienes se aprovecharon de la debilidad militar de un país que no terminaba de consolidarse, en el caso de Chile y Brasil; que fueron favorecidos por un arbitraje tendencioso, en el caso de Perú; que obtuvieron una compensación por otros territorios que hoy son parte de Bolivia, en el caso de la Argentina; y que salieron victoriosos de una guerra sin sentido, impulsada por gobernantes que no fueron capaces de resolver sus problemas por la vía diplomática, en el caso de Paraguay. En general, se podría decir que los cinco países mencionados se vieron beneficiados por decisiones políticas de Bolivia, quizás desacertadas, pero forzadas por un contexto internacional muy desfavorable al momento de suscribir los tratados que definieron sus límites.

Si bien todas esas pérdidas afectaron considerablemente al pueblo boliviano y la mayoría de ellas representaron un altísimo costo de oportunidad para el crecimiento económico de Bolivia, porque se dejó de contar con las importantes riquezas que esos territorios contenían y aún contienen; ninguna de ellas afectó tanto a la identidad de la nación boliviana ni significó un perjuicio tan grande para su desarrollo económico, como la pérdida de su única salida al mar.

Es un problema de identidad nacional porque la sensación de encierro que dejó esa gran pérdida a los bolivianos y la precepción dominante de que éste fue impuesto injustamente, no ha permitido dar vuelta la página y superar el trauma que produjo esa derrota sufrida hace más de un siglo. Por eso, los bolivianos no aceptan su condición de enclaustramiento y siempre reaccionan con extrema desconfianza ante cualquier intento de aproximación diplomática entre su gobierno y el de Chile, actitud, que en varias oportunidades fue reforzada por decisiones tomadas desde La Moneda en contra de Bolivia, tales como la desviación unilateral de las aguas del río internacional Lauca en 1962, la colocación de minas antipersonales en la frontera boliviano-chilena a finales de la década de los 70 y la utilización gratuita de las aguas bolivianas del Silala a partir de 1908, entre otras.

Es también un perjuicio para el desarrollo económico de Bolivia porque, además de estar prácticamente imposibilitada de explotar los recursos marinos, el intercambio de productos que realiza con otros países a través de la vía por la que transita más del 90% del comercio mundial, se encuentra limitado por los mayores costos que representa el necesario traspaso de dichos productos por un territorio extranjero y por la consiguiente dependencia de los gobiernos que administran dicho territorio, la cual genera una constante incertidumbre para la inversión en actividades de comercio exterior por vía marítima. Estas limitantes le cuestan anualmente a Bolivia casi un punto porcentual de su crecimiento económico, según estudios realizados sobre este tema (CEPAL. “El desarrollo de las economías sin costa marítima”: 2003; y Jeffrey Sachs. “The Convergente Nature and Growth”: 1997).


Es incluso una de las pérdidas más terribles que país alguno ha sufrido como consecuencia de una guerra, puesto que Bolivia no sólo perdió un gran territorio con enormes riquezas naturales, sino también una importantísima cualidad de contacto con el mundo que, después de más de cien años, continua perjudicando su desarrollo económico y social por las razones antes explicadas.

El mantenimiento del encierro boliviano agrava de tal forma la pérdida territorial consumada en el Tratado de 1904, que no es posible compararla con las disminuciones geográficas que sufrieron otros países. De los 43 estados que actualmente no cuentan con una costa marítima, sólo cinco la perdieron, pero a ninguno de ellos les fue arrebatada mediante una invasión militar como a Bolivia. Austria y Hungría perdieron su condición de países marítimos cuando el Imperio Austrohúngaro fue disuelto y su territorio fue repartido entre varios países en 1919 y en 1920 respectivamente. Mientras que Etiopía y Serbia quedaron sin acceso propio la mar, tras sus respectivas separaciones de Eritrea en 1993 y de Montenegro en 2006.

En buenas cuentas, la carencia de una salida propia al mar es una situación injusta para los bolivianos porque el encierro fue impuesto a través de un tratado que puso fin a una guerra no provocada por Bolivia, y porque resulta excesivo para un pueblo tener que seguir pagando los costos de una derrota sufrida hace tanto tiempo; considerando además que, como consecuencia de esa guerra, el vencedor obtuvo de Bolivia la cesión del dominio perpetuo sobre un vasto territorio con enormísimas reservas de cobre que le han permitido alcanzar el desarrollo económico que hoy ostenta.

Por todas estas razones y porque el prolongado espacio de tiempo transcurrido demuestra que los bolivianos no dejaremos de reclamar que se levante nuestro encierro hasta que eso finalmente ocurra, es necesario que los gobiernos de los países involucrados alcancen un acuerdo que permita desarrollar una relación cordial y distendida, que por tanto tiempo ha estado ausente, y que le dé a Bolivia acceso soberano al mar.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

lunes, 5 de abril de 2010

El Libertador y el Mar Boliviano

Por: Jorge Escobari Cusicanqui
Publicado por la Embajada de Bolivia en Colombia

La ausencia del mar boliviano, es una sombra en las evocaciones de las glorias del Libertador. Por muy elocuentes que sean los actuales elogios a las aspiraciones del prócer; por muy grandes que aparezcan las ceremonias destinadas a enaltecerlas, existirá siempre algo así como una muda contemplación de su obra lastimada, mientras subsista el enclaustramiento abominable de Bolivia.
Cuando Bolívar fundó Bolivia, le reiteró soberanía sobre el mar que siempre había tenido, y juró defenderla con el sacrificio aún de su propia vida; inmolación a la que estuvo dispuesto con ejemplar nobleza, como si se tratase de la misma tierra colombiana. En carta dirigida por él al General Páez el 26 de septiembre de 1825, le decía: “Ya me tiene usted comprometido a defender a Bolivia hasta la muerte como a una segunda Colombia: de la primera soy padre, de la segunda soy hijo: Así mi derecha estará en las bocas del Orinoco y mi izquierda llegará a las márgenes del Río de la Plata”.
Bolívar, al estimular la independencia de la nueva República desligada de las jurisdicciones coloniales de Lima y Buenos Aires, avaló, por así decirlo, el estatuto territorial que secularmente había conformado la nación boliviana. En las tres etapas fundamentales de su existencia, Bolivia tuvo costas propias en el Pacífico: durante las civilizaciones milenarias de los aymaras y de los quechuas, en el régimen colonial y en el sistema republicano.
El 25 de mayo de 1826, el Libertador decía en discurso al Congreso Constituyente de Bolivia “Vuestra munificencia dedicándome una nación, se ha adelantado a todos mis servicios, y es infinitamente superior a cuantos bienes puedan hacernos los hombres”, y reiterando su reconocimiento porque la nueva República hubiese escogido su nombre, añadía: “Mi desesperación aumenta al contemplar la inmensidad de Vuestro premio, porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los héroes, todavía sería yo indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, ¡el mío!” “¿Qué quiere decir Bolivia? – exclamaba -. Un amor desenfrenado de libertad, que al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual a su valor. No hallando vuestra embriaguez una demostración adecuada a la vehemencia de sus sentimientos, arrancó vuestro nombre, y le dio el mío a todas vuestras generaciones”.
Bolívar amó pues entrañablemente a Bolivia a la que consideraba “su hija predilecta” y cuya integridad territorial, en carta dirigida al Gran Mariscal de Ayacucho desde Caracas el 6 de abril de 1827, le recomendaba hacerla respetar: “Junín y Ayacucho – le decía – la engendraron, los libertadores deben mantenerla a costa de sus sacrificios”. Cuando se enteró de que esa integridad territorial había sido amenazada por fuerzas que osaran trasponer la frontera boliviana, en proclama a los pueblos del Sur dirigida desde Bogotá el 3 de junio de 1828, les expresó “Os convido solamente a alarmaros contra esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra hija, y que intentan aún profanar el seno de la madre de los héroes. Armaos colombianos del Sur. Volad a las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal de combate”. Bolívar estuvo pues dispuesto a ofrendar su propia vida para defender el suelo boliviano. ¡Cuán lejos se hallaba entonces de suponer que transcurridos algo más de cuarenta años, Bolivia sufriría el más atroz cercenamiento de su territorio: el de su litoral sobre el Océano Pacífico! Esta mutilación, promovida en 1879 por Chile, relegó a Bolivia a sus montañas, convirtiéndola en un país esencialmente mediterráneo.
Cuando Bolívar dio su asentimiento para la insurgencia del Estado que llevaría su nombre, se preocupó particularmente no sólo porque fuese mantenido bajo su jurisdicción el litoral sobre el mar que siempre había poseído, sino que dictó medidas adecuadas para habilitarlo debidamente. Así como estuvo dispuesto a mandar los ejércitos de Colombia y a ofrendar su propia vida defendiendo la integridad del territorio de Bolivia, jamás habría consentido que le fuese amputado un órgano imprescindible para su progreso y subsistencia, como es el de su costa sobre el Pacífico. Bolívar, en carta fechada en Lampa el 3 de agosto de 1825, decía al Presidente de la Asamblea General del Alto Perú: “no puedo burlar la confianza de un pueblo generoso, que me cree digno de ella. El Alto Perú debe contar con mi espada y con mi razón, no tengo más que ofrecer…”.

Extracto de una conferencia pronunciada por el Embajador de Bolivia Jorge Escobari Cusicanqui ante la Sociedad Bolivariana de Colombia el 14 de agosto de 1964.

miércoles, 31 de marzo de 2010

El Problema Marítimo de Bolivia.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Guayoyo en Letras (Venezuela)

La demanda marítima boliviana nace de un derecho legítimo por resolver un largo y difícil problema que ha costado muchísimo al desarrollo social y económico de Bolivia, y que se ha convertido en un tema de mucha sensibilidad para el pueblo boliviano. Su resolución ha sido motivo de varias negociaciones entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en algunos casos Perú, pero en ninguna de ellas se llegó a resolver debido principalmente a la fata de voluntad política de sus gobernantes. Actualmente el tema es parte de la agenda que negocian las cancillerías de La Paz y Santiago, sin embargo, para llegar a una verdadera solución, que signifique el restablecimiento de la soberanía boliviana sobre las costas del Pacífico, no sólo se deberá contar con la voluntad política de los gobiernos a los que atañe este problema, sino también con el apoyo de sus pueblos.
Desde que Chile se apropió por las armas del único territorio boliviano en la costa (1879), el objetivo de recuperar el acceso al mar es la máxima prioridad de la política exterior boliviana. El derecho de Bolivia a recobrar su condición de país marítimo se basa en los siguientes hechos inobjetables: haber poseído un litoral en el Pacífico, legítimamente conferido a la república por el uti possidetis juris de 1810; haberlo perdido como el resultado de una guerra de expoliación injusta, promovida por intereses anglo-chilenos; y haberse reconocido el dominio de Chile sobre el litoral boliviano, mediante un tratado viciado de origen, por haber sido impuesto por la fuerza.
El enclaustramiento forzado de Bolivia es un problema que ha costado muchísimo a su desarrollo social y económico, porque ha causado daños sociológicos y psicológicos profundos, asociados a la identidad y a la propia autoestima de los bolivianos, y porque además, ha significado un gran obstáculo para su crecimiento económico debido al costo de los servicios portuarios que se debe pagar a las autoridades del territorio de tránsito, el cual encarece el precio tanto de los bienes que Bolivia consume como de los que ofrece al exterior.
A pesar de ello, la demanda marítima boliviana, fundada en lamentaciones y en la estridencia de los discursos políticos contra Chile, que fue una estrategia recurrentemente utilizada por los diplomáticos bolivianos del pasado, especialmente en foros internacionales como la OEA; no será el camino que permita a Bolivia recuperar una salida al mar, sino la negociación diplomática que haga posible desarrollar programas de integración regional, que consiga distender las relaciones entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, que permita restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y la aceptación, y esto principalmente de parte de los negociadores bolivianos, de que el acuerdo de solución al que se llegue deberá contemplar beneficios para todos sus participantes (incluyendo al Perú de acuerdo al Protocolo Adicional al Tratado de 1929). Pero para alcanzar una verdadera solución, y esto es lo más importante, es preciso considerar que el arreglo debe lograr un equilibrio entre la generación de beneficios suficientes para los países involucrados y el respeto al sentimiento de un pueblo que no puede pagar de por vida los costos de una derrota.
A lo largo de la historia, la intención de levantar el encierro más que centenario de Bolivia, ha motivado varias aproximaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en ciertas ocasiones Perú, sin embargo, en ninguna de aquellas oportunidades se logró comprender y actuar en correspondencia a lo señalado anteriormente y, en consecuencia, no se pudo alcanzar una solución definitiva a este largo y difícil problema.


















Recientemente, la diplomacia de los pueblos, ideada y aplicada por el gobierno de Evo Morales, y recibida favorablemente por la administración de Michelle Bachelet, ha permitido incluir el tema marítimo en la agenda política que negocian ambas Cancillerías. La diplomacia de los pueblos, a través de la profundización de la confianza mutua, ha dado continuidad al proceso iniciado hace muchos años por los Aymaras Sin Fronteras, que es una organización que reúne a los indígenas que habitan en la zona fronteriza compartida entre Chile, Bolivia y Perú, y dio inicio a una aproximación sin precedentes de diplomáticos, parlamentarios y militares; bolivianos y chilenos.
Pero el mal trato entre los Presidentes de Bolivia y Perú, que recientemente han intercambiado serias acusaciones y hasta insultos, empaña la situación recién anotada y así también lo hace la Demanda interpuesta por el Perú en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica de la Haya en enero de 2008, sobre la delimitación marítima y terrestre entre ambos países.
Aun así, las expectativas del pueblo boliviano son grandes, porque grande es la esperanza por reencontrarse con ese mar que le pertenece por derecho, y si bien el nuevo Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha manifestado su renuencia a “hablar de soberanía” con Bolivia durante su campaña electoral, en referencia a una posible cesión de territorios; está en sus manos dar continuidad a esta etapa de cordialidad y entendimiento con Bolivia, que en un futuro cercano y con la indispensable voluntad política de los gobiernos involucrados que deberá ser respaldada por sus pueblos, podría propiciar el fin de las diferencias en el Pacífico sur.
NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.