Si Bolivia se retira de la OEA

Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.

Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983

Por; Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil); no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos cerca de una posible negociación con Chile. 

Mas bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.

               

Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.                                                                                                                                             

La Resolución de 1979

El planteamiento asumido por los países de la OEA, con la única excepción de Chile, el 31 de octubre de 1979, no es una utopía, defiende la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado para obtener un acceso soberano al mar.

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Cambio 

Fuente: Salazar Paredes, Fernando (2015) El mar dentro de nosotros. Pág. 396 

El 31 de octubre de 1979, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), congregados en el viejo hotel Sheraton de La Paz, aprobaron la Resolución AG/RES.426 (IX-0/79) mediante la cual la Asamblea General de ese organismo declaró que el problema marítimo boliviano es un asunto “de interés hemisférico permanente” y resolvió: “Recomendar a los Estados a los que este problema concierne, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico”. Ese mismo día, a tan solo unas cuadras de dicho hotel, en la entonces clínica Santa Isabel, nacía quien escribe estas líneas.

Ciertamente, esos dos hechos, aparentemente no relacionados, hoy se conjuncionan para introducir los comentarios del autor, que nació junto a la Resolución de 1979 y que, 37 años después, la defiende como la consagración teórica de la doctrina boliviana del arreglo negociado, que básicamente plantea resolver el asunto marítimo mediante una negociación que le devuelva a nuestro país una salida soberana al mar. Dicha doctrina, que se ha convertido en una verdadera política de Estado boliviana, fue inaugurada en 1910 por el insigne canciller Daniel Sánchez Bustamante Vásquez, complementada en 1950 por su más prolífico ejecutor, Alberto Ostria Gutiérrez, y recientemente capitalizada en una demanda jurídica victoriosa por el presidente Evo Morales Ayma.

La Resolución de 1979 resume en pocas palabras lo que plantea la doctrina boliviana del arreglo negociado: una negociación que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima, que tenga en cuenta “los derechos e intereses de las partes involucradas” y “el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. Esos lineamientos, que vendrían a ser los más importantes para iniciar conversaciones entre La Paz y Santiago sobre este tema, no eran nuevos en 1979, sino que ya habían formado parte de las negociaciones boliviano-chilenas en 1920, 1923, 1926, 1950 y 1975. Es decir que no se trataba de un planteamiento novedoso, todo lo contrario, ya se habían ensayado varias veces, y no sólo eso, Chile había aceptado formalmente esos términos en todas esas ocasiones, aunque solo fue momentáneamente.

El planteamiento de la Resolución de 1979 no es una utopía, como después dijo el Canciller chileno de la época, sino una solución inteligente que pudo haber resuelto este problema definitivamente. No por nada, de los 22 países que estuvieron presentes en la duodécima plenaria (Paraguay no asistió), 21 votaron a favor y solo Chile votó en contra.

Esa apabullante y contundente victoria para Bolivia no habría sido posible sin un contexto internacional favorable y una actuación sobresaliente y eficaz de quienes estuvieron a cargo de la diplomacia boliviana en ese momento: el presidente Wálter Guevara, el canciller Gustavo Fernández y los embajadores Wálter Montenegro, Alberto Crespo y Gonzalo Romero, este último como representante permanente de Bolivia ante la OEA.

Efectivamente, el contexto se mostraba favorable porque la OEA, un organismo fundado en preceptos democráticos, no podía encontrar mejor manera de dar una señal de respaldo a la flamante democracia boliviana, que había sido restituida pocos meses antes, después de un largo gobierno de facto; y otra señal de repudio a la dictadura militar chilena, que ya llevaba seis años en el poder y era seriamente cuestionada por sus violaciones a los derechos humanos.

En esas circunstancias, fue muy acertado organizar la Asamblea en La Paz el año del centenario de la Guerra del Guano y el Salitre que dejó a nuestro país sin acceso al mar, pues eso le dio una fuerza especial al reclamo marítimo boliviano, que no podía pasar desapercibido en tan importante fecha. Era fundamental dejar constancia de que el problema aún estaba pendiente y que los bolivianos no habíamos renunciado a lo que aún consideramos un derecho.

Asimismo, fue clave introducir al final de la resolución, la siguiente disposición: “Continuar la consideración del tema ‘Informe sobre el problema marítimo de Bolivia’ en el próximo período de sesiones de la Asamblea General”, ya que eso nos permitió tener una herramienta punzante para llamar la atención de Chile sobre la importancia que tiene resolver este problema mediante negociaciones. Ciertamente, ante la presión que ejerció la OEA a favor de la causa marítima boliviana, Chile se vio prácticamente obligado a expresar su apoyo a tres importantes resoluciones de la OEA favorables al tema marítimo (1980, 1981 y 1983), que hoy están siendo utilizadas por nuestro equipo jurídico ante la Corte Internacional de Justicia como elementos probatorios de las veces que el Gobierno chileno se manifestó favorablemente sobre este tema.

De igual forma, el organismo regional propició el inició de conversaciones entre La Paz y Santiago en 1983 y 1987, conocidas como la aproximación progresiva y las negociaciones del enfoque fresco, que si bien no condujeron a nada concreto, hoy se suman a las muchas veces que Chile se avino a negociar el asunto marítimo.

El Presidente Guevara en la Asamblea General de 1979

Pero si bien la Resolución de 1979 abrió un periodo de importantes apoyos para la demanda marítima boliviana, no sólo en la OEA, sino también en el Movimiento de Países No Alineados, en esos momentos todo pareció perdido cuando a las pocas horas de la clausura, un golpe de Estado liderado por Alberto Natusch Bush puso fin al gobierno de Guevara, dejando una gran interrogante sobre la aplicación de la referida Resolución.  

Chile aprovechó ese acto para hacer caso omiso de la importante Resolución de 1979 y su Embajador ante la OEA, Pedro Daza Valenzuela, dijo “eso (el golpe de Estado) demuestra que Bolivia no es un interlocutor válido”, sin considerar que él estaba representado a un gobierno militar, el de Augusto Pinochet, que también había llegado al poder mediante un golpe de Estado. 

Aunque no podemos negar que la Resolución de 1979 cayó en saco roto en ese momento, con el paso del tiempo y debido a que aún sigue vigente, sus recomendaciones adquirieron un valor muy significativo para la política de reintegración marítima en general y para la codificación de la doctrina boliviana del arreglo negociado en particular, que es, sin duda, el mejor camino que tiene Bolivia para llegar al mar.

Lo que ignoramos los bolivianos

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Los fuertes cuestionamientos que ha hecho el Presidente Morales al sistema neoliberal que impera en Chile y los escándalos de corrupción que se han descubierto en ese país, han incidido fuertemente en la opinión que tienen los bolivianos sobre el gobierno de Santiago y sobre cómo viven los chilenos, que hasta hace poco eran valorados positivamente.

Fuente: todanoticia.com

Hace unas semanas, la periodista chilena Vivian Lavín publicó un artículo titulado “Lo que ignoran los bolivianos” [clic aquí para ver el artículo], referido a lo difícil que es comprender a la realidad chilena desde la perspectiva boliviana, cuando los que hablan en nombre del pueblo chileno, en nombre del “Chile profundo”, son justamente quienes están satisfechos con el sistema actual que favorece a los más poderosos.

En efecto, según la autora, el desconocimiento que tenemos los bolivianos de los chilenos y viceversa, es la semilla de la desconfianza y de la odiosidad que hemos visto resurgir en el último tiempo en los discursos y en las acciones de nuestras autoridades. Lo cual, si bien es cierto, no estaría completo si no consideramos que también influyeron las enormes discrepancias que tienen las narrativas maestras de uno y otro país respecto a la historia – especialmente respecto la Guerra del Pacífico -, y la cantidad y gravedad de asuntos pendientes que aún subsisten entre nuestros países.

  

Lavín también afirma que los bolivianos desconocemos el sacrificio que hacen la mayoría de los chilenos para sobrevivir en una sociedad muy desigual, con grandes capitales controlando los recursos naturales y los medios de comunicación, con un sistema de pensiones que en lugar de asegurar una vejez digna para los contribuyentes, “alimenta a la banca y a las grandes empresas que terminan fagocitando el 50 por ciento de todo el dinero que reúnen”, y con un sistema que favorece a unas cuantas familias que se han enriquecido exageradamente en los 26 últimos años de postdictadura y en detrimento del bienestar popular.

Si bien es innegable que en Bolivia tenemos la percepción de que los chilenos viven bien – al menos mejor que nosotros –, porque sabemos que sus indicadores de pobreza y desarrollo humano son mejores que los nuestros; en el último tiempo, las críticas que ha hecho el Presidente Evo Morales al sistema político chileno y las noticias que llegan desde Chile sobre los escándalos de corrupción y el descontento popular, han cambiado un poco esa percepción.

Ciertamente, los fuertes cuestionamientos que ha hecho Morales al sistema neoliberal que impera al otro lado de la cordillera, donde supuestamente gobiernan partidos socialistas y comunistas, y el énfasis que ha hecho respecto a que “todo está privatizado en Chile, hasta el mar”; han incidido fuertemente en la opinión de los bolivianos sobre el gobierno de Santiago y sobre cómo viven los chilenos, que hasta hace poco eran valorados positivamente. De igual forma, la información que se ha difundido a nivel internacional sobre los casos de corrupción que se han descubierto en Chile en el último tiempo, que salpican a casi toda la clase política (oficialismo y oposición), a los empresarios, militares, dirigentes deportivos y otros; también ha tenido una incidencia directa en la apreciación que tiene el boliviano promedio sobre la sociedad chilena. Lo cual ha sido particularmente llamativo por venir de un país que paradójicamente se había hecho conocer por su transparencia institucional e identidad legalista.

Ese cambio de percepción, si bien es reciente y se desarrolla con una buena dosis de desconocimiento, como bien apunta Lavín; también ha hecho surgir la idea de que es el momento oportuno para exigirle a Chile que cumpla sus compromisos de negociar una salida soberana al mar por un lado, y de garantizar el libre tránsito de Bolivia en su territorio y puertos del Pacífico, por el otro. A lo cual se suman los reclamos por la utilización no equitativa ni razonable de los ríos Lauca y Caquena, y por el uso gratuito e ilegal de las aguas del Silala, aunque este último caso fue judicializado por Chile. 

Esa idea de aprovechar la coyuntura, que en buena medida ha guiado las acciones de la diplomacia boliviana en el último tiempo, se fundamenta además en el hecho de que en este lado de la cordillera también hubo transformaciones importantes, pues se ha pasado de una tradicional inestabilidad política y falta de gobernabilidad, que casi siempre había caracterizado a Bolivia, a un periodo en el que se ha logrado mantener una relativa paz social y se han podido ejecutar políticas sociales y económicas de largo plazo. Lo cual, a su vez, es el resultado de las medidas de inclusión social que ha impulsado el actual gobierno para considerar en las decisiones nacionales a importantes segmentos de la sociedad, que habían sido históricamente marginados y discriminados.

Toda esta situación, que representa una suerte de inversión de papeles, donde la inestabilidad política y la debilidad del gobierno ya no son las características de Bolivia sino las de Chile, marca un contexto inédito en la historia de las relaciones boliviano-chilenas que ha trascendido casi inevitablemente en el tensionamiento y distanciamiento que estamos viviendo actualmente, que no sería tal sin los factores ya mencionados: el desconocimiento del otro, las discrepancias de las narrativas maestras y la subsistencia de varios temas pendientes. 

Este cambio de papeles, sin embargo, ya se ha comenzado a estudiar en los ámbitos académicos de ambos países. Una muestra de ello es el libro La Punta del Iceberg, la aspiración marítima boliviana y sus implicancias en la seguridad y defensa de Chile (2015), del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra de Chile, que analiza en detalle la situación política, económica y social de Bolivia desde la perspectiva de los investigadores chilenos: Pablo León, Cristian Faundes, Marjorie Gallardo, Osvaldo Cerpa, Andrea Gaete y Carl Marowski, con el prólogo de Don José Rodríguez Elizondo.

Por el otro lado, los investigadores bolivianos: Daniel Agramont, José Peres Cajias, Marwin Flores, Rodrigo Fernández y quien escribe; también han estado trabajando en un estudio sobre esta situación que pronto saldrá a la luz y que analiza tres aspectos clave de las relaciones boliviano-chilenas: 1) las causas de la extrema dependencia que tiene Bolivia de los puertos chilenos; 2) la aplicación histórica y presente del libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios; y 3) la relación que existe entre las élites económicas chilenas y el comercio marítimo boliviano.

Por todo esto, aunque en las actuales condiciones no es posible augurar una recomposición de nuestras relaciones en el corto plazo, ni tampoco el establecimiento de la paz y la amistad que merecen nuestros pueblos, tal como afirma Lavín; es evidente que al menos en ciertos ámbitos de estudio, existe la intención de construir las bases para superar esas desconfianzas y odiosidades, que por tanto tiempo nos han distanciado y nos han llevado al punto donde estamos. 

Víctor Hugo, el mendrugo

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Diremar realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada.  

Los hermanos Chávez en la primera fila de asientos del Paraninfo de la UMSA.

Hace unos días fui invitado a participar de un conversatorio sobre la demanda marítima boliviana, organizado por los estudiantes de derecho y ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Asistí con grandes expectativas no sólo porque la audiencia estaría compuesta por futuros abogados y ciéntistas políticos de nuestro medio, sino sobre todo porque compartiría la testera con expertos en la materia como Héctor Arce, Emerson Calderón, Karen Longaric y los hermanos Wilfredo y Víctor Hugo Chávez.


De acuerdo al horario establecido, llegué al lugar 10 minutos antes del evento y en ese momento los organizadores me informaron que Arce y Calderón se habían excusado y que los demás disertantes llegarían “un poco tarde”, por lo cual, yo debía iniciar el conversatorio. 

Dadas esas circunstancias imprevistas pero favorables, puesto que podía extenderme cuanto quisiera - y mejor si lo hacía, según los mismos organizadores -, desarrollé mi disertación tranquilamente, explayándome en los puntos que consideraba importantes y alargando las pausas discretamente. Una vez finalizada mi participación de casi media hora y en vista de que seguía siendo el único en la testera, abrí una ronda de preguntas. En eso, vi a un señor de cabello platinado y largas patillas ingresando despaciosamente por la puerta del público (no la de los disertantes). Era Don Wilfredo Chávez, quien se acomodó en la primera fila de asientos (no en la testera). Casi de inmediato llegó una presurosa Karen Longaric, que sin ningún complejo de inferioridad o superioridad, se situó en la testera, mientras yo contestaba las últimas preguntas desde el atril.

Seguidamente, la doctora Longaric tomó la palabra y luego de disculparse con el público por su retraso involuntario, desarrolló un interesante análisis sobre la demanda marítima boliviana, destacando las debilidades que podría tener el planteamiento de nuestro país. Casi 20 minutos después, cuando la disertante absolvía las preguntas de los estudiantes, llegó finalmente el mendrugo, Víctor Hugo Chávez Serrano. Lucía un saco holgado que lo hacía ver más flaco y una coqueta chapela (boina de gran vuelo) color caqui. Entró sin mucho apuro por la puerta de los disertantes y al verme solo en la testera, mientras Longaric terminaba su disertación desde el atril, hizo una extraña maniobra para ir a sentarse en la primera fila, junto a su hermano.

Pero antes de relatar lo que dijo Victor Hugo, vale la pena retroceder en el tiempo para explicar por qué lo de mendrugo. 

A finales de marzo de 2011, poco después de que Evo Morales anunciara por primera vez su intención de demandar a Chile para recuperar un acceso soberano al mar, el proyecto de demanda de los hermanos Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales. Se trataba básicamente de exigir la devolución de los territorios que hoy conforman la región chilena de Antofagasta, situados entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur y de todas las islas e islotes del mar territorial adyacente, porque supuestamente, Bolivia nunca le había cedido a Chile esos terrenos.   

Semejante disparate, que al parecer sí fue considerado por el gobierno nacional en un principio, nos exponía a sufrir una dura derrota jurídica frente a Chile y nos hacía prever un enorme retroceso en nuestro camino hacia el mar, tal vez irreversible. Ante ese peligro inminente, intenté prevenir al país del grave error en un artículo que criticaba duramente a la demanda de los Chávez, aun cuando sabía que mi cargo de Agregado Comercial de la Embajada de Bolivia en Venezuela corría peligro. Creía firmemente, como todavía lo hago, que más valía asumir las consecuencias de mis actos, como al final lo hice, que quedarme de brazos cruzados cuando la concreción de uno de los objetivos más importantes de nuestro país parecía estar en peligro.

El artículo explicaba que si bien los territorios comprendidos entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur no están mencionados en el Tratado de 1904, Bolivia los cedió después, mediante el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que no conocían los hermanos Chávez, y que aclara que dichos territorios también quedaban reconocidos por nuestro país como chilenos. Por ese motivo, y por otros de mayor detalle pero de menor relevancia frente al argumento descrito, concluía que “la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla”.

En los meses que siguieron, DIREMAR realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual, la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada. 

Pero retomado el relato de lo ocurrido en el conversatorio de la UMSA, el mendrugo inició su disertación saludando respetuosamente a quienes estábamos en la testera pero no ofreció excusas a la audiencia por su demora. Criticó durante a la demanda presentada finalmente por el gobierno de Evo Morales, apelando a la ironía y a la exacerbación de los nacionalismos, es decir, un discurso al estilo de Donald Trump, pero sin muchos adeptos.   

Luego, inesperadamente, Víctor Hugo se permitió decir algo como: “el señor Guzmán, que tanto nos ha criticado, debe saber que el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no es válida ni obligatoria, porque no fue promulgada como ley de la República en 1905 junto al Tratado de 1904, por tanto ¡no es válida!”. Y después, complementó su idea preguntando: “¿por qué Chile ocupa más territorio del que Bolivia le cedió?”.

Apenas concluyó cogió rápidamente su chapela para marcharse, y en ese momento tomé el micrófono y le pedí a don Víctor Hugo, delante de toda la audiencia, que no se vaya pues quería responder a sus comentarios ya que él me había aludido personalmente. Pero reaccionó contrariamente, dijo “tengo otro compromiso” y se marchó a pesar de que insistí y le aseguré que mi respuesta sería corta. Don Wilfredo se paró y salió en defensa de su hermano, asegurando que él se quedaría a escuchar y responder lo que yo tenía que decir.

No era la primera vez que Víctor Hugo evitaba debatir conmigo, el 12 de junio de 2013, cuando ambos fuimos invitados al programa de televisión “Que No Me Pierda”, él decidió no asistir; y al día siguiente del conversatorio, el 23 de marzo de 2016, el mendrugo tampoco se presentó en el programa “Nunca es Tarde” de Radio Compañera, en el que teníamos que ser entrevistados conjuntamente.   

En mi respuesta ante el auditorio de la UMSA, lamenté que Don Víctor Hugo hubiese llegado tarde porque no alcanzó a escuchar mi explicación sobre la forma cómo se habían escogido los argumentos jurídicos para demandar a Chile, y aclaré que la no promulgación de un acuerdo internacional, no lo invalida cuando existe al menos una manifestación de consentimiento reconocida por el derecho internacional, en el caso del Acta Protocolizada de 1904, Bolivia manifestó su consentimiento mediante la firma, la aprobación congresal y el canje de ratificaciones. Pero aun cuando no fuera así - me permití clarificar -, el hecho de que Bolivia nunca haya reclamado esos territorios durante más de 100 años, representa un reconocimiento tácito al dominio de Chile sobre los mismos.

Además que para llegar a la instancia que él plantea, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, es necesario acordar con Chile los asuntos que se deben someter al arbitraje, lo cual es tanto o más difícil que negociar con ese país una solución definitiva a este tema. 

Finalmente, por las reacciones que percibí en la audiencia y por los comentarios que hicieron algunos de los presentes, me dio la impresión que mi postura tuvo mayor aceptación que la del mendrugo, con quien, a pesar de los desplantes, aun estaría dispuesto debatir.

La doctrina boliviana del arreglo negociado

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Ricardo Jaimes Freyre (1923)

Hace poco, el expresidente Carlos Mesa destacó la importancia que tuvieron los esfuerzos realizados por los diplomáticos bolivianos de otras épocas en la demanda que el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, desde el mismo día de la invasión, en 1879, el propósito de recuperar un acceso soberano al mar se convirtió en la cuestión más importante de la política exterior boliviana, y desde entonces ha concentrado la atención no sólo de nuestros gobernantes, sino también de varios intelectuales y académicos bolivianos que, en todos estos años, han diseñado una doctrina, la del arreglo negociado, que se ha consolidado como la estrategia oficial de la reintegración marítima y que es actualmente una política de Estado seria y coherente. 

En efecto, la doctrina del arreglo negociado fue puesta en la práctica por Heriberto Gutiérrez (1892-98), Carlos Gutiérrez (1920), Jaimes Freyre (1923), Alberto Gutiérrez (1926), Alberto Ostria Gutiérrez (1946-51), Hugo Banzer (1975-78 y 2000), Guillermo Gutiérrez (1975-76), Adalberto Violand (1976-77), Javier Murillo (2000) y Evo Morales (2006-2010).

Todos estos hombres construyeron la demanda, porque son quienes le arrancaron a Chile un compromiso de negociar una solución para el tema marítimo boliviano, y por tal motivo les debemos rendir homenaje. No obstante, no podemos olvidar a otros personajes de nuestra historia que a pesar de haberlo intentado, es decir, a pesar de haber planteado al gobierno de Santiago un arreglo negociado, no tuvieron éxito, pues se encontraron con la tozudez secante e incomprensiva del interlocutor.

Hablamos de Mariano Baptista (1882 y 1891), Daniel Sánchez Bustamante (1910), Ismael Montes (1912), Bautista Saavedra (1921), Macario Pinilla (1922), Enrique Peñaranda (1943), Jorge Escobari (1953), Eduardo Arze (1962), José Fellmann (1963), Mario Gutiérrez (1972), José Ortiz (1983), Gustavo Fernández (1984), Guillermo Bedregal (1986), Jorge Siles (1986), Horst Grebe (1997), Carlos Mesa (2004) y Juan Ignacio Siles (2004).

Jorge Escobari Cusicanqui (1953)

Pero, además de los esfuerzos diplomáticos, también es importante reconocer el trabajo de quienes le dieron un marco teórico a la doctrina del arreglo negociado, entre quienes destacan Daniel Sánchez Bustamante (1910 y 1912), Eduardo Diez de Mediana (1923 y 1931) y Alberto Ostria Gutiérrez (1953), que establecieron las bases de una verdadera política de Estado boliviana, todavía vigente, que, en buenas cuentas, señala que Bolivia hará todo cuanto le sea posible por obtener un puerto sobre el océano Pacífico, y para ello, dadas las características y antecedentes del problema, se plantea una negociación con Chile, en la cual ambos países, y de ser necesario también Perú, conforme al Protocolo chileno-peruano de 1929, obtengan beneficios relativamente equitativos.

De hecho, el espíritu de esta doctrina fue transcrito en la Resolución 426 de la Asamblea General de la OEA, aprobada por más de 20 países, en La Paz, en 1979, que consagra al Problema Marítimo Boliviano como "un asunto de interés hemisférico permanente” y que resuelve: "Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. 

De igual forma, es importante mencionar a quienes contribuyeron a comprender que las promesas incumplidas de Chile pueden generar una obligación exigible no sólo por una lógica moral, sino también jurídica. En esto fue fundamental el aporte de Jorge Escobari Cusicanqui, que ya en 1964 enumeró y analizó críticamente siete compromisos chilenos faltos de cumplimiento que, al cabo de unos años, se convirtieron en "las diez burlas de Chile” (Escobari, 1988); continuaría después con Wálter Guevara Arze, que en 1979 escribió sobre la obligación de negociar que tiene el país del Mapocho, porque con las facilidades de tránsito que otorgan las convenciones multilaterales para los países sin litoral, el Tratado de 1904 ha perdido su razón de ser en cuanto al libre tránsito que le otorga a Bolivia; y sería brillantemente coronada con el trabajo de Ramiro Orías Arredondo, quien el año 2000 escribió por primera vez sobre la idea de recurrir a la justicia internacional para exigir el cumplimiento de las promesas chilenas sobre la base de la teoría de los actos unilaterales.  

Ramiro Orias (2011)

A todos los nombrados se suman otros bolivianos comprometidos con la causa marítima que contribuyeron ya sea aportando a la abundante bibliografía que tiene este tema y/o ocupando un cargo diplomático, como es el caso de Narciso Campero, Severo Fernández, Luis Fernando Guachalla, Luis Espinoza y Saravia, Froilán Zambrana, Sabino Pinilla, Demetrio Canelas, Franz Tamayo, Miguel Mercado, Manuel Elío, Fernando Diez de Medina, Adolfo Costa Du Rels, Hernando Siles, Daniel Salamanca, Roberto Prudencio, Alberto Alipaz, Federico Nielsen, Alberto Crespo, Franz Ruck, Juan José Torres, Juan Siles, Roberto Querejazu, Jorge Sanjinés, Fernando Iturralde, Mario Velarde, Ricardo Anaya, Wálter Montenegro, Édgar Camacho, Mario Rolón, Gonzalo Romero, Jorge Soria Galvarro, Agustín Saavedra, Carlos Iturralde, Carlos Antonio Carrasco, Fernando Salazar, Jorge Gumucio, Rodolfo Becerra de la Roca, Antonio Araníbar, Carlos Trigo, Felipe Tredinick, Fernando Cajías, Fernando Messmer, Armando Loaiza, Ramiro Prudencio y Sergio Alberto Fernández, entre otros. 

Por último, no podríamos dejar de mencionar al agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, que tuvo una excelente participación en los alegatos orales sobre la objeción de competencia chilena y que nos representa dignamente a todos los bolivianos en ese alto tribunal; y, naturalmente, también aludir al presidente Evo Morales, quien tuvo el coraje y la visión política de presentar la demanda, sentar a Chile en el banquillo del acusado y reponer al tema marítimo boliviano en la agenda de temas pendientes a nivel mundial, lo cual, aun cuando la Corte rechace nuestra solicitud, ya es un gran paso en este largo y difícil camino hacia el mar.

¡La Corte de La Haya tiene competencia!

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Pagina Siete 

Como sabemos, Chile ha presentado una objeción preliminar de competencia en el proceso iniciado por nuestro país ante la CIJ bajo dos supuestos principales: que Bolivia pretende modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta y que, de acuerdo al Pacto de Bogotá (artículo 6), la Corte no puede revisar asuntos ya resueltos por el arreglo de las partes o que se hallen regidos por tratados vigentes en 1948, esto último asumiendo que el problema marítimo boliviano ya se habría resuelto con el instrumento de 1904.   

Y si bien es cierto ese tratado estaba vigente en 1948, como también lo está hoy, es absolutamente falso que Bolivia quiera modificarlo, lo que nuestro país está pidiendo es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que nos permita acceder soberanamente al Océano Pacífico, y eso, en base a los numerosos compromisos chilenos de darle a Bolivia una salida soberana al mar.

Al respecto, debemos recordar que dichos compromisos, que han producido obligaciones no convencionales para el Estado chileno (actos unilaterales), son autónomos de las obligaciones convencionales asumidas por los dos países (tratados), y eso es así porque en todos sus ofrecimientos, Chile aclaró que no estaba dispuesto a modificar lo convenido en 1904, pero que sí aceptaba negociar un acuerdo que le dé a Bolivia una salida soberana al mar. Por tanto, fue el mismo Chile quien separó el Tratado de la negociación y es ahora ese mismo país el que quiere vincularlos para hacer creer que la Corte no tiene competencia.

Asimismo, tampoco es cierto que no se puede dar a Bolivia una salida soberana al mar sin modificar el Tratado, pues lo que ese instrumento define es la línea fronteriza entre ambos países y por tanto, un enclave soberano, un puerto soberano o cualquier otra alternativa con soberanía que no altere la línea fronteriza, no implica necesariamente la modificación del Tratado que para Chile es “intangible”.

Por tanto, la Corte sí tiene competencia.  

El diálogo no marítimo con Bachelet

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en: Pagina Siete 

Obnubilados quizás por su preocupación, algunos de los aludidos llegaron a afirmar que los demás temas son irrelevantes para Bolivia.

En los últimos días la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que es perfectamente posible restablecer el diálogo con Bolivia, pero dejando de lado el tema marítimo que, como es sabido, fue llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por nuestro gobierno. "Creemos que es perfectamente posible dialogar sobre los otros puntos... pero el tema (del mar), ellos lo llevaron allí y allí se resolverá”, sentenció la reasumida Mandataria.

Posición que levantó un mar de críticas de parte de variados personajes de nuestro medio, quienes no le hayan sentido a conversar con La Moneda sobre "los otros puntos” de la agenda bilateral mientras no se resuelva el tema marítimo que es, sin duda, el asunto más importante y delicado de nuestras relaciones internacionales. Obnubilados quizás por su preocupación, algunos de los aludidos llegaron a afirmar que los demás temas son irrelevantes para Bolivia.  

Pero dichas apreciaciones no tienen en cuenta todos los factores en juego y, lo que es peor, no contribuyen al prevalecimiento de nuestros intereses nacionales. Me permito discrepar con quienes piensan así básicamente por dos motivos: (1) la demanda presentada por el Gobierno nacional ante la CIJ tiene buenas posibilidades de prosperar; y (2) hay ciertos puntos de los demás temas pendientes que son importantísimos para Bolivia y que, por tanto, deben también contar con un canal de diálogo –aun cuando sea independiente del tema marítimo– que permita resolverlos. 

Respecto al primer motivo, cabe recordar que la demanda marítima boliviana solicita que la CIJ falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita recuperar un acceso soberano al océano Pacífico. Solicitud que se basa en la contundente e innegable evidencia histórica de que el Gobierno de Santiago aceptó conversar con La Paz sobre este tema en muchísimas oportunidades y que, en algunas  de ellas, incluso ofreció formalmente a Bolivia un territorio con soberanía al norte de Arica.

En cuanto a la jurisprudencia, podemos citar el caso entre Siam (ahora Tailandia) y la Indochina Francesa (ahora Camboya), en el cual la CIJ encontró que el Gobierno siamés había reconocido tácitamente la soberanía indochina en el templo Preah Vihear, mediante ciertas manifestaciones oficiales de sus autoridades. Asimismo, cabe mencionar el caso presentado por Nueva Zelanda y Australia en contra de Francia, en el cual ese mismo tribunal determinó que las declaraciones de las autoridades francesas en cuanto a que no realizarían más pruebas nucleares en el océano Pacífico tenían carácter vinculante. De igual forma, la Corte Permanente Internacional de Justicia dictaminó que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Noruega en 1919, Nils Claus Ihlen, en relación a que "los planes del Gobierno de Dinamarca respecto a la soberanía danesa sobre toda Groenlandia… no encontrarán dificultades de parte de Noruega”, era también obligatoria.

En buenas cuentas, lo que Bolivia está pidiendo a la Corte es algo tan sensato como que Chile cumpla sus compromisos. Por tanto, no debemos inquietarnos porque ahora el Gobierno de Bachelet no quiera negociar el tema marítimo, todo lo contrario, debemos tomarle la palabra a Bachelet, conversar sobre todos los demás temas pendientes y continuar con la demanda asignándole, eso sí, la prioridad que amerita.

Al respecto, debemos tener en cuenta la altísima importancia y gravedad de "los otros temas” si queremos condicionar su tratamiento al diálogo simultáneo del tema marítimo, pues son asuntos que afectan a Bolivia y que a Chile le conviene mantener en el congelador, como lo ha hecho desde noviembre de 2010, cuando el Gobierno de Piñera decidió interrumpir el diálogo de la agenda de 13 puntos al cancelar una reunión que debía celebrarse por esas fechas en Arica, de acuerdo a lo convenido el 14 de julio de ese mismo año, cuando en relación al tema marítimo (punto 6), ambos países se comprometieron formalmente a "presentar así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones”. 

Entre los otros temas, además del narcotráfico, contrabando, migración y comercio, está el uso no autorizado de aguas bolivianas por parte de Chile, la aplicación del libre tránsito de Bolivia en territorio y puertos chilenos, la paralización del ferrocarril Arica - La Paz y el mantenimiento de minas antipersona y anti-vehículos en el lado chileno de la frontera. 

Río Caquena o Cosapilla

En efecto, a los bolivianos debe interesarnos conversar sobre los recursos hídricos compartidos porque actualmente Chile utiliza cerca de 6.000 litros por segundo de aguas bolivianas sin autorización y sin pagar ni un centavo, que corresponden a 300 litros por segundo del Silala, aproximadamente, a casi 3.000 litros por segundo del río Lauca y a más de 3.000 litros por segun do del río Caquena o Cosapilla, este último con el agravante de que su desviación representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904 que, en su artículo 2, establece que la frontera entre los dos países "seguirá el curso del río Caquena o Cosapilla”. 

Asimismo, sería bueno conversar sobre el derecho de libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos que fue otorgado por Chile con el evidente e inequívoco propósito de atenuar los efectos del enclaustramiento impuesto a nuestro país a partir de 1879, pero que, a lo largo de la historia no se ha aplicado como establece el Tratado de 1904 y las convenciones de 1912, 1937, 1953 y 1996; un ejemplo de ello es el reciente paro portuario (diciembre – enero 2014) que el Gobierno chileno no pudo resolver sino después de 25 largos días de paralizaciones en casi todas sus terminales portuarias. 

Por otra parte, la paralización por ya casi una década del Ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno  representa el más llamativo incumplimiento de Chile a los acuerdos bilaterales, porque dicha vía férrea fue la principal compensación que recibió Bolivia por su vasto, rico y único litoral. Por tanto, es también muy importante restablecer el diálogo para coordinar  -una vez que se restablezcan las operaciones del tren que creemos que será pronto– la administración del ferrocarril de acuerdo a lo convenido y en ese mismo marco, establecer si corresponde algún tipo de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados durante los años de su inmovilización en el lado chileno.

Finalmente, a los bolivianos – como también a peruanos y argentinos – nos deben preocupar las miles de minas antipersona y anti-tanque que Chile mantiene en sus fronteras desde los años 70. Este asunto es precisamente uno de los pocos en los que se logró avanzar un poco durante la vigencia de la Agenda de 13 puntos (2006 – 2010), no obstante, y a pesar de los compromisos asumidos por las autoridades chilenas en el marco de la ONU para desminar completamente su territorio, los campos minados siguen ahí, lesionando y matando cada cierto tiempo a los habitantes y animales de la zona.

Por lo dicho, no debe causar alarma que Bachelet no quiera conversar sobre el tema marítimo porque su tratamiento fue judicializado. 

De hecho, ya es un gran avance que Chile acepte dialogar sobre "los otros temas” si consideramos que el Gobierno del presidente Piñera congeló no sólo el tema marítimo, sino absolutamente todos los demás puntos de la agenda. En ese sentido, es imperioso aprovechar la oportunidad histórica que nos presenta el juicio ante la CIJ  para demostrarle al mundo que cuando no se trata del mar, bolivianos y chilenos podemos entendernos civilizadamente.

Bolivia´s Reasonably Strong ICJ Case against Chile

By: Andres Guzman Escobari

Publised by Opnio Juris

[Andrés Guzmán Escobari is a former Bolivian diplomat, a Professor at Universidad del Valle and Universidad de los Andes and an associate researcher for the German Foundation Friedrich-Ebert-Stiftung. The opinions expressed are strictly personal.]

A few days after Bolivia instituted proceedings against Chile before the International Court of Justice, Julian Ku wrote a post here on Opinio Juris entitled “Bolivia´s Ridiculously Weak ICJ Case against Chile”.  His main claim?  “This case looks like a sure loser on admissibility; it looks like it is going to be a major waste of time for the ICJ”.

In this post, I would like to offer a rebuttal to Mr Ku’s comments and to explain why Bolivia’s case is not only not a ‘sure loser’ but is reasonably strong.  The case concerns Bolivia’s request that the Court declare and adjudge that “Chile has the obligation to negotiate with Bolivia in order to reach an agreement granting Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean” because “Chile has breached the said obligation”. Specifically, for that reason, “Chile must perform the said obligation with good faith, promptly, formally, within a reasonable time and effectively, to grant Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean”.

Mr Ku develops two mains arguments to support his opinion: (1) that there is no compulsory ICJ jurisdiction under the Bogota Treaty; and (2) that there is no specific obligation on Chile to negotiate an agreement granting Bolivia an access to the Pacific Ocean because the language of the declarations made by Chilean authorities with the purpose of giving Bolivia back sovereign access to the sea were “non-obligatory”.

With regard to the first argument, it suffices to read the responses to his post here on Opinio Juris or just to note that the case has been already accepted by the Court.

As to the second argument, considering that Bolivian legal arguments are based on the Unilateral Acts of States, the language used by Chilean representatives is not the most important issue to analyse here, nor the intention behind those declarations. What really matters is the conduct of Chile towards this problem. Indeed, according to Aleš Weingerl (University of Oxford) the obligations created by unilateral acts “come into existence as a result of the conduct of one State” and that conduct “alone operates as the only relevant factor”. So language, from the Unilateral Acts theory perspective, is not as important as Chile’s historical behaviour, since it has recognized many times the existence of the problem and has offered Bolivia, no less than 10 times, a sovereign access to the sea. Let me highlight a few of the most important Chilean statements.

The official communication signed by the Chilean Minister of Foreign Affairs, Horacio Walker, on 20 June 1950, precisely states that the government of Santiago “is willing to formally enter into a direct negotiation aiming at finding the formula which would make it possible to grant Bolivia an own and sovereign access to the Pacific Ocean and for Chile to obtain compensations that are not of a territorial nature and that effectively take into account its interests”.

The same purpose to enter into negotiations to grant Bolivia a sovereign access to the sea was later reiterated by Chile through a Memorandum forwarded by its Ambassador in La Paz, Manuel Trucco, to the Bolivian Ministry of Foreign Affairs on 10 July 1961.

Moreover, on 8 February 1975, the President of Chile, Augusto Pinochet, signed a Declaration with his Bolivian peer, Hugo Banzer, in which both statesmen assumed a compromise “to find formulas to solve the vital issues which both countries faced, such as one relating to the landlocked situation that affects Bolivia”. With this compromise, both governments started a negotiation in which Chile, through an official note subscribed by its Minister of Foreign Affairs, Patricio Carvajal on 19 December 1975, expressed: “it would consider, as manifested by the President Banzer, the cession to Bolivia of a sovereign seacoast linked to the Bolivian territory by an equally sovereign territorial strip”. “Chile would be willing to negotiate with Bolivia the cession of a territorial strip at the northern part of Arica along the line of Concord (border between Chile and Peru)”. “Once the final agreement is produced, a solemn witness will be left declaring that the territorial cession allowing sovereign outlet to the sea, represents the full and final solution to the landlocked situation of Bolivia”.

With this last phrase, Chile did, undeniably, acknowledge that the full and final solution to the landlocked situation of Bolivia must be achieved by a territorial cession that allows Bolivia to recover its sovereign outlet to the sea.

Furthermore, Chile adopted some other pledges by accepting and signing multilateral agreements or resolutions that referred to the maritime problem of Bolivia, such as the Ayacucho Statement of 1974 and the Resolutions adopted by OAS in 1980, 1981 and 1983; with this last Resolution, Chile formally accepted “to find a formula for giving Bolivia a sovereign outlet to the Pacific Ocean, on a basis that takes into account mutual conveniences and the rights and interests of all parties involved”.

In recent years, the Chilean administration of Madame Michel Bachelet agreed to start negotiations about the maritime theme as part of a 13-point Agenda which, after four years of conversations without results, led to an another formal Chilean pledge, this time “to present and to achieve concrete, feasible and useful solutions” for the maritime issue, as written in the Act signed in La Paz by the  Vice Minister of Foreign Affairs of the President Sebastian Piñera, Fernando Schmidt on 14 July 2010. A few months later, however, Chile “lost” interest in continuing negotiations with Bolivia (just as it had done in all the aforementioned attempts).  Then, suddenly and without any explanation, Chile decided to cancel the meeting in which both countries had to fulfil the agreement just quoted. After that, the Bolivian President Evo Morales announced his decision to call Chile to account at the ICJ.

All of these unilateral Chilean acts form the legal basis for Bolivia’s claim, although they were preceded by some other pledges of Chile of similar or higher legal relevance made before 1948 (when the jurisdiction of the Court started according to the Bogota Treaty) such as the Treaty of Territorial Transfer of 1895, the Protocol Act of 1920, the Mathieu Circular Letter of 1926 and the Chilean note of acceptance to the U.S. Secretary of State Frank B. Kellogg Proposal of 1926. In addition, there are many others compromises adopted by Chilean authorities verbally since the beginning of the Pacific war in 1879 (in which Bolivia lost its unique coastline) until recently, enforcing the idea that Chile has the obligation to negotiate an agreement to restore the maritime condition of Bolivia.

In terms of the international legal precedents, it is important to mention that in 1962 the ICJ found that Siam (now Thailand) tacitly recognized the sovereignty of French Indo China (now Cambodia) over the Temple Preah Vihear because of the conduct of the State of Siam, expressed in different acts of its official representatives which clearly demonstrated such recognition. In the same way, in 1974, in the case instituted by New Zealand and Australia against France, the Court recognized that the public statements of the French official authorities in order to cease nuclear-testing were legally binding.  And, in the case between Denmark and Norway regarding to the sovereignty over eastern Greenland, the Permanent Court of International Justice determined that the verbal declaration of Mr Ilhem, the Norwegian Foreign Minister, was also legally binding.

These precedents suggest that so too much Chile be bound to its prior declarations and commitments to give Bolivia a fully sovereign access to the sea. Because all of this, we, the Bolivians, optimistically expect to achieve a favourable result in this process and think that the only ridiculous thing about this case, is the opinion of people who hastily and frivolously express their thoughts without full knowledge of the facts at issue.

Entrevistas sobre la demanda marítima boliviana

El 12 de junio de 2013 se produjo la primera reunión de los Agentes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir los plazos en los que ambos países deberán presentar sus alegatos escritos. Sobre el particular y algunos otros temas relacionados, a continuación las entrevistas que me hicieron para Que no me pierda de la Red Uno, Al Día de Bolivisión y La Primera de ATB:  

Posibles efectos del proyecto bioceánico

CHILE NO TIENE LIBRE TRÁNSITO EN BOLIVIA

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

 

Bolivia no debe permitir que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que  requiere ese país para circular por nuestro territorio. No hay ningún tratado que nos obligue a permitir el libre tránsito de mercadería de esa nación.

 

El acto de inauguración de la vía interoceánica que tenía que llevarse a cabo en San José de Chiquitos el próximo 5 de abril con la presencia de los Presidentes de Brasil, Bolivia, Chile y Perú; fue postergado a pedido de este último país debido a que, según dijeron sus representantes, el Presidente Ollanta Humala tiene otros compromisos que atender en esa fecha. No obstante, teniendo en cuenta que ese día se cumplen 134 años de la declaratoria de guerra que Chile presentó a Bolivia y Perú; más parece que la razón de la solicitud de postergación es evitar un encuentro entre Mandatario peruano y su homólogo chileno en un día que definitivamente no trae buenos recuerdos para los pueblos que sufrieron las consecuencias de la contienda iniciada en 1879.  

Este hecho, que devela el desinterés o el desconocimiento que tiene la Cancillería boliviana respecto a las implicancias históricas que conlleva realizar una reunión con los Presidentes de Chile y Perú en fecha 5 de abril; podría agravarse aún más si Bolivia permite que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que requiere ese país para circular por nuestro territorio.

En efecto, el Tratado de 1904 (art. 6) y sus acuerdos complementarios (1912, 1937 y 1953) conceden a Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito por territorio y puertos chilenos en todo tiempo sin excepción alguna, sin embargo, esos acuerdos no otorgan a Chile esa facilidad de paso por suelo boliviano porque no fueron suscritos en reciprocidad. De hecho, en 1955, los gobiernos de La Paz y Santiago comenzaron a conversar sobre la posibilidad de que Chile obtenga ese derecho en nuestro territorio y suscribieron un Tratado que, entre otras cosas, expresa el propósito de alcanzar un acuerdo que “amplié y facilite el actual régimen de libre tránsito de las mercaderías originarias de uno de los dos países por el territorio del otro, para su exportación a terceros países. Dicho sistema, comprenderá, asimismo, las facilidades necesarias para permitir la importación de uno de los dos países a través del territorio del otro, de mercancías originarias de terceras naciones” (Art. 2/f. Tratado de Complementación Económica Bolivia – Chile, 31/10/1955).

Por otra parte, los acuerdos multilaterales sobre la materia que suscribieron ambos gobiernos, tampoco contienen ninguna disposición que obligue a Bolivia a garantizar el libre tránsito de Chile por territorio boliviano. Los convenios firmados en el marco de la Iniciativa para Integración Regional Sudamericana (IIRSA) no mencionan nada al respecto y el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de 1977, firmado en el marco de la ALADI por los dos países, establece claramente que el libre tránsito podrá ser reglamentado por acuerdos bilaterales (art. 14) y deja en claro que sus disposiciones no restringirán en ningún caso las facilidades sobre libre tránsito que “se hubiesen concedido los países signatarios” (Art. 15).

El caso de Perú y Brasil es totalmente diferente porque ambos países suscribieron acuerdos bilaterales con Bolivia con el fin de otorgarse facilidades de libre tránsito recíprocamente. Con los gobiernos peruanos se suscribió el Tratado de Comercio y Aduanas de 1905 (Art. 2), el Convenio sobre Tráfico Comercial por Mollendo de 1917 (art. 1), el Convenio de Tránsito de 1948 (art. 7) y el Convenio Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz de 1992; y con el Estado brasileño se firmó el Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradición de 1867 (Art. 6), el Tratado de Petrópolis de 1903 (Art. 5), el Convenio de Libre Tránsito Terrestre, Fluvial y Aéreo para Carga de 1958 y el Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°36, éste último suscrito entre Bolivia y los países del MERCOSUR en 1996 (Art. 6).

Por tanto, aunque en 1955 Chile manifestó formalmente su deseo de obtener el derecho de libre tránsito por territorio boliviano, éste nunca le fue reconocido y, por consiguiente, no sería acertado que nuestro gobierno le conceda ese derecho ahora para permitir su participación en la vía interoceánica, porque desecharía uno de los pocos elementos de negociación que tiene Bolivia para recuperar una salida soberana al mar y le facilitaría enormemente las cosas a un país que muy pocas veces en la historia demostró ser amigo de Bolivia.

Al respecto, es importante considerar que Chile mantiene un gran interés por obtener el derecho de libre tránsito en territorio boliviano porque, además de la manifestación de 1955, hace poco, cuando el Presidente Morales anunció que no invitaría a Piñera porque tres soldados bolivianos permanecían  detenidos en Chile, la Cancillería de Santiago protestó enérgicamente ante sus pares de La Paz y Brasilia para que también tomen en cuenta a su Presidente.

Si bien es cierto que las autoridades bolivianas mantuvieron su decisión de dejar fuera del proyecto bioceánico a Chile incluso después de invitar al Presidente Piñera al evento inaugural, el hecho de que el Mandatario chileno asista y que posiblemente Brasil intente presionar al Presidente Morales para que acepte incluir al país del Mapocho; son factores que podrían propiciar que Bolivia termine autorizando el libre tránsito de mercancías chilenas por territorio boliviano, sin que ello genere un beneficio mayor al estrictamente comercial para nuestro país. 

Es importante aclarar que la idea de aprovechar esta situación en nuestro beneficio, no es una posición inspirada en la mezquindad, sino en la convicción de que ya es hora de actuar en función a nuestros intereses nacionales y a la historia que nos muestra que los errores políticos del pasado permitieron que Chile se desarrolle a nuestra costa y, en muchos casos, incluso en detrimento de nuestros propios intereses.

Por tanto, lo más inteligente sería poner las cosas en claro para que Chile entienda, desde un principio, que si quiere ser parte de la carretera bioceánica y llegar a un buen entendimiento con Bolivia; tiene que necesariamente ofrecer algo de valor estratégico para nuestro país, como una zona portuaria con autonomía, un muelle como el que Perú tiene en el puerto de Arica o por último, por qué no, un acceso soberano al mar.  

La trampa que Evo Morales le tendió a Piñera

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Tercera

El pasado 23 de marzo, día en que se cumplieron 134 años de la batalla de Calama; el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en los próximos días su gobierno presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para recuperar un acceso soberano al mar. Ante lo cual, el Presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió "El supuesto derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno, así como la pretendida obligación que tendría el Estado de Chile a negociar al respecto, carece de todo fundamento tanto histórico como jurídico” y antes de advertir que su país y su pueblo defenderán “con toda la fuerza de la unidad su territorio, su mar, su cielo y su soberanía”, remató: “Chile cumple y hará cumplir el Tratado de 1904” (La Tercera, 24/03/2013).

Las palabras de Piñera, no sólo denotan un menosprecio o incluso una subestimación a lo que Bolivia podría hacer en el ámbito jurisdiccional – actitud que ya le costó a Chile ser enjuiciado por Perú ante ese mismo Tribunal -; sino que además demuestran que Evo Morales logró hacerle creer que Bolivia cuestionará la validez y/o la vigencia del Tratado de 1904.

Primero, sería demasiado inocente creer que Bolivia puede de alguna manera solicitar a un tribunal internacional la revisión de un tratado que, a diferencia de su contraparte, ha cumplido y respetado durante más de 100 años; y segundo, a estas alturas, después de que Bolivia retiró su reserva al artículo 6 del Pacto de Bogotá, tampoco puede acudir a la Corte de La Haya para impugnar un tratado que entró en vigencia mucho antes que dicho Pacto, pues esa es precisamente una de las restricciones que contiene ese acuerdo firmado en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 (Art. 6).

Suponiendo que Piñera conoce estos argumentos ¿Por qué insiste en que hará cumplir el Tratado de 1904? La respuesta sólo puede ser una, el Mandatario chileno no ha considerado cuáles podrían ser los verdaderos argumentos jurídicos de Bolivia y sigue pensando que el gobierno de Morales intentará impugnar el acuerdo que reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre el vasto, rico y único litoral boliviano. 

Nada más insólito y sorprendente, pero cierto. La estrategia de Evo Morales por distraer la atención de Chile hacia el Tratado de 1904 fue todo un éxito. Comenzó en febrero de 2009, cuando el propio Morales promulgó la nueva Constitución boliviana que, en su artículo 267, declara el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y en su disposición transitoria novena aclara: “En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.

Después de esta señal, no hubo más cuestionamientos al famoso tratado hasta el 23 de marzo de 2011, día en que el Presidente boliviano anunció por primera vez su intención de recurrir a los tribunales internacionales para demandar a Chile. Pero a partir de esa fecha, Morales aprovechó absolutamente todas las oportunidades que tuvo (la última suscitada con la detención de tres soldados bolivianos en Chile) para decirle al gobierno chileno y al mundo que el Tratado de 1904 es injusto, impuesto e incumplido.

De hecho, resulta comprensible que cualquier ciudadano – pero no un Presidente – de un Estado de Derecho con instituciones fuertes que verdaderamente respetan las normas constitucionales, dé por descontado que las disposiciones de la Carta Magna son algo casi o totalmente sagrado. Sin embargo, ese cálculo no se aplica a la lógica política del actual gobierno boliviano que sabe que puede modificar cualquier “contradicción constitucional” a través del Congreso que tiene bajo su control, y que muy hábilmente utiliza cualquier recurso para confundir a sus potenciales adversarios, incluyendo en este caso a la mismísima Constitución.

Todo ello, sumando a la conciencia de quien se sabe culpable de no cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, hicieron que Piñera caiga en la trampa de Evo Morales.