Los 9 bolivianos encarcelados en Chile

Si las autoridades judiciales de Chile decidieran liberar finalmente a nuestros 9 compatriotas, lo más recomendable sería que el gobierno no los condecore.

Momento de la detención, 19/03/2017. Fuente: BioBioChile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Página Siete 

El impase que provocó el encarcelamiento de 7 funcionarios de aduana y 2 militares bolivianos en Chile, ha contribuido a tensionar las relaciones entre La Paz y Santiago que ya se encontraban seriamente deterioradas desde finales de 2010, cuando se interrumpió el proceso de negociación que se venía desarrollando en el marco de la Agenda de los 13 puntos. Este impase sin embargo, no es uno más de los muchos que hemos visto surgir a partir de entonces, sino que se trata de un conflicto que podría tener incidencia en el resultado de los juicios que tenemos instaurados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si es que las autoridades judiciales de Chile no liberan a nuestros compatriotas.   

Al respecto, considerando que el juicio sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia está a casi un año de concluir, a continuación se analiza el conflicto de los 9 bolivianos encarcelados en Chile, con un enfoque especial en el manejo político que le han dado las autoridades chilenas.  

Primero cabe recordar que a las pocas horas de que Carabineros de Chile detuvieron a los nueve bolivianos, la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, dijo: "querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno". Lo que generó dudas desde un principio debido a que robar 9 camiones entre 9 nueve personas que además tenían otros dos vehículos a su cargo, no resultaba ni resulta creíble.

Esas dudas que generaron las apresuradas declaraciones de Bachelet luego se acentuaron y acrecentaron debido a que las autoridades chilenas nunca mostraron más que un camión de los 9 supuestamente implicados, y eso, muy a pesar de que el Presidente Evo Morales solicitó vía twitter: “Pedimos, como bolivianos, nos presente los 9 camiones presuntamente robados por aduaneros y militares bolivianos. Queremos saber qué contenían. No quiero pensar que estos actos de provocación son para tapar los actos de corrupción de Carabineros y altas autoridades del Gobierno de Chile”. 

Además, la acusación presidencial chilena de que “se robaron uno” fue complementada después por otras autoridades del vecino país tanto del oficialismo como de la oposición. En uno de sus comentarios, el Canciller Muñoz llegó a decir que los bolivianos irían presos y los diputados Jorge Tarud y José Manuel Edwards acusaron públicamente a nuestros compatriotas de haber cometido delitos. Todas esas declaraciones, que también dejaban dudas respecto al cumplimiento del principio de presunción de inocencia y a la separación de los poderes del Estado en Chile, fueron agravadas simultáneamente con la obstrucción al trabajo de algunos periodistas bolivianos, que pretendían cubrir el incidente.   

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, las gestiones iniciadas por el gobierno boliviano para lograr la liberación de nuestros 9 compatriotas, que incluyen diligencias ante organismos y tribunales internacionales, se ampara primordialmente en el rechazo de Chile a una salida diplomática, que las autoridades bolivianas han solicitado en aplicación de la reciprocidad, pues todas las veces que funcionarios chilenos ingresaron a nuestro país ilegalmente, éstos fueron devueltos sin la intervención de la justica y sin hacer ningún escándalo.

En cuanto a la transgresión del principio de presunción de inocencia, que es una de las piedras angulares del recurso que nuestro país presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cabe recordar que en julio de 2014, esa misma Corte responsabilizó al Estado chileno de haber violado los principios de legalidad y de presunción de inocencia en el caso de unos indígenas mapuche, que habían sido juzgados y condenados por terrorismo en base a razonamientos subjetivos que según la misma CIDH denotaban estereotipos y perjuicios (Emol, 30/07/2014).

Con todo, ahora sabemos que la ofensiva boliviana para lograr la libertad de nuestros 9 compatriotas emprendida por la Procuraduría General del Estado y por la Defensoría del Pueblo, no pasó desapercibida en el equipo jurídico chileno para enfrentar la demanda marítima boliviana. Según una publicación de La Tercera (22/04/2017), el Agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, manifestó su inquietud “por la prolongada detención de nueve bolivianos” y su interés porque “se levante la medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra de los nueve funcionarios bolivianos y no se repitan las trabas al ejercicio periodístico de los profesionales bolivianos que viajan a Chile”.

En la misma línea, y muy a pesar de la seguridad y dureza que mostró el Canciller Muñoz para justificar el encarcelamiento de los 9 bolivianos, según otra publicación de La Tercera (25/03/2017), la Cancillería chilena habría manifestado su molestia con el Ministerio del Interior por el manejo del caso. Según esa versión: “La posición de Cancillería era que la situación fuera resuelta en el menor tiempo posible con la expulsión inmediata de los funcionarios bolivianos, para que el incidente no se prolongara y fuera aprovechado por el gobierno de Evo Morales para atacar a Chile”. Sin embargo, “Interior y Carabineros optaron por seguir el curso normal y denunciar ante la fiscalía a los militares y aduaneros bolivianos del delito de robo con intimidación, judicializando un hecho que debió haberse manejado con mayor celeridad”, concluye esa misma publicación.  

La Presidenta Bachelet a tiempo de lanzar sus acusaciones de robo, 20/03/2017. Fuente: Pblimetro

Por si fuera poco, algunos expertos chilenos de las relaciones entre nuestros dos países criticaron la judicialización de este tema, entre ellos, el reconocido abogado y periodista José Rodríguez Elizondo manifestó: “¿por qué nos metimos en un pleito jurídico, al judicializar este tema? porque todo lo que haga Evo tiene como objetivo encubrirse en las situaciones jurídicas para dejarnos a nosotros en mala posición comparativa” (CNN Chile, 25/04/2017).    

Por tanto, ante la presión política que ejerció Bolivia, incluso a través de las redes sociales, y ante los cuestionamientos que plantearon los trascendidos de La Tercera y los comentarios vertidos por algunos analistas chilenos influyentes; la juez encargada del caso, Isabel Peña, decidió analizar la suspensión del procedimiento que fue solicitada por la defensa de los 9 bolivianos detenidos, en la audiencia que se tiene prevista para el próximo 25 de mayor (T13, 5/05/2017).   

Por todo lo dicho, lo más probable es que la juez acepte finalmente liberar a nuestros compatriotas. Sin embargo, dado que es necesario generar un ambiente de negociación con Chile si el fallo de la CIJ respecto a la demanda marítima resulta favorable a Bolivia, lo más recomendable sería que nuestro gobierno no condecore a ninguno de los 9 detenidos, pues eso no contribuye a generar el referido ambiente de negociación y es evidente que en este caso, tampoco corresponde. 

La exánime diplomacia chilena

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

La Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, dice el autor.

Fuente: Revista Qué Pasa. 

La diplomacia es un método estratégico de las relaciones internacionales que utilizan los Estados para hacer valer sus intereses nacionales respecto a otros actores del sistema internacional. Se trata de una forma de conducir la política exterior de un país, ampliamente reconocida por la comunidad de naciones, que privilegia la negociación y el lobby diplomático por sobre el uso de la fuerza y los mecanismos jurídicos de solución de controversias.  

Aunque Chile también ha utilizado la fuerza en ciertos momentos de la historia, como bien lo sabemos bolivianos y peruanos, y ahora ha decidido acudir a la justicia internacional para resolver el tema del Silala,  su política exterior se ha basado tradicionalmente en el buen uso de los mecanismos diplomáticos. De hecho, desde el nacimiento de la República, esa vocación negociadora le ha permitido al país del Mapocho insertarse y luego de la dictadura, reinsertarse al comercio mundial a través de los diversos tratados de libre comercio que Santiago suscribió con varios países de todo el mundo. 

 

Asimismo, la diplomacia le ha servido al gobierno de La Moneda para resolver serios problemas de larga data con sus otros dos vecinos. Efectivamente, con Perú alcanzó un acuerdo sobre la aplicación del Tratado de Lima de 1929 (Artículo 5) que había provocado agudas fricciones entre ambos países durante 70 años (1929 – 1999), y con Argentina logró una solución, también gracias a la mediación del papa Juan Pablo II, sobre la soberanía en el canal de Beagle, que había ocasionado peligrosas tensiones durante casi 100 años (1888- 1984).     

 

Con Bolivia, a pesar de que evidentemente la diplomacia no ha servido para resolver los asuntos pendientes, sí ha propiciado importantes acercamientos en los que Chile se avino a negociar u ofreció negociaciones a Bolivia para resolver el problema que genera el enclaustramiento geográfico. 

 

No obstante, a pesar de esa larga tradición negociadora que tan buenos resultados les ha traído a los chilenos, en los últimos años -desde que Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)- la Cancillería de Santiago ha ido judicializando su política exterior, haciendo relucir la identidad legalista nacional chilena, pero también desplazando a su diplomacia, que consecuentemente ha quedado exánime, al menos en sus relaciones con Bolivia.  

 

En efecto, a finales de 2010, después de haberse comprometido a "conocer, analizar y responder” todas las preguntas referidas a la solicitud boliviana de incluir la "deuda histórica” en el preacuerdo alcanzado en 2009 sobre el Silala y a realizar un informe al respecto para ponerlo en consideración de los vicecancilleres (Punto VII, Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas: 14/07/2010),  Chile decidió cancelar la reunión de la Agenda de 13 puntos en la que se tenía que dar cumplimiento a dichos compromisos, y nunca más se tocó el tema de manera oficial, hasta que el 6 de junio de 2016, cuando Chile presentó una demanda contra Bolivia ante la CIJ para que ésta reconozca que "el sistema del río Silala y sus porciones subterráneas, son un curso de agua internacional”.  

 

Esta judicialización de la política exterior chilena no fue súbita ni repentina. Un primer antecedente se produjo en los años 70 del siglo pasado, cuando Chile se enfrentó a la Argentina por el control del canal del Beagle en un arbitraje encargado al Reino Unido, el cual le dio su primera y hasta ahora única victoria judicial al país del Mapocho. Pero como en esa ocasión el laudo arbitral le otorgó la mayor parte del territorio en disputa a Chile, Buenos Aires lo declaró "insanablemente nulo” y las tensiones subieron hasta casi provocar una guerra, que felizmente se evitó, como ya se dijo, gracias a la diplomacia y a la mediación papal. 

 

Desde entonces, Chile ha experimentado el sabor de la derrota jurídica -siempre matizada por sus autoridades- en dos ocasiones: 1) en el mismo juicio contra el Perú, cuando la CIJ determinó que el límite marítimo entre ambos países no sigue el paralelo geográfico a lo largo de 200 millas marinas como sostuvo la defensa chilena durante el proceso, sino sólo a lo largo de 80 millas marinas y de ahí a través de una línea equidistante, esto último como lo había solicitado la demanda peruana (lo cual supuso en los hechos la devolución de parte de Chile al Perú de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, que corresponden a casi 28.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 22.000 kilómetros cuadrados de "mar presencial”); y 2) en el juicio con Bolivia, cuando la misma Corte rechazó la objeción preliminar de incompetencia chilena por un holgado margen de 14 votos a dos (los dos votos que no respaldaron la decisión de rechazar la objeción chilena, no fueron favorables a Chile, sino que proponían establecer que la objeción de competencia no era estrictamente preliminar y que debía ser considerada en el proceso de fondo).

 

No obstante, a pesar de las derrotas y de las amenazas que hicieron varios políticos chilenos de retirarse del Pacto de Bogotá, porque supuestamente la CIJ es un tribunal político que falla salomónicamente sin tener en cuenta al derecho internacional, Santiago decidió acudir a esa misma Corte, validando explícitamente su jurisdicción en el caso del Silala y reconociendo, también explícitamente, su facultad para resolver controversias jurídicas entre Bolivia y Chile en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI).

 

Esto último, como era de esperar, fue celebrado por el presidente Evo Morales que no desaprovechó la oportunidad para hacerles saber a los gobernantes chilenos que su demanda, en lugar de acallar las justas y legítimas reclamaciones de Bolivia por éste y otros atropellos, tal como lo estaban pretendiendo las autoridades chilenas según sus propias declaraciones,  les dieron más razón y fuerza. De hecho, en su primera reacción el mandatario boliviano resumió y estableció su posición con la siguiente frase que si bien ofende profundamente a nuestros vecinos, expresa una gran verdad: "nos roban y nos demandan”.    

 

Con todo, una vez que la CIJ determine si Chile tiene algún derecho sobre las aguas del Silala y establezca asimismo, cuánto debe pagar ese país al nuestro por el uso que ha venido haciendo de la parte que innegablemente le corresponde a Bolivia, aún si fuera un río (que es lo que debe solicitar nuestro Gobierno en su contrademanda), esperemos que la mesura y la razón prevalezcan en el país del Mapocho, y consecuentemente, la diplomacia chilena vuelva a la vida.

El retroceso de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El incidente por la "base militar patrulla Cariquima" que Chile pretendía instalar a 15 Km. de la frontera, develó nuevos aprestos bélicos de nuestro vecino que fueron denunciados a tiempo por Evo Morales.

La Base Militar Patrulla Cariquima. Fuente: El Deber.

La reciente controversia generada por el establecimiento de una base militar en Cariquima, Chile, a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia (29 kilómetros en carretera), ha provocado reacciones contradictorias e insólitas en el país del Mapocho, que luego fueron complementadas con un notable retroceso. 

En efecto, en un primer momento, el Ministerio de Defensa y la Cancillería de Chile, reaccionaron reconociendo y desconociendo respectivamente, la existencia de dicha base militar. Por una parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien alguna vez se manifestó a favor de dar a Bolivia una salida soberana al mar, hizo unas declaraciones en las que confirmó el refuerzo de la seguridad nacional de su país con "la base militar patrulla Cariquima” donde, según él mismo, se tenía previsto establecer un sistema antiaéreo de misiles tierra-aire (M1097 Avenger). Por otra parte, tras la previsible protesta de Evo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado de prensa que, a tiempo de aclarar que se trataba de una "intensificación del patrullaje militar”, señala textualmente: "No existe tal supuesta instalación militar”, "es totalmente infundada la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar ‘ilegal’ a menos de 15 kilómetros de la frontera con ese país, en la zona del Río Silala”. 

Mensajes contradictorios de los ministerios chilenos que el mandatario boliviano puso en evidencia rápidamente y que mostraban una clara intención por asociar el asunto de la base militar con el Silala.

Unos días después, y de manera insólita, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, respondió al Presidente boliviano, posiblemente con el aval de su Cancillería -ente encargado de la política exterior chilena-, para mandar a callar al Mandatario boliviano y acusarlo de muchas cosas, entre ellas, como lo había manifestado la Cancillería, de haber dicho que la base militar de Cariquima estaría "cerca del Silala”, cuando lo que dijo Morales es que está cerca "de la frontera”. En este punto cabe destacar que las autoridades chilenas, con ayuda de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, lograron instalar la percepción, incluso en Bolivia, de que las denuncias de Evo Morales estarían relacionadas con la controversia por los manantiales del Silala, cuando la protesta de Morales, tal como se puede verificar en sus declaraciones, se refiere exclusivamente a la base militar que Chile tenía previsto instalar en Cariquima sin haberlo comunicado a Bolivia, tal como indican los acuerdos sobre la materia y como aconseja la prudencia en estos casos en los que cualquier movimiento militar puede generar comprensibles suspicacias. 

Imagen satelital de Cariquima (a 15 km de la frontera) , Fuente: Google erath

Y si bien no debemos mezclar el tema del Silala con la decisión de instalar una base militar cerca de la frontera, tampoco podemos descartar que el anuncio boliviano de acudir a la justicia internacional para resolver el problema del Silala haya motivado el "aumento” del "patrullaje” militar chileno cercano a la frontera. 

Al respecto, en los últimos cinco años, se ha hecho evidente que las denuncias que ha venido haciendo Evo Morales sobre: 1) el exagerado armamentismo de Chile; 2) las minas antipersonal y antitanque que mantiene enterradas en su lado de la frontera; 3) los ejercicios militares que realiza anualmente el Ejército de ese país cerca de Bolivia y Perú;  y 4) ahora, el establecimiento de una base militar también muy cercana de nuestro territorio  revelan una clarísima y manifiesta intención de mostrar al Gobierno de La Moneda tal como es: socialista y pacifista en el discurso, pero neoliberal y militarista en la práctica. De hecho, a pesar de que la diplomacia chilena se ha esforzado en los últimos cinco lustros por limpiar la mala imagen internacional que le dejó la dictadura de Pinochet y lo han logrado en buena medida, hay que reconocerlo,  todavía no ha dejado de lado su deplorable política de disuasión (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 – 2024), que se fundamenta en el paradigma que ha guiado el accionar de Chile históricamente: "por la razón o la fuerza”.      

Pero lo que más llama la atención es que aun cuando las intenciones del Presidente boliviano son claras y manifiestas, las autoridades chilenas siguen sin comprender que su política reactiva, que ahora se manifiesta en reacciones contradictorias e insólitas, ha contribuido poderosamente a levantar más polvo sobre toda esta controversia boliviano-chilena que es precisamente lo que busca Evo Morales con sus denuncias, mostrar  al mundo que Chile es un mal vecino. 

En este aspecto, Evo Morales, principal conductor y único ejecutor de la política exterior boliviana, ha logrado marcar el ritmo de las relaciones con Chile, interponiendo demandas (CIJ, Aladi), anunciando más procesos judiciales y capitalizando cada movimiento militar chileno en favor de sus pretensiones político-estratégicas. Al otro lado, la diplomacia chilena, que en orden de importancia se halla representada por el Canciller, el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, la Presidenta, el Ministro de Defensa y últimamente, la Alcaldesa de Antofagasta,  no ha logrado contrarrestar ni jurídica, ni política  ni comunicacionalmente lo hecho por el mandatario boliviano.     

Karen Rojo, Alcandesa de Antofagasta, Fuente: YouTube

En este selecto grupo de la diplomacia chilena se podría incluir a la subsecretaria de Defensa, Paulina Vodanovic, que fue la encargada de manifestar, a nombre de su gobierno, unas palabras que confirmaron implícitamente el retroceso de establecer una base militar a 15 kilómetros de nuestro país. En efecto, la citada autoridad informó desde Cariquima, donde llegó en un avión militar Hércules (Cariquima cuenta con una pista de aterrizaje a pesar de tener tan sólo 80 habitantes) acompañada de una comitiva de diputados y periodistas: "Esto no es una base militar. Lo que hay aquí son labores propias del Ejército, en un número de 12 personas y de apoyo a la comunidad”. Lo cual, naturalmente fue celebrado por Morales, que aprovechó la ocasión para saludar "el retroceso de instalar una base militar en la frontera con Bolivia y Perú” y dijo que espera que sea el "mensaje de la presidenta Bachelet”.  

Efectivamente, aunque las autoridades chilenas difícilmente reconocerán el retroceso y mucho menos que lo hicieron por las protestas de Morales, es importante que lo hayan hecho porque nuestros problemas no se resolverán con despliegues militares ni políticas de disuasión, sino con esfuerzos sinceros por cumplir lo acordado de buena fe y con políticas de buena vecindad.

   

El futuro político - diplomático del Pacífico sur

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.

Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth.

Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo sostenido, intenta prolongar el statu quo territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar respectivamente.

Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.

En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas. Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares, incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video publicado a mediados de marzo por Santiago.

Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia; la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.

Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta” (Artículo 2º).

Este último punto, además de haber generado una controversia limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente no le interesa (Bolivia).

Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano. 

Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ; marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.

En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

El desafío es grande no sólo por la complejidad de los problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski, deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.

En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio, como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron nuestros antepasados. 

Al menos 5 países dan mejor ‘libre tránsito’ a sus vecinos sin litoral

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón 

Hay al menos cinco países costeros que dan a sus vecinos sin litoral mayores facilidades de tránsito que Chile a Bolivia, con la consideración de que ninguno de esos países es culpable de enclaustrar a sus vecinos.

Portada correspondiente a la presente publicación. 

Chile sostiene que Bolivia no debería reclamar por su forzado enclaustramiento marítimo, ya que sería el país con el más amplio acceso al libre tránsito entre todos los países sin litoral. Lo cierto es que existen al menos cinco países costeros que dan a sus vecinos sin litoral mayores facilidades de tránsito que Chile a Bolivia, con el agravante para Chile de que ninguno de esos países es el culpable de haber dejado al vecino, al que le facilita el tránsito, en una situación de enclaustramiento marítimo mediante una invasión.

Los casos de buena vecindad de países con costa en favor de otros sin litoral son al menos cinco: Croacia para con Bosnia-Herzegovina; Tailandia en beneficio de Laos; India en provecho de Bután; Kenia para Uganda, Sudán del sur, Burundi y Ruanda; y Argentina para Paraguay.

Los casos son por demás elocuentes si uno considera los empeños de Chile en querer convencer de que da a Bolivia el más amplio y libre tránsito por los puertos de Arica y Antofagasta. No obstante, sus infracciones son muchas: comenzando por la privatización de sus puertos, los paros y huelgas que interrumpen el tráfico de la carga boliviana saliendo o ingresando al país, hasta arbitrariedades de todo tipo con costos adicionales por transporte y faenas arbitrarias de los operadores privados de los puertos (quienes por ejemplo sin justificaciones deciden que una carga debe ser desconsolidada en un extrapuerto, lo que incrementa los costos de los comerciantes del país).

Chile quiere hacer ver que ese libre tránsito que supuestamente da a Bolivia es un gesto de generosidad, cuando en realidad es una obligatoriedad no solo del Tratado de 1904 (el cual estaría incumpliendo cada que se corta el tránsito o se acumulan costos arbitrarios como el mencionado), sino también una práctica violación a diversos acuerdos multilaterales, como recuerda Ramiro Orías en su libro El régimen de los países sin litoral en el derecho del mar y las perspectivas para Bolivia; se transgrede, afirma este autor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1948), la Conferencia Preliminar de Estados sin Litoral (1958), la Conferencia de Ginebra (1958), la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Países sin Litoral (1965), pero sobre todo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (1982).

Las facilidades que otorgan estas convenciones si no exceden, al menos igualan a las que en teoría debería otorgar Chile a cambio de la cesión del Litoral. La realidad es que Chile termina incumpliendo el tratado y estas convenciones.

“Los países sin litoral tienen un régimen establecido a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar, 1982) y a través de la Convención de las Naciones Unidas para países sin Litoral (1965), que establecen una serie de facilidades para los países sin costa, las cuales deben otorgar los países de tránsito (aquellos ubicados entre el mar y el país mediterráneo). De ambos acuerdos Bolivia y Chile son signatarios”, detalla el diplomático Andrés Guzmán Escobari. A pesar de todo ello, Chile insiste en querer mostrar que el parcial libre tránsito que da a Bolivia es un acto de desprendimiento...

Existen varios ejemplos de buena vecindad que demuestran que Bolivia no es el país sin litoral más favorecido en el mundo, como Chile señala. Encontramos cinco ejemplos que desechan las afirmaciones de las autoridades chilenas y de comunicaciones del Estado chileno en textos como Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad. Los ejemplos se hacen en base a información proporcionada por Guzmán.

Uno. Croacia - Bosnia Herzegovina. El ejemplo de mayor generosidad y buena vecindad es, sin duda, el de Croacia y Bosnia-Herzegovina. “Croacia aceptó interrumpir la continuidad de su territorio para que Bosnia-Herzegovina pueda salir al mar a través de un territorio soberano”, afirma Guzmán. Esto sucedió luego de la desintegración de Yugoslavia, un proceso que comenzó en 1991 y culminó en 2006. En el caso particular de Bosnia-Herzegovina, este país se independizó en 1992.

Corredor de Neum, fuente: The Economist 2013 

“Cuando se acordaron cuáles iban a ser los territorios de cada Estado, Croacia aceptó que Bosnia-Herzegovina pueda salir al mar a través de un corredor que corta la continuidad del territorio de Croacia. Si uno ve un mapa se observa que Croacia está dividida en dos partes. Ése es un ejemplo de buena vecindad que no existe en el caso de Bolivia y Chile”.

El corredor de 20 kilómetros de ancho (Neum) separa a Dubrovnik del resto del territorio de Croacia, sin embargo, el tránsito para los croatas y para los ciudadanos de la Unión Europea (UE) es libre desde 1999 en el primer caso y desde 2006 para el segundo.

Cuando Bosnia y Croacia llegaron a un acuerdo, antes de que tome efecto, en 1998, la UE saludó el hecho subrayando que esto era beneficioso no solo para los dos países en cuestión, sino para toda la región: “El acuerdo, logrado tras prolongadas negociaciones, será mutuamente beneficioso desde el punto de vista económico, no solo para ambos países, sino también para toda la región. En el aspecto político, contribuirá a la aplicación de los Acuerdos de Paz de Dayton y París, a la mejora de las relaciones entre Bosnia y Herzegovina y Croacia y, por tanto, al fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región”.

Paralelo. Bolivia y la Organización de los Estados Americanos (mediante once Resoluciones sobre el problema marítimo boliviano aprobadas entre 1979 y 1989) insisten en que la solución definitiva a este diferendo es de “interés hemisferio permanente”, algo muy similar a lo que notaba la UE respecto del corredor de Neum.

Tren entre Laos y Tailandia, Fuente: The Economist 2013

Dos. Tailandia-Laos. Laos es un país del sudeste asiático que nunca tuvo acceso al océano. No obstante, como señal de buena vecindad, Tailandia ha construido para Laos una carretera de cuatro carriles para que Laos pueda comerciar a través del mar y un ferrocarril de última generación. “Este ferrocarril  sí funciona”, destaca Guzmán en alusión al ferrocarril Arica-La Paz, en desuso, y que Chile construyó para Bolivia a cambio de la cesión territorial en favor de Santiago en 1904. Ese ferrocarril no opera tras la quiebra que sufrió la empresa que lo administraba en el lado chileno. En cambio el de Tailandia, permite a Laos acceder al mar.

“Tailandia hace esto porque le conviene”, dice Guzmán resaltando la falta de visión del Estado chileno al obstaculizar a Bolivia el libre tránsito y no hacer mejoras en su territorio, ni siquiera por su propia conveniencia.

Asimismo, la frontera entre estos países asiáticos está unida por un puente llamado de la Amistad construido en 1994 y que cruza el río Mekong (límite natural entre ambos), el que permite un flujo constante de personas y mercancías de un lado al otro gracias a las buenas relaciones entre las dos naciones. Hoy existen tres puentes de la Amistad por encima del Mekong y aún está en construcción un cuarto.

Tres. India-Bután. Bután, país sin litoral, tiene facilidades para el manejo de sus aduanas en los puertos de la India, señala Guzmán. “Tiene la total jurisdicción sobre su carga desde que llega al puerto de India hasta que ingresa al territorio de Bután, cosa que no tiene Bolivia”.

India y Bután. Fuente: Tourist Townie.

Según el Tratado de 1904, Chile debe permitir la instalación de aduanas bolivianas en Arica y Antofagasta (en Iquique, otro puerto muy utilizado por Bolivia, no está incluido) y debe entregar las cargas de importación a las autoridades bolivianas apenas éstas son desembarcadas (Convención de 1937). “Sin embargo, las empresas privadas que administran los puertos de Arica y Antofagasta han usurpado funciones que según lo convenido le corresponden al agente aduanero boliviano. Las empresas privadas en esos puertos se hacen cargo del estibaje, el manipuleo y todas las faenas que se realizan en el puerto y no así la aduana boliviana, como dicen los acuerdos”, asevera el diplomático. Incluso, estas empresas efectúan el desconsolidado extraportuario de la carga bajo la justificación de categorías de carga inexistentes en otros puertos del mundo.

Bután, en cambio, tiene esa facultad de jurisdicción absoluta desde el momento en que llega su carga a algún puerto de India hasta que las ingresa a su territorio. Según el capitán de fragata Carlos González, en su texto Las facilidades con que cuenta Bolivia para acceder al mar, el caso de Bután es muy diferente a los demás casos de países mediterráneos. Depende principalmente de India, ya que su salida por China se ve imposibilitada por las características geológicas de la cordillera del Himalaya.

“Bután goza de libre tránsito por India. (...) El comercio en tránsito no es sometido a ningún trámite de aduana, impuestos o restricción comercial por parte de India, toda la carga es manejada por la Aduana Real de Bután en el mismo puerto, donde es desconsolidada y transportada en camiones pequeños, para lo cual cuenta con áreas de almacenamiento especialmente habilitadas”, sostiene González. Todos los puertos y pasos fronterizos habilitados entre los dos países cuentan con las mismas concesiones aduaneras.

Red de trenes promovida por Kenia, Fuente: The Economist. 2013

Cuatro. Kenia - Ruanda - Uganda -Burundi - Sudán del sur. Kenia está mejorado su red ferroviaria para que Ruanda, Uganda, Burundi y Sudán del sur, todos sin litoral, puedan sacar sus productos a ultramar. En 2014, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, inauguró el inicio de obras de la mayor infraestructura ferroviaria desde la independencia de su país del Reino Unido. Consiste el proyecto en una ambiciosa línea ferroviaria que unirá Kenia con Sudán del Sur, Uganda, Ruanda y Burundi.

Según datos noticiosos, la nueva red de ferrocarril cuesta alrededor de 10.000 millones de euros y se espera esté terminada en 2018. China financia el 90% del costo. El restante 10%, consistente en 1.000 millones de euros, fue asumido por Kenia. La línea de ferrocarril unificará el puerto de Mombasa (Kenia) con Uganda, Ruanda, Burundi y Sudán del Sur, todos sin acceso al mar.

Cinco. Argentina a Paraguay. También están las facilidades que da Argentina a Paraguay, según González. Este país le da libre tránsito terrestre y fluvial, no cobrando impuestos por la carga depositada en tránsito por 90 días. “En el puerto de Buenos Aires (Paraguay) cuenta con una zona para el transbordo de mercaderías de importación y exportación, un depósito franco destinado a recibir, almacenar y distribuir las mercancías de origen paraguayo y uso prioritario de un muelle”, escribe. Existe otro depósito franco paraguayo en puerto de Rosario; un ferrocarril de propiedad paraguaya entre el puerto fluvial de Encarnación (Paraguay) y el de Buenos Aires y entre éste y Asunción hay una carretera concesionada de 1.300 km, en buen estado.

SUIZA. Como se ve, la afirmación de Chile que dice que Bolivia es el país sin litoral más favorecido en su tránsito es falsa. Hay que repetir, además, que estos cinco países que favorecen, en buena vecindad, a los países mediterráneos con que colindan no son culpables de que no tengan litoral, como es el caso de Chile respecto de Bolivia. Por esto, también resulta fuera de lugar la constante comparación que hace Chile en relación a Bolivia y el caso de Suiza. ¿Por qué Suiza nunca se queja por no tener costa y por qué es un país que se ha desarrollado a pesar de ser mediterráneo?, reclama a Bolivia repetidas veces a través de diversas declaraciones.

Existen al menos tres grandes diferencias con el caso suizo, nota Guzmán: 1) Suiza está rodeada de países que nunca interrumpen su libre tránsito por huelgas o paros; 2) un aspecto aún más importante que el primero: Suiza tiene acceso a tres mares a través de tres ríos navegables, el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, a los que accede a través del Rin, el Danubio y el Rodán; Suiza puede comerciar con el mundo desde sus puertos fluviales y acceder al mar; 3) Suiza nunca tuvo mar, por tanto no puede reclamar ni exigir algo que nunca tuvo.

La Contramemoria de Chile ante la CIJ

Las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano, no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado por Cambio (Especial Defensores del Mar)

La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Estado Plurinacional de Bolivia contra la de República de Chile el 24 de abril de 2013, fue admitida y notificada al Estado demandado seis días después. Seguidamente, el 17 de abril de 2014, Bolivia entregó su Memoria y 90 días más tarde, el 15 de julio, Chile objetó la competencia de la Corte de manera preliminar. Ese incidente dilató el proceso cerca de 14 meses, hasta el 25 de septiembre de 2015, cuando el principal órgano judicial de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena por 14 votos a favor de 16 posibles. Ahora Chile debe presentar su Contramemoria y puede hacerlo hasta el 25 de julio de 2016, cuando fenezca el plazo establecido por la CIJ. Por tal motivo, resulta oportuno reflexionar en el entretanto sobre los posibles argumentos que usará la defensa chilena en ese documento.

Al respecto, la revista chilena “Qué Pasa” publicó un artículo intitulado: “La historia, la clave para enfrentar demanda boliviana”, que, con el fin de identificar los posibles argumentos de la Contramemoria chilena, comenta los “errores e impresiones” que, según la interpretación de “algunos investigadores chilenos consultados”, contienen el discurso de Evo Morales y El libro del Mar.   

En primer lugar, el artículo se refiere al arbitraje que, según lo acordado por ambos países en 1875, se tenía que aplicar para resolver los asuntos concernientes a la inteligencia y ejecución del Tratado de 6 de agosto de 1874. De acuerdo a la referida publicación, el discurso de Evo Morales no considera que Chile ofreció aplicar el arbitraje antes de “ocupar” Antofagasta. Pero ese arbitraje nunca se realizó porque antes de llegar a un acuerdo sobre su ejecución (el representante chileno en La Paz, Pedro Nolasco Videla, ofreció realizar el arbitraje por última vez el 8 de febrero de 1879, mediante un ultimátum que le daba a Bolivia un plazo perentorio de 48 horas para responder, y a los 4 días, es decir, antes de que la respuesta a ese ultimátum pudiese haber llegado a Santiago, los barcos chilenos Cochrane y O’Higgins zarparon del puerto de Caldera para invadir Bolivia, ¡la decisión ya había sido tomada!), Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.

Luego el autor del artículo intenta asociar el hecho de que la mayoría de los accionistas de la empresa de Salitres de Antofagasta eran chilenos (70% aproximadamente), con una supuesta “violación” de parte de Bolivia al Tratado de 1874. Pero el presunto incumplimiento del tratado – no pudo haber sido una violación en ningún caso -, si es que lo hubo, no es un justificativo válido para desconocer la vigencia de un acuerdo internacional e iniciar una guerra. No lo era entonces y tampoco lo es hoy.

Respecto a la mayor proporción de chilenos accionistas en la empresa de Salitres de Antofagasta, en relación a los ingleses que también eran accionistas, hay que tener en cuenta que no eran chilenos cualesquiera, sino que algunos de ellos eran Ministros del Gobierno de Aníbal Pinto (Cornelio Saavedra Rodríguez era Ministro de Guerra y Julio Zegers Samaniego era Ministro de Hacienda). Lo cual confirma que los intereses oligárquicos anglo-chilenos jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico, aunque la narrativa oficial del país del Mapocho no lo reconozca.

Seguidamente, al referirse al rol de Diego Portales, el autor le atribuye a ese obscuro personaje, el haber propiciado “la suscripción del Tratado de paz entre Bolivia y el Perú”, después de que el proyecto confederativo del Mariscal Andrés Santa Cruz fracasara, precisamente porque Chile y los opositores bolivianos y peruanos de entonces, se levantaron en armas contra el gobierno confederado de Bolivia y Perú, al mando de Santa Cruz. Al ser absolutamente falso que Portales haya participado en la “pacificación” que siguió a la desintegración de la Confederación Perú – Boliviana, entre otras cosas por estar muerto para entonces (era 1839 y Portales había sido asesinado en 1837), no cabe hacer más aclaraciones.

Después el autor comenta una declaración de Evo Morales sobre la autorización que la Asamblea Legislativa de Bolivia le dio al poder Ejecutivo en 1863, para declarar la guerra a Chile, “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”. Pero más allá de las precisiones que hace el artículo sobre la fecha (el decreto es de 5 de junio y no de 5 de julio como supuestamente dijo Morales) y la semántica empleada (fue autorización y no recomendación), el hecho demuestra, que ya en 1863, Chile tenía propósitos expansionistas.

Luego, para afirmar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile, el autor recurre a la opinión de la historiadora chilena Valentina Verbal, quien, curiosamente, sostiene que historiadores bolivianos como Roberto Querejazu y Carlos Mesa, “reconocen que no fue imposición”. Sin embargo, cuando uno revisa los libros Guano, Salitre, Sangre (1979) del primero o Historia de Bolivia (2003) del segundo, evidencia que si bien ninguno de los dos autores afirma que Chile amenazó militarmente a Bolivia en 1904, sí destacan que la situación del país en ese momento era muy complicada. Nos encontrábamos debilitados militarmente después de la Guerra del Acre con Brasil (1899, 1902-1903), teníamos la urgencia de definir nuestras fronteras con los otros 4 vecinos, con quienes teníamos serias discrepancias sobre los límites (principalmente con Paraguay) y teníamos a Chile, presionando económicamente, mediante el régimen comercial impuesto bajo la amenaza del uso de la fuerza en 1884, mediante el Pacto de Tregua (artículo 6), conocido como “el dogal aduanero”. Por tanto, si bien no hubo amenaza de una nueva invasión chilena en esa ocasión, sí influyeron otros factores que no le permitieron a Bolivia suscribir ese tratado libre y espontáneamente. Factores de los cuales, el vencedor de la guerra del Pacífico se valió para legitimar su dominio sobre los territorios que había ocupado en la contienda.   

Finalmente, en referencia a los argumentos jurídicos, el artículo afirma que los ofrecimientos que hizo Chile de darle a Bolivia una salida soberana al mar, “no son fuente de derecho ni menos de obligación” porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor”. Sin embargo, las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado (que solo son obligatorias cuando se cumple al menos una de las manifestación de consentimiento: firma, canje de ratificaciones, aceptación, aprobación o adhesión), sino que dichas manifestaciones se convierten en obligatorias cuando se cumplen los dos siguientes requisitos: 1) haber sido expresadas por representantes autorizados del Estado (Presidentes, Cancilleres, Embajadores o Ministros plenipotenciarios) y 2) haber sido emitidas de manera formal, con el propósito de quedar obligado a cumplir el acto específico que mediante esa manifestación se prometió, reconoció o renunció. Por tanto, por más de que no existan acuerdos ratificados por ambos congresos y en vigor actualmente, el Estado chileno adquirió una obligación jurídica no convencional que consiste en negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima.        

Por todo lo dicho, sin ánimo de subestimar los argumentos de nuestro adversario en el juicio ni de pecar de triunfalista anticipadamente, no parecen existir argumentos sólidos que Santiago pueda utilizar para refutar lo presentado por nuestro país, que, como es sabido, se fundamenta en los hechos históricos que revelan que Chile se comprometió y prometió formalmente negociar un acceso soberano al mar para Bolivia y, jurídicamente, se apoya en los Actos Unilaterales de los Estados y en el derecho de los tratados.     

Legalismo chileno frente al Pacto de Bogotá

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Pagina Siete

De los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado demandarlo nuevamente por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países. 

 

El legalismo chileno o legalist chilensis en latín, es un concepto que define esa conducta tan arraigada y característica de nuestros vecinos del sudoeste que se someten y respetan las leyes y las instituciones con una naturalidad verdaderamente notable. Una forma de comportamiento social sin parangón en la región latinoamericana que les ha permitido a los chilenos lograr avances significativos en términos económicos, sociales e institucionales. Se trata de una identidad nacional legalista que no sólo muestra una conducta social positiva, similar a las que tienen las sociedades del "primer mundo”, sino que también es utilizada políticamente por las élites gobernantes de Chile para mostrar a un país serio y respetuoso del sistema internacional, cuando en realidad no lo es.  

En efecto, el discurso del respeto al derecho internacional y de la "intangibilidad” de los tratados, que tanto esgrimen las autoridades de La Moneda y que tan bien conocemos bolivianos y peruanos, es un reflejo de esa identidad legalista chilena (Lizama, Natalia. El constructivismo como una nueva perspectiva para analizar las relaciones entre estados: el caso de la crisis del gas entre Bolivia y Chile. 2013. Universidad de Talca: 95). Un discurso que guarda una innegable coherencia con la conducta social que aquí comentamos, pero que choca con la realidad porque Chile no cumple ni ha cumplido varios de sus compromisos internacionales (Pacto de Paucarpata de 1837, Tratado de Ancón de 1883, Tratado de Paz y Amistad de 1904 y varios compromisos formales de darle a Bolivia una salida soberana al mar, entre otros) y porque según el Derecho Internacional los tratados no son "intangibles”, sino que se pueden modificar con el acuerdo de las partes.  

Al respecto, el profesor holandés  Gerald Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. 2010. Utrecht University: 215), señala que la identidad legalista chilena viene de los tiempos de la Colonia, cuando la Capitanía General de Chile recibió a una importante masa de inmigración europea. Posteriormente, el legalismo chileno se mantuvo durante la República gracias a la estabilidad política e institucional que por la razón o la fuerza garantizaron o impusieron los gobiernos democráticos y dictatoriales de La Moneda. El acatamiento a las autoridades y al orden establecido marcó la sucesión relativamente ordenada y periódica de los gobiernos de Santiago y se convirtió así en un rasgo distintivo de la sociedad chilena que hasta el día 

de hoy se mantiene, principalmente en relación con  Bolivia y Perú.

No obstante, según Van Der Ree (2010: 216), si bien la identidad legalista chilena ha favorecido al mantenimiento del Estado de derecho y al funcionamiento del sistema nacional,  también ha dañado y complicado las relaciones de Santiago con sus vecinos del norte, que no son tan respetuosos de las instituciones ni de las leyes y que desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884), mantienen serias disputas territoriales con el país del Mapocho. En respuesta a esos reclamos, Chile aplicó una estrategia basada en su identidad legalista que arguye la existencia de tratados de límites vigentes, y que se presenta a sí mismo como un actor más que político, legalista. Paradójicamente, señala el analista holandés, esa postura les ha dado a bolivianos y peruanos la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para sus reclamos: "En lugar de insistir infructuosamente en la naturaleza política y bilateral de sus demandas, ambos han empezado a seguir una estrategia legalista. Haciendo uso de las instituciones internacionales y presentando sus asuntos como problemas legales y no políticos”. De esa manera, concluye casi proféticamente Van Der Ree (2010: 217), Bolivia y Perú "pueden vencer a Chile en su propio juego”.

Esta realidad, por la cual Chile adoptó una política reactiva frente a sus adversarios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha sido reconocida por algunos analistas chilenos que han criticado duramente la "esclavitud jurídica” que mantiene la diplomacia chilena y que han exigido un cambio de estrategia. Es el caso del periodista y exdiplomático José Rodríguez Elizondo (Un caso de diplomacia Secuestrada. 2015. Revista Tribuna Internacional: 95), quien escribió sobre la dificultad que tradicionalmente han tenido los diplomáticos chilenos para ejercer su creatividad en negociaciones que no sean comerciales, precisamente porque la "ideología legalista chilena” amparada en la "intangibilidad de los tratados” causa "innegociabilidad”.   

Así, el retiro de Chile del Pacto de Bogotá, que en el último tiempo se ha debatido álgidamente en los foros de discusión política del vecino país, no resulta tan incomprensible o disparatado, aunque sí contradictorio e incoherente con la tradicional narrativa chilena del respeto a los tratados internacionales y con la misma identidad legalista chilena. No obstante de ser así, es decir, si Chile decide retirarse del Pacto de Bogotá como lo hizo Colombia hace unos años, el país del Mapocho se expondría a recibir nuevas demandas durante el año de plazo que debe transcurrir entre la denuncia 

del Pacto y el cese de sus efectos para el Estado denunciante (Artículo LVI).   

En tales circunstancias, de los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado a presentar nuevas demandas por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países (Silala, Lauca, Caquena, paralización del Tren Arica – La Paz, desminado, cumplimiento del libre tránsito, entre otros), que el Gobierno boliviano podría y debería llevar a la CIJ para no desaprovechar la oportunidad de resolverlos en esa instancia. En otras palabras, no podríamos esperar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá sin antes presentar al menos una demanda más en su contra, tal como ocurrió cuando Colombia denunció el Pacto y fue demandado por Nicaragua con dos demandas más.   

Por lo tanto, para no contradecir su tradición legalista que tan buenos resultados le ha dado en otros ámbitos, Chile debería adoptar una política más amigable con sus vecinos del norte.  Una política que en lugar de negar la existencia de problemas pendientes, los encare con valentía y con la verdadera intención de resolverlos (buena fe). La negociación, que es el camino alternativo a la judicialización, y a la cual Santiago ha rehuido a partir de noviembre de 2010, no supone la capitulación ni la humillación de una de las partes, sino más bien el beneficio de todos los participantes mediante un arreglo civilizado e inteligente que podría resolver los problemas que nos dividen. En ese sentido, no es necesario denunciar ningún tratado ni convertirse en un paria del Derecho Internacional; lo que hace falta es voluntad de diálogo, buena fe y mucha creatividad para alcanzar acuerdos que nos permitan mirar al futuro como países amigos y no como enemigos que alguna vez fuimos, y todo ello se podría lograr sin dejar de lado lo bueno que tiene el legalismo chileno.

La narrativa oficial chilena sobre la invasión de 1879

El gobierno de Chile construyó y difundió el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. 

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por La Razón (Animal Político) 

Hace 137 años, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra y estalló así la conflagración que dejó a nuestro país sin acceso soberano al mar. Cerca de 50 días después, a principios de abril, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, con lo que se iniciaron oficialmente las hostilidades.

La narrativa oficial del país que resultó vencedor de la contienda no reconoce estos hechos tal como han sido descritos. De hecho, en su versión de la historia, Chile tuvo que “ocupar” Antofagasta porque el gobierno boliviano había "roto" el Tratado de 1874 que en ese momento definía la frontera, y fue Bolivia la que primero declaró la guerra.

Por lo dicho, en las siguientes líneas intentaré contribuir al debate sobre ésta y otras discrepancias de la historia, que no han permitido desarrollar una relación de buena vecindad entre ambos países, y que muy por el contrario nos mantienen distanciados, sin relaciones diplomáticas, con varios temas pendientes y con un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En ese sentido, a continuación se presenta un análisis crítico del discurso oficial de Chile, basado en los escritos de algunos entendidos en la materia.

Las discrepancias que existen respecto a la historia, según la historiadora peruana Carmen Mac Evoy (2011: 90), se originan en el periodo que antecedió y contemporizó con la Guerra del Pacífico, cuando el gobierno de Santiago comenzó a construir y difundir el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. De hecho, la idea primigenia era implementar el proyecto político-militar chileno que, concebido con razones económicas y expansionistas, se explicaba al público, principalmente chileno, con un discurso de ideales occidentales, cristianos y republicanos traídos desde Europa, donde el concepto de “guerra civilizadora” se encontraba mucho más desarrollado (Mc Evoy, 2011: 411). 

En efecto, según el historiador chileno Rodrigo Naranjo (2011: 28-29), que comparte en buena medida lo expresado por Mac Evoy, todos esos ideales europeos, que hacían ver a Chile como un país “superior” en relación a sus vecinos del norte, especialmente en términos militares, legales, morales y raciales, hicieron que los chilenos sientan “la responsabilidad de civilizar a los pueblos bárbaros de Bolivia y Perú” (Mac Evoy, 2011: 17).

A partir de entonces, se va a crear una corriente narrativa chilena que tiende a justificar las intervenciones militares, tanto fuera como dentro del país, y a exaltar los triunfos obtenidos por las armas, como elementos esenciales y fundacionales del discurso nacionalista chileno, que intenta amalgamar el concepto de nación con el nacionalismo (Naranjo, 2011: 40-42). Dicha narrativa que, con algunas innovaciones impulsadas principalmente durante la dictadura pinochetista, se ha mantenido hasta nuestros días, es también uno de los elementos que más ha incidido en la formación de las identidades nacionales chilenas que, a su vez, según el investigador neerlandés Gerard Van Der Ree (2010: 208–223) se manifiestan hacia Bolivia y Perú con un cierto aire de superioridad y con actitudes esencialmente neoliberales, legalistas y pragmáticas.  

Por estos motivos, no debería extrañarnos que existan diferencias abismales en cuanto a lo que creemos que ha ocurrido en el pasado y en nuestras visiones sobre la política que debemos adoptar frente al otro. No debería extrañarnos, por ejemplo, que existan ciudadanos chilenos que crean sinceramente en una versión diferente de la historia, que se contrapone a lo que señalan las historiografías de Bolivia y Perú, y a lo que afirman otras versiones, consideradas neutrales e imparciales, como la de la CIJ. En este punto, no solo nos referimos a ciudadanos sin acceso a una educación de calidad, sino también a personas con estudios y que incluso ejercen como profesores universitarios. Es el caso de Don Mario Arnello Romo, un abogado chileno, aficionado a la historia y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, quien criticó duramente a los magistrados de la CIJ por su fallo sobre la objeción preliminar chilena. En un artículo que el aludido publicó en la revista Tribuna Internacional, se puede leer que, en sus antecedentes históricos, dicho fallo contiene “errores, falsedades y omisiones graves”, que configuran “una tergiversación tan burda de la realidad, que debería ser oficialmente representada a la Corte y, de no ser aclarada debidamente, debe dejarse debida constancia de su rechazo” (Arnello, 2015: 52). 

De acuerdo con su opinión, “es falso, de falsedad absoluta”, que Bolivia poseía un litoral sobre el Pacífico de varios centenares de kilómetros, tal como lo reconoció la Corte. También sostiene que se omitieron “hechos esenciales”, como por ejemplo que en 1866 Chile “le cedió” a nuestro país, “con idealismo americanista” y “gratuitamente”, el territorio litoral que las tropas chilenas “reivindicaron” en 1879 y que, el General Daza, entonces presidente de Bolivia, habría violado “deliberadamente” el Tratado de 1874, razón por la cual Chile “ocupó” Antofagasta (Arnello 2015: 52-56).

Sobre este punto cabe preguntarse si el señor Arnello realmente conoce las disposiciones de la Corona española que le dieron a la Audiencia de Charcas, antecesora de Bolivia, derechos sobre la costas del Pacífico sur, puesto que según el utti possidetis juris de 1810, todas las naciones sudamericanas debían respetar los límites que estableció el régimen español para constituirse como repúblicas independientes. Además, si Bolivia nunca tuvo mar y Chile se lo concedió "gratuitamente", ¿por qué las autoridades chilenas no lo hicieron notar? ¿Por qué no se utilizó ese argumento en la Corte? No tendría ningún sentido que después de 137 años sigamos discutiendo este tema, si supuestamente los bolivianos nunca tuvimos acceso al mar.

Respecto a la confirmación que hizo la CIJ de que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, Arnello (2015: 56) señala que existen omisiones que tergiversan la verdad, porque según su versión, que no cita fuente alguna, pero que sigue fielmente la narrativa oficial chilena, el presidente Daza habría declarado la guerra el 1º de marzo de 1879. 

Sobre este punto, cabe aclarar que lo que hizo Daza en esa fecha no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que preparaba al país para la guerra, pues en esos momentos Chile ya había invadido Antofagasta y había anunciado que pretendía adueñarse de todos los territorios bolivianos, hasta el paralelo 23º de latitud sur. De hecho, la declaratoria de guerra vino después, el 5 de abril de 1879, por parte de Chile, que no habría tenido por qué declarar la guerra a Bolivia si ésta ya la había declarado antes.

Pero más allá de las precisiones que pueda merecer el desinformado artículo de Arnello, basado devotamente en la narrativa oficial chilena, habría que preguntarles a todos nuestros vecinos chilenos que tienen las mismas creencias: ¿es mejor seguir mirando por sobre el hombro a Bolivia y Perú?, o ¿es mejor buscar un arreglo negociado a los problemas que causó la invasión de 1879?

Referencias 

• Arnello Romo, Mario (2015) CIJ: Una sentencia errónea y ajurídica. Una derrota política previsible. Revista Tribuna Internacional. Santiago - Chile. [En línea, conulta: 10/02/2016] http://www.tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/viewFile/38178/39836
• MacEvoy, Carmen (2011) Guerreros Civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Centro de Estudios Bicentenario. 2da. Edición. San Isidro Lima - Perú. 
• Naranjo, Rodrigo (2011) Para desarmar la Narrativa Maestra. 2011. Quillqa Serie IIAM Universidad Católica del Norte. Ocho libros. Antofagasta - Chile. 
• Van Der Ree, Gerard (2010) Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. Utrecht University. Utrecht - Países Bajos.   

Mapa de pérdidas territoriales de Bolivia y la lógica chilena

Chile pretende difundir la extraña lógica de que Bolivia no tiene nada que reclamar porque otros países le arrebataron más territorio.

Fuente Emol 2015.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

Hace algún tiempo el ex presidente chileno  Ricardo Lagos Escobar dijo que Bolivia nació a la vida independiente con más del doble de territorio del que actualmente posee y que, de todo el terreno perdido, sólo el 11% está en poder de Chile. Pero más allá de las implicaciones políticas que tienen esas afirmaciones y de sus imprecisiones que serán aclaradas más adelante,  al parecer, las declaraciones del exmandatario chileno fueron tomadas muy en cuenta por el canciller de ese país, Heraldo Muñoz, que decidió incluir en su estrategia comunicacional para hacer frente a la demanda marítima boliviana, un mapa que refleja exactamente lo que Lagos afirmó y que pretende difundir la extraña lógica chilena de que Bolivia no tiene nada que reclamar a Chile porque otros países le arrebataron más territorio.  

En efecto, según esa lógica, un ladrón es menos ladrón porque a su víctima también le robaron otros ladrones; o un violador es menos violador porque la víctima fue violada después por otros violadores que, según su propio entender, le hicieron más daño. 

Esta nueva lógica chilena, que afortunadamente ya no desconoce la usurpación y la anexión territorial forzada, no toma en cuenta el concepto de cualidad marítima, es decir, que el daño infligido no sólo se mide en términos cuantitativos (kilómetros cuadrados), sino principalmente en términos cualitativos (acceso a otros espacios geográficos). 

En comparación con las otras dos grandes pérdidas territoriales que sufrió nuestro país en favor de Brasil y Paraguay (con Argentina no hubo pérdidas territoriales y con Perú fue mucho menos), es bien sabido que Bolivia no dejó de ser un país amazónico al perder parte del Acre en el primer caso ni que tampoco dejó de ser un país chaqueño por dejar de poseer parte del Chaco boreal en el segundo caso. No obstante, con Chile, como consecuencia de la Guerra del Pacífico, Bolivia dejó de ser un país marítimo puesto que perdió su única salida soberana al océano Pacífico y por ese motivo se convirtió desde entonces en un país geográficamente enclaustrado, es decir, un país sin mar.    

Aunque este concepto de cualidad marítima fue amplia y didácticamente explicado por nuestras autoridades al público chileno en varias oportunidades (desde Jaime Paz Zamora en la Asamblea General de la ONU de 1989 hasta Carlos Mesa en el programa de televisión El Informante de TVN en 2015), los encargados de la diplomacia chilena parecen no querer entender lo que Bolivia reclama y prefieren insistir en que este es un tema netamente territorial y eso, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya descartó de plano los argumentos chilenos de que la demanda boliviana estaría buscando modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta y que ello pondría en riesgo el sistema internacional de las fronteras. 

Esa tozudez y falta de voluntad por entender la posición del otro que manifiestan las autoridades chilenas con su retórica intransigente y con su mapa de las pérdidas territoriales de Bolivia, no les permitirá avanzar en sus propósitos frente a la demanda boliviana porque se basa en una lógica moralmente equivocada y porque nadie en el mundo podría apoyar algo semejante. De hecho, ese mapa sólo servirá para reafirmar la legitimidad y la justicia de la demanda marítima boliviana que ya recibió el apoyo de innumerables personalidades, países y organismos internacionales. 

En cuanto a las palabras del expresidente Lagos, que luego fueron reafirmadas por el otro expresidente de Chile, Eduardo Frei,  cabe precisar que Bolivia no perdió la mitad de su territorio a manos de sus cinco vecinos, sino que en realidad lo perdido fue mucho menos de la mitad. De hecho, en todos los casos, excepto con Chile y Brasil, los límites fronterizos no estaban claramente definidos, se trataba de territorios en disputa en los que tanto Bolivia como los otros tres países circundantes tenían títulos provenientes de la Colonia que se sobreponían y en algunos casos se contradecían.

El Canciller Muñoz junto a los Diputados chilenos que mostraron el mapa de pérdidas territoriales de Bolivia 

Por tanto, no es correcto decir que Bolivia llegó a tener más de dos  millones de kilómetros cuadrados porque sobre una buena parte de esos territorios también concurrían los intereses y derechos de peruanos, argentinos y paraguayos que, al igual que los bolivianos, tenían títulos de posesión sobre esas tierras.

En el caso de Chile y Brasil es diferente porque con ambos países Bolivia había suscrito tratados de límites en el siglo XIX que definían claramente el límite fronterizo, es decir que no se trataba de territorios en disputa. No obstante, a pesar de ello, ambos países desconocieron lo acordado para apoderarse de lo que antes habían reconocido formalmente como boliviano. 

Por todo lo dicho, los encargados de difundir la posición de Chile ante la demanda boliviana deberían reflexionar sobre la calidad de sus argumentos y también sobre la efectividad de los mismos, pues no será difícil para Bolivia rebatir lo que vayan a explicar con esa su lógica equivocada y con su mapa de pérdidas territoriales, que en última instancia contribuye a demostrar que la demanda marítima boliviana no sólo se basa en argumentos históricos, económicos y jurídicos, sino también geopolíticos.