Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón
El pasado 12 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su extrema molestia por la nota que Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para hacerle conocer su posición sobre el litigio peruano-chileno y evitar así que su derecho a recuperar un acceso soberano al mar se vea afectado por el fallo inapelable que ese alto Tribunal emitirá al respecto.
Publicado en La Razón
El pasado 12 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su extrema molestia por la nota que Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para hacerle conocer su posición sobre el litigio peruano-chileno y evitar así que su derecho a recuperar un acceso soberano al mar se vea afectado por el fallo inapelable que ese alto Tribunal emitirá al respecto.
No sorprende el enorme disgusto de Chile, pero sí la agresividad de los términos empleados para manifestarlo, acusando a Bolivia de no tener “derecho alguno para intervenir en el proceso contencioso” y de “atribuir connotaciones jurídicas a planteamientos políticos e interpretaciones antojadizas”, y esto, a pesar de que el gobierno boliviano aclaró en su nota que no tiene un interés de orden jurídico que le permita intervenir como una tercera parte en el litigio.
La quisquillosa reacción de Chile demuestra que no tiene la voluntad política para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia pero también deja entrever que su gobierno está consciente que es un asunto que debe ser resuelto, porque como bien saben, la nota de Bolivia no podrá influir en la definición del conflicto chileno-peruano ya que, según el Estatuto de la Corte, los jueces sólo pueden fallar conforme a derecho (art.38), es decir, considerando únicamente los derechos jurídicos de las partes o de un tercero en el conflicto. Por tanto, no le corresponde a Chile censurar ni prohibir el pronuncionamiento boliviano en este asunto, más aún cuando los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían permitir a Bolivia recuperar un acceso soberano al mar.
Si bien, por lo dicho, la nota boliviana no servirá para evitar que el fallo de la Corte afecte, si es que lo hace, a los intereses y derechos de Bolivia a recuperar una salida soberana al mar; al menos sí se podrá evitar que en el futuro Chile utilice el argumento de que el gobierno boliviano no se pronunció cuando chilenos y peruanos definían la pertenencia de los territorios que más factiblemente podrían servir para ese propósito, y desentenderse así de la obligación histórica y moral de devolver a Bolivia su cualidad marítima.
Por otra parte, es necesario reconocer que el gobierno boliviano contribuyó a que Chile reaccione tan airadamente, por haber anunciado que apelará a instancias internacionales para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar, cuando no cuenta con los argumentos jurídicos suficientes para lograr ese propósito. No obstante, aún así, no está bien que el gobierno chileno califique a nuestro derecho de reintegración marítima como “antojadizo”, pues si bien es cierto que con el transcurso del tiempo perdimos los argumentos jurídicos para exigir la devolución de los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, nuestros derechos históricos y morales a recuperar una salida soberana al mar están totalmente vigentes y su legitimidad, muchas veces reconocida por los gobiernos chilenos, es incuestionable.
Es cierto que si Bolivia no habría anunciado su riesgosísima intención de judicializar el tema marítimo, el exabrupto de Chile habría sino menos explosivo, no obstante, su quisquillosa reacción, nos hace ver que está en el subconsciente chileno que el encierro de Bolivia no puede ser eterno.
