Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón
La estrategia adoptada por Chile para enfrentar las demandas de Perú y Bolivia presentadas ante la Corte Internacional de Justicia, es y ha sido totalmente distinta.
 |
| Foto satélital del Pacífico sur, Fuente: Google earth. |
Al acercarnos a la tercera década del siglo XXI, las
relaciones político-diplomáticas de los países que por su ubicación geográfica concurren
a las costas del Pacífico sur, se mantienen como de costumbre, frías y
destempladas. Por un lado está Chile que con un discurso legalista y un armamentismo
sostenido, intenta prolongar el statu quo
territorial impuesto por sus gobernantes a partir del siglo XIX, mediante los
tratados que dieron fin a la guerra del Pacífico. Por el otro lado tenemos a Perú
y Bolivia, que sin plantear la modificación de dichos tratados, han demandado
al país del Mapocho ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con el fin
de obtener una delimitación marítima equitativa y un acceso soberano al mar
respectivamente.
Pero si bien las dos demandas surgen de problemas derivados
de la guerra del Pacífico y ambas fueron interpuestas ante la CIJ en aplicación
del Pacto de Bogotá (artículo XXXI), la estrategia adoptada por Chile para
enfrentarlas es y ha sido totalmente distinta.
En efecto, para enfrentar al Perú, el gobierno de Chile
aceptó aplicar la política de “cuerdas separadas”, que había sido propuesta por
el entonces presidente peruano Alan García, con el fin de “resguardar” las inversiones
que existen entre ambos países y los intereses económicos de los respectivos inversionistas.
Mientras que para enfrentar a Bolivia, La Moneda decidió adoptar una política
de “cuerdas entrelazadas”, en la que además de rechazar el juicio como
mecanismo pacífico de solución de controversias en este caso, no puede separar lo
que se discute en la CIJ de lo que son las relaciones político-consulares,
incluyendo la aplicación del libre tránsito para el comercio boliviano en
puertos chilenos y las políticas de migración, tal como lo revela un video
publicado a mediados de marzo por Santiago.
Por otra parte, a pesar de que en ambos casos las
autoridades chilenas rechazaron la existencia de una controversia jurídica y la
subsistencia de asuntos de límites pendientes, por haber sido supuestamente resueltos
mediante los acuerdos suscritos en 1952 y 1954 con Perú, y en 1904 con Bolivia;
la estrategia chilena para enfrentar los dos casos tampoco fue la misma. Frente
a la demanda peruana, Chile aceptó ingresar al proceso de fondo sin presentar excepciones
de ningún tipo; pero ante la demanda boliviana, decidió objetar la competencia
de la Corte de manera preliminar, sin haber logrado lo que buscaba.
Los resultados de dichos procesos hasta el momento, han hecho
que la diplomacia chilena también adopte una postura radicalmente diferente frente
a Bolivia y Perú, pues mientras que frente al primero mantiene el discurso de que
los tratados de límites son “intangibles”, en referencia a la supuesta imposibilidad
de revisar el Tratado de 1904; frente al segundo, el gobierno chileno no se ha
mostrado dispuesto a respetar lo convenido en el Tratado de 1929, en cuanto a
que la frontera terrestre parte “de un punto de la costa que se denominará
"Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río
Lluta” (Artículo 2º).
Este último punto, además de haber generado una controversia
limítrofe por un territorio triangular de 3,6 kilómetros cuadrados, aún
pendiente, ha puesto en evidencia una vez más las contradicciones del discurso
legalista de Chile, que se jacta de respetar los tratados internacionales pero
que en la práctica no los respeta cuando no le conviene (Perú) o cuando sencillamente
no le interesa (Bolivia).
Sumado a ello, el proyecto del corredor bioceánico que debe unir
al Pacífico con el Atlántico, también ha tensado el relacionamiento en el
Pacífico sur, porque a pesar de que en 2007 los presidentes de Bolivia, Brasil
y Chile acordaron construir el corredor entre el puerto brasileño de Santos y
el puerto chileno de Iquique; en el último tiempo, el gobierno del Perú ha
logrado desviar ese proyecto hacia sus costas en desmedro de los intereses de
Santiago y con el beneplácito de La Paz. Lo cual está aún más avanzado en el
caso del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que unirá a las terminales
portuarias de Santos e Ilo, pasando por territorio boliviano.
Toda esta sucesión de hechos, agravada por los nuevos casos
de espionaje chileno, descubiertos por las Fuerzas Armadas del Perú, y el uso
no autorizado de las aguas bolivianas del Silala por parte de Chile, que ya
mereció el anuncio de una nueva demanda por parte de Bolivia ante la CIJ;
marcan el complejo escenario en el que se desarrollarán las relaciones
político-diplomáticas del Pacífico sur en los próximos años.
En ese sentido, el nuevo gobierno del Perú, que estará
presidido por Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski, y que tendrá que gobernar
con un congreso mayoritariamente fujimorista, que podría darle viabilidad política
a las concesiones ofrecidas a Bolivia en Ilo el año 2010; deberá lidiar y entenderse
con las administraciones de Evo Morales y Michel Bachelet, al menos en sus
primeros años, para intentar resolver los problemas que por tanto tiempo nos
han distanciado.
El desafío es grande no sólo por la complejidad de los
problemas mencionados sino también por las diferencias ideológicas de las
autoridades a cargo, pues el nuevo gobierno del Perú, sea de la derecha
populista que representa Fujimori o de la derecha neoliberal que encarna a Kuczynski,
deberá entenderse con la administración boliviana de izquierda socialista de
Morales y con el gobierno chileno de izquierda neoliberal de Bachelet, que
tampoco mantienen buenos tratos entre ellos desde hace unos años.
En conclusión, aunque el futuro no parece muy promisorio,
como ciudadanos del Pacífico sur no nos queda más que confiar en la habilidad
de nuestros gobernantes para entenderse y resolver los problemas que
arrastramos desde la guerra del Pacífico. Todo ello para que las futuras
generaciones puedan dedicarse a elaborar proyectos de cooperación y desarrollo
conjunto, en lugar de trabajar en la solución de los problemas que nos dejaron
nuestros antepasados.
