Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.
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| Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983 |
Por; Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón
Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse
de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de
nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia
siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según
ellos, no nos sirve de nada.
Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por
la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha
latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil);
no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el
gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad
que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.
En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales
interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que
ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de
buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la
OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a
los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia
una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente
menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos
que estamos cerca de una posible negociación con Chile.
Mas bien, lo que debemos hacer es
destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la
OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones
para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema
Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.
Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta
nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con
el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a
que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…)
que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre
bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes
involucradas”.
Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile,
así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de
negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en
distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y
destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso
judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.
En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a
Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que
necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan
y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la
respaldó en el pasado.
Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses
nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo
que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de
la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni
conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos
que obtuvimos en esa instancia.
