El retroceso de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El incidente por la "base militar patrulla Cariquima" que Chile pretendía instalar a 15 Km. de la frontera, develó nuevos aprestos bélicos de nuestro vecino que fueron denunciados a tiempo por Evo Morales.

La Base Militar Patrulla Cariquima. Fuente: El Deber.

La reciente controversia generada por el establecimiento de una base militar en Cariquima, Chile, a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia (29 kilómetros en carretera), ha provocado reacciones contradictorias e insólitas en el país del Mapocho, que luego fueron complementadas con un notable retroceso. 

En efecto, en un primer momento, el Ministerio de Defensa y la Cancillería de Chile, reaccionaron reconociendo y desconociendo respectivamente, la existencia de dicha base militar. Por una parte, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien alguna vez se manifestó a favor de dar a Bolivia una salida soberana al mar, hizo unas declaraciones en las que confirmó el refuerzo de la seguridad nacional de su país con "la base militar patrulla Cariquima” donde, según él mismo, se tenía previsto establecer un sistema antiaéreo de misiles tierra-aire (M1097 Avenger). Por otra parte, tras la previsible protesta de Evo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado de prensa que, a tiempo de aclarar que se trataba de una "intensificación del patrullaje militar”, señala textualmente: "No existe tal supuesta instalación militar”, "es totalmente infundada la acusación del Presidente boliviano de que Chile habría instalado una base militar ‘ilegal’ a menos de 15 kilómetros de la frontera con ese país, en la zona del Río Silala”. 

Mensajes contradictorios de los ministerios chilenos que el mandatario boliviano puso en evidencia rápidamente y que mostraban una clara intención por asociar el asunto de la base militar con el Silala.

Unos días después, y de manera insólita, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, respondió al Presidente boliviano, posiblemente con el aval de su Cancillería -ente encargado de la política exterior chilena-, para mandar a callar al Mandatario boliviano y acusarlo de muchas cosas, entre ellas, como lo había manifestado la Cancillería, de haber dicho que la base militar de Cariquima estaría "cerca del Silala”, cuando lo que dijo Morales es que está cerca "de la frontera”. En este punto cabe destacar que las autoridades chilenas, con ayuda de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, lograron instalar la percepción, incluso en Bolivia, de que las denuncias de Evo Morales estarían relacionadas con la controversia por los manantiales del Silala, cuando la protesta de Morales, tal como se puede verificar en sus declaraciones, se refiere exclusivamente a la base militar que Chile tenía previsto instalar en Cariquima sin haberlo comunicado a Bolivia, tal como indican los acuerdos sobre la materia y como aconseja la prudencia en estos casos en los que cualquier movimiento militar puede generar comprensibles suspicacias. 

Imagen satelital de Cariquima (a 15 km de la frontera) , Fuente: Google erath

Y si bien no debemos mezclar el tema del Silala con la decisión de instalar una base militar cerca de la frontera, tampoco podemos descartar que el anuncio boliviano de acudir a la justicia internacional para resolver el problema del Silala haya motivado el "aumento” del "patrullaje” militar chileno cercano a la frontera. 

Al respecto, en los últimos cinco años, se ha hecho evidente que las denuncias que ha venido haciendo Evo Morales sobre: 1) el exagerado armamentismo de Chile; 2) las minas antipersonal y antitanque que mantiene enterradas en su lado de la frontera; 3) los ejercicios militares que realiza anualmente el Ejército de ese país cerca de Bolivia y Perú;  y 4) ahora, el establecimiento de una base militar también muy cercana de nuestro territorio  revelan una clarísima y manifiesta intención de mostrar al Gobierno de La Moneda tal como es: socialista y pacifista en el discurso, pero neoliberal y militarista en la práctica. De hecho, a pesar de que la diplomacia chilena se ha esforzado en los últimos cinco lustros por limpiar la mala imagen internacional que le dejó la dictadura de Pinochet y lo han logrado en buena medida, hay que reconocerlo,  todavía no ha dejado de lado su deplorable política de disuasión (Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012 – 2024), que se fundamenta en el paradigma que ha guiado el accionar de Chile históricamente: "por la razón o la fuerza”.      

Pero lo que más llama la atención es que aun cuando las intenciones del Presidente boliviano son claras y manifiestas, las autoridades chilenas siguen sin comprender que su política reactiva, que ahora se manifiesta en reacciones contradictorias e insólitas, ha contribuido poderosamente a levantar más polvo sobre toda esta controversia boliviano-chilena que es precisamente lo que busca Evo Morales con sus denuncias, mostrar  al mundo que Chile es un mal vecino. 

En este aspecto, Evo Morales, principal conductor y único ejecutor de la política exterior boliviana, ha logrado marcar el ritmo de las relaciones con Chile, interponiendo demandas (CIJ, Aladi), anunciando más procesos judiciales y capitalizando cada movimiento militar chileno en favor de sus pretensiones político-estratégicas. Al otro lado, la diplomacia chilena, que en orden de importancia se halla representada por el Canciller, el Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, la Presidenta, el Ministro de Defensa y últimamente, la Alcaldesa de Antofagasta,  no ha logrado contrarrestar ni jurídica, ni política  ni comunicacionalmente lo hecho por el mandatario boliviano.     

Karen Rojo, Alcandesa de Antofagasta, Fuente: YouTube

En este selecto grupo de la diplomacia chilena se podría incluir a la subsecretaria de Defensa, Paulina Vodanovic, que fue la encargada de manifestar, a nombre de su gobierno, unas palabras que confirmaron implícitamente el retroceso de establecer una base militar a 15 kilómetros de nuestro país. En efecto, la citada autoridad informó desde Cariquima, donde llegó en un avión militar Hércules (Cariquima cuenta con una pista de aterrizaje a pesar de tener tan sólo 80 habitantes) acompañada de una comitiva de diputados y periodistas: "Esto no es una base militar. Lo que hay aquí son labores propias del Ejército, en un número de 12 personas y de apoyo a la comunidad”. Lo cual, naturalmente fue celebrado por Morales, que aprovechó la ocasión para saludar "el retroceso de instalar una base militar en la frontera con Bolivia y Perú” y dijo que espera que sea el "mensaje de la presidenta Bachelet”.  

Efectivamente, aunque las autoridades chilenas difícilmente reconocerán el retroceso y mucho menos que lo hicieron por las protestas de Morales, es importante que lo hayan hecho porque nuestros problemas no se resolverán con despliegues militares ni políticas de disuasión, sino con esfuerzos sinceros por cumplir lo acordado de buena fe y con políticas de buena vecindad.

   

Nueva amenaza de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Las primeras repercusiones que causaron los discursos del Presidente de Bolivia y del Canciller chileno en la última Asamblea General de la ONU, coinciden en señalar un atrincheramiento de posturas en relación al problema marítimo boliviano en ambos lados de la frontera porque, en resumidas cuentas, Bolivia vuelve a quejarse ante la comunidad internacional del problema que genera su situación de enclaustramiento geográfico y Chile responde, una vez más, que nuestro país carece de derecho para reclamar una salida soberana al mar.

Si bien a grandes rasgos esa interpretación es correcta, el actual gobierno de La Moneda le añadió un toque de agresividad a su postura tradicional que sólo se había visto en los tiempos de Toribio Merino, Conrado Ríos Gallardo o Abraham Köning, entre otros. En efecto, después de que el Presidente Morales anunció su intención de judicializar el problema marítimo boliviano, las autoridades chilenas decidieron endurecer su discurso a tal punto que han llegado a proferir serias amenazas contra Bolivia.

A poco del célebre anuncio de 23 de marzo de 2011, el Canciller de Chile dijo que Bolivia “sufrirá las consecuencias” por tal decisión; luego, el Ministro de Defensa amenazó con utilizar las FF.AA. para “hacer respetar los tratados” en alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Seguidamente, el Presidente Piñera puso en consideración del Senado chileno una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que, si bien después dijo que era un borrador, en su página 10 dice literalmente que “resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”, lo cual representa una clara amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos hídricos a las regiones desérticas de Chile y por tanto, el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados.

Finalmente, en respuesta al emplazamiento que hizo Evo Morales a Chile en la Asamblea General de la ONU para resolver el diferendo marítimo a través de mecanismos pacíficos, Piñera decidió amenazar nuevamente a Bolivia al decir que va a defender “con toda la fuerza del mundo” el territorio y la soberanía chilena, tal como si las declaraciones de Morales pusieran en riesgo la integridad territorial de su país. Al respecto, cabe recordar que la amenaza o el uso de la fuerza fueron proscritos de las relaciones interestatales hace mucho tiempo, la primera vez que Chile se comprometió a no utilizar ese medios fue en 1889 al suscribir los acuerdos de la Conferencia Panamericana celebrada ese año en Washington, luego lo hizo directamente con Bolivia al intercambiar las notas revérsales de 1941 y también al suscribir precisamente la Carta de la ONU en 1945 y la de la OEA en 1948. Por tanto, resulta inadmisible que en pleno siglo XXI el gobierno chileno se muestre tan belicoso y agresivo, y más aún ante la solicitud que hace Bolivia de resolver un largo y difícil problema, muchas veces reconocido por Chile, a través de medios pacíficos.

Ya antes el mismo Piñera había dicho que Chile “hará respetar los tratados”, sin embargo, en esta oportunidad, aclaró que utilizará “toda la fuerza del mundo”, lo cual, además de inaceptable y excesivo, es alarmante. 

Los bolivianos discuten y Chile se sigue armando

ANTE UNA NUEVA AGRESIÓN CHILENA
Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Hace tres semanas, el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, publicó en Animal Político de La Razón un artículo referido a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de La Moneda con relación a su política de defensa. Específicamente se refirió a la nueva ley para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que aumenta la disponibilidad de recursos que tiene ese país para enfrentar una guerra; y a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD, 2012-2024), que devela los planes de Santiago para “anticiparse a una agresión armada”. Medidas que, en estos momentos, están siendo evaluadas por el Senado chileno para su aprobación y dictamen.
Lo que más me llamó la atención no fueron las alarmantes afirmaciones contenidas en esa publicación, ni mucho menos la vinculación que hicieron algunos analistas con un artículo mío publicado unos días antes, sino la mezquina y hasta irracional reacción de algunos sectores de nuestro país, principalmente de oposición, que, en su afán por criticar cualquier iniciativa del Gobierno, concentran sus diatribas en la forma cómo se hizo la denuncia y no en el fondo de la misma. Eso, sumado al enmudecimiento absoluto de “las autoridades competentes”, ocasionó que este gravísimo tema sea relegado a un segundo plano.

Es evidente que el mundo ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos en los que Chile acostumbraba enviar sus tropas a invadir Perú y Bolivia (1837, 1839, 1846, 1847, 1857 y 1879) y que en estos momentos sería mucho más difícil que el país del Mapocho inicie una guerra por el repudio internacional del cual sería objeto. No obstante, teniendo en cuenta el clima agresivo, belicoso y contrario al derecho internacional que se vive en ese país —ante la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia dictamine que Chile debe devolver territorios al Perú, lo cual ha sido ampliamente comentado por analistas de ambos países y corroborado por una encuesta de la Universidad Católica y Adimark, que señala que el 73% de los chilenos opina que no debe entregarse ningún territorio al Perú, aun cuando así lo disponga la Corte— debemos olvidarnos de las mezquindades políticas para rechazar unánimemente las medidas que actualmente evalúa el Senado de Chile.

Para nadie es desconocido que el Estado chileno destina desde hace varios años grandes sumas de dinero al potenciamiento de su fuerza militar. Tampoco es secreto que, en aplicación de la Hipótesis Vecinal Tres (HV3), que prevé un escenario de guerra en el cual Chile tendría que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos, el expresidente Augusto Pinochet modificó la Ley Reservada del Cobre 13.196, de 1958, para que el 10% de las exportaciones del cobre y sus derivados sea destinado directamente a la compra de armas. Norma que, por el incremento del precio del metal rojo en los últimos años, se ha traducido en un gasto promedio en armamento de 2.450 millones de dólares anuales entre 2001 y 2011, según datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, 2012).

La cifra proporcionada por Lanchipa, de cerca de 3.000 millones de dólares anuales en la última década, fue extraída de la página web del Ministerio de Defensa de Chile y corresponde al gasto total en defensa; es decir, además de la compra de armas, incluye también salarios, gastos operacionales, infraestructura y misiones militares en el exterior. No obstante, según el Instituto Internacional de Estudios de Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que es una de las instituciones más serias y reconocidas sobre esta materia en el mundo, esa misma cifra habría alcanzado los 6.198 millones de dólares en 2011, que representa el 3,5% del PIB (Producto Interno Bruto) chileno, es decir, más de lo que Argentina, Bolivia y Perú gastaron en conjunto en ese mismo año, que habría sumado 5.485 millones de dólares, equivalentes a un promedio del 1,4% de su PIB.

Estas exorbitantes diferencias, que se han mantenido en los mismos rangos durante ya varios años, han permitido a Chile establecer una clara superioridad militar sobre sus vecinos y desarrollar una capacidad suficiente como para poder enfrentar exitosamente un escenario HV3. Esta situación, que coincide en el tiempo histórico con el posible rechazo de Santiago a un fallo desfavorable a sus intereses de parte de la Corte Internacional de Justicia y con la manifiesta ambición de La Moneda por incrementar el usufructo gratuito que hace de las aguas bolivianas (por ahora el Lauca, el Silala y el Caquena), plantea, sin lugar a dudas, enormes riesgos para Bolivia.

Respecto al usufructo de las aguas bolivianas, la ENSYD chilena contiene claras referencias a la posibilidad de iniciar un conflicto para asegurar el abastecimiento de “algunas regiones (de Chile que) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”. En efecto, en su página diez, ese documento señala: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.

Por tanto, si tenemos un vecino militarmente más poderoso, con antecedentes de violencia en contra nuestra, que deja ver su disconformidad con cualquier resultado desfavorable a sus intereses en el ámbito de la Justicia internacional y que dice estar dispuesto a “concebir un escenario de controversia” para asegurar su acceso al agua que se encuentra precisamente en nuestro territorio, no es momento para iniciar una discusión sobre cuál es el procedimiento que se debe cumplir para anunciar un peligro inminente y quiénes serán los encargados de hacerlo; debemos unirnos y hacer cuanto sea posible para defender a nuestra patria, que, al parecer, podría ser víctima de una nueva agresión chilena.

El Dr. Fausto y la posesión daimónica

Por: Fernando Salazar Paredes

Publicado en Pagina Siete

Lo daimónico -dice Goethe- es aquello que no puede ser explicado por la inteligencia ni por la razón. Es cualquier función natural que tiene el poder de dominar a la totalidad del individuo.

Lo daimónico puede convertirse en el aliciente para la creación o en un terremoto destructivo y, a menudo, en ambas cosas al mismo tiempo. Pero cuando este poder marcha mal y una fracción termina arrancando el control de toda la personalidad se padece de una “posesión daimónica”, término tradicional con el que se ha denominado históricamente a la psicosis.

El director de Diremar, Fausto Lanchipa, ha causado un terremoto destructivo con una declaración oficial, en forma de artículo, titulada “Chile lanza nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región”. El contenido de la nota, per se, no es nada nuevo para los entendidos en la materia. Ya el joven y acucioso diplomático Andrés Guzmán Escobari, en fecha 8 de agosto, se refirió al tema. Palabras menos, palabras más, el alcance de ambas notas es relativamente similar y, desde luego, contiene enunciados con los que no estamos en desacuerdo. No es lo mismo, sin embargo, que lo diga un analista a título personal, que lo exponga y disemine una autoridad gubernamental. La connotación es totalmente diferente.

La declaración oficial de Diremar coloca al Gobierno en una posición sumamente incómoda, pues sobrepasa torpemente las atribuciones que este organismo tiene y que pueden resumirse en: planificar, desarrollar y evaluar la implementación de estrategias para la reivindicación marítima; elaborar y presentar la demanda internacional y representar al Estado ante los tribunales internacionales en los cuales se la presente, tramitarla y asumir la defensa técnico legal hasta su conclusión.

Usurpando funciones tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa y del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), incursiona rudamente en atribuciones que no le competen. Sobre el tema se ha escrito y opinado mucho ya y seguramente tendrá que haber explicaciones del porqué el doctor Lanchipa se atreve a colocarse por encima de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y, más aún, irrumpe en el campo definido del COSDEP. Lo que ahora corresponde es analizar las consecuencias internas y externas de la destemplanza.

En lo externo, dadas las atribuciones de Diremar, se refleja una total ausencia de estrategia de reivindicación marítima que no sólo deja muy malparado al señor Presidente del Estado, que crea esa institución con funciones bien definidas, sino que nutre y fortalece a los sectores más retrogradas chilenos que, tradicionalmente, se oponen a que Bolivia tenga una salida al mar.

En lo interno confirma la falta de direccionalidad del aparato estatal en este tema, amén de que se trata de una falta de respeto para con la autoridad que ejerce el canciller del Estado, bajo cuya tuición debe estar el director de Diremar.

Falta de rumbo, imposibilidad de cumplir los propósitos preestablecidos, ansia de protagonismo o, acaso, afán daimónico de provocar al señor canciller del Estado, lo cierto es que se ha expuesto una falta de sindéresis en un tema tan delicado que confirma la equivocación de haber creado un organismo paralelo que debilita la función constitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo muestra como un apéndice sin personalidad ni utilidad en la presente coyuntura.

Es que las instituciones se crean atendiendo necesidades de los intereses permanentes del Estado, no para satisfacer una pretensión circunstancial. Es hora de que el tema marítimo retorne a su seno natural que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se ponga fin a esa infecunda parodia denominada Diremar, que no ha podido cumplir sus labores específicas, ni siquiera con asesores internacionales.

Comencé citando a Goethe, el autor del monumental Fausto; termino de igual forma: “¡Cuánto tarda en disiparse la esperanza en la cabeza de quien se aferra a bagatelas y, escarbando curiosamente en busca de tesoros, se siente feliz si encuentra lombrices!”

Chile, entre contradicciones y preparativos de guerra

Por: Juan Lanchipa Ponce 

Publicado en La Razón

Las máximas autoridades del gobierno chileno han repetido en varias oportunidades y en distintos escenarios que representan a un Estado amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y fiel cumplidor de los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, Chile es la principal amenaza para la paz regional, mantiene una conducta que a lo largo de la historia ha contravenido muchas veces los principios generales del derecho y sólo cumple los compromisos contraídos en forma parcial de acuerdo a su conveniencia. 

En efecto, como es de público conocimiento, ese país ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década; mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años 70, pese al compromiso que asumió para removerlas y/o desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997; y, no hace mucho, su Ministro de Defensa amenazó con utilizar las Fuerzas Armadas de Chile para “hacer respetar los tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Lo que demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país “amante de la paz”.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Chile 2011

Por otra parte, el hecho de que su gobierno cumpla religiosamente el Tratado de 1904 en su parte referida a la delimitación fronteriza y transgreda al mismo tiempo todas sus demás clausulas, es prueba inobjetable de que aplica una política exterior que sólo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses. Las obstrucciones al libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica–La Paz son muestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud contradictoria.

Por tanto, considerando que los principios generales del Derecho enuncian, entre otras cosas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas, Chile no puede ser considerado como un Estado “respetuoso del derecho internacional”, aun cuando los encargados de su diplomacia lo repitan en todas y cada una de sus declaraciones.   

Pero lo más delicado es que todas estas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, están siendo profundizadas cada vez con mayor desparpajo por las autoridades chilenas con medidas que parecen representar el preludio de una guerra. Prueba de ello son la nueva norma para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que reemplazará a la Ley Reservada del Cobre, y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012 – 2024) [http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2009/11/ENSYD-version-definitiva.pdf].

Estas medidas. que en este momento están siendo evaluadas por el Senado chileno para su correspondiente aprobación y dictámen, tienen la evidente intención de reforzar aún más el poderío militar de Chile y anteponer la política de defensa por sobre todas las demás políticas de ese país, con la idea de que no exista ningún impedimento legal a la hora de recurrir al uso de la fuerza.

El proyecto de ley para el financiamiento de las FFAA, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales); y crea un Fondo de Contingencia Estratégico que dispondrá de cerca de 3 mil millones de dólares “destinado a financiar el material bélico (…) para enfrentar situaciones de guerra”.

Presentación oficial de la ENSYD, 28 de junio de 2012

Pero lo que más nos debe preocupar a los bolivianos es que la ENSYD reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara textualmente: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Afirmaciones que son una clara amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y es además, el único país con el cual se podría concebir “un escenario de controversia” en los términos planteados. 

Ante este escenario de contradicciones y de aparentes preparativos de guerra, cabe recordar que Chile suscribió acuerdos multilaterales que prohiben expresamente la amenaza y el uso de la fuerza, como los Convenios de la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washinghton y las Cartas de la ONU y la OEA de 1945 y 1948 respectivamente. De la misma forma, en el ámbito bilateral condenó explícitamente “las guerras de agresión” y se comprometió a recurrir únicamente a procedimientos pacíficos para resolver los desacuerdos o conflictos que puedan surgir con Bolivia, a través de las notas reversales intercambiadas en 1941.

A pesar de esos compromisos, por todo lo dicho, bien se podría esperar que en un futuro no muy lejano, los gobernantes de Chile manifiesten una vez más su “vocación de paz” y seguidamente, en un contrasentido – no esperado ni mucho menos deseado – inicien otra guerra. 

¿Guerra por agua?

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Cuenca Altiplánica

El 28 de junio pasado el Presidente chileno, Sebastián Piñera, y su Ministro de Defensa, Andrés Allamand, presentaron al Senado de su país un documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012-2024)”, con el fin de consensuar y aprobar una “política de políticas para el ámbito específico de la seguridad y defensa”.

La ENSYD que, entre sus principales propósitos plantea “anticiparse a una agresión armada”, ya generó ciertos temores en Perú, donde algunos analistas la calificaron de provocativa, desafiante e inoportuna por haber sido presentada antes de que la Corte Internacional de Justicia emita su fallo sobre el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú (Velit,19/07/12); y culparon a las autoridades mencionadas por haber “convertido definitivamente a Chile en un Estado espartano, donde la seguridad será la política que guíe todas las demás políticas”(De Rivero,17/07/12).

Para el caso de Bolivia, resulta sumamente alarmante lo que ese documento dice sobre los recursos hídricos. Primero reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.

Estas palabras son una clara amenaza para Bolivia porque geográfica y naturalmente es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y por tanto es el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados; además, existen varios antecedentes de agresión al patrimonio territorial boliviano por parte de Chile, entre los cuales destacan el desvió unilateral del río Lauca en 1962 y el uso gratuito de las aguas del Silala a partir de 1908, porque ambos fueron ejecutados por el Estado chileno precisamente para abastecer de agua a su territorio septentrional.

Asimismo, esta amenaza es preocupante porque se suma a la que lanzó Allamand el 30 de mayo de 2011. En esa oportunidad el Ministro de Defensa chileno dijo que su país tiene Fuerzas Armadas “en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie o desconozca el Tratado de 1904.

Contradictoriamente a todo esto, la ENSYD también afirma que Chile "Es un país con vocación de paz y buscará su seguridad por medio de la cooperación internacional, aunque reservándose el derecho inherente a la legítima defensa, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". Al respecto, cabe recordar que esa misma Carta señala que sus miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Vista del Sajama y las aguas en la frontera Bolivia - Chile

Adicionalmente, en la última década Chile ha invertido cerca de 15.000 millones de dólares estadounidenses en armamento y gracias al nuevo mecanismo de financiamiento militar, que remplaza a la Ley Reservada del Cobre, sus FFAA tienen otros 3.000 millones de dólares en un “Fondo de contingencias”.

¿Por qué tanto armamentito y amenazas? ¿Es que acaso Chile pretende agredir nuevamente a Bolivia para quedarse con el Silala y otros reservorios de agua bolivianos?