El resultado de la discusión
sobre el tema marítimo boliviano que se llevó a cabo en la 42 Asamblea de la OEA celebrada en Cochabamba,
fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la
materia tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las
que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y
pobre discurso del representante de La Moneda, demuestran que más que una
victoria, fue un fracaso bien disimulado.
Primeramente es preciso considerar
que todos los países que tomaron la palabra – incluido Chile - reconocieron que
el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo
cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona
su naturaleza de problema, eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos
tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el
unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser
resuelto.
En segundo lugar, el hecho de que
los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de
forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno porque es obvio que si
estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar
su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos
confundir una cosa con la otra, la solución del problema es bilateral, pero el
interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que
trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un
asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor
parte de ellos aprobó otras 10 Resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana
(1980–1990) de las cuales, tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y
1983).
La única forma de que otro país
intervenga en la solución de este asunto, es que el arreglo contemple territorios
situados en Arica, sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme
al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero aun así, la
solución sería de carácter trilateral y no multilateral.
De todas formas, el hecho de que
la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente, no impide que Bolivia pueda
acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano
al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversias, no debería
causar zozobra en las autoridades chilenas.
En tercer lugar, las palabras del
Canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe
coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las
afirmaciones del Presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones
no otorgan derechos, atinó a replicar "lo que generar derechos son los
tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los
tratados, sino las obligaciones y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque
Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:
- Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937 que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia”(artículo 1);
- El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (artículo 12); y
- La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905 que establece la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad”(artículo 12).
A pesar de que el Canciller Moreno
conoce perfectamente estos hechos y sabe que las Convenciones citadas
complementan y reglamentan el Tratado de 1904; cuando le tocó intervenir en el
pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho
internacional, y en particular a los tratados, entrega valores a los Estados,
garantiza la paz, y además promueve relaciones de amistad y cooperación entre
los pueblos” y luego dijo “La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, consagra el principio universal "Pacta
sunt servanda": "lo pactado obliga".
Como era previsible resaltó la
supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece
infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer
que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.
Después afirmó correctamente que “Bolivia
ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50
años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las
aguas del río Lauca ocasionándole un enorme perjuicio a Bolivia y que en 1978
su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña
con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento
boliviano.
Según Moreno las acciones que ha
tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre
tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la
"Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los Estados sin
Litoral", lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él
arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha
delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los
puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio
boliviano y recientemente, ha permitido el enmallado de un tramo en el límite
fronterizo cercano a Pisiga.
Todos estos hechos demuestran que
el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones
deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho
internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la
verdad, evidencia que su actuación fue un todo un fracaso.
