La formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Cambio

Durante todo el periodo de tregua (1884 - 1904), Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero". 

Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (2000). 

Aunque el Tratado de Paz y Amistad de 1904 no tiene nada que ver con la demanda que Bolivia presentó en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica (CIJ), tal como lo reconoció ese mismo órgano judicial en su fallo sobre la objeción preliminar chilena de 24 de septiembre de 2015; el referido instrumento bilateral y las circunstancias en las que fue concebido, han sido objeto de sendos debates entre políticos y académicos, bolivianos y chilenos, que han puesto en evidencia, una vez más, las discrepancias que existen entre las versiones de la historia que predominan en nuestros países. En este caso específico, sobre lo ocurrido después de la guerra del Pacífico, en el periodo de tregua (1884 – 1904), que condujo a la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano.             

En efecto, las discusiones sobre el Tratado de 1904 han seguido enfrentando a bolivianos y chilenos porque Santiago decidió desplegar una estrategia jurídica y comunicacional que pretende convencer a los jueces de la Corte y a la comunidad internacional, de que la demanda boliviana busca modificar dicho acuerdo bilateral de manera encubierta, y porque el Presidente de Bolivia, Evo Morales, no ha perdido ocasión alguna para recordarle al gobierno chileno y al mundo, que el tratado de referencia es injusto, ha sido incumplido por el país del Mapocho y además de eso, ha sido impuesto mediante amenazas y presiones a nuestro país.    

Teniendo eso presente, a continuación se analizan dos puntos específicos de discrepancia en este debate que, a pesar del transcurso de más de un siglo, siguen generando polémica y enemistad entre ambos países.

El primer punto tiene que ver con la aseveración frecuentemente utilizada por las autoridades de Santiago, de que el Tratado de 1904 fue suscrito 20 años después de la guerra, cuando ambos países podían medir bien las consecuencias de lo que estaban firmando y cuando supuestamente, no había ninguna posibilidad de que se reinicien las hostilidades. Al respecto, cabe aclarar que si bien es cierto que transcurrieron dos décadas entre el armisticio y el acuerdo de paz, es importante tener en cuenta que durante todo eso ese tiempo, Chile ejerció una fuerte presión económica sobre Bolivia, mediante la aplicación de un asfixiante régimen comercial conocido como “el dogal aduanero”, que contribuyó a doblegar la voluntad de los gobernantes bolivianos de hacer lo posible por no perder contacto soberano con el mar.

En efecto, el asfixiante régimen aduanero fue introducido por Chile en el Pacto de Tregua de 1884 (artículo 6) con el propósito inocultable de controlar a nuestro país y forzarlo a aceptar sus condiciones. Dicho Pacto obligó a Bolivia a renunciar a buena parte de sus ingresos aduaneros porque estableció que no podía gravar a las importaciones provenientes del puerto de Arica y muy por el contrario, los comerciantes bolivianos debían pagar el arancel chileno en dicho puerto. Adicionalmente, Chile exigió el resarcimiento de los chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. Lo cual determinaba para nuestro país una situación de enclaustramiento aún más onerosa que la actual.

No obstante, el Pacto de Tregua, que junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que gobierna las relaciones boliviano-chilenas, no fue libremente consentido por nuestro país sino que fue impuesto por el gobierno de Santiago con la amenaza del uso de la fuerza. En efecto, cuando las autoridades de ambos gobiernos negociaban los términos de la tregua, a principios de 1884, Chile tenía cerca de 20 mil soldados en Puno y Arequipa, listos para invadir territorio boliviano a la primera orden, tal como lo han reconocido algunos historiadores chilenos. Por su parte, Bolivia, con una fuerza militar de cerca de 5 mil hombres en esos momentos, decidió no oponer resistencia y aceptó las condiciones del vencedor.

Por otra parte, si bien es cierto que los gobernantes bolivianos podían medir bien las consecuencias de sus actos en 1904, es importante considerar el contexto en que se desarrollaron esas negociaciones. Bolivia atravesaba una de sus etapas más críticas y difíciles a nivel internacional, debilitada tras haber enfrentado al poderoso ejército del Brasil en una guerra y con serios temas de límites pendientes con todos sus demás vecinos: con Perú por el territorio contiguo al río Tambopata; con Argentina por las dificultades en la demarcación de la línea fronteriza; con Chile, como hemos visto, por el Departamento del Litoral que se hallaba ocupado militarmente; y con Paraguay, por la vieja disputa sobre el territorio del Chaco boreal, que luego provocaría otra guerra.  

Por si fuera poco, toda esta complicada situación, fue deliberadamente agravada por Chile al iniciarse el siglo XX con las amenazas que lanzó su Ministro en La Paz, Abraham Köning, y con las despreciables propuestas que hizo su representante en Lima, Ángel Custodio Vicuña, a los gobernantes del Perú. En efecto, mientras Köning le hacía saber al Canciller boliviano: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”; Vicuña proponía a las autoridades peruanas desmembrar el territorio de Bolivia para repartirlo entre sus vecinos.

El segundo punto de discrepancia, también utilizado con frecuencia por las autoridades chilenas, es el referido a que las máximas autoridades de Bolivia en 1904 fueron reelegidas por el pueblo boliviano en las elecciones que se realizaron después. Lo cual, según la postura chilena, sería una suerte de confirmación de que el Tratado de límites, no fue rechazado por los bolivianos de aquel tiempo.

Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones. La primera sobre quiénes elegían y reelegían presidentes en Bolivia en ese entonces: varones que sabían leer y escribir y que tenían bienes a su nombre. Lo cual restringía el sufragio electoral a una reducía minoría encarnada en una oligarquía liberal no indígena, que era también la que gobernaba.

La segunda aclaración se refiere al peculiar hecho de que los principales negociadores chilenos del Tratado de 1904, es decir, el entonces Canciller Emilio Bello Codesido y el entonces Ministro de Chile en La Paz, Beltran Mathieu, ofrecieron una salida soberana al mar para Bolivia unos años más tarde y en nombre de su gobierno. En efecto, Bello vino a La Paz en 1920, en representación de su gobierno, y ofreció, mediante el Acta Protocolizada de 10 de enero, una parte importante de Arica y el ferrocarril que llega a La Paz. Por su parte, Mathieu, como Ministro de Relaciones Exteriores de su país, el 26 de mayo de 1926, aclaró en un Comunicado a todas sus legaciones en el extranjero, que durante las negociaciones con el Perú para resolver el asunto de Tacna y Arica, el gobierno de Chile había aceptado “sacrificar en interés de Bolivia un parte del departamento de Arica”. Lo cual es una especie de reconocimiento de quienes negociaron y suscribieron el Tratado de 1904 por parte de Chile, de que éste no había resuelto definitivamente todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico.

Todo lo dicho demuestra que el régimen jurídico que aún rige las relaciones entre ambos países y que también determinó la formalización jurídica del enclaustramiento geográfico boliviano, fue concebido entre amenazas y presiones del vencedor de la guerra al vencido. 

La imposición del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El Pacto de Tregua, junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados y que fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza.

 

Abecor, Fuente: Página Siete.

El pasado 23 de marzo publiqué un artículo intitulado La Contramemoria de Chile ante la CIJ que provocó la reacción contraria de algunos historiadores chilenos como Valentina Verbal, José Miguel Concha y Loreto Correa. La primera, como directa aludida, respondió con un mesurado artículo publicado por Voces La Tercera, en el que me denomina como “uno de los principales promotores de la causa marítima” y que intenta aclarar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile a Bolivia. Los otros dos, un poco más exaltados, hicieron sus críticas en mi muro de Facebook con y sin argumentos respectivamente.
 

El que lo hizo con argumentos, destacó que las elites chilenas ligadas a la minería de la plata en el litoral boliviano (Melchor Concha y Toro entre ellos), a diferencia de las oligarquías salitreras anglo-chilenas que también operaban en nuestras costas, se opusieron a la guerra. Dato que por cierto, no cambia ni refuta lo que señalé en el artículo de referencia respecto a que los intereses oligárquicos de ingleses y chilenos, íntimamente relacionados al gobierno de Santiago, jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico. 

Pero dado que esas críticas se refirieron a la parte histórica de mi artículo y no así a los aspectos jurídicos, y dado que dichas críticas se centraron en cómo se firmó el Tratado de 1904 y no en los compromisos que asumió Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es lo que verdaderamente se discute en La Haya; en las siguientes líneas intentaré explicar por qué afirmé que nuestro país no suscribió ese tratado libre y espontáneamente.

Primero es importante contextualizar el momento en que se firmó el Tratado. Bolivia se encontraba en una situación muy complicada - tal como lo reconoce José Miguel Concha en publicaciones conjuntas con su colega y compatriota Cristian Garay -, debilitada económica y militarmente tras haber enfrentado al Brasil en una guerra, con serios asuntos de límites pendientes con todos sus demás vecinos (Perú, Argentina, Chile y sobre todo Paraguay), y con un régimen comercial impuesto por Chile mediante el Pacto de Tregua, conocido como el dogal aduanero, que asfixiaba a la economía boliviana y que frenaba su potencial desarrollo. En efecto, dicho Pacto determinó que Bolivia no podía establecer su propias aduanas y debía pagar altas contribuciones en el puerto de Arica, compuestas de aranceles e indemnizaciones a los ciudadanos chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. 

Sumada a la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia durante todo el periodo de tregua, en 1904 todavía estaba muy fresco el recuerdo de lo que en 1900 había manifestado el representante chileno ante el gobierno de La Paz, Abraham Köning: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”. 

Además de esas amenazas, los gobernantes bolivianos también debieron haberse preocupado cuando supieron que ese mismo año, el representante de Chile en Lima, Ángel Custodio Vicuña, propuso desmembrar a Bolivia a las autoridades peruanas para repartirse su territorio. Lo cual, si bien fue rechazado categóricamente por el Perú, da cuenta de que a principios del siglo XX, los políticos bolivianos tuvieron que tomar decisiones delicadas y de alta trascendencia en un ambiente internacional adverso, agravado por las amenazas impertinentes y las propuestas rastreras que hacía Chile. 

Por otra parte, si bien no podemos desconocer que la recuperación de la independencia aduanera y la prosperidad económica que prometía traer consigo el ferrocarril que Chile había ofrecido construir entre nuestro país y el mar a partir de 1882, fueron elementos que le dieron viabilidad política a la decisión de firmar el Tratado de 1904; es también evidente que la difícil situación internacional que atravesaba Bolivia, de la cual se valió Chile, y la fuerte presión económica y diplomática que ejerció ese país sobre el nuestro durante 20 largos años para imponer sus condiciones; demuestran palmariamente que el tratado de paz no fue suscrito libre y espontáneamente por nuestros gobernantes.

Respecto a la supuesta vinculación de ese tratado con el de Transferencia de Territorio de 1895, Verbal asegura: “A diferencia de lo que Guzmán Escobari afirma en un reciente libro, titulado Un mar de promesas incumplidas, el Tratado de 1904 no constituye una continuación del Pacto de Tregua de 1884, firmado en un contexto de guerra reciente, sino de la intransigencia de la misma Bolivia, cuyos parlamentarios rechazaron el Tratado de 1895…”.

Pero más allá de que los parlamentarios bolivianos no rechazaron el Tratado de 1895, sino que lo condicionaron, la relación entre los acuerdos de tregua y paz es innegable, no sólo por la lógica sucesión jurídica que existe entre ambos, sino sobre todo porque dichos acuerdos así lo establecen específicamente. En efecto, el artículo 8º del Pacto de Tregua señala: “Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir gestiones conducentes a este fin”; y el preámbulo del Tratado de 1904 aclara: “En ejecución del propósito consignado en el artículo 8º del Pacto de Tregua del 4 de Abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad…”.

Por tanto, no es posible desvincular a uno del otro, el Pacto de Tregua junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados. En ese sentido, considerando que dicho Pacto fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo reconocen varios historiadores chilenos; sabemos que no sólo el tratado de paz tiene vicios de origen por haber sido impuesto bajo amenazas y presiones, sino también el acuerdo primigenio del régimen jurídico que aún gobierna el relacionamiento boliviano-chileno.

En efecto, en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden. En esas circunstancias, que eran bien conocidas por el gobierno boliviano, se firmó el Pacto de Tregua,  mediante el cual, como ya se dijo, el vencedor de la guerra impuso un asfixiante régimen aduanero al vencido.

Sin embargo, aun sabiendo eso: que Chile impuso sus condiciones a través de amenazas y presiones a partir de 1884, los bolivianos también sabemos o deberíamos saber, que ya no podemos impugnar ni desconocer el régimen jurídico adoptado y todavía vigente entre ambos países, porque, a diferencia de nuestra contraparte, lo hemos cumplido y respetado a cabalidad durante más de 100 años. 

Paralización del tren Arica-La Paz

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Página Siete
Un comentario sobre el tren que permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años.

En noviembre de 2015, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE)  publicó el libro Gobernabilidad, desarrollo y seguridad en las zonas extremas de Chile, que, en su parte referida al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos, y sobre todo  en lo relativo al Ferrocarril Arica – La Paz, contiene afirmaciones imprecisas e incorrectas que en las próximas líneas intentaré precisar y refutar. 

Pero antes de eso, cabe recordar que el ferrocarril Arica – La Paz  es una de las principales compensaciones que recibió Bolivia a cambio de su vasto, rico y único litoral. De hecho, en cumplimiento al Tratado de 1904, que selló el enclaustramiento boliviano, Chile construyó la vía férrea entre 1905 y 1913 (ocho años) y en 1928, después de que recuperó toda su inversión y obtuvo algunas ganancias más, transfirió el tramo que queda en Bolivia (Charaña – Viacha) al gobierno de La Paz. 

Desde entonces el ferrocarril funcionó con bastante normalidad bajo administración estatal en ambos lados de la frontera hasta que, a mediados de los años noventa, los dos gobiernos decidieron entregar en concesión la administración de la vía a empresas privadas.

Asimismo, según lo acordado bilateralmente, el ferrocarril debería unir al puerto de Arica con la ciudad de La Paz (Tratado de 1904) y debería funcionar "a perpetuidad” (Convención de 1905). No obstante, como es de público conocimiento, el tren permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años, debido a que, en 2005, la empresa a la que Chile adjudicó la administración de su tramo del ferrocarril (Arica – Visviri) se declaró en quiebra.

Si bien las autoras del libro no desconocen esta situación, como tampoco lo hace el Gobierno chileno que en enero de 2015 reconoció que el ferrocarril había entrado en una segunda fase de reconstrucción (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2015. Libre Tránsito de Bolivia, la realidad, p. 23); sí aseguran que no se puede imputar a Chile por "falta de atención” porque, según ellas, la empresa a la que el Gobierno de Santiago adjudicó la administración del tramo chileno del ferrocarril "era boliviana”. Aseveración que contiene una imprecisión y una falsedad: la imprecisión porque la empresa adjudicataria, denominada Sociedad Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP), no era enteramente boliviana, sino que era una sociedad anónima constituida en Chile con capitales bolivianos y chilenos; y la falsedad porque la nacionalidad de dicha empresa, cualquiera que esta sea, no puede eximir al Estado chileno de cumplir con sus obligaciones internacionales, en este caso con la obligación de "asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (Convención para la Construcción y Explotación de Ferrocarril Arica - La Paz, 27/05/1905. Artículo 12).

Dicho de otra forma, no importa si la empresa a la que Chile escogió para administrar su tramo del ferrocarril es boliviana o chilena, lo que importa en este caso es si el tren está funcionando o no, porque se trata precisamente de uno de los medios que debería atenuar el enclaustramiento de Bolivia y porque Chile tiene la obligación de asegurar su libre tráfico "a perpetuidad”.

Pero lo más sorprendente de todo  es que entre esas falsas e imprecisas aseveraciones, en las que también se aclara que Chile invirtió "no  cinco millones de dólares en la recuperación del tren, o 26 como apuntaba el proyecto, sino 32 millones de dólares”; también se lanza la siguiente pregunta: "¿Habrá que recordarle a Bolivia en qué andaba entre 2004 y el 2006 en materia de política interna y lo que cuesta reponer una línea férrea juntamente con el rodado a la no poca cantidad de 4.000 metros de altura en algunos tramos?”.    

Para responder a esta curiosa interrogante habría que recordarle a las autoras del libro que lo que haya sucedido en materia de política interna en Bolivia no tiene absolutamente nada que ver con la paralización del ferrocarril en el lado chileno, que la intromisión en los asuntos internos de un Estado está prohibida en las relaciones internacionales según varias convenciones multilaterales de las que Chile es parte, y que resulta paradójico que el Estado que construyó una vía férrea a principios del siglo XX en ocho años, se tome más de diez años para rehabilitarlo en pleno siglo XXI.  

Para rematarla, las autoras aseguran que "Bolivia no ha recompuesto la vía que une a La Paz con Arica”. Lo cual tampoco es efectivo, puesto que la encargada de administrar el tramo boliviano, Empresa Ferroviaria Andina S.A., ha mantenido la operatividad de la vía mediante trabajos de mantenimiento y reparación a pesar de que no ha llegado ningún tren desde Arica en muchos años, y ha habilitado un ferrobús o buscarril para el transporte de pasajeros entre Charaña y Viacha (La Razón, 3/06/2013). 

Por tanto, la paralización del ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno por más de diez años no sólo es una muestra más del poco interés que tiene Chile por mantener buenas relaciones con nuestro país, sino que es una evidencia inobjetable de que el país del Mapocho no cumple el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, y que, a diferencia de lo que afirman sus autoridades, Bolivia no tiene acceso al mar.

Antes y después del Protocolo Confidencial de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Pagina Siete

El pasado 23 de marzo, Pagina Siete publicó en primera página la notable valoración que hizo el Dr. Walker San Miguel sobre lo que significa el Protocolo Confidencial firmado por Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904, junto al Tratado de Paz y Amistad de esa misma fecha.

Dicho Protocolo, según explica San Miguel, “tiene una importancia fundamental (para la demanda boliviana ante la CIJ) ya que ratifica que la cuestión marítima de Bolivia estaba presente en todo el proceso de negociación del Tratado de 1904 y demuestra que Chile le ofreció a Bolivia una salida al Pacífico por territorios que aún eran peruanos pero cuya posesión la tenía Chile”.

Al respecto, es importante recordar que en 1883 los gobiernos de Lima y Santiago firmaron el Tratado de Ancón, mediante el cual, entre otras cosas, Perú cedió incondicionalmente la provincia de Tarapacá a Chile y ambos países resolvieron celebrar un plebiscito para definir si el territorio de Tacna y Arica “queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile, o si continúa siendo parte del territorio peruano” (artículo 3).  

Dicho plebiscito, previsto para 1893 según el mismo Tratado, nunca se realizó primero por las dificultades que opuso Chile para su celebración y luego porque ambas partes resolvieron terminar el asunto de otra manera, mediante negociaciones directas que trascendieron en la firma del Tratado de Lima de 1929 y de su Protocolo Complementario, concebido también confidencialmente. Mediante esos acuerdos Chile y Perú definieron su frontera terrestre y condicionaron la cesión de los territorios de Tacna y Arica a un acuerdo previo.  

Pero durante los 46 años que el plebiscito estuvo pendiente (1883-1929), los gobiernos de Lima y Santiago buscaron insistentemente el apoyo de Sucre primero y de La Paz después, para lograr un resultado favorable a sus intereses en la consulta popular que debía llevarse a cabo. En el caso de Chile, esa búsqueda se manifestó en varias ofertas de darle a Bolivia una salida soberana al mar.  

En efecto, la primera vez que el país del Mapocho se manifestó en ese sentido fue en 1895, mediante el Tratado de Transferencia de Territorios suscrito con el gobierno de Sucre. En esa oportunidad, Chile, con el evidente propósito de obtener el reconocimiento de Bolivia sobre el territorio que hoy conforma la región de Antofagasta y de conseguir asimismo el apoyo boliviano para obtener un triunfo en la consulta popular pendiente; se obligó de manera formal y solemne a cederle a Bolivia las provincias de Tacna y Arica si las mismas quedaban bajo su dominio como resultado del plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón (artículo 1).

Durante las negociaciones de dicho Tratado, las autoridades bolivianas se negaron a brindar su apoyo a Chile para el plebiscito pendiente porque no querían contrariar al Perú. Por tal motivo, el acuerdo final sólo dispuso: “A fin de realizar el propósito enunciado en los artículos anteriores, el Gobierno de Chile se compromete a empeñar sus esfuerzos, ya sea separada o conjuntamente con Bolivia, para obtener en propiedad definitiva los territorios de Tacna y Arica” (artículo 3).

Luego de fracasadas esas gestiones, y ante el dificilísimo contexto internacional que le tocó enfrentar a Bolivia al iniciarse el siglo XX, el gobierno de La Paz aceptó un acuerdo sin salida al mar y ambos países firmaron el famoso Tratado de 1904 junto al Protocolo Confidencial antes mencionado que al respecto señala: “Bolivia empeñará todos sus esfuerzos, ya sea conjunta o separadamente con Chile, para que los territorios de Tacna y Arica se incorporen definitivamente al territorio chileno”. “… en reciprocidad, Chile prestaría a Bolivia su apoyo diplomático en favor de los derechos de Bolivia sobre el territorio que actualmente ocupa, si llegase a serle disputado por otra nación vecina, ofreciendo su mediación, los buenos oficios y otro recurso amistoso”.

Si bien este Protocolo, que pretendía mostrar a Bolivia dispuesta a congraciarse con Chile aun a costa de enemistarse con el Perú, nunca entró en vigencia porque jamás alcanzó ratificación congresal en nuestro país y porque fue firmado sin autorización del gobierno de La Paz por el Ministro boliviano en Santiago, Alberto Gutiérrez; no deja de llamar la atención que mediante el mismo Chile solo ofrezca “apoyo diplomático” a cambio del respaldo boliviano… algo más tuvo que haberse negociado, como bien apunta San Miguel.

Al respecto, en 1919, Emilio Bello Codesido, quien suscribió los acuerdos de 1904 por parte de Chile, publicó un libro sobre las negociaciones llevadas a cabo entre 1900 y 1904 en el cual revela que su país aceptó firmar un acuerdo no definitivo con Bolivia en 1884 (Pacto de Tregua) porque tenía previsto "satisfacer las aspiraciones de Bolivia una vez que se definiera con arreglo al Tratado de Ancón, la nacionalidad definitiva de los territorios de Tacna y Arica”; y en cuanto a futuros entendimientos decía: “no podemos ni debemos poner en duda la amistad de Bolivia, su lealtad y consecuencia con los compromisos que la ligan a nuestro país. Su aspiración de puerto propio la hemos considerado siempre legítima y respetable. Independientemente de la situación creada por el Tratado de Paz con Chile ¿por qué no podría esa aspiración traducirse en futuros acuerdos basados en compensaciones suficientes y equitativas?” (Bello, Emilio: Anotaciones para la historia de las negociaciones diplomáticas con el Perú y Bolivia. 1900-1904. La Ilustración. 1919. Pág.205).  

Emilio Bello Codesido

En efecto, a los pocos meses de publicar su libro y con el propósito de obtener el respaldo boliviano en el plebiscito pendiente, Bello vino a La Paz como Ministro Plenipotenciario de su país y el 10 de enero de 1920 suscribió con el Canciller boliviano de la época, Carlos Gutiérrez, un Acta Protocolizada en la cual manifestó en nombre de su gobierno: “Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar, cediéndole una parte importante de esa zona al norte de Arica y de la línea del ferrocarril que se halla dentro de los territorios sometidos al plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón”. “Independientemente de lo establecido en el Tratado de Paz de 1904, Chile acepta iniciar nuevas gestiones, encaminadas a satisfacer la aspiración del país amigo, subordinada al triunfo de Chile en el plebiscito”. “Para la consecución de estos fines, Bolivia aunaría desde luego su acción diplomática a la de Chile y se comprometería a cooperar eficazmente a asegurar el resultado favorable a Chile del voto plebiscitario en el territorio de Tacna y Arica”.

En su respuesta, el Canciller Gutiérrez, luego de agradecer el ofrecimiento chileno de negociar una salida al mar para nuestro país señaló: “En cuanto a la idea de cooperar Bolivia a la vinculación de Tacna y Arica a la soberanía de Chile, como emergencia de la negociación de paz y amistad concluida en 1904, sólo había sido expuesta en una acta protocolizada en que constaba la impresión personal de un diplomático boliviano, sin que tal acta hubiera recibido aprobación del gobierno ni del Congreso de este país, sino más bien manifestaciones adversas en el seno de los poderes públicos”.   

Por lo dicho podemos concluir que el gobierno boliviano nunca concedió su apoyo al de Santiago para el plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón, que Chile manifestó su voluntad de darle a Bolivia un puerto propio antes y después del Tratado de 1904 y que el mismo suscriptor de ese infausto Tratado por parte de Chile, fue un firme partidario de alcanzar un arreglo con mar para Bolivia. 

Sobre el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

A mediados de julio, los historiadores chilenos, José Miguel Concha y Cristian Garay, al primero de los cuales conozco y aprecio mucho; presentaron un libro titulado “El Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados”, que fue publicado en La Paz por Plural Editores.

Se trata de un interesante análisis sobre las circunstancias y las causales que llevaron a la suscripción del Tratado con el cual, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral.

Para analizar objetivamente un tema tan delicado y controvertido como el de referencia es necesario, entre otras cosas, ponerse en el lugar del otro para comprender sus decisiones y reacciones, y considerar asimismo, todos los factores que pudieron haber influido en su comportamiento.

Tanto Concha como Garay cumplen casi completamente con tales requisitos y es por eso que su libro aquí comentado puede servir como un texto de referencia que tanto bolivianos como chilenos deberíamos compartir, no tanto porque coincidamos con todas sus conclusiones, sino porque es una verdadera investigación académica que puede ayudarnos a comprender lo ocurrido en el pasado ahora que tendremos que enfrentar un proceso judicial en la Corte Internacional de Justica de La Haya para resolver un problema que fue originado precisamente por el Tratado de 1904: el enclaustramiento geográfico de Bolivia.

La obra comienza refiriéndose a las modificaciones territoriales que se registraron en Sudamérica entre 1870 y 1909 y aclara que Bolivia fue el país que más territorios perdió; luego describe con notable rigor académico lo ocurrido en las negociaciones que produjeron los Tratados de 1895, mediante los cuales – señalan textualmente los autores –, “Chile reconoció expresamente la necesidad de otorgar a Bolivia una salida soberana al mar” (Págs. 74 y 127).

En cuanto a la negociación del Tratado de 1904, los autores afirman con particular énfasis que las bases de dicho acuerdo fueron presentadas por el gobierno boliviano en 1902 a través de Felix Avelino Aramayo y que, en dichas bases, nuestros gobernantes abandonaron toda pretensión a un puerto en el Pacífico. No obstante, también reconocen la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia en esos años a través del asfixiante régimen aduanero que impuso en Arica a partir de 1884; y destacan asimismo la apremiante y difícil situación en la que se encontraba nuestro país en aquel tiempo: en total bancarrota, debilitado militarmente después de dos guerras con Brasil y sin haber definido ninguna de las otras fronteras (Argentina, Chile, Perú y sobre todo Paraguay).  

Sobre este último punto, sin embargo, no se menciona la innegable influencia que tuvieron las advertencias que hizo el representante de Chile en La Paz, Abraham Köning, a través de la nota que remitió a la Cancillería boliviana el 13 de agosto de 1900. En la cual, a tiempo de asegurar que Bolivia no tiene ningún derecho a exigir un puerto, hacía saber que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Libro Azul 2004: Anexo 6).

Esas advertencias definieron el contexto en el que se desarrollaron las negociaciones y sin duda que fueron tenidas muy en cuenta por las autoridades bolivianas al momento de negociar la paz con Chile. Asimismo, extraña la ninguna mención a la actuación del representante chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña, quien en 1901, propuso a las autoridades peruanas la “polonización de Bolivia”, es decir, la repartija del territorio boliviano entre Perú, Brasil y Chile (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino… 2004: 106), lo cual, naturalmente, también tuvo que haber preocupado a las autoridades bolivianas.

Por lo dicho, podemos convenir en que el Tratado fue consensuado por las partes y que Chile no hizo ningún movimiento de tropas en ese tiempo; sin embargo, no es posible coincidir en que las autoridades bolivianas actuaron libre y voluntariamente porque además del difícil contexto que les tocó enfrentar, está el simple hecho de que nadie en su sano juicio sacrifica un elemento esencial de su desarrollo sin que las circunstancias le obliguen. 

Aun así, la obra aquí comentada es una apreciable contribución académica al estudio de lo ocurrido entre Chile y Bolivia alrededor de 1904, y que es por eso, un trabajo que nos aproxima mucho más a comprender las razones de nuestras diferencias.  

La Muerte del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Mediante el Tratado de 1904, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral (art.2) a cambio recibió 300.000 libras esterlinas (art.4), que en valor actual equivalen a 27 millones de dólares estadounidenses (Fuente: conversor de dinero antiguo del Archivo Nacional Británico); la liberación de las deudas e indemnizaciones que se debía pagar a las personas naturales y jurídicas que se hallaban establecidas en ese territorio (art.5); un tramo del ferrocarril Arica–La Paz (art.3); un derecho de libre tránsito (art.6) y un permiso para construir agencias aduaneras en puertos chilenos (art.7). Adicionalmente, ambos países se comprometieron a darse el trato de la nación más favorecida (art.8).  

Mapa político (antes de 1904). 

Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (1972).

De todos estos compromisos, que junto con el restablecimiento de las relaciones de paz y amistad entre ambos países (art.1), son todos los derechos y obligaciones que contiene este pacto, pues las demás disposiciones se refieren a la reglamentación del intercambio comercial (arts.9-11) y al mecanismo de solución de controversias (art.12); lo único que verdaderamente se cumple es el dominio chileno sobre el litoral boliviano, pues el dinero por compensaciones, deudas e indemnizaciones ya fue cancelado; el ferrocarril no funciona; el derecho de libre tránsito está siendo vulnerado por las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta y; en cuanto a las agencias aduaneras que se supone que deben estar dentro de los puertos, Chile ya anunció que pretende exigir su relocalización obligatoria a “recintos extra-portuarios”, con lo cual, el gobierno de Sebastián Piñera terminará por incumplir por primera vez en la historia, absolutamente todas las obligaciones que su país asumió en 1904.  

Tramo del Ferrocarril Arica - La Paz (lado chileno)

Fuente: Jhonny Flores (Google Earth)

Por si fuera poco, Chile tampoco otorgó a Bolivia los mismos privilegios comerciales que concedió a terceros países. El caso más llamativo es Perú, que tiene un malecón, una oficina para su aduana y una estación de tren en Arica.

Y eso no es todo, también existen acuerdos complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904 que Chile transgrede: la Convención de 1912 establece la gratuidad para el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año (art.12), sin embargo, la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta, ATI, ha estado cobrando a los comerciantes bolivianos por ese concepto; la Convención de 1937 obliga a Chile a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción” (art.1), empero, la interrupción de los servicios portuarios en Arica, Antofagasta e Iquique, son cada vez más frecuentes debido a las huelgas de los trabajadores de dichos puertos que exigen una mejor administración a las empresas privadas que los operan; la Convención de 1905 determina la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico de ferrocarril” (art.12), no obstante, la línea se encuentra paralizada desde el año 2001 en el lado chileno; etc. 

Congestión ocasionada por huelga en puertos chilenos 

Fuente: La Patria 2010

Todos estos hechos pueden hacer pensar a cualquiera que aplique el sentido común (no sólo al Presidente Evo Morales), que el Tratado de 1904 está muerto, y eso sencillamente porque no es válido que una de las partes ejerza ampliamente sus derechos e incumpla absolutamente todas sus obligaciones.  

Circunstancias en las que se firmó el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Hace unas semanas, el historiador chileno Cristian Garay Vera publicó en La Razón, un artículo en el que intentó convencer a la opinión pública boliviana de que el Tratado de 1904 fue válidamente celebrado porque, según dice, Chile no coaccionó a Bolivia.

Si bien el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, ya presentó oportuna y acertada respuesta, y con el mismo afán también replicó el sociólogo boliviano Juan Albarracín, en las próximas líneas intentaré aportar al debate con una breve narración de las circunstancias en las que se desarrolló la negociación de este tratado, con base en apreciaciones emitidas por historiadores chilenos, incluido Garay. 

Primero, debemos remitirnos a las postrimerías del siglo XIX cuando prevalecían los términos del Pacto de Tregua boliviano-chileno de 1884. En Bolivia, ese acuerdo fue duramente criticado por haber determinado definitivamente el enclaustramiento boliviano y por haber impuesto un régimen comercial sumamente perjudicial para la hacienda nacional (Carrasco, Sergio: Historia de las relaciones chileno-bolivianas. 1991, p. 102).

En esos años, algunos gobernantes chilenos (Santa María, Barros Borgoño, etc.) llegaron a comprender que dejar sin mar a Bolivia podría convertirse en un problema de nunca acabar. La mayoría, sin embargo, pretendía reservar para Chile el dominio de todo el territorio ocupado, incluyendo Tacna y Arica (Pinochet de la Barra, Oscar: ¿Puerto para Bolivia? 1987, p. 41).

Palacio de La Moneda a finales del siglo XIX

Chile no llegó a imponer sus condiciones sino 23 años después del último combate con las fuerzas bolivianas debido a que tenía serios problemas con Perú y Argentina, por lo cual, si amenazaba o agredía nuevamente a Bolivia, se arriesgaba a iniciar un conflicto en el que hubiese tenido que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos.

En ese contexto, el Ejecutivo chileno aplicó la “política boliviana” que consistía en una estrategia por separar a Bolivia de su alianza con Perú durante la guerra, para lo cual llegó a ofrecerle un puerto en territorio peruano ocupado por Chile (Garay Vera, Cristian; Concha, José Miguel: La alianza entre Chile y Bolivia 1891-1899. Una oportunidad para visitar la teoría del equilibrio. 2009, pág. 222).

Tras el fracaso de esa política y luego de haber resuelto sus problemas con Argentina, Chile dirigió sus esfuerzos hacia la definición de su frontera septentrional y para ello designó a Abraham König como representante de La Moneda en La Paz. Es importante destacar la indiscutible influencia que tuvo este personaje en la firma del Tratado de 1904, por haber dejado muy en claro, mediante la nota que entregó al Canciller boliviano el 13 de agosto de 1900, que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Ríos Gallardo, Conrado: Después de la paz. 1926, pág. 368).

El mismo Eyzaguirre reconoce ampliamente la incidencia que tuvo la nota de König en el resultado de las gestiones, destacando la ruda y enfática aclaración de que Chile ya no estaba dispuesto a darle un puerto a Bolivia como lo había estado en 1895 (Eyzaguirre, Jaime: Chile durante el gobierno de Errázuris Echauren. 1957. pág. 329). 

Poco después, el representante chileno en Lima Ángel Custodio Vicuña propuso a las autoridades peruanas desmembrar a Bolivia para luego repartir su territorio entre Perú y Chile, reavivando así el plan de polonización boliviana que había sido propuesto en 1898, por el entonces Presidente del Perú, Nicolás de Pierola (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino. De la Independecia a Monterrey. 2004, pág.106).

Si bien la pérfida propuesta chilena no tuvo mayor eco porque fue publicada a los cuatro vientos, la noticia debió preocupar a las autoridades bolivianas que se encontraban en una situación extremadamente complicada: Brasil había ocupado el Acre y no se habían logrado resolver los problemas limítrofes con Argentina, Perú, Paraguay y Chile (Garay Vera, Cristian; Correa Vera, Loreto; Soliz Landívar, Ana; Vaca-Diez, Anahí: Bolivia en dos frentes: las negociaciones de los tratados de Acre y de límites con Chile. 2007). 

En esas circunstancias, el ministro boliviano en Inglaterra, Félix Avelino Aramayo, viajó a Santiago y de manera oficiosa presentó al Gobierno chileno las bases de un arreglo sobre las cuales se negoció el Tratado de 1904; en ellas, Bolivia renunciaba a una salida al mar, en cambio de compensaciones de carácter económico y comercial (Ríos Gallardo, Conrado. Una gestión oficiosa chileno-boliviana. 1966, pág. 21).

Apremiada por sus cuatro vecinos no chilenos, Bolivia buscó por primera vez en su historia el arreglo de sus problemas con Chile. El acuerdo fue alcanzado en vísperas de la Navidad de 1903 y el Tratado suscrito el 20 de octubre de 1904. “Para Chile se cerraba un página postrera. Para Bolivia sólo un capítulo” (Barros Van Buren, Mario: Historia diplomática de Chile 1541-1938. 1970, pág. 570-571).

Mapa de las pérdidas territoriales de Bolivia.

Resulta extraño que Garay no mencione en su artículo el complicado escenario vecinal que enfrentó Bolivia en 1904, factor que, en otras publicaciones del autor, es ampliamente reconocido: “Bolivia procedió de esta forma para impedir el avance brasileño, peruano y paraguayo sobre sus fronteras” (Garay, Cristian: El Acre y los asuntos del Pacífico. Bolivia, Brasil, Chile y Estados Unidos 1898-1909. 2008, pág. 341) y “…en 1904 por primera vez no era Chile, sino Bolivia el que apuraba el tranco: paraguayos, brasileños, peruanos y argentinos pugnaban sobre ‘el cuerpo enfermo’ de Sudamérica” (Garay Vera, Cristian; Correa Vera, Loreto; Soliz Landívar, Ana; Vaca-Diez, Anahí: Bolivia en dos frentes: las negociaciones de los tratados de Acre y de límites con Chile. 2007 ).

Por todo lo dicho, queda claro que si Bolivia buscó suscribir el tratado, no fue por libre y voluntaria determinación; el verdadero motivo fue el complicado entorno vecinal premeditadamente agravado por Chile con la incivilizada amenaza de König, la malévola propuesta de Vicuña al Perú y, no menos importante, la presión económica que ejercía sobre Bolivia con la imposición de un asfixiante régimen comercial que mantenía al país incluso más enclaustrado que hoy. Factores que me parece que deberían ser parte de cualquier análisis serio sobre las negociaciones del Tratado de 1904 pero que, en esta oportunidad, fueron omitidos por Garay.