COP 16: Bolivia contra el mundo

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Los acuerdos rechazados únicamente por Bolivia en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada a finales de 2010 en Cancún–México, con la asistencia de 194 países; son un importante avance en el objetivo de lograr compromisos comunes que sirvan para detener o, al menos reducir, el calentamiento global que desde hace muchos años se ha querido lograr sin éxito. Sin embargo, considerando que dichos acuerdos dejaron para las próximas reuniones sobre este tema, la definición de los mecanismos y el origen de los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas en esa misma oportunidad, y teniendo en cuenta, que también se postergaron las negociaciones para asegurar la implementación de un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que es el único acuerdo que obliga a los países desarrollados (excepto a Estados Unidos que no lo ratificó) a reducir sus emisiones de gases contaminantes; lo avanzado no parece ser suficiente para garantizar la vida de las futuras generaciones en este planeta, y eso es precisamente lo que señala la oposición de Bolivia.  

Vítores de alegría, alborozo generalizado y abrazos de felicitación surgieron tras la aprobación por mayoría del texto final de la COP 16. 193 Estados habían logrado por primera vez ponerse de acuerdo en tomar medidas conjuntas para contrarrestar el cambio climático, incluso los países más renuentes a los compromisos en esta materia, como Estados Unidos y China, habían dado su beneplácito. Bolivia era el aguafiestas mundial pues ni los países del ALBA quisieron apoyarla. Unas horas más tarde, algunas publicaciones alrededor del mundo se referían a una supuesta derrota boliviana en la COP 16 y a un arrollamiento total de su postura, aseguraban que los representantes de Bolivia se mostraron intransigentes porque no comprendían las consecuencias de su rechazo y no valoraban el esfuerzo realizado por todas las demás delegaciones.

Sin embargo, ¿cómo se puede afirmar que los bolivianos no están conscientes de lo que hicieron, cuando en Bolivia, así como en muchos otros lugares, millones de personas sufren las terribles consecuencias de las sequias, inundaciones y otros efectos que produce la contaminación que durante muchos años han emitido las grandes potencias y las economías emergentes? Y ¿Cómo pueden decir que Bolivia no valora el esfuerzo realizado por otros países, cuando su gobierno, con el propósito de llevar propuestas concretas a la COP 16, organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada con mucho éxito en abril de 2010 en Cochabamba, con la participación de más de 30 mil representantes de 140 países, y cuyas conclusiones no fueron siquiera consideradas por la presidencia de la Conferencia de Cancún?    

Si bien hay que reconocer que la delegación anfitriona de la COP 16, recogió en un solo documento muchas de las principales demandas de los participantes y asimismo lo hizo aceptable para otros tantos, que por intereses económicos no estaban dispuestos a firmar ningún acuerdo; es también notorio que no logró una convergencia de posturas que garantice el consenso, porque le faltó dar cabida a las preocupaciones de uno de los países más activos en lo que se refiere al  cuidado de la naturaleza. 

Pero no sólo se ignoraron las interesantes propuestas planteadas en la Conferencia de Cochabamba y presentadas a las Naciones Unidas con antelación al evento de referencia por el Presidente Evo Morales, referidas a la constitución de un Tribunal de Justicia Climática, la aprobación de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra y la realización de un referéndum mundial sobre el Cambio Climático, entre otras; sino que no se especificó cómo se alcanzarán las metas establecidas en los acuerdos de la COP 16, ni la fuente de su financiamiento. Sólo se acordó que éstos serán definidos en las futuras Conferencias. Dichas metas se pueden resumir en:

1. Creación de un fondo verde que servirá para la adaptación de los países en desarrollo a los mecanismos de mitigación de los de gases efecto invernadero. Dicho fondo, que será administrado por el Banco Mundial, contará inicialmente con 30 mil millones de dólares anuales y para el 2020, deberá alcanzar los 100 mil millones de dólares;
2. Reducción de las emisiones de gases contaminantes entre 25 a 40% hasta 2030, tomando como base los registros de 1990;
3. Ejecución de un programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) para los bosques; y
4. Establecimiento de un límite para el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, con la posibilidad de reducirlo a 1.5, en la próxima reunión.  

Sobre este último punto, el representante boliviano, Pablo Solón, fue claro al señalar que los estudios realizados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés), demuestran que “con un nivel de 2 grados centígrados sólo tenemos el 50% de probabilidades de evitar un impacto irreversible para la vida en el planeta (…), nadie enviaría a sus hijos en un avión que sólo tiene el 50% de probabilidades de aterrizar”.

Además, la negociación para definir un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que se ha venido postergando desde el 2007, fue nuevamente diferida para ser incluida en la Conferencia que se realizará el 2011 en Durban–Sudáfrica. Lo cual resulta sumamente preocupante porque sólo restan dos escasos años para que expiren los compromisos sobre reducción de gases contaminantes, que fueron definidos en ese acuerdo.

Por todo esto, la representación de Bolivia decidió rechazar los acuerdos que todo el mundo quiso aprobar, y si bien parece no haber logrado nada, y quizás tampoco lo haga al presentar su anunciada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos para aprobar este tipo de acuerdos, que exigen consenso y no mayoría; el rechazo boliviano es la evidencia de la duda que deja la COP 16, porque tal como lo han reconocido muchos expertos en la materia, lo convenido no es suficiente para detener el calentamiento global y mantener la temperatura del planeta en un nivel que garantice su equilibrio natural. En ese sentido, sólo queda esperar que en las próximas Conferencias sobre el Cambio Climático se logre un avance verdaderamente importante y el mundo no tenga que dar la razón a Bolivia.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia 

Bolivia entre Chile y Perú

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras

El proceso que abrió Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para que ese alto Tribunal defina el límite marítimo y el punto donde comienza la frontera terrestre entre ambos países, entró en la última etapa de su fase escrita con la presentación de la réplica peruana el pasado 9 de noviembre, lo cual significa que una tercera parte en el conflicto, sólo podrá hacer valer sus derechos o intereses ante dicha Corte, antes del 9 de julio de 2011, cuando se cumpla el plazo para que Chile presente su dúplica. Si bien se trata de un asunto bilateral, y así lo han hecho saber los gobiernos involucrados mediante un comunicado conjunto de sus Cancillerías en noviembre de 2004, el estatuto de la Corte señala “Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir” (Art. 62).

Por una parte, Ecuador, que fue notificado por el Tribunal de Justicia de la Haya para pronunciarse sobre el litigio de referencia por ser signatario de los acuerdos de 1952 y 1954, que para Chile son tratados de límites y para Perú convenios pesqueros; ha decidido mantenerse al margen de la controversia, manifestado que el diferendo peruano-chileno debe ser resuelto en la Haya. Al respecto, el Presidente Rafael Correa, con el propósito de obtener una manifestación escrita del gobierno peruano que exprese la conformidad de este último con la frontera marítima que comparte con Ecuador, dijo que no teniendo ningún problema limítrofe con Perú, “no hay razón para involucrarse en un litigio bilateral que debe resolverse en el marco jurídico”.

Por otra parte, Bolivia, que si bien no es parte de los acuerdos que suscitaron toda esta controversia, ni tampoco tiene derechos de orden jurídico que pudieran verse afectados por el fallo que emitirá la Corte; mantiene un alto interés en la definición de este proceso porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían permitirle recuperar un acceso soberano al mar y porque la determinación que tome la Corte, sea cual fuere, afectará los intereses o derechos expectaticios de Bolivia. Por un lado, si la sentencia fuese favorable al Perú, el mar que recibiría Bolivia, en caso de llegar a un acuerdo en el que Chile y Perú acepten cederle un corredor al norte de Arica; ya no se proyectaría al oeste siguiendo el paralelo geográfico como hasta ahora se había previsto, sino hacia el suroeste siguiendo la línea equidistante que divida las aguas peruanas y chilenas. Por otro lado, si el fallo diera la razón a Chile, manteniendo el límite fronterizo sobre el paralelo geográfico, Bolivia de hecho tendría menos espacio para aprovechar su derecho de navegación en el mar peruano, que le fue concedido recientemente por Perú mediante la firma del Protocolo Ampliatorio de los Convenios de Ilo.

Varios de los entendidos bolivianos en el tema se han pronunciado sobre esta situación expresando diferentes posturas ante la posibilidad de que Bolivia presente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, los fundamentos de su demanda de reintegración marítima, para que sean considerados por ese Tribunal en su veredicto final.

Al respecto, el reconocido jurista e historiador boliviano, Rodolfo Becerra de la Roca, autor de varios escritos sobre el problema marítimo de Bolivia, y defensor de la postura “reivindicacionista”, que asegura que la única forma de solucionar el problema que genera el enclaustramiento boliviano, es a través de la recuperación de los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879; ha expresado categóricamente que no corresponde ninguna figura de tercería porque, como lo expresa el citado artículo 62, ésta debe sustentarse en un interés de orden jurídico que, como se dijo, Bolivia no posee. Asimismo, Becerra de la Roca rechaza la posibilidad de hacer conocer a la Corte de Justicia de la Haya una posición precautoria de la necesidad de resolver el enclaustramiento de Bolivia porque “un Juez o Tribunal, si es imparcial, está obligado a fallar conforme a derecho y no obedeciendo a veleidosas expectativas que se le expongan”.

Si bien coincidimos con la primera afirmación, y así también lo ha manifestado el Canciller David Choquehuanca a la prensa, en cuanto a que Bolivia no terciará en este asunto; no estamos de acuerdo con anular la posibilidad de dar a conocer el sumo interés que mantiene Bolivia sobre los territorios que son parte de esta controversia. Primero porque dicho interés no se basa en una “veleidosa expectativa” sino en un derecho legítimo por resolver la enorme injusticia que representa el encierro geográfico impuesto a nuestro país hace más de un siglo. Segundo, el Estado boliviano, no puede dar ni la más mínima muestra de claudicación en el más importante objetivo de nuestra política exterior, al no manifestar su postura, precisamente en el momento en que los países a los cuales atañe resolver el problema capital de Bolivia, están definiendo los límites del espacio físico que más posible y lógicamente podría servir para resolverlo. Y tercero, la presentación de los intereses bolivianos a la Corte de Justicia de la Haya, no implica necesariamente un deterioro de las relaciones que Bolivia mantiene con Perú y Chile, porque los argumentos se expondrían de manera totalmente imparcial y porque así se lo haría saber a esos dos países, al momento de entregarlos.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no comprometen la postura del gobierno de Bolivia.

La Esperanza Boliviana por Volver al Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guyoyo en Letras (Venezuela)

El reciente encuentro de los Presidentes Evo Morales y Alan García, que propició la ampliación de los acuerdos que permiten a Bolivia acceder al mar a través de la costa sur peruana, y la propuesta del senador chileno, Pablo Longueira, de someter al voto popular chileno la posibilidad de cederle a Bolivia un territorio soberano sobre las costas de Arica; han hecho que el problema marítimo boliviano se convierta, una vez más, en el principal tema de discusión político-diplomático entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, y han encendido, nuevamente, la esperanza del pueblo boliviano por reencontrarse con ese mar que le fue arrebato hace 131 años.

En 1992, con la firma del Convenio “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Perú concedió a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y un espacio para desarrollar una zona franca industrial y otra turística en el puerto de Ilo. Dichas concesiones si bien fueron recibidas en su momento con enorme expectación y mucha gratitud, no sirvieron para atenuar el enclaustramiento que afecta a Bolivia debido a la inexistencia de una carretera adecuada para acceder a las mismas; la mala administración que hizo la empresa concecionaria encargada del acondicionamiento de la zona franca industrial, a la cual el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato en el año 2000; y sobre todo, las no muy atractivas condiciones que la zona ofrecía a las actividades comerciales.

El Protocolo Ampliatorio del Convenio de 1992, que suscribieron los Presidentes Morales y Garcia el 19 de octubre pasado, incrementa las actividades excentas de impuestos que los bolivianos pueden realizar en la zona franca industrial de Ilo, que pasó a ser una "zona exclusiva especial", pero tampoco exime al intercambio comercial.

Aún así, no se puede desmerecer el gesto del Perú que una vez más demuestra su comprensión con la demanda marítima boliviana. Será responsabilidad de Bolivia acondicionar y administrar adecuadamente los espacios cedidos por los próximos 99 años. Así lo reconoció el Presidente Evo Morales, quien, a tiempo de agradecer la cooperación del Perú, destacó la esperanza que mantiene el pueblo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar y la naturaleza irrenunciable de su demanda marítima. Por su parte, el Presidente Alan García señaló que la situación que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es “injusta” y reafirmó el compromiso de su gobierno de no obstaculizar las negociaciones que conduzcan a una solución en la que Chile reconozca la soberanía boliviana en Arica.

Otra importante declaración, que aviva la esperanza popular de los bolivianos por reintegrarse al mar, la formuló el Canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien ante una consulta sobre la posible ejecución del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que exige la aceptación del Perú para que Chile le ceda a Bolivia territorios ariqueños, aseguró que su país “no pedirá soberanía, lo que pedirá es que se respete la servidumbre que tiene en Arica…”. Lo cual es relevante porque representa una garantía que no se repetirá lo acontecido en 1976 cuando, por primera y única vez, se ejecutó el referido Protocolo y Perú contestó a Chile con una contrapropuesta en la que sugirió compartir la soberanía del espacio por el cual Bolivia accedería al mar, lo cual no hizo más que entrabar las negociaciones que se habían iniciado en el pequeño poblado de Charaña, con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia.

Por otra parte, la propuesta lanzada por el senador oficialista chileno, Pablo Longueira, de realizar un plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie sobre la idea de dar solución al problema marítimo boliviano sin descartar una posible cesión de soberanía territorial; es una clara muestra de que el problema existe y que debe ser resuelto, es también el reflejo de una situación signada por la aproximación sin precedentes de los gobiernos de ambos países, que han incluido el tema en la agenda política que negocian los Viceministerios de Relaciones Exteriores, y es, al mismo tiempo, otro motivo esperanzador para el pueblo de Bolivia, que ansía recuperar un acceso soberano al mar.

Sin embargo, dicha propuesta, que fue muy bien acogida por las más altas autoridades bolivianas, no representa por sí sola un avance real en la recuperación de un acceso soberano de Bolivia al mar, ya que, en caso de que se realice, un resultado negativo impondría un enorme obstáculo al objetivo de reintegración marítima boliviana que sería muy difícil de superar, pues serviría de argumento para que el gobierno de Chile desestime la necesidad de negociar el tema. Por esa razón, la formulación del hipotético plebiscito, que además requerirá de una modificación en la legislación chilena que permita su realización, debe hacerse como mucho cuidado, pues si la consulta no hace referencia a los beneficios que Chile podría obtener con la ejecución del acuerdo que resuelva el problema marítimo de Bolivia, el rechazo del pueblo chileno estará más que garantizado.

Los hechos comentados y sus consiguientes repercusiones han puesto en evidencia, una vez más, que la cordialidad de las relaciones entre los países del Pacífico sur y su sustentabilidad en el tiempo, están condicionadas a la resolución del problema que genera el enclaustramiento boliviano; el cual sale a flote cada cierto tiempo generando molestias y esperanzas, las cuales se entremezclan con sentimientos nacionalistas que las exacerban y no permiten vislumbrar una solución definitiva al menos en el corto plazo. Además, en esta oportunidad, el problema reflota mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya evalúa los argumentos que Perú y Chile le presentaron para que ese alto Tribunal defina la frontera marítima entre ambos países. Dicho proceso representa un obstaculo para la reintegración marítima boliviana porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían dar a Bolivia un acceso soberano al mar.

Pero por más compleja que parezca la situación, no cabe duda que la inclaudicable esperanza del pueblo boliviano por reincorporarse a la vecindad del mundo a través del mar, mantendrá viva su demanda de reintegración marítima, hasta que se haga una realidad.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

Venezuela y el Problema Marítimo de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

La difícil y desventajosa situación que enfrenta Bolivia por no contar con un acceso propio al mar, ha sido motivo de numerosas manifestaciones de apoyo de parte de algunos países y organismos internacionales que, en diferentes momentos de la historia, instaron a quienes corresponde resolver este problema, hacer cuanto sea necesario para darle una solución definitiva. Entre esos respaldos, uno de los más significativos y constantes, ha sido el de Venezuela.

La controversia que genera el enclaustramiento geográfico de Bolivia en las relaciones político-diplomáticas de los países que concurren a las costas del Pacífico sur, ha tenido momentos críticos que a lo largo de la historia han llamado la atención de la comunidad internacional y que han generando, en esos momentos, un incremento de los apoyos a la demanda marítima boliviana. Uno de ellos se produjo en 1962, cuando, de manera unilateral, Chile decidió desviar el curso del río Lauca, que nace en los andes chilenos y desemboca en el lago boliviano Coipasa. Ante esa situación que contravenía las normas internacionales sobre el uso de aguas compartidas, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y varios países, entre ellos Venezuela, manifestaron su repudio a esta nueva agresión chilena contra el patrimonio territorial de Bolivia que, casi inevitablemente, trajo a colación al problema marítimo boliviano.

Fue así que con la intención de generar las condiciones para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia, el 22 de septiembre de 1962, los Presidentes, Rómulo Betancourt de Venezuela y Víctor Paz Estenssoro de Bolivia, suscribieron la “Declaración de Maracay”, con la que se recomendó a los cinco países bolivarianos conformar un grupo de expertos en conflictos internacionales para trabajar en propuestas de solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Sin embargo, debido a diferencias políticas y, sobre todo, al desinterés de Chile, la iniciativa de Maracay languideció sin resultados.

Otro momento que propició la manifestación del apoyo venezolano a la reintegración marítima boliviana, se produjo durante los años los setenta cuando, por circunstancias relacionadas con la violenta irrupción de Augusto Pinochet a la Presidencia de Chile, resurgieron algunos problemas limítrofes que ese país mantenía con Argentina y Perú, con el primero por unas islas situadas en el canal Beagle y con el segundo por la intención manifiesta de su Presidente, Juan Velasco Alvarado, por recuperar los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, antes de que llegara el centenario de aquel conflicto. En esos momentos, en los que el poderío militar peruano era muy superior al chileno y las autoridades castrenses de Chile pronosticaban y advertían sobre un posible ataque desde tres frentes (Argentina, Bolivia y Perú), Pinochet decidió ingresar en una negociación con Bolivia para darle una salida al mar, la cual se inició el 8 de febrero de 1975 en el pequeño poblado fronterizo de Charaña, donde además, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Un poco antes de que se iniciaran formalmente las conversaciones, el 9 de diciembre de 1974, el apoyo de Venezuela se expresó en la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que se realizó en Lima – Perú y en la cual, los países bolivarianos y sanmartinianos aprobaron una resolución que reconoció “la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos”.

Cuando el avance de las negociaciones iniciadas en Charaña había requerido la aceptación del Perú, para que Chile pueda cederle a Bolivia un territorio que le permita acceder soberanamente al mar, tal como lo estipula el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 suscrito entre los dos primeros países, y mientras el pueblo boliviano, esperanzado por reencontrarse con ese mar que le había sido arrebatado en 1879, empezaba a presionar a su gobierno por resultados en las negociaciones; Venezuela volvió a manifestar su apoyo con un regalo que simbolizó la comprensión de un pueblo muy vinculado al mar con otro que había sido injustamente enclaustrado.

En efecto, el 30 de julio de 1977, en una de las más significativas expresiones de apoyo que recibió la demanda marítima boliviana, el Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, obsequió a Bolivia un barco carguero que había servido en la C.A. Venezolana de Navegación y que a partir de esa fecha fue llamado “Simón Bolívar”. El gesto fue reconocido con la mayor gratitud por el pueblo boliviano que hasta el día de hoy recuerda con aprecio esa noble muestra de apoyo, que si bien no sirvió en ese momento para hacer que Chile retome el interés en las negociaciones que mostró en un principio, y cuyo fracaso produjo una nueva ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano-chilenas el 17 de marzo de 1978; es uno de los símbolos más importantes de la amistad que une a venezolanos y bolivianos.

En esa misma línea, Bolivia siempre pudo contar con el voto favorable de Venezuela en las once resoluciones a favor de la causa marítima boliviana que fueron aprobadas por la Asamblea General de la OEA desde 1979, en ellas, se reconoce que el problema que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es de interés hemisférico y que por tanto, debe ser resuelto.

Continuando esa disposición de apoyo a la demanda marítima boliviana, en noviembre de 2003, el Presidente Hugo Chávez, hizo un comentario que encendería la ira en Chile: “Bolivia tuvo mar y yo sueño con algún día bañarme en una playa boliviana”. Al día siguiente, los medios de prensa transandinos acusaron al Mandatario venezolano de intromisión en los asuntos internos de Chile e incluso se habló de una agresión a la soberanía de ese país. A tal punto llegó la molestia que el Presidente chileno, Ricardo Lagos, llamó a su Embajador en Caracas y calificó al sueño de Chávez como un “exceso”. Pese al roce diplomático que produjo ese comentario, el Presidente de Venezuela continuó señalando la injusticia que representa mantener geográficamente encerrada a Bolivia y repitió muchas veces sus deseos de solazarse algún día en una playa boliviana.

Todos estos hechos, que muestran el constante y desinteresado apoyo de Venezuela a los bolivianos, en un tema tan sentido para ellos como es el de su vinculación con el mar, han garantizado el respaldo recíproco de Bolivia a Venezuela en cualquier asunto que involucre a este último país y es otra muestra de los lazos que unen a estos dos pueblos hermanos que más temprano que tarde podrán bañarse en una playa boliviana.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

La Soberanía en la Solución del Enclaustramiento Boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

Existen varias dificultades que a lo largo de la historia han impedido alcanzar una solución al problema marítimo boliviano. En un principio fueron los intereses políticos y la falta de visión de los congresistas bolivianos; después se añadieron trabas legales impuestas en acuerdos internacionales, como el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que introdujo al Perú en ese asunto; seguidamente se agregaron posiciones nacionalistas intransigentes de ambas partes que, a través de los medios de comunicación, promovieron la oposición a cualquier intento de solución; a estos inconvenientes, luego se sumaron condiciones impuestas por Chile, como el canje territorial, que no permitieron llegar a buen puerto; todo ello siempre exacerbado por la extrema sensibilidad que conlleva este tema y determinado por una evidente falta de voluntad política de parte de los gobernantes, principalmente chilenos, que han tenido en sus manos la posibilidad de terminar con este largo y difícil problema. 

Continuando esa tendencia, en los últimos años surgió un nuevo inconveniente, que hoy parece ser el principal obstáculo para llegar a un acuerdo que permita resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano, se trata del reconocimiento de la soberanía territorial de Bolivia sobre las costas del Pacífico, que los bolivianos demandan y los chilenos rechazan.

Se afirma que es nuevo porque en 1895, 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, Chile aceptó solemnemente y por escrito, considerar la cesión de su soberanía territorial a Bolivia en un espacio situado en la zona fronteriza que comparte con Perú. Por lo cual, la inclusión del tema de la soberanía en las conversaciones para dar solución al problema marítimo boliviano, no es algo nuevo, sino que cuenta con repetidos e importantes antecedentes, que deben ser considerados a la hora de tratar este asunto.

Alguna vez se dijo que el gobierno chileno está imposibilitado de ceder soberanía territorial por la supuesta existencia de una restricción constitucional. Sin embargo, la Constitución Política de Chile no contiene referencia alguna a una posible cesión de territorios. En realidad, lo que generó esas suposiciones, fue la interpretación malintencionada de la ley chilena sobre Seguridad del Estado de 1958, actualizada en 1975, que establece una pena de 5 a 10 años de cárcel para los nacionales chilenos “que de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio propiciaran la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado Extranjero”. Sin embargo, es importante aclarar que esta disposición no coarta de ninguna manera la facultad del Estado chileno para suscribir tratados que modifiquen la superficie territorial chilena.

La primera vez que el gobierno chileno manifestó su intención de dejar fuera de las conversaciones con Bolivia al tema de la soberanía fue en abril de 2006, cuando la entonces Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que su gobierno “está dispuesto a buscar una salida al mar (para Bolivia), pero eso no quiere decir que esté dispuesto a entregar soberanía...”. Luego, en septiembre de 2007, en la ciudad de La Paz, declaró que “cuando se plantean temas de cesión de soberanía (los chilenos) se ponen un poco a la defensiva”. Con esos comentarios, basados en encuestas realizadas a la población chilena, se establecieron los primeros argumentos de una postura que luego fue adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien, el 19 de julio de 2010 afirmó, “Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”

Por otra parte, según la postura boliviana, para resolver definitivamente este asunto, es necesario que Bolivia recupere un espacio territorial costero y marítimo con soberanía que le permita acceder libremente al mar; porque no se trata solamente de facilitar su acceso al mar, ni de mejorar y/o ampliar su flujo comercial por los puertos chilenos, sino de levantar el injusto encierro impuesto hace más de un siglo al pueblo boliviano y de permitir su reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar de manera amplia e irrestricta. Y porque además, así lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en su artículo 267, inciso II dice: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Es importante que la demanda marítima de Bolivia sea clara y firme en sus objetivos centrales, pero no por exigir la más amplia y absoluta soberanía se debe caer en la intransigencia y en el alejamiento de la realidad. La diplomacia boliviana debe actuar en base a las nuevas realidades y concepciones del derecho internacional, sin claudicar en su importantísimo objetivo de reintegración soberana, pero considerando que también es necesario ceder para ganar. En ese sentido, es importante tener presente que para terminar definitivamente con este problema, es necesario que el acuerdo de solución contemple beneficios para todos los involucrados como la única forma de generar un ambiente de coexistencia pacífica, cordial y sincera entre los países que por su geografía concurren a las costas del Pacífico Sur.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

El Injusto Encierro de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Las siguientes líneas fueron escritas con el propósito de dar a conocer las razones que explican por que la carencia de un acceso propio al mar de Bolivia es una situación grave e injusta y por que, después de 131 años de vivir en esta condición, los bolivianos aún reclamamos nuestra reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar.

Las pérdidas territoriales de Bolivia fueron inmensas, más de la mitad del territorio con el que nació a la vida independiente tuvo que ser entregado a sus cinco vecinos, quienes se aprovecharon de la debilidad militar de un país que no terminaba de consolidarse, en el caso de Chile y Brasil; que fueron favorecidos por un arbitraje tendencioso, en el caso de Perú; que obtuvieron una compensación por otros territorios que hoy son parte de Bolivia, en el caso de la Argentina; y que salieron victoriosos de una guerra sin sentido, impulsada por gobernantes que no fueron capaces de resolver sus problemas por la vía diplomática, en el caso de Paraguay. En general, se podría decir que los cinco países mencionados se vieron beneficiados por decisiones políticas de Bolivia, quizás desacertadas, pero forzadas por un contexto internacional muy desfavorable al momento de suscribir los tratados que definieron sus límites.

Si bien todas esas pérdidas afectaron considerablemente al pueblo boliviano y la mayoría de ellas representaron un altísimo costo de oportunidad para el crecimiento económico de Bolivia, porque se dejó de contar con las importantes riquezas que esos territorios contenían y aún contienen; ninguna de ellas afectó tanto a la identidad de la nación boliviana ni significó un perjuicio tan grande para su desarrollo económico, como la pérdida de su única salida al mar.

Es un problema de identidad nacional porque la sensación de encierro que dejó esa gran pérdida a los bolivianos y la precepción dominante de que éste fue impuesto injustamente, no ha permitido dar vuelta la página y superar el trauma que produjo esa derrota sufrida hace más de un siglo. Por eso, los bolivianos no aceptan su condición de enclaustramiento y siempre reaccionan con extrema desconfianza ante cualquier intento de aproximación diplomática entre su gobierno y el de Chile, actitud, que en varias oportunidades fue reforzada por decisiones tomadas desde La Moneda en contra de Bolivia, tales como la desviación unilateral de las aguas del río internacional Lauca en 1962, la colocación de minas antipersonales en la frontera boliviano-chilena a finales de la década de los 70 y la utilización gratuita de las aguas bolivianas del Silala a partir de 1908, entre otras.

Es también un perjuicio para el desarrollo económico de Bolivia porque, además de estar prácticamente imposibilitada de explotar los recursos marinos, el intercambio de productos que realiza con otros países a través de la vía por la que transita más del 90% del comercio mundial, se encuentra limitado por los mayores costos que representa el necesario traspaso de dichos productos por un territorio extranjero y por la consiguiente dependencia de los gobiernos que administran dicho territorio, la cual genera una constante incertidumbre para la inversión en actividades de comercio exterior por vía marítima. Estas limitantes le cuestan anualmente a Bolivia casi un punto porcentual de su crecimiento económico, según estudios realizados sobre este tema (CEPAL. “El desarrollo de las economías sin costa marítima”: 2003; y Jeffrey Sachs. “The Convergente Nature and Growth”: 1997).

Es incluso una de las pérdidas más terribles que país alguno ha sufrido como consecuencia de una guerra, puesto que Bolivia no sólo perdió un gran territorio con enormes riquezas naturales, sino también una importantísima cualidad de contacto con el mundo que, después de más de cien años, continua perjudicando su desarrollo económico y social por las razones antes explicadas.

El mantenimiento del encierro boliviano agrava de tal forma la pérdida territorial consumada en el Tratado de 1904, que no es posible compararla con las disminuciones geográficas que sufrieron otros países. De los 43 estados que actualmente no cuentan con una costa marítima, sólo cinco la perdieron, pero a ninguno de ellos les fue arrebatada mediante una invasión militar como a Bolivia. Austria y Hungría perdieron su condición de países marítimos cuando el Imperio Austrohúngaro fue disuelto y su territorio fue repartido entre varios países en 1919 y en 1920 respectivamente. Mientras que Etiopía y Serbia quedaron sin acceso propio la mar, tras sus respectivas separaciones de Eritrea en 1993 y de Montenegro en 2006.

En buenas cuentas, la carencia de una salida propia al mar es una situación injusta para los bolivianos porque el encierro fue impuesto a través de un tratado que puso fin a una guerra no provocada por Bolivia, y porque resulta excesivo para un pueblo tener que seguir pagando los costos de una derrota sufrida hace tanto tiempo; considerando además que, como consecuencia de esa guerra, el vencedor obtuvo de Bolivia la cesión del dominio perpetuo sobre un vasto territorio con enormísimas reservas de cobre que le han permitido alcanzar el desarrollo económico que hoy ostenta.

Por todas estas razones y porque el prolongado espacio de tiempo transcurrido demuestra que los bolivianos no dejaremos de reclamar que se levante nuestro encierro hasta que eso finalmente ocurra, es necesario que los gobiernos de los países involucrados alcancen un acuerdo que permita desarrollar una relación cordial y distendida, que por tanto tiempo ha estado ausente, y que le dé a Bolivia acceso soberano al mar.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

La Paralización del Ferrocarril Arica - La Paz, Una Violación al Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras 

El ferrocarril que une al puerto de Arica con El Alto de La Paz, junto a 300 mil libras esterlinas, créditos de hasta 5% para la construcción de otras líneas férreas en territorio boliviano y un derecho de libre tránsito, son las exiguas compensaciones que Chile dio a Bolivia a cambio de 400 kilómetros de costa y más de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio que, entre otras cosas, contienen el yacimiento cuprífero más grande del mundo. Esta inequitativa transacción, estipulada en el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, se agrava aún más si se considera que su ejecución dejó a Bolivia sin acceso al mar.

En cumplimiento a lo acordado en ese Tratado y en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz fechada el 27 de junio de 1905, Chile construyó dicha línea férrea, la puso en funcionamiento a partir de 1913 y en 1928 traspasó a Bolivia la sección Charaña – La Paz.

En 1996, con la capitalización (privatización) de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia (ENFE), la sección boliviana, Charaña – La Paz, pasó a depender de una empresa controlada por el Grupo Luksic de Chile. Un año más tarde, el tramo chileno, Arica – Visviri, que había sido administrado por el Estado chileno hasta ese entonces, fue entregado en concesión a la empresa chilena Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP).

Con el total de la vía en manos de privados chilenos, se creyó que su eficiencia aumentaría y que su funcionamiento estaría permanentemente garantizado, porque además, así lo establece la Convención de 1905. Pero ocurrió lo contrario, en 2001, una fuerte tormenta ocasionó el desborde del río Lluta que se llevó los rieles que lo sobrepasaban. Los costos de rehabilitación y los asociados a la interrupción del servicio, afectaron de tal manera a las finanzas de la AFCALP, que no pudo volver a generar rentabilidad ni con la reposición del servicio. En noviembre de 2005 la empresa se declaró en quiebra. Desde entonces, el ferrocarril Arica – La Paz, que es la principal compensación que Bolivia recibió por la entrega su vasto, rico y único litoral, se encuentra paralizado.

Este hecho no es menos que una flagrante violación a la Convención de 1905, y por tanto al Tratado de 1904 que ésta reglamenta, pues en ella está claramente establecida la obligación que tiene Chile de garantizar el funcionamiento permanente y perpetuo del ferrocarril. Se trata de una violación al Tratado de Paz porque, en este caso, la transgresión de la Convención de 1905, como la norma adjetiva y reglamentaria que se desprende directamente de la norma sustantiva marco que es el Tratado de 1904, constituye una inobservancia al propósito con el cual fue concebido ese Tratado en su parte referida a la construcción del ferrocarril Arica – La Paz, que innegablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

Aun así, la rehabilitación del ferrocarril no parece ser una prioridad para el gobierno chileno, que si bien ha llamado a una segunda licitación con ese propósito, no ha mostrado una verdadera voluntad política por restablecer el servicio ferroviario con la celeridad y urgencia que un compromiso internacional de estas características amerita. Prueba de ello es el transcurso de casi un lustro de inactividad que al parecer se prolongará unos años más y la inexistencia de un compromiso serio con Bolivia para restablecer los servicios del ferrocarril, pese a la preocupación manifestada por parte de las autoridades bolivianas a las chilenas en los ámbitos correspondientes, como en la X Reunión del Comité de Frontera Bolivia – Chile, celebrada en agosto de 2009 en La Paz, y en la XXI Reunión del Mecanismo de Consultas políticas Chile – Bolivia de noviembre de ese año, realizada en la ciudad de Santiago.

Por todo lo dicho, la paralización del ferrocarril, además de constituirse en un incumplimiento por parte de Chile de los acuerdos mencionados, muestra una vez más una actitud hostil hacia Bolivia, que es la que no permite que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos. Porque además, el ferrocarril Arica – La Paz, conjuntamente con el derecho de libre tránsito, deberían servir para atenuar el costosísimo encierro geográfico que afecta a Bolivia desde hace 131 años, según el espíritu con el que fueron concebidos el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

El Litígio Limítrofe entre Perú y Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

La delimitación de la línea que divide las aguas entre Perú y Chile, la pertenencia del triangulo que se proyecta en el mar y el punto donde comienza la frontera terrestre entre los dos países, han generado serias discrepancias entre los gobiernos de Lima y Santiago en el pasado reciente; tanto así que el litigio fue llevado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que esa instancia resuelva el asunto, en el cual, también concurren los intereses de Bolivia por recuperar su condición de país marítimo, pues los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían darle una salida al mar.

Mientras Chile aduce que el límite marítimo es el paralelo geográfico que sigue a la frontera terrestre entre ambas naciones, tal como lo dan por entendido los acuerdos suscritos por ambos países y Ecuador en 1952 y 1954; Perú argumenta que dichos acuerdos no determinan la frontera marítima porque no tienen por objeto la delimitación limítrofe, la cual – afirman los peruanos -, aún está pendiente.

Áreas en disputa

La Declaración de 1952, establece los derechos de los suscriptores en el mar y hace una referencia a la superposición de las áreas marítimas que corresponden a territorios insulares, pero no hace delimitación alguna. Por otra parte, el Convenio de 1954, que es el documento más controversial de todo este asunto, reglamenta los límites de la navegación de las embarcaciones que venían violando de forma inocente y accidental el límite fronterizo marítimo – que no había sido definido -; estableciendo “una zona especial, a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países” (Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 4 de diciembre de 1954).

Para Chile, el texto del Convenio de 1954, deja muy en claro que “el paralelo constituye el límite marítimo entre los dos países”, y por tanto, no hay nada que discutir sobre la delimitación marítima, ya que además, Perú firmó y ratificó dicho acuerdo. Desde el punto de vista chileno, el objeto del Convenio fue establecer un área de tolerancia para la navegación de las naves que violaban el límite fronterizo chileno-peruano y peruano-ecuatoriano, lo cual significa que el Perú, al ser suscriptor de ese Convenio, aceptó tácitamente que existe un límite fronterizo marítimo definido por el paralelo geográfico que sigue a la frontera terrestre que divide a los países signatarios. Además, desde hace más de 50 años, el mencionado convenio está vigente, y durante todo ese tiempo, ha sido respetado por sus suscriptores (stoppel).

Extensión de las áreas en disputa

Sin embargo, para Perú, dichos acuerdos se refieren a los derechos de los tres países en el mar sobre una extensión de 200 millas marinas (1952) y a la reglamentación para la navegación comercial en esas aguas (1954), por lo que no es aceptable dar por delimitada la frontera marítima mientras no exista un acuerdo específico que la defina. La posición peruana sostiene que el territorio marítimo que le corresponde a Chile, conforme a la Declaración de 1952, se superpone al área marítima que según ese mismo acuerdo le correspondería al Perú; razón por la cual, este último país propone dividir equitativamente el territorio superpuesto a través de una línea equidistante.

Además de eso, existe un triangulo externo en el mar de 27 mil km2 aproximadamente, que se encuentra a menos de 200 millas marinas del territorio peruano y a más de esa misma distancia del territorio chileno. Por lo cual, Perú solicitó a la Corte que se reconozca su dominio sobre esa zona marítima que Chile considera su mar presencial, algo así como las aguas de alta mar más próximas al espacio marítimo que le corresponde o más allá de las 200 millas marinas que la Convención del Mar de 1982 reconoce como zona económica exclusiva.    

Asimismo, existe una discrepancia en cuanto al punto donde comienza el límite terrestre entre Chile y Perú, debido a las interpretaciones que se les puede dar a los textos del Tratado de Lima de 1929 y al Acta de la comisión mixta que fue encargada de la respectiva delimitación en 1930, lo que ha hecho que exista un triangulo de arena en disputa de 3,6 Km2.

VERSIÓN PERUANA

VERSIÓN CHILENA

Por lo explicado, Perú decidió presentar una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para determinar “el curso del límite marítimo entre los dos Estados” y resolver asimismo, las discrepancias acerca del punto de anclaje. El proceso comprende dos partes, una escrita y otra oral. La primera se abrió el 19 el marzo de 2009, cuando Perú presentó la memoria documental de sus argumentos; el 9 de marzo de 2010, Chile presentó su contramemoria. Ahora resta la réplica peruana y la dúplica chilena para las cuales cada país tiene ocho meses; luego vendrá la fase oral, que generalmente es más corta; y finalmente, este alto Tribunal, emitirá un fallo inapelable.

Empero es importante considerar que la resolución de este asunto no sólo servirá para definir los límites fronterizos entre Perú y Chile, sino que establecerá la nueva estructura de las relaciones político-diplomáticas entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, que históricamente estuvieron definidas por un equilibrio de poder, en el que por un lado están, Bolivia y Perú, y por el otro, Chile. Además, hay que tener en cuenta que están en juego los más profundos sentimientos nacionalistas de estos países; pues para Chile significa dar un paso más en sus intenciones hegemónicas sobre la zona, para Perú se trata de territorios que otrora fueron suyos y que aún añora, y para Bolivia, representa el espacio físico que podría servir para levantar el costosísimo enclaustramiento geográfico al que fue sometida hace 131 años.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

El Libertador y el Mar Boliviano

Por: Jorge Escobari Cusicanqui
Publicado por la Embajada de Bolivia en Colombia

La ausencia del mar boliviano, es una sombra en las evocaciones de las glorias del Libertador. Por muy elocuentes que sean los actuales elogios a las aspiraciones del prócer; por muy grandes que aparezcan las ceremonias destinadas a enaltecerlas, existirá siempre algo así como una muda contemplación de su obra lastimada, mientras subsista el enclaustramiento abominable de Bolivia.

Cuando Bolívar fundó Bolivia, le reiteró soberanía sobre el mar que siempre había tenido, y juró defenderla con el sacrificio aún de su propia vida; inmolación a la que estuvo dispuesto con ejemplar nobleza, como si se tratase de la misma tierra colombiana. En carta dirigida por él al General Páez el 26 de septiembre de 1825, le decía: “Ya me tiene usted comprometido a defender a Bolivia hasta la muerte como a una segunda Colombia: de la primera soy padre, de la segunda soy hijo: Así mi derecha estará en las bocas del Orinoco y mi izquierda llegará a las márgenes del Río de la Plata”.

Bolívar, al estimular la independencia de la nueva República desligada de las jurisdicciones coloniales de Lima y Buenos Aires, avaló, por así decirlo, el estatuto territorial que secularmente había conformado la nación boliviana. En las tres etapas fundamentales de su existencia, Bolivia tuvo costas propias en el Pacífico: durante las civilizaciones milenarias de los aymaras y de los quechuas, en el régimen colonial y en el sistema republicano.

El 25 de mayo de 1826, el Libertador decía en discurso al Congreso Constituyente de Bolivia “Vuestra munificencia dedicándome una nación, se ha adelantado a todos mis servicios, y es infinitamente superior a cuantos bienes puedan hacernos los hombres”, y reiterando su reconocimiento porque la nueva República hubiese escogido su nombre, añadía: “Mi desesperación aumenta al contemplar la inmensidad de Vuestro premio, porque después de haber agotado los talentos, las virtudes, el genio mismo del más grande de los héroes, todavía sería yo indigno de merecer el nombre que habéis querido daros, ¡el mío!” “¿Qué quiere decir Bolivia? – exclamaba -. Un amor desenfrenado de libertad, que al recibirla vuestro arrobo, no vio nada que fuera igual a su valor. No hallando vuestra embriaguez una demostración adecuada a la vehemencia de sus sentimientos, arrancó vuestro nombre, y le dio el mío a todas vuestras generaciones”.

Bolívar amó pues entrañablemente a Bolivia a la que consideraba “su hija predilecta” y cuya integridad territorial, en carta dirigida al Gran Mariscal de Ayacucho desde Caracas el 6 de abril de 1827, le recomendaba hacerla respetar: “Junín y Ayacucho – le decía – la engendraron, los libertadores deben mantenerla a costa de sus sacrificios”. Cuando se enteró de que esa integridad territorial había sido amenazada por fuerzas que osaran trasponer la frontera boliviana, en proclama a los pueblos del Sur dirigida desde Bogotá el 3 de junio de 1828, les expresó “Os convido solamente a alarmaros contra esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra hija, y que intentan aún profanar el seno de la madre de los héroes. Armaos colombianos del Sur. Volad a las fronteras del Perú y esperad allí la hora de la vindicta. Mi presencia entre vosotros será la señal de combate”. Bolívar estuvo pues dispuesto a ofrendar su propia vida para defender el suelo boliviano. ¡Cuán lejos se hallaba entonces de suponer que transcurridos algo más de cuarenta años, Bolivia sufriría el más atroz cercenamiento de su territorio: el de su litoral sobre el Océano Pacífico! Esta mutilación, promovida en 1879 por Chile, relegó a Bolivia a sus montañas, convirtiéndola en un país esencialmente mediterráneo.

Cuando Bolívar dio su asentimiento para la insurgencia del Estado que llevaría su nombre, se preocupó particularmente no sólo porque fuese mantenido bajo su jurisdicción el litoral sobre el mar que siempre había poseído, sino que dictó medidas adecuadas para habilitarlo debidamente. Así como estuvo dispuesto a mandar los ejércitos de Colombia y a ofrendar su propia vida defendiendo la integridad del territorio de Bolivia, jamás habría consentido que le fuese amputado un órgano imprescindible para su progreso y subsistencia, como es el de su costa sobre el Pacífico. Bolívar, en carta fechada en Lampa el 3 de agosto de 1825, decía al Presidente de la Asamblea General del Alto Perú: “no puedo burlar la confianza de un pueblo generoso, que me cree digno de ella. El Alto Perú debe contar con mi espada y con mi razón, no tengo más que ofrecer…”.

Extracto de una conferencia pronunciada por el Embajador de Bolivia Jorge Escobari Cusicanqui ante la Sociedad Bolivariana de Colombia el 14 de agosto de 1964.

El Problema Marítimo de Bolivia.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Guayoyo en Letras (Venezuela)

La demanda marítima boliviana nace de un derecho legítimo por resolver un largo y difícil problema que ha costado muchísimo al desarrollo social y económico de Bolivia, y que se ha convertido en un tema de mucha sensibilidad para el pueblo boliviano. Su resolución ha sido motivo de varias negociaciones entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en algunos casos Perú, pero en ninguna de ellas se llegó a resolver debido principalmente a la fata de voluntad política de sus gobernantes. Actualmente el tema es parte de la agenda que negocian las cancillerías de La Paz y Santiago, sin embargo, para llegar a una verdadera solución, que signifique el restablecimiento de la soberanía boliviana sobre las costas del Pacífico, no sólo se deberá contar con la voluntad política de los gobiernos a los que atañe este problema, sino también con el apoyo de sus pueblos.

Desde que Chile se apropió por las armas del único territorio boliviano en la costa (1879), el objetivo de recuperar el acceso al mar es la máxima prioridad de la política exterior boliviana. El derecho de Bolivia a recobrar su condición de país marítimo se basa en los siguientes hechos inobjetables: haber poseído un litoral en el Pacífico, legítimamente conferido a la república por el uti possidetis juris de 1810; haberlo perdido como el resultado de una guerra de expoliación injusta, promovida por intereses anglo-chilenos; y haberse reconocido el dominio de Chile sobre el litoral boliviano, mediante un tratado viciado de origen, por haber sido impuesto por la fuerza.

El enclaustramiento forzado de Bolivia es un problema que ha costado muchísimo a su desarrollo social y económico, porque ha causado daños sociológicos y psicológicos profundos, asociados a la identidad y a la propia autoestima de los bolivianos, y porque además, ha significado un gran obstáculo para su crecimiento económico debido al costo de los servicios portuarios que se debe pagar a las autoridades del territorio de tránsito, el cual encarece el precio tanto de los bienes que Bolivia consume como de los que ofrece al exterior.

A pesar de ello, la demanda marítima boliviana, fundada en lamentaciones y en la estridencia de los discursos políticos contra Chile, que fue una estrategia recurrentemente utilizada por los diplomáticos bolivianos del pasado, especialmente en foros internacionales como la OEA; no será el camino que permita a Bolivia recuperar una salida al mar, sino la negociación diplomática que haga posible desarrollar programas de integración regional, que consiga distender las relaciones entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, que permita restablecer las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y la aceptación, y esto principalmente de parte de los negociadores bolivianos, de que el acuerdo de solución al que se llegue deberá contemplar beneficios para todos sus participantes (incluyendo al Perú de acuerdo al Protocolo Adicional al Tratado de 1929). Pero para alcanzar una verdadera solución, y esto es lo más importante, es preciso considerar que el arreglo debe lograr un equilibrio entre la generación de beneficios suficientes para los países involucrados y el respeto al sentimiento de un pueblo que no puede pagar de por vida los costos de una derrota.

A lo largo de la historia, la intención de levantar el encierro más que centenario de Bolivia, ha motivado varias aproximaciones diplomáticas entre los gobiernos de Bolivia, Chile y en ciertas ocasiones Perú, sin embargo, en ninguna de aquellas oportunidades se logró comprender y actuar en correspondencia a lo señalado anteriormente y, en consecuencia, no se pudo alcanzar una solución definitiva a este largo y difícil problema.

Recientemente, la diplomacia de los pueblos, ideada y aplicada por el gobierno de Evo Morales, y recibida favorablemente por la administración de Michelle Bachelet, ha permitido incluir el tema marítimo en la agenda política que negocian ambas Cancillerías. La diplomacia de los pueblos, a través de la profundización de la confianza mutua, ha dado continuidad al proceso iniciado hace muchos años por los Aymaras Sin Fronteras, que es una organización que reúne a los indígenas que habitan en la zona fronteriza compartida entre Chile, Bolivia y Perú, y dio inicio a una aproximación sin precedentes de diplomáticos, parlamentarios y militares; bolivianos y chilenos.

Pero el mal trato entre los Presidentes de Bolivia y Perú, que recientemente han intercambiado serias acusaciones y hasta insultos, empaña la situación recién anotada y así también lo hace la Demanda interpuesta por el Perú en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justica de la Haya en enero de 2008, sobre la delimitación marítima y terrestre entre ambos países.

Aun así, las expectativas del pueblo boliviano son grandes, porque grande es la esperanza por reencontrarse con ese mar que le pertenece por derecho, y si bien el nuevo Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha manifestado su renuencia a “hablar de soberanía” con Bolivia durante su campaña electoral, en referencia a una posible cesión de territorios; está en sus manos dar continuidad a esta etapa de cordialidad y entendimiento con Bolivia, que en un futuro cercano y con la indispensable voluntad política de los gobiernos involucrados que deberá ser respaldada por sus pueblos, podría propiciar el fin de las diferencias en el Pacífico sur.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

Las crisis políticas en el Hemisferio Occidental

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guayoyo en Letras

José Miguel Insulza

Durante los cinco años que José Miguel Insulza ejerció como Secretario General de la Organización de Estados Americanos, se presentaron serios desafíos al mantenimiento de la democracia en el hemisferio occidental. Las crisis políticas e institucionales registradas fueron variadas en cuanto a sus motivos e implicancias, pero todas ellas se produjeron en países con instituciones tradicionalmente débiles y democracias aun no consolidadas, y asimismo, en todas ellas, se requirió del esfuerzo conjunto de dichas instituciones y de organismos internacionales, como la OEA, para superarlas.    

Las crisis que se vivieron en el último lustro son una clara muestra de que la democracia representativa, basada en el sufragio universal y secreto, no garantiza por sí sola la estabilidad política y la gobernabilidad de los líderes elegidos por el soberano. Siguiendo el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, se entiende que el mantenimiento de la institucionalidad democrática, sólo es posible en un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, en el que se respete continuamente los derechos humanos y, sobre todo, que se garantice la separación e independencia de los poderes públicos.   

No obstante, para comprender mejor lo señalado, es preciso recordar cómo se desataron las crisis ocurridas durante la gestión de Insulza como Secretario General de la OEA y cómo se llegó a darles fin o, al menos, a apaciguarlas.

En Nicaragua, las desavenencias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo llegaron a amenazar la continuidad del gobierno de Enrique Bolaños, ya que éste había perdido a varios de sus parlamentarios por las dudas que generaron las acusaciones en su contra sobre malversación de fondos del Estado (febrero de 2005). El Congreso, controlado a esas alturas por la oposición, aprobó varias reformas constitucionales que limitaban el poder del Ejecutivo, las cuales, no fueron acatadas por éste. Después de varios meses de negociación, opositores y oficialistas, acordaron postergar dichas reformas (octubre de 2005), lo que permitió a Bolaños terminar su mandato en los tiempos establecidos por la Constitución (noviembre de 2006). 

En Ecuador, la gobernabilidad del Presidente Lucio Gutiérrez estuvo seriamente amenazada por su escaso apoyo en el Congreso, lo que le llevó a buscar la alianza de los partidos políticos que tenían interés en intervenir la Corte Suprema de Justicia para evitar juicios en contra de sus máximos líderes (diciembre de 2004). La nueva coalición permitió al poder Ejecutivo, a través del Legislativo, controlar a los poderes Judicial y Electoral. Ante esa ilegalidad, la sociedad civil quiteña salió a las calles a exigir la renuncia del Mandatario y de sus partidarios, lo que finalmente trascendió en una sucesión constitucional que le dio la presidencia al vicepresidente, Alfredo Palacio (abril de 2005).  

En Bolivia, la redacción de una nueva Carga Magna, promovida por el gobierno de Evo Morales, se complicó seriamente porque el oficialismo no alcanzó los dos tercios de los votos en la elección de representantes para la Asamblea Constituyente (julio de 2006), necesarios para aprobar la Constitución en detalle. Amparados en diversos cuestionamientos al proceso constituyente, los prefectos (gobernadores) y dirigentes cívicos opositores intentaron dar un golpe de Estado al gobierno, pero su fracaso (septiembre de 2008) terminó por abrir el camino para la aprobación de la nueva Constitución (enero de 2009) y la reelección de Morales (diciembre de 2009), con un amplio apoyo popular.

Evo Morales con la Nueva CPE

En Guatemala, la crisis política se desató tras conocerse el video que grabó el abogado Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado, en el que culpa al Presidente Álvaro Colom de ordenar su ejecución (mayo de 2009). El hecho dividió a los guatemaltecos entre los que apoyaban al Presidente y los que pedían su renuncia, mientras éstos se enfrentaban en la calles, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de la ONU, realizó una investigación que finalmente exoneró al gobierno de las acusaciones (enero de 2010).     

Todas las crisis mencionadas fueron exitosamente superadas con la ayuda oportuna de la OEA. Sin embargo, según el mismo Insulza, en Honduras no se pudo evitar la interrupción del régimen democrático constitucionalmente establecido debido a que, a diferencia de lo ocurrido en los otros casos, el gobierno hondureño no invocó a tiempo las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana.  

El problema en Honduras comenzó cuando el Congreso rechazó la propuesta del Presidente Manuel Zelaya de celebrar un referéndum para modificar la Constitución con el fin último de permitir la reelección presidencial (23 de junio de 2009). Aun así, el Mandatario prosiguió con su plan de consultar a sus conciudadanos si estaban de acuerdo con la celebración del referéndum. Las Fuerzas Armadas se rehusaron a colaborar con tal propósito, y en consecuencia, Zelaya destituyó a su Jefe (24 de junio). Al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución del Jefe militar y el Parlamento aprobó una moción para investigar la actuación del Jefe de Estado en la generación de la crisis (25 de junio). Al no contar con el respaldo de los poderes Legislativo y Judicial, Zelaya intentó recuperar el apoyo de las Fuerzas Armadas pero no tuvo éxito, más al contrario, comandos de esa institución irrumpieron en su casa para obligarle a tomar un avión que lo llevaría a Costa Rica. Horas más tarde, en acto inconstitucional, el Congreso otorgó la primera magistratura a su presidente, Roberto Michelleti (28 de junio).

La ruptura de la institucionalidad democrática en Honduras y su preservación en los meses que siguieron, activaron los mecanismos de presión que posee la OEA para estos casos. A los pocos días se aprobó una Resolución exigiendo la restitución de Zelaya, y luego, la Asamblea General, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana (Art. 19), decidió suspender a Honduras como miembro del organismo reafirmando además que el nuevo régimen debía seguir cumpliendo las obligaciones de los integrantes de la OEA, especialmente en materia de derechos humanos.

La crisis de Honduras tuvo un alto costo político para el Secretario General de la OEA, que fue blanco de muchas críticas por su accionar antes y después del golpe de Estado perpetrado por Michelleti y las Fuerzas Armadas hondureñas. Los cuestionamientos vinieron de diversas instituciones y variados personajes, como el ex presidente salvadoreño, Armando Calderón; el ex canciller mexicano, Luís Ernesto Derbez; el Senador estadounidense del partido republicano, Richard G. Lugar; el Washington Post; y la Human Rights Fundation; entre otros. Todas esas críticas referidas al papel de Insulza como Secretario General de la OEA, se pueden resumir, en cuanto a lo que la crisis de Honduras se refiere, en la incapacidad demostrada por éste para prevenirla y en su fallido intento por promover el diálogo entre el Presidente destituido y el de facto, una vez consumado el golpe de Estado.

Pero la disconformidad anotada, sumada a otras críticas relacionadas con una supuesta permisividad a los gobiernos que no estarían respetando los derechos humanos y a los cuestionamientos surgidos por el hecho de haber dejado sin efecto la suspensión de Cuba como miembro del organismo, pese a que su gobierno aun no cumple las condiciones establecidas en la Carta de la OEA;  harían pensar que Insulza no será reelegido el próximo 24 de marzo, cuando se decida quién será el siguiente Secretario General de la OEA. Sin embargo, debido a que no se presentó ningún otro candidato a optar por ese cargo, la reelección de Insulza es un hecho.

Ex Presidente de Honduras, Manuel Zelaya

Por otra parte, la nueva iniciativa de crear un organismo paralelo a la OEA, aprobada por 32 países en la Reunión del Grupo de Río en Cancún – México, celebrada el 22 de febrero pasado, que llevará el nombre de Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños,  y que excluye a Estados Unidos y Canadá; pone en duda la verdadera relevancia de la OEA como organismo encargado de velar por la paz y promover la democracia en el hemisferio. Sin embargo, a pesar de ello, Insulza destacó como uno de los puntos más importantes de su gestión el haber logrado el aumento de la relevancia de la OEA. Al respecto, en su discurso ante el Consejo Permanente del organismo para pedir apoyo a su reelección dijo: “Hemos visto cómo el involucramiento de la OEA, que hace un par de décadas muchos condenaban aún y rechazaban a priori, puede jugar un papel constructivo en la solución de disputas y llevar adelante programas útiles para la gente de nuestros países. Con un número relativamente pequeño de profesionales y un presupuesto modesto hemos asumido algunos de los desafíos multilaterales más difíciles de nuestro Hemisferio en transición”.

Por todo lo dicho, y más allá de lo bien o mal que Insulza dirigió a la OEA en estos últimos cinco años, los riesgos que enfrentarán las democracias del hemisferio en los años venideros, sólo desaparecerán cuando exista un sistema de múltiples partidos y asociaciones políticas, se respete los derechos fundamentales de cada ser humano y, sobre todo, se observe un efectivo acatamiento a la separación e independencia de los poderes del Estado. En consecuencia, para lograr que la OEA tenga éxito en su propósito de promover y consolidar la democracia (Art. 2/b de la Carta de la OEA de 1948), el próximo Secretario General, sea quien sea, deberá trabajar mucho más en la preservación y mejoramiento de regímenes que permitan la libre participación política de los ciudadanos, en el aumento de la transparencia de los gobiernos en cuanto al resguardo de los derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas para que sean administradas de manera autónoma, en otras palabras, deberá enfocar sus esfuerzos en la aplicación de los principios de la Carta Democrática Interamericana. 

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.