México amenaza con llevarnos a la CIJ

El 26 de diciembre de 2019, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que su gobierno presentaría un recurso en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia "para que el asedio policial y militar a las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido". 

26/12/2019, en "Jaque Mate" de TVU

26/12/2019. en "Todo a Pulmón" de Cadena A.

27/12/2019, en "Antes del Medio Día" de Fides Tv

27/12/2019, en "La Revista" de Unitel.

Recordando a Jorge Escobari Cusicanqui

 Entre 1945 y 1983, Jorge Escobari Cusicanqui ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. 

Caricatura publicada en El Tiempo de Bogotá, sobre el resultado del debate que sostuvieron en 1964 el Embajador de Bolivia en Colombia, Jorge Escobari, con el Embajador de Chile en Colombia, Juan Smitmas.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

El pasado 18 de diciembre, se inauguró el monumento del diplomático y político boliviano Jorge Escobari Cuscanqui (1919-2000), quien dedicó la mayor parte de su vida a defender los intereses de nuestro país y en particular a reafirmar el derecho de Bolivia al mar. Por lo que Fernando Salazar Paredes lo rebautizó como “el guerrero del mar”.   

El monumento es un busto tallado en piedra granito comanche, a escala 2:1, obra del reconocido escultor boliviano Flavio Ochoa. Es una sola pieza de casi dos toneladas, trabajada y concluida gracias al Fondo Concursable FOCUART del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y emplazada en la avenida Guido Capra o Costanerita de esta maravillosa ciudad.

Entre las anécdotas y logros de JEC, cabe destacar que comenzó su carrera a los 26 años de edad, cuando fue designado como secretario de la Embajada de Bolivia en Lima, a partir de ahí y hasta sus 64 años, es decir entre 1945 y 1983, ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. Fue primer secretario y encargado de negocios a.i. en Brasil; embajador en Colombia, Ecuador, Argentina y Perú; director general de Asuntos Políticos, tres veces vicecanciller y Ministro de Relaciones Exteriores en 1979, durante el gobierno restaurador del general David Padilla Arancibia. 

A mediados de los años 50, Bolivia y Brasil reiniciaron negociaciones para actualizar y revisar los Tratados de 1928 y 1938 sobre límites, ferrocarriles y petróleo. En esa ocasión, Escobari, en su calidad de subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de la delegación boliviana que llevó adelante esas negociaciones, logró que la contraparte brasileña aceptara un acuerdo que, entre otras cosas, cambió la frontera en favor de Bolivia.

Efectivamente, en los tratados suscritos en La Paz el 29 de marzo de 1958 por los cancilleres Manuel BarrauPealez de Bolivia y José Carlos de Macedo Soares de Brasil, también conocidos como los Acuerdos de Roboré, por haberse definido en aquella localidad boliviana su contenido, Bolivia consiguió, entre otras cosas, recuperar cerca de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en el sector de Río Verde - 4 Hermanos, que habían sido cedidos bajo presiones mediante el Tratado de Natal de 1928. 

Los antecedentes, pormenores y proyecciones de ese importante logro, que fue la única recuperación territorial que consiguió Bolivia en todo el siglo XX y que se constituye en uno de los antecedentes de la venta de gas al Brasil, fueron recogidos y documentados por Escobari en su laureado libro Brasil y el Petróleo Boliviano. Los acuerdos de Robore – la venta del gas (1961 y 1985). 

En 1964, cuando nuestro personaje cumplía las funciones de embajador de Bolivia en Colombia, le tocó protagonizar una fuerte polémica con su par chileno, Juan Smitmans López, de la cual pudo salir airoso según los reportes y testimonios de la época. 

En efecto, tras la publicación del libro El Derecho al mar (1964) de Escobari, los festejos por la “Semana del mar boliviano” que organizó la Embajada de Bolivia en el mes de marzo y el apoyo que en esos momentos recibió la causa marítima boliviana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el embajador chileno decidió publicar un comunicado en la prensa colombiana que dio inicio a un interesante debate que, a pesar de la pasión con la que fue encarado, se desarrolló con altura y donaire, tanto así que los periódicos bogotanos La  República y el Siglo se refirieron al mismo como “Ejemplar debate boliviano-chileno” y “Un diálogo de altura”, respectivamente. 

Ese  debate se realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá el 29 de abril de 1964 ante cientos de espectadores. A pesar de que había más chilenos que bolivianos, la audiencia local terminó aplaudiendo y vitoreando más al embajador boliviano, tal como se puede oír en el registro magnetofónico de la ocasión. 

“Recuerdo con inmensa emoción el momento en que, concluido el debate, en circunstancias en que el embajador de Chile abandonara el escenario, los miembros de la colonia boliviana en Bogotá se constituyeron en ese escenario para abrazarme efusivamente y entonar todos juntos el Himno Nacional de Bolivia”, relató Escobari algunos años más tarde. 

Acto seguido, con el propósito de impedir que JEC continúe recabando apoyos para la causa marítima boliviana, Smitmans intentó interrumpir una conferencia que Escobari estaba dictando en la Sociedad Bolivariana de Colombia, sobre “El Libertador y el mar de Bolivia”, provocando la molestia de los organizadores, que terminaron expulsándolo del lugar, en medio de fuertes abucheos. 

Así terminó la encendida polémica Escobari-Smitmans, cuyo resultado fue ilustrado en el periódico c, que muestra a nuestro recordado personaje como un boxeador victorioso. 

Como canciller del gobierno transitorio de Padilla, que había tomado el poder tras el fraude electoral y el golpe de Estado de su antecesor en el cargo, Escobari inició la adhesión de Bolivia al Movimiento de Países no Alineados, que durante los años 80 se pronunciaría varias veces a favor de la causa marítima boliviana.

Coordinó las acciones del Pacto Andino sobre la crisis nicaragüense que estalló en esos momentos con la revolución sandinista, lo cual le valió sendos elogios y condecoraciones; instituyó la Comisión Nacional Preparatoria encargada de organizar la célebre IX Asamblea General de la OEA, en la que, meses después, el problema marítimo boliviano sería consagrado como “un asunto de interés hemisférico permanente”; y delineó una doctrina que se convertiría prácticamente en una política de Estado, al sostener que para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, es necesario levantar previamente el enclaustramiento geográfico boliviano. 

Al final de su carrera, Escobari incursionó decididamente en la política, participando como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989 por el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) del compadre Carlos Palenque. En esa ocasión, la fórmula Palenque-Escobari obtuvo un impresionante primer lugar en el Departamento de La Paz que, a su vez, le permitió acceder al Parlamento como primer senador por La Paz (1989-1993), donde fue homenajeado el 16 de agosto de 1990.    

Poco antes de morir, alcanzó a publicar la quinta edición de su obra culmine, Historia Diplomática de Bolivia (2000), que fue reeditada póstumamente en 2013 por su hija Laura, y su orgulloso nieto, quien escribe.

La llegada de Evo Morales a la Argentina

Después de casi un mes en México y de un breve paso por Cuba, Evo Morales llegó a la Argentina en calidad de asilado y con la intención de permanecer en ese país como refugiado. Esta entrevista se desarrolló el mismo día en que Morales arribó a territorio argentino cuando aún no se sabía si continuaría emitiendo declaraciones de carácter político, porque el Canciller argentino le había pedido no hacerlo.

En Claroscuro de RTP, 12/12/2019

El asilo mexicano de los líderes del MAS

Como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia 

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

En una reacción indudablemente temeraria, el gobierno de México decidió conceder asilo territorial y diplomático a los más altos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que gobernó Bolivia durante casi 14 años y que hizo un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre pasado, con el propósito de quedarse cinco años más. Unos, los más importantes, en tierras mexicanas y los otros, alrededor de 30 personas, en la Embajada de México en La Paz.

De acuerdo a las explicaciones que ofreció el Canciller de ese país, Marcelo Ebrad, quien evitó referirse al fraude, el asilo del expresidente Evo Morales fue otorgado por “razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta hoy en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Aunque Ebrad no explicó por qué consideraba que la vida e integridad del exmandatario corrían riesgo, muy posiblemente se basó en las dos mismas excusas que arguyó Morales, a través de Twitter, al momento de abandonar el país: 1) que un policía había anunciado públicamente que tenía instrucciones de arrestarlo, lo cual fue desmentido después por el Comandante General de la Policía Boliviana, y 2) que grupos violentos habían asaltado su domicilio en Cochabamba, lo que si bien era cierto, no ponía en riesgo ni su vida ni su integridad.  

Pese a que no existían motivos jurídicamente válidos para otorgar asilo territorial, porque Morales no era un perseguido político; sí existían y aún existen otros motivos en la política interna mexicana que podrían ayudarnos a comprender esta decisión. Nos referimos específicamente a los problemas que México enfrenta desde hace varios años y que se han agudizado en el último tiempo, como el estancamiento económico, la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad, entre otros; que debieron haber empujado a las autoridades mexicanas, tal como lo han afirmado algunos analistas de ese país, a utilizar el asilo del expresidente boliviano como una medida distractiva.

Las críticas en Bolivia y México fueron feroces, no sólo porque estaban asilando a un hombre que había protagonizado un fraude electoral, que fue demostrado palmariamente por la auditoria de la OEA y por otras investigaciones independientes; sino porque además se trataba de un personaje que cuando fue presidente no respetó el resultado de un referéndum vinculante y que si bien se mostraba como un defensor de los pueblos indígenas y de la madre tierra, había violado flagrantemente los derechos de ambos, tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, con sede en Bonn – Alemania, el 15 de mayo de 2019, después de analizar el caso del TIPNIS.  

Además, como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia después de que un avión de su Fuerza Aérea se llevara al presidente y al vicepresidente del Estado, y los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa también presentaran su renuncia. Esas acciones no sólo contravenían lo que dispone la Constitución boliviana (artículos 169-171), sino que también representaban una gran irresponsabilidad con el país que se quedó varias horas sin autoridades, justamente en un momento de alta convulsión, violencia y vandalismo.

Por si fuera poco, una vez en México y en clara transgresión al derecho de asilo, Evo continuó agitando al país mediante mensajes públicos y privados, en los que convoca a sus seguidores a mantener las movilizaciones en contra del “golpe de Estado”, llegando incluso a instruir que se deje sin comida a las ciudades. Esto último a través de una conversación telefónica que el expresidente mantuvo desde México con Faustino Yucra, un narco-militante del MAS y prófugo de la justicia boliviana desde el 2016. La grabación de esa controvertida conversación, en la que se reconoce claramente la voz de Morales, está siendo utilizada por el actual gobierno transitorio de Bolivia para demandar al exmandatario ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por el delito de privar de alimentos a la población de las ciudades en grado de tentativa, que está codificado en el Estatuto de Roma de 1998 como un crimen de lesa humanidad.

En relación a los exministros, parlamentarios y dirigentes del MAS que recibieron asilo diplomático en la Embajada de México, también se ha generado controversia y un fuerte impase entre los dos gobiernos, porque cinco de ellos están siendo buscados por la justicia boliviana debido a su vinculación con delitos de sedición, terrorismo, instigación a delinquir, fraude electoral y otros. No obstante, a pesar de que la Cancillería boliviana solicitó la entrega de dichas personas y anunció que no emitirá los respectivos salvoconductos, el gobierno mexicano decidió seguir protegiéndolas y seguramente tendrá que hacerlo durante mucho tiempo más.

Al respecto, también llamó la atención que algunos de los asilados entren y salgan de la Embajada mexicana como si se tratara de un hotel y no de una sede diplomática que está amparada por las normas internacionales de asilo y que, en cualquier caso, merece más respeto.

Con todo, resulta realmente sorpresivo el decidido apoyo y protección que el gobierno de la 4T le otorga a los líderes del MAS, pues contrasta con la actitud mucho más cautelosa y prudente que ese mismo gobierno adoptó frente al caso de la crisis venezolana, donde a pesar de haber favorecido a la dictadura de Nicolás Maduro con una postura supuestamente neutral, nunca tomó acciones tan decididas y directas. Pero además, esa actitud de encubrimiento y complicidad con los líderes masistas, también contrasta con la tradicional política mexicana de asilo, muy respetuosa de las formas y de la costumbre internacional, que nos vuelve a llevar a la hipótesis del intento por distraer la atención de los problemas internos y que indirectamente implica un lamentable abandono de la doctrina Estrada.

La inclusión del indio

Con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios"

Uno de los pocos avances que logró el gobierno del Movimiento al Socialismo, sino el único, fue la inclusión social de los grupos tradicionalmente marginados de la política y de la sociedad boliviana.

No es exagerado decir que en estos últimos 14 años, muchos campesinos, indígenas, obreros y otros, se sintieron verdaderamente empoderados y por primera vez bienvenidos no solo en la política, sino también en lugares antes reservados exclusivamente para las clases altas, como centros comerciales, gimnasios, restaurantes y otros.

Ese proceso de inclusión social que hoy es una realidad innegable y afortunadamente también irreversible, vino acompañado de una evidente y necesaria disminución de la discriminación y del racismo, que antes eran prácticas muy comunes y hasta socialmente "aceptadas" por algunos grupos y castas familiares.

Por esos motivos, llama poderosamente la atención que el ex vicepresidente, Alvaro García Linera, publique un artículo desde su exilio en México, intitulado "El odio al indio", en el que pone en duda todos estos avances.

En efecto, con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios", "las mujeres de pollera" y "los campesinos".

De acuerdo a su interpretación, ese “odio racial” se debe al rechazo de las clases medias urbanas a la “democracia sustancial” y a la "igualación social" que habría promovido el gobierno del MAS y también a una suerte de retorno a lo fue “una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas".

Sin embargo, si esto fuera cierto, si habría “un odio racial” de los citadinos en contra de los indígenas y campesinos, entonces el MAS también habría fracasado en consolidar esa inclusión social que, insisto, fue de lo poco que creímos que habían dejado.

De hecho, al contextualizar y contrastar lo que dice el artículo de referencia con lo que hemos vivido los bolivianos en el último tiempo en términos de inclusión e integración social, con una evidente mayor participación de los históricamente excluidos en las grandes decisiones del país y en la vida en sociedad, podemos concluir que todas esas conquistas, no se lograron gracias al MAS, sino a pesar del MAS.

Ciertamente, aunque la propaganda oficialista efectivamente nos vendía la imagen de un gobierno integrador, liderado por un indígena defensor de los derechos de los marginados y de la madre tierra, en el fondo la estrategia del gobierno de la MAS era dividir e incendiar.

A un año del fallo de La Haya

Tras un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile", se realizó un análisis de la situación en las siguientes entrevistas, en las que tuve el honor de compartir criterios por un lado con la reconocida académica Karen Longaric y por el otro con el analista Yerko Ilic y el abogado Iván Lima.   

En el café de la mañana de FIDES, 01/10/2019

En dos tercios de Erbol, 29/09/2019 

El cumplimiento de los ODS en Bolivia

Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. 

Por Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Desde 2006, Bolivia ha procurado adoptar un papel activo en la lucha global contra el cambio climático, tratando de posicionarse como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, este enfoque ha estado marcado por una retórica confrontacional y una falta de coherencia entre el discurso internacional y las políticas internas. A pesar de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y haber mantenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP), así como de adherirse al Acuerdo de París en 2016, Bolivia enfrenta el desafío de alinear su política exterior con acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible y reduzcan su vulnerabilidad climática. En la siguientes líneas se examinan las etapas de la política climática boliviana desde 2006, desde el punto de vista del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en el informe global de 2018.

Entre 2006 y 2011, la política exterior boliviana se caracterizó por un discurso radical que identificaba al capitalismo como la raíz del cambio climático. Este enfoque, aunque tuvo aceptación en ciertos círculos del ámbito regional, no se tradujo en acciones efectivas a nivel interno. Bolivia se opuso firmemente a los mecanismos de mercado, como los derechos de emisión de CO2, argumentando que mercantilizaban la naturaleza. Sin embargo, esta postura no estuvo acompañada de una estrategia clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni para diversificar su economía, altamente dependiente de la explotación de recursos naturales. Durante negociaciones como la COP15 (Copenhague, 2009) y la COP16 (Cancún, 2010), Bolivia adoptó una postura agresiva, criticando a los países desarrollados por su falta de responsabilidad climática. Aunque logró apoyo de algunos países aliados, su enfoque confrontacional terminó aislándola y limitando su capacidad de influencia.

A partir de 2012, Bolivia ingresó en una nueva etapa, moderó su retórica, pero mantuvo su enfoque en la justicia climática y la defensa de los países más vulnerables. Sin embargo, persistieron las contradicciones entre su discurso internacional y sus políticas internas. Mientras el gobierno promovía la expansión de la frontera agrícola, la industrialización de los recursos naturales y la explotación del gas natural y el litio, su discurso en foros internacionales criticaba el extractivismo y abogaba por un modelo de desarrollo sostenible. La contradicción se profundizó con las quemas y desmontes en la Chiquitania, la depredación aurífera en áreas protegidas y los conflictos con comunidades originarias. Estos hechos erosionaron la credibilidad de la política climática boliviana.

El Informe de Desarrollo Sostenible 2018 ofrece un marco global para evaluar los avances de Bolivia en los ODS. En materia de cambio climático (ODS 13), la situación es crítica: las emisiones globales siguen aumentando, y Bolivia es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. En biodiversidad (ODS 15), la deforestación y la pérdida de hábitats siguen siendo preocupantes, particularmente en la Amazonía y la Chiquitania. En energía (ODS 7), si bien Bolivia ha logrado avances en el acceso a la electricidad, la transición hacia fuentes renovables es aún limitada. En agua y saneamiento (ODS 6), persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. En reducción de la pobreza (ODS 1) y hambre cero (ODS 2), Bolivia mostró progresos, pero la vulnerabilidad climática amenaza con revertir estos logros.

La adhesión de Bolivia al Acuerdo de París en 2016 representó un paso importante, pero no resolvió las contradicciones estructurales de su política climática. El país defendió en las COPs un enfoque de justicia climática, resaltando la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Sin embargo, la falta de políticas domésticas para reducir emisiones y mitigar la deforestación debilitó la coherencia de su postura. La resistencia a los mecanismos de mercado, respaldada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cerró la puerta a fuentes de financiamiento climático que podrían haber apoyado proyectos de adaptación y mitigación.

Bolivia ha construido un discurso internacional singular, basado en la defensa de la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque, plasmado en la Constitución de 2009 y en la Ley N.º 71, es innovador en el plano normativo. Sin embargo, la implementación práctica ha sido deficiente. La contradicción entre un marco legal avanzado y una política económica basada en el extractivismo expone la fragilidad de la gobernanza ambiental en Bolivia. El país se enfrenta a un dilema: sostener un discurso de justicia climática mientras su modelo de desarrollo reproduce los patrones que critica.

Actualmente, Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. El cumplimiento de los ODS requiere una transformación profunda de su modelo de desarrollo, que integre conservación ambiental, diversificación económica y fortalecimiento institucional. La credibilidad internacional de Bolivia dependerá de su capacidad de pasar del discurso a la implementación real de políticas climáticas efectivas, capaces de proteger tanto a su población como a la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Solo así podrá contribuir de manera coherente a la lucha global contra el cambio climático y avanzar hacia las metas de la Agenda 2030.

Mar y proceso electoral en Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en la revista Realidad y Perspectivas de Chile (Julio 2019 N° 75)

Evo Morales y Carlos Mesa en 2015, Fuente: La Razón 

A menos de tres meses de las elecciones generales en Bolivia, hay dos candidatos con posibilidades de obtener la victoria, Evo Morales del MAS-IPSP y Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Si no ocurre nada extraordinario, uno de estos dos personajes gobernará la nación andina y amazónica entre 2020 y 2025, cuando se cumplan 200 años de su independencia. 

Un asunto siempre presente en el proceso electoral boliviano, aunque esta vez no tan inserto en el debate, es el más que centenario tema marítimo, que en Bolivia es casi como una religión. 

La menor consideración de este tema en la campaña electoral se debe, sin duda, al desastroso resultado obtenido en la Corte Internacional de Justicia, donde se desestimaron todos y cada uno de los argumentos presentados por Bolivia en el caso “Obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”. Esto tuvo un efecto desalentador para todos quienes creímos, en su momento, que aquel era un buen camino para llegar al mar, incluidos Morales y Mesa, con muy distintos niveles de responsabilidad. 

Pese al desaliento, todos los partidos políticos que se han manifestado al respecto en sus planes de gobierno, tanto de derecha como de izquierda, han dejado en claro que este es un tema irrenunciable. Desde la alianza derechista Bolivia Dice No que lo considera como “una cuestión de interés permanente e irrenunciable”, hasta el izquierdista MAS, que afirma que “Bolivia continúa su lucha irrenunciable y patriótica por una salida soberana al océano Pacífico”. 

Pero si bien hay consenso sobre la irrenunciabilidad del tema, existen grandes discrepancias respecto a las propuestas de solución. Por ejemplo, mientras el Partido Demócrata Cristiano descarta la vía diplomática y plantea una “hipótesis de guerra”, la Unión Cívica Solidaridad recomienda “recomponer y restablecer relaciones bilaterales”. 

Ahora, retomado el análisis de las candidaturas con posibilidades de ganar, tenemos al oficialista MAS ante la inevitable necesidad de defender su obra, aunque ésta no haya sido la que todo el país esperaba. La opositora CC, tampoco se muestra muy cómoda con el tema, debido a que su principal candidato tuvo un papel destacado, aunque no determinante, en el fallido intento de obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Así, el programa de gobierno del MAS destaca que, por primera vez en la historia, una Corte Internacional, “reconoció que Bolivia nació a la vida independiente con mar”; que ese tribunal “reafirmó que ningún Tratado ha resuelto el tema”; y que habría recomendado, “continuar el diálogo para resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia”. 

Por su parte, Comunidad Ciudadana plantea adoptar “una política exterior autónoma, democrática y plural, respetuosa del derecho internacional” y “salir de los alineamientos ideológicos para, de manera pragmática, diversificada y siguiendo el interés nacional, recuperar la capacidad de diálogo político y diplomático en torno a los valores de una agenda común”. 

Considerando las diferencias en las propuestas de las dos opciones mejor posicionadas en las encuestas, podemos afirmar que el resultado de las elecciones del próximo 20 de octubre, cuando se cumplan 115 años del Tratado de 1904, definirá entre muchas otras cosas, cómo se abordará el tema marítimo y consecuentemente, cómo se desenvolverán las relaciones boliviano-chilenas. 

El terreno que YPFB pierde en Arica

El 25 de julio de 2019, el Concejo Municipal de Arica modificó el "uso de suelo" de un terreno que había sido concedido en comodato por Chile a YPFB en 1958, lo que puso en cuestión los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Bolivia y Chile entre 1955 y 1958, que se desprenden del Tratado de 1904. Sobre estos temas se desarrollaron las siguientes entrevistas.  

En Todo a Pulmón de Cadena A, 26/07/2019

En Claroscuro de RTP, 29/07/2019

La inaceptable expropiación de terrenos a YPFB en Arica

La expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Oxigeno 

El 1 de febrero de 1879, después de que la empresa anglo-chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, se negara a pagar al fisco boliviano un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado; el gobierno de Bolivia decidió expropiar los terrenos que le había concedido a esa empresa unos años antes en el departamento del Litoral; lo que provocó la reacción violenta de Chile, que a los pocos días invadió el puerto boliviano de Antofagasta, bajo el argumento de que Bolivia estaría incumpliendo el Tratado de límites vigente.

El 25 de julio de 2019, después de que la empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dejara en abandono un terreno de 3,5 hectáreas que Chile le había concedido en el centro de Arica; el Concejo Municipal de esa ciudad decidió expropiar el terreno; lo que increíblemente no provocó más reacción del gobierno boliviano que una escueta declaración del presidente de YPFB, que resta importancia a dicha expropiación, a pesar de que la medida representa igualmente una vulneración al Tratado de límites vigente.

Salvando las diferencias temporales y los poderes relativos de las partes, estas reacciones, diametralmente opuestas, son una muestra de una realidad lamentable para nuestro país, en la que cada cierto tiempo nos vemos sometidos a los abusos de nuestros vecinos justamente porque nuestras autoridades no hacen nada para impedirlo. La expropiación del terreno de referencia que había sido concedido a YPFB en 1958, es un penoso retroceso para los intereses geopolíticos de Bolivia en su proyección hacia al Pacífico, pues así se ve mermada su presencia y gravitación en Arica, que tanto esfuerzo costó conseguir en su momento.

Pero antes de rememorar cómo se hicieron esos esfuerzos durante los años 50 del siglo pasado, cabe aclarar que la presencia y gravitación de Bolivia en el norte chileno, que es natural, real y hasta ahora, siempre creciente; no debe ser entendida como algo negativo o amenazante para la integridad territorial de Chile, sino más bien como una expresión de la integración económica, física, cultural y, en este caso, energética de nuestros países que contribuye considerablemente al desarrollo de la zona y que lo seguirá haciendo, aún más, si en algún momento Bolivia logra obtener una salida propia al mar, como resultado de un proyecto de integración entre el norte chileno, el sur peruano y el suroeste boliviano.

Como es sabido, después del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento geográfico boliviano, las facilidades que nuestro país obtuvo en territorio y puertos chilenos para acceder al mar se mantuvieron casi sin variantes y con muy pocos avances, a pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de Santiago que han dicho varias veces que esas facilidades son las más amplias y generosas que un país sin litoral ha podido recibir. Pero nada más alejado de la verdad, las facilidades que Chile otorgó a Bolivia después de 1904, se resumen en: almacenamiento gratuito de hasta un año para las cargas de importación y de 60 días para las cargas de exportación, que no se cumple cabalmente en Antofagasta; reconocimiento de que el libre tránsito comprende todo tipo de carga sin excepción alguna, después de Chile había interrumpido el libre tránsito de material bélico por su territorio durante la Guerra del Chaco; jurisdicción exclusiva de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito por territorio chileno, que no se respeta en ninguno de los puertos; y la concesión de terrenos para la instalación y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, que ahora se redujo en 3,5 hectáreas, por determinación unilateral del Concejo Municipal de Arica.

Es decir, de lo poco que habíamos conseguido, ahora tenemos menos.  

Para recordar cómo se obtuvieron esos terrenos, debemos retroceder hasta 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro llegó al poder en Bolivia y empezó a implementar una política de acercamiento a Chile que fue bien acogida por su par chileno Carlos Ibáñez del Campo. Esa aproximación permitió suscribir varios acuerdos para la reglamentación del libre tránsito y para la facilitación del comercio. Uno de ellos, la Declaración de Arica de 1953, es precisamente el acuerdo con el que Chile se comprometió a respetar la jurisdicción de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito de o a Bolivia…

En ese contexto de entendimiento y cordialidad, que se reforzó con dos inéditos encuentros presidenciales en las ciudades de Arica y La Paz, el 31 de enero de 1955 se firmó el Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena, en cuyo artículo 2, inciso g), se estableció que “de acuerdo a los Tratados vigentes sobre libre tránsito, ambos gobiernos convienen en prestar todas las facilidades necesarias para la construcción y operación, por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto entre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y la salida de ese producto a otros mercados”.

En razón de lo cual, el 14 de octubre de 1955 se suscribió en La Paz, un Protocolo Complementario que aclaró que las facilidades a las que se refiere el Tratado y sus detalles, serán establecidas por ambos gobiernos, “mediante cambio de notas”.

Así, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo mediante el intercambio de notas que tuvo lugar en Santiago el 24 de abril de 1957, que después de especificar los detalles técnicos del oleoducto y referirse a “8 edificios para la operación y vivienda del personal”, señala: “La obra se construirá, en todo lo posible, en terrenos fiscales chilenos que se otorgarán gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso por el tiempo que dure la explotación del oleoducto”.

De acuerdo a lo convenido, el 2 de julio de 1958, el gobierno de Chile emitió el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización, mediante el cual, después de más de tres años de negociaciones, concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica Sica – Arica, el lote N°2 de 3,5 hectáreas (...) para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

Por todo esto, la expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica, sin la aprobación ni el conocimiento de Bolivia, que representa nada menos que una flagrante violación a los acuerdos mencionados, relacionados todos al Tratado de 1904; debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile. 

El asunto marítimo no ha concluido

Es prácticamente un hecho que el tema marítimo reflotará en el futuro y lo hará cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente alcance una solución definitiva.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cambio

La política de reintegración marítima boliviana, que nació exactamente hace 140 años, cuando Bolivia perdió su contacto directo y soberano con el mar, ha trascendido diversos gobiernos de distintas ideologías y ha sobrevivido duros golpes en la palestra internacional, que a pesar de su dureza no han logrado extinguirla.
Después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) devino un extenso período de tregua, entre 1884 y 1904; en el que Bolivia estaba más enclaustrada que nunca. Imposibilitada de establecer sus propias aduanas y restringida para transitar por los puertos bolivianos y peruanos que Chile había ocupado por la fuerza. En todo ese tiempo, el pueblo boliviano mantuvo la convicción de que no solo recuperaría su independencia aduanera cuando se alcance la paz, sino que también mantendría su presencia soberana sobre las costas del Pacífico.
No obstante, cuando finalmente se firmó el Tratado de Paz en 1904, si bien se eliminaron las restricciones que habían asfixiado al comercio boliviano durante la tregua y se ampliaron en el papel las facilidades de tránsito para Bolivia en territorio y puertos chilenos, también se reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre la mayor parte de la costa que hasta ese momento había sido boliviana.
A pesar de que el arreglo finalmente alcanzado era claramente desfavorable a Bolivia, el Gobierno de entonces lo defendió destacando justamente la independencia aduanera y el compromiso de Chile por construir un ferrocarril de Arica a La Paz, que luego funcionó regularmente hasta 2005, cuando la empresa que lo operaba en el lado chileno se declaró en quiebra.
Tras la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1904, muchos creyeron que Bolivia nunca más podría reclamar un puerto sobre el Pacífico, como lo había hecho hasta ese entonces. Pero al poco tiempo, motivada por los incumplimientos de Chile a ese mismo tratado, la diplomacia boliviana emprendió nuevas acciones que trascendieron en la formalización de la política de reintegración marítima.
Ciertamente, el memorándum Sánchez Bustamante, que el Canciller boliviano de 1910 envió a sus pares de Lima y Santiago, sentó las bases para lo que a partir de entonces sería una política de Estado: “Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia”.
Estas declaraciones motivaron nuevas gestiones en diversos ámbitos. La más emblemática de todas fue la emprendida ante la Liga de las Naciones, donde Bolivia acudió en 1920 y 1921, para demandar la revisión del Tratado de 1904. No obstante, la comisión encargada de revisar el caso estableció que tal como había sido presentada la demanda boliviana, resultaba inadmisible porque la revisión de los tratados es competencia exclusiva de las partes contratantes.
Este resultado también generó desazón y se creyó, una vez más, que ya no habrían más posibilidades para el asunto marítimo en el futuro. Pero al poco tiempo se realizaron nuevas gestiones.
Durante los años 20 del siglo pasado, las conversaciones entre Bolivia, Chile y Perú crearon nuevas expectativas, esta vez acerca de que el enclaustramiento boliviano podría ser resuelto junto al asunto de Tacna y Arica que aún permanecía pendiente. Sin embargo, cuando finalmente se alcanzó la solución, en 1929, y se acordó que Chile se quedaría con Arica y devolvería Tacna al Perú, el asunto marítimo no solo fue vilmente marginado, sino que también se le impuso una complicación jurídica más: la necesidad de que chilenos y peruanos alcancen un “acuerdo previo” para ceder a una tercera potencia parte o la totalidad de los territorios de Tacna y Arica, que conforman el espacio territorial por donde más factiblemente podría resolverse el asunto con soberanía.
La frustración que generó este acuerdo en Bolivia fue muy grande y muchos creyeron nuevamente que era el fin del asunto marítimo. Sin embargo, después de algún tiempo, bolivianos y chilenos retomaron las tratativas y suscribieron sendos acuerdos en 1950 y 1975, que lamentablemente tampoco llegaron a buen puerto.
A partir de 1979, al cumplirse 100 años de la invasión chilena al puerto boliviano de Antofagasta, Bolivia cosechó importantes victorias diplomáticas en el ámbito multilateral, especialmente en la OEA y en el Movimiento de Países de No Alineados, donde la causa marítima boliviana recibió el apoyo de cientos de países.
Después de lo que fue el intento del “enfoque fresco” en los años 80, transcurrió un período en el que no se trató el tema públicamente y que concluyó con la adopción de una agenda sin exclusiones a principios del año 2000. Dicha agenda, que llegó a tener más de 30 temas en cierto momento, se condensó en 13 puntos específicos a partir de 2006, cuando los presidentes Bachelet y Morales protagonizaron un inédito acercamiento, que incluyó al tema marítimo y el asunto del Silala.
Luego las cosas cambiaron radicalmente, el Chile de Piñera decidió interrumpir la Agenda de 13 puntos y la Bolivia de Morales recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Las esperanzas que albergamos quienes creímos en la demanda sobre la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico, como un paso importante en este largo y difícil camino hacia el mar, se convirtieron en el peor agravante de la frustración que luego generó el resultado del proceso.
En efecto, el fallo que la CIJ emitió el 1 de octubre de 2018 desestimó todos y cada uno de los argumentos bolivianos y representó un nuevo golpe para la política de reintegración marítima que seguramente tomará algún tiempo superar. Pero tampoco será el fin, pues aunque como siempre hay quienes vaticinan el fin del asunto ha terminado, si consideramos los antecedentes comentados, es prácticamente un hecho que el tema reflotará en el futuro y lo hará cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente alcance una solución definitiva.

La presión internacional sobre el gobierno de Maduro

Después de que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela por parte de varios países no pudiera ingresar a territorio venezolano, como estaba previsto por las fuerzas de oposición, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, adoptaron otras medidas de presión para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Sobre estos temas tuve la oportunidad de emitir mi opinión en la siguiente entrevista.

En La Revista de UNITEL, 25/02/2019

La Replica de Chile por el caso del Silala

Después de que Chile demandara a Bolivia por las aguas del Silala y se concretaran los primeros incidentes del proceso, la representación chilena ante la Corte Internacional de Justicia presentó su Réplica que responde a la Memoria y Contrademanda bolivianas. Al respecto tuve la oportunidad de vertir mi opinión en la siguiente entrevista:

En Hora 23 de Bolivisión, 15/02/2019

140 años de la invasión chilena

Al conmemorarse 140 años de la invasión chilena al puerto boliviano de Antofagasta, que dio inicio a la guerra que dejó enclaustrada a Bolivia, emergió un debate en nuestro país respecto a pertenencia de continuar con el reclamo por una salida soberana al mar después de que la Corte Internacional de Justicia desestimara la demanda boliviana incoada en 2013, que solicitaba a esa Corte que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Al respecto se desarrolló las siguiente entrevistas: 

En Jaque Mate de TVU, 14/02/2019

En A todo a pulmón de Cadena A, 14/02/2019

Nuevo enfoque en el tema del mar

Ante el innegable fracaso de la estrategia boliviana en la CIJ, el autor propone un nuevo enfoque desde la teoría neorrealista de las relaciones internacionales.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

Desde que Bolivia perdió su litoral en 1879, nuestros sucesivos gobernantes intentaron recuperar una salida soberana al mar o al menos un puerto cómodo sobre el Pacífico con diversas estrategias y en diferentes ámbitos. La última de ellas fue la de solicitar a la Corte Internacional de Justicia que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con nuestro país un acceso soberano al océano Pacífico. 

A pesar de lo audaz e insólito de la estrategia, la mayoría de los bolivianos la respaldamos porque no parecía tan insensato ni desmesurado pedir que Chile cumpla sus ofrecimientos formales de negociar este tema. No obstante, al final del proceso,  la Corte concluyó que Chile no había contraído la referida obligación con base en los argumentos presentados por Bolivia. 

Ante el innegable fracaso, que nos obliga a replantear nuestra política de reintegración marítima, a continuación intentaré esbozar lo que podría ser un nuevo enfoque desde la teoría neorrealista de las relaciones internacionales. 

Primero, sobre las voces que después del fallo empezaron a proponer que nos olvidemos del mar, bajo el argumento de que se trata de una obsesión brutal que se ha construido en el imaginario nacional mediante una educación nacionalista y patriotera, que estaría buscando “la reparación por la violencia”; es necesario señalar que esa no fue la esencia de lo que Bolivia planteó desde finales del siglo XIX para recuperar su cualidad marítima.

 Las negociaciones y declaraciones de 1895, 1910, 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975, 1983, 1987, 2000 y 2010 fueron todas resultado de gestiones diplomáticas emprendidas sin la menor intención de recurrir a la violencia.  

Tampoco es justo atribuirle un origen ilegítimo o espurio a la causa marítima ni un aporte tendencioso a la construcción del imaginario nacional, toda vez que el tema sigue vigente porque Chile y ciertos organismos internacionales le reconocieron validez en numerosas ocasiones y porque, tal como lo advirtieron algunos de los principales conocedores del tema en el vecino país, como el extinto dictador Augusto Pinochet, “la aspiración de poseer una salida al mar es común a todos los Estados que se encuentren privados de este contacto; la atracción es enorme. Es una fuerza geopolítica que opera siempre que se le presente la ocasión y que ningún tratado logra extinguir”. 

Se trata, por tanto, de un problema real, absolutamente comprensible desde el punto de vista realista, que no puede compararse con la situación de países europeos sin litoral que viven una realidad totalmente distinta porque tienen acceso expedito a los océanos por vías fluviales y terrestres o porque nunca tuvieron mar. 

Asimismo, no podemos menospreciar las implicancias económicas del enclaustramiento, tachándolas de mito solo porque no sentimos sus efectos en el día a día. Existen estudios serios que indican que los países en vías de desarrollo sin litoral crecen entre 1,2% y 1,5% menos que los países costeros (Gallup, Sachs &Mellinger 1999 y MacKellar, Woergoetter&Woerz 2000). 

En otras palabras, si bien el enclaustramiento no es la principal causa del subdesarrollo boliviano, sí es un factor que afecta al crecimiento económico. 

Lo que debemos cambiar y en esto sí coincido con quienes proponen olvidarse del mar, está el victimismo exagerado que ha envuelto al tema históricamente, la instrumentalización política que se ha intensificado peligrosamente en el último tiempo y la innecesaria agresividad con la que nuestros gobernantes se han dirigido a las autoridades chilenas, que son finalmente a quienes debemos convencer para llegar a buen puerto. 

Al respecto, tenemos que asumir el hecho de que la solución depende de la buena voluntad de los chilenos y eventualmente también de los peruanos, conforme al Protocolo Complementario peruano-chileno de 1929. Por lo cual, aunque parezca una obviedad, debemos tratar de llevarnos bien con ambos. 

Entonces, dejando de lado la parte emocional que no es relevante para el neorrealismo, lo que corresponde es seguir adelante y no renunciar. De hecho, no tendría ningún sentido claudicar ahora, después 140 años, cuando todavía existen fórmulas de solución que no se han explorado. 

Me refiero a la posibilidad de exigir a Chile el otorgamiento de un muelle en el puerto de Arica, como el que tiene Perú en esa misma terminal portuaria, en aplicación del artículo 8 del Tratado de 1904 que a la letra señala: “Los favores, exenciones y privilegios que cualquiera de las dos partes otorgare a una tercera podrán ser exigidos en igualdad de condiciones por la otra”.  

De manera complementaria o supletoria, en caso de que la primera posibilidad no fuera posible, se podría solicitar la entrega de un puerto sin soberanía para la administración y operación exclusiva del Estado boliviano. Esto con el fin de dar cumplimiento cabal al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios que no se han respetado en territorio y puertos chilenos en ciertos aspectos, como garantizar el libre tránsito de Bolivia a perpetuidad, para todo tipo de mercancías y sin interferencia alguna de empresas y/o autoridades chilenas, tal como dicen los acuerdos. 

Dado que nuestra contraparte no ha dado cumplimiento cabal a estas obligaciones y que ha quedado claro que tampoco lo hará si se mantienen las cosas como están (Chile en posesión de toda la costa del Pacífico sur hasta el paralelo 18° y con todos sus puertos en manos privadas), lo más lógico sería que Bolivia opere y administre un puerto, tal como se conversó en 1975, entre el canciller chileno Patricio Carvajal y el embajador boliviano Guillermo Gutiérrez; y más recientemente en 2011, entre los enviados especiales Walker San Miguel de Bolivia y Jorge Bunster de Chile.   

Se trata de un arreglo que no implicaría cesión de soberanía y quizás por eso no daría fin definitivo al asunto, pero al menos representaría un primer gran paso hacia el entendimiento y un beneficio concreto para el comercio marítimo boliviano, que se mantiene prácticamente en las mismas condiciones desde 1904. 

En ese sentido, considerando la coyuntura post Haya, que nos exige hacer cambios importantes, también podríamos modificar la vieja consigna de condicionar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile a la devolución de un acceso soberano al mar, y pasar a condicionar dicho restablecimiento a la concesión de un puerto para Bolivia.   

Sin embargo, para que todo esto pueda prosperar, es necesario que nuestro Gobierno no genere rechazo en el pueblo chileno y pueda presentarse como un interlocutor válido en términos de respeto al orden democrático y constitucional.

Toma de mando de Jair Bolsonaro

El 1ro de enero de 2019, Jair Messias Bolsonaro asumió la presidencia de la República Federativa de Brasil, en un acto que fue noticia destacada en todo el mundo y que fue visto con mucha atención desde Bolivia. Al respecto mis comentarios en la siguiente entrevista.

En Jaque Mate de TVU, 02/01/2019