Bolivia frente a la COP30: redefinición de su política climática

Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono.

La Amazonía

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Brújula Digital 

El primer gran desafío internacional que deberá enfrentar el próximo gobierno de Bolivia será su participación en la Conferencia de las Partes (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, a partir del 10 de noviembre de 2025. Este evento marcará un momento clave en las negociaciones globales sobre cambio climático, al desarrollarse en la Amazonía y tener como eje central la protección de los bosques tropicales, la transición energética justa y el financiamiento climático. Entre los temas más relevantes figura la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, mecanismo de creciente interés para Bolivia, no sólo como herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático, sino como potencial fuente de ingresos en divisas en un contexto económico marcado por la escasez de dólares.

De hecho, varios programas de gobierno de los candidatos presidenciales bolivianos han incorporado la venta de bonos de carbono como una alternativa viable para enfrentar la crisis de reservas internacionales. En ese marco, la participación boliviana en la COP30 reviste una relevancia estratégica, tanto en lo climático como en lo económico.

Aunque Bolivia cuenta con un limitado poder de influencia en las negociaciones multilaterales, esta vez llega con condiciones más favorables que en anteriores cumbres:

1. Es un país amazónico, con una importante porción del bioma compartido con Brasil y otros países de la cuenca. Este hecho cobra especial importancia en una conferencia que tiene como sede y símbolo a la Amazonía, y puede otorgarle mayor visibilidad si articula una posición coordinada con los demás países amazónicos.
2. Ha cambiado su enfoque sobre los mercados de carbono. Tras años de oponerse a su implementación por considerarlos una "mercantilización" de la naturaleza, Bolivia modificó su postura en junio de 2024 al eliminar las restricciones legales que impedían su participación en estos mercados (Sentencia Constitucional Plurinacional N° 040/2024) y establecer un marco normativo general (Decreto Supremo N° 5264). Este giro responde tanto a la urgencia económica como a una renovada voluntad de diálogo con los mecanismos internacionales, aunque aún mantiene un discurso ambiguo entre lo económico y lo ideológico.
3. La COP30 coincidirá con la asunción de un nuevo gobierno en Bolivia, si se cumple el cronograma electoral. Esto abre la posibilidad de que el país se presente con una voz renovada, que combine continuidad institucional con una estrategia más pragmática, centrada en resultados.

En este contexto, Bolivia tiene la oportunidad de adoptar una posición más constructiva y propositiva, alejándose de la intransigencia que en otras conferencias la llevó a quedar aislada, como cuando fue el único país que se opuso a consensos ampliamente aceptados (COP15, COP16 y COP26). El objetivo no debe ser sólo atraer financiamiento por la vía de los bonos de carbono, sino también garantizar la conservación efectiva de sus reservas naturales —hoy amenazadas por la minería ilegal, los incendios forestales y los asentamientos no regulados—, así como respetar y empoderar a las poblaciones indígenas y comunidades locales.

Para lograrlo, Bolivia deberá revisar críticamente su tradicional alineamiento con el grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Similar (LMDC), que ha mantenido una postura escéptica frente a los mercados de carbono. Aunque este grupo ha jugado un rol importante en la defensa de los intereses del Sur global, en este punto específico Bolivia podría adoptar una posición intermedia, que le permita aprovechar los mecanismos de mercado sin renunciar a la demanda de mayor equidad climática.

Ahora bien, en otras áreas clave Bolivia sí debería reforzar su cooperación con los LMDC, en particular en la exigencia de un nuevo objetivo cuantificado de financiamiento climático (New Collective Quantified Goal – NCQG), que sustituya e incremente el fondo de 100.000 millones de dólares anuales comprometido en conferencia anteriores, pero que no se ha cumplido plenamente por los países desarrollados. En la COP29 (Bakú, 2024) se acordó elevar esa meta a 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, como parte de una hoja de ruta que busca alcanzar 1,3 billones anuales. Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por no diferenciar entre donaciones y préstamos, lo que podría aumentar el endeudamiento de países con menor capacidad fiscal. Este punto es fundamental para Bolivia y otros países en desarrollo, porque sin un financiamiento climático adecuado y predecible, la participación efectiva en los mercados de carbono será inviable.

Un tema adicional de gran relevancia es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), promovido por la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Este mecanismo impone un gravamen a las importaciones de productos cuya producción implique elevadas emisiones de carbono, con el objetivo de evitar la "fuga de carbono" y fomentar la descarbonización global. Aunque el CBAM ha sido presentado por sus promotores como una medida efectiva para reducir los efectos del cambio climático, también ha sido duramente criticado por países, como Bolivia o China, por considerarlo una medida proteccionista y unilateral, que encarece las exportaciones y dificulta la competitividad de industrias con menor capacidad tecnológica para reducir emisiones. En este sentido, Bolivia, en nombre de los LMDC, ha solicitado oficialmente que la COP30 incluya en su agenda un punto sobre las “medidas unilaterales restrictivas al comercio relacionadas con el cambio climático”, denunciando que el CBAM obstaculiza los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

En definitiva, la COP30 representa para Bolivia una oportunidad estratégica para redefinir su política climática internacional, posicionarse como un país amazónico dispuesto a contribuir a los objetivos globales, y al mismo tiempo acceder a mecanismos que puedan aliviar su crisis económica. Pero para ello será necesario combinar diplomacia eficaz, liderazgo renovado y coherencia interna, superando contradicciones entre un discurso pachamamista y un modelo económico extractivista. Solo así Bolivia podrá pasar de ser un país paria (en los términos del realismo periférico) a uno capaz de influir en las decisiones que marcarán el rumbo de la acción climática en las próximas décadas.

El nuevo orden internacional trumpista

El trumpismo no solo redefine el papel de Estados Unidos en el mundo, sino que también pone a prueba los límites de un sistema internacional en crisis, donde las reglas tradicionales de la diplomacia parecen ceder ante la política de la transacción y la fuerza.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Péndulo de Correo del Sur

Desde el estallido de la crisis financiera global en 2008, la globalización y la interdependencia económico-comercial, que habían avanzado significativamente desde el fin de la Guerra Fría, entre 1991 y 2008, comenzaron a debilitarse de manera evidente. Después de la segunda peor crisis económica y financiera de la historia, solo superada por la Gran Depresión (1929-1939), sucedieron una serie de acontecimientos que marcaron aún más la tendencia hacia la desglobalización y el desacople: la creación de los BRICS en 2010, la expulsión de Rusia del G8 en 2014, el Brexit en 2016, la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos a partir de 2017, la invasión rusa de Ucrania en 2022 y la guerra entre Israel y el llamado "Eje de la Resistencia" liderado por Irán desde 2023.

Paralelamente, las cadenas globales de valor y el comercio internacional también se vieron afectados por otros factores de alcance mundial, como la pandemia de COVID-19 y los desastres naturales asociados al cambio climático (inundaciones, incendios y sequías, entre otros), que han sido, junto a los otros acontecimientos, los principales causantes del estancamiento de la economía global, que entre 2022 y 2024 sólo creció a un promedio anual de 2,4% (UNCTAD, 2025).

A todos estos hechos, que también son el reflejo del agotamiento del orden internacional liberal, ahora se suma un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos que podría acelerar y profundizar dicho agotamiento hacia el colapso total del ordenamiento internacional vigente. En efecto, el gobierno de Donald Trump, a diferencia de sus predecesores, ha dejado de defender la democracia, el libre comercio y el multilateralismo, generando una incertidumbre que no sólo acentúa el proceso de desglobalización y desacople, sino que podría poner punto final al ordenamiento basado en el sistema de Naciones Unidas y Bretton Woods. De hecho, desde su primera administración, y también ahora, Trump ha elogiado a líderes autoritarios, impuesto aranceles a varios países y retirado a Estados Unidos de acuerdos y organismos internacionales fundamentales para la gobernanza global, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el acuerdo de la OCDE sobre impuestos globales y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Tomando todo esto en consideración, en este artículo se analizan dos elementos clave del nuevo orden internacional trumpista: 1) el acercamiento a Rusia y el alejamiento de Europa, y 2) el pragmatismo transaccional.

Acercamiento a Rusia y alejamiento de Europa

El acercamiento del gobierno de Trump al régimen autoritario de Vladimir Putin marca un giro de 180 grados en la postura estadounidense frente a la guerra en Ucrania. Este “golpe de timón” plantea a su vez una reconfiguración geopolítica en la que Estados Unidos no sólo estrecha lazos con su principal adversario militar, sino que también se aleja de sus aliados tradicionales, agrupados en el G7 y la OTAN. Si bien esta estrategia parece estar orientada a evitar el afianzamiento del eje Moscú-Pekín, que se fortaleció significativamente durante el gobierno de Joseph Biden, también genera incertidumbre sobre la credibilidad de Estados Unidos como socio confiable y pone en riesgo las alianzas forjadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pilares de la pax americana.

Algo similar ocurrió durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de Richard Nixon, asesorado por Henry Kissinger, se acercó a la China de Deng Xiaoping para impedir una alianza comunista y antioccidental entre la URSS y China. Sin embargo, en aquella ocasión, Nixon no desafió los principios tradicionales de la política exterior estadounidense ni se alejó de sus aliados europeos; al contrario, los mantuvo intactos y reforzó la seguridad del bloque occidental.

Aunque la estrategia de Trump podría parecer contraproducente desde el prisma político de la Guerra Fría, existen elementos realistas del contexto actual que podrían justificarla. En primer lugar, dado que la configuración geopolítica del mundo ha vuelto a ser esencialmente tripolar – con Pekín, Moscú y Washington como los principales actores - y dado que China se ha convertido en el principal adversario económico, tecnológico y financiero de Estados Unidos, resulta lógico intentar debilitar la alianza entre China y Rusia, su principal adversario militar.

Esta estrategia cobra aún más sentido si se considera el potencial de los BRICS+, entre los que también se incluye a Bolivia y que algunos autores han denominado “sinosfera” (Cutler, 2022) o “Este Global” (Ikenberry, 2024). Este bloque de países emergentes y ricos en recursos naturales, que se distingue del Sur Global (donde verdaderamente pertenece Bolivia) y se opone a la “anglosfera” u “Oeste Global”, liderado por Estados Unidos, es el que promueve un mundo multipolar o multiplex y el único que había intentado socavar el orden internacional liberal, hasta la llegada de Trump a la escena política mundial.

Con esta lógica disruptiva, Trump ha estado tratando de acabar con la guerra en Ucrania, sin importar que Putin obtenga un significativo triunfo militar sobre Europa y el propio Estados Unidos. Con dicho triunfo, Rusia no sólo podría anexar una parte importante de Ucrania, sino que también podría tener vía libre para expandirse sobre otros países europeos. Esto es así porque el gobierno de Trump ha anunciado que no seguirá financiando la defensa europea ni tampoco cumplirá el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, en caso de una agresión externa a un miembro de la OTAN.

Mediante estas maniobras y anuncios, Trump pretende ganar por doble partida, porque no sólo está reduciendo el enorme gasto que supone el sostenimiento de la Alianza Atlántica en la que solo Estados Unidos cubre aproximadamente el 60% del presupuesto; sino que además, al dejar a los países europeos a su suerte frente a la amenaza rusa, los obliga a adquirir armamento y equipamiento militar de fabricación estadounidense, ya que ni Europa ni Canadá cuentan actualmente con la capacidad industrial suficiente como para armar un ejército de la OTAN sin la participación de Estados Unidos. 

Pragmatismo transaccional

Quienes intentan relacionar al trumpismo con una ideología claramente definida, como el conservadurismo liberal de extrema derecha por ejemplo, u otras tendencias similares que han llegado al poder en algunos países europeos y Argentina, no han terminado de comprender que lo que guía este movimiento, al menos en el escenario internacional, son los intereses nacionales y el pragmatismo transaccional a ultranza. La lógica es muy clara y simple, anteponer los intereses de Estados Unidos primero (America First) para hacer grande al país nuevamente (Make America Great Again).

Bajo estas consignas, el gobierno de Trump está intentando terminar con la guerra en Ucrania. Pues antes que detener la matanza o evitar la destrucción de Ucrania, lo que busca la administración trumpista son beneficios económicos y estratégicos que puedan permitir a Estados Unidos mantener su hegemonía global. Por estos motivos, Trump ha señalado en varias oportunidades que quiere lograr una compensación por los varios billones de dólares que el gobierno de Biden entregó a Ucrania en forma de donación. Para lo cual, ha estado negociando con Ucrania un acuerdo para explotar sus tierras raras y otros recursos naturales, que le podrían servir para enfrentar a China en el ámbito tecnológico. 

La idea es constituir un fondo de reconstrucción administrado por Ucrania y Estados Unidos, para explotar ciertas riquezas de Ucrania en favor de la reconstrucción del país y de los intereses geoeconómicos de Estados Unidos. El acuerdo, que tenía que ser firmado durante la visita del presidente Volodimir Zelensky a Washington, fue postergado indefinidamente tras el maltrato que recibió este último de parte de sus anfitriones estadounidenses, Trump, Vance y Rubio, en la oficina oval de la Casa Blanca.  

Este incidente, que muestra cómo las más altas autoridades de Estados Unidos quieren imponer sus condiciones, también deja dudas sobre la verdadera efectividad de la estrategia trumpista, debido a que el intento de doblegar y amedrentar públicamente al presidente ucraniano provocó reacciones que alejan la posibilidad de concretar el acuerdo antes mencionado. En efecto, tras su tensa reunión en la Casa Blanca, Zelensky no sólo recibió el decidido apoyo de los países europeos que se comprometieron a incrementar su ayuda económica y militar a Ucrania, sino también el apoyo de su propio pueblo. Esto último desmiente el argumento trumpista de que Zelensky sería un “dictador sin elecciones” por haberse prorrogado en sus funciones debido a la guerra sin contar con apoyo popular. Lo ocurrido en la Casa Blanca ha dejado en evidencia que Zelensky no sólo tiene apoyo de su pueblo, sino que éste incrementa con los ataques y maltratos de Trump.

Conclusión

El nuevo orden internacional que impulsa Donald Trump se basa en una combinación de pragmatismo extremo, nacionalismo económico y una reconfiguración de alianzas que rompe con los principios tradicionales de la política exterior estadounidense. Su acercamiento a Rusia y su distanciamiento de Europa no solo desafían la estructura de seguridad global construida desde la Segunda Guerra Mundial, sino que también aceleran el proceso de desglobalización y erosionan la credibilidad de Estados Unidos como garante del orden liberal. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia sigue siendo incierta, ya que su lógica disruptiva, aunque pueda generar beneficios económicos a corto plazo, también aumenta las tensiones internacionales y deja a Washington en una posición de mayor aislamiento. En este escenario, el trumpismo no solo redefine el papel de Estados Unidos en el mundo, sino que también pone a prueba los límites de un sistema internacional en crisis, donde las reglas tradicionales de la diplomacia parecen ceder ante la política de la transacción y la fuerza.

Riesgos para la biodiversidad de la Amazonía boliviana

La permisividad estatal se expresa en la autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de gobernanza ambiental.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

La Amazonía boliviana enfrenta actualmente una encrucijada crítica entre la expansión del agronegocio y la conservación de uno de los ecosistemas más biodiversos y valiosos del planeta. Bolivia, reconocida como uno de los países megadiversos del mundo, alberga en su Amazonía cerca del 30% de las especies terrestres conocidas. Sin embargo, este patrimonio natural se encuentra bajo una amenaza creciente debido a la expansión acelerada de la frontera agrícola, el crecimiento de la ganadería extensiva, el uso de transgénicos, políticas estatales permisivas, los incendios forestales y los efectos acumulativos del cambio climático. Aunque en escenarios internacionales Bolivia suele suscribir acuerdos y respaldar discursos en defensa de la Madre Tierra (Pachamama) y la justicia climática, en el ámbito nacional prevalece un modelo productivo y normativo orientado a la explotación intensiva de los recursos naturales, profundizando contradicciones entre la retórica internacional y las prácticas domésticas. Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx

El peso del agronegocio y el avance de la deforestación

Desde la década de 1980, el agronegocio ha consolidado su hegemonía económica y política, en especial en el departamento de Santa Cruz. El cultivo de soya transgénica, la ganadería extensiva y el auge de los biocombustibles han impulsado una rápida deforestación, convirtiéndose en los principales motores de la pérdida de cobertura forestal en las tierras bajas y amazónicas del país. Según el Global Forest Watch (2022), en Bolivia se talan más de 30 hectáreas de bosque por hora, mayormente debido al avance de la frontera agrícola y ganadera. Este modelo de desforestación acelerada ha fragmentado hábitats y puesto en riesgo a especies endémicas, al tiempo que reduce la capacidad de los ecosistemas para mitigar el impacto del cambio climático y mantener funciones como la regulación hídrica y el ciclo de nutrientes.

Políticas gubernamentales permisivas y decisiones recientes

Durante las últimas décadas, diversos decretos y leyes han flexibilizado los controles ambientales y han favorecido la expansión agrícola sobre áreas protegidas y territorios indígenas. Desde 2015, se han adoptado medidas estatales permisivas como la autorización para la introducción de nuevos cultivos transgénicos, el impulso de políticas para los biocombustibles y la ampliación de plazos para el cumplimiento de la Función Económica Social de la tierra. Estos marcos normativos han generado un contexto de impunidad para los desmontes y las quemas, afectando gravemente ecosistemas amazónicos vitales. La permisividad estatal se expresa además en la autorización legal de chaqueos y la ausencia de incentivos para la producción sostenible, lo que agudiza la deforestación y debilita las capacidades de gobernanza ambiental.

Impactos sobre la biodiversidad amazónica

La Amazonía boliviana concentra uno de los mayores patrimonios de biodiversidad de Sudamérica. La deforestación, los incendios forestales provocados por prácticas agropecuarias y políticas estatales permisivas, la conversión de bosques en monocultivos y la ganadería extensiva, han puesto en riesgo la supervivencia de especies únicas y fragmentando ecosistemas críticos. La continua pérdida de cobertura vegetal disminuye la capacidad de los bosques amazónicos para captar carbono, contribuyendo al calentamiento global. Además, la alteración del ciclo hidrológico y la destrucción de hábitats impactan de forma directa a pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de la selva para su supervivencia, afectando la calidad del agua, alterando la productividad agrícola y comprometiendo la seguridad alimentaria.Bolivia-no-firma-la-declaracion-de-Glasgow.docx

Contradicciones entre compromisos internacionales y política nacional

En el escenario internacional, Bolivia ha participado activamente en el Acuerdo de París y otros pactos de defensa del clima y la biodiversidad, promoviendo el paradigma de los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, estas posiciones contrastan con la falta de adhesión a iniciativas multilaterales como la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada en la COP26 por más de 140 países. Esta negativa a sumarse a esfuerzos globales revela la existencia de una brecha cada vez más marcada entre el discurso en el ámbito internacional y la política nacional, la cual prioriza la soberanía estatal sobre los recursos naturales y la afinidad política con gobiernos afines, aun a costa de debilitar la cooperación internacional y el acceso a financiamiento climático esencial para frenar tendencias deforestadoras.

Avances del multilateralismo climático y oportunidades para Bolivia

En los años recientes, el multilateralismo climático ha logrado fijar metas globales cada vez más ambiciosas en materia de reducción de emisiones y protección de los bosques. Mecanismos como el Acuerdo de París y REDD+ ofrecen oportunidades para que países como Bolivia accedan a financiamiento internacional y cooperación técnica, siempre que logren alinear sus políticas internas con los compromisos y tendencias globales. El reto principal radica en superar la influencia de los lobbies agroindustriales y reforzar la institucionalidad pública ambiental. Bolivia debe aprovechar estos mecanismos para fortalecer su gobernanza climática y ambiental, asumiendo una transición hacia un desarrollo sustentable y resiliente.

Propuestas hacia una gobernanza ambiental coherente

Para enfrentar los graves riesgos actuales, Bolivia debe fortalecer su institucionalidad ambiental, garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones, y priorizar un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable. Es fundamental la aplicación estricta de la Ley de la Madre Tierra y de la Ley N.º 300, la promoción de la agroecología y la facilitación de acceso a mecanismos internacionales de financiamiento climático. Adicionalmente, resulta imprescindible el desarrollo de cadenas de valor sostenibles y el uso estratégico de instrumentos como los bonos de carbono y los pagos por servicios ambientales. Solo así se podrá avanzar hacia una gobernanza coherente que equilibre la producción agrícola con la conservación de la biodiversidad.

Conclusión

La Amazonía boliviana se encuentra en un punto de inflexión trascendental. La expansión del agronegocio, la permisividad estatal y las contradicciones entre el discurso internacional y las políticas nacionales han profundizado su vulnerabilidad. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, la brecha entre retórica y práctica se vuelve cada vez más evidente. Revertir esta tendencia exige voluntad política, coherencia normativa y una gobernanza ambiental capaz de equilibrar la producción y la conservación, en línea con los avances impulsados por el multilateralismo climático. El futuro de la Amazonía boliviana y su biodiversidad dependerá de la capacidad del Estado y la sociedad de adoptar un camino orientado verdaderamente al desarrollo sostenible y a la justicia ecológica.

Reconfiguración geopolítica y multilateralismo regional

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Existe un amplio consenso respecto a que la crisis del multilateralismo ha impedido desarrollar una gobernanza global idónea y oportuna. La incapacidad y falta de mecanismos apropiados de organismos de alcance global como las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad, enfrentar el cambio climático, controlar la migración, reducir la pobreza y evitar las pandemias, entre otros importantes desafíos globales; son una clara muestra de que dicha crisis aún persiste y que la reconfiguración geopolítica que está provocando la guerra en Ucrania, lejos de ayudar a superarla, la profundizará.

De hecho, todo parece indicar que la crisis del multilateralismo se ahondará en los organismos globales, pero otra cosa muy distinta ocurrirá en los organismos regionales o sectoriales que muy por el contrario se fortalecerán. Por un lado, se afianzarán los lazos políticos, comerciales y financieros entre América del Norte, Europa y Oceanía (incluidos Japón y Corea del Sur) y, por el otro, también se estrecharán vínculos entre Rusia, China y las potencias emergentes del sur global. Sin embargo, al mismo tiempo se acentuarán las diferencias y rivalidades entre estos dos grandes bloques de potencias mundiales: las democracias liberales de Occidente y los regímenes emergentes de Oriente. 

En ese sentido, el multilateralismo se desarrollará principalmente en organismos como el G7, la OTAN, la Unión Europea (UE), el AUKUS, el Quad, por un lado, y el BRICS+, la Organización de Cooperación de Shanghái, la alianza de repúblicas exsoviéticas OTSC, los Estados ribereños del mar Caspio y el G5 por el otro. Efectivamente, las cumbres que han realizado varios de estos organismos en el último tiempo, con la presencia de sus máximos líderes, confirman esta tendencia al multilateralismo regional, en que los posicionamientos políticos no sólo se han adoptado entre grupos de países, sino también en oposición a los miembros del otro bloque. Lo que nos hace prever el surgimiento de un multilateralismo no sólo regional sino también antagónico, que contribuirá al desacople del mundo en al menos dos polos rivales y parcialmente desconectados. 

En el polo occidental, la invasión rusa de Ucrania provocó una respuesta multilateral rápida y contundente: la UE aplicó duras sanciones económicas contra Rusia, destinó ayuda económica y militar a Ucrania (aunque insuficiente según el gobierno de Kiev) y aceptó a este último país como candidato a ingresar en la Unión. De igual forma, el G7, reunido recientemente en Alemania, además de aprobar otro paquete de sanciones contra Rusia y de comprometer más armas para Ucrania, volvió a anunciar el lanzamiento de un ambicioso plan de integración física e infraestructura para contrarrestar la Iniciativa china de la Franja y la Ruta, con cerca de 600 mil millones de dólares. En la misma línea, la OTAN, reunida hace poco en Madrid, incrementó sus tropas y sistemas de seguridad en los países cercanos a Rusia, e invitó a Suecia y Finlandia, Estados tradicionalmente neutrales, a ser parte de la alianza militar. Esto último, con la clara intención de escarmentar a Putin quien dijo que uno de los objetivos de su “operación militar especial” era justamente evitar que la OTAN se expanda hacia sus fronteras.

Por el lado oriental, la XIV Cumbre de los BRICS, organizada por China de manera virtual, si bien no hizo más que anunciar intenciones por reforzar el multilateralismo global y el comercio internacional, como una manifestación de intenciones por volver al auge de la globalización, también sirvió a Putin para mostrarse respaldado por las potencias emergentes y capaz de torear las sanciones occidentales. De igual manera, la VI Cumbre de los países del mar Caspio celebrada en Asjabad, aunque no fue un escenario de grandes anuncios debido a la reticencia de Irán por firmar la Convención que pretende repartir las aguas del lago más extenso del mundo, también sirvió a Putin para demostrar que no está solo y que sus contertulios, según dijo el Canciller ruso, Sergei Lavrov, estarían dispuestos a formar una alianza militar alrededor del mar Caspio.

En todo este complejo escenario de crisis, guerra y desacople, América Latina – salvo Brasil, México y Argentina – no está siendo considerada en ninguno de los dos bloques ni tampoco en las decisiones de la gobernanza global debido a su lamentable desintegración político-ideológica y a su cada vez más evidente insignificancia estratégica en términos económicos, poblacionales y militares.

COP 16: Bolivia contra el mundo

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Los acuerdos rechazados únicamente por Bolivia en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada a finales de 2010 en Cancún–México, con la asistencia de 194 países; son un importante avance en el objetivo de lograr compromisos comunes que sirvan para detener o, al menos reducir, el calentamiento global que desde hace muchos años se ha querido lograr sin éxito. Sin embargo, considerando que dichos acuerdos dejaron para las próximas reuniones sobre este tema, la definición de los mecanismos y el origen de los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas en esa misma oportunidad, y teniendo en cuenta, que también se postergaron las negociaciones para asegurar la implementación de un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que es el único acuerdo que obliga a los países desarrollados (excepto a Estados Unidos que no lo ratificó) a reducir sus emisiones de gases contaminantes; lo avanzado no parece ser suficiente para garantizar la vida de las futuras generaciones en este planeta, y eso es precisamente lo que señala la oposición de Bolivia.  

Vítores de alegría, alborozo generalizado y abrazos de felicitación surgieron tras la aprobación por mayoría del texto final de la COP 16. 193 Estados habían logrado por primera vez ponerse de acuerdo en tomar medidas conjuntas para contrarrestar el cambio climático, incluso los países más renuentes a los compromisos en esta materia, como Estados Unidos y China, habían dado su beneplácito. Bolivia era el aguafiestas mundial pues ni los países del ALBA quisieron apoyarla. Unas horas más tarde, algunas publicaciones alrededor del mundo se referían a una supuesta derrota boliviana en la COP 16 y a un arrollamiento total de su postura, aseguraban que los representantes de Bolivia se mostraron intransigentes porque no comprendían las consecuencias de su rechazo y no valoraban el esfuerzo realizado por todas las demás delegaciones.

Sin embargo, ¿cómo se puede afirmar que los bolivianos no están conscientes de lo que hicieron, cuando en Bolivia, así como en muchos otros lugares, millones de personas sufren las terribles consecuencias de las sequias, inundaciones y otros efectos que produce la contaminación que durante muchos años han emitido las grandes potencias y las economías emergentes? Y ¿Cómo pueden decir que Bolivia no valora el esfuerzo realizado por otros países, cuando su gobierno, con el propósito de llevar propuestas concretas a la COP 16, organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada con mucho éxito en abril de 2010 en Cochabamba, con la participación de más de 30 mil representantes de 140 países, y cuyas conclusiones no fueron siquiera consideradas por la presidencia de la Conferencia de Cancún?    

Si bien hay que reconocer que la delegación anfitriona de la COP 16, recogió en un solo documento muchas de las principales demandas de los participantes y asimismo lo hizo aceptable para otros tantos, que por intereses económicos no estaban dispuestos a firmar ningún acuerdo; es también notorio que no logró una convergencia de posturas que garantice el consenso, porque le faltó dar cabida a las preocupaciones de uno de los países más activos en lo que se refiere al  cuidado de la naturaleza. 

Pero no sólo se ignoraron las interesantes propuestas planteadas en la Conferencia de Cochabamba y presentadas a las Naciones Unidas con antelación al evento de referencia por el Presidente Evo Morales, referidas a la constitución de un Tribunal de Justicia Climática, la aprobación de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra y la realización de un referéndum mundial sobre el Cambio Climático, entre otras; sino que no se especificó cómo se alcanzarán las metas establecidas en los acuerdos de la COP 16, ni la fuente de su financiamiento. Sólo se acordó que éstos serán definidos en las futuras Conferencias. Dichas metas se pueden resumir en:

1. Creación de un fondo verde que servirá para la adaptación de los países en desarrollo a los mecanismos de mitigación de los de gases efecto invernadero. Dicho fondo, que será administrado por el Banco Mundial, contará inicialmente con 30 mil millones de dólares anuales y para el 2020, deberá alcanzar los 100 mil millones de dólares;
2. Reducción de las emisiones de gases contaminantes entre 25 a 40% hasta 2030, tomando como base los registros de 1990;
3. Ejecución de un programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) para los bosques; y
4. Establecimiento de un límite para el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, con la posibilidad de reducirlo a 1.5, en la próxima reunión.  

Sobre este último punto, el representante boliviano, Pablo Solón, fue claro al señalar que los estudios realizados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés), demuestran que “con un nivel de 2 grados centígrados sólo tenemos el 50% de probabilidades de evitar un impacto irreversible para la vida en el planeta (…), nadie enviaría a sus hijos en un avión que sólo tiene el 50% de probabilidades de aterrizar”.

Además, la negociación para definir un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que se ha venido postergando desde el 2007, fue nuevamente diferida para ser incluida en la Conferencia que se realizará el 2011 en Durban–Sudáfrica. Lo cual resulta sumamente preocupante porque sólo restan dos escasos años para que expiren los compromisos sobre reducción de gases contaminantes, que fueron definidos en ese acuerdo.

Por todo esto, la representación de Bolivia decidió rechazar los acuerdos que todo el mundo quiso aprobar, y si bien parece no haber logrado nada, y quizás tampoco lo haga al presentar su anunciada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos para aprobar este tipo de acuerdos, que exigen consenso y no mayoría; el rechazo boliviano es la evidencia de la duda que deja la COP 16, porque tal como lo han reconocido muchos expertos en la materia, lo convenido no es suficiente para detener el calentamiento global y mantener la temperatura del planeta en un nivel que garantice su equilibrio natural. En ese sentido, sólo queda esperar que en las próximas Conferencias sobre el Cambio Climático se logre un avance verdaderamente importante y el mundo no tenga que dar la razón a Bolivia.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia