Maduro en la encrucijada de un nuevo orden mundial

La reacción no es casual: el mensaje de Trump va dirigido a todos los gobiernos que han mantenido vínculos con Caracas o que, en opinión de Washington, han cerrado los ojos ante la expansión del narcotráfico y el crimen organizado.

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Péndulo de Correo del Sur

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han alcanzado un nuevo punto de ebullición con el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe. Esta medida, ejecutada por la administración de Donald Trump, representa no sólo una amenaza directa al régimen de Nicolás Maduro, sino también un movimiento geopolítico con implicaciones regionales y globales que trascienden las fronteras venezolanas.

Desde el primer gobierno de Trump, Estados Unidos endureció de forma sistemática las sanciones contra Caracas, calificando a Maduro como un dictador ilegítimo y vinculándolo directamente con el narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó al mandatario venezolano de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra. Paralelamente, el Departamento del Tesoro señaló a Maduro como líder del Cártel de los Soles, una red de militares y funcionarios acusada de utilizar al Estado venezolano para traficar drogas en coordinación con las FARC y otros grupos criminales.

En este contexto, Washington ofreció inicialmente una recompensa de 15 millones de dólares, que luego aumentó hasta alcanzar los 50 millones por la cabeza de Maduro, superando incluso la cantidad que en su momento se ofreció por Osama bin Laden. El mensaje fue claro: para la Casa Blanca, Maduro no es un presidente legítimo, sino un capo del narcotráfico que debe ser tratado como tal.

La dimensión militar del cerco a Maduro

La ofensiva estadounidense no se limitó a sanciones financieras ni a acusaciones judiciales. A partir de 2025, Washington decidió dar un salto cualitativo al designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, bajo el argumento de que la crisis de los opioides y el fentanilo —que provoca más de 100.000 muertes anuales en EE. UU.— constituye una amenaza directa a su seguridad nacional. Esta decisión abrió la puerta para que las Fuerzas Armadas estadounidenses participen directamente en operaciones contra el narcotráfico, una tarea que antes estaba reservada a la DEA o al FBI.

En ese marco, el Pentágono puso en marcha un despliegue militar en el Caribe, enviando destructores, buques anfibios, un submarino nuclear y aviones de reconocimiento a las costas venezolanas, con el objetivo de combatir el narcotráfico, una amenaza que efectivamente ha crecido y que Washington considera de primer orden.

Si bien oficialmente se trata de una campaña antidrogas, la maniobra representa una demostración de fuerza que coloca a Maduro contra las cuerdas y advierte a los países de la región relacionados con el narcotráfico que Estados Unidos está dispuesto a usar su poderío militar para defender sus intereses.

Un mensaje a toda la región

El despliegue estadounidense no es una amenaza exclusiva contra Venezuela. Otros países como México, Colombia, Cuba, Nicaragua y Bolivia también han sido señalados por Washington como escenarios clave del tráfico de drogas y, en mayor o menor medida, han expresado su rechazo a la presencia militar norteamericana en el Caribe. La reacción no es casual: el mensaje de Trump va dirigido a todos los gobiernos que han mantenido vínculos con Caracas o que, en opinión de Washington, han cerrado los ojos ante la expansión del narcotráfico y el crimen organizado.

No es secreto que Cuba y Nicaragua han brindado apoyo político y logístico al régimen venezolano, mientras que Bolivia ha respaldado todos y cada uno de los pasos dados por Maduro para consolidarse en el poder, incluyendo el escandaloso fraude electoral de mediados de 2024. Incluso México y Colombia, a pesar de ser socios estratégicos de Estados Unidos en materia de seguridad, han tenido momentos de fricción respecto a la estrategia antidrogas.

De allí que el despliegue militar en el Caribe funcione como un aviso regional: Washington se reserva el derecho de actuar unilateralmente si considera que sus intereses están en riesgo.

Entre sanciones y pragmatismo energético

Las sanciones económicas han sido un pilar del cerco a Maduro. Desde 2017, la administración Trump restringió el acceso del gobierno venezolano a los mercados financieros internacionales, bloqueó activos de PDVSA y sancionó a decenas de funcionarios civiles y militares. Sin embargo, el pragmatismo también se abrió paso. En julio de 2025, pese a la retórica hostil, Washington renovó una licencia a la empresa Chevron para operar en Venezuela y exportar crudo hacia Estados Unidos. La contradicción refleja una tensión clásica en la política exterior norteamericana: confrontar a regímenes adversarios sin renunciar a los intereses estratégicos vinculados al petróleo.

La geopolítica de las zonas de influencia

Más allá de la dimensión venezolana, el despliegue militar estadounidense debe leerse en clave de reconfiguración global del poder. La maniobra se produjo poco después de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, un encuentro que, según algunas interpretaciones, pudo haber sellado una suerte de repartición de esferas de influencia entre las grandes potencias.

En esta hipotética redistribución, Estados Unidos reafirmaría su control sobre el Caribe y América Latina —el tradicional “patio trasero” de Washington—, mientras que Rusia consolidaría su dominio en Eurasia, incluyendo Ucrania y buena parte de Europa. Por su parte, China se proyectaría como el actor dominante en Asia y el Indo-Pacífico.

Aunque esta lectura es especulativa, resulta revelador que tanto Moscú como Pekín hayan respondido con pronunciamientos tímidos y ambiguos frente al despliegue estadounidense en el Caribe, evitando confrontar directamente a Washington.

El matiz no es menor: sugiere que Rusia y China han asumido que Venezuela ya no es un terreno en el que valga la pena arriesgar una confrontación estratégica con Estados Unidos. Ambos gobiernos mantienen lazos económicos y políticos con Caracas, pero en última instancia parecen priorizar sus propias agendas globales antes que involucrarse en una pugna que podría derivar en un choque militar abierto.

Hacia un nuevo orden internacional

El despliegue militar estadounidense en el Caribe no solo desafía la continuidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y presunto líder del Cártel de los Soles. También marca un punto de inflexión en la política internacional, al anunciar el posible surgimiento de un nuevo orden basado en zonas de influencia administradas por las tres grandes potencias del siglo XXI: Estados Unidos, Rusia y China.

Si esta hipótesis se confirma, el futuro inmediato estará caracterizado por un mundo más fragmentado, en el que los conflictos locales se resolverán dentro de los límites establecidos por cada hegemonía regional. Para América Latina, esto significa una mayor presión de Washington para alinear a los gobiernos con sus intereses estratégicos, no solo en materia energética, sino también de acceso a rutas comerciales claves como el canal de Panamá, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la seguridad hemisférica.

En suma, lo que comenzó como un operativo militar contra el tráfico de drogas podría ser recordado como el primer movimiento visible de una nueva arquitectura internacional, en la que Maduro y su régimen se convirtieron en la pieza de sacrificio de un nuevo equilibrio de poder.

El asilo mexicano de los líderes del MAS

Como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia 

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

En una reacción indudablemente temeraria, el gobierno de México decidió conceder asilo territorial y diplomático a los más altos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que gobernó Bolivia durante casi 14 años y que hizo un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre pasado, con el propósito de quedarse cinco años más. Unos, los más importantes, en tierras mexicanas y los otros, alrededor de 30 personas, en la Embajada de México en La Paz.

De acuerdo a las explicaciones que ofreció el Canciller de ese país, Marcelo Ebrad, quien evitó referirse al fraude, el asilo del expresidente Evo Morales fue otorgado por “razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta hoy en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Aunque Ebrad no explicó por qué consideraba que la vida e integridad del exmandatario corrían riesgo, muy posiblemente se basó en las dos mismas excusas que arguyó Morales, a través de Twitter, al momento de abandonar el país: 1) que un policía había anunciado públicamente que tenía instrucciones de arrestarlo, lo cual fue desmentido después por el Comandante General de la Policía Boliviana, y 2) que grupos violentos habían asaltado su domicilio en Cochabamba, lo que si bien era cierto, no ponía en riesgo ni su vida ni su integridad.  

Pese a que no existían motivos jurídicamente válidos para otorgar asilo territorial, porque Morales no era un perseguido político; sí existían y aún existen otros motivos en la política interna mexicana que podrían ayudarnos a comprender esta decisión. Nos referimos específicamente a los problemas que México enfrenta desde hace varios años y que se han agudizado en el último tiempo, como el estancamiento económico, la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad, entre otros; que debieron haber empujado a las autoridades mexicanas, tal como lo han afirmado algunos analistas de ese país, a utilizar el asilo del expresidente boliviano como una medida distractiva.

Las críticas en Bolivia y México fueron feroces, no sólo porque estaban asilando a un hombre que había protagonizado un fraude electoral, que fue demostrado palmariamente por la auditoria de la OEA y por otras investigaciones independientes; sino porque además se trataba de un personaje que cuando fue presidente no respetó el resultado de un referéndum vinculante y que si bien se mostraba como un defensor de los pueblos indígenas y de la madre tierra, había violado flagrantemente los derechos de ambos, tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, con sede en Bonn – Alemania, el 15 de mayo de 2019, después de analizar el caso del TIPNIS.  

Además, como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia después de que un avión de su Fuerza Aérea se llevara al presidente y al vicepresidente del Estado, y los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa también presentaran su renuncia. Esas acciones no sólo contravenían lo que dispone la Constitución boliviana (artículos 169-171), sino que también representaban una gran irresponsabilidad con el país que se quedó varias horas sin autoridades, justamente en un momento de alta convulsión, violencia y vandalismo.

Por si fuera poco, una vez en México y en clara transgresión al derecho de asilo, Evo continuó agitando al país mediante mensajes públicos y privados, en los que convoca a sus seguidores a mantener las movilizaciones en contra del “golpe de Estado”, llegando incluso a instruir que se deje sin comida a las ciudades. Esto último a través de una conversación telefónica que el expresidente mantuvo desde México con Faustino Yucra, un narco-militante del MAS y prófugo de la justicia boliviana desde el 2016. La grabación de esa controvertida conversación, en la que se reconoce claramente la voz de Morales, está siendo utilizada por el actual gobierno transitorio de Bolivia para demandar al exmandatario ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por el delito de privar de alimentos a la población de las ciudades en grado de tentativa, que está codificado en el Estatuto de Roma de 1998 como un crimen de lesa humanidad.

En relación a los exministros, parlamentarios y dirigentes del MAS que recibieron asilo diplomático en la Embajada de México, también se ha generado controversia y un fuerte impase entre los dos gobiernos, porque cinco de ellos están siendo buscados por la justicia boliviana debido a su vinculación con delitos de sedición, terrorismo, instigación a delinquir, fraude electoral y otros. No obstante, a pesar de que la Cancillería boliviana solicitó la entrega de dichas personas y anunció que no emitirá los respectivos salvoconductos, el gobierno mexicano decidió seguir protegiéndolas y seguramente tendrá que hacerlo durante mucho tiempo más.

Al respecto, también llamó la atención que algunos de los asilados entren y salgan de la Embajada mexicana como si se tratara de un hotel y no de una sede diplomática que está amparada por las normas internacionales de asilo y que, en cualquier caso, merece más respeto.

Con todo, resulta realmente sorpresivo el decidido apoyo y protección que el gobierno de la 4T le otorga a los líderes del MAS, pues contrasta con la actitud mucho más cautelosa y prudente que ese mismo gobierno adoptó frente al caso de la crisis venezolana, donde a pesar de haber favorecido a la dictadura de Nicolás Maduro con una postura supuestamente neutral, nunca tomó acciones tan decididas y directas. Pero además, esa actitud de encubrimiento y complicidad con los líderes masistas, también contrasta con la tradicional política mexicana de asilo, muy respetuosa de las formas y de la costumbre internacional, que nos vuelve a llevar a la hipótesis del intento por distraer la atención de los problemas internos y que indirectamente implica un lamentable abandono de la doctrina Estrada.

La presión internacional sobre el gobierno de Maduro

Después de que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela por parte de varios países no pudiera ingresar a territorio venezolano, como estaba previsto por las fuerzas de oposición, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, adoptaron otras medidas de presión para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Sobre estos temas tuve la oportunidad de emitir mi opinión en la siguiente entrevista.

En La Revista de UNITEL, 25/02/2019

Si Bolivia se retira de la OEA

Desprestigiar a la OEA o retirarse de su sistema no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en ese organismo.

Los Embajadores de Chile y Bolivia ante la OEA, Miguel Schweitzer y José Ortíz Mercado, tras aprobar la Resolución 686 de 1983

Por; Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Después de que el gobierno de Venezuela decidiera retirarse de la OEA, algunos analistas aficionados a las relaciones internacionales de nuestro medio, oficialistas y allegados al oficialismo, sugirieron que Bolivia siga el mismo camino de autoexcluirse del sistema interamericano, porque, según ellos, no nos sirve de nada.

Sin embargo, esa sugerencia, adoptada entre otras cosas, por la molestia que efectivamente provoca el hecho de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se haya convertido en el principal líder de la derecha latinoamericana y sólo tenga ojos para Venezuela (no así para México o Brasil); no prioriza nuestros intereses nacionales que lejos de relacionarse con el gobierno de Maduro, están centrados, o deberían estarlo, en la necesidad que tiene nuestro país de recuperar un acceso soberano al mar.

En efecto, teniendo en cuenta que el gobierno de Evo Morales interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia, y considerando también que la OEA se ha pronunciado en ese mismo sentido varias veces (es decir recomendando a los Estados involucrados a iniciar “negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana al Océano Pacífico”), no resulta nada inteligente menospreciar a dicho organismo, ni mucho menos abandonarlo en estos momentos que estamos cerca de una posible negociación con Chile. 

Mas bien, lo que debemos hacer es destacar el valor de las 11 resoluciones que adoptó la Asamblea General de la OEA en relación al problema marítimo boliviano que no sólo recomiendan iniciar negociaciones para levantar el enclaustramiento geográfico, sino que además consagran al “Problema Marítimo Boliviano”, como “un asunto de interés hemisférico permanente”.

Al respecto, es sumamente importante recordar, tal como lo resalta nuestra demanda ante la CIJ, que de esas 11 resoluciones, tres fueron aprobadas con el voto favorable de Chile, y una, la de 1983, exhorta: “a Bolivia y Chile a que en aras de la fraternidad americana, inicien un proceso de acercamiento (…) que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos de las partes involucradas”.

               

Esta exhortación, que, valga reiterar, fue aprobada por Chile, así como las otras manifestaciones que hizo el Estado chileno en pos de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, que se expresaron en distintos actos unilaterales y compromisos bilaterales; deben ser valoradas y destacadas por nuestro gobierno ahora que nos acercamos al fin del proceso judicial ante la CIJ, que llegará aproximadamente a mediados de 2018.

En otras palabras, si el fallo de la CIJ resulta favorable a Bolivia, tendremos que iniciar una negociación con Chile en la que necesitaremos el apoyo de todos los países y organismos internacionales que puedan y quieran respaldar a nuestra causa, o como el caso de la OEA, que ya la respaldó en el pasado.

Por todo lo dicho y de acuerdo a nuestros intereses nacionales, Bolivia debe hacer valer las recomendaciones de la OEA de cara a lo que podría ser una negociación con Chile iniciada bajo la égida de un fallo de la CIJ. Desprestigiar a ese organismo o retirarse de él no sería lógico ni conveniente, pues perderíamos la posibilidad de capitalizar los triunfos diplomáticos que obtuvimos en esa instancia.                                                                                                                                             

Los gobiernos de Sudamérica ante el maltrato sufrido por Evo Morales en Europa

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en LaTercera.com

El sonado impase diplomático que causaron Francia, España, Portugal e Italia al afectar la libertad de tránsito del avión presidencial de Bolivia el pasado 2 de julio provocó diversas reacciones en los gobiernos de Sudamérica que por las posturas adoptadas y por sus implicaciones políticas pueden dividirse en tres grupos: los que privilegian las buenas relaciones con Europa y Estados Unidos, los anticolonialistas y antiimperialistas, y los que, por distintos motivos, no son ni lo uno ni lo otro. 

Por un lado fue evidente la prudencia y tibieza con las que reaccionaron Colombia, Perú y Chile que no estuvieron de acuerdo con realizar una reunión extraordinaria de la UNASUR para tratar este tema y solo enviaron a sus representantes en La Paz al encuentro que, con ese motivo, se realizó en Cochabamba – Bolivia el 4 de julio. Por el otro lado, fue muy claro y contundente el apoyo que el Mandatario boliviano recibió de sus colegas de Argentina, Ecuador, Uruguay, Surinam y Venezuela que inmediatamente condenaron las acciones de los países europeos mencionados y repudiaron también la política de los Estados Unidos que se vale del espionaje para “controlar” a sus amigos y enemigos. El tercer grupo estaría conformado por Brasil, Paraguay y Guyana que, por diferentes razones, no mostraron una postura clara que les permita ser parte de ninguna de las dos primeras agrupaciones. Si bien Brasilia manifestó en un primer momento su “repudio e indignación” por este hecho que calificó como una “humillación a una nación hermana”, luego decidió no enviar a un dignatario de Estado a la reunión de Cochabamba y destacó solamente al asesor presidencial, Marco Aurelio García, muy respetable por cierto, pero que no equivale a un Canciller ni mucho menos a una Presidente. Asimismo, aunque Asunción calificó el hecho como “lamentable y bochornoso”, la representación de ese país no pudo asistir a la reunión de referencia porque su gobierno se encuentra suspendido de la UNASUR por la destitución de Fernando Lugo. Finalmente, Georgetown, tampoco pudo destacar a una delegación en Cochabamba debido a las pocas horas con las que se organizó el evento y a la inexistencia de un Embajador guyanés en Bolivia.

En definitiva, el incidente brindó a los Presidentes sudamericanos que se congregaron en Cochabamba una inmejorable oportunidad para decir unas cuantas verdades sobre los países europeos involucrados y sobre Estados Unidos, no sólo para demostrar su legítima y comprensible molestia, sino también para subir un poco en las encuestas de popularidad.

Comenzó el Presidente Evo Morales relatando las peripecias que le tocó pasar en Europa cuando a su retorno de Rusia, Francia revocó el permiso que tenía su avión para ingresar a territorio galo y tuvo que aterrizar de emergencia en Viena; donde, según dijo el Mandatario boliviano, el Embajador de España en Austria, Alfredo Carnero, le pidió revisar su aeronave con el propósito de verificar si Edward Snowden se encontraba dentro, “yo le dije – relató Morales – entonces usted me está tratando de delincuente, sólo a los delincuentes pueden revisar, yo no soy ningún delincuente y usted no va a revisar el avión de la presidencia”.  

Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo notar que a pesar de que los países europeos son las principales víctimas de la política económica y del espionaje de Estados Unidos, “es Europa quien agrede a un Presidente sudamericano” y luego de asegurar que la élite gobernante del viejo continente se “arrodilla” ante los intereses estadounidenses; se refirió a la requisa que pretendió realizar España en los siguientes términos: “El día que el presidente Rajoy venga a sobrevolar nuestro espacio aéreo, nosotros podríamos bajarlo y revisarle el avión para ver si trae droga o si trae los euros que roba del pueblo español”.    

Un poco más moderado pero con la misma energía, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo referencia a la historia y recordó que la prosperidad europea “dependió de la expoliación que hicieron a nuestros pueblos originarios”. En cuanto a las normas internacionales que aplican dijo que “se ha destrozado el derecho consuetudinario” y luego afirmó “Si iba Snowden o no en el avión, es irrelevante, tiene derecho el Presidente de ese avión a transportar a quien sea” y finalmente pidió a los presentes que imaginen si un país sudamericano hubiera impedido el paso de un Presidente europeo o estadounidense “eso hubiera sido un casus belli, causa de guerra” concluyó el Mandatario ecuatoriano.

   

El Presidente de Uruguay, José Mujica, fue claro al señalar “Metieron la pata, se equivocaron de medio a medio” y luego provocó algunas sonrisas cuando dijo: “creo que se comieron un tornillo…”. Prosiguió exigiendo altura, decencia, respeto y humildad para reconocer el error. “equivocarse es una ley de la vida, cometer errores es inevitable, cuando se procede así hay que poner la cara y asumir la responsabilidad y decírselo a la comunidad internacional. No tomarnos el pelo”.

De igual forma, la Presidente argentina, Cristina Fernández, señaló que hay una doble violación a las normas internacionales “una primera a la inmunidad de todo Jefe de Estado” y a su nave presidencial y una segunda “a los acuerdos concedidos para vuelo…”. Pidió explicaciones y recomendó a los pueblos de los países cuestionados “que exijan a sus gobiernos que hagan las cosas un poco mejor para evitar estos verdaderos bochornos internacionales que constituyen vestigios de un colonialismo decadente”. Finalmente dijo que en Sudamérica nos enseñan “desde chiquitos” a reconocer nuestras equivocaciones “y por lo menos a pedir disculpas a quien hemos ofendido”.

La reunión concluyó con una enfática Declaración que denuncia: “la flagrante violación de los tratados internacionales” ante este acto “insólito, inamistoso y hostil”; el “agravio sufrido por el Presidente Morales, que ofende no sólo al pueblo boliviano, sino también a todas nuestras naciones”; “las prácticas ilegales de espionaje”; y “la falta de transparencia sobre las motivaciones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave presidencial boliviana y su Presidente”. Asimismo los signatarios exigieron “a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España que presenten las disculpas públicas correspondientes” y que “expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia por su espacio aéreo”. Finalmente exhortaron “a la totalidad de los Jefes de Estado de la Unión a acompañar la presente declaración”.

No se podía esperar que el gobierno de Colombia, el más allegado de la región al Tío Sam, se sume al repudio manifestado por la mayoría de los Jefes de Estado sudamericanos en Cochabamba. Su Presidente, Juan Manuel Santos, se excusó de participar porque se encontraba en Europa apoyando la elección de Medellín como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Lo único que hizo fue escribir en su cuenta de twitter: “Nos solidarizamos con Evo Morales porque es inaudito lo que le hicieron pero no permitamos que se convierta en crisis diplomática AL (América Latina) con UE (Unión Europea)".

Asimismo, hubiera sido una gran sorpresa que Chile apoye a Evo Morales porque además de que su gobierno es muy afín a las potencias cuestionadas, las relaciones entre La Paz y Santiago se encuentran sumamente deterioradas debido al problema que genera el enclaustramiento boliviano. La Cancillería chilena se limitó a emitir un escueto comunicado en el que “lamenta y rechaza” este hecho y “hace un llamado a aclarar lo ocurrido”. Sin embargo, creemos que con esa tímida reacción, el Presidente Sebastián Piñera dejó pasar la que fue quizás su última oportunidad para mejorar sus relaciones con Bolivia y terminar así su mandato en una posición más favorable para enfrentar el proceso instalado en la Corte Internacional de Justicia; y eso es así, porque el Mandatario boliviano no hubiera podido seguir atacando a quien, después de haber recibido varias ofensas, pone la otra mejilla y le brinda su apoyo – al menos más decidido – en este caso.

Pero quien sí sorprendió a propios y extraños fue el Presidente del Perú, Ollanta Humala, que si bien expresó rápidamente su “solidaridad fraterna” por esta “inadmisible situación”, no llegó a convocar una reunión extraordinaria de la UNASUR en su calidad de Presidente Pro Tempore de ese organismo a pesar de que los Presidentes de Ecuador y Argentina habían anunciado que sí lo haría. El día de los hechos, Correa escribió en su twitter: “Con Ollanta Humala, Pdte. Pro Témpore de UNASUR, estamos tratando de convocar reunión de (UNASUR)" y Fernández luego escribió: “me avisa (Correa) que Ollanta va a convocar a reunión de Unasur". Seguramente amparado en la falta de consenso por las negativas de Colombia y Chile a realizar la reunión de referencia según publicó Perú21.pe, Humala prefirió no convocarla, no asistir, ni tampoco mandar a su Canciller.

En conclusión, es lamentable la evidente falta de concesos en la región frente a un hecho que desde cualquier punto de vista debería propiciar una censura contundente y unánime de parte de nuestros gobiernos, y es lamentable porque devela que las posturas ideológicas de quienes se alinean a los intereses de las grandes potencias son más importantes que dejar que se siente un terrible precedente para la convivencia pacífica de las naciones, que podría ser el inicio de nuevas violaciones al derecho internacional que al parecer no merecen siquiera una explicación ni mucho menos una disculpa.