Por: Andrés Guzmán
Escobari
Imagen satelital de la costa del Pacífico sur |
Las grandes extensiones
territoriales de Bolivia y Perú que a consecuencia de la guerra del Pacífico
pasaron al dominio de Chile, es decir, las regiones chilenas de Antofagasta,
Tarapacá y Arica–Parinacota y de ahí hasta el departamento peruano de Tacna
inclusive; son territorios extremadamente áridos y secos que siempre han requerido
de las aguas del altiplano para su abastecimiento hídrico. Se sabe que desde
tiempos muy remotos los habitantes de esos lares utilizaron las aguas altiplánicas
para regar zonas costeras. El río Mauri, por ejemplo, fue desviado gradualmente
hacia territorio tacneño hasta causar su trasvase completo, inicialmente por
los aymaras del lugar en el siglo XV, luego por los españoles en 1739 y
finalmente por Chile en 1919 y por el Perú en 1950 (Escobari: Historia
Diplomática de Bolivia. 2000: 310).
La desesperante sed del norte de
Chile ha conducido al gobierno de ese país a desviar, en coordinación con
algunas empresas públicas y privadas, aguas que no le pertenecen y que, en
algunos casos, incluso están más allá de sus fronteras.
Efectivamente, el desvío de las
aguas del Silala es un caso muy delicado porque se trata de un reservorio
hídrico de varios acuíferos subterráneos que afloran a superficie en territorio
boliviano en forma de manantiales estáticos y cuyas aguas han sido canalizadas
hacia territorio chileno artificialmente. Si bien tal vez es cierto que una
pequeña parte de su caudal corría naturalmente hacia el territorio que hoy es chileno
(Antofagasta) y que su existencia incluso está reconocida en el mismísimo
Tratado de 1904; es un hecho inobjetable – basta con ver las fotos del lugar – que
la mayor parte de esas aguas ingresan a Chile a través de canales artificiales,
construidos a partir de 1884 en territorio boliviano y sin el consentimiento de
Bolivia.
De acuerdo con los estudios
realizados por el ingeniero hidráulico boliviano Antonio Bazoberry, la empresa
que tuvo la concesión para usar esas aguas entre 1908 y 1997, inicialmente
denominada The Antofagasta and Bolivia Railway, y también la Corporación
Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), reciben desde hace muchísimos años más
de 330 litros por segundo de las aguas del Silala y no pagan ni un centavo
(Bazoberry: El mito del Silala. 2005: 113). Asimismo, en un reportaje publicado por Página
Siete (17/04/2011), el periodista boliviano Boris Miranda revela que esas aguas
son vendidas actualmente por una empresa del grupo Luksic (Aguas Antofagasta) a
la población del lugar y a CODELCO, por un valor que supera los 50 millones de
dólares al año, a pesar de que los costos de captación del líquido elemento son
nulos para esa empresa (clic aquí para más información sobre el Silala).
Pero aún más grave es la
situación del río Lauca que, a diferencia del Silala, es una corriente de agua
internacional de curso sucesivo, es decir, un recurso hídrico compartido que al
igual que el Silala, está siendo utilizado casi totalmente por Chile (cerca del
90%). El agravante en este caso se produce porque su controvertido desvío,
ocurrido el 14 de abril de 1962,
ha provocado un desbalance ecológico en la zona de
Coipasa – Bolivia, que ha convertido a esa región en un páramo casi
inhabitable. En efecto, en lugar de que esas aguas discurran naturalmente a la
laguna boliviana de Coipasa, como sucedía hasta 1962; actualmente, cerca de 2.460 litros por
segundo de su caudal riegan el valle de Azapa, ubicado en territorio chileno, según
datos de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA).
Por si fuera poco, el controvertido
desvío del Lauca, que fue ejecutado por el gobierno de Chile en medio de
furibundas protestas de Bolivia, marcó un hito muy negativo para el
mantenimiento de las buenas relaciones entre ambas naciones porque además de
provocar desde entonces la ruptura de los vínculos diplomáticos entre los
gobiernos de La Paz y Santiago (excepto 1975–1978), ha acentuado las desconfianzas
del pueblo boliviano hacia el Estado chileno y en Chile, ha propiciado el
inicio de una campaña informativa, introducida a la historia que se enseña en
las escuelas de ese país, que en nada contribuye al entendimiento de nuestros
pueblos, pues pretende generar el convencimiento mentiroso de que Bolivia nunca
tuvo mar.
No obstante, aún peor que los dos
casos mencionados, el desvío del río Caquena es el problema más grave de todos,
porque además de significar un atropello en sí mismo y de generar serios daños
ecológicos en la región boliviana de Charaña; representa nada menos que una
flagrante violación de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2
de dicho tratado, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso
del río Caquena entre los hitos 92 y 93, es decir que se trata de una corriente
de agua de curso contiguo (límite arcifinio) que define la frontera y como tal,
debería ser respetada por las partes. Sin embargo, como sus aguas han sido
desviadas por Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera común también
ha sido modificada unilateralmente y eso es, indiscutiblemente, un tema de
límites que debe ser revisado, aun cuando las autoridades chilenas repitan con
insistencia y en cada una de sus declaraciones, que no existen temas de límites
pendientes entre Chile y Bolivia.
La desviación del Caquena es
además la más onerosa para Bolivia en términos cuantitativos pues, según datos
de la DGA, el total del caudal desviado alcanza a 3.760 litros por segundo que
actualmente riegan el valle Lluta en territorio chileno. Lo cual, sumado a las otras
cantidades desviadas por el país del Mapocho (Lauca y Silala), llegan a 6.640
litros por segundo de aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente.
Esa impresionante cantidad de
agua boliviana que ingresa o se queda en Chile de manera ilegal porque no
cuenta con el consentimiento de Bolivia, debe ser materia de negociaciones
entre los gobiernos de ambos países, no sólo porque es lo que corresponde en justicia,
sino también porque el mantenimiento de esta situación podría provocar serios
conflictos en el futuro debido a que la demanda de agua de los territorios en
cuestión – donde se encuentra una de las industrias mineras más importantes del
mundo –, aumentará con el paso del tiempo.
Además, teniendo en cuenta que
Chile y Bolivia se encuentran definiendo la más difícil y prolongada de sus
controversias en el ámbito jurisdiccional; es muy importante que ambos
gobiernos preparen en cuanto sea posible el ambiente para afrontar el resultado
de ese proceso judicial y para ello, la resolución de los temas pendientes
entre ambos países, es sin duda y lógicamente, lo primero que se debería hacer.
En ese sentido, es importante promover el diálogo que permita alcanzar acuerdos
para garantizar el abastecimiento hídrico del norte chileno y el resarcimiento
y contraprestación correspondientes para Bolivia.
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