domingo, 10 de abril de 2016

Víctor Hugo, el mendrugo

Por: Andrés Guzmán Escobari
Diremar realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada.  
Los hermanos Chávez en la primera fila de asientos del Paraninfo de la UMSA.
Hace unos días fui invitado a participar de un conversatorio sobre la demanda marítima boliviana, organizado por los estudiantes de derecho y ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Asistí con grandes expectativas no sólo porque la audiencia estaría compuesta por futuros abogados y ciéntistas políticos de nuestro medio, sino sobre todo porque compartiría la testera con expertos en la materia como Héctor Arce, Emerson Calderón, Karen Longaric y los hermanos Wilfredo y Víctor Hugo Chávez.

De acuerdo al horario establecido, llegué al lugar 10 minutos antes del evento y en ese momento los organizadores me informaron que Arce y Calderón se habían excusado y que los demás disertantes llegarían “un poco tarde”, por lo cual, yo debía iniciar el conversatorio. 

Dadas esas circunstancias imprevistas pero favorables, puesto que podía extenderme cuanto quisiera - y mejor si lo hacía, según los mismos organizadores -, desarrollé mi disertación tranquilamente, explayándome en los puntos que consideraba importantes y alargando las pausas discretamente. Una vez finalizada mi participación de casi media hora y en vista de que seguía siendo el único en la testera, abrí una ronda de preguntas. En eso, vi a un señor de cabello platinado y largas patillas ingresando despaciosamente por la puerta del público (no la de los disertantes). Era Don Wilfredo Chávez, quien se acomodó en la primera fila de asientos (no en la testera). Casi de inmediato llegó una presurosa Karen Longaric, que sin ningún complejo de inferioridad o superioridad, se situó en la testera, mientras yo contestaba las últimas preguntas desde el atril.
Seguidamente, la doctora Longaric tomó la palabra y luego de disculparse con el público por su retraso involuntario, desarrolló un interesante análisis sobre la demanda marítima boliviana, destacando las debilidades que podría tener el planteamiento de nuestro país. Casi 20 minutos después, cuando la disertante absolvía las preguntas de los estudiantes, llegó finalmente el mendrugo, Víctor Hugo Chávez Serrano. Lucía un saco holgado que lo hacía ver más flaco y una coqueta chapela (boina de gran vuelo) color caqui. Entró sin mucho apuro por la puerta de los disertantes y al verme solo en la testera, mientras Longaric terminaba su disertación desde el atril, hizo una extraña maniobra para ir a sentarse en la primera fila, junto a su hermano.
Pero antes de relatar lo que dijo Victor Hugo, vale la pena retroceder en el tiempo para explicar por qué lo de mendrugo. 
A finales de marzo de 2011, poco después de que Evo Morales anunciara por primera vez su intención de demandar a Chile para recuperar un acceso soberano al mar, el proyecto de demanda de los hermanos Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales. Se trataba básicamente de exigir la devolución de los territorios que hoy conforman la región chilena de Antofagasta, situados entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur y de todas las islas e islotes del mar territorial adyacente, porque supuestamente, Bolivia nunca le había cedido a Chile esos terrenos.   
Semejante disparate, que al parecer sí fue considerado por el gobierno nacional en un principio, nos exponía a sufrir una dura derrota jurídica frente a Chile y nos hacía prever un enorme retroceso en nuestro camino hacia el mar, tal vez irreversible. Ante ese peligro inminente, intenté prevenir al país del grave error en un artículo que criticaba duramente a la demanda de los Chávez, aun cuando sabía que mi cargo de Agregado Comercial de la Embajada de Bolivia en Venezuela corría peligro. Creía firmemente, como todavía lo hago, que más valía asumir las consecuencias de mis actos, como al final lo hice, que quedarme de brazos cruzados cuando la concreción de uno de los objetivos más importantes de nuestro país parecía estar en peligro.
El artículo explicaba que si bien los territorios comprendidos entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur no están mencionados en el Tratado de 1904, Bolivia los cedió después, mediante el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que no conocían los hermanos Chávez, y que aclara que dichos territorios también quedaban reconocidos por nuestro país como chilenos. Por ese motivo, y por otros de mayor detalle pero de menor relevancia frente al argumento descrito, concluía que “la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla”.
En los meses que siguieron, DIREMAR realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual, la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada. 
Pero retomado el relato de lo ocurrido en el conversatorio de la UMSA, el mendrugo inició su disertación saludando respetuosamente a quienes estábamos en la testera pero no ofreció excusas a la audiencia por su demora. Criticó durante a la demanda presentada finalmente por el gobierno de Evo Morales, apelando a la ironía y a la exacerbación de los nacionalismos, es decir, un discurso al estilo de Donald Trump, pero sin muchos adeptos.   
Luego, inesperadamente, Víctor Hugo se permitió decir algo como: “el señor Guzmán, que tanto nos ha criticado, debe saber que el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no es válida ni obligatoria, porque no fue promulgada como ley de la República en 1905 junto al Tratado de 1904, por tanto ¡no es válida!”. Y después, complementó su idea preguntando: “¿por qué Chile ocupa más territorio del que Bolivia le cedió?”.
Apenas concluyó cogió rápidamente su chapela para marcharse, y en ese momento tomé el micrófono y le pedí a don Víctor Hugo, delante de toda la audiencia, que no se vaya pues quería responder a sus comentarios ya que él me había aludido personalmente. Pero reaccionó contrariamente, dijo “tengo otro compromiso” y se marchó a pesar de que insistí y le aseguré que mi respuesta sería corta. Don Wilfredo se paró y salió en defensa de su hermano, asegurando que él se quedaría a escuchar y responder lo que yo tenía que decir.
No era la primera vez que Víctor Hugo evitaba debatir conmigo, el 12 de junio de 2013, cuando ambos fuimos invitados al programa de televisión “Que No Me Pierda”, él decidió no asistir; y al día siguiente del conversatorio, el 23 de marzo de 2016, el mendrugo tampoco se presentó en el programa “Nunca es Tarde” de Radio Compañera, en el que teníamos que ser entrevistados conjuntamente.   

En mi respuesta ante el auditorio de la UMSA, lamenté que Don Víctor Hugo hubiese llegado tarde porque no alcanzó a escuchar mi explicación sobre la forma cómo se habían escogido los argumentos jurídicos para demandar a Chile, y aclaré que la no promulgación de un acuerdo internacional, no lo invalida cuando existe al menos una manifestación de consentimiento reconocida por el derecho internacional, en el caso del Acta Protocolizada de 1904, Bolivia manifestó su consentimiento mediante la firma, la aprobación congresal y el canje de ratificaciones. Pero aun cuando no fuera así - me permití clarificar -, el hecho de que Bolivia nunca haya reclamado esos territorios durante más de 100 años, representa un reconocimiento tácito al dominio de Chile sobre los mismos.
Además que para llegar a la instancia que él plantea, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, es necesario acordar con Chile los asuntos que se deben someter al arbitraje, lo cual es tanto o más difícil que negociar con ese país una solución definitiva a este tema. 
Finalmente, por las reacciones que percibí en la audiencia y por los comentarios que hicieron algunos de los presentes, me dio la impresión que mi postura tuvo mayor aceptación que la del mendrugo, con quien, a pesar de los desplantes, aun estaría dispuesto debatir.

viernes, 1 de abril de 2016

Entrevistas sobre la decisión de demandar a Chile por el Silala

Después del anuncio que hizo el presidente Evo Morales, sobre la posibilidad de demandar a Chile por el uso ilegal de las aguas del Silala, algunos medios de comunicación hicieron análisis sobre la factibilidad de iniciar un nuevo proceso judicial contra el país del Mapocho y sobre sus consecuencias. A continuación dos de esos programas televisivos en los que intervino Andrés Guzmán Escobari:

En Hola País, con Dianara Unzueta (31/03/2016).
 

En El Pentágono de Televisión Universitaria, con Mario Espinosa, Gonzalo Mendieta, Raúl Peñaranda y Marcelo Arrequipa (03/04/2016).
 

miércoles, 30 de marzo de 2016

Entrevistas por el día del mar

A tiempo de conmemorar los 137 años de la defensa de Calama, el 23 de marzo de 2016, el Presidente Evo Morales anunció que había instruido a DIREMAR la realización de estudios sobre alternativas jurídicas para asumir la defensa de las aguas del Silala.
Al respecto, aquí las intervenciones de Andrés Guzmán Escobari en la televisión nacional antes y después del discurso presidencial por el día del mar.

En Hola País de PAT, con Dianara Unzueta
 
 
En  La Verdad nos Hace Libres de xtotv, con Toto Salcedo.
 
 
En Último Round de Abya Yala TV, con Gabriela Alcón y Julio Peñaloza.
 
 
En QNMP de Red Uno, con César Galindo
 

miércoles, 23 de marzo de 2016

La Contramemoria de Chile ante la CIJ

Las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano, no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado.


Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por Cambio (Especial Defensores del Mar)

La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Estado Plurinacional de Bolivia contra la de República de Chile el 24 de abril de 2013, fue admitida y notificada al Estado demandado seis días después. Seguidamente, el 17 de abril de 2014, Bolivia entregó su Memoria y 90 días más tarde, el 15 de julio, Chile objetó la competencia de la Corte de manera preliminar. Ese incidente dilató el proceso cerca de 14 meses, hasta el 25 de septiembre de 2015, cuando el principal órgano judicial de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena por 14 votos a favor de 16 posibles. Ahora Chile debe presentar su Contramemoria y puede hacerlo hasta el 25 de julio de 2016, cuando fenezca el plazo establecido por la CIJ. Por tal motivo, resulta oportuno reflexionar en el entretanto sobre los posibles argumentos que usará la defensa chilena en ese documento.

Al respecto, la revista chilena “Qué Pasa” publicó un artículo intitulado: “La historia, la clave para enfrentar demanda boliviana”, que, con el fin de identificar los posibles argumentos de la Contramemoria chilena, comenta los “errores e impresiones” que, según la interpretación de “algunos investigadores chilenos consultados”, contienen el discurso de Evo Morales y El libro del Mar.   

En primer lugar, el artículo se refiere al arbitraje que, según lo acordado por ambos países en 1875, se tenía que aplicar para resolver los asuntos concernientes a la inteligencia y ejecución del Tratado de 6 de agosto de 1874. De acuerdo a la referida publicación, el discurso de Evo Morales no considera que Chile ofreció aplicar el arbitraje antes de “ocupar” Antofagasta. Pero ese arbitraje nunca se realizó porque antes de llegar a un acuerdo sobre su ejecución (el representante chileno en La Paz, Pedro Nolasco Videla, ofreció realizar el arbitraje por última vez el 8 de febrero de 1879, mediante un ultimátum que le daba a Bolivia un plazo perentorio de 48 horas para responder, y a los 4 días, es decir, antes de que la respuesta a ese ultimátum pudiese haber llegado a Santiago, los barcos chilenos Cochrane y O’Higgins zarparon del puerto de Caldera para invadir Bolivia, ¡la decisión ya había sido tomada!), Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.

Luego el autor del artículo intenta asociar el hecho de que la mayoría de los accionistas de la empresa de Salitres de Antofagasta eran chilenos (70% aproximadamente), con una supuesta “violación” de parte de Bolivia al Tratado de 1874. Pero el presunto incumplimiento del tratado – no pudo haber sido una violación en ningún caso -, si es que lo hubo, no es un justificativo válido para desconocer la vigencia de un acuerdo internacional e iniciar una guerra. No lo era entonces y tampoco lo es hoy.

Respecto a la mayor proporción de chilenos accionistas en la empresa de Salitres de Antofagasta, en relación a los ingleses que también eran accionistas, hay que tener en cuenta que no eran chilenos cualesquiera, sino que algunos de ellos eran Ministros del Gobierno de Aníbal Pinto (Cornelio Saavedra Rodríguez era Ministro de Guerra y Julio Zegers Samaniego era Ministro de Hacienda). Lo cual confirma que los intereses oligárquicos anglo-chilenos jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico, aunque la narrativa oficial del país del Mapocho no lo reconozca.

Seguidamente, al referirse al rol de Diego Portales, el autor le atribuye a ese obscuro personaje, el haber propiciado “la suscripción del Tratado de paz entre Bolivia y el Perú”, después de que el proyecto confederativo del Mariscal Andrés Santa Cruz fracasara, precisamente porque Chile y los opositores bolivianos y peruanos de entonces, se levantaron en armas contra el gobierno confederado de Bolivia y Perú, al mando de Santa Cruz. Al ser absolutamente falso que Portales haya participado en la “pacificación” que siguió a la desintegración de la Confederación Perú – Boliviana, entre otras cosas por estar muerto para entonces (era 1839 y Portales había sido asesinado en 1837), no cabe hacer más aclaraciones.

Después el autor comenta una declaración de Evo Morales sobre la autorización que la Asamblea Legislativa de Bolivia le dio al poder Ejecutivo en 1863, para declarar la guerra a Chile, “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”. Pero más allá de las precisiones que hace el artículo sobre la fecha (el decreto es de 5 de junio y no de 5 de julio como supuestamente dijo Morales) y la semántica empleada (fue autorización y no recomendación), el hecho demuestra, que ya en 1863, Chile tenía propósitos expansionistas.

Luego, para afirmar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile, el autor recurre a la opinión de la historiadora chilena Valentina Verbal, quien, curiosamente, sostiene que historiadores bolivianos como Roberto Querejazu y Carlos Mesa, “reconocen que no fue imposición”. Sin embargo, cuando uno revisa los libros Guano, Salitre, Sangre (1979) del primero o Historia de Bolivia (2003) del segundo, evidencia que si bien ninguno de los dos autores afirma que Chile amenazó militarmente a Bolivia en 1904, sí destacan que la situación del país en ese momento era muy complicada. Nos encontrábamos debilitados militarmente después de la Guerra del Acre con Brasil (1899, 1902-1903), teníamos la urgencia de definir nuestras fronteras con los otros 4 vecinos, con quienes teníamos serias discrepancias sobre los límites (principalmente con Paraguay) y teníamos a Chile, presionando económicamente, mediante el régimen comercial impuesto bajo la amenaza del uso de la fuerza en 1884, mediante el Pacto de Tregua (artículo 6), conocido como “el dogal aduanero”. Por tanto, si bien no hubo amenaza de una nueva invasión chilena en esa ocasión, sí influyeron otros factores que no le permitieron a Bolivia suscribir ese tratado libre y espontáneamente. Factores de los cuales, el vencedor de la guerra del Pacífico se valió para legitimar su dominio sobre los territorios que había ocupado en la contienda.   

Finalmente, en referencia a los argumentos jurídicos, el artículo afirma que los ofrecimientos que hizo Chile de darle a Bolivia una salida soberana al mar, “no son fuente de derecho ni menos de obligación” porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor”. Sin embargo, las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado (que solo son obligatorias cuando se cumple al menos una de las manifestación de consentimiento: firma, canje de ratificaciones, aceptación, aprobación o adhesión), sino que dichas manifestaciones se convierten en obligatorias cuando se cumplen los dos siguientes requisitos: 1) haber sido expresadas por representantes autorizados del Estado (Presidentes, Cancilleres, Embajadores o Ministros plenipotenciarios) y 2) haber sido emitidas de manera formal, con el propósito de quedar obligado a cumplir el acto específico que mediante esa manifestación se prometió, reconoció o renunció. Por tanto, por más de que no existan acuerdos ratificados por ambos congresos y en vigor actualmente, el Estado chileno adquirió una obligación jurídica no convencional que consiste en negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima.        

Por todo lo dicho, sin ánimo de subestimar los argumentos de nuestro adversario en el juicio ni de pecar de triunfalista anticipadamente, no parecen existir argumentos sólidos que Santiago pueda utilizar para refutar lo presentado por nuestro país, que, como es sabido, se fundamenta en los hechos históricos que revelan que Chile se comprometió y prometió formalmente negociar un acceso soberano al mar para Bolivia y, jurídicamente, se apoya en los Actos Unilaterales de los Estados y en el derecho de los tratados.     

domingo, 20 de marzo de 2016

Guerra sucia en las redes sociales

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete
No debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia, dice el autor.

Tras conocer el resultado final del último referéndum que le dio la victoria a las fuerzas de la oposición, el presidente Evo Morales identificó a la guerra sucia y a las redes sociales  como los dos principales causantes de su derrota. Por lo cual, propuso evaluar la regulación de las redes sociales porque, según sus propias palabras, "están haciendo mucho daño a la democracia y a Bolivia” y  son "como un recolector de basura”. 

No obstante, si bien no podríamos oponernos a una regulación que garantice la libertad de expresión por un lado y el derecho a no ser discriminado, injuriado o calumniado por el otro; es preciso tener en cuenta que Bolivia no es ni el primer ni el único país que ha vivido una etapa electoral exacerbada por acusaciones infundadas, insultos desmedidos y ataques de la más extravagante y sarcástica naturaleza, difundidos todos ellos a través de las redes sociales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de los equipos de campaña de quienes hoy están en carrera hacia la Casa Blanca y en muchos casos las publicaciones de esos equipos de campaña y de los activistas del ciberespacio han sido tanto o más irrespetuosas y deleznables de las que hemos visto en nuestro medio.´

Efectivamente, The black Child, una cuenta de YouTube que apoya subrepticiamente a Donald Trump, ha publicado un vídeo que siguiendo rumores creados desde otras plataformas virtuales acusa a Marco Rubio, otro candidato republicano de la contienda electoral, de tener una adicción por ciertas drogas. En esa publicación se puede ver a Rubio ingiriendo lo que parece ser una pastilla, con imágenes y comentarios que inducen a creer que se trata de anfetaminas (speed). Esa escena, que se produce en pleno debate televisado con los demás candidatos republicanos, es complementada luego con pasajes de ese y otros debates televisados, en los que Trump se burla de un supuesto nerviosismo del candidato de origen cubano y de su abundante transpiración. 

Retrato no autorizado de Donald Trump
En respuesta, el senador de Florida, apodado  pequeño Marco  por Trump, ha puesto en cuestión el tamaño de las manos del magnate neoyorquino, aduciendo que son muy pequeñas en relación a su estatura. "Él [Trump] siempre me llama pequeño Marco, y lo admito, es más alto que yo. Él es 6’2 (1,88 m), y por eso no entiendo por qué sus manos son del tamaño de alguien de 5’2 (1,58 m)”, afirmó Rubio en una entrevista a CNN para luego señalar: "Y ya saben lo que dicen sobre los hombres de manos pequeñas, no puedes confiar en ellos”. Lo cual se suma al polémico retrato no autorizado de Trump, que lo muestra desnudo y con una anatomía genital notoriamente diminuta. Dicho retrato, que fue viralizado en Twitter por su autora, la artista feminista Illma Gore [@illmagore], ha sido reproducido de varias formas en las redes sociales y también en camisetas, llaveros, banderas y demás souvenires por quienes no quieren al controvertido magnate como presidente. 

Otro caso que generó tendencia en las redes sociales fue la caricatura publicada por el Washington Post en la que Ted Cruz, el otro candidato republicano de origen cubano, sale vestido de Papá Noel (Santa Claus), tocando un organillo y haciendo bailar a dos pequeños monos danzarines, que representan en realidad a sus dos pequeñas hijas de cuatro y siete años de edad. La caricatura es una parodia de un corto de televisión navideño, en el que se puede ver a Cruz sentando en un sofá junto a su esposa e hijas, leyendo "cuentos navideños”, que hacen referencia al presidente Obama y a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Lo cual, como era de esperar, provocó la indignación del candidato aludido y de muchos internautas que no midieron sus palabras para despotricar contra la autora de la caricatura [@AnnTelnaes] y exigir que no se incluya a los niños en la guerra sucia. A manera de réplica, Cruz publicó en su Twitter [@tedcruz] una caricatura en la que Hillary Clinton aparece con dos perros bien amaestrados, y a los cuales ella controla, que representan al Washington Post y al New York Times.
  
Caricatura que retrata a Ted Cruz y a sus dos pequeñas hijas
Por el lado de los demócratas, a pesar de que también hubo publicaciones de mal gusto en las redes sociales, como las que discriminan a Bernie Sanders (de 74 años) por su avanzada edad y las que le recuerdan a Hillary Clinton las infidelidades de su esposo; los ataques se concentraron principalmente en las propuestas para modificar el actual sistema de salud. En efecto, Chelsea Clinton, en apoyo a la campaña de su madre, que ya había cuestionado la propuesta de un solo seguro de salud universal de Sanders, acusó al experimentado candidato socialista de querer "desmantelar” el sistema que tanto le costó instaurar al presidente Obama (Obamacare), y despojar así, "a millones y millones de personas de su seguro de salud”. 

En la réplica, Sanders desmintió esos propósitos y publicó una foto de 1993 en su Facebook  y Twitter [@BernieSanders], que contiene una dedicatoria firmada por Hillary Rodham Clinton y que señala textualmente: "Para Bernie Sanders con gratitud por tu compromiso con el real acceso al cuidado de la salud para todos los americanos…”. Publicación que causó un fuerte impacto en las encuestas de votación y en los resultados de las asambleas primarias, que acortaron notoriamente la diferencia entre ambos candidatos, que actualmente ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, para representar al partido demócrata en las elecciones generales. 

Caricatura publicada por Ted Cruz que retrata a Hillary Clinton 
Por tanto, no debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia. En países tan avanzados y modernos como Estados Unidos también ocurre algo igual o peor, y nadie está pensando en regular las plataformas virtuales de manera restrictiva, las cuales, si bien han servido para distorsionar la verdad en algunos casos y difamar a ciertas personas injustamente, también han permitido consolidar la democracia a través del contraste sano de ideas y de la posibilidad que por primera vez han tenido muchos ciudadanos de expresar sus opiniones en público.   

En ese sentido, los esfuerzos del gobierno nacional no deberían centrarse en la regulación de las redes sociales tal como las conocemos actualmente, sino más bien en fomentar su utilización sana, transparente y constructiva, con el ejemplo del Presidente y Vicepresidente, que sería bueno tenerlos en Twitter, Facebook, etc. (García Linera tiene una cuenta de Facebook pero no es operada por él), interactuando con el pueblo y defendiendo sus ideas, tal como lo hacen la mayoría de los actuales mandatarios en el mundo; para seguir fortaleciendo la democracia participativa y para proyectar ante el mundo la imagen de un país moderno y dispuesto a integrarse a las nuevas corrientes de la comunicación.

domingo, 6 de marzo de 2016

Legalismo chileno frente al Pacto de Bogotá

Por: Andrés Guzmán Escobari

De los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado demandarlo nuevamente por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países. 
 
El legalismo chileno o legalist chilensis en latín, es un concepto que define esa conducta tan arraigada y característica de nuestros vecinos del sudoeste que se someten y respetan las leyes y las instituciones con una naturalidad verdaderamente notable. Una forma de comportamiento social sin parangón en la región latinoamericana que les ha permitido a los chilenos lograr avances significativos en términos económicos, sociales e institucionales. Se trata de una identidad nacional legalista que no sólo muestra una conducta social positiva, similar a las que tienen las sociedades del "primer mundo”, sino que también es utilizada políticamente por las élites gobernantes de Chile para mostrar a un país serio y respetuoso del sistema internacional, cuando en realidad no lo es.  

En efecto, el discurso del respeto al derecho internacional y de la "intangibilidad” de los tratados, que tanto esgrimen las autoridades de La Moneda y que tan bien conocemos bolivianos y peruanos, es un reflejo de esa identidad legalista chilena (Lizama, Natalia. El constructivismo como una nueva perspectiva para analizar las relaciones entre estados: el caso de la crisis del gas entre Bolivia y Chile. 2013. Universidad de Talca: 95). Un discurso que guarda una innegable coherencia con la conducta social que aquí comentamos, pero que choca con la realidad porque Chile no cumple ni ha cumplido varios de sus compromisos internacionales (Pacto de Paucarpata de 1837, Tratado de Ancón de 1883, Tratado de Paz y Amistad de 1904 y varios compromisos formales de darle a Bolivia una salida soberana al mar, entre otros) y porque según el Derecho Internacional los tratados no son "intangibles”, sino que se pueden modificar con el acuerdo de las partes.  

Al respecto, el profesor holandés  Gerald Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. 2010. Utrecht University: 215), señala que la identidad legalista chilena viene de los tiempos de la Colonia, cuando la Capitanía General de Chile recibió a una importante masa de inmigración europea. Posteriormente, el legalismo chileno se mantuvo durante la República gracias a la estabilidad política e institucional que por la razón o la fuerza garantizaron o impusieron los gobiernos democráticos y dictatoriales de La Moneda. El acatamiento a las autoridades y al orden establecido marcó la sucesión relativamente ordenada y periódica de los gobiernos de Santiago y se convirtió así en un rasgo distintivo de la sociedad chilena que hasta el día 
de hoy se mantiene, principalmente en relación con  Bolivia y Perú.

No obstante, según Van Der Ree (2010: 216), si bien la identidad legalista chilena ha favorecido al mantenimiento del Estado de derecho y al funcionamiento del sistema nacional,  también ha dañado y complicado las relaciones de Santiago con sus vecinos del norte, que no son tan respetuosos de las instituciones ni de las leyes y que desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884), mantienen serias disputas territoriales con el país del Mapocho. En respuesta a esos reclamos, Chile aplicó una estrategia basada en su identidad legalista que arguye la existencia de tratados de límites vigentes, y que se presenta a sí mismo como un actor más que político, legalista. Paradójicamente, señala el analista holandés, esa postura les ha dado a bolivianos y peruanos la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para sus reclamos: "En lugar de insistir infructuosamente en la naturaleza política y bilateral de sus demandas, ambos han empezado a seguir una estrategia legalista. Haciendo uso de las instituciones internacionales y presentando sus asuntos como problemas legales y no políticos”. De esa manera, concluye casi proféticamente Van Der Ree (2010: 217), Bolivia y Perú "pueden vencer a Chile en su propio juego”.

Esta realidad, por la cual Chile adoptó una política reactiva frente a sus adversarios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha sido reconocida por algunos analistas chilenos que han criticado duramente la "esclavitud jurídica” que mantiene la diplomacia chilena y que han exigido un cambio de estrategia. Es el caso del periodista y exdiplomático José Rodríguez Elizondo (Un caso de diplomacia Secuestrada. 2015. Revista Tribuna Internacional: 95), quien escribió sobre la dificultad que tradicionalmente han tenido los diplomáticos chilenos para ejercer su creatividad en negociaciones que no sean comerciales, precisamente porque la "ideología legalista chilena” amparada en la "intangibilidad de los tratados” causa "innegociabilidad”.   

Así, el retiro de Chile del Pacto de Bogotá, que en el último tiempo se ha debatido álgidamente en los foros de discusión política del vecino país, no resulta tan incomprensible o disparatado, aunque sí contradictorio e incoherente con la tradicional narrativa chilena del respeto a los tratados internacionales y con la misma identidad legalista chilena. No obstante de ser así, es decir, si Chile decide retirarse del Pacto de Bogotá como lo hizo Colombia hace unos años, el país del Mapocho se expondría a recibir nuevas demandas durante el año de plazo que debe transcurrir entre la denuncia 
del Pacto y el cese de sus efectos para el Estado denunciante (Artículo LVI).   
En tales circunstancias, de los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado a presentar nuevas demandas por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países (Silala, Lauca, Caquena, paralización del Tren Arica – La Paz, desminado, cumplimiento del libre tránsito, entre otros), que el Gobierno boliviano podría y debería llevar a la CIJ para no desaprovechar la oportunidad de resolverlos en esa instancia. En otras palabras, no podríamos esperar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá sin antes presentar al menos una demanda más en su contra, tal como ocurrió cuando Colombia denunció el Pacto y fue demandado por Nicaragua con dos demandas más.   

Por lo tanto, para no contradecir su tradición legalista que tan buenos resultados le ha dado en otros ámbitos, Chile debería adoptar una política más amigable con sus vecinos del norte.  Una política que en lugar de negar la existencia de problemas pendientes, los encare con valentía y con la verdadera intención de resolverlos (buena fe). La negociación, que es el camino alternativo a la judicialización, y a la cual Santiago ha rehuido a partir de noviembre de 2010, no supone la capitulación ni la humillación de una de las partes, sino más bien el beneficio de todos los participantes mediante un arreglo civilizado e inteligente que podría resolver los problemas que nos dividen. En ese sentido, no es necesario denunciar ningún tratado ni convertirse en un paria del Derecho Internacional; lo que hace falta es voluntad de diálogo, buena fe y mucha creatividad para alcanzar acuerdos que nos permitan mirar al futuro como países amigos y no como enemigos que alguna vez fuimos, y todo ello se podría lograr sin dejar de lado lo bueno que tiene el legalismo chileno.

domingo, 14 de febrero de 2016

Obligación chilena de negociar de buena fe

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Son tantas las veces que el Estado chileno se comprometió a negociar un acceso soberano al mar, que es poco probable que la Corte falle que Chile no tiene obligación de negociar. 

Los jueces de la CIJ al momento de emitir su fallo sobre la objeción preliminar chilena.
La buena fe y la obligación de negociar son los dos principales fundamentos jurídicos de la demanda que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para recuperar una salida soberana al mar, ya que dicha demanda solicita que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso soberano al Océano Pacífico (Obligación de Negociar Acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile. 2013. Aplicación. p. 7).  
La buena fe es uno de los principios generales más básicos y esenciales del Derecho Internacional. Según la CIJ, es un principio que “obliga a las partes a aplicarlo en forma razonable y de tal manera que su propósito se pueda realizar” (Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros. Hungría v. Eslovaquia. 1997. CIJ. p. 79) y también reconoce que “uno de los principios básicos que rigen la creación y el cumplimiento de las obligaciones legales, sea cual sea su origen, es el principio de la buena fe” (Ensayos Nucleares. Australia y Nueva Zelanda v. Francia. 1974. CIJ. Pág. 268).
La obligación de negociar, por otra parte, es una noción jurídica menos desarrollada y por tanto, menos entendida. No obstante, existen algunos casos en los que la CIJ dictaminó que la obligación de negociar debe aplicarse de buena fe. Como la disputa Nicaragua v. Honduras, en el cual, la Corte determinó que “las partes deben negociar de buena fe con vistas a acordar el trazado de la línea de delimitación…” (Diferendo territorial y marítimo en el mar Caribe. Nicaragua v. Honduras. 2007. CIJ, p. 763), o el caso Hungría v. Eslovaquia, en el que la Corte falló que las partes “deben negociar de buena fe teniendo en cuenta la situación existente y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el logro de los objetivos del Tratado de 16 de septiembre de 1977” (Ibíd. 1997, p. 79). En este último caso, el Tribunal también dictaminó que “las partes tienen la obligación jurídica, durante las negociaciones que han de celebrar en virtud del artículo 5 del acuerdo especial, de considerar, en el contexto del Tratado de 1977, en qué medida pueden cumplirse del mejor modo posible los múltiples objetivos del Tratado, teniendo en cuenta que deben cumplirse todos ellos” (Ibíd. 1997, p. 82).
Por tanto, más allá de que efectivamente la Corte no puede predeterminar el resultado de una eventual negociación (Bolivia v. Chile. 2015. Fallo CIJ sobre objeción preliminar, par. 33), cualquier fallo que determine una obligación de negociar, debe ser cumplido de buena fe, es decir, honrando y respetando lo acordado, ofrecido y/o promedito en relación al objeto de la disputa. Al respecto, cabe recordar que según el fallo de la CIJ sobre la objeción preliminar chilena, el objeto de la disputa consta de dos partes: “1) si Chile está obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al mar, y 2) si Chile ha incumplido esa obligación” (Ibíd. 2015, par. 32).

Ahora bien, considerando que la carga de la prueba recae en el Estado demandante, Bolivia deberá probar que Chile adquirió dicha obligación de negociar y que luego no la cumplió. Lo cual, aunque parezca un exceso de confianza decirlo, no resultará tan difícil.
En efecto, en primer lugar, son tantas las veces que el Estado chileno ofreció, prometió o se comprometió a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es poco probable que la Corte falle que Chile no tiene obligación de negociar.
Después de suscribir el Tratado de 1904, Chile ofreció negociaciones a Bolivia para darle una salida soberana al mar en 1920, mediante el Acta suscrita por su Ministro en La Paz, Emilio Bello; en 1921, a través de las declaraciones su Delegado ante la Liga de las Naciones, Agustín Edwards; en 1923, mediante las cartas que su Canciller, Luis Izquierdo, remitió al Ministro boliviano Jaimes Freyre; en 1950, a través de la nota que su Ministro de exteriores, Horacio Walker, envió al Embajador boliviano, Alberto Ostria; en 1961, mediante el Memorándum de su Embajador en Bolivia, Manuel Trucco, a la Cancillería paceña; en 1975, a través del Acta firmada por su presidente, Augusto Pinochet, y el presidente boliviano, Hugo Banzer, en Charaña; y ese mismo año, a través de la nota de su Canciller, Patricio Carvajal, al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez. Asimismo, en 1926, el Canciller chileno Beltrán Mathieu declaró en una Circular a todas sus legaciones en el extranjero: “aceptamos sacrificar en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica”; ese mismo año, el Canciller Jorge Matte, accedió a considerar la Propuesta Kellogg que sugería transferir a Bolivia las provincias de Tacna y Arica; en 1983, Chile votó a favor de la Resolución 686 de la OEA, que exhorta a los dos países a iniciar un proceso de acercamiento “…que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico…”; y en 2006, el gobierno de Michel Bachelet aceptó incluir en la Agenda bilateral de negociaciones el tema marítimo.

El equipo de Bolivia en el Palacio de La Paz durante la presentación de los alegatos orales por la objeción preliminar chilena.  
En cuanto al cumplimiento de la obligación de negociar, también es posible demostrar que no hubo buena fe de parte Chile. Al respecto, si bien no alcanzaremos a referirnos a todas las ocasiones citadas por falta de espacio, sí podemos mencionar a una de ellas, la negociación de Charaña, que fue la más importante del siglo XX. En aquella ocasión, además de que el fracaso de las conversaciones se produjo principalmente porque Chile rechazó de plano la contrapropuesta del Perú, y le endosó a nuestro gobierno la responsabilidad de obtener el asentimiento peruano para la cesión de territorios ariqueños de acuerdo al Protocolo Complementario de 1929; se evidencia que no hubo buena fe de parte de Chile porque luego de ofrecer un corredor al norte de Arica a Bolivia, a cambio de ingentes compensaciones territoriales (por tierra y mar de 200 millas marinas); exigió a nuestro gobierno que defina los territorios de canje sin haber recabado el acuerdo previo del Perú, tal como establece el citado Protocolo de 1929.
En otras palabras, Chile ofrecía un corredor y quería conocer qué territorios incorporaría a su dominio (incluso solicitó inspeccionarlos); sin tener los títulos saneados para realizar tal transacción…

En conclusión, nos encontramos al inicio de un proceso judicial que nuestro país puede ganar sin mayores sobresaltos si todo se hace bien, como hasta ahora, y en ese caso, Chile se verá obligado a negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. 

La narrativa oficial chilena sobre la invasión de 1879

El gobierno de Chile construyó y difundió el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. 


Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por La Razón (Animal Político) 

Hace 137 años, el 14 de febrero de 1879, tropas chilenas invadieron el puerto boliviano de Antofagasta sin previa declaratoria de guerra y estalló así la conflagración que dejó a nuestro país sin acceso soberano al mar. Cerca de 50 días después, a principios de abril, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, con lo que se iniciaron oficialmente las hostilidades.
La narrativa oficial del país que resultó vencedor de la contienda no reconoce estos hechos tal como han sido descritos. De hecho, en su versión de la historia, Chile tuvo que “ocupar” Antofagasta porque el gobierno boliviano había "roto" el Tratado de 1874 que en ese momento definía la frontera, y fue Bolivia la que primero declaró la guerra.
Por lo dicho, en las siguientes líneas intentaré contribuir al debate sobre ésta y otras discrepancias de la historia, que no han permitido desarrollar una relación de buena vecindad entre ambos países, y que muy por el contrario nos mantienen distanciados, sin relaciones diplomáticas, con varios temas pendientes y con un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En ese sentido, a continuación se presenta un análisis crítico del discurso oficial de Chile, basado en los escritos de algunos entendidos en la materia.
Las discrepancias que existen respecto a la historia, según la historiadora peruana Carmen Mac Evoy (2011: 90), se originan en el periodo que antecedió y contemporizó con la Guerra del Pacífico, cuando el gobierno de Santiago comenzó a construir y difundir el concepto de “guerra civilizadora”, con el propósito de justificar sus acciones bélicas en contra de Bolivia y Perú. De hecho, la idea primigenia era implementar el proyecto político-militar chileno que, concebido con razones económicas y expansionistas, se explicaba al público, principalmente chileno, con un discurso de ideales occidentales, cristianos y republicanos traídos desde Europa, donde el concepto de “guerra civilizadora” se encontraba mucho más desarrollado (Mc Evoy, 2011: 411). 
En efecto, según el historiador chileno Rodrigo Naranjo (2011: 28-29), que comparte en buena medida lo expresado por Mac Evoy, todos esos ideales europeos, que hacían ver a Chile como un país “superior” en relación a sus vecinos del norte, especialmente en términos militares, legales, morales y raciales, hicieron que los chilenos sientan “la responsabilidad de civilizar a los pueblos bárbaros de Bolivia y Perú” (Mac Evoy, 2011: 17).
A partir de entonces, se va a crear una corriente narrativa chilena que tiende a justificar las intervenciones militares, tanto fuera como dentro del país, y a exaltar los triunfos obtenidos por las armas, como elementos esenciales y fundacionales del discurso nacionalista chileno, que intenta amalgamar el concepto de nación con el nacionalismo (Naranjo, 2011: 40-42). Dicha narrativa que, con algunas innovaciones impulsadas principalmente durante la dictadura pinochetista, se ha mantenido hasta nuestros días, es también uno de los elementos que más ha incidido en la formación de las identidades nacionales chilenas que, a su vez, según el investigador neerlandés Gerard Van Der Ree (2010: 208–223) se manifiestan hacia Bolivia y Perú con un cierto aire de superioridad y con actitudes esencialmente neoliberales, legalistas y pragmáticas.  
Por estos motivos, no debería extrañarnos que existan diferencias abismales en cuanto a lo que creemos que ha ocurrido en el pasado y en nuestras visiones sobre la política que debemos adoptar frente al otro. No debería extrañarnos, por ejemplo, que existan ciudadanos chilenos que crean sinceramente en una versión diferente de la historia, que se contrapone a lo que señalan las historiografías de Bolivia y Perú, y a lo que afirman otras versiones, consideradas neutrales e imparciales, como la de la CIJ. En este punto, no solo nos referimos a ciudadanos sin acceso a una educación de calidad, sino también a personas con estudios y que incluso ejercen como profesores universitarios. Es el caso de Don Mario Arnello Romo, un abogado chileno, aficionado a la historia y catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, quien criticó duramente a los magistrados de la CIJ por su fallo sobre la objeción preliminar chilena. En un artículo que el aludido publicó en la revista Tribuna Internacional, se puede leer que, en sus antecedentes históricos, dicho fallo contiene “errores, falsedades y omisiones graves”, que configuran “una tergiversación tan burda de la realidad, que debería ser oficialmente representada a la Corte y, de no ser aclarada debidamente, debe dejarse debida constancia de su rechazo” (Arnello, 2015: 52). 

De acuerdo con su opinión, “es falso, de falsedad absoluta”, que Bolivia poseía un litoral sobre el Pacífico de varios centenares de kilómetros, tal como lo reconoció la Corte. También sostiene que se omitieron “hechos esenciales”, como por ejemplo que en 1866 Chile “le cedió” a nuestro país, “con idealismo americanista” y “gratuitamente”, el territorio litoral que las tropas chilenas “reivindicaron” en 1879 y que, el General Daza, entonces presidente de Bolivia, habría violado “deliberadamente” el Tratado de 1874, razón por la cual Chile “ocupó” Antofagasta (Arnello 2015: 52-56).

Sobre este punto cabe preguntarse si el señor Arnello realmente conoce las disposiciones de la Corona española que le dieron a la Audiencia de Charcas, antecesora de Bolivia, derechos sobre la costas del Pacífico sur, puesto que según el utti possidetis juris de 1810, todas las naciones sudamericanas debían respetar los límites que estableció el régimen español para constituirse como repúblicas independientes. Además, si Bolivia nunca tuvo mar y Chile se lo concedió "gratuitamente", ¿por qué las autoridades chilenas no lo hicieron notar? ¿Por qué no se utilizó ese argumento en la Corte? No tendría ningún sentido que después de 137 años sigamos discutiendo este tema, si supuestamente los bolivianos nunca tuvimos acceso al mar.

Respecto a la confirmación que hizo la CIJ de que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, Arnello (2015: 56) señala que existen omisiones que tergiversan la verdad, porque según su versión, que no cita fuente alguna, pero que sigue fielmente la narrativa oficial chilena, el presidente Daza habría declarado la guerra el 1º de marzo de 1879. 

Sobre este punto, cabe aclarar que lo que hizo Daza en esa fecha no fue declarar la guerra a Chile, sino emitir un decreto que preparaba al país para la guerra, pues en esos momentos Chile ya había invadido Antofagasta y había anunciado que pretendía adueñarse de todos los territorios bolivianos, hasta el paralelo 23º de latitud sur. De hecho, la declaratoria de guerra vino después, el 5 de abril de 1879, por parte de Chile, que no habría tenido por qué declarar la guerra a Bolivia si ésta ya la había declarado antes.
Pero más allá de las precisiones que pueda merecer el desinformado artículo de Arnello, basado devotamente en la narrativa oficial chilena, habría que preguntarles a todos nuestros vecinos chilenos que tienen las mismas creencias: ¿es mejor seguir mirando por sobre el hombro a Bolivia y Perú?, o ¿es mejor buscar un arreglo negociado a los problemas que causó la invasión de 1879?

Referencias 

  • Arnello Romo, Mario (2015) CIJ: Una sentencia errónea y ajurídica. Una derrota política previsible. Revista Tribuna Internacional. Santiago - Chile. [En línea, conulta: 10/02/2016] http://www.tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/viewFile/38178/39836
  • MacEvoy, Carmen (2011) Guerreros Civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico. Centro de Estudios Bicentenario. 2da. Edición. San Isidro Lima - Perú. 
  • Naranjo, Rodrigo (2011) Para desarmar la Narrativa Maestra. 2011. Quillqa Serie IIAM Universidad Católica del Norte. Ocho libros. Antofagasta - Chile. 
  • Van Der Ree, Gerard (2010) Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. Utrecht University. Utrecht - Países Bajos.   

domingo, 31 de enero de 2016

Paralización del tren Arica-La Paz

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Página Siete
Un comentario sobre el tren que permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años.


Paralización del tren Arica-La Paz


En noviembre de 2015, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE)  publicó el libro Gobernabilidad, desarrollo y seguridad en las zonas extremas de Chile, que, en su parte referida al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos, y sobre todo  en lo relativo al Ferrocarril Arica – La Paz, contiene afirmaciones imprecisas e incorrectas que en las próximas líneas intentaré precisar y refutar. 


Pero antes de eso, cabe recordar que el ferrocarril Arica – La Paz  es una de las principales compensaciones que recibió Bolivia a cambio de su vasto, rico y único litoral. De hecho, en cumplimiento al Tratado de 1904, que selló el enclaustramiento boliviano, Chile construyó la vía férrea entre 1905 y 1913 (ocho años) y en 1928, después de que recuperó toda su inversión y obtuvo algunas ganancias más, transfirió el tramo que queda en Bolivia (Charaña – Viacha) al gobierno de La Paz. 

Desde entonces el ferrocarril funcionó con bastante normalidad bajo administración estatal en ambos lados de la frontera hasta que, a mediados de los años noventa, los dos gobiernos decidieron entregar en concesión la administración de la vía a empresas privadas.

Asimismo, según lo acordado bilateralmente, el ferrocarril debería unir al puerto de Arica con la ciudad de La Paz (Tratado de 1904) y debería funcionar "a perpetuidad” (Convención de 1905). No obstante, como es de público conocimiento, el tren permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera desde hace más de diez años, debido a que, en 2005, la empresa a la que Chile adjudicó la administración de su tramo del ferrocarril (Arica – Visviri) se declaró en quiebra.

Si bien las autoras del libro no desconocen esta situación, como tampoco lo hace el Gobierno chileno que en enero de 2015 reconoció que el ferrocarril había entrado en una segunda fase de reconstrucción (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2015. Libre Tránsito de Bolivia, la realidad, p. 23); sí aseguran que no se puede imputar a Chile por "falta de atención” porque, según ellas, la empresa a la que el Gobierno de Santiago adjudicó la administración del tramo chileno del ferrocarril "era boliviana”. Aseveración que contiene una imprecisión y una falsedad: la imprecisión porque la empresa adjudicataria, denominada Sociedad Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP), no era enteramente boliviana, sino que era una sociedad anónima constituida en Chile con capitales bolivianos y chilenos; y la falsedad porque la nacionalidad de dicha empresa, cualquiera que esta sea, no puede eximir al Estado chileno de cumplir con sus obligaciones internacionales, en este caso con la obligación de "asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (Convención para la Construcción y Explotación de Ferrocarril Arica - La Paz, 27/05/1905. Artículo 12).

Dicho de otra forma, no importa si la empresa a la que Chile escogió para administrar su tramo del ferrocarril es boliviana o chilena, lo que importa en este caso es si el tren está funcionando o no, porque se trata precisamente de uno de los medios que debería atenuar el enclaustramiento de Bolivia y porque Chile tiene la obligación de asegurar su libre tráfico "a perpetuidad”.

Pero lo más sorprendente de todo  es que entre esas falsas e imprecisas aseveraciones, en las que también se aclara que Chile invirtió "no  cinco millones de dólares en la recuperación del tren, o 26 como apuntaba el proyecto, sino 32 millones de dólares”; también se lanza la siguiente pregunta: "¿Habrá que recordarle a Bolivia en qué andaba entre 2004 y el 2006 en materia de política interna y lo que cuesta reponer una línea férrea juntamente con el rodado a la no poca cantidad de 4.000 metros de altura en algunos tramos?”.    

Para responder a esta curiosa interrogante habría que recordarle a las autoras del libro que lo que haya sucedido en materia de política interna en Bolivia no tiene absolutamente nada que ver con la paralización del ferrocarril en el lado chileno, que la intromisión en los asuntos internos de un Estado está prohibida en las relaciones internacionales según varias convenciones multilaterales de las que Chile es parte, y que resulta paradójico que el Estado que construyó una vía férrea a principios del siglo XX en ocho años, se tome más de diez años para rehabilitarlo en pleno siglo XXI.  

Para rematarla, las autoras aseguran que "Bolivia no ha recompuesto la vía que une a La Paz con Arica”. Lo cual tampoco es efectivo, puesto que la encargada de administrar el tramo boliviano, Empresa Ferroviaria Andina S.A., ha mantenido la operatividad de la vía mediante trabajos de mantenimiento y reparación a pesar de que no ha llegado ningún tren desde Arica en muchos años, y ha habilitado un ferrobús o buscarril para el transporte de pasajeros entre Charaña y Viacha (La Razón, 3/06/2013). 

Por tanto, la paralización del ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno por más de diez años no sólo es una muestra más del poco interés que tiene Chile por mantener buenas relaciones con nuestro país, sino que es una evidencia inobjetable de que el país del Mapocho no cumple el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, y que, a diferencia de lo que afirman sus autoridades, Bolivia no tiene acceso al mar.

domingo, 17 de enero de 2016

Temas pendientes entre Bolivia y Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari 
Publicado por Página Siete 
Resulta contradictorio y hasta incomprensible que las autoridades chilenas afirmen que no existen asuntos pendientes de carácter territorial, cuando a todas luces sí los hay. 

Temas pendientes  entre Bolivia y Chile

Desde el fin de la Guerra del Pacífico, en 1884, e incluso antes, Bolivia y Chile han mantenido una significativa cantidad de temas pendientes que muy rara vez han alcanzado un arreglo o una solución pacífica y negociada. El más conocido y complicado de todos esos temas  es sin duda el enclaustramiento geográfico boliviano, al cual se suman otros asuntos, también álgidos y complejos, que agravan y menoscaban las maltrechas relaciones entre los dos países. Las cuales, en sus vínculos diplomáticos a nivel de embajadores, se mantienen rotas desde hace muchos años, precisamente por la imposibilidad de resolver esos temas pendientes. 

Nos referimos a la utilización no autorizada que hace Chile de algunos recursos hídricos que atraviesan o definen la frontera (Lauca, Silala, Caquena, etc.); a la paralización del ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno por ya más de una década; a las constantes interrupciones al libre tránsito de Bolivia en territorio y puertos chilenos; al cobro por almacenaje en el puerto de Antofagasta que realiza la empresa privada ATI, a pesar del compromiso adquirido por el Estado chileno de ofrecer gratuidad por ese servicio; a la decisión unilateral de Chile de expulsar al agente aduanero boliviano (ASP-B) del puerto de Arica y reubicarlo en un recinto "extra-portuario”; a la usurpación de funciones que han cometido las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta en detrimento del agente aduanero boliviano, que ha trascendido en la pérdida de jurisdicción de este último sobre la carga en tránsito a Bolivia, y a otras contravenciones de menor importancia por parte de Chile a lo acordado bilateralmente. 


Por otra parte, también existen temas importantes como el narcotráfico y el contrabando, que requieren de coordinación y colaboración entre las autoridades de ambos países para poder adoptar acciones más contundentes y eficaces en los esfuerzos por combatir y erradicar esos dos males; tal como lo reconoció el embajador de Chile en misión especial, Gabriel Gaspar, durante su reciente visita a nuestro país.

En efecto, la visita de Gaspar, que de alguna manera replica el viaje realizado a Santiago por el canciller David Choquehuanca hace algunos meses, viene a confirmar el cambio de la política exterior chilena en relación a la demanda marítima boliviana que antes, como bien sabemos los bolivianos, negaba la existencia de temas pendientes entre ambos países y aducía que el Tratado de 1904 había cerrado toda discusión respecto al acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. 

Sobre este último punto, Gaspar no emitió comentario alguno, ni tampoco dijo que dicho tratado es "intangible”, como lo habían dicho varios de sus colegas y antecesores; puesto que, en su fallo sobre la excepción preliminar chilena, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que el Tratado de 1904 no tiene nada que ver con la demanda boliviana, referida a la obligación de Chile de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. En esa misma línea y aún más sorpresivamente, el embajador chileno reconoció enfáticamente la existencia de varios asuntos pendientes entre ambos países, los cuales, según aclaró después, desde Santiago, no tendrían carácter territorial. 

Sin embargo, la desviación unilateral del río Caquena o Cosapilla, acometida por Chile en los años 60 del siglo XX, es indiscutiblemente un tema de límites pendiente entre ambos países porque el curso de esas aguas define el límite fronterizo según el Tratado de 1904 (artículo 2), es decir que se trata de una corriente internacional de curso contiguo (límite arcifinio) que ha sido modificada unilateralmente por una de las partes  y, por tanto, representa un tema de carácter territorial. Además, en relación al tema marítimo, el órgano judicial más importante de las Naciones Unidas  estableció que existe una controversia jurídica pendiente entre los dos países, referida al acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. Por lo cual, resulta contradictorio y hasta incomprensible  que las autoridades chilenas insistan en afirmar que no existen asuntos pendientes de carácter territorial, cuando a todas luces sí los hay. 

A pesar de esto, y a los ofrecimientos que una vez más se hicieron a través de la prensa, de reanudar relaciones diplomáticas "aquí y ahora” y "sin condiciones”, debemos valorar y no desmerecer los importantes avances que ya ha logrado la demanda interpuesta ante la CIJ por el gobierno de Evo Morales, que claramente ha provocado un cambio positivo en la política exterior chilena, que ya no aduce que el Tratado de 1904 cerró todas las puertas de Bolivia al mar y que al menos en el ámbito no territorial, ahora reconoce la existencia de temas pendientes entre ambos países.

domingo, 10 de enero de 2016

Conozca las 12 causas por las que las tratativas Bolivia - Chile fracasaron

Por Gabriel Diez Lacunza 
Publicado por Pagina Siete
El diplomático Andrés Guzmán Escobari

Conozca las 12  causas por las que  las tratativas Bolivia - Chile fracasaron

"¿Quién les obligó a robarnos el mar, a robarnos kilómetros de costas y 120 mil kilómetros de territorio boliviano?”, se preguntó el presidente Evo Morales el pasado 7 de enero en una conferencia de prensa en Cochabamba. 
Desde la invasión chilena a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879 -lo cual significó el enclaustramiento y pérdida de territorio para Bolivia- en el país es una constante la búsqueda  de retornar a las aguas del Pacífico con soberanía.
A propósito, la investigación Un mar de promesas incumplidas. La historia del problema marítimo boliviano (1879-2015) destaca 12 momentos en los cuales hubo acercamientos bilaterales y manifestaciones unilaterales para negociar  que, sin embargo, no llegaron a buen puerto.
Entre los factores identificados por su autor, Andrés Guzmán Escobari, para que las negociaciones "caigan en saco roto” a lo largo de la historia está la falta de voluntad política chilena, el descuido político, la ingenuidad de los eventuales representantes gubernamentales y diplomáticos bolivianos,  y falta de una estrategia diplomática adecuada.
El escenario más recurrente -rescatado y reflejado por Guzmán- es el de la falta de voluntad política por las autoridades y diplomacia del vecino país. De acuerdo con esta investigación, el primer acercamiento entre ambos Estados se dio en 1895 con el Tratado de Transferencia de territorios en el cual fueron protagonistas el ministro boliviano en Chile, Heriberto Gutiérrez, y el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Luis Barros Borgoño.
Página Siete muestra éste y otros 11 episodios de la extensa historia sobre el tema marítimo (basados en la investigación de Guzmán) antes de que el país estableciera la demanda -el 24 de abril de 2013- contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El pedido de Bolivia en ese tribunal es que en su fallo obligue al Estado chileno a negociar una salida soberana al océano Pacífico.


1. Tratado de Transferencia de territorios
El tratado suscrito por Heriberto Gutiérrez (Bolivia) y Luis Barros (Chile) en 1895 no llegó a buen puerto debido a la desconfianza del Congreso boliviano, la extinción de la voluntad política de Chile y la firma de un protocolo que lo anuló.

2. Acta protocolizada
El fin del periodo liberal en Bolivia y el consiguiente cambio al régimen republicano de Bautista Saavedra marcó un retroceso a lo acordado en el Acta protocolizada de 10 de enero de 1920. En dicho documento, Chile comprometió de manera formal  ceder parte de Arica y del ferrocarril que llegaría hasta El Alto. Además, "la errada certeza de los chilenos” de que no se podía negociar con los republicanos, resumida en su falta de voluntad política son otros factores para el fracaso.

3. Declaración del delegado chileno en la LN
  El delegado chileno ante la Liga de las Naciones ofreció en esa instancia -en 1921- negociaciones directas con Bolivia. Sin embargo,  se percibió que desde La Moneda hubo falta de voluntad política para materializar un acuerdo.

El investigador y diplomático boliviano Andrés Guzmán Escobari  anota al respecto que la promesa de Chile nunca fue honrada, pero reconoce, a la vez, que el Gobierno nacional no fue creativo en su planteamiento.

 4. Negociaciones de 1923
Chile ofreció negociar una salida en 1923 con el propósito de evitar que Bolivia acuda de nuevo a la Liga de las Naciones, lo cual consiguió. Guzmán indica que el diálogo no prosperó porque a Chile "no le interesó avanzar”.

 5. Circular del canciller chileno Mathieu
En 1926, el canciller chileno Beltrán Mathieu lanzó una circular a sus legaciones diplomáticas cuya tesis era "sacrificar” parte de Arica en favor de Bolivia, pero fracasaría tras la "Propuesta Kellogg”.

6. Inviabilidad de la "Propuesta Kellogg”
Luego de conocerse el parecer de Mathieu en su circular, la llamada "Propuesta Kellogg” planteó en 1926 la cesión de Tacna y Arica a Bolivia a cambio de compensaciones monetarias a Perú y Chile respectivamente. Sin embargo, el rechazo del Gobierno peruano fue uno de los factores para que esta proposición -mediada por el Gobierno estadounidense- quedara sin efecto.

7. Agua en el norte chileno
En el transcurso de 1950 los gobiernos de Bolivia y Chile intercambiaron notas oficiales sobre la propuesta de "dotar” de agua al norte chileno -otrora boliviano- con aguas del altiplano a cambio de una salida al mar.

El diplomático Andrés Guzmán apunta que la indiscreción del Gobierno chileno hizo que se filtrara información de que las aguas a utilizarse serían las del lago Titicaca y por ello las conversaciones fracasaron.

8. El ofrecimiento de 1961
El ofrecimiento de 1961 tenía tres propósitos: distraer a los bolivianos sobre la desviación del río Lauca, evitar que el país lleve el tema mar a la Conferencia de Quito y evitar la inclusión de este asunto  en la CPE, según el autor.

9. Acta de Charaña (Banzer - Pinochet)
La negociación del Abrazo de  Charaña -que establecía el canje territorial- fracasó debido a la oposición de Perú, la posterior posición inflexible de Chile que, además, añadió otras exigencias al acuerdo inicial.

10. "El territorio no se vende ni regala”
El canciller chileno Patricio Carvajal, en 1977, tras escuchar decir a Banzer que la "marcha hacia el mar era difícil y muchas veces penosa”,  replicó que "el territorio de Chile no se vende ni se regala”. Ello luego de que un par de años antes se suscribiera el Acta de Charaña en el que se negociaba canje territorial entre los dos Estados. Guzmán Escobari anota que en Bolivia esta declaración se recibió como "un revés” dentro de la sociedad y la política.

11. Resolución de la OEA de 1983
La Organización de Estados Americanos, en la Resolución 686 de 18 de noviembre de 1983, incluyó la propuesta de Chile a negociar una salida al  océano Pacífico con soberanía. Sin embargo, el investigador Escobari recuerda que no hubo un verdadero interés de La Moneda ya que "la diplomacia chilena esperó a encontrar la forma de evadir la exhortación del organismo hemisférico...”.

12. Negociaciones 2006-2010 
Guzmán identifica en este periodo se mostró falta de voluntad política de parte del Estado chileno para resolver el tema mar. A ello suma la geopolítica peruana para impedir la aproximación Bolivia-Chile.