Por: Andrés Guzmán Escobari
En 1992, con la firma del Convenio “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Perú concedió a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y un espacio para desarrollar una zona franca industrial y otra turística en el puerto de Ilo. Dichas concesiones si bien fueron recibidas en su momento con enorme expectación y mucha gratitud, no sirvieron para atenuar el enclaustramiento que afecta a Bolivia debido a la inexistencia de una carretera adecuada para acceder a las mismas; la mala administración que hizo la empresa concecionaria encargada del acondicionamiento de la zona franca industrial, a la cual el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato en el año 2000; y sobre todo, las no muy atractivas condiciones que la zona ofrecía a las actividades comerciales.
El Protocolo Ampliatorio del Convenio de 1992, que suscribieron los Presidentes Morales y Garcia el 19 de octubre pasado, incrementa las actividades excentas de impuestos que los bolivianos pueden realizar en la zona franca industrial de Ilo, que pasó a ser una "zona exclusiva especial", pero tampoco exime al intercambio comercial.
Aún así, no se puede desmerecer el gesto del Perú que una vez más demuestra su comprensión con la demanda marítima boliviana. Será responsabilidad de Bolivia acondicionar y administrar adecuadamente los espacios cedidos por los próximos 99 años. Así lo reconoció el Presidente Evo Morales, quien, a tiempo de agradecer la cooperación del Perú, destacó la esperanza que mantiene el pueblo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar y la naturaleza irrenunciable de su demanda marítima. Por su parte, el Presidente Alan García señaló que la situación que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es “injusta” y reafirmó el compromiso de su gobierno de no obstaculizar las negociaciones que conduzcan a una solución en la que Chile reconozca la soberanía boliviana en Arica.
Otra importante declaración, que aviva la esperanza popular de los bolivianos por reintegrarse al mar, la formuló el Canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien ante una consulta sobre la posible ejecución del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que exige la aceptación del Perú para que Chile le ceda a Bolivia territorios ariqueños, aseguró que su país “no pedirá soberanía, lo que pedirá es que se respete la servidumbre que tiene en Arica…”. Lo cual es relevante porque representa una garantía que no se repetirá lo acontecido en 1976 cuando, por primera y única vez, se ejecutó el referido Protocolo y Perú contestó a Chile con una contrapropuesta en la que sugirió compartir la soberanía del espacio por el cual Bolivia accedería al mar, lo cual no hizo más que entrabar las negociaciones que se habían iniciado en el pequeño poblado de Charaña, con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia.
Por otra parte, la propuesta lanzada por el senador oficialista chileno, Pablo Longueira, de realizar un plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie sobre la idea de dar solución al problema marítimo boliviano sin descartar una posible cesión de soberanía territorial; es una clara muestra de que el problema existe y que debe ser resuelto, es también el reflejo de una situación signada por la aproximación sin precedentes de los gobiernos de ambos países, que han incluido el tema en la agenda política que negocian los Viceministerios de Relaciones Exteriores, y es, al mismo tiempo, otro motivo esperanzador para el pueblo de Bolivia, que ansía recuperar un acceso soberano al mar.
Sin embargo, dicha propuesta, que fue muy bien acogida por las más altas autoridades bolivianas, no representa por sí sola un avance real en la recuperación de un acceso soberano de Bolivia al mar, ya que, en caso de que se realice, un resultado negativo impondría un enorme obstáculo al objetivo de reintegración marítima boliviana que sería muy difícil de superar, pues serviría de argumento para que el gobierno de Chile desestime la necesidad de negociar el tema. Por esa razón, la formulación del hipotético plebiscito, que además requerirá de una modificación en la legislación chilena que permita su realización, debe hacerse como mucho cuidado, pues si la consulta no hace referencia a los beneficios que Chile podría obtener con la ejecución del acuerdo que resuelva el problema marítimo de Bolivia, el rechazo del pueblo chileno estará más que garantizado.
Los hechos comentados y sus consiguientes repercusiones han puesto en evidencia, una vez más, que la cordialidad de las relaciones entre los países del Pacífico sur y su sustentabilidad en el tiempo, están condicionadas a la resolución del problema que genera el enclaustramiento boliviano; el cual sale a flote cada cierto tiempo generando molestias y esperanzas, las cuales se entremezclan con sentimientos nacionalistas que las exacerban y no permiten vislumbrar una solución definitiva al menos en el corto plazo. Además, en esta oportunidad, el problema reflota mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya evalúa los argumentos que Perú y Chile le presentaron para que ese alto Tribunal defina la frontera marítima entre ambos países. Dicho proceso representa un obstaculo para la reintegración marítima boliviana porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían dar a Bolivia un acceso soberano al mar.
Pero por más compleja que parezca la situación, no cabe duda que la inclaudicable esperanza del pueblo boliviano por reincorporarse a la vecindad del mundo a través del mar, mantendrá viva su demanda de reintegración marítima, hasta que se haga una realidad.
Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.
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