Demanda y contrademanda por el Silala

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

De lo único que podemos estar seguros, es que Chile tiene que pagar a Bolivia por las aguas del Silala si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo. 

Abecor, Fuente: Página Siete

Ahora que ha pasado cerca de un mes desde que el Presidente Evo Morales anunciara sus intenciones de demandar a Chile por el aprovechamiento ilegal de las aguas del Silala y que la Presidenta de ese país, Michel Bachelet, respondiera anunciando una contrademanda, y ahora que conocemos un poco más sobre esta controversia, gracias al debate que provocaron dichos anuncios; podemos definir con mayor precisión cuáles podrían ser los argumentos de las partes para demandar y/o contrademandar. 

Como es sabido, la controversia reside en la discrepancia que existe entre ambos países respecto a la naturaleza del Silala: mientras que para Bolivia se trata de aguas íntegramente bolivianas, para Chile son recursos hídricos compartidos.

En efecto, de acuerdo a La Paz, las aguas del Silala conforman un ecosistema acuático de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando los manantiales desde donde fluyen esas aguas hacia territorio chileno mediante canales artificiales que fueron construidos por empresas chilenas sin el consentimiento de Bolivia. Según esta postura, las aguas no llegarían a Chile si no hubieran sido canalizadas.

Por otra parte, según Santiago, el Silala es un río internacional de curso sucesivo que nace en Bolivia y que fluye naturalmente hacia Chile por la pendiente del terreno y por la ley de la gravedad. Los canales artificiales, de acuerdo a la postura chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo, aumentando su velocidad y evitando infiltraciones, pero no acrecientan su caudal ni alteran su curso.

A principios del siglo XX, la empresa que administraba el ferrocarril Antofagasta – Oruro, solicitó la autorización de la Prefectura de Potosí “para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de “SILOLI””. Dicha solicitud, que se hizo específicamente “para la alimentación o abastecimiento de las máquinas del ferrocarril”, también aclara: “Haciendo obras de captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque con costo crecido; y la Empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas en el servicio de su línea”.

Así, el 21 de septiembre de 1908, el Prefecto de Potosí otorgó la concesión de referencia mediante una escritura pública que no establece contraprestación alguna ni plazo de caducidad, pero sí determina que la empresa concesionaria debe “dejar la tercera parte del agua recogida para los que quieran aprovecharla después” y que la autorización es “para la alimentación de las máquinas que hoy, como se sabe, usan aguas impropias que destruyen sus calderos en poco tiempo, y que tienen que conducir desde larga distancia en estanques, lo que dificulta el tráfico”.

A pesar de que el objeto y la causa de la concesión fueron claramente establecidos, las aguas del Silala fueron utilizadas en Chile para otros fines casi inmediatamente, tal como lo revelan las denuncias que a partir de 1915 recibió el gobierno boliviano (David Choquehuanca en Hora 23 de Bolivisión: 5/04/2016). Al respecto, según el investigador chileno Cristian Faundes (2007), en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria estaba “vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.  

Pero además de que las aguas del Silala se utilizaron para fines distintos al de su concesión desde un principio, algún tiempo después, aproximadamente en 1961, el objeto y la causa de dicha concesión se extinguieron totalmente cuando las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel. Es decir que ya no se requerían las aguas del Silala para el ferrocarril, pero el usufrutuo de esos recursos por parte de la empresa concesionaria aumentó en lugar de interrumpirse. Los canales fueron mejorados y ampliados en los años que siguieron hasta alcanzar cerca de 200 litros/segundo, que es el flujo promedio actual, y recién en 1997, la Prefectura de Potosí revocó y anuló la escritura de concesión, mediante una resolución administrativa que fue elevada a Decreto Supremo.

Poco después se iniciaron las gestiones para llegar a un acuerdo. Los representantes de ambos gobiernos se reunieron varias veces y realizaron visitas conjuntas al lugar, pero no se pudo llegar a nada concreto. En 2009, los gobiernos de Bachelet y Morales, alcanzaron el punto de mayor aproximación con un preacuerdo que establecía que Chile debía pagar a Bolivia por el 50% del caudal del Silala hasta que un estudio conjunto determine el porcentaje preciso de aguas de libre disponibilidad que tiene cada país. Sin embargo, debido a que el preacuerdo no incluía la deuda histórica por más de un siglo de usufructúo que habían hecho los chilenos sin pagar ni un centavo, hubo un fuerte rechazo en Bolivia, liderado por el Comité Cívico de Potosí. Por lo cual, las autoridades bolivianas solicitaron al nuevo gobierno de Chile, presidido por Sebastián Piñera, la inclusión de la deuda histórica en el preacuerdo, tal como consta en el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas (Agenda de 13 puntos), suscrita el 14 de julio de 2010. Pero si bien ambos países acordaron mediante ese mismo documento que el grupo de trabajo encargado debía presentar un informe respecto a la deuda histórica en la próxima reunión que tenía que realizarse en Arica en noviembre de ese año, Chile decidió cancelar esa próxima reunión sin dar explicaciones y no hubo más avances.    

Imagen presentada por la Cancillería de Bolivia. Fuente: El Diario.

La cancelación chilena de 2010, que echaba por tierra todo lo avanzado no sólo respecto al Silala, sino también respecto al tema marítimo y a los demás puntos de la Agenda; representó en los hechos un rechazo del Estado chileno a solucionar sus controversias con Bolivia mediante negociaciones. Pero ahora que se ha planteado la posibilidad de resolver este tema mediante un juicio, los gobernantes de Chile adelantaron 3 argumentos con los que, según ellos, podrían contrademandar: 1) que Bolivia se ha negado a entregar información necesaria para definir los usos y beneficios del Silala, en franca trasgresión a lo establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997; 2) que Bolivia interrumpió las negociaciones de la Agenda de 13 puntos, lo cual, como hemos visto, no es correcto; y 3) que las autoridades bolivianas reconocieron en ciertos momentos que el Silala es un río.

En cuanto al primer punto, será difícil para Chile demostrar que Bolivia se negó a entregar información y más difícil aún será probar que la referida Convención le es oponible a nuestro país que no la firmó ni la ratificó. Sobre el segundo punto basta con exhibir el Acta de 14 de julio de 2010, y respecto al tercer punto, las manifestaciones unilaterales que las autoridades bolivianas hayan emitido sobre el particular, no parecen tener un mayor peso relativo de convicción jurídica, frente a lo que revelen los estudios hidrológicos y al hecho inobjetable de que existen canales artificiales que atraviesan la frontera.

Por todo lo dicho, de lo único que podemos estar seguros en estos momentos, indistintamente de cuál sea la naturaleza del Silala o de cuál país demande primero; es que Chile tendrá que pagar por esas aguas si quiere seguir usándolas en las cantidades que lo ha venido haciendo, puesto que, aun si fuese un río, el país del Mapocho utiliza más de la mitad de esos recursos y por tanto, tiene la obligación de compensar a Bolivia.

La imposición del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El Pacto de Tregua, junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados y que fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza.

 

Abecor, Fuente: Página Siete.

El pasado 23 de marzo publiqué un artículo intitulado La Contramemoria de Chile ante la CIJ que provocó la reacción contraria de algunos historiadores chilenos como Valentina Verbal, José Miguel Concha y Loreto Correa. La primera, como directa aludida, respondió con un mesurado artículo publicado por Voces La Tercera, en el que me denomina como “uno de los principales promotores de la causa marítima” y que intenta aclarar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile a Bolivia. Los otros dos, un poco más exaltados, hicieron sus críticas en mi muro de Facebook con y sin argumentos respectivamente.
 

El que lo hizo con argumentos, destacó que las elites chilenas ligadas a la minería de la plata en el litoral boliviano (Melchor Concha y Toro entre ellos), a diferencia de las oligarquías salitreras anglo-chilenas que también operaban en nuestras costas, se opusieron a la guerra. Dato que por cierto, no cambia ni refuta lo que señalé en el artículo de referencia respecto a que los intereses oligárquicos de ingleses y chilenos, íntimamente relacionados al gobierno de Santiago, jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico. 

Pero dado que esas críticas se refirieron a la parte histórica de mi artículo y no así a los aspectos jurídicos, y dado que dichas críticas se centraron en cómo se firmó el Tratado de 1904 y no en los compromisos que asumió Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es lo que verdaderamente se discute en La Haya; en las siguientes líneas intentaré explicar por qué afirmé que nuestro país no suscribió ese tratado libre y espontáneamente.

Primero es importante contextualizar el momento en que se firmó el Tratado. Bolivia se encontraba en una situación muy complicada - tal como lo reconoce José Miguel Concha en publicaciones conjuntas con su colega y compatriota Cristian Garay -, debilitada económica y militarmente tras haber enfrentado al Brasil en una guerra, con serios asuntos de límites pendientes con todos sus demás vecinos (Perú, Argentina, Chile y sobre todo Paraguay), y con un régimen comercial impuesto por Chile mediante el Pacto de Tregua, conocido como el dogal aduanero, que asfixiaba a la economía boliviana y que frenaba su potencial desarrollo. En efecto, dicho Pacto determinó que Bolivia no podía establecer su propias aduanas y debía pagar altas contribuciones en el puerto de Arica, compuestas de aranceles e indemnizaciones a los ciudadanos chilenos que habían sido afectados por las medidas que adoptó el gobierno boliviano durante la contienda. 

Sumada a la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia durante todo el periodo de tregua, en 1904 todavía estaba muy fresco el recuerdo de lo que en 1900 había manifestado el representante chileno ante el gobierno de La Paz, Abraham Köning: “No podemos esperar más. El gobierno y el pueblo de Chile consideran que han esperado con paciencia”. “En tiempo de guerra las fuerzas de Chile se apoderarán del único puerto boliviano con la misma facilidad con que ocuparon todos los puertos del litoral de Bolivia en 1879. Eso no es por vano orgullo porque sabido es de todos los que conocen los recursos de mi país, que su poder ofensivo se ha centuplicado en los últimos veinte años”. 

Además de esas amenazas, los gobernantes bolivianos también debieron haberse preocupado cuando supieron que ese mismo año, el representante de Chile en Lima, Ángel Custodio Vicuña, propuso desmembrar a Bolivia a las autoridades peruanas para repartirse su territorio. Lo cual, si bien fue rechazado categóricamente por el Perú, da cuenta de que a principios del siglo XX, los políticos bolivianos tuvieron que tomar decisiones delicadas y de alta trascendencia en un ambiente internacional adverso, agravado por las amenazas impertinentes y las propuestas rastreras que hacía Chile. 

Por otra parte, si bien no podemos desconocer que la recuperación de la independencia aduanera y la prosperidad económica que prometía traer consigo el ferrocarril que Chile había ofrecido construir entre nuestro país y el mar a partir de 1882, fueron elementos que le dieron viabilidad política a la decisión de firmar el Tratado de 1904; es también evidente que la difícil situación internacional que atravesaba Bolivia, de la cual se valió Chile, y la fuerte presión económica y diplomática que ejerció ese país sobre el nuestro durante 20 largos años para imponer sus condiciones; demuestran palmariamente que el tratado de paz no fue suscrito libre y espontáneamente por nuestros gobernantes.

Respecto a la supuesta vinculación de ese tratado con el de Transferencia de Territorio de 1895, Verbal asegura: “A diferencia de lo que Guzmán Escobari afirma en un reciente libro, titulado Un mar de promesas incumplidas, el Tratado de 1904 no constituye una continuación del Pacto de Tregua de 1884, firmado en un contexto de guerra reciente, sino de la intransigencia de la misma Bolivia, cuyos parlamentarios rechazaron el Tratado de 1895…”.

Pero más allá de que los parlamentarios bolivianos no rechazaron el Tratado de 1895, sino que lo condicionaron, la relación entre los acuerdos de tregua y paz es innegable, no sólo por la lógica sucesión jurídica que existe entre ambos, sino sobre todo porque dichos acuerdos así lo establecen específicamente. En efecto, el artículo 8º del Pacto de Tregua señala: “Como el propósito de las partes contratantes al celebrar este pacto de tregua, es preparar y facilitar el ajuste de una paz sólida y estable entre las dos repúblicas, se comprometen recíprocamente a seguir gestiones conducentes a este fin”; y el preámbulo del Tratado de 1904 aclara: “En ejecución del propósito consignado en el artículo 8º del Pacto de Tregua del 4 de Abril de 1884, la República de Chile y la República de Bolivia han acordado celebrar un Tratado de Paz y Amistad…”.

Por tanto, no es posible desvincular a uno del otro, el Pacto de Tregua junto al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, conforman un solo régimen jurídico que norma y reglamenta las relaciones entre los dos Estados. En ese sentido, considerando que dicho Pacto fue impuesto por Chile a Bolivia bajo la amenaza del uso de la fuerza, tal como lo reconocen varios historiadores chilenos; sabemos que no sólo el tratado de paz tiene vicios de origen por haber sido impuesto bajo amenazas y presiones, sino también el acuerdo primigenio del régimen jurídico que aún gobierna el relacionamiento boliviano-chileno.

En efecto, en 1884, cuando ambos países negociaban la tregua, Chile tenía un ejército de cerca de 20.000 hombres en Puno y Arequipa, listos para invadir Bolivia a la primera orden. En esas circunstancias, que eran bien conocidas por el gobierno boliviano, se firmó el Pacto de Tregua,  mediante el cual, como ya se dijo, el vencedor de la guerra impuso un asfixiante régimen aduanero al vencido.

Sin embargo, aun sabiendo eso: que Chile impuso sus condiciones a través de amenazas y presiones a partir de 1884, los bolivianos también sabemos o deberíamos saber, que ya no podemos impugnar ni desconocer el régimen jurídico adoptado y todavía vigente entre ambos países, porque, a diferencia de nuestra contraparte, lo hemos cumplido y respetado a cabalidad durante más de 100 años. 

Al menos 5 países dan mejor ‘libre tránsito’ a sus vecinos sin litoral

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón 

Hay al menos cinco países costeros que dan a sus vecinos sin litoral mayores facilidades de tránsito que Chile a Bolivia, con la consideración de que ninguno de esos países es culpable de enclaustrar a sus vecinos.

Portada correspondiente a la presente publicación. 

Chile sostiene que Bolivia no debería reclamar por su forzado enclaustramiento marítimo, ya que sería el país con el más amplio acceso al libre tránsito entre todos los países sin litoral. Lo cierto es que existen al menos cinco países costeros que dan a sus vecinos sin litoral mayores facilidades de tránsito que Chile a Bolivia, con el agravante para Chile de que ninguno de esos países es el culpable de haber dejado al vecino, al que le facilita el tránsito, en una situación de enclaustramiento marítimo mediante una invasión.

Los casos de buena vecindad de países con costa en favor de otros sin litoral son al menos cinco: Croacia para con Bosnia-Herzegovina; Tailandia en beneficio de Laos; India en provecho de Bután; Kenia para Uganda, Sudán del sur, Burundi y Ruanda; y Argentina para Paraguay.

Los casos son por demás elocuentes si uno considera los empeños de Chile en querer convencer de que da a Bolivia el más amplio y libre tránsito por los puertos de Arica y Antofagasta. No obstante, sus infracciones son muchas: comenzando por la privatización de sus puertos, los paros y huelgas que interrumpen el tráfico de la carga boliviana saliendo o ingresando al país, hasta arbitrariedades de todo tipo con costos adicionales por transporte y faenas arbitrarias de los operadores privados de los puertos (quienes por ejemplo sin justificaciones deciden que una carga debe ser desconsolidada en un extrapuerto, lo que incrementa los costos de los comerciantes del país).

Chile quiere hacer ver que ese libre tránsito que supuestamente da a Bolivia es un gesto de generosidad, cuando en realidad es una obligatoriedad no solo del Tratado de 1904 (el cual estaría incumpliendo cada que se corta el tránsito o se acumulan costos arbitrarios como el mencionado), sino también una práctica violación a diversos acuerdos multilaterales, como recuerda Ramiro Orías en su libro El régimen de los países sin litoral en el derecho del mar y las perspectivas para Bolivia; se transgrede, afirma este autor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1948), la Conferencia Preliminar de Estados sin Litoral (1958), la Conferencia de Ginebra (1958), la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Países sin Litoral (1965), pero sobre todo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (1982).

Las facilidades que otorgan estas convenciones si no exceden, al menos igualan a las que en teoría debería otorgar Chile a cambio de la cesión del Litoral. La realidad es que Chile termina incumpliendo el tratado y estas convenciones.

“Los países sin litoral tienen un régimen establecido a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar, 1982) y a través de la Convención de las Naciones Unidas para países sin Litoral (1965), que establecen una serie de facilidades para los países sin costa, las cuales deben otorgar los países de tránsito (aquellos ubicados entre el mar y el país mediterráneo). De ambos acuerdos Bolivia y Chile son signatarios”, detalla el diplomático Andrés Guzmán Escobari. A pesar de todo ello, Chile insiste en querer mostrar que el parcial libre tránsito que da a Bolivia es un acto de desprendimiento...

Existen varios ejemplos de buena vecindad que demuestran que Bolivia no es el país sin litoral más favorecido en el mundo, como Chile señala. Encontramos cinco ejemplos que desechan las afirmaciones de las autoridades chilenas y de comunicaciones del Estado chileno en textos como Chile y la aspiración marítima boliviana. Mito y realidad. Los ejemplos se hacen en base a información proporcionada por Guzmán.

Uno. Croacia - Bosnia Herzegovina. El ejemplo de mayor generosidad y buena vecindad es, sin duda, el de Croacia y Bosnia-Herzegovina. “Croacia aceptó interrumpir la continuidad de su territorio para que Bosnia-Herzegovina pueda salir al mar a través de un territorio soberano”, afirma Guzmán. Esto sucedió luego de la desintegración de Yugoslavia, un proceso que comenzó en 1991 y culminó en 2006. En el caso particular de Bosnia-Herzegovina, este país se independizó en 1992.

Corredor de Neum, fuente: The Economist 2013 

“Cuando se acordaron cuáles iban a ser los territorios de cada Estado, Croacia aceptó que Bosnia-Herzegovina pueda salir al mar a través de un corredor que corta la continuidad del territorio de Croacia. Si uno ve un mapa se observa que Croacia está dividida en dos partes. Ése es un ejemplo de buena vecindad que no existe en el caso de Bolivia y Chile”.

El corredor de 20 kilómetros de ancho (Neum) separa a Dubrovnik del resto del territorio de Croacia, sin embargo, el tránsito para los croatas y para los ciudadanos de la Unión Europea (UE) es libre desde 1999 en el primer caso y desde 2006 para el segundo.

Cuando Bosnia y Croacia llegaron a un acuerdo, antes de que tome efecto, en 1998, la UE saludó el hecho subrayando que esto era beneficioso no solo para los dos países en cuestión, sino para toda la región: “El acuerdo, logrado tras prolongadas negociaciones, será mutuamente beneficioso desde el punto de vista económico, no solo para ambos países, sino también para toda la región. En el aspecto político, contribuirá a la aplicación de los Acuerdos de Paz de Dayton y París, a la mejora de las relaciones entre Bosnia y Herzegovina y Croacia y, por tanto, al fortalecimiento de la paz y la estabilidad en la región”.

Paralelo. Bolivia y la Organización de los Estados Americanos (mediante once Resoluciones sobre el problema marítimo boliviano aprobadas entre 1979 y 1989) insisten en que la solución definitiva a este diferendo es de “interés hemisferio permanente”, algo muy similar a lo que notaba la UE respecto del corredor de Neum.

Tren entre Laos y Tailandia, Fuente: The Economist 2013

Dos. Tailandia-Laos. Laos es un país del sudeste asiático que nunca tuvo acceso al océano. No obstante, como señal de buena vecindad, Tailandia ha construido para Laos una carretera de cuatro carriles para que Laos pueda comerciar a través del mar y un ferrocarril de última generación. “Este ferrocarril  sí funciona”, destaca Guzmán en alusión al ferrocarril Arica-La Paz, en desuso, y que Chile construyó para Bolivia a cambio de la cesión territorial en favor de Santiago en 1904. Ese ferrocarril no opera tras la quiebra que sufrió la empresa que lo administraba en el lado chileno. En cambio el de Tailandia, permite a Laos acceder al mar.

“Tailandia hace esto porque le conviene”, dice Guzmán resaltando la falta de visión del Estado chileno al obstaculizar a Bolivia el libre tránsito y no hacer mejoras en su territorio, ni siquiera por su propia conveniencia.

Asimismo, la frontera entre estos países asiáticos está unida por un puente llamado de la Amistad construido en 1994 y que cruza el río Mekong (límite natural entre ambos), el que permite un flujo constante de personas y mercancías de un lado al otro gracias a las buenas relaciones entre las dos naciones. Hoy existen tres puentes de la Amistad por encima del Mekong y aún está en construcción un cuarto.

Tres. India-Bután. Bután, país sin litoral, tiene facilidades para el manejo de sus aduanas en los puertos de la India, señala Guzmán. “Tiene la total jurisdicción sobre su carga desde que llega al puerto de India hasta que ingresa al territorio de Bután, cosa que no tiene Bolivia”.

India y Bután. Fuente: Tourist Townie.

Según el Tratado de 1904, Chile debe permitir la instalación de aduanas bolivianas en Arica y Antofagasta (en Iquique, otro puerto muy utilizado por Bolivia, no está incluido) y debe entregar las cargas de importación a las autoridades bolivianas apenas éstas son desembarcadas (Convención de 1937). “Sin embargo, las empresas privadas que administran los puertos de Arica y Antofagasta han usurpado funciones que según lo convenido le corresponden al agente aduanero boliviano. Las empresas privadas en esos puertos se hacen cargo del estibaje, el manipuleo y todas las faenas que se realizan en el puerto y no así la aduana boliviana, como dicen los acuerdos”, asevera el diplomático. Incluso, estas empresas efectúan el desconsolidado extraportuario de la carga bajo la justificación de categorías de carga inexistentes en otros puertos del mundo.

Bután, en cambio, tiene esa facultad de jurisdicción absoluta desde el momento en que llega su carga a algún puerto de India hasta que las ingresa a su territorio. Según el capitán de fragata Carlos González, en su texto Las facilidades con que cuenta Bolivia para acceder al mar, el caso de Bután es muy diferente a los demás casos de países mediterráneos. Depende principalmente de India, ya que su salida por China se ve imposibilitada por las características geológicas de la cordillera del Himalaya.

“Bután goza de libre tránsito por India. (...) El comercio en tránsito no es sometido a ningún trámite de aduana, impuestos o restricción comercial por parte de India, toda la carga es manejada por la Aduana Real de Bután en el mismo puerto, donde es desconsolidada y transportada en camiones pequeños, para lo cual cuenta con áreas de almacenamiento especialmente habilitadas”, sostiene González. Todos los puertos y pasos fronterizos habilitados entre los dos países cuentan con las mismas concesiones aduaneras.

Red de trenes promovida por Kenia, Fuente: The Economist. 2013

Cuatro. Kenia - Ruanda - Uganda -Burundi - Sudán del sur. Kenia está mejorado su red ferroviaria para que Ruanda, Uganda, Burundi y Sudán del sur, todos sin litoral, puedan sacar sus productos a ultramar. En 2014, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, inauguró el inicio de obras de la mayor infraestructura ferroviaria desde la independencia de su país del Reino Unido. Consiste el proyecto en una ambiciosa línea ferroviaria que unirá Kenia con Sudán del Sur, Uganda, Ruanda y Burundi.

Según datos noticiosos, la nueva red de ferrocarril cuesta alrededor de 10.000 millones de euros y se espera esté terminada en 2018. China financia el 90% del costo. El restante 10%, consistente en 1.000 millones de euros, fue asumido por Kenia. La línea de ferrocarril unificará el puerto de Mombasa (Kenia) con Uganda, Ruanda, Burundi y Sudán del Sur, todos sin acceso al mar.

Cinco. Argentina a Paraguay. También están las facilidades que da Argentina a Paraguay, según González. Este país le da libre tránsito terrestre y fluvial, no cobrando impuestos por la carga depositada en tránsito por 90 días. “En el puerto de Buenos Aires (Paraguay) cuenta con una zona para el transbordo de mercaderías de importación y exportación, un depósito franco destinado a recibir, almacenar y distribuir las mercancías de origen paraguayo y uso prioritario de un muelle”, escribe. Existe otro depósito franco paraguayo en puerto de Rosario; un ferrocarril de propiedad paraguaya entre el puerto fluvial de Encarnación (Paraguay) y el de Buenos Aires y entre éste y Asunción hay una carretera concesionada de 1.300 km, en buen estado.

SUIZA. Como se ve, la afirmación de Chile que dice que Bolivia es el país sin litoral más favorecido en su tránsito es falsa. Hay que repetir, además, que estos cinco países que favorecen, en buena vecindad, a los países mediterráneos con que colindan no son culpables de que no tengan litoral, como es el caso de Chile respecto de Bolivia. Por esto, también resulta fuera de lugar la constante comparación que hace Chile en relación a Bolivia y el caso de Suiza. ¿Por qué Suiza nunca se queja por no tener costa y por qué es un país que se ha desarrollado a pesar de ser mediterráneo?, reclama a Bolivia repetidas veces a través de diversas declaraciones.

Existen al menos tres grandes diferencias con el caso suizo, nota Guzmán: 1) Suiza está rodeada de países que nunca interrumpen su libre tránsito por huelgas o paros; 2) un aspecto aún más importante que el primero: Suiza tiene acceso a tres mares a través de tres ríos navegables, el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, a los que accede a través del Rin, el Danubio y el Rodán; Suiza puede comerciar con el mundo desde sus puertos fluviales y acceder al mar; 3) Suiza nunca tuvo mar, por tanto no puede reclamar ni exigir algo que nunca tuvo.

Víctor Hugo, el mendrugo

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Diremar realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada.  

Los hermanos Chávez en la primera fila de asientos del Paraninfo de la UMSA.

Hace unos días fui invitado a participar de un conversatorio sobre la demanda marítima boliviana, organizado por los estudiantes de derecho y ciencias políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Asistí con grandes expectativas no sólo porque la audiencia estaría compuesta por futuros abogados y ciéntistas políticos de nuestro medio, sino sobre todo porque compartiría la testera con expertos en la materia como Héctor Arce, Emerson Calderón, Karen Longaric y los hermanos Wilfredo y Víctor Hugo Chávez.


De acuerdo al horario establecido, llegué al lugar 10 minutos antes del evento y en ese momento los organizadores me informaron que Arce y Calderón se habían excusado y que los demás disertantes llegarían “un poco tarde”, por lo cual, yo debía iniciar el conversatorio. 

Dadas esas circunstancias imprevistas pero favorables, puesto que podía extenderme cuanto quisiera - y mejor si lo hacía, según los mismos organizadores -, desarrollé mi disertación tranquilamente, explayándome en los puntos que consideraba importantes y alargando las pausas discretamente. Una vez finalizada mi participación de casi media hora y en vista de que seguía siendo el único en la testera, abrí una ronda de preguntas. En eso, vi a un señor de cabello platinado y largas patillas ingresando despaciosamente por la puerta del público (no la de los disertantes). Era Don Wilfredo Chávez, quien se acomodó en la primera fila de asientos (no en la testera). Casi de inmediato llegó una presurosa Karen Longaric, que sin ningún complejo de inferioridad o superioridad, se situó en la testera, mientras yo contestaba las últimas preguntas desde el atril.

Seguidamente, la doctora Longaric tomó la palabra y luego de disculparse con el público por su retraso involuntario, desarrolló un interesante análisis sobre la demanda marítima boliviana, destacando las debilidades que podría tener el planteamiento de nuestro país. Casi 20 minutos después, cuando la disertante absolvía las preguntas de los estudiantes, llegó finalmente el mendrugo, Víctor Hugo Chávez Serrano. Lucía un saco holgado que lo hacía ver más flaco y una coqueta chapela (boina de gran vuelo) color caqui. Entró sin mucho apuro por la puerta de los disertantes y al verme solo en la testera, mientras Longaric terminaba su disertación desde el atril, hizo una extraña maniobra para ir a sentarse en la primera fila, junto a su hermano.

Pero antes de relatar lo que dijo Victor Hugo, vale la pena retroceder en el tiempo para explicar por qué lo de mendrugo. 

A finales de marzo de 2011, poco después de que Evo Morales anunciara por primera vez su intención de demandar a Chile para recuperar un acceso soberano al mar, el proyecto de demanda de los hermanos Chávez fue presentado por algunos medios de comunicación como el plan que habría estado siguiendo el Gobierno boliviano para acudir a tribunales internacionales. Se trataba básicamente de exigir la devolución de los territorios que hoy conforman la región chilena de Antofagasta, situados entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur y de todas las islas e islotes del mar territorial adyacente, porque supuestamente, Bolivia nunca le había cedido a Chile esos terrenos.   

Semejante disparate, que al parecer sí fue considerado por el gobierno nacional en un principio, nos exponía a sufrir una dura derrota jurídica frente a Chile y nos hacía prever un enorme retroceso en nuestro camino hacia el mar, tal vez irreversible. Ante ese peligro inminente, intenté prevenir al país del grave error en un artículo que criticaba duramente a la demanda de los Chávez, aun cuando sabía que mi cargo de Agregado Comercial de la Embajada de Bolivia en Venezuela corría peligro. Creía firmemente, como todavía lo hago, que más valía asumir las consecuencias de mis actos, como al final lo hice, que quedarme de brazos cruzados cuando la concreción de uno de los objetivos más importantes de nuestro país parecía estar en peligro.

El artículo explicaba que si bien los territorios comprendidos entre los paralelos 24º y 23º de latitud sur no están mencionados en el Tratado de 1904, Bolivia los cedió después, mediante el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, que no conocían los hermanos Chávez, y que aclara que dichos territorios también quedaban reconocidos por nuestro país como chilenos. Por ese motivo, y por otros de mayor detalle pero de menor relevancia frente al argumento descrito, concluía que “la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por viveza criolla”.

En los meses que siguieron, DIREMAR realizó un estudio serio y responsable sobre los argumentos que podría utilizar Bolivia para demandar a Chile, en el cual, la demanda de los Chávez no produjo más que una fuerte carcajada. 

Pero retomado el relato de lo ocurrido en el conversatorio de la UMSA, el mendrugo inició su disertación saludando respetuosamente a quienes estábamos en la testera pero no ofreció excusas a la audiencia por su demora. Criticó durante a la demanda presentada finalmente por el gobierno de Evo Morales, apelando a la ironía y a la exacerbación de los nacionalismos, es decir, un discurso al estilo de Donald Trump, pero sin muchos adeptos.   

Luego, inesperadamente, Víctor Hugo se permitió decir algo como: “el señor Guzmán, que tanto nos ha criticado, debe saber que el Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904 no es válida ni obligatoria, porque no fue promulgada como ley de la República en 1905 junto al Tratado de 1904, por tanto ¡no es válida!”. Y después, complementó su idea preguntando: “¿por qué Chile ocupa más territorio del que Bolivia le cedió?”.

Apenas concluyó cogió rápidamente su chapela para marcharse, y en ese momento tomé el micrófono y le pedí a don Víctor Hugo, delante de toda la audiencia, que no se vaya pues quería responder a sus comentarios ya que él me había aludido personalmente. Pero reaccionó contrariamente, dijo “tengo otro compromiso” y se marchó a pesar de que insistí y le aseguré que mi respuesta sería corta. Don Wilfredo se paró y salió en defensa de su hermano, asegurando que él se quedaría a escuchar y responder lo que yo tenía que decir.

No era la primera vez que Víctor Hugo evitaba debatir conmigo, el 12 de junio de 2013, cuando ambos fuimos invitados al programa de televisión “Que No Me Pierda”, él decidió no asistir; y al día siguiente del conversatorio, el 23 de marzo de 2016, el mendrugo tampoco se presentó en el programa “Nunca es Tarde” de Radio Compañera, en el que teníamos que ser entrevistados conjuntamente.   

En mi respuesta ante el auditorio de la UMSA, lamenté que Don Víctor Hugo hubiese llegado tarde porque no alcanzó a escuchar mi explicación sobre la forma cómo se habían escogido los argumentos jurídicos para demandar a Chile, y aclaré que la no promulgación de un acuerdo internacional, no lo invalida cuando existe al menos una manifestación de consentimiento reconocida por el derecho internacional, en el caso del Acta Protocolizada de 1904, Bolivia manifestó su consentimiento mediante la firma, la aprobación congresal y el canje de ratificaciones. Pero aun cuando no fuera así - me permití clarificar -, el hecho de que Bolivia nunca haya reclamado esos territorios durante más de 100 años, representa un reconocimiento tácito al dominio de Chile sobre los mismos.

Además que para llegar a la instancia que él plantea, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, es necesario acordar con Chile los asuntos que se deben someter al arbitraje, lo cual es tanto o más difícil que negociar con ese país una solución definitiva a este tema. 

Finalmente, por las reacciones que percibí en la audiencia y por los comentarios que hicieron algunos de los presentes, me dio la impresión que mi postura tuvo mayor aceptación que la del mendrugo, con quien, a pesar de los desplantes, aun estaría dispuesto debatir.

Entrevistas sobre la decisión de demandar a Chile por el Silala

Después del anuncio que hizo el presidente Evo Morales, sobre la posibilidad de demandar a Chile por el uso ilegal de las aguas del Silala, algunos medios de comunicación hicieron análisis sobre la factibilidad de iniciar un nuevo proceso judicial contra el país del Mapocho y sobre sus consecuencias. A continuación dos de esos programas televisivos en los que intervino Andrés Guzmán Escobari:

En Hola País, con Dianara Unzueta (31/03/2016).

 

En El Pentágono de Televisión Universitaria, con Mario Espinosa, Gonzalo Mendieta, Raúl Peñaranda y Marcelo Arrequipa (03/04/2016).

 

Entrevistas por el día del mar

A tiempo de conmemorar los 137 años de la defensa de Calama, el 23 de marzo de 2016, el Presidente Evo Morales anunció que había instruido a DIREMAR la realización de estudios sobre alternativas jurídicas para asumir la defensa de las aguas del Silala.

Al respecto, aquí las intervenciones de Andrés Guzmán Escobari en la televisión nacional antes y después del discurso presidencial por el día del mar.

En Hola País de PAT, con Dianara Unzueta

 

 

En  La Verdad nos Hace Libres de xtotv, con Toto Salcedo.

 

 

En Último Round de Abya Yala TV, con Gabriela Alcón y Julio Peñaloza.

 

 

En QNMP de Red Uno, con César Galindo

 

La Contramemoria de Chile ante la CIJ

Las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano, no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado por Cambio (Especial Defensores del Mar)

La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el Estado Plurinacional de Bolivia contra la de República de Chile el 24 de abril de 2013, fue admitida y notificada al Estado demandado seis días después. Seguidamente, el 17 de abril de 2014, Bolivia entregó su Memoria y 90 días más tarde, el 15 de julio, Chile objetó la competencia de la Corte de manera preliminar. Ese incidente dilató el proceso cerca de 14 meses, hasta el 25 de septiembre de 2015, cuando el principal órgano judicial de las Naciones Unidas rechazó la objeción preliminar chilena por 14 votos a favor de 16 posibles. Ahora Chile debe presentar su Contramemoria y puede hacerlo hasta el 25 de julio de 2016, cuando fenezca el plazo establecido por la CIJ. Por tal motivo, resulta oportuno reflexionar en el entretanto sobre los posibles argumentos que usará la defensa chilena en ese documento.

Al respecto, la revista chilena “Qué Pasa” publicó un artículo intitulado: “La historia, la clave para enfrentar demanda boliviana”, que, con el fin de identificar los posibles argumentos de la Contramemoria chilena, comenta los “errores e impresiones” que, según la interpretación de “algunos investigadores chilenos consultados”, contienen el discurso de Evo Morales y El libro del Mar.   

En primer lugar, el artículo se refiere al arbitraje que, según lo acordado por ambos países en 1875, se tenía que aplicar para resolver los asuntos concernientes a la inteligencia y ejecución del Tratado de 6 de agosto de 1874. De acuerdo a la referida publicación, el discurso de Evo Morales no considera que Chile ofreció aplicar el arbitraje antes de “ocupar” Antofagasta. Pero ese arbitraje nunca se realizó porque antes de llegar a un acuerdo sobre su ejecución (el representante chileno en La Paz, Pedro Nolasco Videla, ofreció realizar el arbitraje por última vez el 8 de febrero de 1879, mediante un ultimátum que le daba a Bolivia un plazo perentorio de 48 horas para responder, y a los 4 días, es decir, antes de que la respuesta a ese ultimátum pudiese haber llegado a Santiago, los barcos chilenos Cochrane y O’Higgins zarparon del puerto de Caldera para invadir Bolivia, ¡la decisión ya había sido tomada!), Chile invadió el puerto boliviano de Antofagasta, el 14 de febrero de 1879.

Luego el autor del artículo intenta asociar el hecho de que la mayoría de los accionistas de la empresa de Salitres de Antofagasta eran chilenos (70% aproximadamente), con una supuesta “violación” de parte de Bolivia al Tratado de 1874. Pero el presunto incumplimiento del tratado – no pudo haber sido una violación en ningún caso -, si es que lo hubo, no es un justificativo válido para desconocer la vigencia de un acuerdo internacional e iniciar una guerra. No lo era entonces y tampoco lo es hoy.

Respecto a la mayor proporción de chilenos accionistas en la empresa de Salitres de Antofagasta, en relación a los ingleses que también eran accionistas, hay que tener en cuenta que no eran chilenos cualesquiera, sino que algunos de ellos eran Ministros del Gobierno de Aníbal Pinto (Cornelio Saavedra Rodríguez era Ministro de Guerra y Julio Zegers Samaniego era Ministro de Hacienda). Lo cual confirma que los intereses oligárquicos anglo-chilenos jugaron un rol preponderante en el estallido de la guerra del Pacífico, aunque la narrativa oficial del país del Mapocho no lo reconozca.

Seguidamente, al referirse al rol de Diego Portales, el autor le atribuye a ese obscuro personaje, el haber propiciado “la suscripción del Tratado de paz entre Bolivia y el Perú”, después de que el proyecto confederativo del Mariscal Andrés Santa Cruz fracasara, precisamente porque Chile y los opositores bolivianos y peruanos de entonces, se levantaron en armas contra el gobierno confederado de Bolivia y Perú, al mando de Santa Cruz. Al ser absolutamente falso que Portales haya participado en la “pacificación” que siguió a la desintegración de la Confederación Perú – Boliviana, entre otras cosas por estar muerto para entonces (era 1839 y Portales había sido asesinado en 1837), no cabe hacer más aclaraciones.

Después el autor comenta una declaración de Evo Morales sobre la autorización que la Asamblea Legislativa de Bolivia le dio al poder Ejecutivo en 1863, para declarar la guerra a Chile, “siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere reivindicación del territorio usurpado ó una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”. Pero más allá de las precisiones que hace el artículo sobre la fecha (el decreto es de 5 de junio y no de 5 de julio como supuestamente dijo Morales) y la semántica empleada (fue autorización y no recomendación), el hecho demuestra, que ya en 1863, Chile tenía propósitos expansionistas.

Luego, para afirmar que el Tratado de 1904 no fue impuesto por Chile, el autor recurre a la opinión de la historiadora chilena Valentina Verbal, quien, curiosamente, sostiene que historiadores bolivianos como Roberto Querejazu y Carlos Mesa, “reconocen que no fue imposición”. Sin embargo, cuando uno revisa los libros Guano, Salitre, Sangre (1979) del primero o Historia de Bolivia (2003) del segundo, evidencia que si bien ninguno de los dos autores afirma que Chile amenazó militarmente a Bolivia en 1904, sí destacan que la situación del país en ese momento era muy complicada. Nos encontrábamos debilitados militarmente después de la Guerra del Acre con Brasil (1899, 1902-1903), teníamos la urgencia de definir nuestras fronteras con los otros 4 vecinos, con quienes teníamos serias discrepancias sobre los límites (principalmente con Paraguay) y teníamos a Chile, presionando económicamente, mediante el régimen comercial impuesto bajo la amenaza del uso de la fuerza en 1884, mediante el Pacto de Tregua (artículo 6), conocido como “el dogal aduanero”. Por tanto, si bien no hubo amenaza de una nueva invasión chilena en esa ocasión, sí influyeron otros factores que no le permitieron a Bolivia suscribir ese tratado libre y espontáneamente. Factores de los cuales, el vencedor de la guerra del Pacífico se valió para legitimar su dominio sobre los territorios que había ocupado en la contienda.   

Finalmente, en referencia a los argumentos jurídicos, el artículo afirma que los ofrecimientos que hizo Chile de darle a Bolivia una salida soberana al mar, “no son fuente de derecho ni menos de obligación” porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor”. Sin embargo, las manifestaciones unilaterales que hizo el país del Mapocho en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado (que solo son obligatorias cuando se cumple al menos una de las manifestación de consentimiento: firma, canje de ratificaciones, aceptación, aprobación o adhesión), sino que dichas manifestaciones se convierten en obligatorias cuando se cumplen los dos siguientes requisitos: 1) haber sido expresadas por representantes autorizados del Estado (Presidentes, Cancilleres, Embajadores o Ministros plenipotenciarios) y 2) haber sido emitidas de manera formal, con el propósito de quedar obligado a cumplir el acto específico que mediante esa manifestación se prometió, reconoció o renunció. Por tanto, por más de que no existan acuerdos ratificados por ambos congresos y en vigor actualmente, el Estado chileno adquirió una obligación jurídica no convencional que consiste en negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a Bolivia su cualidad marítima.        

Por todo lo dicho, sin ánimo de subestimar los argumentos de nuestro adversario en el juicio ni de pecar de triunfalista anticipadamente, no parecen existir argumentos sólidos que Santiago pueda utilizar para refutar lo presentado por nuestro país, que, como es sabido, se fundamenta en los hechos históricos que revelan que Chile se comprometió y prometió formalmente negociar un acceso soberano al mar para Bolivia y, jurídicamente, se apoya en los Actos Unilaterales de los Estados y en el derecho de los tratados.     

Guerra sucia en las redes sociales

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete
No debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia, dice el autor.

Tras conocer el resultado final del último referéndum que le dio la victoria a las fuerzas de la oposición, el presidente Evo Morales identificó a la guerra sucia y a las redes sociales  como los dos principales causantes de su derrota. Por lo cual, propuso evaluar la regulación de las redes sociales porque, según sus propias palabras, "están haciendo mucho daño a la democracia y a Bolivia” y  son "como un recolector de basura”. 

No obstante, si bien no podríamos oponernos a una regulación que garantice la libertad de expresión por un lado y el derecho a no ser discriminado, injuriado o calumniado por el otro; es preciso tener en cuenta que Bolivia no es ni el primer ni el único país que ha vivido una etapa electoral exacerbada por acusaciones infundadas, insultos desmedidos y ataques de la más extravagante y sarcástica naturaleza, difundidos todos ellos a través de las redes sociales. 

En Estados Unidos, por ejemplo, las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla de los equipos de campaña de quienes hoy están en carrera hacia la Casa Blanca y en muchos casos las publicaciones de esos equipos de campaña y de los activistas del ciberespacio han sido tanto o más irrespetuosas y deleznables de las que hemos visto en nuestro medio.´

Efectivamente, The black Child, una cuenta de YouTube que apoya subrepticiamente a Donald Trump, ha publicado un vídeo que siguiendo rumores creados desde otras plataformas virtuales acusa a Marco Rubio, otro candidato republicano de la contienda electoral, de tener una adicción por ciertas drogas. En esa publicación se puede ver a Rubio ingiriendo lo que parece ser una pastilla, con imágenes y comentarios que inducen a creer que se trata de anfetaminas (speed). Esa escena, que se produce en pleno debate televisado con los demás candidatos republicanos, es complementada luego con pasajes de ese y otros debates televisados, en los que Trump se burla de un supuesto nerviosismo del candidato de origen cubano y de su abundante transpiración. 

Retrato no autorizado de Donald Trump

En respuesta, el senador de Florida, apodado  pequeño Marco  por Trump, ha puesto en cuestión el tamaño de las manos del magnate neoyorquino, aduciendo que son muy pequeñas en relación a su estatura. "Él [Trump] siempre me llama pequeño Marco, y lo admito, es más alto que yo. Él es 6’2 (1,88 m), y por eso no entiendo por qué sus manos son del tamaño de alguien de 5’2 (1,58 m)”, afirmó Rubio en una entrevista a CNN para luego señalar: "Y ya saben lo que dicen sobre los hombres de manos pequeñas, no puedes confiar en ellos”. Lo cual se suma al polémico retrato no autorizado de Trump, que lo muestra desnudo y con una anatomía genital notoriamente diminuta. Dicho retrato, que fue viralizado en Twitter por su autora, la artista feminista Illma Gore [@illmagore], ha sido reproducido de varias formas en las redes sociales y también en camisetas, llaveros, banderas y demás souvenires por quienes no quieren al controvertido magnate como presidente. 

Otro caso que generó tendencia en las redes sociales fue la caricatura publicada por el Washington Post en la que Ted Cruz, el otro candidato republicano de origen cubano, sale vestido de Papá Noel (Santa Claus), tocando un organillo y haciendo bailar a dos pequeños monos danzarines, que representan en realidad a sus dos pequeñas hijas de cuatro y siete años de edad. La caricatura es una parodia de un corto de televisión navideño, en el que se puede ver a Cruz sentando en un sofá junto a su esposa e hijas, leyendo "cuentos navideños”, que hacen referencia al presidente Obama y a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Lo cual, como era de esperar, provocó la indignación del candidato aludido y de muchos internautas que no midieron sus palabras para despotricar contra la autora de la caricatura [@AnnTelnaes] y exigir que no se incluya a los niños en la guerra sucia. A manera de réplica, Cruz publicó en su Twitter [@tedcruz] una caricatura en la que Hillary Clinton aparece con dos perros bien amaestrados, y a los cuales ella controla, que representan al Washington Post y al New York Times.

  

Caricatura que retrata a Ted Cruz y a sus dos pequeñas hijas

Por el lado de los demócratas, a pesar de que también hubo publicaciones de mal gusto en las redes sociales, como las que discriminan a Bernie Sanders (de 74 años) por su avanzada edad y las que le recuerdan a Hillary Clinton las infidelidades de su esposo; los ataques se concentraron principalmente en las propuestas para modificar el actual sistema de salud. En efecto, Chelsea Clinton, en apoyo a la campaña de su madre, que ya había cuestionado la propuesta de un solo seguro de salud universal de Sanders, acusó al experimentado candidato socialista de querer "desmantelar” el sistema que tanto le costó instaurar al presidente Obama (Obamacare), y despojar así, "a millones y millones de personas de su seguro de salud”. 

En la réplica, Sanders desmintió esos propósitos y publicó una foto de 1993 en su Facebook  y Twitter [@BernieSanders], que contiene una dedicatoria firmada por Hillary Rodham Clinton y que señala textualmente: "Para Bernie Sanders con gratitud por tu compromiso con el real acceso al cuidado de la salud para todos los americanos…”. Publicación que causó un fuerte impacto en las encuestas de votación y en los resultados de las asambleas primarias, que acortaron notoriamente la diferencia entre ambos candidatos, que actualmente ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, para representar al partido demócrata en las elecciones generales. 

Caricatura publicada por Ted Cruz que retrata a Hillary Clinton 

Por tanto, no debemos creer que solo en Bolivia utilizamos las redes sociales para hacer política con guerra sucia. En países tan avanzados y modernos como Estados Unidos también ocurre algo igual o peor, y nadie está pensando en regular las plataformas virtuales de manera restrictiva, las cuales, si bien han servido para distorsionar la verdad en algunos casos y difamar a ciertas personas injustamente, también han permitido consolidar la democracia a través del contraste sano de ideas y de la posibilidad que por primera vez han tenido muchos ciudadanos de expresar sus opiniones en público.   

En ese sentido, los esfuerzos del gobierno nacional no deberían centrarse en la regulación de las redes sociales tal como las conocemos actualmente, sino más bien en fomentar su utilización sana, transparente y constructiva, con el ejemplo del Presidente y Vicepresidente, que sería bueno tenerlos en Twitter, Facebook, etc. (García Linera tiene una cuenta de Facebook pero no es operada por él), interactuando con el pueblo y defendiendo sus ideas, tal como lo hacen la mayoría de los actuales mandatarios en el mundo; para seguir fortaleciendo la democracia participativa y para proyectar ante el mundo la imagen de un país moderno y dispuesto a integrarse a las nuevas corrientes de la comunicación.

Legalismo chileno frente al Pacto de Bogotá

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Pagina Siete

De los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado demandarlo nuevamente por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países. 

 

El legalismo chileno o legalist chilensis en latín, es un concepto que define esa conducta tan arraigada y característica de nuestros vecinos del sudoeste que se someten y respetan las leyes y las instituciones con una naturalidad verdaderamente notable. Una forma de comportamiento social sin parangón en la región latinoamericana que les ha permitido a los chilenos lograr avances significativos en términos económicos, sociales e institucionales. Se trata de una identidad nacional legalista que no sólo muestra una conducta social positiva, similar a las que tienen las sociedades del "primer mundo”, sino que también es utilizada políticamente por las élites gobernantes de Chile para mostrar a un país serio y respetuoso del sistema internacional, cuando en realidad no lo es.  

En efecto, el discurso del respeto al derecho internacional y de la "intangibilidad” de los tratados, que tanto esgrimen las autoridades de La Moneda y que tan bien conocemos bolivianos y peruanos, es un reflejo de esa identidad legalista chilena (Lizama, Natalia. El constructivismo como una nueva perspectiva para analizar las relaciones entre estados: el caso de la crisis del gas entre Bolivia y Chile. 2013. Universidad de Talca: 95). Un discurso que guarda una innegable coherencia con la conducta social que aquí comentamos, pero que choca con la realidad porque Chile no cumple ni ha cumplido varios de sus compromisos internacionales (Pacto de Paucarpata de 1837, Tratado de Ancón de 1883, Tratado de Paz y Amistad de 1904 y varios compromisos formales de darle a Bolivia una salida soberana al mar, entre otros) y porque según el Derecho Internacional los tratados no son "intangibles”, sino que se pueden modificar con el acuerdo de las partes.  

Al respecto, el profesor holandés  Gerald Van Der Ree (Chile’s (Inter)national Identities: Framing the Relations with Bolivia and Peru. 2010. Utrecht University: 215), señala que la identidad legalista chilena viene de los tiempos de la Colonia, cuando la Capitanía General de Chile recibió a una importante masa de inmigración europea. Posteriormente, el legalismo chileno se mantuvo durante la República gracias a la estabilidad política e institucional que por la razón o la fuerza garantizaron o impusieron los gobiernos democráticos y dictatoriales de La Moneda. El acatamiento a las autoridades y al orden establecido marcó la sucesión relativamente ordenada y periódica de los gobiernos de Santiago y se convirtió así en un rasgo distintivo de la sociedad chilena que hasta el día 

de hoy se mantiene, principalmente en relación con  Bolivia y Perú.

No obstante, según Van Der Ree (2010: 216), si bien la identidad legalista chilena ha favorecido al mantenimiento del Estado de derecho y al funcionamiento del sistema nacional,  también ha dañado y complicado las relaciones de Santiago con sus vecinos del norte, que no son tan respetuosos de las instituciones ni de las leyes y que desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884), mantienen serias disputas territoriales con el país del Mapocho. En respuesta a esos reclamos, Chile aplicó una estrategia basada en su identidad legalista que arguye la existencia de tratados de límites vigentes, y que se presenta a sí mismo como un actor más que político, legalista. Paradójicamente, señala el analista holandés, esa postura les ha dado a bolivianos y peruanos la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para sus reclamos: "En lugar de insistir infructuosamente en la naturaleza política y bilateral de sus demandas, ambos han empezado a seguir una estrategia legalista. Haciendo uso de las instituciones internacionales y presentando sus asuntos como problemas legales y no políticos”. De esa manera, concluye casi proféticamente Van Der Ree (2010: 217), Bolivia y Perú "pueden vencer a Chile en su propio juego”.

Esta realidad, por la cual Chile adoptó una política reactiva frente a sus adversarios en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha sido reconocida por algunos analistas chilenos que han criticado duramente la "esclavitud jurídica” que mantiene la diplomacia chilena y que han exigido un cambio de estrategia. Es el caso del periodista y exdiplomático José Rodríguez Elizondo (Un caso de diplomacia Secuestrada. 2015. Revista Tribuna Internacional: 95), quien escribió sobre la dificultad que tradicionalmente han tenido los diplomáticos chilenos para ejercer su creatividad en negociaciones que no sean comerciales, precisamente porque la "ideología legalista chilena” amparada en la "intangibilidad de los tratados” causa "innegociabilidad”.   

Así, el retiro de Chile del Pacto de Bogotá, que en el último tiempo se ha debatido álgidamente en los foros de discusión política del vecino país, no resulta tan incomprensible o disparatado, aunque sí contradictorio e incoherente con la tradicional narrativa chilena del respeto a los tratados internacionales y con la misma identidad legalista chilena. No obstante de ser así, es decir, si Chile decide retirarse del Pacto de Bogotá como lo hizo Colombia hace unos años, el país del Mapocho se expondría a recibir nuevas demandas durante el año de plazo que debe transcurrir entre la denuncia 

del Pacto y el cese de sus efectos para el Estado denunciante (Artículo LVI).   

En tales circunstancias, de los tres vecinos de Chile, Bolivia sería el país más llamado a presentar nuevas demandas por la considerable cantidad de temas pendientes que existen entre ambos países (Silala, Lauca, Caquena, paralización del Tren Arica – La Paz, desminado, cumplimiento del libre tránsito, entre otros), que el Gobierno boliviano podría y debería llevar a la CIJ para no desaprovechar la oportunidad de resolverlos en esa instancia. En otras palabras, no podríamos esperar el retiro de Chile del Pacto de Bogotá sin antes presentar al menos una demanda más en su contra, tal como ocurrió cuando Colombia denunció el Pacto y fue demandado por Nicaragua con dos demandas más.   

Por lo tanto, para no contradecir su tradición legalista que tan buenos resultados le ha dado en otros ámbitos, Chile debería adoptar una política más amigable con sus vecinos del norte.  Una política que en lugar de negar la existencia de problemas pendientes, los encare con valentía y con la verdadera intención de resolverlos (buena fe). La negociación, que es el camino alternativo a la judicialización, y a la cual Santiago ha rehuido a partir de noviembre de 2010, no supone la capitulación ni la humillación de una de las partes, sino más bien el beneficio de todos los participantes mediante un arreglo civilizado e inteligente que podría resolver los problemas que nos dividen. En ese sentido, no es necesario denunciar ningún tratado ni convertirse en un paria del Derecho Internacional; lo que hace falta es voluntad de diálogo, buena fe y mucha creatividad para alcanzar acuerdos que nos permitan mirar al futuro como países amigos y no como enemigos que alguna vez fuimos, y todo ello se podría lograr sin dejar de lado lo bueno que tiene el legalismo chileno.

Obligación chilena de negociar de buena fe

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado por Cambio (Especial: Bolivia nació con mar).

Son tantas las veces que el Estado chileno se comprometió a negociar un acceso soberano al mar, que es poco probable que la Corte falle que Chile no tiene obligación de negociar. 

Los jueces de la CIJ al momento de emitir su fallo sobre la objeción preliminar chilena.

La buena fe y la obligación de negociar son los dos principales fundamentos jurídicos de la demanda que Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para recuperar una salida soberana al mar, ya que dicha demanda solicita que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso soberano al Océano Pacífico (Obligación de Negociar Acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile. 2013. Aplicación. p. 7).  

La buena fe es uno de los principios generales más básicos y esenciales del Derecho Internacional. Según la CIJ, es un principio que “obliga a las partes a aplicarlo en forma razonable y de tal manera que su propósito se pueda realizar” (Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros. Hungría v. Eslovaquia. 1997. CIJ. p. 79) y también reconoce que “uno de los principios básicos que rigen la creación y el cumplimiento de las obligaciones legales, sea cual sea su origen, es el principio de la buena fe” (Ensayos Nucleares. Australia y Nueva Zelanda v. Francia. 1974. CIJ. Pág. 268).

La obligación de negociar, por otra parte, es una noción jurídica menos desarrollada y por tanto, menos entendida. No obstante, existen algunos casos en los que la CIJ dictaminó que la obligación de negociar debe aplicarse de buena fe. Como la disputa Nicaragua v. Honduras, en el cual, la Corte determinó que “las partes deben negociar de buena fe con vistas a acordar el trazado de la línea de delimitación…” (Diferendo territorial y marítimo en el mar Caribe. Nicaragua v. Honduras. 2007. CIJ, p. 763), o el caso Hungría v. Eslovaquia, en el que la Corte falló que las partes “deben negociar de buena fe teniendo en cuenta la situación existente y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el logro de los objetivos del Tratado de 16 de septiembre de 1977” (Ibíd. 1997, p. 79). En este último caso, el Tribunal también dictaminó que “las partes tienen la obligación jurídica, durante las negociaciones que han de celebrar en virtud del artículo 5 del acuerdo especial, de considerar, en el contexto del Tratado de 1977, en qué medida pueden cumplirse del mejor modo posible los múltiples objetivos del Tratado, teniendo en cuenta que deben cumplirse todos ellos” (Ibíd. 1997, p. 82).

Por tanto, más allá de que efectivamente la Corte no puede predeterminar el resultado de una eventual negociación (Bolivia v. Chile. 2015. Fallo CIJ sobre objeción preliminar, par. 33), cualquier fallo que determine una obligación de negociar, debe ser cumplido de buena fe, es decir, honrando y respetando lo acordado, ofrecido y/o promedito en relación al objeto de la disputa. Al respecto, cabe recordar que según el fallo de la CIJ sobre la objeción preliminar chilena, el objeto de la disputa consta de dos partes: “1) si Chile está obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al mar, y 2) si Chile ha incumplido esa obligación” (Ibíd. 2015, par. 32).

Ahora bien, considerando que la carga de la prueba recae en el Estado demandante, Bolivia deberá probar que Chile adquirió dicha obligación de negociar y que luego no la cumplió. Lo cual, aunque parezca un exceso de confianza decirlo, no resultará tan difícil.

En efecto, en primer lugar, son tantas las veces que el Estado chileno ofreció, prometió o se comprometió a negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, que es poco probable que la Corte falle que Chile no tiene obligación de negociar.

Después de suscribir el Tratado de 1904, Chile ofreció negociaciones a Bolivia para darle una salida soberana al mar en 1920, mediante el Acta suscrita por su Ministro en La Paz, Emilio Bello; en 1921, a través de las declaraciones su Delegado ante la Liga de las Naciones, Agustín Edwards; en 1923, mediante las cartas que su Canciller, Luis Izquierdo, remitió al Ministro boliviano Jaimes Freyre; en 1950, a través de la nota que su Ministro de exteriores, Horacio Walker, envió al Embajador boliviano, Alberto Ostria; en 1961, mediante el Memorándum de su Embajador en Bolivia, Manuel Trucco, a la Cancillería paceña; en 1975, a través del Acta firmada por su presidente, Augusto Pinochet, y el presidente boliviano, Hugo Banzer, en Charaña; y ese mismo año, a través de la nota de su Canciller, Patricio Carvajal, al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez. Asimismo, en 1926, el Canciller chileno Beltrán Mathieu declaró en una Circular a todas sus legaciones en el extranjero: “aceptamos sacrificar en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica”; ese mismo año, el Canciller Jorge Matte, accedió a considerar la Propuesta Kellogg que sugería transferir a Bolivia las provincias de Tacna y Arica; en 1983, Chile votó a favor de la Resolución 686 de la OEA, que exhorta a los dos países a iniciar un proceso de acercamiento “…que haga posible dar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico…”; y en 2006, el gobierno de Michel Bachelet aceptó incluir en la Agenda bilateral de negociaciones el tema marítimo.

El equipo de Bolivia en el Palacio de La Paz durante la presentación de los alegatos orales por la objeción preliminar chilena.  

En cuanto al cumplimiento de la obligación de negociar, también es posible demostrar que no hubo buena fe de parte Chile. Al respecto, si bien no alcanzaremos a referirnos a todas las ocasiones citadas por falta de espacio, sí podemos mencionar a una de ellas, la negociación de Charaña, que fue la más importante del siglo XX. En aquella ocasión, además de que el fracaso de las conversaciones se produjo principalmente porque Chile rechazó de plano la contrapropuesta del Perú, y le endosó a nuestro gobierno la responsabilidad de obtener el asentimiento peruano para la cesión de territorios ariqueños de acuerdo al Protocolo Complementario de 1929; se evidencia que no hubo buena fe de parte de Chile porque luego de ofrecer un corredor al norte de Arica a Bolivia, a cambio de ingentes compensaciones territoriales (por tierra y mar de 200 millas marinas); exigió a nuestro gobierno que defina los territorios de canje sin haber recabado el acuerdo previo del Perú, tal como establece el citado Protocolo de 1929.

En otras palabras, Chile ofrecía un corredor y quería conocer qué territorios incorporaría a su dominio (incluso solicitó inspeccionarlos); sin tener los títulos saneados para realizar tal transacción…

En conclusión, nos encontramos al inicio de un proceso judicial que nuestro país puede ganar sin mayores sobresaltos si todo se hace bien, como hasta ahora, y en ese caso, Chile se verá obligado a negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia.