Lo que significa no tener salida al mar

El debate sobre la mediterraneidad y el desarrollo de Bolivia no estaría completo si no consideramos al menos algunas estadísticas, estudios e indicadores económicos, además de los citados por Ayo, que nos ayudarán a entender lo que significa no tener salida al mar.

Publicado en Brujula Digital el 20/02/2024

En los últimos días, el politólogo boliviano Diego Ayo y la historiadora chilena Loreto Correa protagonizaron un interesante debate en Brújula Digital sobre las razones por las que Chile es más rico que Bolivia y los efectos de la mediterraneidad en el desarrollo económico boliviano. De acuerdo con Ayo, Chile tiene mayor riqueza que Bolivia debido a la mediterraneidad, lo que –según su parecer– se evidencia en el hecho de que la brecha de la riqueza entre uno y otro país es cada vez más amplia. Por otro lado, según Correa, el problema de Bolivia son las excusas, la ausencia de pragmatismo, la inexistencia de una voluntad colectiva de progreso, la falta de institucionalidad y Estado de derecho y lo que es más evidente, que Bolivia “no se hace cargo de una visión de largo plazo que busque su inserción en el mundo occidental, donde precisamente se localiza (?)”. En definitiva, según la historiadora chilena, “La mediterraneidad de Bolivia es mental”.

Se trata pues de un debate entre dos narrativas contrapuestas que se expresan una vez más, como muchas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, con un discurso victimista del lado boliviano y un aire de superioridad del lado chileno, que obviamente no contribuyen al entendimiento. Sin embargo, dado que se trata de un tema primordialmente económico, el debate no estaría completo si no consideramos al menos algunas estadísticas, estudios e indicadores económicos, además de los citados por Ayo, que nos ayudarán a entender lo que significa no tener salida al mar.

Primero, es necesario señalar que según la UNCTAD (2024), de los 32 países en desarrollo sin litoral (PDSL) que existen en el mundo, 17 son parte de los países menos adelantados (PMA). Dicho de otra manera, más de la mitad de los países mediterráneos están entre los más pobres del planeta. Además, según el Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo (2022), nueve de los 12 países con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) son países sin litoral. Es decir, el 75% de los países menos desarrollados del mundo no tienen acceso al mar.

Cabe aclarar que Bolivia no es parte ni de los 18 más pobres ni de los nueve menos desarrollados, sino que según el Banco Mundial (2022) y el PNUD (2020) estamos entre los países los países en desarrollo sin litoral de pobreza moderada (39%) e IDH medio (0,692), pero obviamente mucho más abajo que Chile, que es un país de tránsito con menos pobreza (10%) y un IDH muy alto (0,855).

Además, desde que se comenzó a medir el IDH en 1990, los cinco países menos desarrollados de la lista siempre han sido países sin litoral. En efecto, en todos los rankings del IDH, los últimos cinco puestos siempre han estado dominados por Níger, Ruanda, Sudán del Sur, Chad, República Centroafricana, Burundi y Mali, que carecen de una salida al mar.

Aunque el interés de las Naciones Unidas por el tema surgió a finales de la década de 1940 y alcanzó su primer gran avance en 1965 con la adopción de Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Países sin Litoral, el primer estudio serio y concienzudo se publicó recién en 1997, bajo el título “The Challenges Facing Landlocked Developing Countries”. Un análisis descriptivo de 42 páginas que el exvicecanciller Jorge Gumucio llamaba “el paper de Sachs”, debido a que uno de sus autores es el recocido economista estadounidense Jeffrey Sachs. 

Este importante documento que también fue elaborado por Faye, Mcarthur y Snow concluye que el principal problema de los países sin litoral es la dependencia que se genera de los países de tránsito, la cual se puede clasificar en cuatro categorías: dependencia de la infraestructura, dependencia de relaciones políticas, dependencia de la paz y la estabilidad de los vecinos y dependencia de las prácticas administrativas.

En 1998, el mismo Sachs, junto a Gallup y Mellinger, publicaron otro estudio realizado con datos de panel de 150 países, entre 1965 y 1990, el cual reveló que los países mediterráneos incurren en un costo adicional del 11% con respecto a los países de tránsito y tienen un crecimiento económico 0,7% más bajo. 

A partir de ahí se publicaron las siguientes investigaciones:

El año 2000, MacKellar, Woergoetter y Woerz editaron “Economic Development Problems of Landlocked Countries” mediante el cual demostraron que los países sin litoral crecieron 1,5% menos que los países costeros entre 1980 y 1996.

El 2001, Limão y Venables dieron a conocer la teoría “Distance melts” que se refiere a que los costos del transporte marítimo se van reduciendo con el paso del tiempo, lo que no ocurre con los costos del transporte terrestre, que en esos momentos eran siete veces mayores que los marítimos y que hoy son aproximadamente nueve veces más. Una de las razones es que en el mar no hay que cruzar fronteras donde los comerciantes deben enfrentarse a la corrupción, excesiva documentación, infraestructura inadecuada y retrasos excesivos. Por esos motivos, los autores concluyen que los costos de transporte de los países sin litoral pueden llegar a ser 75% superiores a los costos de un país costero.

El 2003, Gaël Raballand publicó “Determinants of the Negative Impact of Being Landlocked on Trade”, que utiliza ecuaciones de gravedad para estimar el impacto de la mediterraneidad en el comercio y encuentra que la mediterraneidad tiene un impacto negativo en el comercio internacional de los países sin litoral, lo que puede limitar su desarrollo económico.

El 2006, en un trabajo encomendado por la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la ONU, Chowdhury y Erdenebileg publicaron “Geography against Development: A Case for Landlocked Developing Countries”. En este estudio, los autores concluyen que la mediterraneidad aumenta los costos de transporte y reduce la competitividad de los países sin litoral, lo que puede limitar su capacidad para atraer inversión extranjera y desarrollar su economía.

También el 2006, Kishor Uprety publicó “The transit regime for landloked states”, que, si bien es un estudio más que nada jurídico, abocado a las facilidades de tránsito que las naciones mediterráneas tienen en los países costeros, incluye un interesante análisis descriptivo sobre los desafíos económicos que asegura que las libertades de tránsito se hallan obstruidas por las distancias hacia el mar, que son un problema crítico. Por ejemplo –dice el autor–, existen enormes países costeros como Brasil, cuyas regiones interiores tienen el problema de las grandes distancias, pero no deben lidiar con los obstáculos legales y administrativos que se presentan en las fronteras nacionales, que es el caso de los países sin litoral con regiones muy alejadas del mar (como por ejemplo en Bolivia, los seis departamentos que no tienen frontera con Chile ni con Perú). 

El 2011, en una reunión preparativa para la XIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, se adoptó un documento del grupo de los países sin litoral que afirma que los gastos de flete de los países sin salida al mar son 45% mayores que los gastos de los países de tránsito. Asimismo, señala que, en la mitad de los PDSL, más del 20% de la población padece desnutrición ya que son países más vulnerables al aumento de los precios de los alimentos debido a los elevados costos de transporte.

El 2014, las Naciones Unidas editó un estudio titulado “The Development Economics of Landlockness: Understanding the development costs of being landlocked”, que halló que los PDSL presentan niveles de desarrollo que son 20% inferiores que los de países en desarrollo con litoral.

El 2021, el examen de apoyo de la ONU a los PDSL para la aplicación del Programa de Acción de Viena (2014-2024), emitió un Informe de 172 páginas que afirma que los Estados mediterráneos pagan más del doble que los países de tránsito en costos de transporte y sus tiempos de espera para enviar y recibir mercancías de los mercados de ultramar son más largos.

Respecto a los estudios específicos para el caso de Bolivia, podemos mencionar: 

El 2016, en un trabajo auspiciado por OXFAM de Agramont, Cajias, Flores, Fernández y quien escribe estas líneas, y titulado “Bolivia: un país privado de litoral. Apuntes para un debate pendiente”, entre otras cosas demuestra que los costos de transporte de un contenedor entre Shanghái y La Paz son notoriamente superiores a los costos de transporte entre esa misma ciudad y Quito, Bogotá o Lima, muy a pesar de que las distancias son casi las mismas.

El mismo 2016, la ALADI publicó “El costo de la mediterraneidad: los casos de Bolivia y Paraguay”, mediante el cual se demostró que en nuestra región, Bolivia y Paraguay son los países que enfrentan los mayores costos de transporte, 8,4% y 9,3% del valor comerciado, respectivamente, superior al promedio regional de 6,3%. Esto implica que el costo de la mediterraneidad para Bolivia es del 33,2% mientras que en el caso de Paraguay es del 47,7% respecto al promedio regional. Asimismo, el estudio halló que los costos de transporte constituyen una barrera al comercio más importante que los aranceles para la mayoría de los productos de Bolivia y Paraguay.

El 2018, el Banco Central de Bolivia publicó un estudio titulado “Efectos de la mediterraneidad sobre el desarrollo económico y social de Bolivia”, que concluye que la mediterraneidad tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y social de Bolivia, debido a los costos de transporte elevados y la limitación en la integración comercial con el mundo.

También el 2018, Rodrigo Burgoa publicó “La mediterraneidad como determinante del flujo comercial bilateral”, el cual concluye que la mediterraneidad es un factor determinante en el flujo comercial bilateral entre países. A través de un análisis de panel de datos que incluye 10712 flujos comerciales bilaterales correspondientes a 104 países en el período 2006-2015, el estudio identifica que la mediterraneidad aumenta los costos de transporte y reduce la competitividad de los países sin acceso al mar. En el caso de Bolivia, el autor señala que, en el período analizado, la pérdida que genera el enclaustramiento representó, en promedio, el 11,7% de su PIB.

El 2021, Fernando Velásquez y Saul Quispe publicaron “Mediterraneidad, limitaciones geográficas y crecimiento económico. Un análisis de panel de datos para economías desarrolladas y en desarrollo’, que se basa en el modelo aplicado previamente por Sachs y otros autores, pero con datos más actualizados y aplicado a 90 países. Este estudio concluye que las condiciones geográficas de la mediterraneidad, medida por el costo de transporte, tienen un efecto adverso en el crecimiento económico debido a que las economías mediterráneas ofrecen menos incentivos a la inversión por los mayores costos a la importación de bienes de capital.

Por todo lo dicho, podemos concluir que la falta de acceso al mar no es un problema mental ni una excusa, sino un factor que efectivamente limita y restringe el crecimiento y desarrollo económico de países como Bolivia, principalmente por los mayores costos de transporte. Ahora bien, obviamente que ese factor no es el único que explica el atraso y subdesarrollo de Bolivia, hay muchos otros factores como el mismo Ayo lo reconoce, pero desconocer u ocultar este factor que es real y tangible con el único fin de eximir a Chile de sus responsabilidades, es un despropósito vano y contraproducente, porque tampoco contribuye al entendimiento. Mucho más si tenemos en cuenta que buena parte del desarrollo de Chile se debe a las exportaciones del cobre extraído de territorios otrora bolivianos.

Nueva estrategia para el tema marítimo

 Entrevista realizada el 14/02/2024, a 145 años del inicio de la Guerra del Pacífico, para La Tarde de Sitel televisión, con Paola Saavedra.

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Sebastián Piñera, némesis de Evo Morales

El juicio iniciado por Morales en contra de Chile fue largo y engorroso, no sólo porque Piñera y sus sucesores continuaron con la misma perorata del Tratado de 1904 que no estaba en cuestión, sino principalmente porque Morales, en lugar de demostrar interés por negociar con Chile, se dedicó a denostar y criticar al Gobierno de Piñera y luego también a la segunda administración de Bachelet.

 

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El reciente deceso del expresidente chileno, Sebastián Piñera, provocó la tibia e intrascendente reacción del expresidente boliviano, Evo Morales, quien mandó a publicar en X: “Reportes de prensa informan el lamentable fallecimiento del expresidente de Chile @sebastianpinera. Estuve en numerosos encuentros internacionales con él y, si bien no coincidíamos ideológicamente, trabajamos codo a codo en varios temas. Mi sentido pésame a sus seres queridos y al #pueblochileno”.

Se trata de un comentario tibio e intrascendente porque Piñera no sólo fue el némesis de Morales en el contexto internacional durante el largo tiempo que ambos gobernaron, sino que también compartieron durante todo ese tiempo la especial rivalidad histórica que mantienen Bolivia y Chile respecto al tema marítimo boliviano. Coincidiendo en innumerables encuentros diplomáticos, cumbres presidenciales y foros multilaterales; conversando personalmente en muchísimas ocasiones, algunas de ellas por varias horas; y jugando al fútbol en el mismo equipo. Además de los memorables y apasionados debates cara a cara, en la Cumbre de la CELAC de Santiago y en la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz, 2012. 

La tibieza de Morales al recordar a su principal adversario internacional podría explicarse con la victoria incuestionable que logró Piñera al ganar el juicio que Morales había iniciado en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se había convertido además en la principal pulseta personal entre ambos mandatarios. Pero también se podría explicar con la soberbia y arrogancia que Piñera demostró al momento de conocer el fallo de la CIJ, reprochando a Morales por haberle hecho perder el tiempo y asegurando que la Corte habría declarado que Chile “nunca ha incumplido, ninguna obligación en materia de derecho internacional, ni en sus relaciones con Bolivia”, lo que iba mucho más allá de lo que la Corte realmente había fallado que era que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.

En los medios de comunicación y redes sociales, los dos exmandatarios también intercambiaron acusaciones y recriminaciones casi a diario, respecto a los temas que históricamente nos han dividido a bolivianos y chilenos, y a ciertos incidentes fronterizos que ocurrieron en esos momentos por el contrabando de vehículos robados, el narcotráfico, las minas antipersonal, el ferrocarril Arica-La Paz y los traspasos ilegales de militares bolivianos y carabineros chilenos.

La inédita distensión y la intervención peruana

Todo comenzó cuando Piñera asumió la presidencia de Chile por primera vez en marzo de 2010. En ese momento, las relaciones entre ambos países se habían distendido como nunca antes, porque se había logrado desarrollar una confianza y cercanía sin precedentes entre las autoridades, las fuerzas armadas y diversos grupos de la sociedad civil de los dos países. Todo ello como parte del proceso que se conoció como la Agenda de 13 puntos y la verdadera aplicación de la “diplomacia de los pueblos” que Morales había impulsado junto a su colega izquierdista Michel Bachelet desde mediados del 2006.

En un principio, Piñera continuó la inédita distensión de las relaciones, llegando a suscribir, en julio de 2010, el mayor avance que tuvo la famosa Agenda de 13 puntos en su punto sexto, referido al tema marítimo boliviano. En esa ocasión, los vicecancilleres de ambos países se comprometieron a “presentar así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles [para el tema marítimo boliviano] en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas”.

Este acuerdo boliviano-chileno no pasó desapercibido en la Cancillería del Perú, que rápidamente hizo gestiones para evitar lo que Rodríguez Elizondo llama “Charañazo”, es decir un acuerdo entre Bolivia y Chile sobre la posible cesión de una salida soberana al mar para Bolivia en territorio otrora peruano, donde se requiere el “previo acuerdo” del Perú, según el Protocolo Complementario del Tratado de Lima de 1929.

Fue así como, por iniciativa peruana, Morales terminó recomponiendo sus relaciones con el presidente del Perú, Alán García, con el que poco antes había discutido muy acaloradamente, llegando incluso a los insultos. De esa manera, en octubre de 2010, Morales y García suscribieron los Acuerdos de Ilo que ampliaban las facilidades establecidas en los convenios de 1992, suscritos entre Paz Zamora y Fujimori; e incluían una declaración del presidente García, en la que aclaraba que el Perú “no será un obstáculo, en el caso que, en el marco de las negociaciones bilaterales boliviano-chilenas, se llegue a un acuerdo sobre el acceso al mar de Bolivia”.

Hasta ahí, Morales había conseguido lo que muchos otros estadistas bolivianos habrían querido lograr, esto es: un acuerdo con Chile para presentar y alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles sobre el tema marítimo boliviano y una promesa del Perú, de no ser un obstáculo para llegar a la solución sobre el mismo asunto. Ante semejantes avances, de los que Morales ni su equipo parecían estar conscientes y al parecer nunca lo estuvieron, lo aconsejable era a todas luces continuar con la misma política de aproximación en ambos frentes. Empero, al poco tiempo y debido a razones que explicaré más adelante, el mandatario boliviano cambió de estrategia, desaprovechando la oportunidad histórica, que quizás era pequeña y remota pero también interesante y dadas las circunstancias, nada despreciable. 

Casi al mismo tiempo y tal vez por esa misma razón, Piñera decidió cancelar la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Chile, en la que se tenían que presentar las soluciones concretas, factibles y útiles, sin ofrecer explicaciones. La sorpresiva y disruptiva decisión del presidente chileno parecía estar dirigida a evitar el avance del punto sexto de la Agenda de 13 puntos que habría sido evaluado inevitablemente en comparación con lo que Perú estaba ofreciendo en Ilo.

Ante el estancamiento, Morales se aproximó a Piñera en la Cumbre del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, donde acordaron elevar el tratamiento de la Agenda al nivel de Cancilleres, quienes se reunieron en Santiago y La Paz, pero sin ningún avance. En eso, ocurrió un hecho que daría una estocada final a la Agenda de los 13 puntos y a la extraordinaria aproximación boliviano-chilena (2006-2010), la detención del general René Sanabria, director de inteligencia de la Policía Boliviana.

La decisión de demandar a Chile

El general Sanabria, también conocido como el Zar antidrogas de Bolivia, fue arrestado en el aeropuerto de Panamá bajo acusaciones de narcotráfico en un operativo de la DEA de Estados Unidos y el OS7 de Chile. Los agentes chilenos y estadounidenses habían tendido una trampa a Sanabria, logrando develar su implicación en el tráfico ilícito de drogas, lo que obviamente molestó mucho a Morales que calificó el arresto como “una deslealtad” de Piñera, a quien a partir de entonces, dirigió buena parte de sus ataques.

En efecto, pese a los acuerdos bilaterales que se habían firmado entre ambos gobiernos para optimizar el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, Piñera no había informado nada a Morales a sabiendas de que éste quedaría muy mal parado ante la opinión pública nacional e internacional, que rápidamente empezó a especular sobre su vinculación con el narcotráfico. 

Este hecho, que ocurrió a finales de febrero de 2011, terminó por convencer a Morales de cambiar de estrategia en su política de reintegración marítima y el 23 de marzo de ese año, en la celebración del día del mar boliviano, anunció por primera vez su intención de demandar a Chile ante tribunales internacionales –según dijo– para obtener “en derecho y en justicia una salida libre y soberana al Océano Pacífico”.

El anuncio, que fue calificado por Piñera de “inaceptable” y de representar “un serio obstáculo para las relaciones entre ambos países”, era un tanto apresurado y bastante temerario si consideramos que no se habían hecho los estudios necesarios para determinar la factibilidad de demandar a Chile y las probabilidades de obtener éxito. De hecho, por más increíble que parezca, la decisión se tomó en base a la suposición de que había un territorio y unas islas que supuestamente Bolivia nunca le había cedido a Chile porque no están mencionados en el Tratado de 1904, lo que luego se conoció como “la demanda de los hermanos Chávez” (Wilfredo y Víctor Hugo). Dicha “demanda” era solo el resultado del desconocimiento del Acta Protocolizada de 15 de noviembre de 1904, mediante la cual Bolivia había cedido esos territorios, y del hecho incontrovertible de que ya no era posible reclamar esos territorios después de más de un siglo de no haberlos reclamado, ni de haber objetado el dominio de Chile sobre los mismos.

Por esos motivos, el discurso de Piñera se basó en la legalidad y vigencia del Tratado de 1904, sobre lo que se escribió mucho en Chile. No obstante, después de que se realizaron los estudios pertinentes y se descartara la “demanda de los Chávez”, el Gobierno de Morales adoptó una estrategia diferente que, sin impugnar dicho tratado, asignaba validez jurídica a todas esas promesas y práctica diplomática, mediante las cuales Chile había ofrecido darle a Bolivia una salida soberana al mar. Estrategia que se plasmó en la demanda presentada ante la CIJ en abril de 2013, para que ese alto Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico.

El proceso judicial ante La Haya

El juicio iniciado por Morales fue largo y engorroso, no sólo porque Piñera y sus sucesores continuaron con la misma perorata del Tratado de 1904 que no estaba en cuestión, sino principalmente porque Morales, en lugar de demostrar interés por negociar con Chile, se dedicó a denostar y criticar al Gobierno de Piñera y luego también a la segunda administración de Bachelet (2014-2018), lo que seguramente llamó la atención de los jueces respecto a los verdaderos intereses detrás de la demanda, porque se hizo muy evidente que Morales no buscaba resolver el problema mediante una negociación sino sólo explotar el hecho de haber sentado a Chile en el banquillo del acusado para lograr beneficios políticos y así conseguir un cuarto mandato presidencial consecutivo.

En varias ocasiones, Morales demostró que nunca entendió cuál debió haber sido su papel en el proceso y al parecer tampoco tenía asesores que le pudiesen ayudar a entender. Por ejemplo, en la cumbre de la CELAC celebrada en Santiago en enero de 2013, Morales increpó al anfitrión Piñera con duros reclamos sobre el incumplimiento del Tratado de 1904, entre los que destacaba la paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno de la frontera. Si bien todos esos reclamos eran ciertos y tenían fundamento, definitivamente no era el lugar ni mucho menos el momento de plantearlos.

Tanto así que Morales no logró nada, ni rehabilitar el ferrocarril, que sigue paralizado, ni contribuir al proceso en La Haya ni tampoco subsanar los otros incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 a los que hizo referencia. De hecho, lo único que consiguió fue que Piñera hiciera un llamativo espectáculo en Arica para celebrar la supuesta rehabilitación del ferrocarril, en el que se lo vio transportándose en un vagón turístico color rojo que recorrió lentamente los primeros 43 kilómetros de la vía, hasta Poconchile, desde donde retornó en helicóptero.

En resumen, Morales atacó a los gobernantes chilenos durante el proceso judicial por varios motivos, como haber conservado la Constitución de Pinochet, por su supuesta obsecuencia al Gobierno de Estados Unidos, por mantener una política innecesariamente armamentista y la frontera minada, por incumplir los acuerdos bilaterales, especialmente los de libre tránsito, y también por fomentar el contrabando hacia Bolivia, entre otros. Por todos estos motivos, Morales dijo varias veces que Chile es “un mal vecino”. Pero todos esos ataques que obviamente no contribuían a generar un ambiente de negociación, no quedaron sin respuesta. Primero Piñera y después Muñoz, el Canciller de Bachelet, fueron los encargados de contraatacar, acusando a las autoridades bolivianas y en especial a Morales, de faltar a la verdad, cambiar de discurso constantemente, entorpecer cualquier posibilidad de diálogo, hacerles perder el tiempo, crear falsas expectativas al pueblo boliviano y no respetar el Tratado de 1904, que Morales había dicho que estaba muerto. 

Después de cinco largos años de juicio y un ambiente cada vez más enrarecido, la Corte emitió su fallo en octubre de 2018, desestimando totalmente la demanda boliviana y terminando con los planes del entonces presidente boliviano de usar el caso con fines electoralistas. 

Todo terminó un año después, en octubre de 2019, cuando Morales tuvo que renunciar a la presidencia, dando fin a la larga rivalidad aquí resumida. Pero antes, durante la última etapa ocurrieron dos hechos relevantes referidos el juicio por el Silala, que Chile también terminaría ganando, aunque con menos contundencia y claridad: la cancelación del comité de fronteras dispuesto por Piñera en represalia a la contrademanda boliviana y a la forma cómo fue presentada, a última hora de un viernes para que Chile solo pueda conocerla a primera hora del siguiente lunes, y la propuesta que hizo la vicecanciller chilena a la boliviana para alcanzar un arreglo extrajudicial en el caso Silala, la cual nunca fue respondida. 

Tiempo después, cuando ya todo había terminado, Morales y Piñera se volvieron a encontrar en la asunción del presidente peruano Pedro Castillo, en la que Morales, sin tener ningún cargo en el Gobierno de Bolivia, fue tratado como Jefe de Estado y fue filmando junto a su viejo rival chileno de demandas y polémicas, con quien compartió una conversación de varios minutos, en la que sin aparentar ningún tipo de tibieza o arrogancia, se los vio como dos viejos amigos contentos de reencontrarse.

Bukele, ¿Fascismo democratico?

Aunque no se puede cuestionar la efectividad ni el apoyo popular de las medidas de seguridad aplicadas por Bukele, que están a la vista de todos, sí existen dudas razonables acerca de su legalidad y congruencia con lo que él mismo llama “sistema plenamente democrático”. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

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Tras su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador, Nayib Bukele dijo a sus simpatizantes: “Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”.

Ante lo que nos preguntamos ¿es realmente posible un partido único en democracia? o, en otras palabras, ¿es posible el fascismo en democracia?

Bukele, muy a pesar de que la Constitución salvadoreña no permite la reelección, también ha dicho que su reelección es el reflejo de la verdadera democracia. Una manifestación del poder del pueblo, pues democracia - según Bukele - "significa el poder del pueblo. 'Demos' y 'Kratos'. De ahí viene la palabra democracia".

Si bien eso es cierto y no se puede negar su amplio apoyo popular, si refinamos un poco el análisis e incluimos algunos otros parámetros para determinar qué tan democrático es el sistema salvadoreño, encontramos algunas incongruencias insalvables. Ciertamente, de acuerdo a la ciencia política liberal y al derecho internacional interamericano, un régimen político sólo es democrático cuando existe una pluralidad de partidos políticos, separación de poderes, respeto a los derechos humanos y un estricto acatamiento al Estado de derecho, entre otras cosas. Parámetros que el actual sistema salvadoreño no reúne.

Y no los reúne porque la Asamblea Legislativa, donde Bukele ya tenía mayoría, hizo algunos cambios recientemente que favorecen al partido oficialista Nuevas Ideas. Entre dichos cambios destacan los nombramientos de las autoridades judiciales, afines al oficialismo, y el cambio de la fórmula de conteo de votos para elegir a los diputados, del método Hare al D’Hondt, lo que favorece a los partidos más votados en detrimento de los menos votados. Es decir que con el nuevo sistema se ha eliminado, o al menos reducido, la representación de algunos partidos políticos de oposición en el legislativo, siempre en favor de Nuevas Ideas.

Por tanto, el título de este artículo, más que una pregunta discutible, es un oxímoron, como también lo es un sistema democrático con un estado de excepción permanente. Esto último, debido a que en El Salvador reina un estado de excepción hace casi dos años, cuando el mismo Bukele decidió imponerlo para exterminar a las famosas maras salvadoreñas, que mantenían a El Salvador con los niveles de inseguridad más altos del mundo. Aunque cualquier estado de excepción es temporal por su naturaleza, Bukele ha dicho que aún no ha concluido su plan para acabar con la delincuencia, por lo que el estado de excepción aún se mantendrá.

Entonces, aunque no se puede cuestionar la efectividad ni el apoyo popular de las medidas de seguridad aplicadas por Bukele, que están a la vista de todos, sí existen dudas razonables acerca de su legalidad y congruencia con lo que él mismo llama “sistema plenamente democrático”. Porque no sólo se trata de las contravenciones aludidas a la Constitución y al orden democrático en general, sino también a las afectaciones a los derechos humanos de cientos de salvadoreños injustamente encarcelados, sin el debido proceso judicial y junto a miles de delincuentes miembros de las maras, a quienes tampoco se les respetan sus derechos. 

Ante los fuertes cuestionamientos que Bukele ha recibido de la prensa internacional y los organismos encargados de velar por los derechos humanos, que acusan detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, violaciones al debido proceso e incluso desapariciones y muertes bajo custodia policial, el presidente reelecto de El Salvador ha dicho que quienes lo critican centran su preocupación en los derechos de los delincuentes y no en los derechos de la gente honrada, y quienes deciden quién gobierna en el Salvador, son los salvadoreños; calificando las propuestas y recetas de dichos organismos de “fracasadas”.  

Considerando estos argumentos, podríamos concluir que la democracia salvadoreña no es una democracia liberal en todo el sentido de la palabra, sino que se trata de una democracia con sus propias particularidades, donde efectivamente gobierna la mayoría pero a través de un solo partido político, y un solo líder, que controla todos los poderes del Estado. Es decir, una “democracia fascista”, que más allá del oxímoron puede llevar a El Salvador hacia el autoritarismo iliberal, como ya ocurrió con otros países donde los presidentes gobernaron o intentaron gobernar más allá de los límites constitucionales, amparados en su amplio apoyo popular.

El “fascismo democrático” que representa Bukele y que de hecho ya se encuentra instaurado en El Salvador desde hace algún tiempo, se proyecta hacia la sociedad internacional como el resultado lógico de un presidente que ha resuelto exitosamente el problema más apremiante de su pueblo, la inseguridad. Lo cual si bien resulta razonable y hasta atractivo en otros países con problemas de delincuencia, se ha llevado a cabo con una política exterior que no pretende ocultar su inclinación hacia el autoritarismo y que por tanto genera más dudas.

Ciertamente, en los foros internacionales, el gobierno de Bukele se ha distanciado claramente de las democracias liberales de occidente y se ha alineado con los regímenes autoritarios iliberales, liderados por China y Rusia. En las Naciones Unidas, El Salvador ha sido uno de los pocos países de la región - junto a Bolivia, Cuba y Nicaragua con los que no comparte posicionamiento ideológico - que no ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania, dando muestras de rechazo al orden internacional liberal imperante, liderado por Estados Unidos. 

Por todos estos motivos, el fascismo democrático de Bukele plantea muchas más dudas que certezas, pero serán los hechos los que al final nos revelen si dicho sistema es una verdadera alternativa para garantizar la gobernabilidad, la paz y la prosperidad.

La inhabilitación de la principal candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado

 Entrevista para RTP Mundo, con Jorge Luis Palenque

Daños colaterales del genocidio israelí

La situación económica global lejos de mantenerse o mejorar en este año que recién comienza, sólo podría empeorar si se mantiene el bloqueo del Mar Rojo, que es por lo pronto, el principal daño colateral del genocidio israelí.

Publicado en Péndulo con el título "Paremos las guerras"

La intención de exterminar a una parte sustancial del pueblo palestino que ha demostrado Israel desde hace varias décadas, se ha visto con mucha mayor claridad en los primeros 100 días de su guerra contra Hamás. En ese tiempo, las fuerzas armadas israelís no sólo han asesinado a más de 23 mil civiles palestinos mediante bombardeos y operaciones terrestres, sino que además han privado de agua, medicinas, alimentos, electricidad y combustible a los habitantes de la Franja de Gaza, condenando a muchos de ellos a migrar o morir. Se trata pues de un genocidio con todas sus letras que no puede justificarse de ninguna manera y que no puede ni debe quedar en la impunidad ni el olvido.

La coartada que ha usado Israel para cometer semejantes crímenes de guerra es el “derecho a la legítima defensa” que habría emanado –según el gobierno de Benjamín Netanyahu– de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre pasado, en los que cerca de 1.400 israelís perdieron la vida y más de 200 fueron tomados como rehenes. Sin embargo, el ejercicio de dicho derecho, codificado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, además de no haber respetado el principio de proporcionalidad que exige el Derecho Internacional, sólo es válido “hasta tanto el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales”, y el Consejo de Seguridad ya tomó esas medidas el 15 de noviembre y el 22 de diciembre de 2023, cuando adoptó las Resoluciones 2712 y 2720, que piden “pausas y corredores humanitarios urgentes y ampliados”, “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”, el envío de más ayuda humanitaria y medidas urgentes para “un cese sostenible de las hostilidades”, respectivamente. Aunque evidentemente estas resoluciones no se han cumplido hasta el momento, queda claro que el “derecho a la legítima defensa” de Israel ya no está vigente –si es que alguna vez lo estuvo–, y, por tanto, ya no puede ser invocado ni mucho menos ejercido.

Por estos motivos, que demuestran el incumplimiento de Israel a la Convención sobre el Genocidio de 1948, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando medidas provisionales o cautelares para que ese alto Tribunal ordene el cese de los ataques israelís contra Hamás que afectan al pueblo palestino gazatí, mientras se realizan las investigaciones sobre el citado incumplimiento de Israel. En ese sentido, los magistrados de la Corte deben despojarse de su conservadurismo y tendencia a mantener el statu quo, que bien conocemos los bolivianos, y actuar a la altura de las circunstancias para contribuir a la suspensión de las operaciones militares y bloqueos de Israel en la Franja de Gaza.

No obstante, más allá de la conflagración y el proceso judicial que implican a Israel; en este artículo me referiré a los daños colaterales que está ocasionado el genocidio israelí en el Mar Rojo y otras zonas en las que operan las milicias chiitas, financiadas y entrenadas por Irán, para tratar de comprender cómo se está dando la reconfiguración geopolítica del mundo que estamos viviendo desde que se inició el proceso de desacople y desglobalización entre la anglosfera y la sinosfera.

Efectos del bloqueo del Mar Rojo

Muchos de los análisis que se realizan en Bolivia sobre el crecimiento y desarrollo de la economía nacional consideran correctamente los efectos que ha tenido y aún tiene la invasión de Rusia a Ucrania, especialmente respecto al aumento de las tasas de interés y del nivel de precios internacionales. Sin embargo, no todos esos análisis tienen en cuenta la situación económica global, que lejos de mantenerse o mejorar en este año que recién comienza, sólo podría empeorar si se mantiene el bloqueo del Mar Rojo, que es por lo pronto, el principal daño colateral del genocidio israelí.

A partir de noviembre de 2023, las milicias proiraníes que controlan el norte del Yemen, también conocidas como “ansar Allah” o simplemente hutíes, han atacado a cerca de treinta barcos que navegaban por el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo con dirección a Israel o con carga de este último país. Todo ello con el objetivo de “castigar” a Israel por su intervención militar en Gaza.

Aunque los ataques están dirigidos exclusivamente contra Israel y sus aliados, los precarios sistemas de información que tienen los hutíes han provocado al menos un error. En efecto, la United Kingdom Maritime Trade Operations confirmó que tres embarcaciones hutíes habían disparado misiles contra un barco petrolero ruso por equivocación y aunque el ataque no provocó ningún daño, porque los misiles no alcanzaron su objetivo, el hecho terminó por convencer a las navieras más escépticas que operan en el Mar Rojo, de tomar vías alternativas para transportar carga de Asia a Europa y viceversa. Por esos motivos, según las autoridades egipcias que controlan el Canal de Suez, más del 65% de la carga que antes pasaba por el Mar Rojo, ahora está transitando por la vía más morosa y costosa del Cabo de Buena Esperanza, que implica bordear todo el continente africano para llegar al mismo destino. Esto significa que el transporte de un contenedor que antes costaba cerca de 1.500 dólares para cubrir la ruta Asia-Europa, ahora cuesta alrededor de 4.500 dólares, es decir, un incremento del 300% según cotizaciones realizadas en el portal de la naviera danesa Maersk.

Esta situación no sólo está generado inflación e incertidumbre en los países directamente afectados, sino en todo el mundo, porque según el portal especializado en comercio marítimo, Freightos, el precio promedio del transporte naviero global, incluyendo todas las demás rutas, ha incrementado en un 88% entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Lo que nos permite predecir una profundización de la estanflación actual, con más estancamiento e inflación.

La disrupción de las cadenas de suministro que genera el bloqueo del Mar Rojo, que se suma a las disrupciones que ya generaron y aún generan la guerra comercial y tecnológica entre China y EE. UU., la pandemia del covid-19 y la invasión de Rusia a Ucrania; debe ser analizada y comprendida en un contexto de desacople y desglobalización entre la anglosfera y la sinosfera. Dicho contexto de bipolarización, que ocurre en un mundo multiplex, donde los Estados son amenazados o empoderados por las empresas transnacionales, las milicias terroristas y los cárteles del narcotráfico, entre otros, podría agravarse aún más con el estallido de otras guerras tanto o más disruptivas: en el estrecho de Taiwán, que involucraría a China y Estados Unidos, y/o en el estrecho de Ormuz, que involucraría a Irán y Estados Unidos.

Irán y otros actores del Eje de la Resistencia

Así como Rusia provocó la revitalización y ampliación de la OTAN con su invasión a Ucrania, Israel está provocando la consolidación y cohesión de la alianza militar que reúne a sus principales enemigos en la región, el Eje de la Resistencia, conformado por Irán, Siria y varios grupos paramilitares predominantemente chiitas y apoyados por la Guardia Revolucionaria iraní, entre los que destacan Hezbolá, Hamás y los hutíes entre muchos otros.

Apenas se iniciaron las hostilidades contra Hamás, Hezbolá empezó a lanzar cohetes contra Israel desde el sur del Líbano y Siria. Dichos ataques, que naturalmente fueron respondidos por Israel han cobrado la vida de no menos de 25 civiles libaneses y 140 milicianos de Hezbolá. Mientras que, del lado israelí, se han reportado nueve bajas militares y una civil según la agencia de noticias Reuters. Estos enfrentamientos, aunque de baja intensidad en relación con lo que ocurre en Gaza, donde mueren un promedio de 240 personas al día, representan otro daño colateral del genocidio israelí.

Según algunos expertos en estrategia militar, el intercambio de disparos en la frontera que Israel comparte con el Líbano y Siria (donde existe un territorio sirio ocupado por Israel: los Altos del Golán) se ha mantenido en un nivel de baja intensidad a pesar de las serias advertencias que se han hecho unos y otros, debido al cuidado que al parecer está teniendo Israel por no abrir otro frente de guerra total con Hezbolá, que es como 10 veces más poderoso que Hamás. Sin embargo, si Hamás llegara a colapsar en Gaza, es casi un hecho que Israel volcaría toda su fuerza contra Hezbolá, lo que, a su vez, haría mucho más probable el involucramiento directo de Irán.

Al respecto, sumándose a los más de 130 ataques que las milicias proiranís que operan en Irak y Siria han ejecutado contra las posiciones estadounidenses, que obviamente también fueron respondidas; en los últimos días las fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní lanzaron un ataque a un supuesto centro de espionaje del Mosad israelí, situando en el norte de Irak; lo cual, aunque ha sido desmentido por el gobierno iraquí, aclarando que la infraestructura destruida era solo la casa de un empresario local, es una muestra más de que la participación de Irán es cada vez más directa y inminente.

El involucramiento de Estados Unidos

Desde que se inició la guerra en Gaza, algunos analistas advirtieron que el involucramiento directo de Estados Unidos sólo sería posible con el ingreso previo de Irán a la contienda. Lo cual, si bien tenía sentido inicialmente, no se está cumpliendo actualmente, porque Estados Unidos ya está participando de las acciones militares con las represalias que ha tomado en contra de las milicias proiranís en Irak y Siria, y, sobre todo, con los bombardeos que junto al Reino Unido ha realizado sobre las posiciones hutíes en Yemen. Todo ello, sin que Irán haya terminado de ingresar en el conflicto.

Ciertamente, con el objetivo de reducir la capacidad de los hutíes para seguir atacando barcos en el Mar Rojo, Estados Unidos conformó una alianza de países que han tomado una serie de medidas destinadas a desbloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, entre las que destacan los bombardeos anglosajones ya mencionados. Dichas medidas, que no están teniendo el resultado esperado, porque los hutíes siguen atacando buques vinculados a Israel y la anglosfera, representan otro daño colateral del genocidio israelí, que podría ser el de mayor incidencia en la reconfiguración geopolítica mundial si consideramos que se trata del involucramiento de dos potencias nucleares extrarregionales, incluyendo a la más poderosa del mundo, Estados Unidos.

Aunque las autoridades anglosajonas han justificado sus bombardeos con un discurso que defiende la necesidad de garantizar el libre comercio y la libre navegación, realmente cuesta entender la decisión estadounidense de bombardear Yemen a la luz de sus propias experiencias en Afganistán, Irak y Libia, que generaron muchísimas críticas en todo el mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. Más aún si consideramos que Rusia y China podrían aprovechar la distracción, para terminar de doblegar y enclaustrar a Ucrania y “reunificar” por la fuerza a Taiwán, respectivamente.

Otra razón que podría explicar la jugada estadounidense es la urgencia que seguramente tiene la administración de Joe Biden por controlar la inflación antes de las elecciones presidenciales de noviembre de este año, en las que aún no sabemos si podrá participar el expresidente Donald Trump, que es uno de los principales responsables del aumento de las tensiones entre Washington y Teherán.

Pero si algo pudiéramos recomendar a quienes tienen influencia sobre el gobierno de Netanyahu, aunque parezca obvio, es que para resolver o transformar constructivamente este conflicto no hacen falta más bombardeos u operaciones militares terrestres, sino detener, cuanto antes, el genocidio israelí.

En conclusión, el genocidio israelí ha provocado hasta el momento, al menos cuatro daños colaterales de innegable incidencia en la reconfiguración geopolítica mundial y que pueden resumirse de la siguiente manera: 1) el bloqueo hutíe del Mar Rojo; 2) la guerra de baja intensidad entre Israel y Hezbolá; 3) los ataques y contraataques que están intercambiando las milicias chiítas proiraníes que operan en Siria e Irak por un lado y Estados Unidos por el otro; y 4) el involucramiento cada vez más directo y temerario de Irán y Estados Unidos.

Crisis de violencia en Ecuador

 Entrevista para El Mañanero de Red Uno, con Luciana Acosta. 

Apuntes para una política de reintegración marítima

Para definir una política de reintegración marítima realista y viable, es necesario estudiar y comprender todo lo que pasa y ha pasado con los países en desarrollo sin litoral, y no solo considerar lo que ha sido nuestra dramática y frustrante historia respecto al mar. 

Publicado de Péndulo

El 1 de enero de 2024, la mediterránea República de Etiopía y la no totalmente reconocida República de Somalilandia, firmaron un acuerdo para que la última arriende a la primera, por el término de cincuenta años, un territorio de 20 kilómetros de costa sobre el Mar Rojo, incluyendo el puerto de Berbera. En contraprestación, el gobierno etíope deberá reconocer la independencia de Somalilandia, hasta ahora solo reconocida por Taiwán, y concederle además una significativa participación en la aerolínea estatal, Ethiopian Airlines, que es la compañía aérea más importante de África, con más de cien destinos en todo el mundo.

Los detalles de dicho acuerdo, que se plasmó en un Memorándum de Entendimiento comercial y militar, no serán divulgados hasta que sea ratificado aproximadamente en un mes más según anunciaron los signatarios. No obstante, el gobierno de Somalia ya adelantó que se trata de un acuerdo “nulo y sin efecto”.  

Pero más allá de las tensiones que provoca este acuerdo en el Cuerno de África, también se trata de un nuevo ejemplo – si es que finalmente se concreta – de un arreglo negociado que logra romper el enclaustramiento geográfico de un país en desarrollo sin litoral como Etiopía, que había perdido su cualidad marítima en 1993, tras separarse de Eritrea. Ciertamente, si ese acuerdo finalmente se ratifica, estaríamos ante un hecho histórico de suma importancia para países en desarrollo sin litoral como Bolivia, pues se confirmaría que con creatividad y voluntad política es posible obtener una salida al mar de manera pacífica y negociada.

En el siglo pasado, surgieron países como Bosnia Herzegovina o la República Democrática del Congo que lograron mantener sus estrechas pero soberanas franjas territoriales hacia el mar (de 20 y 37 kilómetros respectivamente) aun cuando éstas interrumpen la continuidad territorial de Croacia y Angola respectivamente. Lo que evidencia la comprensión que estos dos últimos estados demostraron respecto a la importancia estratégica de tener un acceso propio al mar.

Un ejemplo aún más preciso de lo que significa recuperar ese acceso, es el de Jordania que mediante la renegociación de sus límites con Arabia Saudita, logró obtener una salida soberana al Golfo de Áqaba. En efecto, después de sendas negociaciones que se desarrollaron entre 1961 y 1965, los dos reinos acordaron un canje territorial no equivalente, en el que Jordania cedió 7 mil kilómetros cuadrados de territorio a cambio de un territorio más reducido, de 6 mil kilómetros cuadrados, pero con 19 kilómetros de costa marítima.

En verde los territorios cedidos por Arabia Saudita,
y en rojo los territorios cedidos por Jordanía. 

De esa manera, Jordania recuperó los territorios que habían sido ocupados durante la existencia del Imperio Otomano por los sultanatos de Nejd y Hedjaz, que luego se incorporaron al Reino saudí.

Todos estos ejemplos, así como los que existen para resolver otro tipo de asuntos territoriales, no referidos a la salida al mar de los países en desarrollo sin litoral, deben ser analizados y estudiados por la Cancillería boliviana y DIREMAR para proyectar, diseñar y adoptar una nueva política de reintegración marítima, acorde con nuestros intereses nacionales y el contexto histórico que nos toca vivir. En ese sentido, también es importante considerar todos esos casos de territorios que se han puesto bajo un régimen de soberanía no plena ni absoluta en términos tradicionales y westfalianos, sino bajo diversas e innovadoras formas de entender la soberanía, que les ha dado eficacia y viabilidad a ciertos puertos y territorios, como Hong Kong, Macao, Trieste y Gibraltar, entre otros.  

Igualmente, aunque sin considerar cesiones de soberanía, es importante considerar todos los casos que permiten mejorar el acceso de los países en desarrollo sin litoral a través de los países de tránsito en el marco del Programa de Acción de Viena (2014-2024) de Naciones Unidas. Como las amplias prerrogativas aduaneras que la India ofrece a Nepal en sus puertos marítimos o las envidiables facilidades carreteras y férreas que Tailandia ha puesto a disposición de Laos para llegar al mar.

Pero nuestros estrategas no solo deben analizar los avances mencionados, sino también los retrocesos y los riesgos geopolíticos que pueden existir para Bolivia, principalmente por sus riquezas naturales. Porque, así como Etiopía parece estar cerca de recuperar su salida al mar, Ucrania parece estar cerca de perderla. Efectivamente, dado el desarrollo que ha tenido la guerra desatada por Rusia hace casi dos años, es posible esperar que la contienda termine con la anexión rusa de toda la costa ucraniana sobre el Mar el Negro, incluyendo las regiones actualmente ocupadas de Donesk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón, Crimea y posiblemente la ciudad de Odesa, que si cae en manos rusas, Moscú podría enlazar su territorio con el de Transnistria, que es un enclave prorruso en Moldavia.

Si ese terrible resultado se llegara a producir, Bolivia, de acuerdo a su historia y doctrina internacional, no puede ni debe estar del lado del Estado enclaustrador, porque hasta el momento nuestra diplomacia se ha abstenido de condenar la invasión y crímenes de guerra rusos. Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es consentir que se le arrebate su salida al mar a Ucrania o a cualquier otro Estado, porque sería como consentir implícitamente la legalidad y/o legitimidad de nuestro propio encierro.

En suma, es muy importante estudiar y comprender todo lo que pasa y ha pasado con los países en desarrollo sin litoral, y no solo considerar lo que ha sido nuestra dramática y frustrante historia respecto al mar, para definir una política clara y coherente, realista y viable, que le permita a Bolivia recuperar o al menos mejorar su acceso a las corrientes del mar. 

El “rochazo” y el “putsch nazi”

Publicado en Péndulo 

Según la acusación criminal del FBI, el ex Embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, actuó como agente infiltrado del régimen cubano, conspiró contra el gobierno de Estados Unidos y usó un pasaporte estadounidense que obtuvo con declaraciones falsas. Todo ello durante cerca de cuarenta años de carrera diplomática que ejerció en varios países latinoamericanos y en la cual , tal como el mismo Rocha reconoció en las reuniones secretas que sostuvo con el agente encubierto del FBI Michael Haley, habría contribuido “inmensamente” a fortalecer la revolución cubana: “lo que hicimos… fue enorme… más que un grand slam”.  

Entre las acciones conspirativas que Rocha realizó para lograr ese “grand slam”, está el impulso que le dio a la candidatura de Evo Morales en las elecciones del 2002, cuando el entonces embajador estadounidense dijo que si los bolivianos “votan a quienes quieren que Bolivia vuelva a exportar cocaína [en referencia a Morales], eso pondrá en serio peligro cualquier ayuda futura de Estados Unidos a Bolivia”. Esas declaraciones, que fueron asumidas por una buena parte del electorado boliviano como una torpe e inaceptable interferencia en los asuntos internos del país, ahora nos permiten entender mejor lo que pasó, porque resulta mucho más lógico creer que se trataba de una intriga cubana para favorecer al entonces candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), que seguir creyendo que solo fue un desliz del embajador estadounidense y agente cubano.

El hecho es que “el rochazo”, que es como se conoce a las consecuencias de dichas declaraciones, no sólo contribuyó a incrementar la votación de Morales en esa elección, en la que terminó segundo con más del 20% de los votos cuando las encuestas no le daban más del 10%; sino que además, con el impulso recibido, luego pudo ganar las elecciones del 2005 con facilidad y permanecer en el poder incluso más de lo que permite la Constitución, lo que quizás nunca habría sucedido sin el pequeño pero gran empujón de Rocha, nunca lo sabremos.

Pero lo que sí sabemos es que Bolivia está expuesta a las intrigas e injerencias de los gobiernos extranjeros que por algún motivo estratégico o contextual deciden intervenir en nuestra política, como ocurrió en 2002 y también en otras ocasiones.

El caso más llamativo es el “putsch nazi” de 1941, que fue ejecutado por el servicio de inteligencia secreto del Reino Unido M16 con el objetivo de convencer a los Estados Unidos de ingresar a la guerra que se estaba librando en Europa. La idea era alarmar a los funcionarios de la Casa Blanca respecto a una posible penetración nazi en su patio trasero, que empujara a la potencia norteamericana a entrar en el conflicto europeo.

Con ese motivo, el gobierno conservador de Enrique Peñaranda apresó y confinó a ciertos miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), lo que lejos de acallarlos o amedrentarlos, aumentó su popularidad y sobre todo la de su líder, Víctor Paz Estenssoro, quien como sabemos después gobernó Bolivia por varios años.

Ciertamente, a mediados de 1941, varios medios nacionales e internacionales informaron que el gobierno boliviano había debelado un golpe de Estado nazi, maquinado por la Embajada del Tercer Reich en La Paz, el MNR y algunos elementos clave de las FF.AA. Con esos argumentos, Peñaranda decretó estado de sitio, cerró algunos periódicos de oposición, declaró persona non grata al Embajador de Alemania y como hemos dicho, apresó y confinó a ciertos miembros del MNR y también de las FF.AA., que adquirieron una notoriedad inusitada tras la supuesta desarticulación del “putsch nazi”.

Los espías británicos habían falsificado la firma del Agregado Militar de Bolivia en Alemania, Mayor Elías Belmonte, que se había hecho conocer por su activismo político y su tendencia “militar-socialista”, para hacer creer al gobierno de La Paz y sobre todo al de Washington, que Belmonte estaba conspirando con los nazis y con los emenerristas para derrocar a Peñaranda. Las FF.AA. dieron de baja a Belmonte y el Congreso lo declaró traidor a la patria, en un proceso que desde un principio estuvo plagado de dudas y sospechas respecto a la veracidad de la carta atribuida a Belmonte. Se trataba de una carta dirigida al Embajador alemán en La Paz Ernst Wendler, en la que supuestamente Belmonte anunciaba los últimos detalles para lanzar el golpe.

En esa ocasión, tuvieron que transcurrir más de 35 años para confirmar que dicha carta era falsa. Pues recién en 1979, en una entrevista para la televisión de su país, el agente de inteligencia británico Montgomery Hyde, confesó sin ruborizarse que él había redactado la carta atribuida a Belmonte. A raíz de esas confesiones, Belmonte fue reincorporado a las FF.AA. de Bolivia con el grado de general, el congreso le rehabilitó sus derechos ciudadanos y el gobierno de Guevara Arce lo desagravió.   

Aunque la historia no se repite, no podemos negar que hay similitudes entre lo que fue el “putsch nazi” para el MNR y el “rochazo” para el MAS. 

El declive del orden internacional liberal

 Publicado en Péndulo

Los ataques terroristas perpetrados por Hamás en contra de militares y civiles israelís el pasado 7 de octubre, es otro hito más, execrable y sangriento, del interregno que atraviesa el mundo desde hace 15 años, cuando estalló la Crisis Financiera Global de 2008. Interregno que se ha caracterizado por un declive del orden internacional liberal imperante que, a partir de entonces, se ha visto afectado por otros eventos de impacto global, tanto o incluso más graves que el de 2008. Los cuales han confirmado esa incierta y preocupante tendencia mundial que nos está llevando hacia un escenario cada vez más conflictivo, inestable y fragmentado. Nos referimos específicamente a las crisis que han ocasionado la anexión de Crimea por parte de Rusia el 2014, el Brexit de 2016, la Guerra Comercial y Tecnológica entre China y Estados Unidos a partir de 2018, la pandemia del Covid-19 de 2020, la Guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó el 2022, y ahora, el resurgimiento del interminable conflicto palestino-israelí.

Tal como señala el reconocido internacionalista José Antonio Sanahuja, usando la nomenclatura de Antonio Gramsci, “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados”. Esta definición de interregno, ideada por Gramsci para explicar el periodo entreguerras mundiales, ha sido rescatada recientemente por Sanahuja para explicar el contexto actual, marcado por “fenómenos mórbidos” tales como: el descontento generalizado, la violencia política, el ascenso de los extremismos nacionalistas, la erosión y fragmentación de los sistemas de partidos dominantes y el frecuente éxito electoral de los outsiders; el agotamiento del modelo postfordista de desarrollo económico debido a su insostenibilidad medioambiental y a la revolución tecnológica (robotización e IA); y finalmente la irrupción de riesgos geopolíticos generados por múltiples conflictos regionales que han derivado en la disrupción y acortamiento de las cadenas de suministro, así como en la disminución de la inversión extranjera directa y el comercio internacional.  

Las similitudes entre el interregno actual y el que transcurrió entre 1919 y 1939 son innegables: una exacerbación de los nacionalismos que ha facilitado el regreso de los populismos autoritarios por la vía democrática, el resurgimiento del proteccionismo comercial y las políticas de contención y coerción por parte de las democracias liberales que aplican sanciones contra sus adversarias que, en la mayoría de los casos, resultan ineficaces y hasta contraproducentes. Sumado a ello, la preparación generalizada para la guerra y la consecuente carrera armamentista financiada, en muchos casos, con la impresión de dinero sin respaldo. Y por si fuera poco, una fuerte crisis económica que ha trascendido en una estanflación global, por la combinación de inflación y bajo crecimiento económico. 

Por otra parte, la reconfiguración geopolítica que provocan todas estas crisis y fenómenos mórbidos, está definiendo, a su vez, una clara división entre dos bloques de poder: el bloque occidental o tradicional, también denominado anglosfera, liderado por Estados Unidos y compuesto por los otros países del G7 más Australia, y el bloque oriental o revisionista, también llamado sinosfera, liderado por China y compuesto por Rusia, Irán, Bielorrusia y las ex repúblicas soviéticas del Asia Central. Esta nueva bipolaridad, ha generado la sensación de otra Guerra Fría que se manifiesta en el desacople económico, comercial, financiero y tecnológico de estos dos bloques y en el fortalecimiento de las redes del globalismo dentro de esos mismos bloques. Pues mientras que los lazos se han roto casi totalmente entre Estados Unidos y Rusia a partir de la "operación militar especial" de Vladimir Putin en Ucrania, los lazos entre Rusia y China se han incrementado y fortalecido, como también lo han hecho los lazos entre Estados Unidos y Europa. Por lo que, es posible afirmar que hay un proceso de desglobalización y desacople entre la anglosfera y la sinosfera, pero al mismo tiempo, un proceso de mayor integración e interdependencia dentro de cada uno de esos bloques de poder. 

Esta realidad se ha profundizado con las sanciones económicas aplicadas por el bloque occidental contra todos esos países que se han posicionado en contra del orden internacional liberal (incluidos Cuba, Nicaragua, Venezuela y afortunadamente aún no Bolivia), y con la mayor cohesión y fortalecimiento de las alianzas militares, como la OTAN y el AUKUS por parte de la anglosfera, y la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva por parte de la sinosfera. 

Pero si bien hasta aquí hemos definido un escenario eminentemente bipolar, en realidad, el análisis del contexto geopolítico mundial quedaría incompleto si no reconocemos la importancia e influencia de algunos otros países que no son parte de la anglósfera ni de la sinosfera, como la India, Turquía, Indonesia, Arabia Saudita y Brasil, por mencionar los más relevantes, y también el papel de los actores no estatales, pero con gran peso económico y político, como las empresas transnacionales. Entonces si aplicamos la lógica gramsciana del interregno en que "lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer", estaríamos hablando de la muerte de un orden unipolar, el orden internacional liberal dirigido por Estados Unidos, y el nacimiento de un orden multipolar y transnacional, que no se puede entender con las teorías realistas y neorrealistas del equilibrio de poder que contribuyeron a definir y comprender lo que ocurrió desde el Congreso de Viena de 1815 hasta nuestros días, sino que es necesario desarrollar nuevos esquemas teóricos que permitan analizar el comportamiento de los actores del sistema internacional, en un mundo mucho más complejo y voluble. 

De acuerdo a Sanahuja, así como las potencias occidentales no parecen capaces de sostener el orden internacional actual, las potencias revisionistas no tienen tampoco la voluntad ni la capacidad de ofrecer una alternativa. Por lo que aún nos encontramos en la incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir y aún es muy temprano como para desarrollar un modelo teórico que nos permita entender lo que podría ocurrir.   

En este contexto, si la guerra entre Israel y Hamás se agrava y extiende en el tiempo, como parece que ocurrirá, lo más probable es que termine involucrando directamente a otras potencias, como Estados Unidos, Irán o Arabia Saudita. Lo que sin duda generará fuertes presiones para que se desate un conflicto mayor, y también distracciones frente a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa del este y en el Indo Pacífico, donde también podrían agravarse los conflictos y desencadenarse, finalmente, la tan temida Tercera Guerra Mundial. 

El enclaustramiento de Ucrania y la crisis alimentaria

Publicado en Péndulo 

La guerra ruso-ucraniana ha profundizado la crisis económica global que se inició con la pandemia del covid-19, generando la tan indeseada combinación de inflación y bajo crecimiento económico a nivel mundial, lo que también se conoce como estanflación. A este sombrío panorama se suma la crisis alimentaria que está ocasionando dicha guerra, por el encarecimiento de los granos y los fertilizantes que son cada vez más escasos debido a los bloqueos y bombardeos que afectan a sus respectivas cadenas de suministro.

Considerando que Ucrania es uno de los principales productores de cereales a nivel mundial y tomando en cuenta también la dependencia que tienen varios países de los cereales ucranianos, entre ellos países tan pobres y vulnerables a las hambrunas como Somalia, Yemen y Sudán; en julio de 2022, Rusia, Ucrania y Turquía, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, acordaron establecer una ruta humanitaria para la salida de los granos ucranianos a través del Mar Negro. Dicho acuerdo, que es el único que los Estados beligerantes han suscrito desde que se inició la guerra, disponía garantizar la exportación de los granos ucranianos a través del Mar Negro y también, facilitar el acceso de los alimentos y fertilizantes rusos a los mercados internacionales.

No obstante, a mediados de julio de 2023, Rusia acusó a sus contrapartes de incumplimiento y decidió retirarse del referido acuerdo, amenazando con atacar a cualquier embarcación que cruce el Mar Negro, sea o no para el transporte de granos. Esta alarmante medida, que se anunció a las pocas horas del segundo ataque ucraniano al puente de Kerch, que une a la península de Crimea con el territorio ruso; pone en peligro la estabilidad de precios de los alimentos a nivel global y lo que es peor, deja sin suficiente abastecimiento a ciertos países africanos que necesitan esos alimentos desesperadamente. 

Pero el alarmante anuncio no solo se quedó en palabras, sino que se complementó con los repetidos bombardeos rusos a los puertos ucranianos de exportación de granos sobre el Mar Negro, principalmente al puerto de Odesa, lo que ha dejado a Ucrania enclaustrada, sin una salida directa y segura a las corrientes marítimas mundiales.

Según el mismo Vladimir Putin, hay algunas restricciones que establecen las sanciones occidentales, impuestas por los países de la OTAN (sin contar a Turquía) a Rusia, que impiden el cumplimiento de lo convenido en el acuerdo de granos. A lo que los gobiernos occidentales han respondido que Putin pretende utilizar el hambre como un arma de guerra.

Se trata pues no sólo de una guerra por el control del territorio ucraniano y de las cadenas de suministro de los alimentos, sino también de una guerra de narrativas, en la que obviamente, nadie quiere quedar como el villano de la película, muy a pesar de que Putin es evidentemente el principal candidato. A sabiendas de esta situación, Putin ha ofrecido enviar alimentos de manera gratuita a seis países africanos con los que tiene muy buenos tratos: Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, Eritrea y República Centroafricana. No obstante, además de dejar a otros países pobres y vulnerables sin abastecimiento, estas controvertidas medidas están afectando seriamente a países como China, que también dependen de los granos ucranianos.

Ciertamente, después de la Unión Europea, China es el principal comprador de los granos ucranianos y toda esta situación ya ha tenido serios efectos en las adquisiciones de alimentos del gigante asiático, que ha tenido que buscar otros proveedores en países no tan amigos como Australia, Canadá y Francia. Entonces, desde el punto de vista de la China, que es el principal socio de Rusia frente al bloque de la OTAN, las decisiones de Putin le afectan en tres sentidos: el tener que depender de países occidentales para el abastecimiento de granos, el no poder abastecer la demanda alimentaria de su gran población en los mismas condiciones que antes de la guerra y también, el ver afectada su influencia en África, donde se sabe que Xi Jinping es el único líder mundial que podría hacer algo para convencer a Putin de que no siga restringiendo el flujo de alimentos.

Ante esta realidad, que le asigna a China un rol fundamental en el devenir de la crisis alimentaria, Rusia deberá sopesar los costos que tiene enclaustrar a Ucrania, tanto para su imagen internacional como para el mantenimiento de su alianza con la China, que es un socio importantísimo para sus pretensiones imperialistas de preminencia geopolítica y geoeconómica en Europa del este y el resto del Sur Global.