El diálogo no marítimo con Bachelet

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en: Pagina Siete 

Obnubilados quizás por su preocupación, algunos de los aludidos llegaron a afirmar que los demás temas son irrelevantes para Bolivia.

En los últimos días la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que es perfectamente posible restablecer el diálogo con Bolivia, pero dejando de lado el tema marítimo que, como es sabido, fue llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por nuestro gobierno. "Creemos que es perfectamente posible dialogar sobre los otros puntos... pero el tema (del mar), ellos lo llevaron allí y allí se resolverá”, sentenció la reasumida Mandataria.

Posición que levantó un mar de críticas de parte de variados personajes de nuestro medio, quienes no le hayan sentido a conversar con La Moneda sobre "los otros puntos” de la agenda bilateral mientras no se resuelva el tema marítimo que es, sin duda, el asunto más importante y delicado de nuestras relaciones internacionales. Obnubilados quizás por su preocupación, algunos de los aludidos llegaron a afirmar que los demás temas son irrelevantes para Bolivia.  

Pero dichas apreciaciones no tienen en cuenta todos los factores en juego y, lo que es peor, no contribuyen al prevalecimiento de nuestros intereses nacionales. Me permito discrepar con quienes piensan así básicamente por dos motivos: (1) la demanda presentada por el Gobierno nacional ante la CIJ tiene buenas posibilidades de prosperar; y (2) hay ciertos puntos de los demás temas pendientes que son importantísimos para Bolivia y que, por tanto, deben también contar con un canal de diálogo –aun cuando sea independiente del tema marítimo– que permita resolverlos. 

Respecto al primer motivo, cabe recordar que la demanda marítima boliviana solicita que la CIJ falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita recuperar un acceso soberano al océano Pacífico. Solicitud que se basa en la contundente e innegable evidencia histórica de que el Gobierno de Santiago aceptó conversar con La Paz sobre este tema en muchísimas oportunidades y que, en algunas  de ellas, incluso ofreció formalmente a Bolivia un territorio con soberanía al norte de Arica.

En cuanto a la jurisprudencia, podemos citar el caso entre Siam (ahora Tailandia) y la Indochina Francesa (ahora Camboya), en el cual la CIJ encontró que el Gobierno siamés había reconocido tácitamente la soberanía indochina en el templo Preah Vihear, mediante ciertas manifestaciones oficiales de sus autoridades. Asimismo, cabe mencionar el caso presentado por Nueva Zelanda y Australia en contra de Francia, en el cual ese mismo tribunal determinó que las declaraciones de las autoridades francesas en cuanto a que no realizarían más pruebas nucleares en el océano Pacífico tenían carácter vinculante. De igual forma, la Corte Permanente Internacional de Justicia dictaminó que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Noruega en 1919, Nils Claus Ihlen, en relación a que "los planes del Gobierno de Dinamarca respecto a la soberanía danesa sobre toda Groenlandia… no encontrarán dificultades de parte de Noruega”, era también obligatoria.

En buenas cuentas, lo que Bolivia está pidiendo a la Corte es algo tan sensato como que Chile cumpla sus compromisos. Por tanto, no debemos inquietarnos porque ahora el Gobierno de Bachelet no quiera negociar el tema marítimo, todo lo contrario, debemos tomarle la palabra a Bachelet, conversar sobre todos los demás temas pendientes y continuar con la demanda asignándole, eso sí, la prioridad que amerita.

Al respecto, debemos tener en cuenta la altísima importancia y gravedad de "los otros temas” si queremos condicionar su tratamiento al diálogo simultáneo del tema marítimo, pues son asuntos que afectan a Bolivia y que a Chile le conviene mantener en el congelador, como lo ha hecho desde noviembre de 2010, cuando el Gobierno de Piñera decidió interrumpir el diálogo de la agenda de 13 puntos al cancelar una reunión que debía celebrarse por esas fechas en Arica, de acuerdo a lo convenido el 14 de julio de ese mismo año, cuando en relación al tema marítimo (punto 6), ambos países se comprometieron formalmente a "presentar así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones”. 

Entre los otros temas, además del narcotráfico, contrabando, migración y comercio, está el uso no autorizado de aguas bolivianas por parte de Chile, la aplicación del libre tránsito de Bolivia en territorio y puertos chilenos, la paralización del ferrocarril Arica - La Paz y el mantenimiento de minas antipersona y anti-vehículos en el lado chileno de la frontera. 

Río Caquena o Cosapilla

En efecto, a los bolivianos debe interesarnos conversar sobre los recursos hídricos compartidos porque actualmente Chile utiliza cerca de 6.000 litros por segundo de aguas bolivianas sin autorización y sin pagar ni un centavo, que corresponden a 300 litros por segundo del Silala, aproximadamente, a casi 3.000 litros por segundo del río Lauca y a más de 3.000 litros por segun do del río Caquena o Cosapilla, este último con el agravante de que su desviación representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904 que, en su artículo 2, establece que la frontera entre los dos países "seguirá el curso del río Caquena o Cosapilla”. 

Asimismo, sería bueno conversar sobre el derecho de libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos que fue otorgado por Chile con el evidente e inequívoco propósito de atenuar los efectos del enclaustramiento impuesto a nuestro país a partir de 1879, pero que, a lo largo de la historia no se ha aplicado como establece el Tratado de 1904 y las convenciones de 1912, 1937, 1953 y 1996; un ejemplo de ello es el reciente paro portuario (diciembre – enero 2014) que el Gobierno chileno no pudo resolver sino después de 25 largos días de paralizaciones en casi todas sus terminales portuarias. 

Por otra parte, la paralización por ya casi una década del Ferrocarril Arica – La Paz en el lado chileno  representa el más llamativo incumplimiento de Chile a los acuerdos bilaterales, porque dicha vía férrea fue la principal compensación que recibió Bolivia por su vasto, rico y único litoral. Por tanto, es también muy importante restablecer el diálogo para coordinar  -una vez que se restablezcan las operaciones del tren que creemos que será pronto– la administración del ferrocarril de acuerdo a lo convenido y en ese mismo marco, establecer si corresponde algún tipo de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados durante los años de su inmovilización en el lado chileno.

Finalmente, a los bolivianos – como también a peruanos y argentinos – nos deben preocupar las miles de minas antipersona y anti-tanque que Chile mantiene en sus fronteras desde los años 70. Este asunto es precisamente uno de los pocos en los que se logró avanzar un poco durante la vigencia de la Agenda de 13 puntos (2006 – 2010), no obstante, y a pesar de los compromisos asumidos por las autoridades chilenas en el marco de la ONU para desminar completamente su territorio, los campos minados siguen ahí, lesionando y matando cada cierto tiempo a los habitantes y animales de la zona.

Por lo dicho, no debe causar alarma que Bachelet no quiera conversar sobre el tema marítimo porque su tratamiento fue judicializado. 

De hecho, ya es un gran avance que Chile acepte dialogar sobre "los otros temas” si consideramos que el Gobierno del presidente Piñera congeló no sólo el tema marítimo, sino absolutamente todos los demás puntos de la agenda. En ese sentido, es imperioso aprovechar la oportunidad histórica que nos presenta el juicio ante la CIJ  para demostrarle al mundo que cuando no se trata del mar, bolivianos y chilenos podemos entendernos civilizadamente.

Bolivia´s Reasonably Strong ICJ Case against Chile

By: Andres Guzman Escobari

Publised by Opnio Juris

[Andrés Guzmán Escobari is a former Bolivian diplomat, a Professor at Universidad del Valle and Universidad de los Andes and an associate researcher for the German Foundation Friedrich-Ebert-Stiftung. The opinions expressed are strictly personal.]

A few days after Bolivia instituted proceedings against Chile before the International Court of Justice, Julian Ku wrote a post here on Opinio Juris entitled “Bolivia´s Ridiculously Weak ICJ Case against Chile”.  His main claim?  “This case looks like a sure loser on admissibility; it looks like it is going to be a major waste of time for the ICJ”.

In this post, I would like to offer a rebuttal to Mr Ku’s comments and to explain why Bolivia’s case is not only not a ‘sure loser’ but is reasonably strong.  The case concerns Bolivia’s request that the Court declare and adjudge that “Chile has the obligation to negotiate with Bolivia in order to reach an agreement granting Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean” because “Chile has breached the said obligation”. Specifically, for that reason, “Chile must perform the said obligation with good faith, promptly, formally, within a reasonable time and effectively, to grant Bolivia a fully sovereign access to the Pacific Ocean”.

Mr Ku develops two mains arguments to support his opinion: (1) that there is no compulsory ICJ jurisdiction under the Bogota Treaty; and (2) that there is no specific obligation on Chile to negotiate an agreement granting Bolivia an access to the Pacific Ocean because the language of the declarations made by Chilean authorities with the purpose of giving Bolivia back sovereign access to the sea were “non-obligatory”.

With regard to the first argument, it suffices to read the responses to his post here on Opinio Juris or just to note that the case has been already accepted by the Court.

As to the second argument, considering that Bolivian legal arguments are based on the Unilateral Acts of States, the language used by Chilean representatives is not the most important issue to analyse here, nor the intention behind those declarations. What really matters is the conduct of Chile towards this problem. Indeed, according to Aleš Weingerl (University of Oxford) the obligations created by unilateral acts “come into existence as a result of the conduct of one State” and that conduct “alone operates as the only relevant factor”. So language, from the Unilateral Acts theory perspective, is not as important as Chile’s historical behaviour, since it has recognized many times the existence of the problem and has offered Bolivia, no less than 10 times, a sovereign access to the sea. Let me highlight a few of the most important Chilean statements.

The official communication signed by the Chilean Minister of Foreign Affairs, Horacio Walker, on 20 June 1950, precisely states that the government of Santiago “is willing to formally enter into a direct negotiation aiming at finding the formula which would make it possible to grant Bolivia an own and sovereign access to the Pacific Ocean and for Chile to obtain compensations that are not of a territorial nature and that effectively take into account its interests”.

The same purpose to enter into negotiations to grant Bolivia a sovereign access to the sea was later reiterated by Chile through a Memorandum forwarded by its Ambassador in La Paz, Manuel Trucco, to the Bolivian Ministry of Foreign Affairs on 10 July 1961.

Moreover, on 8 February 1975, the President of Chile, Augusto Pinochet, signed a Declaration with his Bolivian peer, Hugo Banzer, in which both statesmen assumed a compromise “to find formulas to solve the vital issues which both countries faced, such as one relating to the landlocked situation that affects Bolivia”. With this compromise, both governments started a negotiation in which Chile, through an official note subscribed by its Minister of Foreign Affairs, Patricio Carvajal on 19 December 1975, expressed: “it would consider, as manifested by the President Banzer, the cession to Bolivia of a sovereign seacoast linked to the Bolivian territory by an equally sovereign territorial strip”. “Chile would be willing to negotiate with Bolivia the cession of a territorial strip at the northern part of Arica along the line of Concord (border between Chile and Peru)”. “Once the final agreement is produced, a solemn witness will be left declaring that the territorial cession allowing sovereign outlet to the sea, represents the full and final solution to the landlocked situation of Bolivia”.

With this last phrase, Chile did, undeniably, acknowledge that the full and final solution to the landlocked situation of Bolivia must be achieved by a territorial cession that allows Bolivia to recover its sovereign outlet to the sea.

Furthermore, Chile adopted some other pledges by accepting and signing multilateral agreements or resolutions that referred to the maritime problem of Bolivia, such as the Ayacucho Statement of 1974 and the Resolutions adopted by OAS in 1980, 1981 and 1983; with this last Resolution, Chile formally accepted “to find a formula for giving Bolivia a sovereign outlet to the Pacific Ocean, on a basis that takes into account mutual conveniences and the rights and interests of all parties involved”.

In recent years, the Chilean administration of Madame Michel Bachelet agreed to start negotiations about the maritime theme as part of a 13-point Agenda which, after four years of conversations without results, led to an another formal Chilean pledge, this time “to present and to achieve concrete, feasible and useful solutions” for the maritime issue, as written in the Act signed in La Paz by the  Vice Minister of Foreign Affairs of the President Sebastian Piñera, Fernando Schmidt on 14 July 2010. A few months later, however, Chile “lost” interest in continuing negotiations with Bolivia (just as it had done in all the aforementioned attempts).  Then, suddenly and without any explanation, Chile decided to cancel the meeting in which both countries had to fulfil the agreement just quoted. After that, the Bolivian President Evo Morales announced his decision to call Chile to account at the ICJ.

All of these unilateral Chilean acts form the legal basis for Bolivia’s claim, although they were preceded by some other pledges of Chile of similar or higher legal relevance made before 1948 (when the jurisdiction of the Court started according to the Bogota Treaty) such as the Treaty of Territorial Transfer of 1895, the Protocol Act of 1920, the Mathieu Circular Letter of 1926 and the Chilean note of acceptance to the U.S. Secretary of State Frank B. Kellogg Proposal of 1926. In addition, there are many others compromises adopted by Chilean authorities verbally since the beginning of the Pacific war in 1879 (in which Bolivia lost its unique coastline) until recently, enforcing the idea that Chile has the obligation to negotiate an agreement to restore the maritime condition of Bolivia.

In terms of the international legal precedents, it is important to mention that in 1962 the ICJ found that Siam (now Thailand) tacitly recognized the sovereignty of French Indo China (now Cambodia) over the Temple Preah Vihear because of the conduct of the State of Siam, expressed in different acts of its official representatives which clearly demonstrated such recognition. In the same way, in 1974, in the case instituted by New Zealand and Australia against France, the Court recognized that the public statements of the French official authorities in order to cease nuclear-testing were legally binding.  And, in the case between Denmark and Norway regarding to the sovereignty over eastern Greenland, the Permanent Court of International Justice determined that the verbal declaration of Mr Ilhem, the Norwegian Foreign Minister, was also legally binding.

These precedents suggest that so too much Chile be bound to its prior declarations and commitments to give Bolivia a fully sovereign access to the sea. Because all of this, we, the Bolivians, optimistically expect to achieve a favourable result in this process and think that the only ridiculous thing about this case, is the opinion of people who hastily and frivolously express their thoughts without full knowledge of the facts at issue.

Entrevistas por el día del mar

Bolivia TV, 21 de marzo de 2014

Después de reasumir la Presidencia de Chile, Michel Bachelet, ofreció retomar el diálogo de la Agenda de 13 puntos con Bolivia, pero excluyendo el tema marítimo por haber sido éste judicializado por el gobierno boliviano. La siguiente entrevista se centra en la pertinencia de retomar el diálogo sin tocar el tema marítimo y en las posibilidades que tiene Bolivia dentro del proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia: 

  

La Primera de ATB, 24 de marzo de 2014

El 23 de marzo de 2014, en el acto conmemorativo a la Defensa de Calama, el Presidente Evo Morales emitió un mensaje en el que ratificó el curso del proceso judicial iniciado contra Chile y aludió a la importancia de superar en democracia lo alcanzado por los gobiernos militares en los años 70. En la siguiente entrevista se tocan esos temas y algunos otros relacionados.

Entrevista sobre el Pacto de Bogotá

Entrevista para La Primera de ATB sobre el posible retiro de Chile del Pacto de Bogotá (06/02/2014):

Entrevistas sobre el fallo de la Haya relativo al caso Chile - Perú

Entrevista para QNMP de la Red Uno (28/01/2014):

Entrevista para Primicias de Bolivia TV (27/01/2014):

Analista dice que no habló a título de Diremar en diario chileno

Por: Iván Paredes 

Publicado en: El Deber

 

El analista en temas internacionales Andrés Guzmán aclaró que las declaraciones que hizo al diario chileno La Tercera, las hizo en condición de analista y no como una posición de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar). 

El rotativo del vecino país, en su página digital, publicó este miércoles un artículo con el título:Asesor de la Diremar: “Si Chile cumple lo que ha prometido” Bolivia retirará su demanda ante la Corte de La Haya”. Esta publicación enfoca las declaraciones del especialista, pero a título personal y no como una posición del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Guzmán, en contacto con El Deber Digital, admitió que conversó con La Tercera, pero aclaró, en el contacto telefónico, que sus declaraciones las hacía en una posición analítica. Es más, dijo, volvió a recalcar al periodista que ya no es asesor de la Diremar. 

“No sé por qué pusieron así, ya que yo no soy asesor externo; sí he trabajado en la Diremar antes, pero ahora ya no”, desmintió Guzmán. 

El diario chileno publicó la nota con el enfoque de las pretensiones bolivianas para recuperar territorio perdido en la Guerra del Pacífico. En la publicación Guzmán reconoce que si el Gobierno chileno cumple con entregar espacio soberano prometido, como en las negociaciones de 1975, la administración de Evo Morales retiraría la demanda instalada en la Corte Internacional de Justicia. Esta mañana, Guzmán insistió que sus declaraciones son en condición de analista.

La realidad portuaria en Iquique para Bolivia

Por: Editorial de Opinión

Publicado en: opinion.com.bo

Expresión.

El conflicto que se originó entre el Gobierno de Chile y trabajadores portuarios por falta de un acuerdo por el pago por media hora de reconocimiento de los operarios para comer y que les era descontado, finalmente se solucionó a fines de la anterior semana con el pago de 1.5 millones de pesos chilenos por trabajador.

Un paro portuario por las causas que fueren, es un hecho que puede presentarse en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier país. Sin embargo el paro portuario en Iquique, tiene connotaciones especiales para Bolivia, porque nuestro país depende de este puerto para sus operaciones de importación y exportación de productos. Y depende de este lugar marítimo no por propia voluntad sino como consecuencia de un problema mayor y de connotaciones internacionales, pues a partir de la firma del Tratado de 1904 con Chile, se garantiza el uso fluido de los puertos chilenos como una compensación por la pérdida del litoral boliviano producto de la invasión de Chile a los costas marítimas bolivianas en 1879.

Una interrupción, nada menos que por 25 días de las operaciones en el puerto de Iquique, por un problema que resulta hasta banal como es el horario empleado por los operarios para comer y su respectivo pago, es una demostración clara e indiscutible de una más de las vulneraciones al Tratado y de la intención manifiesta de perjudicar y maltratar las operaciones bolivianas y a los transportistas connacionales.

No se puede colegir algo diferente porque las actitudes son las que se expresan por sí solas, cuando problemas que son considerados por su propia esencia como simplemente administrativos y de soluciones no complejas, son dilatados hasta límites que luego derivan en grandes perjuicios para nuestro país y para su economía.

Desde luego que las reclamaciones realizadas por este hecho por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Bolivia, son justas y oportunas, aunque seguramente como ha ocurrido en anteriores oportunidades, la desidia de las autoridades correspondientes del vecino Chile, será nuevamente la respuesta que configura en todo caso un eslabón más de la cadena de injusticias que soporta Bolivia, relacionadas con los nefastos hechos de 1879.

Lo que ha ocurrido durante los días del paro en el puerto de Iquique, plantea un hecho que no solo ilustra en su faceta más injusta la situación por la que Bolivia atraviesa respecto a sus oportunidades de comercio internacional, sino que es una expresión de las causas justas que viene exponiendo desde hace más de un siglo para recuperar su salida soberana al Pacífico. Seguramente que estos aspectos tienen que ser analizados en su dimensión, dentro del proceso que Bolivia ha presentado por su causa marítima ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya, donde reclama ser escuchado con honestidad por Chile, en su reclamación más que centenaria.

El libre tránsito que Chile otorga a Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Camiones bolivianos varados en la frontera Tambo Quemado

El paro de actividades de los trabajadores fiscales de Chile que se prolongó durante toda la última semana de noviembre y que vino a complementar otras huelgas que de manera interrumpida hicieron los mismos trabajadores desde mediados de ese mismo mes; puso en evidencia, una vez más, que el cumplimiento del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, no es una prioridad para el Estado chileno.

Dicho paro, al cual se sumaron los funcionarios de la Aduana chilena y del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), entre otros; supuso la interrupción del libre tránsito que Chile debería garantizar a favor de Bolivia por su territorio y puertos a perpetuidad, en todo tiempo, para toda clase de carga y sin excepción alguna.  

En efecto, mediante el Tratado de 1904: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Ambos Gobiernos acordarán, en actos especiales, la reglamentación conveniente para asegurar, sin perjuicios para sus respectivos intereses fiscales, el propósito arriba expresado” (Artículo 6).

En cumplimiento a la última parte de esta cláusula, el 6 de agosto de 1912, ambos países suscribieron la Convención de Tráfico Comercial que en su parte pertinente señala: “El gobierno de Chile en conformidad al artículo 6° del Tratado de 1904, garantiza el libre tránsito por su territorio de las mercaderías extranjeras que se desembarquen con destino a Bolivia, o que procedentes de ese país se embarquen para el extranjero por todos los puertos mayores de la República” (artículo 1).  

EL 16 de agosto de 1937, después de las protestas que el gobierno boliviano presentó por las constantes obstrucciones que Chile impuso al paso de pertrechos bélicos con destino a Bolivia, antes y durante la guerra del Chaco (1928 y 1933); ambos países firmaron la Convención sobre Tránsito en la cual se acordó: “El gobierno de Chile, de conformidad al artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904, reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia”. “Dentro de las estipulaciones chileno – bolivianas vigentes el libre tránsito comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).  

Por tanto, queda claro que cualquier interrupción al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos representa nada menos que un clarísimo incumplimiento de Chile al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, más aun cuando esa interrupción genera importantes perjuicios para los comerciantes bolivianos y se prolonga por varios días como en este caso.

Trabajadores fiscales de Santiago en protesta.

Al respecto, cabe aclarar que si bien se trata de una huelga legítima porque se basa en demandas laborares que fueron desatendidas por mucho tiempo y que las autoridades chilenas hicieron significativos esfuerzos por evitarla en esta oportunidad; no cabe la menor duda de que el gobierno de Chile, aún en tales circunstancias, debería encontrar la forma de garantizar en todo tiempo y sin excepción alguna el funcionamiento de sus puertos y pasos fronterizos con Bolivia, no sólo porque se comprometió a ello formalmente y por escrito, sino porque con estas interrupciones lo único que hace es demostrar que el libre tránsito que otorga a Bolivia no compensa en ningún caso lo que significa un acceso útil y soberano al mar, que el paso del comercio boliviano por su territorio está sujeto a los vaivenes de su política interna y que no es un país respetuoso del derecho internacional que cumple sus compromisos, como tantas veces lo han dicho sus autoridades. 

Por tanto, Chile debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados al comercio boliviano, tal como bien lo solicitó el Presidente Morales; y tiene que garantizar el libre tránsito de nuestro país por su territorio y puertos; y si finalmente no puede hacerlo a perpetuidad, en todo tiempo, para toda clase de carga y sin excepción alguna, valga repetirlo, entonces debe devolverle a Bolivia su cualidad marítima, útil y soberana. 

Prologo del libro "Historia Diplomática de Bolivia" de Jorge Escobari Cusicanqui (2013 sexta edición)

Por: Andrés Guzmán Escobari

La historia diplomática de Bolivia es en esencia un digno reflejo de la idiosincrasia boliviana en cuanto a la compleja mezcla de una cultura ancestral muy arraigada en sí misma y otra cultura importada y para muchos impuesta que representa los paradigmas políticos y económicos que dominaron el mundo desde que Bolivia alcanzó su independencia y que en nuestros días se expresa innegablemente dentro el incontrolable proceso de globalización.

En ese contexto, algunos de los diplomáticos bolivianos llegaron a priorizar intereses políticos, ideológicos y hasta personales por sobre el objetivo más importante de nuestra política exterior, el prevalecimiento de los intereses nacionales de Bolivia; mientras que otros, quizás los menos, actuaron con un verdadero fervor cívico e hicieron valer esos intereses.

Este libro toca todos estos temas desde una perspectiva si bien patriota y nacionalista, no menos realista y pertinente, relatando esa historia en base a los fundados argumentos que develan las grandes dificultades que enfrentó y aún enfrenta un país no tan poderoso como Bolivia en un escenario internacional dominado por las fuerzas que determinan lo que Hans Morgenthau denominó “equilibrio de poder”.

La presente obra que, - sin decirlo explícitamente-, se expresa en términos realistas, es sin duda el escrito más importante de la historiografía boliviana en su parte relativa a las relaciones internacionales, pues desde los libros de Miguel Mercado Moreira “Historia Internacional de Bolivia” y de Carlos Alberto Salinas Baldivieso “Historia Diplomática de Bolivia”, editados en 1930 y 1938, no se ha publicado un texto que contenga un análisis tan completo, riguroso y, según mi opinión, acertado, del desarrollo de la historia diplomática de Bolivia.

Sin querer desmerecer el valioso aporte de Jorge Soria Galvarro Rosales con su libro también titulado “Historia Diplomática de Bolivia” (2008) [1]; es importante destacar que la obra de Jorge Andrés Escobari Cusicanqui, además de contener un exhaustivo recuento histórico de los acontecimientos que macaron el desarrollo de nuestra diplomacia, incluye adicionalmente un análisis crítico de cada uno de esos acontecimientos que son presentados y desarrollados desde la visión de un hombre que estuvo más de treinta años al servicio de las rela- ciones internacionales de Bolivia y ocupó, en ese tiempo, los más altos cargos de representación y dirección de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre este último punto, resulta oportuno transcribir la advertencia que nuestro autor dejó en el prólogo de la quinta edición de esta obra: “Para apreciar el contenido y proyecciones de nuestra política internacional, no es suficiente la relación esquemática y cronológica de los sucesos estrictamente históricos; es preciso deducir, aunque sea tentativamente, el sentido o el mensaje de tales sucesos, vinculándolos con los acontecimientos actuales y señalando sus lógicas proyecciones”.

Es por tanto evidente que el propósito del autor fue dejar a los estudiantes de las relaciones internacionales de Bolivia, un texto que contribuya a examinar la historia con un criterio analítico y certero. Pero por sobre todo, transmitir a los encargados de dirigir nuestra política exterior los lineamientos que se deben seguir y el espíritu que se debe adoptar para solucionar los problemas que tiene nuestro país en el escenario internacional, priorizando el prevalecimiento de nuestros intereses nacionales y ejerciendo los derechos que por justicia nos corresponden.

En efecto, el análisis crítico que contiene este libro no sólo tiene una utilidad ilustrativa, que puede ser muy bien utilizada por quienes estudian las relaciones internacionales de Bolivia; sino también una utilidad estratégica, porque nos permite identificar a través de ese análisis, los desafíos que enfrenta la diplomacia boliviana en la actualidad.

Es por esto que la “Historia Diplomática de Bolivia” de Jorge Escobari Cusicanqui se ha convertido  en la principal referencia bibliográfica de los cursos sobre relaciones internacionales que imparten las universidades bolivianas y se ha constituido asimismo, desde hace varios años, en el texto de mayor relevancia para los postulantes a la Academia Diplomática Boliviana, de la cual nuestro autor fue fundador y quien escribe estas líneas fue alumno.

El hecho de que hoy estemos presentando la sexta edición de esta obra, es una clara muestra de su importancia, pues la decisión de reeditarla no sólo responde al deseo de rendir un merecido homenaje póstumo al autor, sino atender la gran demanda que tiene este libro, cuyas copias fueron totalmente agotadas en su última edición. 

Para abundar un poco más en su relevancia podemos citar el amplio, inequívoco, y hasta quizás unánime reconocimiento que este libro ha recibido de parte de los expertos en temas internacionales de nuestro país. Pues tenemos constancia que desde que se publicó la primera edición en 1972, varios ex cancilleres, internacionalistas e historiadores, han destacado ampliamente sus cualidades utilitarias y estratégicas[2].

Por otra parte, una muestra no tan grata de su relevancia es el plagio de varios acápites de esta obra acometido por Valentín Abecia Baldivieso en su libro “Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia”, publicado en 1979 y 1986, que evidencia por un lado la procacidad del plagiador y por otro, la lucidez de un análisis escrito que al no poder igualarse es burdamente copiado[3]. 

De una manera también controvertida e igualmente reveladora de la importancia del libro de referencia, el historiador chileno Carlos Bustos en su libro “Chile y Bolivia. Un largo Camino de la Independencia a Monterrey” editado en 2004, criticó la rigurosidad de la obra que aquí comentamos al decir que Escobari Cusicanqui no fundamentó la aseveración de que el Tratado de 1904 fue impuesto por la fuerza en los siguientes términos:

“Es curioso, además, que algunos de los principales detractores del acuerdo de 1904 – como el ex Canciller y Embajador Escobari -  eluden en algunas de sus obras un análisis más profundo sobre las circunstancias en que se negoció el aludido instrumento bilateral. En el Tomo 1 de la Historia Diplomática de Bolivia, edición 1978, se menciona una serie de elementos relacionados con la misión Köning en Bolivia y después se pasa a los esfuerzos que Bolivia habría hecho para buscar solución a su “enclaustramiento”. Invito a cualquier lector objetivo a examinar las páginas previas y posteriores a las que llevan los números 120 y 121, de dicha obra de Escobari Cusicanqui”.

Personalmente debo decir que decidí aceptar el desafío de Bustos no tanto por considerarme un “lector objetivo” sino más bien porque me sorprendió que pusiera en cuestión la rigurosidad de un libro que en mi opinión es impecable en su respaldo argumentativo. Fue así que me puse a buscar en la obra mencionada, edición 1978, alguna referencia a “las circunstancias en que se negoció el aludido instrumento bilateral (Tratado de 1904)” y la verdad que no me sorprendió encontrar rápidamente un acápite denominado precisamente “El tratado de 1904 fue impuesto por la coacción” entre las páginas 219 y 223 (en esta edición se encuentra entre las páginas 215 y 219)[A1] , que explica amplia y claramente lo que según Bustos, Escobari eludió comentar.

Es tan contundente esa explicación que cabe preguntarse si Bustos realmente revisó el texto que el mismo cita o simplemente fue mayor su deseo por justificar las acciones de Chile al momento de consolidar su dominio sobre el territorio que había usurpado a Bolivia en 1879, amparándose eso sí, en la seguridad de que no muchas personas tienen una copia de la edición de 1978 de la obra aquí comentada.

Por último, es particularmente oportuno publicar la obra culminante de Jorge Escobari Cusicanqui, “Historia Diplomática de Bolivia” en estos momentos, en los cuales Bolivia ha iniciado un proceso judicial contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para recuperar un acceso soberano al mar, pues es precisamente en este libro, cuya primera edición fue publicada en 1972, donde están contenidos los fundamentos históricos del derecho de Bolivia al mar que han sido utilizados por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima – DIREMAR, para construir la demanda marítima boliviana.

Como se podrá apreciar en estas páginas, el autor desarrolla un análisis histórico de las relaciones con Chile en el que destaca los diversos compromisos asumidos por ese país con el fin de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano y si bien no llega a sugerir explícitamente que dichos compromisos por su repetitividad y formalismo son obligatorios ante el derecho internacional, sí deja muy en claro que al menos moralmente, Chile debería devolverle a Bolivia una salida soberana al mar.

Esa convicción fue desarrollada por el  autor a partir de los años 60 y reafirmada después por los gobiernos de Santiago, porque desde que Escobari Cusicanqui publicó la primera edición de su libro “El Derecho al mar” (1964), en el que menciona por primera vez la existencia de una obligación de Chile relativa al problema capital de Bolivia; hubo importantes aproximaciones entre los gobiernos de ambos países en las que las autoridades chilenas volvieron a comprometerse a resolver el asunto marítimo. En efecto, durante ese período se produjo lo que el autor denomina “el octavo compromiso chileno” que fue asumido durante “las negociaciones de Chañara” de los años 70 y los “dos desaires” ocurridos en las gestiones “Aproximación Progresiva” y “Enfoque Fresco” de 1983 y 1987, respectivamente. De esa manera, en la última edición de su obra “El Derecho al Mar” (1988), el autor completa “las diez burlas chilenas” que son recogidas y actualizadas en esta obra.

Al respecto, cabe aclarar que el esbozo de dichas obligaciones chilenas fue recogido por el reconocido abogado internacionalista boliviano, Ramiro Orías Arredondo, quien, el año 2000, en base a la teoría de los actos unilaterales de los Estados, planteó por primera vez la posibilidad de acudir a la justicia internacional para exigir el cumplimiento de los compromisos chilenos. Tesis que luego fue adoptada por DIREMAR para diseñar y elaborar la demanda judicial que el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en contra de la República de Chile el 24 de abril de 2013.  

Sin más preámbulos, dejó al lector para que inicie su recorrido por la “Historia Diplomática de Bolivia” de Jorge Escobari Cusicanqui que, valga reiterarlo, es la obra más importante de la historiografía boliviana en su parte relativa a las relaciones internacionales.

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[1] Reconociendo la existencia de otros valiosísimos aportes, cabe aclarar que no se menciona directamente a los siguientes cuatro libros: 1) “Una obra y un Destino. la política internacio- nal de Bolivia después de la guerra del Chaco” de Alberto Ostria Gutiérrez (1946), 2) “Hacia una nueva Política Exterior Boliviana” de Fernando Salazar Paredes (2000), 3) “las relaciones internacionales de Bolivia. 1825 – 1990” de Eduardo Arze Quiroga (1991), y 4) “Trayectoria de la diplomacia boliviana: 179 años de internacionalismo” de Oscar Patricio vargas Aguirre y Juan Carlos Montecinos luque (2004); debido a que ninguno de ellos trata verdaderamente sobre la historia diplomática de Bolivia, los dos primeros se refieren a las perspectivas a futuro de la diplomacia boliviana, el segundo es una recopilación de los capítulos de prensa y publicaciones especializadas del autor y el tercero es un compendio bibliográfico de todos los Cancilleres de Bolivia de 1825 a 2004.

[2] Los expertos en relaciones internacionales de nuestro país que han expresado su reconocimiento a esta obra y se tiene constancia son: José Ortiz Mercado, Javier Murillo de la Rocha, Armando Loaiza Mariaca, Guillermo Bedregal Gutiérrez, Teodosio Imaña Castro, Alvaro Perez del Castillo, Jorge Siles Salinas, Fernando Salazar Paredes, Julio Sanjinez Goitia, Ramiro Prudencio Lizon, Jorge Gumucio Granier, entre otros.

[3] Entre las páginas 688 y 810 del libro de Abecia Baldivieso publicado en 1979, existen opiniones y expresiones exactamente iguales en su redacción y contenido a las publicadas en 1972 por Escobari Cusicanqui (entre las páginas 153 y 271). Como agravante de esa cuestionable publicación, en la que no existe ninguna cita o referencia bibliográfica de respaldo, está el hecho de que pese a los reclamos realizados por Escobari en su momento, Abecia decidió mantener el plagio en una segunda edición de su libro publicado en 1986. 

Cuando Chile y Perú aceptaron ceder a Bolivia una salida soberana al mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en LaTercera.com

Para muchos entendidos en el tema marítimo boliviano, la negociación de Charaña de 1975, en la que Chile aceptó ceder a Bolivia un territorio soberano sobre las costas del Pacífico a cambio de un terreno equivalente (por tierra y mar), fue la ocasión que más cerca estuvieron ambos gobiernos de alcanzar una solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Para algunos otros, el intercambio de notas de 1950, en el que Chile accedió a ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales, fue el intento más próximo y realista para terminar definitivamente con el encierro geográfico boliviano. Por otra parte, también hay quienes sostienen que los Tratados de 1895 definen el compromiso más serio que existe sobre esta materia, pues en aquella oportunidad, Chile se obligó a ceder Tacna y Arica a Bolivia si dichas provincias quedaban en su dominio después del plebiscito que debía definir su nacionalidad. No obstante, en opinión de quien escribe, la vez que más cerca estuvimos los bolivianos de recuperar un acceso soberano al mar fue en 1926, porque en ese año, no sólo Chile ofreció a Bolivia un territorio con soberanía sobre las costas del Pacífico, sino también Perú.

Para comprender lo ocurrido en aquel tiempo es bueno recordar que los gobiernos de Lima y Santiago se encontraban en una dura disputa por las provincias de Tacna y Arica cuya pertenencia aún no había sido definida a pesar de que en 1883, ambos países se habían comprometido a realizar un plebiscito que, al cabo de diez años, debía definir su nacionalidad definitiva. Pero como no se pudo acordar las condiciones para realizar dicha consulta, Chile extendió su dominio sobre esos territorios mucho más allá del plazo acordado originalmente, lo cual, sumado a su controvertido plan de chilenización de la zona en disputa, que incluía prácticas de amedrentamiento e intimidación contra los habitantes peruanos del lugar; provocó no sólo la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y Perú, sino que también propició una inconducente etapa de acusaciones y recriminaciones del uno contra el otro.

En ese tenso ambiente en que la solución al problema de Tacna y Arica parecía inalcanzable, el gobierno de Estados Unidos decidió ofrecer sus buenos oficios a Chile y Perú para evitar que la controversia ponga en peligro la paz mundial que, en ese momento, era sin duda uno de los máximos ideales de la política internacional de las grandes potencias, junto con la libre determinación de los pueblos.

Fue así que el 4 de marzo de 1925, el Presidente de Estados Unidos, Calvín Cooldige, después de haber sido designado por las partes como árbitro de la controversia; resolvió que el plebiscito debía realizarse y dispuso la conformación de una Comisión tripartita que estaría encargada de llevar a cabo la consulta. No obstante, al poco tiempo, dicha Comisión evidenció que no existían las garantías necesarias para realizar un proceso plebiscitario libre y correcto, por lo cual, el Secretario de Estado, Frank Kellogg, intentó propiciar un acuerdo entre las partes que sin realizar el plebiscito, resuelva todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. Les propuso básicamente tres tipos de soluciones: 1) la neutralización del territorio para que sea administrado por un ente autónomo; 2) la división del territorio en disputa, con un corredor boliviano que pase por el centro; o 3) la cesión de todo el territorio en disputa a Bolivia. Ninguna de esas propuestas llegó a ser aceptada simultáneamente por las partes, pero en el proceso de negociación, ambos países aceptaron darle a Bolivia una salida soberana al mar.

El Presidente del Perú, Augusto Leguía en 1926

El Presidente del Perú, Augusto Leguía, propuso entregar un territorio al sur de Arica a Bolivia; insistía en que la ciudad ariqueña y su Morro debían quedar en el Perú, pero que los bolivianos podrían acceder al mar por un terreno entre las lomadas de Azapa y la caleta Vitor. Ese planteamiento fue ratificado por escrito en una nota enviada al gobierno boliviano el 8 de septiembre de 1925 y en un memorándum dirigido a Kellogg en mayo de 1926 (Gumucio, Jorge: Estados Unidos y el mar boliviano. 2005. Pág. 302 y Basadre, Jorge: La vida y la historia. 2007. Pág. 366).

Ante la imposibilidad de llevar a cabo la consulta, el representante del árbitro ante la Comisión Plebiscitaria, General William Lassiter, propuso a los delegados de Perú y Chile someter a votación la posibilidad de cancelar el plebiscito debido a que no existía una atmosfera apropiada para celebrarlo. Según explicó, la pasividad y permisividad de las autoridades chilenas ante los atropellos que sufrían los ciudadanos peruanos en la zona, habían hecho impracticable el plebiscito (Ulloa, Alberto: Para la historia internacional y diplomática del Perú. 1987. Pág. 362).

Mientras tanto en Washington, Chile ofreció una solución que incluía un corredor para Bolivia al norte de Arica mediante dos telegramas que fueron entregados a Kellogg por el Embajador chileno, Miguel Cruchaga, el 21 de mayo y el 9 de junio de 1926. En el primero, Chile proponía conceder a Bolivia un corredor que tendría a la frontera norte de Arica como eje y, en el segundo, aceptaba entregarle una faja de territorio desde la frontera boliviana hasta el Villoro de Palos en el océano Pacífico (Alessandri, Arturo: “Recuerdos de un Gobierno”. 1967. Pág. 182 y Gumucio: op. cit. Pág. 308).

A pesar de los esfuerzos de Chile por evitar la cancelación del plebiscito, el 14 de junio, la Comisión Plebiscitaria aprobó la moción de Lassiter con el voto favorable de los delegados de Perú y Estados Unidos, y se publicó un documento titulado “Esquema de razones para requerir una terminación definitiva de los procedimientos plebiscitarios contemplados por el laudo” que señalaba a Chile como el principal culpable de la impractibilidad del plebiscito (Ulloa: op. cit. Pág. 363).

Ante los duros cargos en su contra, el gobierno de La Moneda, mediante una comunicación enviada el 23 de junio de 1926 a todas sus representaciones en el extranjero y que se conoce como la Circular Mathieu, en alusión al Canciller chileno que la firmó; explicó su posición frente a lo ocurrido en Tacna y Arica y en las negociaciones realizadas en Washington. En estas últimas – señala el documento –, Chile expresó su aceptación a tres fórmulas transaccionales, todas ellas sujetas al plebiscito: 1) la división de los territorios en disputa, 2) la creación de un estado independiente en esa zona o 3) “el traspaso del territorio a Bolivia”. Más adelante – añade la circular chilena – “en el ánimo de evitar el fracaso que parecía inminente de la gestión de Buenos Oficios, aceptamos sacrificar, en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica. Ninguna de estas fórmulas mereció ser acogida. Las exigencias del Perú crecían a medida que avanzaban nuestras concesiones” (Revista chilena 1926. Pág. 87 y Carrasco, Sergio: “Historia de las relaciones chileno-bolivianas. 1991. Pág. 229).

El Canciller de Chile, Beltrán Mathieu, y su Embajador en EEUU, Miguel Cruchaga, en 1926.

Después de evaluar la posición de las partes y hacer las consultas correspondientes, Kellogg presentó una propuesta formal y definitiva a Chile y Perú el 30 de noviembre de 1926, en la que básicamente proponía que ambos países cedan a Bolivia los territorios de Tacna y Arica a cambio de compensaciones adecuadas que serían negociadas por las partes.

Con esa propuesta, Kellogg intentaba que peruanos y chilenos renuncien a sus derechos sobre Tacna y Arica para alcanzar una solución definitiva que no dañaba su dignidad nacional pues ninguno tenía que hacer una concesión al otro; tomaba en cuenta el interés continental de asegurar la paz en la región; suprimía la frontera común que, según se decía en aquella época, era la causa de permanentes fricciones e incidentes peligrosos; permitía resolver el problema marítimo de Bolivia y; no comprometía a los Estados Unidos en la definición de este asunto, pues se dejaba en manos de Perú y Chile la decisión final. Detrás de esta propuesta, también hubo quienes denunciaron un plan malévolo de Washington por querer ampliar su dominio sobre Bolivia y sobre sus riquezas, pues a las enormes deudas que ya tenía la hacienda boliviana con las entidades financieras de Nueva York (empréstito Nicolaus y otros), se sumaría otra muy importante que sería adquirida para pagar las compensaciones a Chile y Perú.  

De acuerdo a las predicciones del Departamento de Estado, el gobierno chileno respondió el 4 de diciembre aceptando en principio la Propuesta Kellogg y aclarando que “Chile no ha rechazado la idea de conceder una faja de territorio y un puerto a la Nación Boliviana”. No obstante, para sorpresa de muchos, el 12 de enero de 1927, el Perú contestó rechazando la sugestión estadounidense porque, entre otras cosas, no podía convertir sus derechos sobre Tacna y Arica “en mercancía sujeta a precio, por grande que ésta sea”. Aun así, aclaraba también que su gobierno “ha estado dispuesto a ceder parte del territorio, con el objeto ya de dar un puerto a Bolivia, y a poner término a la controversia con Chile”.

Con el rechazo peruano se desechó una de las oportunidades más claras de la historia para dar fin al problema marítimo de Bolivia y se desperdició también el momento más propicio para resolver de una vez y para siempre todos los problemas derivados de la guerra del Pacífico. ¿Por qué Kellogg no insistió en un corredor para Bolivia cuando Chile y Perú habían manifestado su disposición a un arreglo de ese tipo? Es la pregunta que queda sin responder en este análisis…

Como es sabido, después del fracaso de la Propuesta Kellogg, los gobiernos de Lima y Santiago, siempre bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron un Tratado el 3 de junio de 1929 que no sólo dejó de lado los intereses de Bolivia, sino que a través de un Protocolo Complementario, que se mantuvo en secreto inicialmente; Chile cerró el candado del encierro geográfico boliviano y le entregó las llaves al Perú. 

Sobre el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

A mediados de julio, los historiadores chilenos, José Miguel Concha y Cristian Garay, al primero de los cuales conozco y aprecio mucho; presentaron un libro titulado “El Tratado de 1904. Negociaciones e intereses involucrados”, que fue publicado en La Paz por Plural Editores.

Se trata de un interesante análisis sobre las circunstancias y las causales que llevaron a la suscripción del Tratado con el cual, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral.

Para analizar objetivamente un tema tan delicado y controvertido como el de referencia es necesario, entre otras cosas, ponerse en el lugar del otro para comprender sus decisiones y reacciones, y considerar asimismo, todos los factores que pudieron haber influido en su comportamiento.

Tanto Concha como Garay cumplen casi completamente con tales requisitos y es por eso que su libro aquí comentado puede servir como un texto de referencia que tanto bolivianos como chilenos deberíamos compartir, no tanto porque coincidamos con todas sus conclusiones, sino porque es una verdadera investigación académica que puede ayudarnos a comprender lo ocurrido en el pasado ahora que tendremos que enfrentar un proceso judicial en la Corte Internacional de Justica de La Haya para resolver un problema que fue originado precisamente por el Tratado de 1904: el enclaustramiento geográfico de Bolivia.

La obra comienza refiriéndose a las modificaciones territoriales que se registraron en Sudamérica entre 1870 y 1909 y aclara que Bolivia fue el país que más territorios perdió; luego describe con notable rigor académico lo ocurrido en las negociaciones que produjeron los Tratados de 1895, mediante los cuales – señalan textualmente los autores –, “Chile reconoció expresamente la necesidad de otorgar a Bolivia una salida soberana al mar” (Págs. 74 y 127).

En cuanto a la negociación del Tratado de 1904, los autores afirman con particular énfasis que las bases de dicho acuerdo fueron presentadas por el gobierno boliviano en 1902 a través de Felix Avelino Aramayo y que, en dichas bases, nuestros gobernantes abandonaron toda pretensión a un puerto en el Pacífico. No obstante, también reconocen la fuerte presión económica que ejerció Chile sobre Bolivia en esos años a través del asfixiante régimen aduanero que impuso en Arica a partir de 1884; y destacan asimismo la apremiante y difícil situación en la que se encontraba nuestro país en aquel tiempo: en total bancarrota, debilitado militarmente después de dos guerras con Brasil y sin haber definido ninguna de las otras fronteras (Argentina, Chile, Perú y sobre todo Paraguay).  

Sobre este último punto, sin embargo, no se menciona la innegable influencia que tuvieron las advertencias que hizo el representante de Chile en La Paz, Abraham Köning, a través de la nota que remitió a la Cancillería boliviana el 13 de agosto de 1900. En la cual, a tiempo de asegurar que Bolivia no tiene ningún derecho a exigir un puerto, hacía saber que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Libro Azul 2004: Anexo 6).

Esas advertencias definieron el contexto en el que se desarrollaron las negociaciones y sin duda que fueron tenidas muy en cuenta por las autoridades bolivianas al momento de negociar la paz con Chile. Asimismo, extraña la ninguna mención a la actuación del representante chileno en Lima, Ángel Custodio Vicuña, quien en 1901, propuso a las autoridades peruanas la “polonización de Bolivia”, es decir, la repartija del territorio boliviano entre Perú, Brasil y Chile (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino… 2004: 106), lo cual, naturalmente, también tuvo que haber preocupado a las autoridades bolivianas.

Por lo dicho, podemos convenir en que el Tratado fue consensuado por las partes y que Chile no hizo ningún movimiento de tropas en ese tiempo; sin embargo, no es posible coincidir en que las autoridades bolivianas actuaron libre y voluntariamente porque además del difícil contexto que les tocó enfrentar, está el simple hecho de que nadie en su sano juicio sacrifica un elemento esencial de su desarrollo sin que las circunstancias le obliguen. 

Aun así, la obra aquí comentada es una apreciable contribución académica al estudio de lo ocurrido entre Chile y Bolivia alrededor de 1904, y que es por eso, un trabajo que nos aproxima mucho más a comprender las razones de nuestras diferencias.  

Las contradicciones entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en LaTercera.com

El Canciller de Chile, Alfredo Moreno Charme, dijo hace unos días que los representantes del gobierno boliviano tienen un discurso cambiante y contradictorio porque el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, declaró que espera que ambos países retomen el camino del entendimiento en la eventualidad de que Michel Bachelet vuelva al poder; lo cual, según el Ministro chileno, contradice otras declaraciones que los gobernantes bolivianos habrían realizado anteriormente.

Si bien es cierto que se pueden encontrar algunas discrepancias entre lo que dijeron antes y lo que dicen ahora nuestros gobernantes, en relación a Chile no es posible demostrar que existan contradicciones. En este caso por ejemplo, sobre las conversaciones con Bachelet, Evo Morales aseveró en mayo de 2011: “hemos avanzado bastante” y acerca del tema marítimo que, valga recordar, fue parte de la Agenda de 13 puntos que ambos países negociaron entre julio de 2006 y noviembre de 2010; señaló: “estuvimos a punto de firmar la primera parte” (La Tercera, 01/05/2011). Y aunque también dijo en varias oportunidades que “dialogar con Chile es perder el tiempo" (La Tercera, 30/03/2011 y 18/03/2013), está claro que esa impresión la generó la actual administración de La Moneda y no la anterior. Por tanto, dada la imposibilidad de conversar sobre el tema marítimo con el gobierno de Piñera, es absolutamente comprensible y coherente que las autoridades bolivianas quieran abrir la posibilidad de retomar el camino del entendimiento con el próximo gobierno de Chile.

Por otra parte, estas acusaciones de Santiago a La Paz de incurrir en contradicciones vienen a ser la contrapartida de otros señalamientos muy parecidos enviados en febrero pasado pero en sentido contrario. En efecto, como muchos recordarán, tras el impase que ocasionó el apresamiento de tres soldados bolivianos en Chile; el gobierno boliviano acusó al Presidente Piñera de contradecirse, llegando a producir un spot televisivo en el que se muestran las supuestas contradicciones del Mandatario chileno y que puede ser visto en: 

Asimismo, resulta paradójico que el Canciller Moreno califique de cambiantes y contradictorios los discursos de las autoridades bolivianas cuando él mismo cambió de posición y se contradijo al referirse a la Agenda de 13 puntos. Primero, el 14 de julio de 2010, permitió que su Vicecanciller suscriba un Acta mediante la cual, en el punto seis, referido al tema marítimo; Chile se comprometió formalmente a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del mecanismo de consultas políticas…”; y luego, el 5 de febrero de 2013, a tiempo de responder a las quejas del Mandatario boliviano respecto a la esterilidad del diálogo con el gobierno de Piñera, Moreno aseguró: “El presidente Morales sabe perfectamente que el funcionamiento de esta comisión era de un trabajo en conjunto, en el cual no hay proposiciones de un país o de otro” (Emol, 5/02/2013). Cuando uno de los principales compromisos asumidos por Chile en el Acta mencionada era precisamente el de “proponer”.

Y hay más, la negativa de Santiago a dialogar con La Paz sobre una posible solución al problema marítimo boliviano es justamente el elemento que permitió a Bolivia presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que le otorgue a Bolivia una salida soberana al mar; porque dicha negativa demuestra claramente que este asunto no se ha podido resolver por la vía diplomática y representa asimismo, una inobjetable contradicción de la política exterior chilena frente a este asunto, pues como bien sabe Moreno o debería saber, desde el fin de la guerra del Pacífico e incluso durante la misma contienda, su país mantuvo abierta, la mayor parte del tiempo, la posibilidad de dialogar con Bolivia sobre este tema, llegando incluso a ofrecer el territorio de Arica en varias oportunidades.

El 26 de noviembre de 1879, en plena guerra del Pacífico, el Canciller de Chile, Domingo Santa María, escribió a su Ministro de Guerra en Campaña, Emilio Sotomayor: “no podemos ahogar a Bolivia… debemos proporcionarle por alguna parte puerto suyo”, iniciando así una política que sería seguida por la gran mayoría de los gobiernos chilenos y que se conoce como “la política boliviana”.

Entre los acuerdos y declaraciones más importantes podemos mencionar que mediante el Tratado de Trasferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, Chile se comprometió formalmente a ceder Tacna y Arica a Bolivia si esas provincias quedaban bajo su dominio después del plebiscito que debía realizarse para definir su nacionalidad; que el 10 de enero de 1920, el Ministro Plenipotenciario de Chile en La Paz, Emilio Bello Codesido, firmó un Acta Protocolizada con el Canciller boliviano, Carlos Gutiérrez, en la que aceptó ceder a Bolivia una parte importante de Arica y del ferrocarril Arica – La Paz; que el 21 de septiembre de 1921, el representante chileno ante la Liga de las Naciones, Agustín Edwards, declaró en nombre de su gobierno que Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas y aseguró, enfáticamente, que ese es el único derecho que Bolivia puede hacer valer; que en las conversaciones que sostuvieron el Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, Ricardo Jaimes Freyre, y el Canciller chileno, Luis Izquierdo, este último aseguró mediante nota del 6 de febrero de 1923 que pondría empeño en concretar las bases de una negociación para la realización del anhelo boliviano en base a compensaciones y, el 23 de ese mismo mes, dijo “hay que darle un puerto a Bolivia”; que el 9 de junio de 1926, el Embajador de Chile ante los Estados Unidos, Miguel Cruchaga, presentó una propuesta de solución al problema de Tacna y Arica que incluía la cesión de un corredor para Bolivia, lo cual fue confirmado 14 días después por el Canciller Beltrán Mathieu quien, en una Circular dirigida a todas las representaciones de Chile en el extranjero, aceptó sacrificar en interés de Bolivia, una parte de Arica; que el 4 de diciembre de 1926, a través del Canciller, Jorge Matte Gormaz, Chile aceptó en principio la propuesta que hizo el Secretario de Estado, Frank Kellogg, de ceder a Bolivia Tacna y Arica; que el 20 de junio de 1950, el gobierno de Chile, por medio de una nota de su Canciller, Horacio Walker Larraín, al Embajador de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, aceptó ingresar en una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales; que el 29 de marzo de 1951, el Presidente chileno, Gabriel González Videla, dijo estar dispuesto a solucionar la mediterraneidad de Bolivia dándole una salida propia al mar; que el 21 de julio de 1961, el Embajador de Chile en La Paz, Manuel Trucco, remitió un Memorándum a la Cancillería paceña en el que ratificó la vigencia del compromiso de 1950; que el 29 de mayo de 1969, el Canciller chileno, Gabriel Valdés, reiteró los alcances de las notas de 1950 y del Memorándum de 1961; que el 8 de febrero de 1975, el Presidente de Chile, Augusto Pinochet, suscribió una Declaración con su homólogo boliviano, Hugo Banzer, en la que se comprometió a buscar fórmulas de solución a los asuntos que ambos países confrontan como el relativo a la mediterraneidad que afecta a Bolivia; y que el 19 de diciembre de 1975, el Canciller chileno, Patricio Carvajal, envió una nota al Embajador boliviano, Guillermo Gutiérrez, en la cual aceptó considerar  la cesión a Bolivia de una costa marítima soberana, unida al territorio boliviano por una faja territorial igualmente soberana al norte de Arica, lo cual estuvo condicionado a un canje territorial por una superficie equivalente al territorio terrestre y marítimo que Chile cedería. En el ámbito multilateral, Chile suscribió sendas resoluciones en favor de una solución al problema marítimo boliviano, el 9 de diciembre de 1974 se adhirió a la Declaración de Ayacucho en la que los países bolivarianos y sanmartinianos manifestaron su comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia y demandaron entendimientos constructivos; asimismo, Chile apoyó las Resoluciones que la OEA aprobó en favor de la causa marítima boliviana en 1980, 1981 y 1983, en esta última, se exhorta a que ambos países negocien una fórmula que dé a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico. Al comenzar este siglo, el 22 de febrero de 2000, los Cancilleres Gabriel Valdez de Chile y Javier Murillo de Bolivia, iniciaron el tratamiento de una Agenda sin exclusiones que derivó en la Agenda de 13 puntos que incluye al tema marítimo en su punto 6 y que fue adoptada el 17 de julio de 2006 por los Vicecancilleres Alberto Van Klaveren de Chile y Mauricio Dorfler de Bolivia. Por último, el 14 de julio de 2010, el actual gobierno de Chile, como ya dijimos, en un Acta suscrita por Mónica Soriano de Bolivia y Fernando Schmidt de Chile; se comprometió a proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo, no obstante, como es evidente, hasta la fecha no ha cumplido.

Todas estas manifestaciones unilaterales del Estado chileno que naturalmente son parte de los alegatos en los que Bolivia sustentará su demanda; demuestran objetivamente que los gobiernos de La Moneda mantuvieron viva “la política boliviana” desde 1879 hasta nuestros días y que, por tanto, el actual gobierno de Chile está contradiciendo esa política al negarse a dialogar sobre este tema.

Por todo esto, la próxima vez que el Canciller Moreno quiera referirse a las contradicciones de los gobernantes bolivianos, deberá considerar que su gestión será recordada como la que permitió que Bolivia enjuicie a Chile, aun cuando el resultado sea favorable a su país; y que aquí en Bolivia, estamos anotando todas y cada una de sus declaraciones.