Extracto del libro Un Mar de Promesas Incumplidas (2015) de Andrés Guzmán Escobari (Pags. 371-375).
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| Lugar exacto en el que las aguas del Silala cruzan la frontera. Fuente: Los Tiempos 2016. |
En abril de 1996, el periódico paceño “El Diario” publicó en
primera plana que Chile había desviado “el río Silala”, situado en la provincia
Sur Lípez del Departamento de Potosí. Lo cual fue ampliado por el mismo
periódico en los días subsiguientes y luego también por otros medios
informativos de Bolivia y del mundo. En su primera reacción, el gobierno de La
Paz desmintió la desviación y afirmó mediante un comunicado de la Cancillería
que las aguas del Silala conforman un “río internacional”.[1]
No obstante, después de hacer las averiguaciones del caso, el entonces
Canciller boliviano, Antonio Aranibar Quiroga, tuvo que reconocer que no se
trata de un río compartido y que existen canales artificiales que dirigen el
curso de esas aguas hacia territorio chileno.[2]
Al otro lado de la frontera sin embargo, se
dijo que la primera reacción de Aranibar y otros pronunciamientos del gobierno
boliviano,[3]
confirmaban la tesis chilena de que el Silala es un río internacional. No
obstante, como los pronunciamientos de un gobierno no pueden cambiar la
naturaleza de un recurso hídrico, ni tampoco destruir los canales artificiales
por los que efectivamente discurren esas aguas hacia Chile, es necesario
recurrir a los estudios especializados para entender de qué estamos hablando.
Ciertamente, tomando en cuenta los reportes a
los que el autor de este trabajo tuvo acceso y la inspección ocular realizada
en la zona, se puede afirmar que las aguas del Silala conforman un reservorio
hídrico de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en
territorio boliviano, formando bofedales que se constituyen en los manantiales
desde los cuales escurren esas aguas hacia Chile, principalmente a través de
canales artificiales que traspasan la línea fronteriza.[4]
A pesar de que no se sabe con certeza si
Chile tiene o no algún derecho sobre esas aguas, porque hasta la fecha no se ha
determinado mediante un estudio científico cuánto de ese caudal fluiría naturalmente
hacia ese país si no existieran los canales artificiales; las dos partes han
adoptado posturas radicalmente opuestas: para Bolivia son aguas manantiales
íntegramente bolivianas que han sido desviadas unilateralmente hacia territorio
chileno y para Chile, el Silala es un río internacional de curso sucesivo cuyas
aguas nacen en Bolivia y fluyen naturalmente hacia territorio chileno. Los
canales artificiales, de acuerdo a la posición chilena, solo mejoran la
eficiencia de dicho flujo pero no alteran su curso.[5]
Ante esa situación, el gobierno de Bolivia se
vio forzado a tomar medidas en resguardo de la soberanía nacional en un momento
en el que verdaderamente no se quería entorpecer las relaciones comerciales con
otros asuntos. No obstante, dada de la gravedad del caso – se hablaba de hasta
500 litros por segundo –, las fuerzas conservadores de Bolivia al mando de “El
Diario”, presionaron de tal manera al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada,
que éste decidió revocar y anular “la
concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala”
(Siloli)”, concedida en 1908 por la Prefectura del Departamento de Potosí a
la empresa “The Antofagasta (Chili), and Bolivia Railway Company Limited”.
En este punto es preciso retroceder hasta finales
del siglo XIX, cuando los personeros de la empresa anglo-chilena de trenes que
luego se convirtió en “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company
Limited”, encontraron las aguas del Silala muy cerca de la frontera pero en el
lado boliviano, y comenzaron a utilizarlas para el funcionamiento de sus
locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro. En 1908, con
el propósito de formalizar el usufructo de tales recursos, el representante
legal de esa compañía, Benjamín Calderón, solicitó a la Prefectura de Potosí –
no al gobierno nacional –, “las aguas de
SILOLI”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del
ferrocarril”, lo cual fue concedido por el Prefecto potosino, René Calvo,
el 21 de septiembre de ese año mediante Escritura Pública Nº48, la cual aclara “que la empresa concesionaria cumplirá
estrictamente con la estrictez de las prescripciones de la Ley y Reglamentos
que rigen la materia en lo sucesivo”.[6]
No obstante, a pesar de que la concesión fue
otorgada exclusivamente para llenar los calderos del ferrocarril Antofagasta -
Bolivia, las aguas fueron rápidamente destinadas a cubrir otras necesidades del
norte chileno. Motivo por el cual, en 1940, el cónsul de Bolivia en
Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en
Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.[7]
Un tiempo después, aproximadamente en 1961, las locomotoras a vapor fueron
reemplazadas por máquinas a diésel,[8] y el contrato de 1908 perdió absolutamente su
razón de ser.
Pasaron muchos años y recién en 1997, como
hemos visto, el gobierno de Bolivia, a través del Prefecto de Potosí, Omar
Manzano, revocó y anuló el contrato de concesión debido a:
"[L]a desaparición del objeto, la
causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por
factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las
locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para
la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la
inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en
el territorio boliviano".
"Que se ha evidenciado el
aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión
de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de
los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".[9]
En Chile hubo quienes llegaron a pedir la
intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno amenazó con llevar el tema a
tribunales internacionales y la empresa ferrocarrilera presentó un recurso de
nulidad ante la Corte Superior de Distrito de Potosí por una supuesta falta de
competencia de parte del Prefecto Manzano “para
revocar y anular concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. La Corte
se declaró incompetente para conocer el singular argumento y recomendó “recurrir esta empresa a la jurisdicción
llamada por ley”.[10]
Curiosamente, durante ese animado periodo,
los gobiernos de Sánchez de Lozada y Frei Ruiz-Tagle mantuvieron conversaciones
secretas sobre una posible ampliación de las facilidades de libre tránsito en
el puerto de Iquique. Fue tanta la reserva de esas negociaciones que nadie más
que los negociadores supo lo que se conversó hasta recién el año 2007, cuando
el periódico chileno “El Mercurio” reveló algunos detalles de lo que se trató
secretamente entre 1996 y 1997. Las fuentes del conocido periódico santiaguino
eran “personeros que participaron en
estas negociaciones” y los Cónsules Generales, de Chile en La Paz, Óscar
Fuentes, y de Bolivia en Santiago, Herman Antelo; quienes confirmaron que se
conversó sobre la incorporación del puerto de Iquique al régimen de libre
tránsito, “con todas las facilidades
aduaneras y jurídicas necesarias para conectarse con diversos destinos de Asia
Pacífico” (Emol.com, 2/11/2007).
En efecto, ambos gobiernos habían acordado
negociar confidencialmente de acuerdo a esa misma fuente, para no levantar
falsas expectativas. La Paz designó al economista Horst Grebe como encargado de
llevar adelante las gestiones y Santiago destacó al abogado Enrique Correa, ex
Ministro de Aylwin.[11]
Según “El Mercurio”, se había acordado negociar a través de “dos hombres destacados en el plano político
pero ajenos a las relaciones exteriores” para darle un cariz distinto a la
relación bilateral.[12]
Las gestiones de la delegación negociadora,
denominada “la Comisión de los mormones” por el Presidente boliviano;
fracasaron en junio de 1997, tras una reunión en Buenos Aires en la que se tenía
que firmar un protocolo. En esa ocasión, según la postura de Chile, los
bolivianos hicieron pedidos inaceptables de soberanía, y de acuerdo a la
versión de Bolivia, los chilenos se echaron para atrás a último momento.[13]
Por la reserva del caso, no se supo si el
referido fracaso estuvo asociado a la anulación de la concesión de las aguas
del Silala, pero lo que sí parece haber tenido relación es la voluntad que
Chile manifestó en ese entonces para hablar sobre formas de mejorar el acceso
de Bolivia al mar, como tantas veces lo había hecho en el marco de la “política
boliviana”, en un momento en el que las relaciones se hallaban claramente
tensionadas por el tema del Silala. Además, ¿por qué tanta reserva si se supone
que no se iba a negociar soberanía? Lo cierto es que después del estropicio
vino la debacle, no se había logrado ningún avance en el tema de Iquique y el
asunto del Silala sería a partir de entonces un problema constante que cada
cierto provocaría fricciones entre ambos países, tal como había ocurrido con el
Lauca, y eso se acentuaría peligrosamente durante el segundo mandato de Banzer,
a partir de agosto de 1997.
Ciertamente, si bien los años y el contexto
internacional habían ablandado al viejo General Banzer en varios aspectos del
quehacer político nacional, en lo que a Chile concierne, su postura sería tanto
o más dura que antes. No había olvidado lo de Charaña y manifestaría su
molestia por cómo habían terminado esas negociaciones en varias oportunidades,
una de ellas, cuando arribó a la ciudad de Santiago en abril de 1998 con motivo
de la Segunda Cumbre de las Américas.[14]
En esa ocasión, como en muchas otras, el Presidente boliviano y su Canciller,
Javier Murillo de la Rocha, aprovecharían el ámbito multilateral para hacerle
recuerdo a Chile y al mundo, que el problema marítimo de Bolivia seguía
pendiente.[15]
Esas gestiones, que llevarían a lo que se
conoció como “la agenda sin exclusiones”, como se verá en la siguiente sección;
no estuvieron dirigidas únicamente a reclamar el tema del enclaustramiento
boliviano en el ámbito multilateral, sino también a tratar otros asuntos
delicados como el entonces propósito de privatizar los puertos en los que Chile
debe garantizar el libre tránsito de Bolivia, el lento desminado de la
frontera, las violaciones al espacio aéreo boliviano por parte de la Fuerza
Aérea de ese país y sobre todo, como veníamos diciendo, el tema del Silala
(Escobari 2013: TI 375; Bustos et al 2007: 223; Emol.com, 1/08/2000).
En cuanto a este último punto, el gobierno de
Bolivia convocó a una licitación pública en 1999 “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los
manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del
Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”.
Pese a las protestas que esta determinación causó en las autoridades chilenas,
quienes advirtieron que podrían llevar el caso a instancias internacionales por
“disponer de aguas compartidas”, la
concesión fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC SRL por un plazo de 40
años, durante los cuales, el nuevo concesionario debía pagar dividendos al
Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de dichas
aguas.[16]
Por ese motivo y de acuerdo a sus
atribuciones, DUCTEC SRL emitió las facturas correspondientes a las empresas
chilenas que se benefician de esos recursos hídricos. No obstante, tanto la
Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) como la empresa Ferrocarril
Antofagasta - Bolivia (FCAB),[17]
sucesora de “The Antofagasta Bolivia Railway Co. Ldt.”; apoyadas por el
gobierno chileno, se negaron rotundamente a pagar y el conflicto fue soslayado
nuevamente en medio de duras acusaciones y recriminaciones intercambiadas entre
ambos gobiernos.
[1] Bustos, Carlos (2007) Dos Siglos de Relaciones chileno-bolivianas. En Nuestros Vecinos., p. 224
[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia (sin fecha) Antonio José Aranibar Quiroga [En línea, consulta: 20/12/2014] http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Antonio%20Aranibar.jpg&texto=antonio%20aranibar.txt
[3] El mapa adjunto al Tratado de 1904
efectivamente asigna a uno de los ríos que traspasan la frontera el nombre de
Silala. Ese es – según el hidrólogo boliviano Antonio Bazoberry -, “el origen del mito del Silala”
(Bazoberry 2002: 8)
[4] Véase: Bazoberry (2002)
Op Cit., p.4 y Llanos, Hugo; et al (2013)
El caso del Río Silala o Siloli., pp.
339-341
[5] Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 13/12/2014] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml
[6] Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2014]
http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm
[7] Faundes, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. En Nuestros Vecinos., p. 385
[8] Toromoreno: Op. cit.
[9] Decreto Supremo Nº 24660, 20 de junio de
1997
[10] Silala:
las aguas de la discordia (sin fecha) Fundación Jaime Guzmán [En línea, consulta: 13/12/2014] http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/documentos/ideas-y-propuestas/9.pdf
[11] Acompañaron al representante chileno el
entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el
Director General de Política Exterior, Juan Martabit. Por el lado de Bolivia,
estuvieron presentes el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio;
el Subsecretario General de la Cancillería, Eduardo Trigo, y el Cónsul General
de Bolivia en Santiago, Herman Antello (Emol.com 2/09/2007).
[12] El Mercurio, 2/11/2007
[13] El Mercurio 5/11/2007
[14] Escobari (2013) Op Cit., TI p. 375
[15] ABC, 08/09/1998
[16] Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile., pp.
10-11
[17] La FCAB es una empresa del grupo Luksic que
comercializa las aguas del Silala para el consumo humano en el norte chileno a
través de la compañía “Aguas del Altiplano S.A”.
