Las aguas del Silala, ¿río o manantial? (1996-1999)

Extracto del libro Un Mar de Promesas Incumplidas (2015) de Andrés Guzmán Escobari (Pags. 371-375).

Lugar exacto en el que las aguas del Silala cruzan la frontera. Fuente: Los Tiempos 2016.

En abril de 1996, el periódico paceño “El Diario” publicó en primera plana que Chile había desviado “el río Silala”, situado en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Lo cual fue ampliado por el mismo periódico en los días subsiguientes y luego también por otros medios informativos de Bolivia y del mundo. En su primera reacción, el gobierno de La Paz desmintió la desviación y afirmó mediante un comunicado de la Cancillería que las aguas del Silala conforman un “río internacional”.[1] No obstante, después de hacer las averiguaciones del caso, el entonces Canciller boliviano, Antonio Aranibar Quiroga, tuvo que reconocer que no se trata de un río compartido y que existen canales artificiales que dirigen el curso de esas aguas hacia territorio chileno.[2]

Al otro lado de la frontera sin embargo, se dijo que la primera reacción de Aranibar y otros pronunciamientos del gobierno boliviano,[3] confirmaban la tesis chilena de que el Silala es un río internacional. No obstante, como los pronunciamientos de un gobierno no pueden cambiar la naturaleza de un recurso hídrico, ni tampoco destruir los canales artificiales por los que efectivamente discurren esas aguas hacia Chile, es necesario recurrir a los estudios especializados para entender de qué estamos hablando.

Ciertamente, tomando en cuenta los reportes a los que el autor de este trabajo tuvo acceso y la inspección ocular realizada en la zona, se puede afirmar que las aguas del Silala conforman un reservorio hídrico de varios acuíferos (aguas subterráneas) que afloran a superficie en territorio boliviano, formando bofedales que se constituyen en los manantiales desde los cuales escurren esas aguas hacia Chile, principalmente a través de canales artificiales que traspasan la línea fronteriza.[4]

A pesar de que no se sabe con certeza si Chile tiene o no algún derecho sobre esas aguas, porque hasta la fecha no se ha determinado mediante un estudio científico cuánto de ese caudal fluiría naturalmente hacia ese país si no existieran los canales artificiales; las dos partes han adoptado posturas radicalmente opuestas: para Bolivia son aguas manantiales íntegramente bolivianas que han sido desviadas unilateralmente hacia territorio chileno y para Chile, el Silala es un río internacional de curso sucesivo cuyas aguas nacen en Bolivia y fluyen naturalmente hacia territorio chileno. Los canales artificiales, de acuerdo a la posición chilena, solo mejoran la eficiencia de dicho flujo pero no alteran su curso.[5]

Ante esa situación, el gobierno de Bolivia se vio forzado a tomar medidas en resguardo de la soberanía nacional en un momento en el que verdaderamente no se quería entorpecer las relaciones comerciales con otros asuntos. No obstante, dada de la gravedad del caso – se hablaba de hasta 500 litros por segundo –, las fuerzas conservadores de Bolivia al mando de “El Diario”, presionaron de tal manera al gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, que éste decidió revocar y anular “la concesión sobre uso y aprovechamiento de aguas de las vertientes del “Silala” (Siloli)”, concedida en 1908 por la Prefectura del Departamento de Potosí a la empresa “The Antofagasta (Chili), and Bolivia Railway Company Limited”.

En este punto es preciso retroceder hasta finales del siglo XIX, cuando los personeros de la empresa anglo-chilena de trenes que luego se convirtió en “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited”, encontraron las aguas del Silala muy cerca de la frontera pero en el lado boliviano, y comenzaron a utilizarlas para el funcionamiento de sus locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro. En 1908, con el propósito de formalizar el usufructo de tales recursos, el representante legal de esa compañía, Benjamín Calderón, solicitó a la Prefectura de Potosí – no al gobierno nacional –, “las aguas de SILOLI”, “para la alimentación de abastecimiento de las maquinas del ferrocarril”, lo cual fue concedido por el Prefecto potosino, René Calvo, el 21 de septiembre de ese año mediante Escritura Pública Nº48, la cual aclara “que la empresa concesionaria cumplirá estrictamente con la estrictez de las prescripciones de la Ley y Reglamentos que rigen la materia en lo sucesivo”.[6]

No obstante, a pesar de que la concesión fue otorgada exclusivamente para llenar los calderos del ferrocarril Antofagasta - Bolivia, las aguas fueron rápidamente destinadas a cubrir otras necesidades del norte chileno. Motivo por el cual, en 1940, el cónsul de Bolivia en Antofagasta, Pablo Baudoin, denunció que la empresa concesionaria “estaría vendiendo ilegalmente en Antofagasta aguas de concesión otorgadas por la Prefectura de Potosí”.[7] Un tiempo después, aproximadamente en 1961, las locomotoras a vapor fueron reemplazadas por máquinas a diésel,[8] y el contrato de 1908 perdió absolutamente su razón de ser.

Pasaron muchos años y recién en 1997, como hemos visto, el gobierno de Bolivia, a través del Prefecto de Potosí, Omar Manzano, revocó y anuló el contrato de concesión debido a:

"[L]a desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria, eliminando su necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano".

"Que se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado".[9]

En Chile hubo quienes llegaron a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno amenazó con llevar el tema a tribunales internacionales y la empresa ferrocarrilera presentó un recurso de nulidad ante la Corte Superior de Distrito de Potosí por una supuesta falta de competencia de parte del Prefecto Manzano “para revocar y anular concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. La Corte se declaró incompetente para conocer el singular argumento y recomendó “recurrir esta empresa a la jurisdicción llamada por ley”.[10]

Curiosamente, durante ese animado periodo, los gobiernos de Sánchez de Lozada y Frei Ruiz-Tagle mantuvieron conversaciones secretas sobre una posible ampliación de las facilidades de libre tránsito en el puerto de Iquique. Fue tanta la reserva de esas negociaciones que nadie más que los negociadores supo lo que se conversó hasta recién el año 2007, cuando el periódico chileno “El Mercurio” reveló algunos detalles de lo que se trató secretamente entre 1996 y 1997. Las fuentes del conocido periódico santiaguino eran “personeros que participaron en estas negociaciones” y los Cónsules Generales, de Chile en La Paz, Óscar Fuentes, y de Bolivia en Santiago, Herman Antelo; quienes confirmaron que se conversó sobre la incorporación del puerto de Iquique al régimen de libre tránsito, “con todas las facilidades aduaneras y jurídicas necesarias para conectarse con diversos destinos de Asia Pacífico” (Emol.com, 2/11/2007).    

En efecto, ambos gobiernos habían acordado negociar confidencialmente de acuerdo a esa misma fuente, para no levantar falsas expectativas. La Paz designó al economista Horst Grebe como encargado de llevar adelante las gestiones y Santiago destacó al abogado Enrique Correa, ex Ministro de Aylwin.[11] Según “El Mercurio”, se había acordado negociar a través de “dos hombres destacados en el plano político pero ajenos a las relaciones exteriores” para darle un cariz distinto a la relación bilateral.[12] 

Las gestiones de la delegación negociadora, denominada “la Comisión de los mormones” por el Presidente boliviano; fracasaron en junio de 1997, tras una reunión en Buenos Aires en la que se tenía que firmar un protocolo. En esa ocasión, según la postura de Chile, los bolivianos hicieron pedidos inaceptables de soberanía, y de acuerdo a la versión de Bolivia, los chilenos se echaron para atrás a último momento.[13] 

Por la reserva del caso, no se supo si el referido fracaso estuvo asociado a la anulación de la concesión de las aguas del Silala, pero lo que sí parece haber tenido relación es la voluntad que Chile manifestó en ese entonces para hablar sobre formas de mejorar el acceso de Bolivia al mar, como tantas veces lo había hecho en el marco de la “política boliviana”, en un momento en el que las relaciones se hallaban claramente tensionadas por el tema del Silala. Además, ¿por qué tanta reserva si se supone que no se iba a negociar soberanía? Lo cierto es que después del estropicio vino la debacle, no se había logrado ningún avance en el tema de Iquique y el asunto del Silala sería a partir de entonces un problema constante que cada cierto provocaría fricciones entre ambos países, tal como había ocurrido con el Lauca, y eso se acentuaría peligrosamente durante el segundo mandato de Banzer, a partir de agosto de 1997.

Ciertamente, si bien los años y el contexto internacional habían ablandado al viejo General Banzer en varios aspectos del quehacer político nacional, en lo que a Chile concierne, su postura sería tanto o más dura que antes. No había olvidado lo de Charaña y manifestaría su molestia por cómo habían terminado esas negociaciones en varias oportunidades, una de ellas, cuando arribó a la ciudad de Santiago en abril de 1998 con motivo de la Segunda Cumbre de las Américas.[14] En esa ocasión, como en muchas otras, el Presidente boliviano y su Canciller, Javier Murillo de la Rocha, aprovecharían el ámbito multilateral para hacerle recuerdo a Chile y al mundo, que el problema marítimo de Bolivia seguía pendiente.[15] 

Esas gestiones, que llevarían a lo que se conoció como “la agenda sin exclusiones”, como se verá en la siguiente sección; no estuvieron dirigidas únicamente a reclamar el tema del enclaustramiento boliviano en el ámbito multilateral, sino también a tratar otros asuntos delicados como el entonces propósito de privatizar los puertos en los que Chile debe garantizar el libre tránsito de Bolivia, el lento desminado de la frontera, las violaciones al espacio aéreo boliviano por parte de la Fuerza Aérea de ese país y sobre todo, como veníamos diciendo, el tema del Silala (Escobari 2013: TI 375;  Bustos et al 2007: 223;  Emol.com, 1/08/2000).  

En cuanto a este último punto, el gobierno de Bolivia convocó a una licitación pública en 1999 “para otorgar la concesión del uso y aprovechamiento del agua de los manantiales que forman bofedales ubicados en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí, para fines de uso, comercialización y exportación”. Pese a las protestas que esta determinación causó en las autoridades chilenas, quienes advirtieron que podrían llevar el caso a instancias internacionales por “disponer de aguas compartidas”, la concesión fue adjudicada a la empresa boliviana DUCTEC SRL por un plazo de 40 años, durante los cuales, el nuevo concesionario debía pagar dividendos al Estado boliviano y al Departamento de Potosí por la explotación de dichas aguas.[16]

Por ese motivo y de acuerdo a sus atribuciones, DUCTEC SRL emitió las facturas correspondientes a las empresas chilenas que se benefician de esos recursos hídricos. No obstante, tanto la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) como la empresa Ferrocarril Antofagasta - Bolivia (FCAB),[17] sucesora de “The Antofagasta Bolivia Railway Co. Ldt.”; apoyadas por el gobierno chileno, se negaron rotundamente a pagar y el conflicto fue soslayado nuevamente en medio de duras acusaciones y recriminaciones intercambiadas entre ambos gobiernos. 

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[1] Bustos, Carlos (2007) Dos Siglos de Relaciones chileno-bolivianas. En Nuestros Vecinos., p. 224

[2] Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (sin fecha) Antonio José Aranibar Quiroga [En línea, consulta: 20/12/2014] http://www.rree.gob.bo/webmre/listacancilleres/canciller.aspx?imagen=Antonio%20Aranibar.jpg&texto=antonio%20aranibar.txt

[3] El mapa adjunto al Tratado de 1904 efectivamente asigna a uno de los ríos que traspasan la frontera el nombre de Silala. Ese es – según el hidrólogo boliviano Antonio Bazoberry -, “el origen del mito del Silala” (Bazoberry 2002: 8)

[4] Véase: Bazoberry (2002) Op Cit., p.4 y Llanos, Hugo; et al (2013) El caso del Río Silala o Siloli., pp. 339-341

[5] Toromoreno, Alejandro (sin fecha) La situación del río Silala [en línea, consulta: 13/12/2014] http://www.monografias.com/trabajos15/rio-silala/rio-silala.shtml

[6] Salguero, María Esther (Sin fecha) Importantes Documentos Sobre El Silala [En línea, consulta: 25/06/2014]  http://www.icalp.org.bo/2012-07-04/importantes-documentos-sobre-el-silala-dr-maria-esther-salguero-.htm

[7] Faundes, Cristian (2007) Las Aguas que nos dividen. En Nuestros Vecinos., p. 385

[8] Toromoreno: Op. cit. 

[9] Decreto Supremo Nº 24660, 20 de junio de 1997

[10] Silala: las aguas de la discordia (sin fecha)  Fundación Jaime Guzmán [En línea, consulta: 13/12/2014] http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/documentos/ideas-y-propuestas/9.pdf

[11] Acompañaron al representante chileno el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y el Director General de Política Exterior, Juan Martabit. Por el lado de Bolivia, estuvieron presentes el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jaime Aparicio; el Subsecretario General de la Cancillería, Eduardo Trigo, y el Cónsul General de Bolivia en Santiago, Herman Antello (Emol.com 2/09/2007).

[12] El Mercurio, 2/11/2007

[13] El Mercurio 5/11/2007

[14] Escobari (2013) Op Cit., TI p. 375

[15] ABC, 08/09/1998

[16] Portocarrero, José Luis (2014) Silala y el gobierno de Chile., pp. 10-11

[17] La FCAB es una empresa del grupo Luksic que comercializa las aguas del Silala para el consumo humano en el norte chileno a través de la compañía “Aguas del Altiplano S.A”.