lunes, 24 de junio de 2013

Más sobre recursos hídricos “transfronterizos” entre Chile y Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Hace unos días escribí una columna de opinión intitulada “Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente”, que ameritó una rápida respuesta del cientista político chileno, Pablo Zambrano, que fue publicada en el blog Relaciones Internacionales - Chile. En dicha respuesta, el autor, que se autoproclama “especialista en geopolítica del agua en Sudamérica”, asegura que quien escribe estas líneas habría realizado “una serie de acusaciones sin fundamentos, respecto de políticas del Estado de Chile, y afirmaciones imprecisas y sesgadas, concernientes a los cuencas transfronterizas que comparten Chile y Bolivia (Lauca, Silala y Caquena), que omiten datos y fuentes significativas, por lo que inducen a error”.
Primero quiero agradecer al señor Zambrano por aportar a este debate que sinceramente espero que alcance los ámbitos de decisión política de ambos países, para que con la comprensión precisa de la situación de estos problemas, nuestros gobernantes logren acuerdos que garanticen el abastecimiento hídrico del norte chileno y permitan a Bolivia obtener las contraprestaciones y resarcimientos correspondientes. También le agradezco porque me permite despejar ciertas dudas y precisar algunos conceptos del artículo de opinión que motivó esta lid.  
Antes de analizar los argumentos de la respuesta, es preciso hacer dos aclaraciones importantes. Primero, que los comentarios vertidos en ella no rebaten en absoluto las afirmaciones que hice en mi primer artículo en cuanto a que Chile utiliza gratuitamente más de 6 mil litros por segundo de aguas bolivianas sin el consentimiento de Bolivia, sino que sólo cuestionan algunos puntos accesorios o de interpretación histórica que, en opinión del autor, representan “acusaciones infundadas”, pero que no afectan en nada la tesis central de mi columna.
En segundo lugar, cabe advertir que el citado personaje emitió varias opiniones sobre la historia que antecedió y sucedió a la desviación del río Lauca por parte de Chile y sobre lo que él considera que es el Silala. Sin embargo, no mencionó nada sobre el caso del río Caquena, lo cual nos permite presumir una aceptación tácita a las aseveraciones que vertí al respecto y que señalan claramente que la desviación del río Caquena o Cosapilla representa nada menos que una flagrante violación de parte de Chile al Tratado de 1904 (artículo 2).
Supuestas acusaciones infundadas
El aludido comienza su argumentación poniendo en duda el daño ecológico que la desviación del río Lauca provocó en territorio boliviano y reconociendo que no conoce ningún estudio al respecto. Ante lo cual resulta pertinente citar el trabajo de José Luis Gomez Uhry, titulado “Ríos Internacionales. El desvío del río Lauca” (1974), en el cual el autor menciona que el factor de evaporación del lago Coipasa aumentó cuantiosamente por el menor volumen de agua que éste recibe como consecuencia del desvío del río Lauca, lo cual ha hecho que ese lago comience a “ser absorbido por el gran salar del mismo nombre que lo circunda” (pág. 47), y si bien quizás ese estudio no es lo que Zambrano quisiera recibir como respuesta, nadie puede negar que el hábitat y las actividades de agricultura y ganadería en las poblaciones bolivianas de Huasquiri, Acoribes y Chipaya del Departamento de Oruro han disminuido considerablemente desde que Chile desvió las aguas del río Lauca. Además, eso no sólo afectó a las poblaciones altiplánicas de Bolivia sino también a las chilenas. En efecto, según un estudio de la Universidad de Berkeley-California que trata precisamente sobre las consecuencias para la ganadería altoandina y la vida de los pastores aymaras en la provincia de Parinacota-Chile: “los daños ecológicos, causados por las desviaciones de las aguas que cruzan sus pastizales, han contribuido a su marginalidad económica” (Bernhardson 1985: 171).
Asimismo, el autor de la réplica duda mucho de que en las escuelas de su país se enseñe que Bolivia nunca tuvo mar y que ello fuera consecuencia del mal momento que vivieron ambos países después de la desviación del río Lauca; cuando no es ningún misterio que a partir de 1962 aparecieron en Chile una gran cantidad de libros con esa mentirosa afirmación, entre los cuales destacan los trabajos de Jaime Eyzaguirre (1963), Francisco Encina (1963), Oscar Espinosa (1965), Guillermo Lagos (1966), Augusto Pinochet (1972 y 1974) y Carlos Bustos (2004); algunos de los cuales adoptaron esa postura aun cuando contradecía lo que habían escrito antes. Un caso revelador de este último punto es el de Espinosa, quien al referirse a los títulos heredados por Bolivia de la corona española en su libro “Bolivia y el Mar” señala: “La lectura incompleta de esta Cédula Real (ley 5, título 15 libro II de la recopilación de leyes de Indias), nos indujo en nuestros primeros trabajos a incurrir en un error que debemos rectificar ahora. La cita trunca de la parte final del documento hace pensar, a la simple vista, que Charcas (hoy Bolivia) limitaba por el poniente con el mar del sur o Pacífico. Pero concordada con el párrafo primero y observada desde el punto de vista geográfico, en su conjunto salta a la vista el error de apreciación. En efecto, según habría de representarlo acuciosamente el capitán de fragata Miguel Hurtado en su Memoria de 1859, exhumada por nosotros 90 años más tarde. El verdadero límite occidental de la Audiencia de Charcas pasaba por el camino que, partiendo del pueblo de Atuncana llega a la ciudad de Arequipa. Entre éste y el mar existe una franja territorial perteneciente al virreinato del Perú hasta el Loa y desde este punto al sur del reino de Chile. Charcas o Bolivia quedaba al oriente de ella y sin salida al Pacífico” (Espinosa 1965: 18-19).   
Naturalmente que las autoridades chilenas no dijeron que Bolivia nunca tuvo mar – menos ahora que Evo Morales se muestra ávido por explotar cada una de las mentiras de su homólogo chileno con fines políticos –, pero en la bibliografía de los libros escolares de historia chilenos se puede apreciar varios de los nombres antes mencionados y eso demuestra una intención de difundir esa falacia que hoy es ampliamente compartida por varios de los internautas chilenos que visitan las redes sociales con el afán de justificar las acciones de su gobierno. Como un ejemplo de ello puedo citar a la señora Catalina Margaux de origen chileno, que el 20 de marzo escribió en mi blog: “en el colegio me enseñaron que la CapitaníaGeneral de Chile cuando eramos colonia, limitaba al norte con Perú a la alturadel río Loa y que Bolivia no existía pues era Alto Perú. También me enseñaronque fue Simón Bolivar quién presionó a Chile a entregar esos territorios alnuevo país que inspiraba su nombre en su apellido”.
La desviación del Río Lauca
Antes de ingresar en materia, es importante coincidir en que todo análisis sobre la utilización de un recurso hídrico compartido debe necesariamente ceñirse al reconocimiento de que su uso y disfrute soberano no es ilimitado. En efecto, de acuerdo a la legislación internacional sobre aguas sucesivas o transfronterizas, el Estado del curso superior no puede unilateralmente y por su propia voluntad, hacer uso de esas aguas o aprovechar parte de su caudal, sin el consentimiento expreso del Estado del curso inferior. Es necesario, en todo caso, la celebración de un acuerdo bipartito, para definir derechos y fijar compensaciones (Iturralde 1963: 16-17).
Dicho esto, pasemos a contestar lo que el aludido señala respecto a que mi persona habría olvidado que Bolivia fue la que rompió las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1962 y que además habría desconocido “la literatura académica disponible”. Sobre el primer punto debo decir que efectivamente no aclaré que Bolivia rompió los vínculos diplomáticos pues me pareció innecesario mencionarlo ya que, ante una agresión como es el desvío unilateral de un río internacional, es natural que el agredido sea quien demuestre su molestia con la interrupción de las relaciones diplomáticas, y no el agresor.
En cuanto al segundo punto, debo reconocer que me sentí tentado de hacer gala de la impresionante biblioteca sobre la desviación del río Lauca que afortunadamente me heredó mi abuelo, Jorge Escobari Cusicanqui; pero me pareció mucho más acertado basar mi replica en fuentes exclusivamente primarias, es decir en los documentos oficiales que ambos gobiernos intercambiaron o suscribieron conjuntamente entre 1939 y 1962.
Por ejemplo en cuanto a los obrados iniciales, el susodicho señala que “En 1939 Chile declaró a Bolivia su intención de desviar las aguas del Lauca”, cuando en realidad, la primera comunicación oficial que Chile envió a Bolivia en relación a este asunto fue la nota de 16 de septiembre de 1939 con la que el Embajador chileno en La Paz, Benjamín Cohen, acusó recibo de la reserva que el gobierno boliviano había presentado a Chile frente al proyecto de canalización del Río Lauca. En esa nota, así como en las posteriores, el gobierno de La Moneda evitó utilizar la palabra “desvío”, empleando en su remplazo el vocablo “aprovechamiento”. Lo cual, de todas formas cambiaría posteriormente, “ante los hechos consumados”.
Seguidamente, el aludido hace una breve relación de los hechos suscitados en torno al Lauca, pero no menciona que en todo ese tiempo (1939-1962), Bolivia solicitó a Chile insistente pero infructuosamente, información sobre las obras de canalización. Asimismo, tampoco señala que a través de la nota de 17 de enero de 1948, enviada por el Sub Secretario chileno, Manuel Trucco a la representación de Bolivia en Santiago; Chile se comprometió formalmente a llegar “a un completo y definitivo acuerdo” sobre este tema. Lo cual evidentemente nunca sucedió.  
En cuanto a los resultados obtenidos por la primera Comisión Mixta chileno–boliviana conformada para inspeccionar las obras del Lauca, el mencionado personaje señala: “El informe, emitido en 1949, fue favorable a Chile”. No obstante, si uno revisa el Acta respectiva de 5 de agosto de 1949, no encuentra ningún elemento que permita sostener tal afirmación. Muy al contrario, ese documento señala textualmente: “La insuficiencia de datos técnicos dio lugar a una diferencia en la apreciación del alcance del proyecto”.  
A pesar de que ese Acta demostraba fehacientemente que la información proporcionada había creado “una diferencia”, el gobierno chileno se valdría de ese documento para alegar luego que el mismo constituía la “denuncia” que Chile tenía que haber presentado a Bolivia para realizar las obras en el Lauca de acuerdo a la Declaración de Montevideo sobre Ríos Internacionales de 1933 (artículo VII), lo cual fue uno de los reclamos que el gobierno de Bolivia presentó en las deliberaciones que bolivianos y chilenos sostuvieron en la OEA sobre este tema (Escobari 2000: TI 248).
En cuanto al Acta de la segunda Comisión Mixta, el personaje a quien replicamos señala: “El informe, presentado en septiembre de 1960, aprobó el proyecto y rechazó las objeciones de Bolivia”, pero si revisamos el documento tampoco encontramos nada referido a una aprobación, al menos no de Bolivia, y si bien la comisión de Chile efectivamente rechazó una de las objeciones de la delegación boliviana, esta última también objetó una propuesta de su contraparte chilena que decía: “La captación  de la totalidad del gasto del Río Lauca en las obras de toma del canal que construye el Gobierno de Chile, no producirá perjuicios a la República de Bolivia”.
Finalmente, después de que el Presidente chileno ordenó la apertura de las compuertas de los canales que desviaron las aguas del Lauca hacia territorio chileno el 14 de abril de 1962; Bolivia, en aplicación de sus facultades soberanas y de acuerdo a su obligación como signatario del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, acudió al Consejo de la OEA para que ese organismo tome conocimiento de lo ocurrido. Si bien es cierto que la Resolución aprobada por la OEA el 24 de mayo no tenía un carácter vinculante, como bien apunta el susodicho, eso no forzaba a que Chile incumpla sus disposiciones. La decisión adoptada resolvió hacer un llamado amistoso a Bolivia para que “acuda a alguno de los medios de solución pacífica de las controversias que contempla el sistema interamericano” y a Chile a que coopere en “hallar el medio pacífico que ofrezca las mejores probabilidades de solucionar prontamente esta controversia”. Pero Chile, en lugar de cooperar con la solución de la controversia, decidió rechazar la mediación que había propuesto Bolivia aduciendo que la “única” forma de resolver este caso era sometiéndolo a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje y eso, a pesar de que la Resolución citada no le daba la facultad de escoger el medio de resolución de controversias que se debía aplicar.
Por último, para entender por qué Bolivia no aceptó lo que Chile proponía, no es necesario apelar a la opinión de “un analista internacional”, ni tampoco al discurso que pronunció unos años después el entonces Canciller de Bolivia; es más acertado en todo caso, recurrir directamente a la documentación oficial que el gobierno boliviano presentó a la OEA, y así podremos comprender, sin riesgo de caer en especulaciones, la verdadera posición de Bolivia. Efectivamente, en las comunicaciones que el representante boliviano ante la OEA remitió a ese organismo el 28 de mayo y el 3 de julio, Bolivia afirmó que el 14 de abril de 1962 Chile había convertido la controversia jurídica relativa al río Lauca “en un hecho consumado de carácter político, que trasciende las facultades de cualquier organismo de puro derecho” y que, por tanto, la solución debida darse a través de un mecanismo de solución de controversias de carácter político como es la mediación. Agregaba que la única forma de restituir el carácter jurídico de la controversia para que ésta pueda ser tratada en el ámbito de la justicia internacional, era que Chile deje de utilizar las aguas del río Lauca. Lo cual, – afirmaba el gobierno boliviano – también permitiría el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Comentarios finales
Sobre el caso del Silala no vale la pena citar los estudios que avalan la postura boliviana acerca de que esas reservas conforman un sistema léntico (cuerpo hídrico estático) para confrontar la tesis chilena de que esas aguas integrarían un ecosistema lótico (aguas que corren o fluyen continuamente), porque a través de la exposición de opiniones no vamos a dilucidar jamás la naturaleza de esas aguas, que quizás no son parte de un ambiente totalmente léntico ni lótico, sino una combinación de ambos. Simplemente reafirmo lo señalado en el primer artículo acerca de que la mayor parte de esas aguas fueron canalizadas hacia territorio chileno artificialmente y me reservo más comentarios para cuando exista un estudio serio reconocido por ambos países que defina de qué estamos hablando.
Asimismo prefiero no comentar lo que el susodicho califica de “acciones hostiles” de parte de Bolivia en contra de Chile porque esos comentarios se basan en simples suposiciones que no contribuyen en nada a mejorar nuestras relaciones.
Por último, es necesario dejar en claro que las opiniones aquí vertidas como las que motivaron el primer artículo, no tienen en ningún caso la intención de provocar mayor enemistad entre Chile y Bolivia, sino muy al contrario, están dirigidas a esclarecer la verdad histórica de nuestras problemáticas relaciones para propiciar así un diálogo comprensivo, franco y constructivo entre nuestros gobiernos que permita evitar futuros conflictos en esta materia y sobre todo que prepare el ambiente en ambos países para lo que devendrá del fallo inapelable que la Corte Internacional de Justicia emitirá en relación a la controversia sobre el tema marítimo boliviano, independientemente de cuál sea su resultado.
Termino citando las palabras con las que Zambrano también concluye su columna acerca de que los conflictos entre Bolivia y Chile “sólo (se) resolverán si se dejan de lado las acusaciones infundadas y si las partes asumen las responsabilidades que le caben a cada una en los hechos. Desconocer la historia no conduce a nada”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes Primarias
  • Declaración sobre el Uso Industrial y Agrícola de los Ríos Internacionales. Montevideo Uruguay, 24/12/1933 
  • Nota 335/63 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de RelacionesExteriores y Culto de Bolivia, Manuel Terrazas. La Paz, 16/09/1939
  • Nota 393/80 del Embajador de Chile en Bolivia, Benjamín Cohen, al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez. La Paz, 10/11/1939
  • Nota 539 del Sub Secretario de Chile, Manuel Truco, al Encargado de Negocios a.i. de Bolivia en Chile, Gustavo Medeiros. Santiago, 17/01/1948
  • Acta sobre las Conclusiones Técnicas de la Comisión Mixta chileno-boliviana para el estudio del aprovechamiento del Río Lauca. Arica, 5/08/1949
  • Acta de la Comisión Mixta boliviano-chilena en el problema del Río Lauca. Arica, 9/09/1960
  • Resolución Aprobada por el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Washington, 24/05/1962
  • Notas del Embajador Permanente de Bolivia ante la OEA, Emilio Sarmiento Camacho, al Presidente del Consejo de la OEA, Alberto Zuleta Ángel. 28/05/1962 y 3/07/1962

Fuentes Secundarias
  • Bernhardson, Wayne: “El desarrollo de los recursos hidrológicos del altiplano ariqueño y su impacto sobre la economía ganadera de la zona” Revista Chungará. Arica – Chile. 1985.
  • Bustos, Carlos: “Chile y Bolivia. Un largo camino de la Independencia a Monterrey”. RIL. Santiago Chile. 2004
  • Encina, Francisco Antonio: “Las Relaciones entre Chile y Bolivia”. Nascimiento. Santiago-Chile 1963
  • Escobari Cusicanqui, Jorge Andrés: “Historia Diplomática de Bolivia”. Urquizo. La Paz–Bolivia. 2000
  • Espinosa Moraga, Óscar: “Bolivia y el mar (1810 – 1964)”. Nascimiento. Santiago-Chile. 1965 
  • Eyzaguirre Gutiérrez, Jaime Miguel: “Chile y Bolivia: esquema de un proceso diplomático”. Zig-zag. 1963
  • Gomez Uhry, José Luis: “Ríos Internacionales, el desvío del río Lauca”. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz–Bolivia. 1974
  • Iturralde Chinel, Luis: “La Desviación del Río Lauca por Chile”. Burillo. La Paz–Bolivia. 1963
  • Lagos Carmona, Guillermo: “Las fronteras de Chile”. Zig-Zag. Santiago-Chile. 1966
  • Pinochet Ugarte, Augusto: “Guerra del Pacífico – 1879 – Campaña de Tarapacá”. Chile. 1972
  • Pinochet Ugarte, Augusto: “Geopolítica”. Andrés Bello, Santiago-Chile. 1974
  • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia: “La Desviación del Río Lauca (Antecedentes y Documentos)”. La Paz–Bolivia. 1962

Entrevistas sobre la demanda marítima boliviana

El 12 de junio de 2013 se produjo la primera reunión de los Agentes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir los plazos en los que ambos países deberán presentar sus alegatos escritos. Sobre el particular y algunos otros temas relacionados, a continuación las entrevistas que me hicieron para Que no me pierda de la Red Uno, Al Día de Bolivisión y La Primera de ATB:  








martes, 18 de junio de 2013

Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente

Por: Andrés Guzmán Escobari

Imagen satelital de la costa del Pacífico sur
Las grandes extensiones territoriales de Bolivia y Perú que a consecuencia de la guerra del Pacífico pasaron al dominio de Chile, es decir, las regiones chilenas de Antofagasta, Tarapacá y Arica–Parinacota y de ahí hasta el departamento peruano de Tacna inclusive; son territorios extremadamente áridos y secos que siempre han requerido de las aguas del altiplano para su abastecimiento hídrico. Se sabe que desde tiempos muy remotos los habitantes de esos lares utilizaron las aguas altiplánicas para regar zonas costeras. El río Mauri, por ejemplo, fue desviado gradualmente hacia territorio tacneño hasta causar su trasvase completo, inicialmente por los aymaras del lugar en el siglo XV, luego por los españoles en 1739 y finalmente por Chile en 1919 y por el Perú en 1950 (Escobari: Historia Diplomática de Bolivia. 2000: 310).     
La desesperante sed del norte de Chile ha conducido al gobierno de ese país a desviar, en coordinación con algunas empresas públicas y privadas, aguas que no le pertenecen y que, en algunos casos, incluso están más allá de sus fronteras.
Efectivamente, el desvío de las aguas del Silala es un caso muy delicado porque se trata de un reservorio hídrico de varios acuíferos subterráneos que afloran a superficie en territorio boliviano en forma de manantiales estáticos y cuyas aguas han sido canalizadas hacia territorio chileno artificialmente. Si bien tal vez es cierto que una pequeña parte de su caudal corría naturalmente hacia el territorio que hoy es chileno (Antofagasta) y que su existencia incluso está reconocida en el mismísimo Tratado de 1904; es un hecho inobjetable – basta con ver las fotos del lugar – que la mayor parte de esas aguas ingresan a Chile a través de canales artificiales, construidos a partir de 1884 en territorio boliviano y sin el consentimiento de Bolivia. 
De acuerdo con los estudios realizados por el ingeniero hidráulico boliviano Antonio Bazoberry, la empresa que tuvo la concesión para usar esas aguas entre 1908 y 1997, inicialmente denominada The Antofagasta and Bolivia Railway, y también la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), reciben desde hace muchísimos años más de 330 litros por segundo de las aguas del Silala y no pagan ni un centavo (Bazoberry: El mito del Silala. 2005: 113).  Asimismo, en un reportaje publicado por Página Siete (17/04/2011), el periodista boliviano Boris Miranda revela que esas aguas son vendidas actualmente por una empresa del grupo Luksic (Aguas Antofagasta) a la población del lugar y a CODELCO, por un valor que supera los 50 millones de dólares al año, a pesar de que los costos de captación del líquido elemento son nulos para esa empresa (clic aquí para más información sobre el Silala).
Pero aún más grave es la situación del río Lauca que, a diferencia del Silala, es una corriente de agua internacional de curso sucesivo, es decir, un recurso hídrico compartido que al igual que el Silala, está siendo utilizado casi totalmente por Chile (cerca del 90%). El agravante en este caso se produce porque su controvertido desvío, ocurrido el 14 de abril de 1962, ha provocado un desbalance ecológico en la zona de Coipasa – Bolivia, que ha convertido a esa región en un páramo casi inhabitable. En efecto, en lugar de que esas aguas discurran naturalmente a la laguna boliviana de Coipasa, como sucedía hasta 1962; actualmente, cerca de 2.460 litros por segundo de su caudal riegan el valle de Azapa, ubicado en territorio chileno, según datos de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA).

Por si fuera poco, el controvertido desvío del Lauca, que fue ejecutado por el gobierno de Chile en medio de furibundas protestas de Bolivia, marcó un hito muy negativo para el mantenimiento de las buenas relaciones entre ambas naciones porque además de provocar desde entonces la ruptura de los vínculos diplomáticos entre los gobiernos de La Paz y Santiago (excepto 1975–1978), ha acentuado las desconfianzas del pueblo boliviano hacia el Estado chileno y en Chile, ha propiciado el inicio de una campaña informativa, introducida a la historia que se enseña en las escuelas de ese país, que en nada contribuye al entendimiento de nuestros pueblos, pues pretende generar el convencimiento mentiroso de que Bolivia nunca tuvo mar.
No obstante, aún peor que los dos casos mencionados, el desvío del río Caquena es el problema más grave de todos, porque además de significar un atropello en sí mismo y de generar serios daños ecológicos en la región boliviana de Charaña; representa nada menos que una flagrante violación de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2 de dicho tratado, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso del río Caquena entre los hitos 92 y 93, es decir que se trata de una corriente de agua de curso contiguo (límite arcifinio) que define la frontera y como tal, debería ser respetada por las partes. Sin embargo, como sus aguas han sido desviadas por Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera común también ha sido modificada unilateralmente y eso es, indiscutiblemente, un tema de límites que debe ser revisado, aun cuando las autoridades chilenas repitan con insistencia y en cada una de sus declaraciones, que no existen temas de límites pendientes entre Chile y Bolivia.
La desviación del Caquena es además la más onerosa para Bolivia en términos cuantitativos pues, según datos de la DGA, el total del caudal desviado alcanza a 3.760 litros por segundo que actualmente riegan el valle Lluta en territorio chileno. Lo cual, sumado a las otras cantidades desviadas por el país del Mapocho (Lauca y Silala), llegan a 6.640 litros por segundo de aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente.
Esa impresionante cantidad de agua boliviana que ingresa o se queda en Chile de manera ilegal porque no cuenta con el consentimiento de Bolivia, debe ser materia de negociaciones entre los gobiernos de ambos países, no sólo porque es lo que corresponde en justicia, sino también porque el mantenimiento de esta situación podría provocar serios conflictos en el futuro debido a que la demanda de agua de los territorios en cuestión – donde se encuentra una de las industrias mineras más importantes del mundo –, aumentará con el paso del tiempo.

Además, teniendo en cuenta que Chile y Bolivia se encuentran definiendo la más difícil y prolongada de sus controversias en el ámbito jurisdiccional; es muy importante que ambos gobiernos preparen en cuanto sea posible el ambiente para afrontar el resultado de ese proceso judicial y para ello, la resolución de los temas pendientes entre ambos países, es sin duda y lógicamente, lo primero que se debería hacer. En ese sentido, es importante promover el diálogo que permita alcanzar acuerdos para garantizar el abastecimiento hídrico del norte chileno y el resarcimiento y contraprestación correspondientes para Bolivia.  

jueves, 6 de junio de 2013

Instan a Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos en uso de recursos hídricos y comercio

Agencia de Noticias Fides 

Hay una inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia.
Instan a Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos en uso de recursos hídricos y comercio

La Paz, 6 Jun. (ANF).- El analista internacional Andrés Guzmán Escobari, nieto del ex canciller Jorge Escobari Cusicanqui, instó este jueves a los gobiernos de Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos al margen de la demanda marítima que ya está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre uso de recursos hídricos y comercio bilateral.

Guzmán en una crónica publicada en el diario La Tercera, de Santiago, insta a “preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo”.
El experto en temas de Bolivia y Chile recordó que está en vigor el artículo IV del Pacto de Bogotá, acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El artículo referido por Guzmán Cusicanqui señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.
El analista, amparado en el Pacto de Bogotá, instó a dejar temporalmente fuera de las conversaciones el tema marítimo: "No sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde”.
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El tema marítimo fuera de las conversaciones boliviano - chilenas

Por: Andrés Guzmán Escobari

Las conflictivas relaciones entre Bolivia y Chile se han deteriorado considerablemente en el último tiempo a un punto tal que seguramente sólo fue superado en el pasado cuando se rompieron los vínculos diplomáticos entre ambos países (1920, 1962 y 1978) o cuando estalló la guerra (1839 y 1879). De hecho, el estado actual de nuestras relaciones podría compararse con aquellos pocos momentos de la historia en los que Chile, al igual que hoy, se negaba rotundamente a reconocer la existencia del problema que genera el enclaustramiento boliviano, por ejemplo: cuando el año 1900 el representante de La Moneda en La Paz, Abraham Köning, remitió un duro comunicado al Canciller boliviano de la época para aclararle que Chile nada le debe a Bolivia y advertirle, entre otras cosas, que su país había centuplicado su poderío militar desde 1879; o cuando en 1987 el gobierno del General Pinochet rechazó de plano las propuestas que las autoridades bolivianas le habían planteado en las negociaciones del “enfoque fresco”, con el propósito de resolver precisamente el asunto marítimo.



En efecto, el estado actual de las relaciones boliviano – chilenas es tan malo que no existe ningún tipo de diálogo entre nuestras autoridades que no sea el estrictamente necesario en el ámbito consular y eso es algo que naturalmente y por el bien de nuestro porvenir como países vecinos, debe cambiar.  
La situación en que nos encontramos es el resultado de una incomprensión absoluta de la posición del otro y de la tentación de nuestras autoridades por utilizar los temas que nos distancian para encender las pasiones nacionalistas de nuestros pueblos que, indiscutiblemente, generan importantes réditos político-electorales en ambos lados de la frontera. Asimismo, en los hechos, esta situación es el resultado de la interrupción del diálogo de la Agenda de 13 puntos ocurrido en noviembre de 2010 por decisión del gobierno chileno y de la posterior determinación boliviana de recurrir a tribunales internacionales para resolver el problema marítimo, que evidentemente no cayó nada bien en Chile.  
A esas dificultades debemos sumar la conducta beligerante de ambas partes, los bolivianos emplazando al Gobierno de La Moneda a levantar el encierro geográfico con un lenguaje innecesariamente agresivo y cuestionado insistentemente los vicios de origen de un Tratado que ha cumplido y respetado por más de 100 años, y los chilenos oponiendo un rechazo absoluto a reconocer la existencia de un asunto pendiente entre los dos países que además vino acompañada de algunas amenazas de utilizar la fuerza para, entre otras cosas, “hacer respetar los tratados”.  
No es el propósito de estas líneas evaluar la validez o legitimidad de las posturas asumidas, sino de hacer notar que las políticas aplicadas en consecuencia nos han llevado a una situación que no sólo ha congelado el tratamiento del tema marítimo – de tan sensible importancia para los bolivianos –, sino que ha paralizado también el diálogo en todos los demás asuntos de interés binacional, entre los cuales, hay otros problemas de altísima complejidad y relevancia para ambos países que deben encontrar urgentemente un canal de diálogo que permita abordarlos y resolverlos, porque esos problemas podrían ser motivo de más discordias o hasta conflictos entre chilenos y bolivianos en el futuro.
Me refiero a la inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia (Silala 330 lt/seg; Lauca 2.460 lt/seg; y Caquena 3.670 lt/seg), según estudios realizados por el Ing. Antonio Bazoberry y la Dirección General de Aguas de Chile; a las constantes dificultades que enfrentan los comerciantes bolivianos en los puertos chilenos debido a la cuestionable aplicación del derecho de libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios por parte de las empresas privadas que operan esas terminales portuarias; a la operatividad del Ferrocarril Arica – La Paz que, a pesar de la rimbombante celebración del centenario de la vía que estuvo presidida por el mismo Presidente Piñera, no ha realizado ningún viaje completo en el lado chileno desde hace casi 10 años y que en el lado boliviano se mantiene operativo; a las labores de retiro y destrucción de las minas antipersona de la frontera que, según datos publicados por la Comisión Nacional de Desminado de Chile (www.cnad.cl), sólo habrían avanzado en un 37% pese al transcurso de más de una década desde que gobierno chileno se comprometió a retirarlas; y a otros temas también importantes para ambos países como la cooperación para el control del narcotráfico, la lucha contra el contrabando, la complementación económica; etc., etc.       
La gran mayoría de estos temas fueron incluidos en la Agenda de 13 puntos, cuyo tratamiento, como ya se dijo, quedó interrumpido. No obstante, teniendo en cuenta que el asunto que generó esa interrupción está siendo sometido a una instancia jurisdiccional como es la Corte Internacional de Justica de La Haya, porque evidentemente no pudo ser resuelto por la vía diplomática; resulta no solo urgente, sino también absolutamente razonable que los gobiernos de ambos países restablezcan el diálogo para tratar todos los demás puntos de la Agenda dejando momentáneamente de lado, mientras dure el juicio, el tema marítimo boliviano (punto 6).
Esta idea de no negociar directamente el tema marítimo, que ya fue planteada tentativamente por el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; también fue sugerida por quien escribe estas letras en un encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países. Los chilenos, como era de esperar, acogieron sin objeciones la moción. No obstante, entre los bolivianos hubo reticencias de quienes consideraban “imprudente” hacer tal cosa: “Qué habrían dicho los grandes diplomáticos que hemos tenido”, censuró uno de ellos, “Qué habría dicho tu abuelo!” me dijo el otro.


Al respecto cabe aclarar que esta sugerencia no tiene por objeto librar a la diplomacia chilena de su tradicional piedra en el zapato, sino más bien preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo. De hecho, eso es lo que indica el procedimiento del juicio que el gobierno boliviano inició. El artículo IV del Pacto de Bogotá, que es el acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda, señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”. Por tanto, dejar temporalmente fuera de las conversaciones al tema marítimo no sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde.   

jueves, 2 de mayo de 2013

La subestimación en Chile a la demanda marítima boliviana

Por: Andrés Guzmán Escobari

El mes pasado pude acercarme un poco más a comprender la percepción que tienen en Chile sobre la demanda marítima boliviana porque tuve la oportunidad de conversar con varios chilenos – expertos y no expertos en el tema – en las dos visitas que tuve el gusto de realizar a Santiago en abril de 2013. La primera para dar una charla en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde fui invitado para dar a conocer la visión que tenemos en Bolivia sobre el tema del mar a los alumnos de esa institución y al Grupo Bolivia, que es una organización de intelectuales chilenos de izquierda, muy favorable a encontrar una solución a este largo y difícil problema; y la segunda, para participar del encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países entre los cuales destacan Carlos Mesa de Bolivia y Carlos Ominami de Chile.


Muy a pesar de que estuve en un ambiente favorable a encontrar una solución, noté cierto malestar y un rechazo generalizado hacia la decisión boliviana de acudir a tribunales internacionales. De hecho, fue particularmente interesante observar el antes y el después de la presentación de la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, porque estuve en Santiago precisamente los días previos e inmediatamente posteriores al 24 de abril de 2013. En ese tiempo pude evidenciar que hubo sorpresa primero y luego cierta  molestia y un amplio rechazo a la demanda boliviana. Lo cual no lo esperaba porque la presentación de esa demanda fue anunciada con dos años de antelación y porque se trata de un medio pacífico de controversias, ampliamente aceptado por la comunidad internacional y reconocido por el Estado chileno en sendas convenciones multilaterales y en acuerdos bilaterales como las notas revérsales intercambiadas por los Cancilleres Manuel Bianchi de Chile y Alberto Ostria de Bolivia en enero de 1941.  
Asimismo, también me sorprendió la reacción de la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de Chile, que respondieron con una contundente negativa a reconocer la existencia de un problema y con el ánimo de encender pasiones nacionalistas llamando a “cerrar filas”. El único que mantuvo la calma fue Marcel Claude del Partido Humanista que llegó a decir que está a favor de ceder mar y territorio a Bolivia si eso se acepta en un plebiscito.
Por otra parte, no me causó ninguna sorpresa la clara y firme posición del Presidente Piñera, quien afirmó que usará toda la fuerza del mundo para defender el territorio chileno y que no cederá soberanía a ningún país. Esto último a pesar de que muy prontamente el fallo de esa misma Corte respecto al caso de la delimitación marítima chileno – peruana, podría imponerle a Chile la obligación de devolverle territorios al Perú.
Empero, lo que más me llamó la atención fue la absoluta e incomprensible subestimación que predomina en la sociedad chilena hacia lo que esta demanda puede significar. La mayor parte vaticinaba un fracaso de La Paz en La Haya como el sufrido en Ginebra en 1921, y algunos incluso llegaron a decirme que esta vez la decepción será tal, que el reclamo más que centenario de Bolivia quedará sepultado para siempre.  
Por ese motivo, en todos los foros que me tocó intervenir y en todas las conversaciones que sostuve sobre este tema, intenté dejar en claro que el trabajo realizado por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia (DIREMAR), ha sido tomado con la seriedad y el profesionalismo del caso y que ese trabajo se realizó bajo la dirección de un equipo de abogados de altísimo prestigio internacional, como Antonio Remiro Brotons y Philippe Sands, entre otros; quienes no por favorecer la candidatura de Evo Morales el próximo año, van a arriesgar su reputación tan trabajosamente conseguida. 

Asimismo, también les recordé que antes y después del Tratado de 1904, Chile se comprometió formalmente y en varias oportunidades a ceder una salida soberana al mar a Bolivia. Por lo cual, y siempre aclarando que no se trata de un acto inamistoso, la petición boliviana establece que el objeto de la controversia se basa en: a) la existencia de una obligación; b) el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y; c) el deber de Chile de cumplir con dicha obligación.  


¿Que la Corte no tiene competencia? El artículo 36 de su Estatuto establece claramente que los Estados parte deben aceptar la jurisdicción de la Corte en controversias de orden jurídico que se le presenten y que versen sobre “la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional”, entre otras cosas.
Por tanto, el proceso iniciado por Bolivia y aceptado por Corte, si bien es un camino que el gobierno de Chile pudo haber evitado; ahora debe entenderse como una buena oportunidad para resolver este difícil y largo problema y no como un intento por enemistarnos aún más. De hecho, ahora que el tema marítimo boliviano debe ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia y no mediante el diálogo bilateral; nuestros gobiernos pueden aprovechar para tratar todos los demás temas de la agenda bilateral de 13 puntos, que son asuntos de mucha importancia para ambos países, algunos de ellos también de alta complejidad, y que no han sido abordados desde que se interrumpió el diálogo en noviembre de 2010.
Finalmente, es importante considerar que nuestra generación atestiguará la resolución de los conflictos del Pacífico sur por la vía judicial y que dependerá de la voluntad y sabiduría de quienes nos gobiernan para dar a esas soluciones un carácter definitivo. No obstante, para que eso sea posible, es indispensable el apoyo mayoritario del pueblo boliviano, peruano y chileno y es ahí donde precisamente no cabe ningún tipo de subestimación.

martes, 30 de abril de 2013

Nuevo incumplimiento de Chile al Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari.
Publicado en la Revista Datos

Durante la última semana de marzo y la primera de abril de este año ocurrió un hecho que extrañamente no tuvo mucha repercusión en Bolivia y que, sorprendentemente, tampoco provocó la reacción que ameritaba de parte del gobierno de Evo Morales: el paro de actividades en varios puertos chilenos en los cuales, según lo acordado bilateralmente; Chile debería garantizar el libre tránsito de las mercancías bolivianas a perpetuidad y en todo tiempo sin excepción alguna.

En efecto, según el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, “la República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico” (artículo 6). Asimismo, mediante la Convención sobre Tránsito de 16 de agosto de 1937, el gobierno chileno “reconoce y garantiza el más amplio y libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia”, lo cual – aclara ese mismo documento – “comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).


No obstante, tal como ha ocurrido en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito del comercio boliviano fue interrumpido en los puertos chilenos debido a la paralización de las actividades portuarias que provocó, una vez más, la cuestionable administración de dichos puertos, cuya operación fue entregada por el Estado chileno a empresas privadas a principios de este siglo, a pesar del rechazo que opuso Bolivia.

En esta ocasión, el paro fue provocado por un desacuerdo entre las empresas privadas que operan los puertos y los trabajadores portuarios, quienes exigen el pago de una compensación por el menor tiempo que tienen para almorzar en comparación con los obreros de otras industrias chilenas. De hecho, según el dirigente sindical de Puerto Central, Sergio Vargas, lo que piden es una pausa de media hora para almorzar o alternativamente, una compensación de hasta 21 dólares americanos en los puertos de mayor tráfico (La Tercera, 8/04/2013). Sin embargo, los privados se rehusaron a realizar el pago y la interrupción de los servicios portuarios, que comenzó en Mejillones, se extendió a diez puertos más.

Finalmente, después de dos semanas de negociaciones en las que incluso tuvo que intervenir el gobierno de Santiago, las partes llegaron a un acuerdo que contempla una compensación de 7,6 dólares de colisión. No obstante, Vargas advirtió que el paro puede reiniciarse en cualquier momento. 

Este paro portuario, que provocó grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano sino también al chileno, es un claro incumplimiento de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia de libre tránsito porque, como hemos visto, los compromisos que asumió ese país deberían ser aplicados “en todo tiempo sin excepción alguna”. Lo cual demuestra que el actual gobierno chileno no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas veces lo han asegurado sus autoridades en el último tiempo.

Si bien es cierto que se debe aplicar el principio de buena fe en la interpretación de los Tratados y entender que ningún puerto en el mundo está exento de este tipo de eventualidades, es también una realidad que las interrupciones portuarias se han incrementado considerablemente desde que los puertos chilenos pasaron a manos privadas y que, por la sensibilidad que entraña la ejecución del Tratado de 1904 en relación al derecho de libre tránsito que, valga recordar, es una de las exiguas compensaciones que Bolivia recibió por su amplio, rico y único litoral; lo mínimo que debemos esperar es que Chile cumpla sus compromisos. 

domingo, 14 de abril de 2013

Los fallos de la Corte de La Haya tienden a ser salomónicos

Por: Ricardo Aguilar Agramont

Las demandas en la Corte Internacional de La Haya tienden a ser salomónicas, es decir, que no dan la razón absoluta a una de las partes, por lo que Chile teme salir perdiendo. No obstante, lo preocupante son los casos en que una de las partes se niega a cumplir la sentencia.
La propensión general de los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es de no dar la razón absoluta a una de las partes litigantes, sino transar con ambas partes sobre la base de la razón jurídica, por lo que se podría calificar sus sentencias como salomónicas, de modo que el Estado que salga perdiendo   no lo pierda todo.
“Sus sentencias jurídicas tratan de buscar soluciones más o menos salomónicas. La política de la Corte es buscar un entendimiento entre las partes”, describe el diplomático e historiador Ramiro Prudencio Lizón.
El diplomático y economista Andrés Guzmán Escobari coincide en lo que resalta Prudencio e inclusive utiliza el mismo adjetivo. “Sabemos que hay una tendencia de la Corte a resolver los casos salomónicamente y eso es simplemente porque es muy difícil que una de las partes tenga la verdad absoluta”, afirma. 
Además, comenta que generalmente ambas partes tienen argumentos válidos a la luz del derecho internacional. Añade que se debe considerar que uno de los principales objetivos de la Corte es asegurar la paz mundial, por lo cual “sería contradictorio” que se emita un fallo completamente contrario a los intereses de un Estado parte.
Hay varios antecedentes de fallos de la CIJ en el continente: Nicaragua-Honduras, Nicaragua-Costa Rica, Nicaragua-Estados Unidos, Nicaragua-Colombia, Colombia-Perú, Argentina-Uruguay.
De acuerdo con Guzmán, ninguno de estos casos sirve para predecir qué sucederá con la demanda boliviana porque —en su criterio— cada cual es diferente y  porque ninguna de esas demandas se parece a la que Bolivia presentará.Una preocupación —apunta Prudencio— es el desacato de los fallos, pues las sentencias no se pueden imponer. “Lamentablemente, la Corte Internacional no tiene la facultad de obligar a aceptar”.
Los desacatos a los fallos de la CIJ, como Estados Unidos, que sentó jurisprudencia al rehusarse   a cumplir la sentencia sobre la demanda que interpuso Nicaragua en su contra por uso de la fuerza e injerencia en asuntos internos, es preocupante, apunta Guzmán.
Otro caso preocupante al respecto es el de Colombia, que —en noviembre de 2012— tras un fallo que consideró en contra de sus intereses, decidió retirarse del Pacto de Bogotá (1948), cuyos firmantes otorgan jurisdicción a la CIJ.
Ese diferendo fue entre Nicaragua y Colombia. El fallo de la CIJ, hecho público el 19 de noviembre de 2012, dejó en poder de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007. A Nicaragua le correspondió más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar, ricos en recursos naturales, que convierten en enclaves dos de los cayos otorgados a Colombia, con lo que este país pierde frontera marítima con otras naciones, como Costa Rica.
“A Colombia se le dio la mayor parte, pero también reconoció a Nicaragua. El que pierde no pierde todo”, afirma Prudencio. La experta en derecho internacional Karen Longaric explica que “la Corte Internacional de Justicia fundamenta sus fallos en derecho, es decir, citando tratados internacionales, costumbre internacional y principios jurídicos. Esto da al tribunal un amplio espacio de reflexión y decisión que no siempre es predecible”.
Guzmán interpreta que Chile teme un fallo salomónico tanto en su juicio con Perú (por la delimitación marítima entre estas naciones) como con el que en los próximos días interpondrá Bolivia. Lo máximo a lo que puede aspirar Chile es que se mantenga el statu quo, o sea “que la Corte resuelva mantener las cosas como están, lo cual, por los antecedentes señalados, difícilmente ocurrirá”.
Esto —advierte— no significa que se pueda cantar victoria anticipadamente sólo porque la Corte aplique fallos salomónicos. “Sería  un error, primero es necesario que acepte conocer el caso y determine si tiene la jurisdicción para pronunciarse sobre la demanda que Bolivia vaya a presentar, ésa es la primera etapa de un largo y duro proceso que de prosperar favorablemente también implica grandes riesgos, porque no olvidemos que una sentencia desfavorable a nuestros intereses podría sepultar por unos buenos años, sino para siempre, la reintegración marítima boliviana”.
En cuanto a la preocupación de que la CIJ niegue tener jurisdicción en el caso, el agente boliviano ante esta instancia, Eduardo Rodríguez Veltzé, argumenta que “el 40% de los asuntos pendientes que tiene la Corte Internacional de Justicia corresponde a países latinoamericanos; estas causas, además de las que ya atendió en la región, particularmente en la zona centroamericana, reflejan la aceptación de   su competencia como un espacio confiable para los Estados”. Al momento, La Haya tiene cinco casos pendientes en la región. Ya se mencionó el de Colombia-Nicaragua y el de Chile-Perú.
Costa Rica y Nicaragua tienen dos casos. En uno, iniciado en 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por “violación de la soberanía nicaragüense y graves daños medioambientales a su territorio”. El otro juicio es a la inversa: Costa Rica demanda a Nicaragua (en 2010) por lo que considera una “incursión, ocupación y uso del territorio de Costa Rica por parte del Ejército nicaragüense”.
El otro caso es el de Ecuador contra Colombia, presentado en 2008, en el que acusa a ese país de la fumigación aérea con glifosato en localidades “cerca de, en y a través” de la frontera con Ecuador, dejando daños ambientales.
Un caso de la región que se mediatizó fue el de Argentina contra Uruguay, resuelto en 2010. La polémica era la instalación de una planta uruguaya pastera de celulosa en su territorio, aunque cerca de la frontera con Argentina. La CIJ emitió un fallo en el que consideró que la pastera no contaminaba, sin embargo, ordenó supervisiones periódicas de ambos países.

martes, 9 de abril de 2013

El paro portuario, una violación al Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile reconoció en favor de Bolivia "y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico" (artículo 6). Adicionalmente, a través de la Convención sobre Tránsito de 1937, el gobierno chileno se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia por sus puertos "en todo tiempo sin excepción alguna" (artículo 1). 


No obstante, tal como ha ocurrido en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito del comercio boliviano fue interrumpido recientemente en algunos puertos chilenos debido a un paro de actividades portuarias que se prolongó cerca de dos semanas. Esta vez, el motivo fue el desacuerdo entre los trabajadores portuarios y las empresas privadas que operan esos puertos en cuanto a un pago de media hora de colación que los primeros exigen y los segundos se rehusaron a reconocer en un primer momento. 



El paro portuario, que provocó grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano sino también al chileno, es una clara violación de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia de libre tránsito y demuestra, asimismo, que el actual gobierno de La Moneda no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas veces lo han asegurado sus autoridades. 

viernes, 5 de abril de 2013

Diplomático boliviano: “Lo peor para ambas naciones sería un nuevo gobierno de derecha”


"La forma en que se ha llevado el conflicto, es la más equivocada", sostuvo Andrés Guzmán, ex miembro de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima del gobierno boliviano.

El diplomático Andrés Guzmán, ex miembro de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima del gobierno boliviano, instancia creada por el Presidente Evo Morales para preparar la demanda marítima de ese país ante el Tribunal de La Haya, señaló que la manera en que el Estado chileno y la actual administración han manejado este tema es “la más equivocada”.
“Lo peor para ambas naciones, sería un nuevo gobierno de derecha. La forma en que se ha llevado el conflicto, es la más equivocada”, manifestó Guzmán
El diplomático boliviano recalcó que la importancia de una salida soberana al mar va más allá de cuestiones económicas y tiene que ver con una necesidad de integración del pueblo boliviano.
“El atraso y el desarrollo de Bolivia no depende de una salida al mar, tampoco es por una cuestión de espacio ni territorio, sino más bien por un derecho a la integración mundial de la que Bolivia no es parte”, sostuvo.
Pese a que el Tratado de 1904 fue la piedra angular de la estrategia de Evo Morales para posicionar una salida soberana al mar, ya es público que este pacto no será parte de los argumentos que Bolivia exponga ante La Haya. Según explicó Guzmán, la demanda se remite a hechos posteriores a 1948. De igual forma, descarta recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje del mismo Tribunal, ya que considera que esta instancia  no resolverá el problema de fondo.
Andrés Guzmán, economista, experto en política internacional, abordó la demanda marítima de su país y las relaciones diplomáticas con Chile en la conferencia: ¿Mar para Bolivia?, dictada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

domingo, 31 de marzo de 2013

Posibles efectos del proyecto bioceánico

CHILE NO TIENE LIBRE TRÁNSITO EN BOLIVIA
Por: Andrés Guzmán Escobari
 
Bolivia no debe permitir que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que  requiere ese país para circular por nuestro territorio. No hay ningún tratado que nos obligue a permitir el libre tránsito de mercadería de esa nación.
 
El acto de inauguración de la vía interoceánica que tenía que llevarse a cabo en San José de Chiquitos el próximo 5 de abril con la presencia de los Presidentes de Brasil, Bolivia, Chile y Perú; fue postergado a pedido de este último país debido a que, según dijeron sus representantes, el Presidente Ollanta Humala tiene otros compromisos que atender en esa fecha. No obstante, teniendo en cuenta que ese día se cumplen 134 años de la declaratoria de guerra que Chile presentó a Bolivia y Perú; más parece que la razón de la solicitud de postergación es evitar un encuentro entre Mandatario peruano y su homólogo chileno en un día que definitivamente no trae buenos recuerdos para los pueblos que sufrieron las consecuencias de la contienda iniciada en 1879.  

Este hecho, que devela el desinterés o el desconocimiento que tiene la Cancillería boliviana respecto a las implicancias históricas que conlleva realizar una reunión con los Presidentes de Chile y Perú en fecha 5 de abril; podría agravarse aún más si Bolivia permite que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que requiere ese país para circular por nuestro territorio.
En efecto, el Tratado de 1904 (art. 6) y sus acuerdos complementarios (1912, 1937 y 1953) conceden a Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito por territorio y puertos chilenos en todo tiempo sin excepción alguna, sin embargo, esos acuerdos no otorgan a Chile esa facilidad de paso por suelo boliviano porque no fueron suscritos en reciprocidad. De hecho, en 1955, los gobiernos de La Paz y Santiago comenzaron a conversar sobre la posibilidad de que Chile obtenga ese derecho en nuestro territorio y suscribieron un Tratado que, entre otras cosas, expresa el propósito de alcanzar un acuerdo que “amplié y facilite el actual régimen de libre tránsito de las mercaderías originarias de uno de los dos países por el territorio del otro, para su exportación a terceros países. Dicho sistema, comprenderá, asimismo, las facilidades necesarias para permitir la importación de uno de los dos países a través del territorio del otro, de mercancías originarias de terceras naciones” (Art. 2/f. Tratado de Complementación Económica Bolivia – Chile, 31/10/1955).
Por otra parte, los acuerdos multilaterales sobre la materia que suscribieron ambos gobiernos, tampoco contienen ninguna disposición que obligue a Bolivia a garantizar el libre tránsito de Chile por territorio boliviano. Los convenios firmados en el marco de la Iniciativa para Integración Regional Sudamericana (IIRSA) no mencionan nada al respecto y el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de 1977, firmado en el marco de la ALADI por los dos países, establece claramente que el libre tránsito podrá ser reglamentado por acuerdos bilaterales (art. 14) y deja en claro que sus disposiciones no restringirán en ningún caso las facilidades sobre libre tránsito que “se hubiesen concedido los países signatarios” (Art. 15).
El caso de Perú y Brasil es totalmente diferente porque ambos países suscribieron acuerdos bilaterales con Bolivia con el fin de otorgarse facilidades de libre tránsito recíprocamente. Con los gobiernos peruanos se suscribió el Tratado de Comercio y Aduanas de 1905 (Art. 2), el Convenio sobre Tráfico Comercial por Mollendo de 1917 (art. 1), el Convenio de Tránsito de 1948 (art. 7) y el Convenio Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz de 1992; y con el Estado brasileño se firmó el Tratado de Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradición de 1867 (Art. 6), el Tratado de Petrópolis de 1903 (Art. 5), el Convenio de Libre Tránsito Terrestre, Fluvial y Aéreo para Carga de 1958 y el Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°36, éste último suscrito entre Bolivia y los países del MERCOSUR en 1996 (Art. 6).
Por tanto, aunque en 1955 Chile manifestó formalmente su deseo de obtener el derecho de libre tránsito por territorio boliviano, éste nunca le fue reconocido y, por consiguiente, no sería acertado que nuestro gobierno le conceda ese derecho ahora para permitir su participación en la vía interoceánica, porque desecharía uno de los pocos elementos de negociación que tiene Bolivia para recuperar una salida soberana al mar y le facilitaría enormemente las cosas a un país que muy pocas veces en la historia demostró ser amigo de Bolivia.
Al respecto, es importante considerar que Chile mantiene un gran interés por obtener el derecho de libre tránsito en territorio boliviano porque, además de la manifestación de 1955, hace poco, cuando el Presidente Morales anunció que no invitaría a Piñera porque tres soldados bolivianos permanecían  detenidos en Chile, la Cancillería de Santiago protestó enérgicamente ante sus pares de La Paz y Brasilia para que también tomen en cuenta a su Presidente.
Si bien es cierto que las autoridades bolivianas mantuvieron su decisión de dejar fuera del proyecto bioceánico a Chile incluso después de invitar al Presidente Piñera al evento inaugural, el hecho de que el Mandatario chileno asista y que posiblemente Brasil intente presionar al Presidente Morales para que acepte incluir al país del Mapocho; son factores que podrían propiciar que Bolivia termine autorizando el libre tránsito de mercancías chilenas por territorio boliviano, sin que ello genere un beneficio mayor al estrictamente comercial para nuestro país. 
Es importante aclarar que la idea de aprovechar esta situación en nuestro beneficio, no es una posición inspirada en la mezquindad, sino en la convicción de que ya es hora de actuar en función a nuestros intereses nacionales y a la historia que nos muestra que los errores políticos del pasado permitieron que Chile se desarrolle a nuestra costa y, en muchos casos, incluso en detrimento de nuestros propios intereses.
Por tanto, lo más inteligente sería poner las cosas en claro para que Chile entienda, desde un principio, que si quiere ser parte de la carretera bioceánica y llegar a un buen entendimiento con Bolivia; tiene que necesariamente ofrecer algo de valor estratégico para nuestro país, como una zona portuaria con autonomía, un muelle como el que Perú tiene en el puerto de Arica o por último, por qué no, un acceso soberano al mar.  

jueves, 28 de marzo de 2013

La trampa que Evo Morales le tendió a Piñera

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Tercera

El pasado 23 de marzo, día en que se cumplieron 134 años de la batalla de Calama; el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en los próximos días su gobierno presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para recuperar un acceso soberano al mar. Ante lo cual, el Presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió "El supuesto derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno, así como la pretendida obligación que tendría el Estado de Chile a negociar al respecto, carece de todo fundamento tanto histórico como jurídico” y antes de advertir que su país y su pueblo defenderán “con toda la fuerza de la unidad su territorio, su mar, su cielo y su soberanía”, remató: “Chile cumple y hará cumplir el Tratado de 1904” (La Tercera, 24/03/2013).

Las palabras de Piñera, no sólo denotan un menosprecio o incluso una subestimación a lo que Bolivia podría hacer en el ámbito jurisdiccional – actitud que ya le costó a Chile ser enjuiciado por Perú ante ese mismo Tribunal -; sino que además demuestran que Evo Morales logró hacerle creer que Bolivia cuestionará la validez y/o la vigencia del Tratado de 1904.
Primero, sería demasiado inocente creer que Bolivia puede de alguna manera solicitar a un tribunal internacional la revisión de un tratado que, a diferencia de su contraparte, ha cumplido y respetado durante más de 100 años; y segundo, a estas alturas, después de que Bolivia retiró su reserva al artículo 6 del Pacto de Bogotá, tampoco puede acudir a la Corte de La Haya para impugnar un tratado que entró en vigencia mucho antes que dicho Pacto, pues esa es precisamente una de las restricciones que contiene ese acuerdo firmado en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 (Art. 6).
Suponiendo que Piñera conoce estos argumentos ¿Por qué insiste en que hará cumplir el Tratado de 1904? La respuesta sólo puede ser una, el Mandatario chileno no ha considerado cuáles podrían ser los verdaderos argumentos jurídicos de Bolivia y sigue pensando que el gobierno de Morales intentará impugnar el acuerdo que reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre el vasto, rico y único litoral boliviano. 
Nada más insólito y sorprendente, pero cierto. La estrategia de Evo Morales por distraer la atención de Chile hacia el Tratado de 1904 fue todo un éxito. Comenzó en febrero de 2009, cuando el propio Morales promulgó la nueva Constitución boliviana que, en su artículo 267, declara el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y en su disposición transitoria novena aclara: “En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
Después de esta señal, no hubo más cuestionamientos al famoso tratado hasta el 23 de marzo de 2011, día en que el Presidente boliviano anunció por primera vez su intención de recurrir a los tribunales internacionales para demandar a Chile. Pero a partir de esa fecha, Morales aprovechó absolutamente todas las oportunidades que tuvo (la última suscitada con la detención de tres soldados bolivianos en Chile) para decirle al gobierno chileno y al mundo que el Tratado de 1904 es injusto, impuesto e incumplido.
De hecho, resulta comprensible que cualquier ciudadano – pero no un Presidente – de un Estado de Derecho con instituciones fuertes que verdaderamente respetan las normas constitucionales, dé por descontado que las disposiciones de la Carta Magna son algo casi o totalmente sagrado. Sin embargo, ese cálculo no se aplica a la lógica política del actual gobierno boliviano que sabe que puede modificar cualquier “contradicción constitucional” a través del Congreso que tiene bajo su control, y que muy hábilmente utiliza cualquier recurso para confundir a sus potenciales adversarios, incluyendo en este caso a la mismísima Constitución.
Todo ello, sumando a la conciencia de quien se sabe culpable de no cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, hicieron que Piñera caiga en la trampa de Evo Morales.