Consulta en el Perú sobre Mar Para Bolivia

Entrevistas sobre la propuesta del presidente peruano, Pedro Castillo, respecto a la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia por el Perú. 

En Contacto Bolivia, 26/01/2022

En Entre Líneas de Radio Compañera, 27/01/2022

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Castillo propone referéndum para darle mar a Bolivia

En esta entrevista, realizada para un medio peruano, comento los dichos del presidente del Perú, Pedro Castillo, respecto a consultar al pueblo peruano para darle una salida al mar a Bolivia.

Para Hablemos Claro de Radio Exitosa, 26/01/2022  

La transformación del conflicto boliviano de 2019

 Transformar el conflicto significa pasar de un contexto de paz y conflicto latente, a un contexto en que se pueden desarrollar negociaciones y relaciones dinámicas porque las partes reconocen su interdependencia, entendiendo que no pueden imponer su voluntad ni eliminar a los otros.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en la Revista Turbulencias, una revista internacional de Resolución de Conflictos

La crisis político-electoral que vivió Bolivia el 2019 y las narrativas que se han construido en torno a la misma, han hecho que sea imposible superarla y recuperar la estabilidad político-social que tenía el país hasta hace unos años. Muy por el contrario, esas narrativas han profundizado la sensación de incertidumbre e intranquilidad que pervive en el Estado Plurinacional desde antes del referéndum del 2016, cuando se empezó a discutir la posibilidad de cambiar la Constitución para permitir que los entonces presidente y vicepresidente puedan ser reelectos por segunda vez de manera continua.

Todo ello exacerbado actualmente por el constante intercambio de acusaciones y recriminaciones entre el gobierno nacional y sus adherentes por un lado, y los organismos internacionales y los actores locales que cuestionaron la integridad de las elecciones de 2019 por el otro.

Ante esa realidad, varios sectores del país y del exterior han hecho propuestas para reformar la justicia boliviana, que si bien es una necesidad imperiosa e ineludible, resulta insuficiente para alcanzar una solución integral y duradera al conflicto boliviano que no solo es el resultado de la deficiente administración de justicia, sino también y sobre todo, de las profundas diferencias ideológicas, regionales, culturales y hasta raciales que subsisten en el país.

Por esos motivos, a continuación se esbozan algunas ideas que podrían contribuir a la solución del conflicto a partir de las teorías de la “construcción de paz” y la “transformación de conflictos”, formuladas por el sociólogo menonita y estadounidense, John Paul Lederach, en base a los aportes de otros investigadores para la paz. 

Según Lederach, la construcción de paz en sociedades profundamente divididas debe fundarse en tres ejes: 1) los actores de la sociedad, que a su vez están agrupados en tres niveles; 2) la dinámica y calado del conflicto, aplicando el concepto de “paradigma anidado”; y 3) la progresión del conflicto, que se define en meses, años y décadas.

A diferencia de la típica visión marxista que divide la sociedad en dos clases: burguesía y proletariado; el primer eje de Lederach separa a la sociedad en tres niveles de actores: 1) el de los máximos líderes que incluye a gobernantes y actores políticos de alta visibilidad (cúspide de la pirámide); 2) el de los dirigentes del nivel medio, que en este caso podrían ser los líderes de los comités cívicos y los movimientos sociales (centro de la pirámide); y 3) el de los líderes populares (vecinales) que junto a toda la demás población, son el segmento social que más sufre las consecuencias del conflicto (base de la pirámide).

Para Lederach cualquiera de los tres niveles puede contribuir a transformar el conflicto, en el sentido de pasar de un contexto de paz y conflicto latente, a un contexto en que se pueden desarrollar negociaciones y relaciones dinámicas porque las partes reconocen su interdependencia, entendiendo que no pueden imponer su voluntad ni eliminar a los otros. En ese sentido, si bien todos los niveles pueden contribuir a transformar el conflicto de manera individual o combinada, nuestro autor también destaca el potencial que tiene el nivel medio por su rol articulador entre los de arriba y los de abajo, y por su consiguiente capacidad para establecer una infraestructura adecuada para la construcción de paz.

En el segundo eje, que tiene que ver con el análisis y la comprensión del conflicto, se aplica lo que Lederach llama el “paradigma anidado”, que permite considerar por separado pero en un mismo esquema, las cuestiones más limitadas y los aspectos más amplios de la construcción de paz. Se trata de un esquema de varios círculos, unos dentro de otros, en el que el más grande, que incluye a todos los demás, representa al sistema social (primer círculo) en el que se desarrollan los subsistemas (segundo círculo), las relaciones de los actores (tercer círculo) y la cuestión que provocó la crisis (cuarto círculo), que viene a ser el círculo más pequeño.

En nuestro caso, podríamos esquematizar el primer círculo, correspondiente al sistema social, con la identificación de los elementos estructurales de polarización que dificultan el entendimiento y la reconciliación (“izquierda v. derecha”, “masistas v. pititas”, “golpe v. fraude”, “collas v. cambas”, “Whiphala v. Patujú”, etc.); el segundo círculo del subsistema, donde se debe construir la infraestructura de la resolución del conflicto, podría estar dado por la justicia y los espacios de diálogo (talleres, comisiones y campañas de socialización) que son propios del segundo y tercer nivel de la sociedad; el tercer círculo de las relaciones sociales, podríamos representarlo con los vínculos entre oficialismo y oposición (primer nivel), comités cívicos y movimientos sociales (segundo nivel), y grupos de la sociedad no organizada de uno y otro lado (tercer nivel); y finalmente, el cuarto círculo, el de la cuestión que provocó la crisis, podría estar representado por el debate sobre admitir más de una reelección continúa, en una primera instancia, y por el desconocimiento del gobierno nacional al resultado del referéndum de 2016, que negó la posibilidad de una segunda reelección continúa para las dos máximas autoridades del país, en una segunda instancia.

Respecto al tercer y último eje, el de la dimensión temporal, Lederach aduce que existen cuatro momentos en la progresión de un conflicto: 1) la propia crisis, donde se requiere una intervención inmediata para detener la violencia (2 a 6 meses); 2) la preparación y formación de las partes, cuando generalmente se alcanzan los acuerdos de paz y reconciliación (1 a 2 años); 3) la reflexión y cambio social, que es el momento en que se empieza a imaginar un futuro compartido y a consolidar la transformación del conflicto (5 a 10 años); y 4) la visión generacional, en el que se redefinen las relaciones entre las partes, se adoptan medidas preventivas para evitar el resurgimiento de la crisis y se curan las heridas mediante diversas expresiones culturales (˃ 2 décadas).

Al respecto, teniendo en cuenta que los hechos de violencia se desarrollaron entre septiembre y diciembre de 2019, se podría considerar que ese fue el periodo de crisis en este caso (4 meses), y considerando además que en agosto de 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH emitió un informe sobre estos mismos hechos que fue aceptado y reconocido por las partes en conflicto, también podríamos considerar que ese es el acuerdo de paz y reconciliación en este caso, que vendría a marcar el fin del segundo periodo, referido a la preparación y formación (1 año y 8 meses).

Bajo ese entendido, ahora estaríamos ingresando al tercer momento, el de la reflexión y el cambio social, que debería consolidarse en unos años más con la aplicación de las recomendaciones del GIEI, en cuanto a reformar la justicia y a realizar investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas sobre las vulneraciones a los derechos humanos registradas entre septiembre y diciembre de 2019. Pero para que todo eso sea posible, no solo es necesario considerar los aspectos jurídicos y los hechos de violencia, sino también los aspectos metodológicos y sistémicos a los que se refiere Lederach, que tienen que ver con las narrativas, los discursos, las expectativas y la forma en que nos vemos los unos a los otros, para poder llegar a soluciones verdaderamente efectivas y sustentables en el tiempo. 

 

Referencias

·         Lederach, John Paul (1998) Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington: United States Institute of Peace.

·         Lederach, John Paul (2003) Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation Of The Guiding Principles By A Pioneer In The Field. Estados Unidos: Good Books

·         GIEI-Bolivia (2021) Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. [En línea, 29/10/2021] https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf

 

Djokovic y la crisis migratoria global

No es lo mismo arribar en avión a jugar un Grand Slam que llegar en bote escapando de la guerra, se supone que las leyes son iguales para todos y que “nadie está por encima de las reglas”.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

La detención del número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, en un hotel para refugiados y solicitantes de asilo de Melbourne-Australia, mientras las autoridades judiciales de ese país decidían si debían deportarlo o no, ha generado una ola de protestas en todo el mundo por lo que, según los seguidores de Novak, su padre, los antivacunas y el gobierno de Serbia, ha sido un maltrato injusto y humillante digitado por la oligarquía mundial.

Aunque el gobierno australiano explicó que Djokovic no proporcionó pruebas adecuadas sobre uno de los requisitos necesarios para ingresar al país, en referencia a la vacuna contra la covid-19, y que “nadie está por encima de las reglas”; la evidencia indica que no hay un trato igualitario para todos los inmigrantes, pues mientras Djokovic tuvo que aguardar cinco días para conocer su suerte, hay otros inmigrantes igualmente retenidos en ese mismo hotel, que están esperando ya casi una década y que no tienen siquiera un plazo al cual sujetarse.

Ciertamente, gracias al escándalo global que provocó la detención del mejor tenista del mundo, varios medios internacionales se contactaron con los alojados en ese mismo hotel y dieron con Mehdi Ali, un joven iraní de 24 años que llegó en un bote a Australia hace ya nueve años, y que desde entonces ha permanecido encerrado en ese tipo de hoteles, como si fuese un criminal.

Si bien es cierto que no es lo mismo arribar en avión a jugar un Grand Slam que llegar en bote escapando de la guerra, se supone que las leyes son iguales para todos y que “nadie está por encima de las reglas”.

Pero así como nos enteramos de que hay jóvenes como Mehdi, que son forzados a desperdiciar los mejores años de su vida en centros de detención “temporal”, por el solo hecho de haber escapado de la muerte o de una vida indigna, también deberíamos tener presente que actualmente hay varias decenas de millones de migrantes en todo el mundo que están atravesando situaciones tanto o más graves que la de Mehdi, y que si no hacemos nada, esto seguirá creciendo en los próximos años.

En efecto, tal como dijo el Relator Especial de los DDHH de los Migrantes de la ONU, Felipe González: “Djokovic, que no es ni refugiado ni solicitante de asilo, obtuvo lo que las organizaciones de DDHH han venido pidiendo para los refugiados y solicitantes de asilo: que las deportaciones deben suspenderse hasta que se emita una decisión judicial”.

La crisis migratoria se ha convertido un problema global, agravado por la pandemia y el cambio climático, que debe ser encarada con políticas de cooperación entre los gobiernos y organismos involucrados para atenuar sus desventajas y sacar el mayor provecho de sus ventajas. Pero lamentablemente, aún no existe conciencia de que se trata de un problema que afecta a todos y muy por el contrario, se han acentuado los nacionalismos que promueven la xenofobia y el racismo contra los inmigrantes. 

Esto ha ocurrido específicamente en Europa con los inmigrantes que llegan del Medio Oriente y de África, en Estados Unidos con los que arriban de América Latina, especialmente mexicanos, y en otras latitudes del sur global, donde la población desplazada ha crecido más rápidamente que en los países ricos, como en el norte de África, el Asia occidental y el África subsahariana (ONU, 2020).

En Bolivia, que es un país enclaustrado que ha permanecido casi completamente aislado de los flujos migratorios que afectaron al continente americano en el pasado, principalmente durante la trata transatlántica de esclavos entre los siglos XVI y XIX y durante los desplazamientos que provocaron las dos guerras mundiales; se ha sentido por primera vez la presencia de miles de inmigrantes venezolanos que han llegado a estas altas montañas, seguramente a pie, después de no haber podido ingresar a Colombia, Ecuador y/o Perú, debido a las restricciones migratorias que estos tres países han impuesto recientemente, y muchos de ellos con la idea de continuar su viaje hacia el Brasil, Chile o Argentina.

Lo ocurrido con Djokovic, lejos de ser solo el reflejo de la coyuntura actual, marcada por la controvertida exigencia de la vacuna como requisito de viaje, debe constituirse en un ejemplo de que lo que parece ser injusto a primera vista para ciertas personas, es en realidad un privilegio para otras, y que a nuestra especie aún le falta mucho por acabar con la discriminación, tal como lo plantean el Pacto Mundial para la Migración y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

El mundo en 2021

Los acontecimientos internacionales más importantes del 2021 son abordados en esta entrevista que fue dirigida por Mario Espinoza.   

En El Café de la Mañana de Radio Fides 30/12/2021 

Boric y la izquierda latinoamericana

El presidente electo de Chile y su posicionamiento político en relación a los países de la región latinoamericana fueron el objeto de análisis de la siguiente entrevista.

En RTP Mundo, de RTP, 26/12/2021

La victoria de Boric en las elecciones chilenas

El 19 de diciembre de 2021, Gabriel Boric de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad, se alzó con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Sobre ese asunto y sus efectos políticos para la región, tuve la oportunidad de emitir mi opinión en las siguientes entrevistas.

El Aphtapi de la mañana, Radio Comunidad, 20/12/2021

Entre Líneas de Radio Compañera, 20/12/2021

Efectos del regreso del pinochetismo

Un posible triunfo de Kast podría agravar los asuntos territoriales pendientes que Santiago mantiene con Lima, La Paz y Buenos Aires.

Fuente: La República

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El regreso del pinochetismo a Chile, representado en la posible asunción de José Antonio Kast a la presidencia de ese país, plantea ciertos escenarios de conflicto que podrían modificar el equilibrio de poder en la región y marcarán, ya de hecho, el comienzo de una nueva etapa en la conflictiva historia de las relaciones de Chile y sus tres vecinos.

Los escenarios de conflicto que podrían surgir no derivan exclusivamente de lo que significaría la vuelta del pinochetismo a La Moneda, que analizaremos más adelante, sino de la combinación que dicha vuelta podría tener con el agravamiento de todos o algunos de los asuntos territoriales pendientes que Santiago mantiene con Lima, La Paz y Buenos Aires.

Nos referimos específicamente a la disputa sobre el triángulo terrestre entre Chile y Perú que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dejó pendiente, a las controversias por el uso de las aguas que cruzan, definen o se acumulan debajo de la frontera boliviano-chilena, y al siempre latente asunto marítimo boliviano, que fue incorporado indirectamente en el debate electoral chileno, cuando se discutió la posibilidad de firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información y Justicia Ambiental, más conocido como Acuerdo de Escazú.

Durante la primera parte de la campaña electoral, los candidatos asumieron posiciones en contra (Kast) y a favor (Boric) de firmar de firmar dicho acuerdo, sobre la  base de, entre otras cosas, el temor que genera en Chile una nueva demanda boliviana. Según el mismo presidente Piñera, su gobierno decidió marginarse del Acuerdo de Escazú, que presta especial atención a los países en desarrollo sin litoral (artículo 11) y abre la jurisdicción de la CIJ (artículo 19), “para no ser llevado ante tribunales internacionales de justicia en forma arbitraria y especialmente cuando el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a un país vecino como es Bolivia, con el cual tenemos muchos conflictos” (Emol, 30/07/19).

Al respecto, Kast se ha mostrado de acuerdo con la posición oficialista que margina y priva a Chile de los beneficios del Acuerdo de Escazú, con tal de no tocar ni mucho menos resolver el problema de fondo: el asunto marítimo boliviano. Pero no sólo eso, para evitar cualquier otra demanda, Kast ha prometido retirar a su país del Pacto de Bogotá, con lo que Chile acabaría marginándose no sólo de los avances regionales en materia ambiental, sino también del consenso interamericano sobre la solución pacífica de controversias. Lo que, sumado a la promesa de también retirarse de las Naciones Unidas, podría provocar un aislamiento de Chile aún más profundo que el vivido durante la dictadura pinochetista.

Pero volviendo a los asuntos territoriales pendientes, con Argentina los conflictos son, en primer lugar, la vieja disputa por los Campos de Hielo Sur, que permanece sin solución a pesar de que ambos gobiernos acordaron precisar el límite fronterizo en 1998; las reclamaciones que se superponen sobre la Antártica, que es un asunto temporalmente congelado por el Tratado Antártico de 1959 y al que también concurren los intereses del Reino Unido por su presencia en las islas Malvinas; y la controversia en el Pasaje de Drake, que ha surgido recientemente por la superposición de las pretensiones de los dos Estados sobre un territorio subacuático de 5.302 kilómetros cuadrados, que Chile reclama como su plataforma continental jurídica y Argentina como su plataforma continental extendida.

Esta última controversia comenzó el 27 de agosto pasado, cuando el presidente Piñera decretó la ampliación de la plataforma continental chilena al este del meridiano 67º 16’ 0, en más de 30.000 kilómetros cuadrados, de los cuales, 5.302 son los que se superponen a la plataforma continental extendida argentina y el resto se superponen al Patrimonio Universal de la Humanidad.

Esto genera un problema adicional a este complejo entramado de líneas, puntos y proyecciones sobre y debajo el mar, porque la nueva reclamación chilena no sólo afecta a los derechos rioplatenses y a los de toda la humanidad, sino que también podría afectar a la proyección de la soberanía de los tres países que, a partir del Pasaje de Drake, reclaman derechos sobre la Antártica.

Por lo pronto, los gobiernos de Santiago y Buenos Aires han anunciado que esta nueva controversia se resolverá mediante el diálogo y la negociación o, en última instancia, a través de un tribunal arbitral o jurisdiccional. No obstante, dados los agresivos comentarios que Kast ha realizado sobre este tema, no podemos descartar un escenario de conflicto, más aún si tampoco se resuelven las otras controversias que Chile mantiene en sus fronteras del norte.

En ese caso estaríamos ante un escenario de Hipótesis Vecinal Tres (HV-3) que es una eventualidad que pronosticaron los estrategas militares chilenos durante la dictadura militar pinochetista, en la que Chile tendría que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos en una guerra, lo cual estuvo a punto de ocurrir justamente durante el gobierno de Pinochet y después sirvió para justificar la dispendiosa política de disuasión chilena.

A mediados del 2020, cuando el congreso de la Argentina se prestaba a convertir en ley la Carta Náutica que los especialistas de ese país habían elaborado desde los años 90, y que había sido validada por la Comisión de Límites de Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2016, sin recibir ningún reclamo de parte de Chile; Kast escribió: “Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios de la izquierda radical chilena #LaAntarticaEsChilena” (Twitter, 11/06/20).

Por ese comentario y otros similares, en los que el polémico candidato chileno critica duramente al gobierno de Alberto Fernández, el embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, acusó a Kast de “antiargentino”, “rupturista” y “xenófobo”, mediante unas declaraciones que merecieron un reclamo oficial de Chile, pero que no fueron rechazadas ni desmentidas por la Casa Rosada, sino justificadas como “comentarios a título personal” (TN, 22/11/21). 

Entonces, considerando que Kast también ha sindicado al gobierno boliviano de “cómplice del narcotráfico” y ha tildado al presidente peruano de ignorante, y teniendo en cuenta además su propuesta de cavar una zanja en la frontera con Bolivia y Perú para controlar la inmigración, que se ha convertido en una de las principales promesas de campaña; debemos estar muy atentos a lo que pueda pasar con el posible regreso del pinochetismo a Chile, que esta vez no contará con un presidente experto en geopolítica, como lo era Pinochet, pero sí con unas Fuerzas Armadas mucho mejor preparadas para una HV-3.

Elecciones legislativas en Argentina

El 14 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Argentina para remplazar parcialmente a los congresistas de ese país. Al respecto, tuve la oportunidad de comentar el tema en el programa de Casimira Lema y Jhony Mendizabal.

En Entre Líneas de Radio Compañera, 15/11/2021

El tema marítimo en las elecciones chilenas

Mientras no se resuelva el problema principal, el tema marítimo boliviano, las desconfianzas y los temores seguirán privando a Chile de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

El debate sobre los asuntos internacionales en la campaña electoral chilena, se ha centrado principalmente en las políticas migratorias que se deben adoptar para enfrentar los éxodos que se están registrando en la región, la posibilidad de revisar los cerca de 30 tratados comerciales que Chile ha suscrito con diferentes actores del sistema internacional y la posibilidad de ratificar o firmar algunas convenciones multilaterales, como el TPP11 o el Acuerdo de Escazú, que podrían abrir ciertas jurisdicciones para que las empresas transnacionales con inversiones en Chile o los países en desarrollo sin litoral, como Bolivia, demanden al Estado chileno.

Sobre este último punto, es importante considerar primero cuál es la postura del gobierno saliente, particularmente respecto al Acuerdo de Escazú, que es un tratado sobre el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental; para luego relacionar esa postura con las propuestas de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la presidencia de Chile.

El gobierno de Sebastián Piñera se ha rehusado terminantemente a firmar el Acuerdo de Escazú, por considerarlo ambiguo, supra legal y con algunas normas obligatorias y autoejecutables, que supuestamente podrían generar “incertidumbre jurídica”. Entre esas normas están las que exponen a Chile a nuevas demandas de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por su condición de país sin litoral y signatario del Pacto de Bogotá, o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algún asunto relacionado al medioambiente y a los derechos humanos.   

Al respecto, Piñera dijo que el Acuerdo de Escazú "establece una cláusula que dice que hay que darle trato preferencial a los países mediterráneos, en nuestro caso pensamos de inmediato en Bolivia (…) no hay posibilidad de hacer reserva, pero sí hay posibilidad de hacer observaciones e interpretaciones. Lo que estamos viendo es cómo hacemos para que esas observaciones e interpretaciones protejan a Chile, para no ser llevado ante tribunales de justicia intencionales en forma arbitraria y especialmente cuando el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a un país vecino como es Bolivia con el cual tenemos muchos conflictos" (Emol, 30/07/2019).

Tras un exhaustivo análisis, el gobierno chileno presentó un informe jurídico al Congreso y anunció que no firmará el Acuerdo que había impulsado y negociado desde un comienzo, por “cómo había quedado redactado” (LaTercera, 22/09/2020) y más adelante porque “no es favorable a los intereses de Chile” (CnnChile, 4/10/2021).

Sin conocer cuáles son los verdaderos intereses detrás de esta decisión, es innegable que uno de los argumentos más importantes del gobierno de Chile, se ha construido en base al temor que genera una nueva demanda de Bolivia.

Ante esta situación, algunos de los candidatos como Gabriel Boric y Yasna Provoste, han prometido suscribir el Acuerdo de Escazú si llegan a la presidencia, y otros, como José Antonio Kast, ha planteado ir un paso más allá y no sólo no firmar Escazú sino también retirarse del Pacto de Bogotá que habilita la jurisdicción de la CIJ para más demandas bolivianas.

Al respecto, pareciera existir un consenso tácito en los debates electorales y en la prensa chilena acerca de las motivaciones que tendría Bolivia para una futura demanda contra Chile, las cuales estarían únicamente dirigidas a distraer la atención de los bolivianos de los problemas internos o a generar réditos electorales para los gobernantes de turno, pero muy poco o nada se dice sobre el problema principal y generador de todas estas desconfianzas y temores: el tema marítimo de Bolivia. 

En efecto, aunque inicialmente Boric fue el único candidato que se mostró favorable a resolver este problema, luego cambió de opinión en una entrevista con Tomás Mosciatti, en la que dijo que “la soberanía no se negocia” pero que le encantaría acabar con la “vergüenza” de no tener una embajada en Bolivia.

Todo esto nos lleva a concluir que mientras no se resuelva el problema principal, ya sea directamente como muchas veces propuso Chile o a través de algún mecanismo de solución de controversias como muchas veces planteó Bolivia, las desconfianzas y los temores seguirán privando y marginando a Chile de algunos de los frutos del multilateralismo y a Bolivia del mar.

Bolivia no es parte de la Declaración sobre deforestación de Glasgow

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

La Amazonía boliviana constituye uno de los patrimonios naturales más valiosos del planeta: concentra una de las mayores biodiversidades del mundo, regula el clima global y sustenta la vida de cientos de comunidades indígenas y locales. Sin embargo, enfrenta presiones crecientes por la expansión agrícola, la ganadería extensiva, los incendios forestales y los efectos del cambio climático. A esto se suman políticas estatales que han incentivado el uso de fuego como herramienta de habilitación de tierras, aumentando el riesgo y la frecuencia de grandes incendios. En este contexto, la decisión de Bolivia de no adherirse a la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, adoptada durante la COP26, resulta especialmente preocupante, pues se ha pasado de tener un discurso y una política medioambiental activa y coherente, a una política que sólo muestra contradicciones y un retorica ambigua.

Mientras el Estado Plurinacional se presenta en foros internacionales como defensor de la Madre Tierra, su negativa a sumarse a un acuerdo global para frenar y revertir la deforestación lo ubica junto a un reducido bloque de gobiernos (Argentina, Nicaragua, Cuba y Venezuela, sólo por citar a los latinoamericanos) que priorizaron razones políticas e ideológicas por encima de la urgencia ambiental. Este contraste es una evidencia de la incoherencia y el prevalecimiento de intereses sectarios sobre los intereses nacionales.

Esto se hace aún más preocupantes si tenemos en cuenta que la Amazonía boliviana abarca más de 30 millones de hectáreas y es hogar de una de las mayores concentraciones de biodiversidad del mundo. Sus bosques son fundamentales para la regulación del clima, la provisión de agua y la conservación de suelos. Además, constituyen el sustento cultural, económico y espiritual de pueblos indígenas y comunidades locales que han desarrollado un conocimiento profundo sobre la gestión de los ecosistemas.

En el plano normativo, Bolivia ha sido pionera en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos a través de la Ley N.º 71 (Derechos de la Madre Tierra) y la Ley N.º 300 (Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien). Asimismo, la Constitución de 2009 consagra la protección ambiental como principio rector. Sin embargo, la implementación de estas normas enfrenta limitaciones debido a la débil institucionalidad, la falta de coordinación intersectorial y las presiones del modelo económico extractivista.

La Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, firmada en la COP26 por más de 140 países, plantea detener y revertir la deforestación para 2030, movilizando financiamiento internacional y mecanismos de cooperación. La negativa de Bolivia a sumarse, revela una preferencia por mantener una postura crítica frente a compromisos globales, priorizando la soberanía nacional sobre recursos naturales y la afinidad política con gobiernos afines, incluso a costa de empañar todo lo avanzado en esta materia.

La incoherencia entre el discurso ambientalista y las decisiones políticas refleja problemas estructurales en la gobernanza. A pesar de contar con un marco normativo progresista, Bolivia enfrenta dificultades en la aplicación efectiva de políticas de conservación. La expansión agropecuaria, la falta de incentivos para la producción sostenible y las políticas estatales que autorizan el uso de quemas controladas, Esto último ha derivado en incendios de gran escala y pérdida de biodiversidad.

La no adhesión a Glasgow limita además el acceso a recursos financieros internacionales clave para frenar estas tendencias y le restan recursos al estado que podría destinarse a programas de desarrollo.

La decisión boliviana no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de un bloque político ideológico que cuestiona los marcos ambientales multilaterales y que prioriza la soberanía estatal frente a los compromisos internacionales. Esto afecta la cooperación amazónica regional, dificultando iniciativas conjuntas para la conservación y debilitando la capacidad de la región de responder de manera articulada a la crisis climática.

El futuro de la Amazonía boliviana dependerá de la capacidad del Estado para implementar medidas coherentes que integren conservación y desarrollo sostenible. Esto implica fortalecer la gobernanza institucional, apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas y comunidades locales, promover cadenas de valor sostenibles, y acceder a mecanismos financieros innovadores como los bonos de carbono y los pagos por servicios ambientales. Asimismo, Bolivia debe recuperar un papel activo en la diplomacia ambiental, articulando su liderazgo internacional con compromisos concretos.

En definitiva, la Amazonía boliviana enfrenta un punto de inflexión. La retórica de defensa de la Madre Tierra contrasta con la ausencia de acciones firmes frente a la deforestación. No adherirse a la Declaración de Glasgow fue una oportunidad perdida que debilita la imagen internacional del país. Sin embargo, aún es posible reorientar la política hacia un modelo más coherente, capaz de integrar conservación, desarrollo y justicia climática. El desafío es pasar del discurso a la implementación real, reconociendo que el futuro de la Amazonía es también el futuro de Bolivia.

Ausencia de una visión geopolítica en la Celac

Ante el alarmante incremento de las tensiones en el Indo Pacífico, resulta necesario y urgente retomar las discusiones sobre la seguridad colectiva y la defensa de nuestra región que antes se discutían el seno de la OEA.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

En las últimas semanas, las tensiones en el Indo Pacífico se han incrementado de manera alarmante, con un despliegue cada vez más impresionante de la Armada de Estados Unidos, que no ha dejado de navegar y realizar ejercicios militares junto a sus aliados en la zona, y con una presencia cada vez más consolidada de la República Popular China, que tampoco ha dejado de establecer bases militares en las islas artificiales que, según el Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA) de La Haya, están fuera de su jurisdicción.

Al mismo tiempo, la República Islámica de Irán ha formalizado su ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái, conformada por China, Rusia, India y otros países de Asia central con el fin de contrapesar a la OTAN; y los gobiernos de Australia, Reino Unido y Estados Unidos han suscrito un pacto militar (AUKUS) que deja moribundo al Tratado de No Proliferación Nuclear y que aspira a contener el avance chino.

Ante esta inquietante realidad, que ha sido vista con preocupación por los principales procesos de integración del mundo, como la Unión Europea (UE) y la misma Asociación del Naciones del Sudeste Asiático (Asean), entre otros; habríamos esperado un pronunciamiento o al menos una discusión en nuestra Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que hace poco celebró su sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de México. Sin embargo, nadie dijo nada al respecto, ninguno de los 31 países que estuvieron representados en la referida cumbre consideró necesario tocar este tema que, de terminar en una guerra, podría tomarnos desprevenidos y también desunidos a los latinoamericanos que, como nuestros pares en otros continentes, deberíamos tener un plan ante posibles ataques convencionales, nucleares, cibernéticos y hasta biológicos que podrían afectarnos ya sea directa o indirectamente.

Aunque los miembros de la Celac ya se han mostrado del lado del gigante asiático desde que se creó el Foro Celac-China, y ahora más con la salutación que el presidente Xi Jinping envió a los participantes de la cumbre, comprometiéndose a cooperar en la integración de la región; resulta evidente que por las diferencias ideológicas que vimos en la cumbre, no todos los países de la Celac quedarían del mismo lado en caso de estallar una guerra. De hecho, según las afinidades y posiciones de cada cual, unos se alinearían con quien representa la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos; y los otros se colocarían del lado de quien promueve la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la resolución pacífica de controversias y el establecimiento de un nuevo orden mundial.

Visto así, parecería que ya podemos predecir quiénes estarían de un lado y del otro, pero si profundizamos el análisis y consideramos lo que verdaderamente está en juego, es decir, la libre navegación de las aguas internacionales, las cosas tenderían a cambiar. En efecto, seguramente no muchos de los que habrían quedado del lado de China en una primera instancia permanecerían ahí si ese país decidiera continuar ejerciendo su soberanía mucho más allá del mar territorial y la zona económica exclusiva que le corresponden, más aún cuando el TPA ya estableció que eso no tiene base jurídica. Ahora bien, los impulsos antiestadounidenses de algunos países latinoamericanos son tales, que seguramente no apoyarían ni a uno ni a otro, con tal de no darle la razón a la Casa Blanca.

Un tercer filtro para una decisión de alineamiento o neutralidad es el que de hecho existe con relación al reconocimiento de Taiwán, pues hay varios países en la región que reconocen a Taipéi y no a Beijing como el verdadero gobierno chino, lo cual es un asunto directamente relacionado al escalamiento de la disputa en el Indo Pacífico, pero que por restricciones de espacio habría que analizar por separado.  

Respecto a la ausencia de una visión geopolítica regional en la Celac, ésta no se debe a la falta de un enfoque político regional, porque en otros temas sí hubo propuestas, discusión y consenso (principalmente gracias a la Cepal en el caso del tema sanitario), sino que es el resultado del poco interés que tienen nuestros gobiernos por lo que ocurre fuera de Latinoamérica. Ante esta situación, resulta necesario y urgente retomar las discusiones sobre la seguridad colectiva y la defensa de nuestra región que antes se discutían el seno de la OEA, que justamente ahora y desde hace algunos años se quiere reemplazar con la Celac.

Ciertamente, aunque no hay consenso respecto al pretendido reemplazo, y parece que nunca lo habrá, queda claro que hay algunos temas de importancia geopolítica que aún no se han podido posicionar en la agenda de la Celac. En el caso específico de Bolivia, “el problema marítimo boliviano”, que ha sido considerado por la OEA como “un asunto de interés hemisférico permanente”, es un claro ejemplo de un tema que fue apoyado de manera contundente por el organismo interamericano, con nada menos que 11 resoluciones que aún están vigentes, pero que no se ha podido o no se ha intentado siquiera incluir en las discusiones de la Celac.

A nivel regional, no se puede desconocer que por más que nuestros gobiernos decidieran discutir estos temas en un futuro cercano, ningún esfuerzo estaría completo sin la participación del Brasil, que es la primera potencia latinoamericana y que, lamentablemente, ha decidido excluirse de las discusiones de la Celac, que en todo caso debería estar liderando. Basta con mirar el mapa para entender la importancia que reviste ese país, sin considerar la relevancia económica, militar y poblacional que tiene en esta parte del mundo. Es como si la UE tomara decisiones sin Alemania o que el T-MEC lo hiciera sin Estados Unidos, no tiene mucho sentido porque tanto las decisiones como la proyección internacional de la región pierden fuerza.

Finalmente, aunque tampoco podemos desconocer que los principales interesados en un posible alineamiento o posicionamiento de la región respecto a lo que ocurre en el Indo Pacífico son los protagonistas de aquella posible contienda, y que por tanto, son ellos quienes deberían convencernos o seducirnos de las ventajas o desventajas de apoyar a uno u otro; es importante recordar que esa fue justamente la motivación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) que Estados Unidos promovió en la región hace algunos años y al cual ya se habían sumado México, Chile y Perú, pero que fue increíblemente desahuciado por el gobierno de Donald Trump, y que China, como el principal acreedor de varios de nuestros países, ya tiene instalado un poderoso mecanismo de presión.

Traspasos ilegales de la frontera Bolivia-Chile

Por más que la justicia chilena condene a nuestros militares a 10 años de cárcel, el problema no se habrá resuelto y muy por el contrario, generará mayores enconos entre los que están encargados de custodiar la frontera. 

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

Hace unos días, tres militares bolivianos fueron detenidos por Carabineros de Chile en la parte oeste del salar de Coipasa, en un incidente que ahora se encuentra bajo investigación de la justicia chilena y que tiene como antecedente a varios otros casos similares, en los que también hubo traspasos ilegales de la frontera.

A mediados de 2017, por ejemplo, dos carabineros de Chile fueron arrestados en Bolivia, luego de traspasar el límite fronterizo y adentrarse cerca de cuatro kilómetros en territorio boliviano. A diferencia de lo que acontece en el vecino país cada vez que suceden estos traspasos, el gobierno boliviano decidió devolver a los policías chilenos a las pocas horas de haber sido sorprendidos fuera de su jurisdicción y quizá por eso no muchos recuerdan aquel incidente, que obviamente no generó el escándalo que producen cada cierto tiempo los encarcelamientos y enjuiciamientos de funcionarios bolivianos en territorio chileno. 

Es importante recordar ese hecho porque ahora hay voces en Chile que exigen “sentarles la mano a los bolivianos” y aplicarles “el máximo rigor de la ley” como si se tratara de un delito que solo sucede a un lado la frontera. Pero la furia que se ha desatado en redes sociales contra los tres militares bolivianos, tanto en Chile como en Bolivia, se debió principalmente a las declaraciones del ministro chileno Rodrigo Delgado, quien aseguró que los militares bolivianos habrían avanzado 15 kilómetros en territorio chileno, lo cual es absolutamente falso. En efecto, según los peritajes realizados por la Fiscalía y los Carabineros de Chile, la detención se produjo a menos de un kilómetro y medio de la frontera y todo el incidente no pasó en ningún momento de los dos kilómetros contados desde Bolivia.

Por el otro lado, aunque es verdaderamente destacable que las autoridades bolivianas no hayan intentado politizar el caso en esta ocasión, habría sido bueno que aclaren el detalle de la distancia penetrada porque las animosidades crecen en base a la falsedad de los 15 kilómetros y al final de cuentas, no sólo los militares sino todo el país queda mal.

El problema del crimen organizado en la frontera, que además de contrabando comprende narcotráfico, trata de personas y otros,  no se combate encarcelando a quienes intentan erradicarlo en el país vecino, sino colaborando y coordinando acciones entre todos los involucrados para enfocar esfuerzos en prevenir y evitar los delitos transnacionales, que afectan no solo al país de uno mismo, sino también al del vecino.

Respecto al contrabando, la aduana chilena en el puerto de Iquique, a título de zona franca, deja pasar una gran cantidad de mercancías que terminan ingresando a Bolivia de manera ilegal, porque esas mercancías, registradas en el sistema de factura chileno para su utilización y comercialización en las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota, son casi en su totalidad desviadas a Bolivia por contrabandistas que, como en este caso, acaban siendo las “víctimas” de los militares bolivianos y los “defendidos” de las autoridades chilenas.

Pero por más que la justicia chilena condene a nuestros militares – como parece que lo hará – a la máxima sanción posible en este caso, que corresponde a 10 años de cárcel, el problema no se habrá resuelto y muy por el contrario, generará mayores enconos entre los que están encargados de custodiar la frontera en uno y otro país y también, entre las dos sociedades que ya guardan suficientes recelos.

Detención de tres militares bolivianos en Chile

El 8 de septiembre de 2021, tres militares bolivianos fueron detenidos en Chile por Carabineros de ese país y fueron puestos a disposición de la justicia ordinaria, que ahora los tiene en retenidos preventivamente en la cárcel de Alto Hospicio, Iquique. Al respecto, se desarrollaron las siguientes entrevistas en las que tuve el honor de participar. 

En La Revista de UNITEL, 06/09/2021

En El Vocero, 06/09/2021

 

Repercusiones de la crisis de Afganistán en América Latina

Una primera repercusión es el mayor interés que la potencia norteamericana mostrará por el litio y las tierras raras del continente, que son esenciales para la fabricación de armas y dispositivos de alta tecnología.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Aunque pactada con antelación entre el gobierno de Donald Trump y el movimiento Talibán, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán sorprendió a todo el mundo por el caos con la que se llevó a cabo. No solo se dejó el gobierno afgano en manos de los terroristas del Talibán, con una importante y sofisticada dotación de material bélico, sino que además se perdieron casi un centenar de vidas –entre ellas 13 soldados estadounidenses–, debido a los atentados que se registraron durante la evacuación.

Si bien la retirada es innegablemente deshonrosa e injustificable desde el punto de vista logístico y contrainsurgente, resulta bastante razonable desde la perspectiva estratégica y geopolítica, porque ahora el objetivo principal de Estados Unidos ya no es contener el terrorismo, como lo había sido durante los últimos 20 años, sino contrarrestar el ascenso de China.

Efectivamente, tal como lo explica la recientemente aprobada Ley Águila (Eagle Act, HR.3524), la nueva estrategia estadounidense de liderazgo global está enfocada en impedir que el poderío e influencia de China sigan creciendo, y eso provocará importantes cambios en el tablero de la geopolítica mundial, como el de Afganistán, que tendrán fuertes repercusiones en América Latina.

Una primera repercusión que debemos tener muy presente los bolivianos, es el mayor interés que la potencia norteamericana mostrará por el litio y las tierras raras del continente, que son esenciales para la fabricación de armas y dispositivos de alta tecnología, ya que acaba de perder el acceso que tenía a esos mismos recursos en Afganistán.

De hecho, según el eximio profesor Alfredo Jalife, “el mayor temor de Estados Unidos se (con)centra en la santa alianza minera de los talibanes y China con el fin de explotar las pletóricas reservas de minerales en tierras raras de Afganistán”, lo que nos hace pensar que EEUU tendrá que buscar esas estratégicas reservas en el único otro lugar del mundo donde podría encontrarlas en abundancia: la zona fronteriza entre Argentina, Bolivia y Chile. 

Una segunda repercusión se dará sobre las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Al respecto, si bien algunos expertos señalan que éstas decaerán en su intensidad y cercanía debido a que Washington centrará su atención en el Indo Pacífico; más parece que por razones electorales (las próximas elecciones legislativas se realizarán en noviembre de 2022), la administración de Biden intentará mostrarse fuerte y decidida en la región latinoamericana, especialmente en relación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, para tratar de asegurar el voto latino y disipar, aunque sea un poco, la impresión de debilidad que está dejando la retirada de Afganistán.

Una tercera repercusión muy relacionada a la aplicación de la Ley Águila y que podría acelerarse con la crisis de Afganistán, es el impulso que Estados Unidos quiere darle a la construcción y mejora de la infraestructura en los países subdesarrollados para consolidar su plan de “Reconstruir un Mundo Mejor” (Build Back Better World – B3W), lanzado en junio pasado, en la penúltima reunión del G7, con el propósito de contrarrestar la iniciativa china de “la Nueva Ruta de la Seda” (Belt and Road Initiative - BRI). Este plan, para el cual ya se aprobaron ingentes recursos económicos, podría incrementar sustancialmente la inversión estadounidense en la región, especialmente en los países que mantienen buenas relaciones con la Casa Blanca.

Una cuarta repercusión, que ha sido muy bien reseñada por el eminente Juan Gabriel Tokatlian, es el menor incentivo que ahora tienen las naciones latinoamericanas para asociarse a la OTAN, que junto a Estados Unidos es el otro gran responsable de lo sucedido en Afganistán. Efectivamente, considerando los malos resultados que la organización transatlántica ha obtenido en Irak, Libia, Siria y Afganistán, y el resentimiento que seguramente han incubado los grupos terroristas antioccidentales contra los miembros y socios de la OTAN en estos últimos 20 años; resulta poco recomendable asociarse a esa alianza militar, más aún teniendo en cuenta que América Latina es una zona de paz. 

Ante esa realidad, en la que uno podría esperar una política cautelosa por parte de Colombia, que es el único país latinoamericano socio de la OTAN; su presidente, Iván Duque, ha decidido refugiar temporalmente a cerca de 4.000 afganos que trabajaron para la misión transatlántica en Afganistán. Aunque no podemos criticar el sentido humanitario de esa medida, resulta difícil de creer que EEUU acoja a todos esos refugiados como espera Duque, considerando que cerca de 30.000 afganos están llegando directamente a suelo estadounidense y que hay una política migratoria muy rígida en ese país, más aún después de que el presidente Putin expresara sus sospechas respecto a la infiltración de agentes terroristas entre los refugiados.

Pero Colombia no fue el único país latinoamericano que quiso abrir sus puertas a los afganos, también lo hicieron Ecuador, Costa Rica, Chile y México. En el primer caso se habla de alrededor de 5.000 refugiados en la misma modalidad que Colombia, en el segundo de 48 mujeres afganas vinculadas a las Naciones Unidas, en el tercero de 10 familias afganas y en el cuarto de 148 personas, que corresponden a reporteros de diversos medios de comunicación y sus familias.

Finalmente, una quinta repercusión, igualmente mencionada por Tokatlian y que también toca muy de cerca a Bolivia, es la necesaria modificación de la política antidrogas que el gobierno de Estados Unidos ya venía ajustando en la región latinoamericana desde hace unos años, pero que se tendrá que cambiar completamente ante el resonante fracaso del prohibicionismo en Afganistán. En efecto, según datos de la UNDOC (2019), la cantidad de heroína producida en suelo afgano desde la implementación del prohibicionismo y los bombardeos a los sembradíos de amapola incrementó cuatro veces; lo que indica que la “guerra contra las drogas”, lejos de contribuir a la disminución del tráfico y producción de estupefacientes, los incrementa.

En conclusión, aunque nuestra región está a más de 15 mil kilómetros de Afganistán y no tenemos el peso ni el poder para rivalizar con quienes toman las decisiones clave en este planeta, existen al menos cinco repercusiones importantes de la crisis afgana en América Latina que debemos conocerlas y saber interpretarlas para contrarrestarlas y/o aprovecharlas en función de nuestros intereses regionales y nacionales.