El Papa Juan Pablo II y el mar Boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Pagina Siete
Guzmán recuerda el contexto social y político de la demanda marítima en 1988, cuando otro Papa, Juan Pablo II, visitó Bolivia.

Como muchos recordarán, en mayo de 1988 se produjo la primera visita del máximo líder de la Iglesia Católica a Bolivia. El papa Juan Pablo II llegó a La Paz en un momento en el  que, al igual que hoy, nuestras relaciones con Chile se encontraban seriamente deterioradas por la absoluta cerrazón del Gobierno de ese país a negociar una solución para el tema marítimo.
En efecto, poco antes, el gobierno chileno de Augusto Pinochet se había mostrado dispuesto a tratar el tema marítimo con un "enfoque fresco”, tal como lo había propuesto el entonces presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, en consonancia con las resoluciones de la OEA, referidas al "Problema Marítimo Boliviano”, que habían sido aprobadas por Chile (1980, 1981 y 1983).   

En ese sentido, el Gobierno de Uruguay ofreció sus buenos oficios para propiciar el acercamiento boliviano-chileno que se produjo finalmente en Montevideo en un encuentro de cancilleres celebrado en abril de 1987. En esa oportunidad La Paz propuso a Santiago la cesión de un corredor al norte de Arica o de un enclave fuera del territorio donde  Perú tiene derecho de veto para una eventual cesión territorial de acuerdo al Protocolo chileno-peruano de 1929. En compensación, Bolivia ofrecía compartir "los recursos hídricos existentes en la cuenca del Altiplano boliviano preservando primordialmente el equilibrio ecológico, el clima y las necesidades vitales de las poblaciones bolivianas, así como los convenios internacionales existentes”, todo ello como parte de "una real y fructífera integración física, económica y cultural” con Chile y Perú.  

Después de un intenso análisis de la propuesta boliviana, el gobierno de La Moneda decidió rechazarla en todos sus extremos, y aunque no se ofrecieron explicaciones en el comunicado oficial publicado por la Cancillería chilena, el presidente Pinochet dijo unos días después en referencia al territorio de Arica: "Cada pedazo de tierra de esta zona es seguro que tiene manchas de sangre de los que cayeron luchando por conquistar el territorio, y no lo vamos a entregar nosotros porque nos piden o nos ordenan. Aquí no nos ordena nadie. Somos soberanos de hacerlo”.

Ante esa situación los Estados de la OEA lamentaron el fracaso del diálogo y se hicieron varios esfuerzos por contribuir a su restablecimiento, uno de ellos el del papa Juan Pablo II que ofreció su mediación y que durante su visita a Bolivia pronunció las siguientes palabras: "La comprensión se hace más fácil y fructífera cuando surge de un espíritu sincero de solidaridad; de esa solidaridad que hermana a todos los hombres que habitamos este mundo, destinado por el Creador para que todos podamos participar de sus bienes en forma equitativa…  sólo así, sobre el fundamento de la justicia y la solidaridad y con el esfuerzo de la comprensión mutua, es posible sentar las bases estables de equilibrio para edificar una comunidad internacional, sin permanentes y graves zozobras, sin dramáticas inseguridades, sin conflictos de irreparables consecuencias… sólo así podrían hallar adecuadas soluciones los problemas latentes en diversas partes de Latinoamérica, como ciertas disputas fronterizas o la cuestión de la mediterraneidad de Bolivia” (Carrasco, 1991: 371). 

Bolivia agradeció y aceptó inmediatamente el ofrecimiento del Papa. No obstante, Chile lo rechazó. Según el historiador chileno Sergio Carrasco (1991: 371), el gobierno de La Moneda no aceptó la mediación papal por considerarla "improcedente”, "por no existir una controversia pendiente entre ambos países y estar regidos por el Tratado de 1904, que resolvió todos los asuntos limítrofes”. Es decir una posición muy similar a la que hoy mantiene el Gobierno chileno, pero que no siempre fue la posición oficial como bien sabemos los bolivianos. 

A pesar de que los loables esfuerzos de Juan Pablo II por propiciar un entendimiento entre Bolivia y Chile relativo al tema marítimo no lograron su propósito en aquella ocasión, sí contribuyeron a confirmar la existencia de un problema pendiente entre ambos países que es necesario resolver mediante negociaciones. A propósito de la próxima visita del papa Francisco a nuestro país, de quien no esperamos mucho más de lo que hizo su antecesor en este tema, pero tampoco nada menos.

La doctrina boliviana del arreglo negociado

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Ricardo Jaimes Freyre (1923)

Hace poco, el expresidente Carlos Mesa destacó la importancia que tuvieron los esfuerzos realizados por los diplomáticos bolivianos de otras épocas en la demanda que el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, desde el mismo día de la invasión, en 1879, el propósito de recuperar un acceso soberano al mar se convirtió en la cuestión más importante de la política exterior boliviana, y desde entonces ha concentrado la atención no sólo de nuestros gobernantes, sino también de varios intelectuales y académicos bolivianos que, en todos estos años, han diseñado una doctrina, la del arreglo negociado, que se ha consolidado como la estrategia oficial de la reintegración marítima y que es actualmente una política de Estado seria y coherente. 

En efecto, la doctrina del arreglo negociado fue puesta en la práctica por Heriberto Gutiérrez (1892-98), Carlos Gutiérrez (1920), Jaimes Freyre (1923), Alberto Gutiérrez (1926), Alberto Ostria Gutiérrez (1946-51), Hugo Banzer (1975-78 y 2000), Guillermo Gutiérrez (1975-76), Adalberto Violand (1976-77), Javier Murillo (2000) y Evo Morales (2006-2010).

Todos estos hombres construyeron la demanda, porque son quienes le arrancaron a Chile un compromiso de negociar una solución para el tema marítimo boliviano, y por tal motivo les debemos rendir homenaje. No obstante, no podemos olvidar a otros personajes de nuestra historia que a pesar de haberlo intentado, es decir, a pesar de haber planteado al gobierno de Santiago un arreglo negociado, no tuvieron éxito, pues se encontraron con la tozudez secante e incomprensiva del interlocutor.

Hablamos de Mariano Baptista (1882 y 1891), Daniel Sánchez Bustamante (1910), Ismael Montes (1912), Bautista Saavedra (1921), Macario Pinilla (1922), Enrique Peñaranda (1943), Jorge Escobari (1953), Eduardo Arze (1962), José Fellmann (1963), Mario Gutiérrez (1972), José Ortiz (1983), Gustavo Fernández (1984), Guillermo Bedregal (1986), Jorge Siles (1986), Horst Grebe (1997), Carlos Mesa (2004) y Juan Ignacio Siles (2004).

Jorge Escobari Cusicanqui (1953)

Pero, además de los esfuerzos diplomáticos, también es importante reconocer el trabajo de quienes le dieron un marco teórico a la doctrina del arreglo negociado, entre quienes destacan Daniel Sánchez Bustamante (1910 y 1912), Eduardo Diez de Mediana (1923 y 1931) y Alberto Ostria Gutiérrez (1953), que establecieron las bases de una verdadera política de Estado boliviana, todavía vigente, que, en buenas cuentas, señala que Bolivia hará todo cuanto le sea posible por obtener un puerto sobre el océano Pacífico, y para ello, dadas las características y antecedentes del problema, se plantea una negociación con Chile, en la cual ambos países, y de ser necesario también Perú, conforme al Protocolo chileno-peruano de 1929, obtengan beneficios relativamente equitativos.

De hecho, el espíritu de esta doctrina fue transcrito en la Resolución 426 de la Asamblea General de la OEA, aprobada por más de 20 países, en La Paz, en 1979, que consagra al Problema Marítimo Boliviano como "un asunto de interés hemisférico permanente” y que resuelve: "Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales”. 

De igual forma, es importante mencionar a quienes contribuyeron a comprender que las promesas incumplidas de Chile pueden generar una obligación exigible no sólo por una lógica moral, sino también jurídica. En esto fue fundamental el aporte de Jorge Escobari Cusicanqui, que ya en 1964 enumeró y analizó críticamente siete compromisos chilenos faltos de cumplimiento que, al cabo de unos años, se convirtieron en "las diez burlas de Chile” (Escobari, 1988); continuaría después con Wálter Guevara Arze, que en 1979 escribió sobre la obligación de negociar que tiene el país del Mapocho, porque con las facilidades de tránsito que otorgan las convenciones multilaterales para los países sin litoral, el Tratado de 1904 ha perdido su razón de ser en cuanto al libre tránsito que le otorga a Bolivia; y sería brillantemente coronada con el trabajo de Ramiro Orías Arredondo, quien el año 2000 escribió por primera vez sobre la idea de recurrir a la justicia internacional para exigir el cumplimiento de las promesas chilenas sobre la base de la teoría de los actos unilaterales.  

Ramiro Orias (2011)

A todos los nombrados se suman otros bolivianos comprometidos con la causa marítima que contribuyeron ya sea aportando a la abundante bibliografía que tiene este tema y/o ocupando un cargo diplomático, como es el caso de Narciso Campero, Severo Fernández, Luis Fernando Guachalla, Luis Espinoza y Saravia, Froilán Zambrana, Sabino Pinilla, Demetrio Canelas, Franz Tamayo, Miguel Mercado, Manuel Elío, Fernando Diez de Medina, Adolfo Costa Du Rels, Hernando Siles, Daniel Salamanca, Roberto Prudencio, Alberto Alipaz, Federico Nielsen, Alberto Crespo, Franz Ruck, Juan José Torres, Juan Siles, Roberto Querejazu, Jorge Sanjinés, Fernando Iturralde, Mario Velarde, Ricardo Anaya, Wálter Montenegro, Édgar Camacho, Mario Rolón, Gonzalo Romero, Jorge Soria Galvarro, Agustín Saavedra, Carlos Iturralde, Carlos Antonio Carrasco, Fernando Salazar, Jorge Gumucio, Rodolfo Becerra de la Roca, Antonio Araníbar, Carlos Trigo, Felipe Tredinick, Fernando Cajías, Fernando Messmer, Armando Loaiza, Ramiro Prudencio y Sergio Alberto Fernández, entre otros. 

Por último, no podríamos dejar de mencionar al agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, que tuvo una excelente participación en los alegatos orales sobre la objeción de competencia chilena y que nos representa dignamente a todos los bolivianos en ese alto tribunal; y, naturalmente, también aludir al presidente Evo Morales, quien tuvo el coraje y la visión política de presentar la demanda, sentar a Chile en el banquillo del acusado y reponer al tema marítimo boliviano en la agenda de temas pendientes a nivel mundial, lo cual, aun cuando la Corte rechace nuestra solicitud, ya es un gran paso en este largo y difícil camino hacia el mar.

Alegatos orales de Bolivia y Chile ante la CIJ, por la objeción preliminar cihilena

Entre el 4 y 8 de mayo del 2015 se llevaron a cabo los alegatos orales correspondientes a la objeción preliminar de competencia interpuesta por Chile en el proceso iniciado por Bolivia el 24 de abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia.
Con tal motivo me realizaron las siguientes entrevistas:

Abya Ayala, 6 de mayo de 2015.

Telesur, 6 de mayor de 2015,

Red Uno, 7 de mayo de 2015.

¡La Corte de La Haya tiene competencia!

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Pagina Siete 

Como sabemos, Chile ha presentado una objeción preliminar de competencia en el proceso iniciado por nuestro país ante la CIJ bajo dos supuestos principales: que Bolivia pretende modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta y que, de acuerdo al Pacto de Bogotá (artículo 6), la Corte no puede revisar asuntos ya resueltos por el arreglo de las partes o que se hallen regidos por tratados vigentes en 1948, esto último asumiendo que el problema marítimo boliviano ya se habría resuelto con el instrumento de 1904.   

Y si bien es cierto ese tratado estaba vigente en 1948, como también lo está hoy, es absolutamente falso que Bolivia quiera modificarlo, lo que nuestro país está pidiendo es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que nos permita acceder soberanamente al Océano Pacífico, y eso, en base a los numerosos compromisos chilenos de darle a Bolivia una salida soberana al mar.

Al respecto, debemos recordar que dichos compromisos, que han producido obligaciones no convencionales para el Estado chileno (actos unilaterales), son autónomos de las obligaciones convencionales asumidas por los dos países (tratados), y eso es así porque en todos sus ofrecimientos, Chile aclaró que no estaba dispuesto a modificar lo convenido en 1904, pero que sí aceptaba negociar un acuerdo que le dé a Bolivia una salida soberana al mar. Por tanto, fue el mismo Chile quien separó el Tratado de la negociación y es ahora ese mismo país el que quiere vincularlos para hacer creer que la Corte no tiene competencia.

Asimismo, tampoco es cierto que no se puede dar a Bolivia una salida soberana al mar sin modificar el Tratado, pues lo que ese instrumento define es la línea fronteriza entre ambos países y por tanto, un enclave soberano, un puerto soberano o cualquier otra alternativa con soberanía que no altere la línea fronteriza, no implica necesariamente la modificación del Tratado que para Chile es “intangible”.

Por tanto, la Corte sí tiene competencia.  

Andrés Guzmán: Chile nos puede dar acceso al mar sin tocar Tratado de 1904

ANF

Publicado en El País

El analista en temas internacionales Andrés Guzmán Escobari señaló que los argumentos chilenos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fueron "duros", aunque Bolivia tiene argumentos suficientes para rebatir lo dicho este lunes por el gobierno de Santiago. La delegación boliviana tomará la palabra este miércoles cuando la sesión de presentación de los alegatos verbales retome su curso en la ciudad holandesa de La Haya. Guzmán fue entrevistado por el programa "Levántate Bolivia" de la Cadena A.

El entrevistado subrayó que el argumento más reiterado de Chile tiene que ver con el reclamo de que Bolivia quiere cambiar el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Guzmán dijo que durante la historia entre ambos países, el Tratado ha tenido un tratamiento diferenciado del problema no resuelto del enclaustramiento boliviano. Según Guzmán, ha sido el propio Chile el que ha ofrecido resolver el encierro geográfico de Bolivia, dejando de lado al Tratado. Ante la consulta acerca de cómo se le puede otorgar al país una salida soberana al océano Pacífico sin modificar dicho Tratado, Guzmán aclaró que Bolivia no ha pedido "soberanía territorial" para llegar al mar y que el concepto de soberanía puede entenderse de muchas maneras, por ejemplo, bajo la idea de enclave.

El Tratado de 1904 fija las fronteras entre el país y Chile. Darle acceso a Bolivia implicaría, se dice, cambiar las demarcaciones fronterizas entre ambos países. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no puede modificar un Tratado como el de 1904, porque el Pacto de Bogotá, suscrito por Bolivia, Chile y los países latinoamericanos, señala que no están bajo su jurisdicción los asuntos "resueltos" antes de 1948.  Este miércoles Bolivia explicará ante la CIJ que el asunto de la mediterraneidad del país no fue resuelto en 1904 y que éste es un tema pendiente, como lo demuestran las diez ofertas de sucesivos gobiernos de Chile para darle solución al encierro geográfico de su vecino.

¡La Agenda de 13 puntos está vigente!

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Pagina Siete
La Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado.

En una de sus más recientes apariciones, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró: "La Agenda de los 13 puntos sigue vigente, pero está paralizada. Y la razón no es otra que la demanda boliviana contra Chile ante La Haya: si usted está conversando con el propósito de construir acuerdos de largo plazo, y en medio de estas conversaciones su contraparte le interpone una demanda en los tribunales por materias que están en esas conversaciones, entonces no hay otro camino que detener las conversaciones y esperar que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia” (El Deber, 05/04/2015).
La Agenda de 13 puntos, cabe recordar, es un mecanismo de diálogo sobre 13 temas específicos de la relación boliviano-chilena, adoptado en julio de 2006 durante las primeras gestiones de Michelle Bachelet y Evo Morales, y que incluye, en su punto sexto, al tema marítimo. 
Según las palabras del canciller Muñoz, que, valga tener en cuenta, comprometen la fe del Estado chileno, una vez que los Tribunales de Justicia emitan una sentencia, la Agenda de 13 puntos debería ser retomada para construir acuerdos de largo plazo. Lo cual, si realmente Chile piensa cumplir, nos hace ver que en realidad todos los caminos que tenemos por delante nos llevan al mismo destino, la negociación. Independientemente del resultado que se obtenga en el proceso judicial, que fue iniciado por Bolivia precisamente para negociar con Chile una salida soberana al mar bajo la égida de un fallo del más alto Tribunal de las Naciones Unidas, la Agenda de 13 puntos, o cualquier otro mecanismo de negociación sobre el tema marítimo, tendría que ser reactivado o iniciado.
En otras palabras, estamos en medio de un juicio desgastante y costoso para ambos países, que claramente podría ser evitado, ya que al final de cuentas, cualquiera sea su resultado, bolivianos y chilenos deberán sentarse en la mesa de las negociaciones para encontrar una solución al problema que genera el enclaustramiento de Bolivia. 
Y si bien las declaraciones de la autoridad chilena son muy alentadoras para quienes creemos que la negociación es la única forma de resolver este largo y difícil problema, existe una imprecisión en esas expresiones que creemos importante aclarar: la Agenda de 13 puntos no se detuvo cuando Bolivia presentó su demanda el 24 de abril de 2013, como afirma Muñoz, sino que ya se encontraba paralizada hacia más de dos años. 
En efecto, la última reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia - Chile, encargado de negociar la Agenda de 13 puntos, se realizó en julio de 2010 en La Paz, durante el gobierno de Piñera. En esa ocasión ambos países se comprometieron formalmente a "presentar, así como alcanzar, soluciones concretas, factibles y útiles (para el tema marítimo) en la siguiente y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas Chile - Bolivia…”, y acordaron proseguir las conversaciones en Arica en noviembre de ese año. No obstante, antes de que llegue el momento de cumplir lo acordado, Chile decidió cancelar el encuentro previsto para noviembre, sin dar ninguna explicación y sin nunca convocar a una nueva reunión. 
Después hubo dos encuentros de cancilleres en Santiago y La Paz, pero tampoco se lograron avances, porque el ministro chileno Alfredo Moreno se rehusó a firmar lo que Bolivia propuso, y tampoco presentó soluciones concretas, factibles y útiles, tal como se había convenido. 
En esas circunstancias, y tras el último intento por restablecer las conversaciones que hizo el presidente Morales en febrero de 2011 cuando le pidió a Chile que presente una propuesta formal y escrita antes del día del mar 132, el mismo Evo Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile aquel 23 de marzo de 2011, lo cual, como hemos dicho, se hizo realidad recién el 24 de abril de 2013. 
Por otra parte, y esto debería saberlo bien el canciller Muñoz: no es posible presentar una demanda sobre un asunto que se está negociando entre dos Estados, porque uno de los requisitos para iniciar un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia es agotar previamente todos los mecanismos diplomáticos de negociación. Sólo cuando el Estado demandante demuestra fehacientemente que el asunto llevado a la Corte no se ha podido resolver mediante el diálogo, tal como Bolivia lo hizo, el caso es admitido por ese prestigioso Tribunal, pues lo contrario significaría desvirtuar el principio de la buena fe, que debería ser un elemento infaltable de toda negociación.  
Pero en lugar de continuar la política dura del gobierno de Piñera que, sin explicaciones, interrumpió la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010, el gobierno de Bachelet podría retomar el diálogo iniciado durante su primer mandato. Porque si la Agenda de 13 puntos está vigente, tal como lo reconoció Muñoz, lo más inteligente y racional sería que Chile acepte reactivar las conversaciones, cumpla lo ofrecido en cuanto a presentar y alcanzar soluciones concretas factibles y útiles, y obligue así al gobierno de Morales a retirar su demanda. De esa manera se evitaría el largo y oneroso camino que plantea el juicio ante la CIJ. 
No obstante, si de todas maneras los ocupantes de La Moneda deciden seguir el camino largo y oneroso, entonces no quedará más que esperar a que la Corte primero se declare competente para conocer este caso, porque todas las promesas chilenas fueron hechas independientemente del Tratado de 1904, tal como se puede evidenciar en los documentos respectivos; y después, habrá que aguardar unos buenos años más para que ese mismo Tribunal falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, de buena fe, un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar, porque los compromisos, ofertas y reconocimientos chilenos de 1950, 1961, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 y 2010 (que fueron antecedidos por los de 1895, 1920, 1921, 1923 y 1926) fueron adoptados formalmente por las más altas autoridades del país del Mapocho y creemos que, también, de buena fe.

La reintegración marítima, una política de Estado

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

En Chile no saben que nuestra demanda es un asunto primordial, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral.

En el último tiempo, algunos analistas chilenos "descubrieron” que Bolivia podría persistir en su empeño por recuperar un acceso soberano al mar, aun cuando el resultado del proceso iniciado ante la Corte Internacional de Justicia le sea desfavorable. Esa conclusión, que se presenta como el resultado de un profundo análisis de la actual estrategia boliviana de reintegración marítima, es también una confirmación de que nuestros vecinos han empezado a comprender que dicha estrategia es en realidad una política de Estado que no se extinguirá hasta que Bolivia recobre su cualidad marítima.

Ciertamente, muchas veces los bolivianos cometemos el error de creer que nuestros vecinos, especialmente los chilenos, saben que nuestro objetivo de reintegración marítima es un fin permanente e irrenunciable, tal como lo establece nuestra Constitución (artículo 267); no obstante esa percepción no es tan conocida en el país del Mapocho, donde, muy por el contrario, tienden a pensar que se trata de una simple herramienta electoral utilizada por los gobernantes bolivianos cada que necesitan aumentar sus respectivos índices de popularidad.
Al respecto, si bien no se puede negar que el tema marítimo tiene una alta rentabilidad política en Bolivia, tampoco se debe desconocer que todos los gobiernos que intentaron o están intentando alcanzar una solución a este problema, actuaron y están actuando con la absoluta legitimidad que otorga un asunto de interés nacional que no se sustenta en intereses políticos personales o partidarios, sino que se basa en innegables razones de justicia, economía y geopolítica. 
De hecho, la principal razón por la cual este tema sigue vigente hoy, a 136 años del inicio de la guerra que dejó a nuestro país sin mar, es que Chile reconoció muchas veces la necesidad de darle a Bolivia una puerta de calle que le permita reintegrarse a la vecindad del mundo y aceptó, también muchas veces, negociar una solución llegando a ofrecer en algunas ocasiones un territorio sobre la costa que pueda servir para conectar a Bolivia con el océano Pacífico, lo cual, como es evidente, nunca se cumplió.  

Ya en 1910, a pocos años de haberse suscrito el Tratado por el cual Bolivia tuvo que reconocer el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral, y después de los problemas suscitados por los primeros incumplimientos del país del Mapocho a dicho Tratado (artículos 2 y 12); el canciller boliviano de la época Daniel Sánchez Bustamante dirigió un memorándum a sus pares de Lima y Santiago referido al asunto de Tacna y Arica que, entre otras cosas, decía: 

"Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia”.

Desde entonces, la política de reintegración marítima ha sido un objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano,  que se ha manifestado de diversas formas y mediante diferentes estrategias, pero siempre con el mismo objetivo: recuperar un acceso útil y soberano al océano Pacífico. La mayoría de las veces se intentó alcanzar una solución mediante el diálogo directo con Chile, en otras ocasiones se apeló a la comunidad internacional e incluso, en algunas épocas, se intentó priorizar la integración económica con el país del Mapocho para luego abordar el tema del mar (1952-1962 y 1987-1999); no obstante, hasta la fecha, lo único que se consiguió es que Chile reconozca formalmente la existencia del problema y prometa resolverlo a través de la cesión de un territorio sobre la costa. Lo cual, a pesar de que no parece un gran avance, podría servir ahora para allanar el camino hacia una solución definitiva si los jueces de la Corte Internacional de Justicia entienden que todas esas manifestaciones unilaterales del país del Mapocho, por su repetitividad y formalismo, se han hecho obligatorias a la luz del derecho internacional… 

No obstante, si ello no ocurriese y la Corte decidiera darle la razón a Chile, la política de reintegración marítima boliviana no será descartada y archivada como algunos quisieran, sino que se retransformará y resurgirá en el futuro con nuevos ímpetus, pues tal como lo dijo el insigne diplomático boliviano Alberto Ostria Gutiérrez, "el ideal portuario de Bolivia vivirá lo que viva la nación misma”. 

Además, es importante recordar que en 1920 y 1921, Bolivia presentó una demanda ante la Liga de las Naciones que fue rechazada por aquel organismo internacional, pero no por ello los bolivianos se resignaron a vivir enclaustrados... 

Por tanto, los esfuerzos realizados por la diplomacia boliviana a lo largo de la historia, enmarcados en la política de Estado de reintegración marítima, ahora podrían dar sus frutos y encaminarnos a las generaciones actuales hacia una nueva etapa de negociación en la cual los bolivianos tendremos que actuar con astucia y tacto, tomando en cuenta las lecciones del pasado y entendiendo que nuestros interlocutores, tanto Chile como el Perú (en caso de que sea necesaria su participación conforme a lo establecido por el Protocolo Complementario al Tratado de 1929), tienen que obtener beneficios del arreglo final que se vaya a lograr. No obstante, y esto también es importante, los chilenos y eventualmente también los peruanos, deberán actuar de buena fe, sin exigencias desconmensuradas ni actitudes recalcitrantes que permitan avanzar hacia una verdadera etapa de integración y cooperación, en la cual, las costas del Pacífico sur puedan ser compartidas entre los tres Estados que concurren a ellas, tal como ocurrió antes de la guerra.

Allende también ofreció mar para Bolivia con soberanía

Allende sí negoció mar y nunca dijo nada respecto a la extraña teoría de la “intangibilidad” de los tratados.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete

Tras una valoración comparativa que hizo el Presidente Morales sobre el socialismo que gobernó Chile a principios de los años 70 y el que gobierna ahora, el Canciller chileno Heraldo Muñoz escribió en su twitter: “Pdte Morales dice q Allende era verdadero Socialista. Bien, pero Pdte Allende nunca negocio mar y defendía principio respeto a tratados”.

Lo cual generó una ola de críticas por lo que significa defender al socialismo a través del twitter y sobre todo porque esas palabras no corresponden a la verdad: el Presidente Allende sí negoció mar y nunca dijo nada respecto a la extraña teoría de la “intangibilidad” de los tratados.

En efecto, a poco de asumir el cargo, el 12 de noviembre de 1970, Allende recibió en La Moneda al literato y periodista boliviano, Néstor Taboada Terán, quien, acompañado de Mario Osses, entrevistó al flamante Presidente chileno y tuvo el honor de registrar las siguientes declaraciones en una cinta magnetofónica:

“En este plan de reparación de injusticias, también he resuelto que el hermano país de Bolivia retorne al mar. Se acabe el encierro que sufre desde 1879 por culpa de la intromisión del imperialismo inglés. No se puede condenar a un pueblo a cadena perpetua… un pueblo que esclaviza a otro no es libre”. 

“Caminaremos juntos en la gran tarea histórica de América Latina. Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia cometida contra Bolivia. Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico”(Taboada, 2004: 87).

En ese sentido, y aprovechando que el gobierno boliviano del Gral. Juan José Torres, era también de izquierda; se iniciaron las conversaciones por un lado en Santiago entre el Canciller chileno, Clodomiro Almeyda, y el Cónsul General de Bolivia en Chile, Franz Ruck Uriburo; y por el otro lado en La Paz, entre el enviado especial de Allende, Volodia Teitelboim, y el Canciller boliviano, Huáscar Taborga (Magasich, 12/2014). 

En Santiago se alcanzaron rápidamente “acuerdos preliminares que contemplaban un corredor territorial, un puerto, un enclave y el uso exclusivo de un muelle en Arica” (Gumucio, 2005: 385).

Esos arreglos, que fueron replanteados y confirmados por Almeyda al Canciller Taborga en la Asamblea General de la OEA de 1971; incluyeron una solicitud de obtener seguridades del Perú para no obstaculizar “un posible acuerdo sobre un corredor y puerto al norte de Arica. – Según Almeyda – Había que evitar repetir las gestiones de 1950” (Figueroa, 2007: 392). 

Mientras tanto en La Paz, el enviado del Presidente chileno, el senador Volodia Teitelboim, había conversado con las autoridades bolivianas, según él mismo diría, sobre “la posibilidad de establecer una especie de corredor al norte de Bolivia, entre la frontera peruana, al norte de Arica. Es una superficie pequeña, relativamente pequeña, de unos cuantos kilómetros. Pero de todas maneras se podía establecer una especie de corredor que permitiera la salida de Bolivia al mar, donde Bolivia pudiese tener un pequeño puerto, una cosa así. A parte de ventajas desde el punto de vista portuario en Arica, en Iquique y en Antofagasta, en los puertos del norte. El gran problema era el Ejército. Siempre ha sido ese” (Magasich, 12/ 2014).

Ciertamente, según cuenta el historiador chileno, Jorge Magasich, que fue quien recabó el testimonio Teitelboim; en ese tiempo los altos mandos militares de Chile vivían bajo el temor de un inminente conflicto armado con Perú y Bolivia, puesto que faltaba poco para el centenario de la guerra del Pacífico y “si se dejaba pasar más de un siglo existiría una especie de prescripción histórica”, y por eso – cuenta Teitelboim -, los estrategas del país del Mapocho se preparaban para intervenir y no descartaron un “ataque preventivo”, como el que había desplegado Israel en 1967, durante la guerra de los 6 días (Magasich, 12/2014).  

Las autoridades de La Moneda sabían que tenían que actuar con cautela puesto que un entendimiento con Bolivia sobre el tema marítimo podría tener un costo político muy alto para ellos. Fue así que después de iniciar los primeros contactos, y tras el impase que provocó un comentario que hizo el Canciller boliviano sobre las negociaciones, las autoridades chilenas empezaron a comentar sus intenciones de restablecer relaciones a nivel de Embajadores con La Paz. El 15 de abril de 1971, al cumplirse 9 años de la desviación del río Lauca que había provocado la ruptura de los vínculos diplomáticos, Almeyda manifestó: "Deseamos con igual fervor restablecer nuestras relaciones diplomáticas con Bolivia, convencidos de que la actual situación entre nuestros países no tiene justificación ante nuestros pueblos y ante la Historia"; y el 21 de mayo, el Presidente Allende, en su primer mensaje al Congreso expresó: "Este Gobierno ha tenido ya la ocasión de lamentar que nuestra relación con la República de Bolivia se mantenga en una situación anómala, que contradice la vocación integracionista de ambos pueblos. A Bolivia nos unen sentimientos e intereses comunes. Es nuestra voluntad poner todo lo que esté de nuestra parte para normalizar nuestras relaciones" (Gumucio, 2005: 384-385).

Luego Almeyda le dijo a Ruck Uriburu que Allende se contactaría telefónicamente con el Presidente Torres el día 23 de agosto de 1971 y que aprovechando su visita al Perú, el Mandatario chileno tenía previsto conversar con el Presidente de ese país, Juan Velasco Alvarado, sobre la participación y el acuerdo peruano en la solución del problema marítimo de Bolivia (Gumucio, 2005: 385).  No obstante dos días antes de la fecha anunciada, el 21 de agosto, Torres fue derrocado por fuerzas de la derecha boliviana y todo se vino abajo. Allende no pudo cumplir lo prometido, pero quizás tampoco lo habría podido hacer si Torres se mantenía en el poder porque a no mucho andar, en septiembre de 1973, él también sería destituido mediante un golpe de Estado que significaría el fin de sus días.

Unos años después, en 1976, Torres sería asesinado en Argentina en el marco de la operación Cóndor, en la cual estuvieron involucrados, entre otros, los gobiernos de La Paz y Santiago. Al respecto, según Magasich, la desaparición en esos años de muchos de los que negociaron una salida soberana al mar para Bolivia entre 1970 y 1971, “contribuyó a echar tierra sobre estas negociaciones”, y concluye: “Su existencia, refrendada por el valioso testimonio de Volodia Teitelboim, permite establecer que el gobierno de la Unidad Popular acogió favorablemente la demanda marítima boliviana, y que las negociaciones llegaron bastante lejos. Se discutió una fórmula para dar a Bolivia un acceso soberano al mar y normalizar las relaciones entre los dos países” (Magasich, 12/2014).  

Por tanto, si bien es cierto que las dictaduras que participaron en el Plan Cóndor enterraron mucho de lo que hicieron sus antecesores socialistas a principios de los años 70, es lamentable que el actual Canciller de Chile se sume a esos propósitos, e intente echarles más tierra, nada menos que mediante el twitter, para que se crea que Allende nunca negoció mar. De hecho, esa actitud elusiva, que pretende desconocer la historia para eludir las obligaciones que Chile asumió con Bolivia de devolverle su acceso soberano al mar, demuestra palmariamente que la razón está de nuestro lado.

Referencias 

• Figueroa Pla, Uldaricio (2007) La demanda boliviana en los foros internacionales. RIL Editores, Santiago - Chile.  
• Gumucio Granier, Jorge (2005) Estados Unidos y el mar boliviano. Pural Editores. La Paz - Bolivia.  
• Magasich, Jorge (12/2014) Bolivia y el Mar. Le Monde Diplomatique. Santiago - Chile.  
• Taboada Terán, Nestor (2004) Salvador Allende ¡Mar para Bolivia!. Plural Editores. La Paz Bolivia 

El opúsculo apócrifo de Chile

Por: Andrés Guzmán EscobariPublicado en Página Siete

El 26 de enero pasado, después de algunas vacilaciones, el Gobierno de Santiago publicó un documento de 24 páginas que “se hace cargo” de unas declaraciones del Canciller Choquehuanca y de un Comunicado de la DIREMAR, ambos de noviembre del 2014, sobre los incumplimientos de Chile al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Pero increíblemente, lejos de rebatir o refutar los argumentos jurídicos de Bolivia, el opúsculo chileno da a entender que Chile incumple sus compromisos pero no tanto como sostienen las autoridades bolivianas.
En efecto, el documento comienza explicando por qué Chile interrumpió el libre tránsito de Bolivia durante la guerra del Chaco (antes de la guerra, en 1928, también lo había interrumpido) y por qué en 1952 retuvo un cargamento de las minas recién nacionalizadas en Bolivia.

Seguidamente, el documento corrige a la DIREMAR en su interpretación sobre el tiempo que pueden permanecer las cargas bolivianas en los almacenes portuarios chilenos, aclarando que el permiso de dicha permanencia y el tiempo de gratuidad no son iguales, sino que el primero supera en tres meses al segundo y que el almacenaje gratuito en el frente de atraque privado del puerto de Antofagasta no es de un año como establece la Convención de 1912 (Artículo 12), sino de 5 días, y esa concesión de 5 días – aclara el documento – es otorgada por la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI), “sin que esté contractualmente obligada a hacerlo”.

Asimismo señala que a partir del 2008, Chile habilitó el puerto de Iquique para incorporarlo al régimen de libre tránsito, pero como Bolivia no expresó su aceptación a dicha oferta hasta la fecha, “ésta sigue pendiente de implementación por decisión boliviana”. Sin embargo, y esto no menciona el documento, la razón por la que no se aceptó la oferta, que fue otro fracaso de la Agenda de 13 puntos, fue porque el recinto para el almacenaje ofrecido por Chile queda en Alto Hospicio a 12 km del puerto, es decir una distancia equivalente a la que separa a la plaza Murillo del aeropuerto de El Alto.

El documento también se refiere a los aforos que realizan las autoridades antinarcóticos de Chile a las cargas de exportación bolivianas a pesar de que la Convención de 1937 prohíbe explícitamente cualquier tipo de intervención sobre las mismas (artículo 5). Sobre este punto, si bien es cierto que se debe combatir el narcotráfico y otros males, y Bolivia tiene que cooperar con ello; no es justo trasladar el costo de esas inspecciones a los exportadores bolivianos que han visto incrementados sus costos significativamente, sería mejor que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para cubrir esos costos y actualicen todos los acuerdos que no se ajustan a la realidad y que no permiten desarrollar relaciones normales entre ambos países, como por ejemplo el de 1937. Pues mientras eso no ocurra, los aforos chilenos y otros temas de interés mutuo, permanecerán al margen de lo convenido.     

En cuanto a las constantes interrupciones al libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos debido a las huelgas y paros de los trabajadores portuarios y de la Aduana, el documento chileno señala: “Estas situaciones ocurrieron a partir de decisiones adoptadas de forma autónoma por los trabajadores portuarios y no de una actuación del Estado de Chile”. Pero teniendo en cuenta que el gobierno de La Moneda ha mostrado una gran capacidad y notable determinación para enfrentar otros problemas, como terremotos y accidentes mineros; no parece tan difícil pedirle que cumpla sus obligaciones de libre tránsito con Bolivia tal y como se convino, es decir a perpetuidad, para toda clase de carga, en todo tiempo y sin excepción alguna (artículo 1, Convención de 1937). En otras palabras, cuando se trata de cumplir los acuerdos con Bolivia, el gobierno de La Moneda no muestra esa diligencia que despliega en otros asuntos (entre diciembre de 2013 y enero de 2014 un desacuerdo sobre el horario del almuerzo de los trabajadores portuarios provocó un paro de más de tres semanas en varios puertos chilenos - solo Iquique paró 25 días -, lo cual generó millonarias pérdidas al comercio boliviano).  

Sobre el mismo punto, el argumento de que esos paros también afectaron a los comerciantes chilenos no es ni un consuelo ni mucho menos una razón que exima a Chile de cumplir sus compromisos.

Después el opúsculo revisa varios aspectos del libre tránsito y  del acuerdo multilateral ATIT sobre transporte terrestre que, según la interpretación chilena, tendría preminencia sobre el Tratado de 1904.

Pero lo más sorprendente es lo que dice sobre el ferrocarril Arica – La Paz, en este punto, el gobierno de Chile admite con admirable soltura que el servicio de pasajeros “se suspendió en 1997 por falta de demanda”, de acuerdo al escrito chileno, la carretera Arica – Tambo Quemado (CH-11), que financió el gobierno del Japón, “trajo como consecuencia un desplazamiento de los usuarios a los buses para viajar entre ambas ciudades”.

Luego, a pesar de que niega que el servicio de carga fue discontinuo a partir de 2001, cuando una tormenta causó destrozos en el lado chileno, sí acepta que desde 2006 (en realidad fue desde noviembre de 2005), la empresa privada a la que Chile entregó en concesión la administración del ferrocarril se declaró en quiebra y el servicio se interrumpió absolutamente en el segmento chileno hasta el día de hoy. Al respecto, señala el documento, el ferrocarril se encuentra en una segunda fase de rehabilitación, “reconstrucción II fase”, y “Se espera que vuelva tener el estándar anterior del terremoto de 2014 hacia comienzos del 2016”, lo cual es absolutamente nuevo pues nunca antes se había anunciado, pero lamentablemente no es ninguna garantía porque antes del 2014 el “estándar” del ferrocarril estaba como hoy, absolutamente paralizado.

Sobre este punto, valga recordar, Chile adquirió la obligación de “asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” mediante el artículo 12 de la Convención sobre el Ferrocarril Arica – La Paz de 1905. 

La primera reacción del gobierno de La Paz, fue la del Procurador General del Estado, Héctor Arce, quien calificó acertadamente al documento de “apócrifo” y destacó las confesiones que contiene el mismo como un reconocimiento unilateral del Estado chileno que puede servirle a Bolivia durante el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, porque si ese alto Tribunal decide resolver el tema de la competencia después del proceso de fondo, que es lo más probable, no habrá manera de eludir la consideración del Tratado de 1904, cuya validez y vigencia es la piedra angular de la argumentación chilena, y si eso ocurre, Bolivia podrá enseñarles a los jueces el opúsculo apócrifo de Chile. 

Contraargumento del Canciller chileno

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

Muñoz hace referencia a la extrema "generosidad” de su país para con Bolivia y menciona los acuerdos alcanzados sobre libre tránsito, pero no dice nada sobre su aplicación.

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, publicó un artículo en El País de España que pretende desmerecer los argumentos de la demanda que nuestro Gobierno presentó ante la Corte Internacional de Justicia, aduciendo como principal y único contraargumento jurídico, que Bolivia intenta modificar el Tratado de 1904. 

Al respecto, es importante precisar que Bolivia no busca, en ningún caso, modificar el instrumento bilateral que, a diferencia de Chile, ha cumplido y respetado durante más de 100 años. Lo que busca Bolivia con su demanda es nada menos que recuperar un acceso soberano al mar a través de una negociación de buena fe con Chile. La modificación del Tratado no es un fin en sí mismo para Bolivia, sino un medio que eventualmente podría contribuir a lograr el objetivo principal que, valga repetir, es recuperar un acceso soberano al océano Pacífico. 

La modificación de los tratados, a la que Muñoz se refiere como un procedimiento destinado a desestabilizar las fronteras y afectar la integridad territorial de Chile, es en realidad una práctica ampliamente reconocida por la comunidad internacional para mejorar y actualizar las reglas que rigen entre dos o más países, y no está prohibida por el derecho internacional, todo lo contrario, la revisión de los acuerdos internacionales es perfectamente posible con el acuerdo de las partes. Además, teniendo en cuenta que varios presidentes y cancilleres chilenos ofrecieron ceder a Bolivia un territorio junto al mar, no estamos hablando de nada nuevo, peligroso o ilegal, sino más bien de un procedimiento que podría servir para resolver definitivamente el largo y difícil problema que genera el enclaustramiento boliviano. 

Cuando el canciller chileno se refiere al petitorio de la demanda, es decir a que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar, señala que su país estaría obligado a otorgarle acceso soberano al mar a Bolivia "producto de diálogos sobre el tema que ambos países han sostenido a lo largo de la historia”. Sin embargo, la obligación de negociar no emana de los "diálogos” del pasado como señala el ministro chileno, sino de los compromisos formales que diversos presidentes y cancilleres de Chile asumieron por escrito. Por tanto, no se trata de diálogos vacíos y superficiales, que se iniciaron sin un objetivo específico, sino de manifestaciones oficiales del Estado chileno, en las que se reconoció la existencia del problema y se expresó una disposición para negociar su solución. 

Muñoz evita referirse por ejemplo a la nota de 1950 suscrita por su antecesor en el cargo, Horacio Walker Larraín; al Memorándum Truco de 1961; al Acta de Charaña de 1975, firmada por el presidente Pinochet; a la nota de ese mismo año suscrita por el canciller Carvajal, y a muchas otras manifestaciones unilaterales de Chile, en las que sus autoridades confirmaron esa "voluntad” de negociar con Bolivia, como la Declaración de Ayacucho de 1974; las resoluciones de la OEA de 1980, 1981 y 1983; el acuerdo de Algarbe del año 2000; y el Acta de la XXII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas de julio de 2010; para no mencionar lo ocurrido antes de la entrada en vigencia del Pacto de Bogotá de 1948. 

Adicionalmente, según Muñoz: "Cada vez que Chile, en el marco de negociaciones políticas, formuló propuestas para satisfacer la aspiración marítima boliviana, las conversaciones fracasaron por causas ajenas a la voluntad de Chile, la mayoría imputables a la política interna boliviana”. Esta cuestionable afirmación, que se basa en la opinión del diplomático boliviano Walter Montenegro y en lo que alguna vez dijo el excanciller Loaiza podría ser absolutamente refutada con lo que sostienen reconocidos cronistas chilenos como  Cástulo Martínez, Óscar Pinochet de la Barra o Sergio Bitar, quienes admiten que la falta de voluntad política chilena determinó el fracaso de las negociaciones más importantes y no así "la política interna boliviana”. No obstante, dado que estamos hablando de una demanda judicial, resulta inútil referirse a las opiniones de particulares, por más bolivianos o chilenos que sean, lo único que interesa aquí son las manifestaciones oficiales de los Estados parte. 

Luego, al  igual que hizo en su video de YouTube, Muñoz hace referencia a la extrema "generosidad” de su país para con Bolivia y menciona los acuerdos alcanzados sobre libre tránsito, pero no dice nada sobre su aplicación. En efecto, una cosa es lo pactado y otra muy diferente es lo que sucede en la práctica: el ferrocarril Arica - La Paz no funciona en el lado chileno hace varios años, los paros y las tarifas en los puertos han aumentado desde que éstos fueron privatizados, no se respeta la jurisdicción del Agente Aduanero boliviano en los recintos portuarios, el almacenaje gratuito en el puerto de Antofagasta se aplica parcialmente y nuestras fronteras permanecen minadas con explosivos antipersona y antitanque, que imponen serias dudas sobre la "generosidad” chilena y el "libre tránsito” de Bolivia.

Seguidamente y sin ningún desparpajo, Muñoz falta a la verdad cuando afirma: "Nuestro país también exime del Impuesto al Valor Agregado a los servicios a las cargas bolivianas en tránsito, con lo cual se otorga a Bolivia una ventaja superior a las concedidas por la comunidad internacional a los países sin litoral”. Cuando en realidad, la comunidad internacional, mediante la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral de 1965 (Principio IV) y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Artículo 127) ha prohibido cualquier cobro de aranceles por parte de los países de tránsito a los Estados sin costa marítima.   

Por todo lo dicho creemos que el gobierno de Chile en general y su canciller en particular deberían ver a este proceso como una buena oportunidad para resolver de una vez y para siempre los problemas derivados de la Guerra del Pacífico y no como una opción para radicalizar las posturas históricamente más conservadoras de su país, que definitivamente no nos llevarán a nada mejor. La Corte Internacional de Justicia nos brinda a bolivianos y chilenos la posibilidad de resolver nuestros problemas más difíciles de manera pacífica, seria y civilizada; no es hora de apelar a los nacionalismos recalcitrantes para desconocer con arrogancia al máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, debemos actuar conforme al tiempo que nos toca vivir para "despejar los fantasmas del pasado” como dice Muñoz y "construir relaciones de futuro”.

El video chileno muestra por qué discrepamos

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

El vídeo que el gobierno chileno subió a Youtube recientemente, el cual expone su posición frente a la demanda marítima boliviana, deja muy en claro por qué discrepamos. 

Discrepamos porque si queremos explicarle al mundo que Bolivia goza del más amplio, libre y eterno acceso al mar, cosa que en la práctica dista mucho de la verdad; es indispensable reconocer primero que Chile le quitó a Bolivia su único acceso al mar en 1879. Se debe considerar este hecho inobjetable para comprender el tema porque si sólo nos referimos a las facilidades que el país del Mapocho otorga a Bolivia en aplicación del Tratado de 1904 y de sus acuerdos complementarios, y no mencionamos el despojo territorial que dejó a nuestro país enclaustrado, como lo hace el vídeo de referencia; podríamos llegar a creer que el país del Mapocho es muy bondadoso y que nosotros le exigimos demasiado, lo cual es en realidad al revés. 

Discrepamos porque si sólo nos referimos a lo que dicen los acuerdos bilaterales y no mencionamos nada respecto a su aplicación, podríamos suponer que esos acuerdos sí se cumplen, cuando en realidad eso no ocurre. A principios de este siglo, el Estado chileno decidió entregar en concesión la operación de sus puertos a empresas privadas a pesar de la oposición de Bolivia que no reconoció nunca a esas empresas privadas como sucesoras del gobierno de Chile respecto a la aplicación del libre tránsito. Se han producido desde entonces muchas interrupciones de los servicios portuarios debido a los constantes paros de sus trabajadores y de los funcionarios aduaneros de Chile. La falta de un acuerdo entre el gobierno de La Paz y las empresas privadas ha provocado constantes incrementos en las tarifas portuarias y, lo que es peor, ha significado también, la pérdida de la jurisdicción de las autoridades aduaneras bolivianas sobre la carga con destino a Bolivia porque las empresas privadas han monopolizado todas las faenas portuarias.

Discrepamos cuando el gobierno chileno se queja porque tiene que pagar cerca de 100 millones de dólares para dar cumplimiento al Tratado de 1904; debido a que la riqueza del territorio boliviano que Chile anexó a su dominio a través de ese mismo tratado, le ha reportado muchísimo más dinero. Sólo el 2013, el país del Mapocho obtuvo la increíble cantidad de 44 mil millones de dólares por la exportación del cobre que se encuentra en el ex litoral boliviano (La Tercera, 12/01/2014).  

Discrepamos porque nos echan en cara la construcción del ferrocarril Arica - La Paz, que fue concebido precisamente para atenuar los efectos del enclaustramiento boliviano, pero que en la actualidad permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de frontera (Arica – Visviri) hace ya casi una década, mientras que el lado boliviano se encuentra operando (Charaña – Viacha) mediante el servicio de un ferrobús o buscarril.
Discrepamos porque en lugar de poner al oleoducto Sica Sica – Arica como un antecedente de entendimiento y aproximación, que podría servir para replicarlo mediante un gasoducto que desde Bolivia alcance el Pacífico a través de un puerto chileno, se utiliza ese ejemplo alcanzado en 1957 para destacar la “gran bondad” del Estado chileno con Bolivia.  

¿Cómo no vamos a discrepar si el ex Presidente Piñera señala que su país se comprometió a darle a Bolivia circulación “eterna”, cuando en realidad, lo que dice el tratado es libre tránsito “a perpetuidad”, que no es lo mismo? 

¿Cómo no vamos a discrepar si el ex Presidente Frei supone livianamente que no vamos a respetar los tratados cuando Bolivia, a diferencia de Chile, sí ha respetado y cumplido el Tratado de 1904?

¿Cómo no vamos a discrepar si el Canciller Muñoz señala que la política exterior de su país ha estado basada en el respeto a los tratados, cuando sabemos bien que el Pacto de Paucarpata de 1837, el Tratado de Ancón de 1883 y el de Paz y Amistad de 1904, no fueron cumplidos por Chile? 

¿Cómo no vamos a discrepar si el ex Presidente Lagos insiste en ofrecer negociaciones directas, con una agenda de futuro “potente”, para llevarnos una vez más al mismo juego, en el cual Chile nos ofrece mar y luego se desentiende? ¿No se dan cuenta que precisamente por eso los demandamos? 

¿Cómo no vamos a discrepar si la Presidenta Bachelet, después de toda nuestra conflictiva historia de agresiones militares, desvíos de aguas compartidas y sembrado de minas antipersonales en la frontera, declara cínicamente que Chile tiene vocación pacifista?

Finalmente ¿cómo no vamos a discrepar si se afirma que la demanda de Bolivia afecta a todo el sistema jurídico internacional, cuando en realidad, lo que Bolivia demanda es nada menos que una negociación de buena fe para recuperar una salida soberana al mar? En el sentido más amplio de sus efectos, un fallo favorable a Bolivia no podría afectar a la estabilidad de las fronteras por ningún motivo, sino solamente a esos actos de mala fe de algunos países que hacen promesas y no las cumplen. 

El día que Chile comprenda que el único camino para “avanzar juntos”, como lo platean sus políticos, es asumir responsabilidades, flexibilizar posturas, abandonar nacionalismos, reconocer a la Corte Internacional de Justicia, cumplir verdaderamente los tratados y sobre todo, negociar de buena fe el legítimo reclamo boliviano de recuperar un acceso soberano al mar, ese día, sólo ese día, no discreparemos.  

Prologo del libro "Lo que se promete se Cumple" de Sergio Fernández

Por: Andrés Guzmán Escobari

La evolución del Derecho Internacional Público, entendida como la mejor y más acertada aplicación de las reglas y normas que rigen las relaciones de los Estados, ha permitido establecer un sistema de convivencia internacional cada vez más perfecto y justo. En efecto, gracias al constante progreso del derecho positivo, el gran consenso de las sociedades organizadas ha logrado codificar una buena parte de lo que se entiende como bueno y como malo, y a pesar de que todavía falta mucho por avanzar en tan encomiable objetivo, pues aún no existe un ordenamiento jurídico verdaderamente organizado e igualitario; esta tendencia nos ha llevado a comprender a los bolivianos y ojalá que también a todos los pueblos del mundo que tienen una reivindicación legítima, que la justicia llegará, quizás tarde, pero llegará.

El trabajo que tenemos el honor de prologar, escrito por el siempre sorprendente Sergio Alberto Fernández Ruelas, nos presenta un interesante análisis histórico-jurídico del tema marítimo boliviano que sintetiza los lineamientos básicos de la actual política de retorno al mar. Para lo cual, el autor, desde su perspectiva de abogado internacionalista y diplomático de carrera, desarrolla una revisión histórica de la política exterior de Bolivia desde sus inicios hasta nuestros días, expone las virtudes que tiene la teoría de los Actos Unilaterales de los Estados en este caso y explica con claridad luminosa el concepto jurídico de Promisso est Servanda (lo que se promete se cumple), que es precisamente, valga recordarlo, la piedra angular en la que se basa la demanda que el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en contra de la República de Chile el 24 de abril de 2013. 

Sobre este punto, cabe aclarar que tanto el autor del libro como quien escribe estas líneas, desde un punto de vista más practisista que reivindicasionista; consideran que la decisión de enjuiciar a Chile con el fin de obligarle a que cumpla sus promesas de restituir la cualidad marítima de Bolivia, no sólo es la política más lógica y adecuada que se puede adoptar en el tiempo histórico que nos toca vivir, después de 134 años de negociaciones infructuosas en el ámbito bilateral; sino que es la única alternativa que nos queda, dada la absoluta cerrazón del actual gobierno chileno para tratar el tema.   

Por tal motivo es importante señalar que esta publicación puede servir no sólo como un valioso aporte para el pensamiento doctrinario boliviano en su parte referida a la reintegración marítima, sino que también puede ser utilizado como un manual por todo aquel que quiera comprender el accionar del actual gobierno de Bolivia en esta materia. 

En cuanto a la configuración y contenido del libro, cabe advertir que su parte histórica sigue un orden cronológico que sintetiza los hechos más relevantes de la política exterior boliviana desde el nacimiento de la República en 1825, hasta los actuales tiempos del Estado Plurinacional y que revisa con especial énfasis las promesas que hizo Chile para resolver el problema marítimo boliviano. En ese recuento, el autor analiza las negociaciones llevadas a cabo con el fin de resolver el asunto marítimo boliviano entre los gobiernos de Santiago, La Paz y Lima y esboza tentativamente los factores que incidieron o determinaron el fracaso de tales aproximaciones.

Sobre este último punto, Fernández Ruelas destaca con especial acierto el rol que tuvo la opinión pública y las “fuerzas profundas” en el desarrollo de las negociaciones, así como la actuación que tuvo la “paradiplomacia” desplegada por algunos personajes e instituciones no gubernamentales. En la misma línea y casi al final del análisis histórico, presenta un resumen de lo que significa la diplomacia de los pueblos en las relaciones con Chile partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en 2006.

El Perú, por otra parte, como factor determinante en la frustración de las gestiones mencionadas y como tercera parte en el conflicto (por los derechos y obligaciones que le asigna el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 3 de junio de 1929), es considerado como “la tercera pata del trípode” en un capítulo aparte. 

Todo este relato histórico encuentra lo que el autor llama “un giro de 180°” en 1879, cuando Chile se apodera por la fuerza de las armas de nuestro único acceso al mar. A partir de entonces – señala el autor –, el  objetivo de reintegración marítima se convierte en la máxima prioridad de la diplomacia boliviana y como una enfermedad que requiere mucha atención para ser curada y cuyo tratamiento también genera efectos colaterales en el cuerpo enfermo, todos los demás temas de la agenda internacional boliviana quedan relegados a un segundo plano, postergando y desaprovechando oportunidades importantes para el desarrollo de nuestro país. Lo cual, a pesar de ser claramente contraproducente, se mantiene sin muchas variantes hasta nuestros días. Aun así – concluye acertadamente Fernández Ruelas –, lo más lógico no es claudicar, sino buscar una solución.

En la parte dedicada al análisis jurídico de la controversia que genera el enclaustramiento geográfico boliviano, Fernández Ruelas explica con asertividad que la demanda marítima boliviana se funda en argumentos jurídicos sólidos y – aunque no lo dice explícitamente –, hasta incontestables, si son bien planteados. En ese sentido el libro contiene una clara explicación de cuál es la jurisprudencia que tiene este caso, rememorando lo que significó el proceso entre Australia y Nueva Zelanda Vs. Francia, referido a las pruebas nucleares que este último país realizó en los años setenta a pesar del compromiso asumido por sus autoridades de no hacerlo, y el caso de Groenlandia Oriental entre Noruega y Dinamarca, relativo a las promesas del Canciller noruego Nils Claus Ihlen, de que su país reconocería el dominio danés sobre una parte importante de esa gélida y enorme isla.   

En buenas cuentas, el libro que aquí comentamos es un aporte innovador porque por primera vez un trabajo referido al tema marítimo desarrolla un análisis histórico y otro jurídico que se interrelacionan. En el primero, el autor relata cómo y cuándo se realizaron las promesas chilenas para devolverle a Bolivia su salida al mar y, en el segundo, se presenta una explicación de cómo ese tipo de promesas, cuando son  incumplidas por un determinado gobierno o, en este caso, por varias administraciones gubernamentales de un mismo país, pueden convertirse en obligatorias ante el derecho internacional y por tanto exigibles por el sujeto (Estado, organización o entidad internacional) que resulte afectado o perjudicado por tales incumplimientos.

Los Actos Unilaterales de mala fe, como son las promesas que se realizan sin la verdadera intención de cumplirlas, deben estar prohibidos y deben ser sancionados. “No es dable, digámoslo sin ambages, jugar con la esperanza de todo un pueblo” decía en 1975 el Presidente boliviano en la XXX Asamblea General de las Naciones Unidas, Hugo Banzer, al referirse a la actitud del gobierno chileno de ofrecerle a Bolivia una salida soberana al mar y luego desentenderse.

Con un espíritu optimista pero no triunfalista, Fernández Ruelas pone en nuestras manos un trabajo que dará mucho que hablar porque contribuye al debate de este delicado problema de interés hemisférico permanente y nos acerca mucho más a entender qué es lo que estamos demandando y sobre todo, cómo lo estamos haciendo.

Finalmente, es importante señalar la gran satisfacción que genera este tipo de publicaciones para quienes estudiamos en la Academia Diplomática Boliviana y trabajamos en el servicio exterior de Bolivia, porque vemos con agrado cómo un compañero de estudio, colega de trabajo y por qué no, un gran amigo y cofrade de la lucha por recuperar una salida soberana al mar; hoy nos presenta una obra que no sólo dignifica y retribuye a nuestro alma mater y a la diplomacia de carrera, sino que representa un verdadero aporte para lograr el objetivo irrenunciable de reintegrarnos al mar con soberanía.

Andrés Guzmán Escobari