El 12 de junio de 2013 se produjo la primera reunión de los Agentes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia para definir los plazos en los que ambos países deberán presentar sus alegatos escritos. Sobre el particular y algunos otros temas relacionados, a continuación las entrevistas que me hicieron para Que no me pierda de la Red Uno, Al Día de Bolivisión y La Primera de ATB:
lunes, 24 de junio de 2013
martes, 18 de junio de 2013
Las aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente
Por: Andrés Guzmán
Escobari
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| Imagen satelital de la costa del Pacífico sur |
Las grandes extensiones
territoriales de Bolivia y Perú que a consecuencia de la guerra del Pacífico
pasaron al dominio de Chile, es decir, las regiones chilenas de Antofagasta,
Tarapacá y Arica–Parinacota y de ahí hasta el departamento peruano de Tacna
inclusive; son territorios extremadamente áridos y secos que siempre han requerido
de las aguas del altiplano para su abastecimiento hídrico. Se sabe que desde
tiempos muy remotos los habitantes de esos lares utilizaron las aguas altiplánicas
para regar zonas costeras. El río Mauri, por ejemplo, fue desviado gradualmente
hacia territorio tacneño hasta causar su trasvase completo, inicialmente por
los aymaras del lugar en el siglo XV, luego por los españoles en 1739 y
finalmente por Chile en 1919 y por el Perú en 1950 (Escobari: Historia
Diplomática de Bolivia. 2000: 310).
La desesperante sed del norte de
Chile ha conducido al gobierno de ese país a desviar, en coordinación con
algunas empresas públicas y privadas, aguas que no le pertenecen y que, en
algunos casos, incluso están más allá de sus fronteras.
Efectivamente, el desvío de las
aguas del Silala es un caso muy delicado porque se trata de un reservorio
hídrico de varios acuíferos subterráneos que afloran a superficie en territorio
boliviano en forma de manantiales estáticos y cuyas aguas han sido canalizadas
hacia territorio chileno artificialmente. Si bien tal vez es cierto que una
pequeña parte de su caudal corría naturalmente hacia el territorio que hoy es chileno
(Antofagasta) y que su existencia incluso está reconocida en el mismísimo
Tratado de 1904; es un hecho inobjetable – basta con ver las fotos del lugar – que
la mayor parte de esas aguas ingresan a Chile a través de canales artificiales,
construidos a partir de 1884 en territorio boliviano y sin el consentimiento de
Bolivia.
De acuerdo con los estudios
realizados por el ingeniero hidráulico boliviano Antonio Bazoberry, la empresa
que tuvo la concesión para usar esas aguas entre 1908 y 1997, inicialmente
denominada The Antofagasta and Bolivia Railway, y también la Corporación
Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), reciben desde hace muchísimos años más
de 330 litros por segundo de las aguas del Silala y no pagan ni un centavo
(Bazoberry: El mito del Silala. 2005: 113). Asimismo, en un reportaje publicado por Página
Siete (17/04/2011), el periodista boliviano Boris Miranda revela que esas aguas
son vendidas actualmente por una empresa del grupo Luksic (Aguas Antofagasta) a
la población del lugar y a CODELCO, por un valor que supera los 50 millones de
dólares al año, a pesar de que los costos de captación del líquido elemento son
nulos para esa empresa (clic aquí para más información sobre el Silala).
Pero aún más grave es la
situación del río Lauca que, a diferencia del Silala, es una corriente de agua
internacional de curso sucesivo, es decir, un recurso hídrico compartido que al
igual que el Silala, está siendo utilizado casi totalmente por Chile (cerca del
90%). El agravante en este caso se produce porque su controvertido desvío,
ocurrido el 14 de abril de 1962,
ha provocado un desbalance ecológico en la zona de
Coipasa – Bolivia, que ha convertido a esa región en un páramo casi
inhabitable. En efecto, en lugar de que esas aguas discurran naturalmente a la
laguna boliviana de Coipasa, como sucedía hasta 1962; actualmente, cerca de 2.460 litros por
segundo de su caudal riegan el valle de Azapa, ubicado en territorio chileno, según
datos de la Dirección General de Aguas de Chile (DGA).
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Por si fuera poco, el controvertido
desvío del Lauca, que fue ejecutado por el gobierno de Chile en medio de
furibundas protestas de Bolivia, marcó un hito muy negativo para el
mantenimiento de las buenas relaciones entre ambas naciones porque además de
provocar desde entonces la ruptura de los vínculos diplomáticos entre los
gobiernos de La Paz y Santiago (excepto 1975–1978), ha acentuado las desconfianzas
del pueblo boliviano hacia el Estado chileno y en Chile, ha propiciado el
inicio de una campaña informativa, introducida a la historia que se enseña en
las escuelas de ese país, que en nada contribuye al entendimiento de nuestros
pueblos, pues pretende generar el convencimiento mentiroso de que Bolivia nunca
tuvo mar.
No obstante, aún peor que los dos
casos mencionados, el desvío del río Caquena es el problema más grave de todos,
porque además de significar un atropello en sí mismo y de generar serios daños
ecológicos en la región boliviana de Charaña; representa nada menos que una
flagrante violación de Chile al Tratado de 1904. En efecto, según el artículo 2
de dicho tratado, el límite fronterizo entre ambos países debe seguir el curso
del río Caquena entre los hitos 92 y 93, es decir que se trata de una corriente
de agua de curso contiguo (límite arcifinio) que define la frontera y como tal,
debería ser respetada por las partes. Sin embargo, como sus aguas han sido
desviadas por Chile a partir de los años 60 del siglo XX, la frontera común también
ha sido modificada unilateralmente y eso es, indiscutiblemente, un tema de
límites que debe ser revisado, aun cuando las autoridades chilenas repitan con
insistencia y en cada una de sus declaraciones, que no existen temas de límites
pendientes entre Chile y Bolivia.
La desviación del Caquena es
además la más onerosa para Bolivia en términos cuantitativos pues, según datos
de la DGA, el total del caudal desviado alcanza a 3.760 litros por segundo que
actualmente riegan el valle Lluta en territorio chileno. Lo cual, sumado a las otras
cantidades desviadas por el país del Mapocho (Lauca y Silala), llegan a 6.640
litros por segundo de aguas bolivianas que Chile utiliza gratuitamente.
Esa impresionante cantidad de
agua boliviana que ingresa o se queda en Chile de manera ilegal porque no
cuenta con el consentimiento de Bolivia, debe ser materia de negociaciones
entre los gobiernos de ambos países, no sólo porque es lo que corresponde en justicia,
sino también porque el mantenimiento de esta situación podría provocar serios
conflictos en el futuro debido a que la demanda de agua de los territorios en
cuestión – donde se encuentra una de las industrias mineras más importantes del
mundo –, aumentará con el paso del tiempo.
Además, teniendo en cuenta que
Chile y Bolivia se encuentran definiendo la más difícil y prolongada de sus
controversias en el ámbito jurisdiccional; es muy importante que ambos
gobiernos preparen en cuanto sea posible el ambiente para afrontar el resultado
de ese proceso judicial y para ello, la resolución de los temas pendientes
entre ambos países, es sin duda y lógicamente, lo primero que se debería hacer.
En ese sentido, es importante promover el diálogo que permita alcanzar acuerdos
para garantizar el abastecimiento hídrico del norte chileno y el resarcimiento
y contraprestación correspondientes para Bolivia.
jueves, 6 de junio de 2013
Instan a Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos en uso de recursos hídricos y comercio
Agencia de Noticias Fides
Hay una inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia.
La Paz, 6 Jun. (ANF).- El analista internacional Andrés Guzmán Escobari, nieto del ex canciller Jorge Escobari Cusicanqui, instó este jueves a los gobiernos de Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos al margen de la demanda marítima que ya está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre uso de recursos hídricos y comercio bilateral.
Hay una inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia.
La Paz, 6 Jun. (ANF).- El analista internacional Andrés Guzmán Escobari, nieto del ex canciller Jorge Escobari Cusicanqui, instó este jueves a los gobiernos de Bolivia y Chile a alcanzar acuerdos al margen de la demanda marítima que ya está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre uso de recursos hídricos y comercio bilateral.
Guzmán en una crónica publicada en el diario La Tercera, de Santiago, insta a “preparar el ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La Corte dicte su fallo”.
El experto en temas de Bolivia y Chile recordó que está en vigor el artículo IV del Pacto de Bogotá, acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda marítima a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El artículo referido por Guzmán Cusicanqui señala textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.
El analista, amparado en el Pacto de Bogotá, instó a dejar temporalmente fuera de las conversaciones el tema marítimo: "No sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde”.
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El tema marítimo fuera de las conversaciones boliviano - chilenas
Por: Andrés Guzmán Escobari
Las conflictivas
relaciones entre Bolivia y Chile se han deteriorado considerablemente en el último
tiempo a un punto tal que seguramente sólo fue superado en el pasado cuando se rompieron
los vínculos diplomáticos entre ambos países (1920, 1962 y 1978) o cuando estalló
la guerra (1839 y 1879). De hecho, el estado actual de nuestras relaciones podría
compararse con aquellos pocos momentos de la historia en los que Chile, al
igual que hoy, se negaba rotundamente a reconocer la existencia del problema que
genera el enclaustramiento boliviano, por ejemplo: cuando el año 1900 el
representante de La Moneda en La Paz, Abraham Köning, remitió un duro
comunicado al Canciller boliviano de la época para aclararle que Chile nada le
debe a Bolivia y advertirle, entre otras cosas, que su país había centuplicado
su poderío militar desde 1879; o cuando en 1987 el gobierno del General Pinochet
rechazó de plano las propuestas que las autoridades bolivianas le habían
planteado en las negociaciones del “enfoque fresco”, con el propósito de
resolver precisamente el asunto marítimo.
En efecto, el
estado actual de las relaciones boliviano – chilenas es tan malo que no existe
ningún tipo de diálogo entre nuestras autoridades que no sea el estrictamente
necesario en el ámbito consular y eso es algo que naturalmente y por el bien de
nuestro porvenir como países vecinos, debe cambiar.
La situación en
que nos encontramos es el resultado de una incomprensión absoluta de la
posición del otro y de la tentación de nuestras autoridades por utilizar los temas
que nos distancian para encender las pasiones nacionalistas de nuestros pueblos
que, indiscutiblemente, generan importantes réditos político-electorales en
ambos lados de la frontera. Asimismo, en los hechos, esta situación es el
resultado de la interrupción del diálogo de la Agenda de 13 puntos ocurrido en noviembre
de 2010 por decisión del gobierno chileno y de la posterior determinación
boliviana de recurrir a tribunales internacionales para resolver el problema
marítimo, que evidentemente no cayó nada bien en Chile.
A esas
dificultades debemos sumar la conducta beligerante de ambas partes, los
bolivianos emplazando al Gobierno de La Moneda a levantar el encierro
geográfico con un lenguaje innecesariamente agresivo y cuestionado insistentemente
los vicios de origen de un Tratado que ha cumplido y respetado por más de 100 años, y los chilenos oponiendo un rechazo
absoluto a reconocer la existencia de un asunto pendiente entre los dos países que
además vino acompañada de algunas amenazas de utilizar la fuerza para, entre
otras cosas, “hacer respetar los tratados”.
No es el
propósito de estas líneas evaluar la validez o legitimidad de las posturas asumidas,
sino de hacer notar que las políticas aplicadas en consecuencia nos han llevado
a una situación que no sólo ha congelado el tratamiento del tema marítimo – de
tan sensible importancia para los bolivianos –, sino que ha paralizado también el
diálogo en todos los demás asuntos de interés binacional, entre los cuales, hay
otros problemas de altísima complejidad y relevancia para ambos países que
deben encontrar urgentemente un canal de diálogo que permita abordarlos y
resolverlos, porque esos problemas podrían ser motivo de más discordias o hasta
conflictos entre chilenos y bolivianos en el futuro.
Me refiero a la
inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos
que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo
que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia (Silala 330 lt/seg; Lauca
2.460 lt/seg; y Caquena 3.670 lt/seg), según estudios realizados por el Ing.
Antonio Bazoberry y la Dirección General de Aguas de Chile; a las constantes
dificultades que enfrentan los comerciantes bolivianos en los puertos chilenos
debido a la cuestionable aplicación del derecho de libre tránsito estipulado en
el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios por parte de las empresas
privadas que operan esas terminales portuarias; a la operatividad del
Ferrocarril Arica – La Paz que, a pesar de la rimbombante celebración del
centenario de la vía que estuvo presidida por el mismo Presidente Piñera, no ha
realizado ningún viaje completo en el lado chileno desde hace casi 10 años y
que en el lado boliviano se mantiene operativo; a las labores de
retiro y destrucción de las minas antipersona de la frontera que, según datos
publicados por la Comisión Nacional de Desminado de Chile (www.cnad.cl), sólo habrían avanzado en un 37% pese al transcurso de más de una
década desde que gobierno chileno se comprometió a retirarlas; y a otros temas
también importantes para ambos países como la cooperación para el control del
narcotráfico, la lucha contra el contrabando, la complementación económica;
etc., etc.
La gran mayoría
de estos temas fueron incluidos en la Agenda de 13 puntos, cuyo tratamiento,
como ya se dijo, quedó interrumpido. No obstante, teniendo en cuenta que el asunto
que generó esa interrupción está siendo sometido a una instancia jurisdiccional
como es la Corte Internacional de Justica de La Haya, porque evidentemente no
pudo ser resuelto por la vía diplomática; resulta no solo urgente, sino también
absolutamente razonable que los gobiernos de ambos países restablezcan el
diálogo para tratar todos los demás puntos de la Agenda dejando momentáneamente
de lado, mientras dure el juicio, el tema marítimo boliviano (punto 6).
Esta idea de no
negociar directamente el tema marítimo, que ya fue planteada tentativamente por
el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; también fue sugerida por
quien escribe estas letras en un encuentro binacional de personalidades
entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las
Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes
personajes políticos y académicos de los dos países. Los chilenos, como era de
esperar, acogieron sin objeciones la moción. No obstante, entre los
bolivianos hubo reticencias de quienes consideraban “imprudente” hacer tal
cosa: “Qué habrían dicho los grandes diplomáticos que hemos tenido”, censuró
uno de ellos, “Qué habría dicho tu abuelo!” me dijo el otro.
Al respecto
cabe aclarar que esta sugerencia no tiene por objeto librar a la diplomacia
chilena de su tradicional piedra en el zapato, sino más bien preparar el
ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que
resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La
Corte dicte su fallo. De hecho, eso es lo que indica el procedimiento del
juicio que el gobierno boliviano inició. El artículo IV del Pacto de Bogotá, que
es el acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda, señala
textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos
pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea
por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un
pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.
Por tanto, dejar temporalmente fuera de las conversaciones al tema marítimo no
sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde.
jueves, 2 de mayo de 2013
La subestimación en Chile a la demanda marítima boliviana
Por: Andrés Guzmán Escobari
El mes pasado pude acercarme un poco más a comprender la percepción que tienen en Chile sobre la demanda marítima boliviana porque tuve la oportunidad de conversar con varios chilenos – expertos y no expertos en el tema – en las dos visitas que tuve el gusto de realizar a Santiago en abril de 2013. La primera para dar una charla en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde fui invitado para dar a conocer la visión que tenemos en Bolivia sobre el tema del mar a los alumnos de esa institución y al Grupo Bolivia, que es una organización de intelectuales chilenos de izquierda, muy favorable a encontrar una solución a este largo y difícil problema; y la segunda, para participar del encuentro binacional de personalidades entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes personajes políticos y académicos de los dos países entre los cuales destacan Carlos Mesa de Bolivia y Carlos Ominami de Chile.
Muy a pesar de que estuve en un ambiente favorable a encontrar una solución, noté cierto malestar y un rechazo generalizado hacia la decisión boliviana de acudir a tribunales internacionales. De hecho, fue particularmente interesante observar el antes y el después de la presentación de la demanda de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, porque estuve en Santiago precisamente los días previos e inmediatamente posteriores al 24 de abril de 2013. En ese tiempo pude evidenciar que hubo sorpresa primero y luego cierta molestia y un amplio rechazo a la demanda boliviana. Lo cual no lo esperaba porque la presentación de esa demanda fue anunciada con dos años de antelación y porque se trata de un medio pacífico de controversias, ampliamente aceptado por la comunidad internacional y reconocido por el Estado chileno en sendas convenciones multilaterales y en acuerdos bilaterales como las notas revérsales intercambiadas por los Cancilleres Manuel Bianchi de Chile y Alberto Ostria de Bolivia en enero de 1941.
Asimismo, también me sorprendió la reacción de la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de Chile, que respondieron con una contundente negativa a reconocer la existencia de un problema y con el ánimo de encender pasiones nacionalistas llamando a “cerrar filas”. El único que mantuvo la calma fue Marcel Claude del Partido Humanista que llegó a decir que está a favor de ceder mar y territorio a Bolivia si eso se acepta en un plebiscito.
Por otra parte, no me causó ninguna sorpresa la clara y firme posición del Presidente Piñera, quien afirmó que usará toda la fuerza del mundo para defender el territorio chileno y que no cederá soberanía a ningún país. Esto último a pesar de que muy prontamente el fallo de esa misma Corte respecto al caso de la delimitación marítima chileno – peruana, podría imponerle a Chile la obligación de devolverle territorios al Perú.
Empero, lo que más me llamó la atención fue la absoluta e incomprensible subestimación que predomina en la sociedad chilena hacia lo que esta demanda puede significar. La mayor parte vaticinaba un fracaso de La Paz en La Haya como el sufrido en Ginebra en 1921, y algunos incluso llegaron a decirme que esta vez la decepción será tal, que el reclamo más que centenario de Bolivia quedará sepultado para siempre.
Por ese motivo, en todos los foros que me tocó intervenir y en todas las conversaciones que sostuve sobre este tema, intenté dejar en claro que el trabajo realizado por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia (DIREMAR), ha sido tomado con la seriedad y el profesionalismo del caso y que ese trabajo se realizó bajo la dirección de un equipo de abogados de altísimo prestigio internacional, como Antonio Remiro Brotons y Philippe Sands, entre otros; quienes no por favorecer la candidatura de Evo Morales el próximo año, van a arriesgar su reputación tan trabajosamente conseguida.
Asimismo, también les recordé que antes y después del Tratado de 1904, Chile se comprometió formalmente y en varias oportunidades a ceder una salida soberana al mar a Bolivia. Por lo cual, y siempre aclarando que no se trata de un acto inamistoso, la petición boliviana establece que el objeto de la controversia se basa en: a) la existencia de una obligación; b) el incumplimiento de esa obligación por parte de Chile y; c) el deber de Chile de cumplir con dicha obligación.
¿Que la Corte no tiene competencia? El artículo 36 de su Estatuto establece claramente que los Estados parte deben aceptar la jurisdicción de la Corte en controversias de orden jurídico que se le presenten y que versen sobre “la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional”, entre otras cosas.
Por tanto, el proceso iniciado por Bolivia y aceptado por Corte, si bien es un camino que el gobierno de Chile pudo haber evitado; ahora debe entenderse como una buena oportunidad para resolver este difícil y largo problema y no como un intento por enemistarnos aún más. De hecho, ahora que el tema marítimo boliviano debe ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia y no mediante el diálogo bilateral; nuestros gobiernos pueden aprovechar para tratar todos los demás temas de la agenda bilateral de 13 puntos, que son asuntos de mucha importancia para ambos países, algunos de ellos también de alta complejidad, y que no han sido abordados desde que se interrumpió el diálogo en noviembre de 2010.
Finalmente, es importante considerar que nuestra generación atestiguará la resolución de los conflictos del Pacífico sur por la vía judicial y que dependerá de la voluntad y sabiduría de quienes nos gobiernan para dar a esas soluciones un carácter definitivo. No obstante, para que eso sea posible, es indispensable el apoyo mayoritario del pueblo boliviano, peruano y chileno y es ahí donde precisamente no cabe ningún tipo de subestimación.
martes, 30 de abril de 2013
Nuevo incumplimiento de Chile al Tratado de 1904
Por: Andrés Guzmán
Escobari.
Publicado en la Revista Datos
Durante la última semana de marzo
y la primera de abril de este año ocurrió un hecho que extrañamente no tuvo
mucha repercusión en Bolivia y que, sorprendentemente, tampoco provocó la
reacción que ameritaba de parte del gobierno de Evo Morales: el paro de
actividades en varios puertos chilenos en los cuales, según lo acordado bilateralmente;
Chile debería garantizar el libre tránsito de las mercancías bolivianas a
perpetuidad y en todo tiempo sin excepción alguna.
En efecto, según el Tratado de
Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, “la República de Chile reconoce en
favor de la de Bolivia y a perpetuidad,
el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos
del Pacífico” (artículo 6). Asimismo, mediante la Convención sobre Tránsito de 16
de agosto de 1937, el gobierno chileno “reconoce y garantiza el más amplio y
libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y
cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia”, lo cual – aclara ese
mismo documento – “comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).
No obstante, tal como ha ocurrido
en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito
del comercio boliviano fue interrumpido en los puertos chilenos debido a la
paralización de las actividades portuarias que provocó, una vez más, la
cuestionable administración de dichos puertos, cuya operación fue entregada por
el Estado chileno a empresas privadas a principios de este siglo, a pesar del
rechazo que opuso Bolivia.
En esta ocasión, el paro fue
provocado por un desacuerdo entre las empresas privadas que operan los puertos y
los trabajadores portuarios, quienes exigen el pago de una compensación por el
menor tiempo que tienen para almorzar en comparación con los obreros de otras
industrias chilenas. De hecho, según el dirigente sindical de Puerto Central,
Sergio Vargas, lo que piden es una pausa de media hora para almorzar o
alternativamente, una compensación de hasta 21 dólares americanos en los
puertos de mayor tráfico (La Tercera, 8/04/2013). Sin embargo, los privados se
rehusaron a realizar el pago y la interrupción de los servicios portuarios, que
comenzó en Mejillones, se extendió a diez puertos más.
Finalmente, después de dos
semanas de negociaciones en las que incluso tuvo que intervenir el gobierno de
Santiago, las partes llegaron a un acuerdo que contempla una compensación de 7,6
dólares de colisión. No obstante, Vargas advirtió que el paro puede reiniciarse
en cualquier momento.
Este paro portuario, que provocó
grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano sino también al chileno, es un
claro incumplimiento de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia
de libre tránsito porque, como hemos visto, los compromisos que asumió ese país
deberían ser aplicados “en todo tiempo sin excepción alguna”. Lo cual demuestra
que el actual gobierno chileno no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer
cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas
veces lo han asegurado sus autoridades en el último tiempo.
Si bien es cierto que se debe
aplicar el principio de buena fe en la interpretación de los Tratados y
entender que ningún puerto en el mundo está exento de este tipo de
eventualidades, es también una realidad que las interrupciones portuarias se
han incrementado considerablemente desde que los puertos chilenos pasaron a
manos privadas y que, por la sensibilidad que entraña la ejecución del Tratado
de 1904 en relación al derecho de libre tránsito que, valga recordar, es una de
las exiguas compensaciones que Bolivia recibió por su amplio, rico y único
litoral; lo mínimo que debemos esperar es que Chile cumpla sus
compromisos.
domingo, 14 de abril de 2013
martes, 9 de abril de 2013
El paro portuario, una violación al Tratado de 1904
Por: Andrés Guzmán Escobari
Mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904, Chile reconoció en favor de Bolivia "y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico" (artículo 6). Adicionalmente, a través de la Convención sobre Tránsito de 1937, el gobierno chileno se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia por sus puertos "en todo tiempo sin excepción alguna" (artículo 1).
No obstante, tal como ha ocurrido en varias oportunidades desde que dichos acuerdos fueron suscritos, el libre tránsito del comercio boliviano fue interrumpido recientemente en algunos puertos chilenos debido a un paro de actividades portuarias que se prolongó cerca de dos semanas. Esta vez, el motivo fue el desacuerdo entre los trabajadores portuarios y las empresas privadas que operan esos puertos en cuanto a un pago de media hora de colación que los primeros exigen y los segundos se rehusaron a reconocer en un primer momento.
El paro portuario, que provocó grandes perjuicios no sólo al comercio boliviano sino también al chileno, es una clara violación de Chile a los convenios suscritos con Bolivia en materia de libre tránsito y demuestra, asimismo, que el actual gobierno de La Moneda no tiene entre sus prioridades cumplir y hacer cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, tal como tantas veces lo han asegurado sus autoridades.
viernes, 5 de abril de 2013
Diplomático boliviano: “Lo peor para ambas naciones sería un nuevo gobierno de derecha”
"La forma en que se ha llevado el conflicto, es la más equivocada", sostuvo Andrés Guzmán, ex miembro de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima del gobierno boliviano.
El diplomático Andrés Guzmán, ex miembro de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima del gobierno boliviano, instancia creada por el Presidente Evo Morales para preparar la demanda marítima de ese país ante el Tribunal de La Haya, señaló que la manera en que el Estado chileno y la actual administración han manejado este tema es “la más equivocada”.
“Lo peor para ambas naciones, sería un nuevo gobierno de derecha. La forma en que se ha llevado el conflicto, es la más equivocada”, manifestó Guzmán
El diplomático boliviano recalcó que la importancia de una salida soberana al mar va más allá de cuestiones económicas y tiene que ver con una necesidad de integración del pueblo boliviano.
“El atraso y el desarrollo de Bolivia no depende de una salida al mar, tampoco es por una cuestión de espacio ni territorio, sino más bien por un derecho a la integración mundial de la que Bolivia no es parte”, sostuvo.
Pese a que el Tratado de 1904 fue la piedra angular de la estrategia de Evo Morales para posicionar una salida soberana al mar, ya es público que este pacto no será parte de los argumentos que Bolivia exponga ante La Haya. Según explicó Guzmán, la demanda se remite a hechos posteriores a 1948. De igual forma, descarta recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje del mismo Tribunal, ya que considera que esta instancia no resolverá el problema de fondo.
Andrés Guzmán, economista, experto en política internacional, abordó la demanda marítima de su país y las relaciones diplomáticas con Chile en la conferencia: ¿Mar para Bolivia?, dictada en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
domingo, 31 de marzo de 2013
Posibles efectos del proyecto bioceánico
CHILE NO TIENE LIBRE TRÁNSITO EN BOLIVIA
Por: Andrés Guzmán Escobari
Bolivia no debe permitir que Chile participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que requiere ese país para circular por nuestro territorio. No hay ningún tratado que nos obligue a permitir el libre tránsito de mercadería de esa nación.
El acto de inauguración de la vía
interoceánica que tenía que llevarse a cabo en San José de Chiquitos el próximo
5 de abril con la presencia de los Presidentes de Brasil, Bolivia, Chile y Perú;
fue postergado a pedido de este último país debido a que, según dijeron sus
representantes, el Presidente Ollanta Humala tiene otros compromisos que
atender en esa fecha. No obstante, teniendo en cuenta que ese día se cumplen 134
años de la declaratoria de guerra que Chile presentó a Bolivia y Perú; más
parece que la razón de la solicitud de postergación es evitar un encuentro entre
Mandatario peruano y su homólogo chileno en un día que definitivamente no trae
buenos recuerdos para los pueblos que sufrieron las consecuencias de la
contienda iniciada en 1879.
Este hecho, que devela el desinterés
o el desconocimiento que tiene la Cancillería boliviana respecto a las implicancias
históricas que conlleva realizar una reunión con los Presidentes de Chile y
Perú en fecha 5 de abril; podría agravarse aún más si Bolivia permite que Chile
participe de la vía interoceánica sin antes negociar el permiso que requiere
ese país para circular por nuestro territorio.
En efecto, el Tratado de 1904 (art.
6) y sus acuerdos complementarios (1912, 1937 y 1953) conceden a Bolivia el más
amplio y libre derecho de tránsito por territorio y puertos chilenos en todo
tiempo sin excepción alguna, sin embargo, esos acuerdos no otorgan a Chile esa facilidad
de paso por suelo boliviano porque no fueron suscritos en reciprocidad. De
hecho, en 1955, los gobiernos de La Paz y Santiago comenzaron a conversar sobre
la posibilidad de que Chile obtenga ese derecho en nuestro territorio y
suscribieron un Tratado que, entre otras cosas, expresa el propósito de
alcanzar un acuerdo que “amplié y
facilite el actual régimen de libre tránsito de las mercaderías originarias de
uno de los dos países por el territorio del otro, para su exportación a
terceros países. Dicho sistema, comprenderá, asimismo, las facilidades
necesarias para permitir la importación de uno de los dos países a través del
territorio del otro, de mercancías originarias de terceras naciones” (Art.
2/f. Tratado de Complementación Económica Bolivia – Chile, 31/10/1955).
Por otra parte, los acuerdos multilaterales
sobre la materia que suscribieron ambos gobiernos, tampoco contienen ninguna disposición
que obligue a Bolivia a garantizar el libre tránsito de Chile por territorio
boliviano. Los convenios firmados en el marco de la Iniciativa para Integración
Regional Sudamericana (IIRSA) no mencionan nada al respecto y el Acuerdo sobre
Transporte Internacional Terrestre (ATIT) de 1977, firmado en el marco de la
ALADI por los dos países, establece claramente que el libre tránsito podrá ser
reglamentado por acuerdos bilaterales (art. 14) y deja en claro que sus disposiciones
no restringirán en ningún caso las facilidades sobre libre tránsito que “se hubiesen concedido los países
signatarios” (Art. 15).
El caso de Perú y Brasil es
totalmente diferente porque ambos países suscribieron acuerdos bilaterales con
Bolivia con el fin de otorgarse facilidades de libre tránsito recíprocamente.
Con los gobiernos peruanos se suscribió el Tratado de Comercio y Aduanas de
1905 (Art. 2), el Convenio sobre Tráfico Comercial por Mollendo de 1917 (art.
1), el Convenio de Tránsito de 1948 (art. 7) y el Convenio Gran Mariscal Andrés
de Santa Cruz de 1992; y con el Estado brasileño se firmó el Tratado de
Amistad, Límites, Navegación, Comercio y Extradición de 1867 (Art. 6), el
Tratado de Petrópolis de 1903 (Art. 5), el Convenio de Libre Tránsito
Terrestre, Fluvial y Aéreo para Carga de 1958 y el Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica N°36, éste último suscrito entre Bolivia y
los países del MERCOSUR en 1996 (Art. 6).
Por tanto, aunque en 1955 Chile
manifestó formalmente su deseo de obtener el derecho de libre tránsito por
territorio boliviano, éste nunca le fue reconocido y, por consiguiente, no
sería acertado que nuestro gobierno le conceda ese derecho ahora para permitir
su participación en la vía interoceánica, porque desecharía uno de los pocos
elementos de negociación que tiene Bolivia para recuperar una salida soberana
al mar y le facilitaría enormemente las cosas a un país que muy pocas veces en
la historia demostró ser amigo de Bolivia.
Al respecto, es importante
considerar que Chile mantiene un gran interés por obtener el derecho de libre tránsito
en territorio boliviano porque, además de la manifestación de 1955, hace poco,
cuando el Presidente Morales anunció que no invitaría a Piñera porque tres
soldados bolivianos permanecían
detenidos en Chile, la Cancillería de Santiago protestó enérgicamente ante
sus pares de La Paz y Brasilia para que también tomen en cuenta a su Presidente.
Si bien es cierto que las
autoridades bolivianas mantuvieron su decisión de dejar fuera del proyecto
bioceánico a Chile incluso después de invitar al Presidente Piñera al evento
inaugural, el hecho de que el Mandatario chileno asista y que posiblemente
Brasil intente presionar al Presidente Morales para que acepte incluir al país
del Mapocho; son factores que podrían propiciar que Bolivia termine autorizando
el libre tránsito de mercancías chilenas por territorio boliviano, sin que ello
genere un beneficio mayor al estrictamente comercial para nuestro país.
Es importante aclarar que la idea
de aprovechar esta situación en nuestro beneficio, no es una posición inspirada
en la mezquindad, sino en la convicción de que ya es hora de actuar en función a
nuestros intereses nacionales y a la historia que nos muestra que los errores
políticos del pasado permitieron que Chile se desarrolle a nuestra costa y, en
muchos casos, incluso en detrimento de nuestros propios intereses.
Por tanto, lo más inteligente
sería poner las cosas en claro para que Chile entienda, desde un principio, que
si quiere ser parte de la carretera bioceánica y llegar a un buen entendimiento
con Bolivia; tiene que necesariamente ofrecer algo de valor estratégico para nuestro
país, como una zona portuaria con autonomía, un muelle como el que Perú tiene en
el puerto de Arica o por último, por qué no, un acceso soberano al mar.
jueves, 28 de marzo de 2013
La trampa que Evo Morales le tendió a Piñera
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Tercera
Publicado en La Tercera
El pasado 23 de marzo, día en que se cumplieron 134 años de la batalla de Calama; el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en los próximos días su gobierno presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile para recuperar un acceso soberano al mar. Ante lo cual, el Presidente chileno, Sebastián Piñera, respondió "El supuesto derecho de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno, así como la pretendida obligación que tendría el Estado de Chile a negociar al respecto, carece de todo fundamento tanto histórico como jurídico” y antes de advertir que su país y su pueblo defenderán “con toda la fuerza de la unidad su territorio, su mar, su cielo y su soberanía”, remató: “Chile cumple y hará cumplir el Tratado de 1904” (La Tercera, 24/03/2013).
Las palabras de Piñera, no sólo denotan un menosprecio o incluso una subestimación a lo que Bolivia podría hacer en el ámbito jurisdiccional – actitud que ya le costó a Chile ser enjuiciado por Perú ante ese mismo Tribunal -; sino que además demuestran que Evo Morales logró hacerle creer que Bolivia cuestionará la validez y/o la vigencia del Tratado de 1904.
Primero, sería demasiado inocente creer que Bolivia puede de alguna manera solicitar a un tribunal internacional la revisión de un tratado que, a diferencia de su contraparte, ha cumplido y respetado durante más de 100 años; y segundo, a estas alturas, después de que Bolivia retiró su reserva al artículo 6 del Pacto de Bogotá, tampoco puede acudir a la Corte de La Haya para impugnar un tratado que entró en vigencia mucho antes que dicho Pacto, pues esa es precisamente una de las restricciones que contiene ese acuerdo firmado en la capital colombiana el 30 de abril de 1948 (Art. 6).
Suponiendo que Piñera conoce estos argumentos ¿Por qué insiste en que hará cumplir el Tratado de 1904? La respuesta sólo puede ser una, el Mandatario chileno no ha considerado cuáles podrían ser los verdaderos argumentos jurídicos de Bolivia y sigue pensando que el gobierno de Morales intentará impugnar el acuerdo que reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre el vasto, rico y único litoral boliviano.
Nada más insólito y sorprendente, pero cierto. La estrategia de Evo Morales por distraer la atención de Chile hacia el Tratado de 1904 fue todo un éxito. Comenzó en febrero de 2009, cuando el propio Morales promulgó la nueva Constitución boliviana que, en su artículo 267, declara el derecho del Estado Plurinacional de Bolivia “sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo” y en su disposición transitoria novena aclara: “En el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo, éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”.
Después de esta señal, no hubo más cuestionamientos al famoso tratado hasta el 23 de marzo de 2011, día en que el Presidente boliviano anunció por primera vez su intención de recurrir a los tribunales internacionales para demandar a Chile. Pero a partir de esa fecha, Morales aprovechó absolutamente todas las oportunidades que tuvo (la última suscitada con la detención de tres soldados bolivianos en Chile) para decirle al gobierno chileno y al mundo que el Tratado de 1904 es injusto, impuesto e incumplido.
De hecho, resulta comprensible que cualquier ciudadano – pero no un Presidente – de un Estado de Derecho con instituciones fuertes que verdaderamente respetan las normas constitucionales, dé por descontado que las disposiciones de la Carta Magna son algo casi o totalmente sagrado. Sin embargo, ese cálculo no se aplica a la lógica política del actual gobierno boliviano que sabe que puede modificar cualquier “contradicción constitucional” a través del Congreso que tiene bajo su control, y que muy hábilmente utiliza cualquier recurso para confundir a sus potenciales adversarios, incluyendo en este caso a la mismísima Constitución.
Todo ello, sumando a la conciencia de quien se sabe culpable de no cumplir el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, hicieron que Piñera caiga en la trampa de Evo Morales.
lunes, 18 de marzo de 2013
La mosca molestosa
Por: Andrés Guzmán Escobari
Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con dos expertos del tema marítimo boliviano, el excanciller de la República Javier Murillo de la Rocha y el reconocido historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón, con quienes compartí algunas impresiones sobre la detención y posterior liberación de los tres militares bolivianos en Chile; y aproveché para preguntarles su opinión acerca de la política defensiva que está aplicando el Gobierno de Santiago frente a los constantes ataques de Bolivia, que básicamente consiste en responder a todas las ofensivas, algunas veces con “cierta indignación”, y recientemente, brindándole al presidente Morales una inmejorable oportunidad para traer a colación el conflicto marítimo boliviano al encarcelar a nuestros soldados. Actitud que contrasta notoriamente con la política de absoluta indiferencia adoptada por el Gobierno de EEUU ante las insinuaciones, también recurrentes, que recibe de las autoridades bolivianas.
Prudencio respondió que la actitud del Gobierno chileno obedece a factores de política interna, pues la administración de Piñera necesita subir en las encuestas de popularidad de cara a las elecciones presidenciales; y es evidente que mostrarse firme ante los reclamos de Bolivia y decir que no existen temas pendientes tiene una alta rentabilidad política, en términos de apoyo popular.
Por su parte, Javier Murillo fue mucho más gráfico y dijo: “La respuesta es fácil, águila no mata mosca”, en referencia a que Estados Unidos sería el águila y Bolivia la mosca. “No importa cuánto intente la mosca incomodar al águila, este último nunca reaccionará”.
Después de reflexionar sobre estas dos respuestas, que en un principio parecían incompatibles, llegué a la conclusión de que se podría explicar esta situación imaginando que Chile es una vaca, la cual, en su intento por espantar a la mosca con su cola, la incentiva más a seguir incomodando. De hecho, la mosca intentó molestar al águila desde 2006 pero, ante su aburrida indiferencia, en 2011 decidió centrar sus ataques en la vaca, que sí le presta atención.
Por su parte, la vaca, con el propósito de subir en las encuestas de popularidad de su país, muge “con cierta indignación” que no hay temas pendientes y da fuertes coletazos para espantar a la mosca, la cual sólo atina a persistir con todas sus fuerzas en su intento por molestarla; y así, ambas logran despertar la atención de los demás animales de la selva latinoamericana y del mundo, quienes advierten que hay un serio problema entre la vaca chilena y la mosca boliviana que, por el bien de la integración regional y la convivencia pacífica, debe resolverse.
jueves, 14 de marzo de 2013
Régimen de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos
Por: Daniel Agramont Lechin (1)
¿Es Verdaderamente
Chile un país respetuoso de los tratados internacionales?
A pesar de
que el tema de fondo del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile fue y seguirá
siendo el enclaustramiento geográfico boliviano resultante de la Guerra del
Pacífico, es también digno de atención el cumplimiento que Chile da a los
compromisos que asumió mediante la firma del Tratado de 1904 y sus acuerdos
complementarios. Este tema se justifica aún más bajo la coyuntura actual en que
autoridades chilenas aseguran con gran soberbia que “Chile es un país serio que
respeta los tratados internacionales” y también que “Chile no tiene temas
pendientes con Bolivia”.
A
partir de 1879, Bolivia es privada de su costa marítima y recién con la firma
del Tratado de 1904 en compensación, recibe un tratamiento diferenciado en
Chile, el cual le otorga ventajas en cuanto al tránsito de personas y
mercancías. Para hacer una breve explicación de este régimen especial de
tránsito, se puede mencionar que tiene como punto de partida el referido Tratado
de 1904 en el cual Chile reconoce en favor de Bolivia - y a perpetuidad -“el
más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos
del Pacífico” (artículo VI), además de que Bolivia tiene el derecho de
constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para su comercio
(artículo VII). Posteriormente ese derecho fue reglamentado bilateralmente con
la firma de varias convenciones de tránsito. Se puede citar que en 1912 Chile
amplía lo acordado en el Tratado de 1904 y se establece que “garantiza
el libre tránsito por su territorio de las mercaderías extranjeras que se
desembarquen con destino a Bolivia, o que; procedentes de este país se
embarquen para el extranjero por todos los puertos mayores de la República”
(artículo I), además de otorgar un año de almacenamiento gratuito a las importaciones y exportaciones
bolivianas en tránsito (artículo XII). Además, en 1937 se firma otra convención
en la cual el Estado chileno ratifica que “reconoce y garantiza el más amplio y
libre tránsito a través de su territorio y puertos mayores para las personas y
cargas que crucen por su territorio de o para Bolivia, en todo tiempo sin excepción
alguna” (artículo I) y otorga a Bolivia la jurisdicción para el cuidado,
fiscalización y responsabilidad de su carga que será ejercida a través de la
Agencia Aduanera del Estado Boliviano (artículo IV-d).
 |
| Puerto de Arica |
A pesar
del marco general de aplicación establecido por estos tratados, el régimen
especial de tránsito del cual gozaban las importaciones y exportaciones
bolivianas comenzó a experimentar dificultades en su aplicación desde los años
70 resultando en serias denuncias de incumplimiento por parte de Bolivia en
contra de Chile. La intermediación de la CEPAL y la elaboración conjunta del
Manual Operativo del Sistema Integrado de Tránsito en 1976, - actualizado en
1993 - pareció haber dado una solución estructural al problema de
arbitrariedades por parte de Chile en cuanto al manejo de la carga boliviana.
No obstante, en 2004 Chile culmina una serie de acciones unilaterales que
pueden ser consideradas como una falta gravísima no sólo al ordenamiento
jurídico vigente entre ambos países sino también a la práctica consuetudinaria
del manejo de la carga boliviana en tránsito. Específicamente nos referimos a
la modernización del sector portuario en Chile que, sin contemplar diferencias
entre Arica y Antofagasta con los demás puertos chilenos, fue llevado a cabo de forma unilateral, modificando toda la
operativa portuaria y comercial utilizada hasta ese momento. Tal como sucedió
en el pasado y sucede actualmente, en ese entonces Bolivia vuelve a la denuncia
de violación de los tratados por parte de Chile.
Para poder entender cuál fue el cambio brusco realizado por
el Estado chileno, es necesario hacer una breve descripción de su sector
portuario. En síntesis podemos mencionar que el modelo portuario chileno
experimentó en las últimas tres décadas varios cambios que giraban alrededor de
una mayor o menor participación estatal. Antes de 1981 era el estado el que
proveía los servicios portuarios a través de EMPORCHI que ejercía un monopolio
no solo en cuanto a la administración y operación portuaria, sino también en cuanto
a la provisión de infraestructura. Posteriormente, a través de la Ley 18.042 de
1981 se establece un sistema de múltiples operadores privados, lo que rompía el
monopolio del Estado e introducía competencia en los puertos. Finalmente, en
1990 con la Ley 18.966 se estableció que el Estado chileno a través de EMPORCHI
se encargaría únicamente de administrar la infraestructura portuaria y de
almacenamiento, dejando a empresas privadas las operaciones portuarias. (2) Es importante resaltar que aunque estos tres cambios
afectaban directamente al comercio boliviano -amparado en tratados
internacionales-, el Estado chileno realizó estas reformas internas sin
realizar consultas.
Sin embargo, en 1997 Chile decide avanzar aún más y aprueba
la Ley 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal
que realiza un cambio drástico en el modelo aplicado hasta ese entonces y
reduce el papel del Estado al mínimo posible, dejándolo solo como un
fiscalizador de empresas privadas a las cuáles les entrega por un tiempo
determinado la administración y operación de cada uno de los 14 puertos mayores
del país. En otras palabras, una empresa privada sería la que provea no
solamente la transferencia de carga sino también la infraestructura necesaria
para el desarrollo normal de las operaciones portuarias, teniendo como
requisito primordial el compromiso inversión. El motivo, a decir de los propios
chilenos, era que sus puertos estaban quedando rezagados y obsoletos para los
requerimientos del comercio internacional debido a la baja inversión por parte
del Estado. Pese a que este modelo de liberalización de los servicios
portuarios (comúnmente conocido como “Landlord”) fue aplicado en varios países
del mundo, para Chile existía una gran restricción que debía ser tomada en
cuenta y que era precisamente el famoso Tratado de 1904 y todos los convenios
posteriores. Lo que ocurrió finalmente es que, haciendo caso omiso del régimen
de libre tránsito del que gozaba Bolivia, Chile inicia el proceso de
privatización de todos sus puertos mayores.
Desde el
anuncio del Estado chileno sobre la aplicación de esta ley a los puertos de
Arica y Antofagasta, el rechazo en Bolivia fue unánime. Tanto el gobierno como
los empresarios privados se pronunciaron en contra de un atropello de esta
naturaleza no sólo porque se constituía en una violación clara al régimen de
libre tránsito que Bolivia tiene por territorio y puertos chilenos, sino porque
en la práctica iba afectar de manera significativa al comercio boliviano en
tránsito.
Cabe
preguntarse qué podía haber hecho Bolivia ante este avance avasallador por parte
de Chile, que en medio de conversaciones oficiales entre gobiernos había decidido
unilateralmente avanzar en el proceso de privatización. Como siempre, hicimos
lo único que podríamos hacer, llevar el caso a organismos internacionales
pidiendo su mediación y amenazando con desviar nuestra carga por puertos del
sur del Perú. El entonces Canciller Siles advirtió
a modo terminante que “si en el encuentro de vicecancilleres de Chile y
Bolivia, nuestro país no accede a detener el proceso de concesión del Puerto de
Arica, nuestro Gobierno presentará quejas ante la ONU y la OEA.” Incluso
manifestó que Bolivia podría recurrir a un arbitraje internacional, en caso de
no conseguir su objetivo. (3)
A pesar de los constantes reclamos de Bolivia, ya son
casi 8 años desde que el régimen de libre tránsito - cuyo marco legal está
constituido no sólo por los varios tratados firmados entre ambos países sino
también la costumbre internacional - fue perforado por el Estado chileno,
debido a que traspasó a empresas privadas
el cumplimiento de sus obligaciones que emanan de tratados
internacionales, específicamente su obligación de “garantizar el más amplio y
libre derecho de tránsito en todo tiempo sin excepción alguna”. Si bien antes era
el Estado el que se encargaba de las inversiones en los puertos, a partir de
2004 esto fue delegado a operadores portuarios privados, quienes a su vez incrementaron
las tarifas del servicio para poder financiarlas. Lo anterior significa en la
práctica que actualmente los comerciantes bolivianos que utilizan estos puertos son
quienes n financian la provisión de infraestructura. Empeorando aún más las
cosas para el puerto de Arica, el Estado chileno decide entregar las
operaciones de forma exclusiva a una sola empresa por un plazo de treinta años,
imponiendo así un monopolio a todas las importaciones y exportaciones
bolivianas que pasan por este puerto.
 |
| Puerto de Antofagasta |
Adicionalmente,
la privatización de los puertos en Chile logró que el Estado boliviano pierda la
jurisdicción y competencia que tenía sobre su carga. Si bien en el pasado,
tanto la ex AADAA como la actual ASP-B, realizaban licitación pública internacional
para el manejo de carga a nombre del Estado boliviano, a partir de 2004 el
operador de cada puerto responde únicamente a la empresa estatal chilena que
está encargada de fiscalizarla.
Ante los
hechos anteriormente descritos, ¿cómo es que autoridades chilenas pueden seguir
afirmando con orgullo y prepotencia que Chile es un país respetuoso de los
tratados internacionales? Más aún, ¿cómo pueden las autoridades chilenas insistir
en retomar el diálogo? ¿Por cuántas décadas más? Tomando un solo ejemplo -el
caso de los puertos- encontramos que Chile sí tiene temas pendientes. Desde
2004 Bolivia solicita en cada reunión bilateral oficial la anulación de la privatización
de estos puertos pero siempre encuentra una respuesta negativa y soberbia por parte
de Chile. (4)
Si bien es
algo inobjetable que un Estado tiene la soberanía para realizar los cambios en
sus políticas dentro de su territorio, contemporáneamente es también inadmisible
que emprenda acciones unilaterales en temas que están claramente incluidos en
tratados internacionales y que afectan a los intereses de terceros países. Podemos
evidenciar que la estrategia boliviana para afrontar el diferendo marítimo, tal
como fue expresada por el Presidente Morales en la CELAC, tiene varios argumentos
concisos de violación a los tratados vigentes por parte de Chile, que pueden
ser bien utilizados en la futura demanda en una corte internacional.
(1) Economista, experto en temas portuarios
(2) CARRILLO, IRIS y SANTANDER, ASTRID. MODERNIZACIÓN PORTUARIA EN CHILE. Sínt. tecnol., nov. 2005, vol.2, no.2, p.63-68. ISSN 0718-025X.
(3) http://www.estrellaarica.cl/site/edic/20040211032857/pags/20040211033654.HTML
(4) Acta de la XII Reunión del Grupo de Libre Tránsito, 2011
lunes, 11 de marzo de 2013
Detención de soldados, el error y la falta de profesionalismo chilenos
Por: Ricardo Aguilar Agramont
Un incidente en las fronteras fue tratado por Chile fuera de toda norma internacional. El error diplomático dejó servida una situación para poner en evidencia su mala predisposición y resaltar la demanda marítima de Bolivia.
El 10 de febrero, en esta misma sección de Animal Político, se publicaron dos artículos en los que se ponía en evidencia un número de contradicciones que parecen dar forma a una conducta recurrente de la diplomacia chilena cuando trata el tema marítimo que tiene pendiente con Bolivia. Adicionalmente, en esos mismos artículos se mostraba cómo la administración de Sebastián Piñera era la síntesis de los contrasentidos respecto de su diplomacia sobre el mar y el país o cualquier asunto que pueda relacionársele. Así, la crisis de la detención y posterior liberación de los tres soldados bolivianos deja al desnudo otras antítesis del actual Gobierno transandino y la falta de profesionalidad de su Cancillería.
El expresidente Carlos Mesa opina que el modo en que Chile manejó el conflicto “es uno de los errores más significativos de la diplomacia chilena en su relación con Bolivia”. El 25 de enero fueron detenidos los soldados Álex Choque (20), Augusto Cárdenas (18) y José Luis Fernández (18), quienes permanecieron privados de libertad hasta el 1 de marzo, y parte del arresto estuvieron encerrados en una cárcel de alta seguridad, Alto Hospicio de Iquique. En dicho periodo, los dimes y diretes entre Evo Morales y Piñera no fueron escatimados.
Estos casos siempre se resuelven vía cancillerías, sin embargo, Chile quiso dar “una lección a Bolivia”, dice Andrés Guzmán Escobari, diplomático y economista. “Todo esto demuestra que la diplomacia chilena no es esa diplomacia profesional que pretenden, sino que comete errores y muy grandes, como en este caso”.
“Este mal cálculo político les salió mal, pues sirvió a Morales para hacer un escándalo mayor y sacar a flote, lo cual apoyo, que la nación chilena tiene una cuestión pendiente con el país, es decir, el tema marítimo”, juzga el analista. Según el excanciller Javier Murillo de la Rocha, se “magnificó un incidente menor” en lo que “ambas partes” tendrían responsabilidad.
“Lo que correspondía hacer es seguir el canal diplomático, es decir, que una de las partes, en este caso Bolivia, envíe una nota explicando la circunstancia en que se traspasó la frontera —durante un operativo de lucha contra el contrabando— y se pida una disculpa. (Bolivia lo hizo) Chile debió haber aceptado esas explicaciones, las cuales además fueron públicas”, dice.
No sucedió un arreglo —continúa— porque el “clima político estaba enrarecido desde la cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Santiago. Chile reaccionó mal” llevando el asunto a estrados judiciales y “Bolivia también ayudó” a que se haga un “conflicto mayor”.
En efecto, a finales de enero, Morales y Piñera entablaron una polémica sobre el tema marítimo en la cumbre de la Celac. Esto empeoró las maltrechas relaciones bilaterales. Los soldados detenidos en Chile sólo fueron la cereza de la crisis diplomática que venía incluso de antes de la cumbre de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 2012 en Cochabamba y tiene su origen cuando Chile se retiró de la comisión binacional que trabajaba la agenda de los 13 puntos.
Formas. Mesa afirma que en un caso como éste, en que soldados bolivianos pasan la frontera de un país cumpliendo una labor específica como la lucha contra el contrabando y habiendo documentos binacionales en los que se habla de cooperación mutua, la circunstancia indica que hay que resolver el asunto con una llamada entre las cancillerías y devolviendo a los soldados en 48 horas.
“Es un incidente que ha sucedido repetidas veces. El Gobierno chileno, sorprendentemente, decide mandar a la justicia ordinaria a los soldados con una figura jurídica absolutamente incorrecta: ‘ciudadanos armados que entran a territorio chileno’”.
En su criterio, la única posibilidad habría sido “vulneración de la soberanía de Chile”, lo cual lleva a un conflicto internacional. En cuanto a cómo trató Bolivia el asunto, Mesa señala que discrepa en la forma (“las acusaciones tienen un tono que no es el adecuado”), aunque en el fondo está “totalmente” de acuerdo con lo que se hizo.
La internacionalista Karen Longaric asegura que el desarrollo de la crisis ha puesto “en evidencia ante la comunidad internacional a un gobierno chileno adverso a Bolivia”. “La situación no merecía llegar a niveles tan desagradables. Bolivia, al contrario, no ha cometido ningún error más allá de algunas expresiones del reclamo, pero fue muy serena su reacción”.Longaric califica el proceder chileno de “agresivo y con una predisposición evidente”.
“Es absurdo que se trate con tanta severidad a tres soldados jóvenes con un arma, como si fuera un batallón. Chile no pudo manejar correctamente un tema que es cotidiano en las fronteras”, considera Longaric.
Afirma que los mecanismos diplomáticos usuales en este tipo de casos, “que son frecuentes”, son los siguientes: primero se debería haber demandado un peritaje binacional para determinar si el lugar en que fueron privados de libertad era Bolivia o Chile (“¿por que no dudar?”). Si era territorio chileno, entonces se pedía las disculpas respectivas y se solicitaba que los bolivianos retornen. “Jamás correspondía que se acepte la justicia chilena para dirimir el problema porque en primer lugar se trataba de militares al servicio del Estado”, asegura Longaric.
Además, dice que tampoco corresponde nunca un trato como el que recibieron los tres conscriptos (encerrados en una cárcel de máxima seguridad y llevados a declarar enmanillados). “A todas luces, ha sido un trato hostil, nada usual en el derecho internacional. Lo correcto es que estos conflictos se arreglen rápido y mediante cancillerías. La actitud chilena ha sido totalmente errónea con un proceso abusivo”. Acerca de la posterior liberación condicionada que falló la justicia de Chile, afirma que las normas “no se expresan con figuras de ese tipo nunca”.
Fue un “claro triunfo” para Bolivia, asevera Guzmán, porque —en su criterio— se captó la atención de la comunidad internacional sobre el enclaustramiento del país. El caso particular de los soldados “no será central”, pero hizo visible el tema de fondo. “Mientras más duraba la detención, Morales aprovechaba inteligentemente y Chile y su diplomacia quedaban peor. Ahora, bien, cuestionan que el Presidente haga un uso político del tema, pero si los chilenos le dan servido en bandeja, es lógico hacerlo”.
¿Ganador?
El excanciller boliviano Armando Loayza culpa a las dos partes de no haber resuelto la polémica por la vía diplomática. “Ha sido un incidente desafortunado en el que no han funcionado los mecanismos que Bolivia y Chile habían diseñado durante años y que se plasmaron en la Agenda de los 13 puntos”.
No corresponde decir quién tenía la razón —sostiene— porque Bolivia puede argumentar que se violaron tratados internacionales mientras que el Gobierno chileno, que, por encima de los tratados, está la soberanía del territorio de un Estado. “Bolivia es el que más pierde porque Chile está en la posición más dura de los últimos años”.
Guzmán y Longaric coinciden en que Chile vulneró el acuerdo de 1937 para luchar, junto a Bolivia, contra el contrabando. “En este caso, vemos que no se ha colaborado con la nación; al contrario, han facilitado las labores del contrabando. Ningún contrabandista fue detenido”, cuestiona el diplomático.
En efecto, Chile violó el tratado bilateral que dice que se debe brindar ayuda mutua en la lucha contra el contrabando, afirma la internacionalista.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, denunció el domingo que Chile violó la Convención de Viena sobre derechos internacionales al obligar a los tres soldados a renunciar a cualquier beneficio que pueda ser otorgado por el Consulado de Bolivia en su país. También mencionó que vulneró la Convención Interamericana sobre la asistencia mutua en materia penal; la Convención de Palermo suscrita en 2000, en la que se establece la cooperación entre Estados en la lucha contra los delitos transnacionales, y el Acuerdo de Asunción en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se refiere a la represión al contrabando.
Parece ser que el alejamiento entre ambas naciones no tiene reconciliación hasta un cambio de gestiones, el cual está cercano en ambos casos: Piñera termina su administración a fin de año, mientras que en Bolivia hay elecciones generales en diciembre del próximo año.
Morales ya manifestó que habrá un acercamiento con Chile cuando Piñera termine su gestión. De algún modo, este escenario desfavorable, puede ser tomado como una oportunidad para retomar el diálogo y la tranquilidad, así lo consideran Murillo de la Rocha, Loayza y Mesa.
De hecho, éste es el último año de la gestión de Piñera y las elecciones generales del país son en diciembre de 2014. El vaticinio que hace Hugo Gutiérrez, el diputado chileno del Partido Comunista que alojó por unos días a los tres soldados cuando fueron liberados con medidas cautelares, depara un buen futuro: “La oposición retomará el poder este noviembre y Chile volverá al camino del entendimiento con Latinoamérica”.
La oposición a la que se refiere el legislador está liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, con quien Morales diseñó la frustrada agenda de 13 puntos, que por primera vez en la historia de las discusiones bilaterales incluyó la demanda marítima boliviana en el debate.
‘Esta vez Chile cometió un error muy grave’: Carlos Mesa, expresidente de Bolivia
Éste (el manejo del conflicto desatado por la detención de los tres soldados bolivianos) es uno de los errores más significativos de la diplomacia chilena en su relación con Bolivia, la cual siempre ha sido compleja. Este país siempre se había cuidado de no generar problemas en ocasiones con circunstancias similares: en este caso cometieron un error muy grave”.
‘No se probó si el lugar era Chile o Bolivia’: Karen Longaric, experta en derecho internacional
Bolivia puede pedir que se conforme una comisión binacional para verificar el lugar en que fueron detenidos los soldados y así comprobar si era territorio chileno o no, lo cual nunca se determinó. Tenemos que tener esa duda legítima, más aún cuando uno de los conscriptos declaró que nunca llegaron a cruzar la frontera. Jamás correspondía haber aceptado la justicia chilena.
‘Nuestro país es el que sale perdiendo más’: Armando Loayza, excanciller de Bolivia
Creo que con el conflicto de los soldados es Bolivia el que sale perdiendo más, pues Chile ha retrocedido a sus posiciones más extremas. Hablan de “no ceder un centímetro de costa”, “nada de soberanía...”. No funcionaron los mecanismos diplomáticos, a pesar de que hubo contactos, lo cual es muy penoso. Se dañaron gravemente las relaciones. Ambos son perdedores.
‘Chile debió aceptar las explicaciones’: Javier Murillo de la Rocha, excanciller de Bolivia
Chile debió aceptar las explicaciones, que además fueron públicas, de que se traspasó la frontera sin que haya sido deliberadamente y que se estaba persiguiendo al contrabando. Después, el país vecino debió haber hecho una entrega de los soldados. Pero no fue así por la tensión previa que llevó a que se magnificara el incidente y que las partes no reaccionaran con tranquilidad.
‘El Gobierno chileno no respeta a su justicia’: Andrés Guzmán Escobari, diplomático y economista
La justicia chilena no ha demostrado ningún delito, sin embargo, las autoridades de su Ejecutivo, el canciller Moreno y Piñera siguen hablando de un crimen, por lo que se concluye que sus autoridades no respetan las decisiones de su propia justicia. Con eso no sólo faltan al respeto a nuestros soldados, sino también a su Poder Judicial porque deberían presumir la inocencia de los soldados.
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