A un año del fallo de La Haya

Tras un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile", se realizó un análisis de la situación en las siguientes entrevistas, en las que tuve el honor de compartir criterios por un lado con la reconocida académica Karen Longaric y por el otro con el analista Yerko Ilic y el abogado Iván Lima.   

En el café de la mañana de FIDES, 01/10/2019

En dos tercios de Erbol, 29/09/2019 

El cumplimiento de los ODS en Bolivia

Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. 

Por Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Desde 2006, Bolivia ha procurado adoptar un papel activo en la lucha global contra el cambio climático, tratando de posicionarse como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, este enfoque ha estado marcado por una retórica confrontacional y una falta de coherencia entre el discurso internacional y las políticas internas. A pesar de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y haber mantenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP), así como de adherirse al Acuerdo de París en 2016, Bolivia enfrenta el desafío de alinear su política exterior con acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible y reduzcan su vulnerabilidad climática. En la siguientes líneas se examinan las etapas de la política climática boliviana desde 2006, desde el punto de vista del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en el informe global de 2018.

Entre 2006 y 2011, la política exterior boliviana se caracterizó por un discurso radical que identificaba al capitalismo como la raíz del cambio climático. Este enfoque, aunque tuvo aceptación en ciertos círculos del ámbito regional, no se tradujo en acciones efectivas a nivel interno. Bolivia se opuso firmemente a los mecanismos de mercado, como los derechos de emisión de CO2, argumentando que mercantilizaban la naturaleza. Sin embargo, esta postura no estuvo acompañada de una estrategia clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni para diversificar su economía, altamente dependiente de la explotación de recursos naturales. Durante negociaciones como la COP15 (Copenhague, 2009) y la COP16 (Cancún, 2010), Bolivia adoptó una postura agresiva, criticando a los países desarrollados por su falta de responsabilidad climática. Aunque logró apoyo de algunos países aliados, su enfoque confrontacional terminó aislándola y limitando su capacidad de influencia.

A partir de 2012, Bolivia ingresó en una nueva etapa, moderó su retórica, pero mantuvo su enfoque en la justicia climática y la defensa de los países más vulnerables. Sin embargo, persistieron las contradicciones entre su discurso internacional y sus políticas internas. Mientras el gobierno promovía la expansión de la frontera agrícola, la industrialización de los recursos naturales y la explotación del gas natural y el litio, su discurso en foros internacionales criticaba el extractivismo y abogaba por un modelo de desarrollo sostenible. La contradicción se profundizó con las quemas y desmontes en la Chiquitania, la depredación aurífera en áreas protegidas y los conflictos con comunidades originarias. Estos hechos erosionaron la credibilidad de la política climática boliviana.

El Informe de Desarrollo Sostenible 2018 ofrece un marco global para evaluar los avances de Bolivia en los ODS. En materia de cambio climático (ODS 13), la situación es crítica: las emisiones globales siguen aumentando, y Bolivia es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. En biodiversidad (ODS 15), la deforestación y la pérdida de hábitats siguen siendo preocupantes, particularmente en la Amazonía y la Chiquitania. En energía (ODS 7), si bien Bolivia ha logrado avances en el acceso a la electricidad, la transición hacia fuentes renovables es aún limitada. En agua y saneamiento (ODS 6), persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. En reducción de la pobreza (ODS 1) y hambre cero (ODS 2), Bolivia mostró progresos, pero la vulnerabilidad climática amenaza con revertir estos logros.

La adhesión de Bolivia al Acuerdo de París en 2016 representó un paso importante, pero no resolvió las contradicciones estructurales de su política climática. El país defendió en las COPs un enfoque de justicia climática, resaltando la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Sin embargo, la falta de políticas domésticas para reducir emisiones y mitigar la deforestación debilitó la coherencia de su postura. La resistencia a los mecanismos de mercado, respaldada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cerró la puerta a fuentes de financiamiento climático que podrían haber apoyado proyectos de adaptación y mitigación.

Bolivia ha construido un discurso internacional singular, basado en la defensa de la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque, plasmado en la Constitución de 2009 y en la Ley N.º 71, es innovador en el plano normativo. Sin embargo, la implementación práctica ha sido deficiente. La contradicción entre un marco legal avanzado y una política económica basada en el extractivismo expone la fragilidad de la gobernanza ambiental en Bolivia. El país se enfrenta a un dilema: sostener un discurso de justicia climática mientras su modelo de desarrollo reproduce los patrones que critica.

Actualmente, Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. El cumplimiento de los ODS requiere una transformación profunda de su modelo de desarrollo, que integre conservación ambiental, diversificación económica y fortalecimiento institucional. La credibilidad internacional de Bolivia dependerá de su capacidad de pasar del discurso a la implementación real de políticas climáticas efectivas, capaces de proteger tanto a su población como a la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Solo así podrá contribuir de manera coherente a la lucha global contra el cambio climático y avanzar hacia las metas de la Agenda 2030.

Mar y proceso electoral en Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en la revista Realidad y Perspectivas de Chile (Julio 2019 N° 75)

Evo Morales y Carlos Mesa en 2015, Fuente: La Razón 

A menos de tres meses de las elecciones generales en Bolivia, hay dos candidatos con posibilidades de obtener la victoria, Evo Morales del MAS-IPSP y Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Si no ocurre nada extraordinario, uno de estos dos personajes gobernará la nación andina y amazónica entre 2020 y 2025, cuando se cumplan 200 años de su independencia. 

Un asunto siempre presente en el proceso electoral boliviano, aunque esta vez no tan inserto en el debate, es el más que centenario tema marítimo, que en Bolivia es casi como una religión. 

La menor consideración de este tema en la campaña electoral se debe, sin duda, al desastroso resultado obtenido en la Corte Internacional de Justicia, donde se desestimaron todos y cada uno de los argumentos presentados por Bolivia en el caso “Obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”. Esto tuvo un efecto desalentador para todos quienes creímos, en su momento, que aquel era un buen camino para llegar al mar, incluidos Morales y Mesa, con muy distintos niveles de responsabilidad. 

Pese al desaliento, todos los partidos políticos que se han manifestado al respecto en sus planes de gobierno, tanto de derecha como de izquierda, han dejado en claro que este es un tema irrenunciable. Desde la alianza derechista Bolivia Dice No que lo considera como “una cuestión de interés permanente e irrenunciable”, hasta el izquierdista MAS, que afirma que “Bolivia continúa su lucha irrenunciable y patriótica por una salida soberana al océano Pacífico”. 

Pero si bien hay consenso sobre la irrenunciabilidad del tema, existen grandes discrepancias respecto a las propuestas de solución. Por ejemplo, mientras el Partido Demócrata Cristiano descarta la vía diplomática y plantea una “hipótesis de guerra”, la Unión Cívica Solidaridad recomienda “recomponer y restablecer relaciones bilaterales”. 

Ahora, retomado el análisis de las candidaturas con posibilidades de ganar, tenemos al oficialista MAS ante la inevitable necesidad de defender su obra, aunque ésta no haya sido la que todo el país esperaba. La opositora CC, tampoco se muestra muy cómoda con el tema, debido a que su principal candidato tuvo un papel destacado, aunque no determinante, en el fallido intento de obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Así, el programa de gobierno del MAS destaca que, por primera vez en la historia, una Corte Internacional, “reconoció que Bolivia nació a la vida independiente con mar”; que ese tribunal “reafirmó que ningún Tratado ha resuelto el tema”; y que habría recomendado, “continuar el diálogo para resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia”. 

Por su parte, Comunidad Ciudadana plantea adoptar “una política exterior autónoma, democrática y plural, respetuosa del derecho internacional” y “salir de los alineamientos ideológicos para, de manera pragmática, diversificada y siguiendo el interés nacional, recuperar la capacidad de diálogo político y diplomático en torno a los valores de una agenda común”. 

Considerando las diferencias en las propuestas de las dos opciones mejor posicionadas en las encuestas, podemos afirmar que el resultado de las elecciones del próximo 20 de octubre, cuando se cumplan 115 años del Tratado de 1904, definirá entre muchas otras cosas, cómo se abordará el tema marítimo y consecuentemente, cómo se desenvolverán las relaciones boliviano-chilenas. 

El terreno que YPFB pierde en Arica

El 25 de julio de 2019, el Concejo Municipal de Arica modificó el "uso de suelo" de un terreno que había sido concedido en comodato por Chile a YPFB en 1958, lo que puso en cuestión los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Bolivia y Chile entre 1955 y 1958, que se desprenden del Tratado de 1904. Sobre estos temas se desarrollaron las siguientes entrevistas.  

En Todo a Pulmón de Cadena A, 26/07/2019

En Claroscuro de RTP, 29/07/2019

La inaceptable expropiación de terrenos a YPFB en Arica

La expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Oxigeno 

El 1 de febrero de 1879, después de que la empresa anglo-chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, se negara a pagar al fisco boliviano un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado; el gobierno de Bolivia decidió expropiar los terrenos que le había concedido a esa empresa unos años antes en el departamento del Litoral; lo que provocó la reacción violenta de Chile, que a los pocos días invadió el puerto boliviano de Antofagasta, bajo el argumento de que Bolivia estaría incumpliendo el Tratado de límites vigente.

El 25 de julio de 2019, después de que la empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dejara en abandono un terreno de 3,5 hectáreas que Chile le había concedido en el centro de Arica; el Concejo Municipal de esa ciudad decidió expropiar el terreno; lo que increíblemente no provocó más reacción del gobierno boliviano que una escueta declaración del presidente de YPFB, que resta importancia a dicha expropiación, a pesar de que la medida representa igualmente una vulneración al Tratado de límites vigente.

Salvando las diferencias temporales y los poderes relativos de las partes, estas reacciones, diametralmente opuestas, son una muestra de una realidad lamentable para nuestro país, en la que cada cierto tiempo nos vemos sometidos a los abusos de nuestros vecinos justamente porque nuestras autoridades no hacen nada para impedirlo. La expropiación del terreno de referencia que había sido concedido a YPFB en 1958, es un penoso retroceso para los intereses geopolíticos de Bolivia en su proyección hacia al Pacífico, pues así se ve mermada su presencia y gravitación en Arica, que tanto esfuerzo costó conseguir en su momento.

Pero antes de rememorar cómo se hicieron esos esfuerzos durante los años 50 del siglo pasado, cabe aclarar que la presencia y gravitación de Bolivia en el norte chileno, que es natural, real y hasta ahora, siempre creciente; no debe ser entendida como algo negativo o amenazante para la integridad territorial de Chile, sino más bien como una expresión de la integración económica, física, cultural y, en este caso, energética de nuestros países que contribuye considerablemente al desarrollo de la zona y que lo seguirá haciendo, aún más, si en algún momento Bolivia logra obtener una salida propia al mar, como resultado de un proyecto de integración entre el norte chileno, el sur peruano y el suroeste boliviano.

Como es sabido, después del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento geográfico boliviano, las facilidades que nuestro país obtuvo en territorio y puertos chilenos para acceder al mar se mantuvieron casi sin variantes y con muy pocos avances, a pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de Santiago que han dicho varias veces que esas facilidades son las más amplias y generosas que un país sin litoral ha podido recibir. Pero nada más alejado de la verdad, las facilidades que Chile otorgó a Bolivia después de 1904, se resumen en: almacenamiento gratuito de hasta un año para las cargas de importación y de 60 días para las cargas de exportación, que no se cumple cabalmente en Antofagasta; reconocimiento de que el libre tránsito comprende todo tipo de carga sin excepción alguna, después de Chile había interrumpido el libre tránsito de material bélico por su territorio durante la Guerra del Chaco; jurisdicción exclusiva de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito por territorio chileno, que no se respeta en ninguno de los puertos; y la concesión de terrenos para la instalación y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, que ahora se redujo en 3,5 hectáreas, por determinación unilateral del Concejo Municipal de Arica.

Es decir, de lo poco que habíamos conseguido, ahora tenemos menos.  

Para recordar cómo se obtuvieron esos terrenos, debemos retroceder hasta 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro llegó al poder en Bolivia y empezó a implementar una política de acercamiento a Chile que fue bien acogida por su par chileno Carlos Ibáñez del Campo. Esa aproximación permitió suscribir varios acuerdos para la reglamentación del libre tránsito y para la facilitación del comercio. Uno de ellos, la Declaración de Arica de 1953, es precisamente el acuerdo con el que Chile se comprometió a respetar la jurisdicción de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito de o a Bolivia…

En ese contexto de entendimiento y cordialidad, que se reforzó con dos inéditos encuentros presidenciales en las ciudades de Arica y La Paz, el 31 de enero de 1955 se firmó el Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena, en cuyo artículo 2, inciso g), se estableció que “de acuerdo a los Tratados vigentes sobre libre tránsito, ambos gobiernos convienen en prestar todas las facilidades necesarias para la construcción y operación, por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto entre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y la salida de ese producto a otros mercados”.

En razón de lo cual, el 14 de octubre de 1955 se suscribió en La Paz, un Protocolo Complementario que aclaró que las facilidades a las que se refiere el Tratado y sus detalles, serán establecidas por ambos gobiernos, “mediante cambio de notas”.

Así, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo mediante el intercambio de notas que tuvo lugar en Santiago el 24 de abril de 1957, que después de especificar los detalles técnicos del oleoducto y referirse a “8 edificios para la operación y vivienda del personal”, señala: “La obra se construirá, en todo lo posible, en terrenos fiscales chilenos que se otorgarán gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso por el tiempo que dure la explotación del oleoducto”.

De acuerdo a lo convenido, el 2 de julio de 1958, el gobierno de Chile emitió el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización, mediante el cual, después de más de tres años de negociaciones, concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica Sica – Arica, el lote N°2 de 3,5 hectáreas (...) para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

Por todo esto, la expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica, sin la aprobación ni el conocimiento de Bolivia, que representa nada menos que una flagrante violación a los acuerdos mencionados, relacionados todos al Tratado de 1904; debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile. 

El asunto marítimo no ha concluido

Es prácticamente un hecho que el tema marítimo reflotará en el futuro y lo hará cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente alcance una solución definitiva.

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Cambio

La política de reintegración marítima boliviana, que nació exactamente hace 140 años, cuando Bolivia perdió su contacto directo y soberano con el mar, ha trascendido diversos gobiernos de distintas ideologías y ha sobrevivido duros golpes en la palestra internacional, que a pesar de su dureza no han logrado extinguirla.
Después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) devino un extenso período de tregua, entre 1884 y 1904; en el que Bolivia estaba más enclaustrada que nunca. Imposibilitada de establecer sus propias aduanas y restringida para transitar por los puertos bolivianos y peruanos que Chile había ocupado por la fuerza. En todo ese tiempo, el pueblo boliviano mantuvo la convicción de que no solo recuperaría su independencia aduanera cuando se alcance la paz, sino que también mantendría su presencia soberana sobre las costas del Pacífico.
No obstante, cuando finalmente se firmó el Tratado de Paz en 1904, si bien se eliminaron las restricciones que habían asfixiado al comercio boliviano durante la tregua y se ampliaron en el papel las facilidades de tránsito para Bolivia en territorio y puertos chilenos, también se reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre la mayor parte de la costa que hasta ese momento había sido boliviana.
A pesar de que el arreglo finalmente alcanzado era claramente desfavorable a Bolivia, el Gobierno de entonces lo defendió destacando justamente la independencia aduanera y el compromiso de Chile por construir un ferrocarril de Arica a La Paz, que luego funcionó regularmente hasta 2005, cuando la empresa que lo operaba en el lado chileno se declaró en quiebra.
Tras la suscripción del Tratado de Paz y Amistad de 1904, muchos creyeron que Bolivia nunca más podría reclamar un puerto sobre el Pacífico, como lo había hecho hasta ese entonces. Pero al poco tiempo, motivada por los incumplimientos de Chile a ese mismo tratado, la diplomacia boliviana emprendió nuevas acciones que trascendieron en la formalización de la política de reintegración marítima.
Ciertamente, el memorándum Sánchez Bustamante, que el Canciller boliviano de 1910 envió a sus pares de Lima y Santiago, sentó las bases para lo que a partir de entonces sería una política de Estado: “Bolivia no puede vivir aislada del mar: ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica que compromete las bases mismas de su existencia”.
Estas declaraciones motivaron nuevas gestiones en diversos ámbitos. La más emblemática de todas fue la emprendida ante la Liga de las Naciones, donde Bolivia acudió en 1920 y 1921, para demandar la revisión del Tratado de 1904. No obstante, la comisión encargada de revisar el caso estableció que tal como había sido presentada la demanda boliviana, resultaba inadmisible porque la revisión de los tratados es competencia exclusiva de las partes contratantes.
Este resultado también generó desazón y se creyó, una vez más, que ya no habrían más posibilidades para el asunto marítimo en el futuro. Pero al poco tiempo se realizaron nuevas gestiones.
Durante los años 20 del siglo pasado, las conversaciones entre Bolivia, Chile y Perú crearon nuevas expectativas, esta vez acerca de que el enclaustramiento boliviano podría ser resuelto junto al asunto de Tacna y Arica que aún permanecía pendiente. Sin embargo, cuando finalmente se alcanzó la solución, en 1929, y se acordó que Chile se quedaría con Arica y devolvería Tacna al Perú, el asunto marítimo no solo fue vilmente marginado, sino que también se le impuso una complicación jurídica más: la necesidad de que chilenos y peruanos alcancen un “acuerdo previo” para ceder a una tercera potencia parte o la totalidad de los territorios de Tacna y Arica, que conforman el espacio territorial por donde más factiblemente podría resolverse el asunto con soberanía.
La frustración que generó este acuerdo en Bolivia fue muy grande y muchos creyeron nuevamente que era el fin del asunto marítimo. Sin embargo, después de algún tiempo, bolivianos y chilenos retomaron las tratativas y suscribieron sendos acuerdos en 1950 y 1975, que lamentablemente tampoco llegaron a buen puerto.
A partir de 1979, al cumplirse 100 años de la invasión chilena al puerto boliviano de Antofagasta, Bolivia cosechó importantes victorias diplomáticas en el ámbito multilateral, especialmente en la OEA y en el Movimiento de Países de No Alineados, donde la causa marítima boliviana recibió el apoyo de cientos de países.
Después de lo que fue el intento del “enfoque fresco” en los años 80, transcurrió un período en el que no se trató el tema públicamente y que concluyó con la adopción de una agenda sin exclusiones a principios del año 2000. Dicha agenda, que llegó a tener más de 30 temas en cierto momento, se condensó en 13 puntos específicos a partir de 2006, cuando los presidentes Bachelet y Morales protagonizaron un inédito acercamiento, que incluyó al tema marítimo y el asunto del Silala.
Luego las cosas cambiaron radicalmente, el Chile de Piñera decidió interrumpir la Agenda de 13 puntos y la Bolivia de Morales recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Las esperanzas que albergamos quienes creímos en la demanda sobre la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico, como un paso importante en este largo y difícil camino hacia el mar, se convirtieron en el peor agravante de la frustración que luego generó el resultado del proceso.
En efecto, el fallo que la CIJ emitió el 1 de octubre de 2018 desestimó todos y cada uno de los argumentos bolivianos y representó un nuevo golpe para la política de reintegración marítima que seguramente tomará algún tiempo superar. Pero tampoco será el fin, pues aunque como siempre hay quienes vaticinan el fin del asunto ha terminado, si consideramos los antecedentes comentados, es prácticamente un hecho que el tema reflotará en el futuro y lo hará cuantas veces sea necesario, hasta que finalmente alcance una solución definitiva.

La presión internacional sobre el gobierno de Maduro

Después de que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela por parte de varios países no pudiera ingresar a territorio venezolano, como estaba previsto por las fuerzas de oposición, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, adoptaron otras medidas de presión para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Sobre estos temas tuve la oportunidad de emitir mi opinión en la siguiente entrevista.

En La Revista de UNITEL, 25/02/2019

La Replica de Chile por el caso del Silala

Después de que Chile demandara a Bolivia por las aguas del Silala y se concretaran los primeros incidentes del proceso, la representación chilena ante la Corte Internacional de Justicia presentó su Réplica que responde a la Memoria y Contrademanda bolivianas. Al respecto tuve la oportunidad de vertir mi opinión en la siguiente entrevista:

En Hora 23 de Bolivisión, 15/02/2019

140 años de la invasión chilena

Al conmemorarse 140 años de la invasión chilena al puerto boliviano de Antofagasta, que dio inicio a la guerra que dejó enclaustrada a Bolivia, emergió un debate en nuestro país respecto a pertenencia de continuar con el reclamo por una salida soberana al mar después de que la Corte Internacional de Justicia desestimara la demanda boliviana incoada en 2013, que solicitaba a esa Corte que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Al respecto se desarrolló las siguiente entrevistas: 

En Jaque Mate de TVU, 14/02/2019

En A todo a pulmón de Cadena A, 14/02/2019

Nuevo enfoque en el tema del mar

Ante el innegable fracaso de la estrategia boliviana en la CIJ, el autor propone un nuevo enfoque desde la teoría neorrealista de las relaciones internacionales.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

Desde que Bolivia perdió su litoral en 1879, nuestros sucesivos gobernantes intentaron recuperar una salida soberana al mar o al menos un puerto cómodo sobre el Pacífico con diversas estrategias y en diferentes ámbitos. La última de ellas fue la de solicitar a la Corte Internacional de Justicia que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con nuestro país un acceso soberano al océano Pacífico. 

A pesar de lo audaz e insólito de la estrategia, la mayoría de los bolivianos la respaldamos porque no parecía tan insensato ni desmesurado pedir que Chile cumpla sus ofrecimientos formales de negociar este tema. No obstante, al final del proceso,  la Corte concluyó que Chile no había contraído la referida obligación con base en los argumentos presentados por Bolivia. 

Ante el innegable fracaso, que nos obliga a replantear nuestra política de reintegración marítima, a continuación intentaré esbozar lo que podría ser un nuevo enfoque desde la teoría neorrealista de las relaciones internacionales. 

Primero, sobre las voces que después del fallo empezaron a proponer que nos olvidemos del mar, bajo el argumento de que se trata de una obsesión brutal que se ha construido en el imaginario nacional mediante una educación nacionalista y patriotera, que estaría buscando “la reparación por la violencia”; es necesario señalar que esa no fue la esencia de lo que Bolivia planteó desde finales del siglo XIX para recuperar su cualidad marítima.

 Las negociaciones y declaraciones de 1895, 1910, 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975, 1983, 1987, 2000 y 2010 fueron todas resultado de gestiones diplomáticas emprendidas sin la menor intención de recurrir a la violencia.  

Tampoco es justo atribuirle un origen ilegítimo o espurio a la causa marítima ni un aporte tendencioso a la construcción del imaginario nacional, toda vez que el tema sigue vigente porque Chile y ciertos organismos internacionales le reconocieron validez en numerosas ocasiones y porque, tal como lo advirtieron algunos de los principales conocedores del tema en el vecino país, como el extinto dictador Augusto Pinochet, “la aspiración de poseer una salida al mar es común a todos los Estados que se encuentren privados de este contacto; la atracción es enorme. Es una fuerza geopolítica que opera siempre que se le presente la ocasión y que ningún tratado logra extinguir”. 

Se trata, por tanto, de un problema real, absolutamente comprensible desde el punto de vista realista, que no puede compararse con la situación de países europeos sin litoral que viven una realidad totalmente distinta porque tienen acceso expedito a los océanos por vías fluviales y terrestres o porque nunca tuvieron mar. 

Asimismo, no podemos menospreciar las implicancias económicas del enclaustramiento, tachándolas de mito solo porque no sentimos sus efectos en el día a día. Existen estudios serios que indican que los países en vías de desarrollo sin litoral crecen entre 1,2% y 1,5% menos que los países costeros (Gallup, Sachs &Mellinger 1999 y MacKellar, Woergoetter&Woerz 2000). 

En otras palabras, si bien el enclaustramiento no es la principal causa del subdesarrollo boliviano, sí es un factor que afecta al crecimiento económico. 

Lo que debemos cambiar y en esto sí coincido con quienes proponen olvidarse del mar, está el victimismo exagerado que ha envuelto al tema históricamente, la instrumentalización política que se ha intensificado peligrosamente en el último tiempo y la innecesaria agresividad con la que nuestros gobernantes se han dirigido a las autoridades chilenas, que son finalmente a quienes debemos convencer para llegar a buen puerto. 

Al respecto, tenemos que asumir el hecho de que la solución depende de la buena voluntad de los chilenos y eventualmente también de los peruanos, conforme al Protocolo Complementario peruano-chileno de 1929. Por lo cual, aunque parezca una obviedad, debemos tratar de llevarnos bien con ambos. 

Entonces, dejando de lado la parte emocional que no es relevante para el neorrealismo, lo que corresponde es seguir adelante y no renunciar. De hecho, no tendría ningún sentido claudicar ahora, después 140 años, cuando todavía existen fórmulas de solución que no se han explorado. 

Me refiero a la posibilidad de exigir a Chile el otorgamiento de un muelle en el puerto de Arica, como el que tiene Perú en esa misma terminal portuaria, en aplicación del artículo 8 del Tratado de 1904 que a la letra señala: “Los favores, exenciones y privilegios que cualquiera de las dos partes otorgare a una tercera podrán ser exigidos en igualdad de condiciones por la otra”.  

De manera complementaria o supletoria, en caso de que la primera posibilidad no fuera posible, se podría solicitar la entrega de un puerto sin soberanía para la administración y operación exclusiva del Estado boliviano. Esto con el fin de dar cumplimiento cabal al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios que no se han respetado en territorio y puertos chilenos en ciertos aspectos, como garantizar el libre tránsito de Bolivia a perpetuidad, para todo tipo de mercancías y sin interferencia alguna de empresas y/o autoridades chilenas, tal como dicen los acuerdos. 

Dado que nuestra contraparte no ha dado cumplimiento cabal a estas obligaciones y que ha quedado claro que tampoco lo hará si se mantienen las cosas como están (Chile en posesión de toda la costa del Pacífico sur hasta el paralelo 18° y con todos sus puertos en manos privadas), lo más lógico sería que Bolivia opere y administre un puerto, tal como se conversó en 1975, entre el canciller chileno Patricio Carvajal y el embajador boliviano Guillermo Gutiérrez; y más recientemente en 2011, entre los enviados especiales Walker San Miguel de Bolivia y Jorge Bunster de Chile.   

Se trata de un arreglo que no implicaría cesión de soberanía y quizás por eso no daría fin definitivo al asunto, pero al menos representaría un primer gran paso hacia el entendimiento y un beneficio concreto para el comercio marítimo boliviano, que se mantiene prácticamente en las mismas condiciones desde 1904. 

En ese sentido, considerando la coyuntura post Haya, que nos exige hacer cambios importantes, también podríamos modificar la vieja consigna de condicionar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile a la devolución de un acceso soberano al mar, y pasar a condicionar dicho restablecimiento a la concesión de un puerto para Bolivia.   

Sin embargo, para que todo esto pueda prosperar, es necesario que nuestro Gobierno no genere rechazo en el pueblo chileno y pueda presentarse como un interlocutor válido en términos de respeto al orden democrático y constitucional.

Toma de mando de Jair Bolsonaro

El 1ro de enero de 2019, Jair Messias Bolsonaro asumió la presidencia de la República Federativa de Brasil, en un acto que fue noticia destacada en todo el mundo y que fue visto con mucha atención desde Bolivia. Al respecto mis comentarios en la siguiente entrevista.

En Jaque Mate de TVU, 02/01/2019

El fallo final de La Haya

El 1ro de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo final en el caso sobre la "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile". Al respecto tuve la oportunidad de comentar las primeras repercusiones en los siguiente programas de televisión:

En Jaque Mate de TVU, 01/10/2018

En Hora 23 de Bolivisión, 02/10/2018

En Esta Casa no es Hotel de ATB, 07/10/2018

  

El terrible fallo de La Haya

¿Por qué la Corte omitió referirse a los acuerdos de 1923 y 1926?, ¿por qué no se pronunció sobre lo que ofrecieron y aceptaron los cancilleres de Chile Luis Izquierdo y Jorge Matte en esos años? 

Fuente: euronews

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete 

La sorpresiva decisión de la Corte Internacional de Justicia, de resolver por 12 votos a 3, que Chile no adquirió la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico y que, consecuentemente, rechaza los otros pedidos de Bolivia, también por 12 votos a 3, debe llevarnos a una profunda reflexión y autocrítica para replantear y reformular nuestro objetivo más que centenario de recuperar una salida soberana al mar, pues tal como coincidimos la gran mayoría de los bolivianos, no existe ni la más mínima posibilidad de claudicar.

La nueva estrategia y el ámbito en que será aplicada tendrán que definirse en base al contexto que nos depara el devenir del siglo XXI. No obstante, antes de proceder, cabe preguntarse ¿qué pasó?, ¿realmente lo hicimos tan mal? Porque ante semejante resultado, parece que presentamos una demanda totalmente alejada de la realidad y sin ningún sustento jurídico.

Al respecto, ¿fue acertado incluir el Acta Protocolizada de 1920 entre los acuerdos bilaterales que supuestamente generaban obligaciones, cuando ese mismo documento contiene una frase que aclara: “las presentes declaraciones no encierran estipulaciones que generen derechos ni obligaciones…”?, la respuesta es no.

Asimismo, ¿valió la pena invocar tantas fuentes del derecho internacional como los acuerdos bilaterales, los actos unilaterales, la aquiescencia, el stoppel y las expectativas legítimas, además de los argumentos basados en las Cartas de la ONU y OEA, dando la impresión de que nos amparábamos en una mezcolanza de instrumentos que se acumulan pero que no demuestran la existencia de una obligación de negociar? La respuesta también parece ser negativa.

Al respecto, debo aclarar que no pretendo desconocer que apoyé viva y públicamente lo que se planteó, porque sinceramente pensaba que la contundencia de nuestra demanda radicaba justamente en la gran cantidad de instrumentos y momentos que se presentaban como prueba de que Chile había adquirido una obligación de negociar. Sin embargo, ante la evidencia de que estaba equivocado me pregunto, ¿no debieron nuestros abogados haber advertido esto?

Por otra parte, si bien tampoco pretendo poner en duda la seriedad y probidad de la Corte, como lo hicieron los chilenos cuando perdieron con el Perú y en la fase preliminar de este mismo caso, ¿por qué la Corte omitió referirse a los acuerdos de 1923 y 1926?, ¿por qué no se pronunció sobre lo que ofrecieron y aceptaron los cancilleres de Chile Luis Izquierdo y Jorge Matte en esos años? Es una duda con la que viviremos quienes pensábamos que al menos merecíamos una explicación al respecto.

Además, ¿por qué la Corte decidió menospreciar y devaluar al mecanismo de la negociación (par. 165) al situarlo entre otros métodos de resolución de conflictos cuando la tendencia mundial de la teoría en esta materia y la misma jurisprudencia de la CIJ colocan a la negociación como el mecanismo más apropiado y efectivo para solucionar problemas entre Estados?

Son las preguntas que me deja este fallo que lamentablemente no contribuyó a resolver el problema que genera el enclaustramiento geográfico boliviano, que seguirá poniendo en riesgo la paz y la seguridad de la región por algún tiempo más.

La solución de medio camino: Morales - Piñera

Este intento se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando existe la voluntad política.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Oxigeno

A poco tiempo de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso registrado como “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile”, no parece que las condiciones estuviesen dadas como para retomar las negociaciones que se han iniciado e interrumpido muchísimas veces a lo largo de la historia.

El gobierno de La Moneda, después de anunciar que no negociará lo que Bolivia solicita, ha decidido cancelar unilateralmente las reuniones del Comité de Fronteras que era el único canal de diálogo oficial entre ambos gobiernos; y por si fuera poco, su Canciller, Roberto Ampuero, lejos de comprometerse a cumplir lo que dictamine la Corte cuando los periodistas se lo preguntaron, respondió con evasivas y nerviosismo.

Por su parte, el gobierno de La Casa Grande del Pueblo, tampoco ha hecho las gestiones necesarias como para generar un ambiente de negociación, conseguir el apoyo de la comunidad internacional y preparar al pueblo boliviano para un posible restablecimiento de las negociaciones con Chile. Muy por el contrario, nuestras autoridades han sido exagerada e innecesariamente agresivas con sus pares de Santiago, reduciendo así la predisposición del pueblo chileno hacia cualquier entendimiento; han defendido abiertamente a regímenes autoritarios en la ONU y la OEA, lo que nos ha valido el repudio de algunos países clave para las tratativas con el país del Mapocho; y han omitido por completo la evidente necesidad de definir entre los bolivianos qué queremos – qué entendemos por “acceso soberano” – y más importante aún, qué estaríamos dispuestos a dar en esa posible negociación.

No obstante, a pesar de este sombrío panorama, que nos lleva a pensar que no serán estos gobiernos los que negocien y resuelvan el asunto marítimo, la reciente revelación que hizo el periódico chileno La Tercera, respecto a que los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera habrían negociado este tema secretamente entre agosto y diciembre de 2011, nos devuelve de cierta manera las esperanzas.

En efecto, esa versión, que no ha sido desmentida hasta la fecha por ninguno de los dos gobiernos, se constituye en la prueba más clara y cercana de que en realidad sí es posible negociar este tema y que incluso las administraciones actuales pueden hacerlo cuando existe la voluntad política. De hecho, llama la atención que esas tratativas se hayan podido desarrollar precisamente cuando las relaciones político-consulares boliviano-chilenas se hallaban en muy mal momento.

Al respecto, cabe recordar que: en febrero de ese año, el General René Sanabria de la Policía Boliviana fue detenido por tráfico de drogas en un operativo realizado conjuntamente por la DEA de Estados Unidos y Carabineros de Chile, cosa que molestó mucho a Evo Morales porque no se le informó a pesar de los acuerdos que se habían firmado entre La Paz y Santiago para compartir información sobre narcotráfico; en marzo, el presidente Morales anunció por primera vez su intención de demandar a Chile, lo que fue considerado por Piñera como “un serio obstáculo para las relaciones de ambos países” y el Ministro de Defensa, Andrés Allamad, aseguró que las Fuerzas Armadas de Chile se encuentran en condiciones de hacer respetar los tratados y de cautelar la soberanía chilena; y en junio, 14 soldados bolivianos fueron detenidos cerca de la frontera por Carabineros chilenos que bajo acusaciones de robo y porte ilegal de armas, los enmanillaron, engrillaron y encapucharon como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad, y si bien fueron liberados sin culpa al poco tiempo, el trato que recibieron agravó aún más las tensiones.   

Con esos antecedentes se iniciaron las negociaciones entre Walker San Miguel de Bolivia y Jorge Bunster de Chile, que fueron designados por sus respectivos gobiernos para llevar a cabo estos entendimientos de manera reservada. A pesar de que el chileno aclaró, desde un principio, que la soberanía no estaba sobre la mesa, ambos convinieron en que se trataba de una solución “de medio camino”, “con horizonte de soberanía”, tal como informa La Tercera (2/09/2018).

En las tratativas, que se desarrollaron en 5 reuniones celebradas en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz, se avanzó en un arreglo que consistía en dos enclaves sin soberanía para Bolivia: uno de tipo industrial en algún punto cerca de Iquique (Pisagua, Punta Patache o Patillos) o en Mejillones, “en la línea de lo que fuera el entendimiento Lagos-Banzer”, y el otro enclave para fines turísticos y eventualmente comerciales, que sería entregado en comodato por 99 años en la playa Las Manchas, situada al norte de Arica, fuera de la zona portuaria y aeroportuaria del lugar. Por esa razón, también se habló de que Chile transfiera a Bolivia un muelle en el puerto de Arica y una terminal o faja de aterrizaje en el aeropuerto de Chacalluta.

Para que Bolivia pueda acceder a esos dos enclaves no soberanos, el negociador boliviano propuso que la administración de los ferrocarriles Arica - La Paz y Oruro - Antofagasta, así como de la carretera Arica – Tambo Quemado, pasen a manos del Estado boliviano. Lo cual fue rechazado por el chileno.

En cambio, Bolivia debía desistir de su demanda, levantar el veto a la venta de gas a Chile y resolver el tema de la Constitución, es decir cambiar o eliminar la disposición que obliga al Ejecutivo a renegociar los tratados que sean contrarios a la Carta Magna, puesto que, según el gobierno chileno de entonces, el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sería uno de ellos.   

Este interesante arreglo de medio camino, que además comprendía una solución para el tema del Silala, similar a la que se había negociado en 2009, no pudo concretarse, siempre según La Tercera, debido a que San Miguel consideró que lo ofertado por Chile era “muy poco significativo como para aspirar a ser ‘una solución de medio camino’”.

En su último informe, Bunster le decía a Piñera: “Parece claro que los vientos internos en Bolivia van en la dirección de construir la demanda marítima…”.  

Por lo dicho, queda claro que la revelación de La Tercera, que seguramente fue publicada con la intención de descomponer aún más las relaciones entre ambos países y quizás eliminar las expectativas bolivianas por hablar de soberanía; es en realidad un muy buen antecedente que sin duda podría servir para retomar las tratativas boliviano-chilenas sobre el asunto marítimo, más aún si la Corte nos da la razón y obliga a Chile a sentarse a negociar un acuerdo que le devuelva a nuestro país un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico.

Los días previos al fallo de La Haya

El 1º de octubre de 2018, el presidente de la Corte Internacional de Justicia leerá el fallo final del proceso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, Bolivia v. Chile". Al respecto tuvo la oportunidad de participar en las siguientes entrevistas.

En Todo a Plumón de Cadena A, 24/09/2018

En QNMP de Red UNO, 18/09/2018

En El Pentágono de TVU, 30/09/2018