Ambos Estados deben negociar y encontrar la fórmula que satisfaga a todas las partes: un win-win.Por: Claudio Coloma y Andrés Guzmán
Chile y Bolivia están en plena fase oral de uno de los dos juicios que tienen en la Corte Internacional de Justicia. Lo que se busca determinar en este caso es si el primero tiene o no la obligación de negociar un acuerdo que le dé al segundo un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Este será un hito importante en la larga historia de desencuentros que ha separado a nuestros dos países desde 1879, e incluso antes.
El hecho de que Chile busque defender la inexistencia de dicha obligación no evitará que se haga evidente, ante los ojos del mundo, las reiteradas ocasiones en que el Estado chileno ofreció resolver el asunto marítimo boliviano a través de un arreglo negociado que consideró en ciertas ocasiones la cesión de soberanía.
Así, la demanda boliviana dejará establecido que, durante más de un siglo, ambos países buscaron poner final enclaustramiento boliviano mediante una negociación que, de haber sido exitosa, habría supuesto una modificación territorial.
Han sido numerosos los presidentes, cancilleres y embajadores chilenos que manifestaron su voluntad de alcanzar una solución con soberanía en el ámbito bilateral. Desde Domingo Santa María González, durante la Guerra del Pacífico; pasando por Luis Barros Borgoño, Emilio Bello Codesido, Arturo Alessandri Palma, Luis Izquierdo, Miguel CruchagaTocornal, Beltrán Mathieu Andrews, Jorge Matte Gormaz, Gabriel González Videla, Horacio Walker Larraín y Manuel Trucco Gaete; hasta Augusto Pinochet Ugarte y Patricio Carvajal Prado en los años 70.
Pero también quedará como evidencia, paradójicamente, que este problema dejó de abordarse con el mismo grado de entendimiento y compromiso desde que se restablecieron los gobiernos democráticos chilenos en 1990. Pues aun cuando el tema fue parte de la agenda bilateral, nunca más se ofreció una solución con soberanía.
Por esta razón, la determinación conjunta de iniciar conversaciones respecto a una “agenda sin exclusiones” durante el gobierno de Eduardo Frei, y luego, el compromiso de “presentar, así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles” respecto al tema marítimo durante la primera administración de Sebastián Piñera, generaron la necesidad boliviana de reencauzar las conversaciones hacia la senda de las soluciones con soberanía, tal como había sido históricamente.
Lo que fue recogido implícitamente en la demanda que el gobierno de Evo Morales interpuso ante la CIJ en 2013.
Por todo esto, no es ilógico sostener que las probabilidades de que Bolivia gane el juicio sean altas.
Debemos tomar en cuenta que las fuentes del Derecho Internacional que está usando quedaron rotundamente validadas en las excepciones preliminares y, además, los antecedentes entregados por Bolivia representan muy bien lo que se entiende por acuerdos bilaterales, actos unilaterales y práctica diplomática.
En este punto, aunque también es cierto que muchos bolivianos esperan que la Corte resuelva el asunto directamente y les devuelva una salida soberana al mar, debido principalmente a las grandes expectativas que han generado las declaraciones de algunos de los personeros de Palacio Quemado; es preciso tener presente que el fallo de la Corte no resolverá el asunto ni aun cuando resulte totalmente favorable a Bolivia, sino que solo podría contribuir a resolverlo mediante una negociación, y esa negociación podría no iniciarse inmediatamente, sino solo después de que se generen las condiciones necesarias.
Además, dado que las autoridades chilenas ya han adelantado que no están dispuestas a reconocer “fallos creativos”, no podríamos afirmar con seguridad que estamos cerca del final.
A pesar de esto, si la Corte fallara a favor de Bolivia, pero no se lograse concretar un arreglo negociado en el corto plazo, el fallo significará igualmente un gran avance para los intereses bolivianos. El logro consistiría en que Chile, un país que reitera incansablemente su vocación de respeto al Derecho Internacional, cargaría con el peso de tener pendiente una obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia.
La historia de las relaciones de nuestros países nos demuestra que la posibilidad de iniciar una negociación formal para alcanzar un acuerdo definitivo estará, y ha estado siempre, presente en los diversos escenarios que podamos analizar.
Cuando se abra una nueva etapa de negociación, ya sea porque la Corte así lo dictamine o porque la inercia de la historia nos lleve una vez más a la mesa de las negociaciones, entonces será el momento para que Bolivia proponga algo que realmente les interese a los chilenos, y también será el momento para que Chile actúe en consecuencia, de buena fe y con la verdadera voluntad política para resolver el tema.
Con esto no queremos decir que uno o ambos estados deban negociar renunciando a sus propios intereses nacionales. Todo lo contrario: se debe encontrar la fórmula que haga posible un acuerdo que beneficie y satisfaga a todas las partes que de una u otra manera podrían participar. Lo que, en teoría de la negociación, se denomina un acuerdo ganar-ganar (win-win).
Por último, debemos tomar en cuenta cómo se han enriquecido las posibilidades de solución gracias a las nuevas formas de entender el concepto de soberanía. Por ello, quienes escribimos estas líneas creemos firmemente que, con pragmatismo, creatividad, voluntad política y buena fe, nuestros gobernantes -sean los actuales o los que vayan a venir- podrán resolver este problema de una vez y para siempre.
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