Violaciones y atropellos de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Mientras el gobierno boliviano busca, analiza y evalúa los elementos jurídicos que le podrían servir para sustentar la demanda que pretende interponer contra Chile ante tribunales internacionales, resulta oportuno resumir las violaciones de Chile al Tratado de 1904 y otros atropellos cometidos por ese país en contra de la soberanía territorial boliviana.

Chile ha violado varias veces el Tratado de 1904 porque no ha garantizado el cumplimiento continuo del libre tránsito otorgado a Bolivia en ese acuerdo (art.6) y porque no mantiene activo el Ferrocarril Arica–La Paz, que es precisamente, la principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su rico y único litoral (art.3).

El libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos ha sido interrumpido y dificultado en numerosas ocasiones. En 1933, en plena guerra del Chaco, Chile impidió el paso del material bélico que Bolivia había adquirido para la contienda, lo cual generó un alto costo en vidas y dinero para los bolivianos, que tuvieron que desviar ese material por puertos peruanos. 

En 1998 y 2003, Chile otorgó en concesión la administración de los puertos de Arica y Antofagasta, delegando así a empresas privadas, la obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia por esos puertos. Este hecho sin precedentes en el derecho internacional, ha generado grandes pérdidas al comercio boliviano debidas a las constantes huelgas de estibadores en ambos puertos.

Asimismo, el sembrado de minas antipersonales en la frontera dispuesto por el gobierno chileno a finales de los 70 y su lento retiro en los últimos años, cuestionan muy seriamente los alcances del derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia.

Por otra parte, la paralización del ferrocarril Arica–La Paz no es menos que una flagrante violación a la Convención suscrita por ambos países el 27 de junio de 1905, que establece la obligación de mantener el tráfico perpetuo de esa línea férrea y es asimismo una inobservancia del propósito con el cual se concibió el Tratado de 1904, en su parte referida a la construcción del ferrocarril (art.3), que innegablemente fue la de dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

Además de estas violaciones, Chile ha usufructuado gratuitamente de las aguas bolivianas del Silala desde 1908 y del Lauca desde 1962, lo cual es un grave atropello a los derechos de Bolivia. En el caso de los manantiales del Silala porque Chile canalizó hacia su territorio el curso del agua que emana de los acuíferos situados en territorio boliviano y, en el caso del río Lauca, porque Chile decidió desviar el curso de sus aguas que nacen en territorio chileno pero que al ingresar a Bolivia registran volúmenes muy inferiores al 50%, tal como debería ser según la Declaración de Montevideo sobre aguas compartidas, firmada por ambos países en 1933.

Todas estas violaciones y atropellos que se constituyen en los principales argumentos jurídicos que tiene Bolivia para demandar a Chile, pueden servir para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tratado de 1904, sus acuerdos complementarios y Convenciones multilaterales que aplican. Sin embargo, en términos legales, estos argumentos no alcanzan para pretender que un Tribunal Internacional obligue a Chile a cedernos soberanía territorial.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.  

Bolivia Vs. Chile: La Demanda de los Chávez

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El 20 de octubre de 2004, al cumplirse el centenario de la firma del Tratado que dejó a nuestro país jurídicamente enclaustrado, los hermanos Víctor Hugo y Wilfredo Chávez Serrano, presentaron una propuesta de demanda judicial contra Chile para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar. El entonces Presidente boliviano, Carlos Mesa, a pesar de creer que el ámbito multilateral es un buen camino para llegar al mar, ignoró la referida propuesta o al menos no la incluyó en su política de “gas por mar”. 14 meses después, el día que Evo Morales asumió la presidencia, los hermanos Chávez enviaron su propuesta al flamante Mandatario, quien hasta el momento no la utilizó y salve Dios a Bolivia si decide hacerlo.

La demanda de los Chávez, que en los últimos días ha cobrado mayor actualidad, plantea someter el caso de la controversia que genera el enclaustramiento boliviano al Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya (TPA), basada en alegatos fácilmente rebatibles y planteados en la más insólita subestimación del profesionalismo y astucia de la diplomacia chilena. Entre los cuales destaca el falso argumento de que Bolivia nunca reconoció el dominio de Chile sobre los territorios de Atacama, situados entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur; lo cual es una terrible equivocación porque ese reconocimiento fue formalizado mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad, firmada el 15 de noviembre de 1904 y ratificada por ambos países. La cual, en su parte relevante señala:

“… habiendo sido controvertido en ocasiones por el gobierno de Bolivia el criterio con que Chile ha considerado invariablemente la situación de los territorios que se encuentran entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, consideraba oportuno dejar claramente establecido que el gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en estos últimos territorios desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”.

Pero los Chávez, no sólo desconocen la existencia de dicho acuerdo, sino también la nota entregada a la Cancillería boliviana el 12 de febrero de 1879 por el Encargado de Negocios de Chile, Pedro Nolasco Videla, luego de que Bolivia no contestara, en el plazo exigido por Chile, la propuesta de llevar el conflicto al arbitraje de los Estados Unidos. En dicha nota, Chile desconoce unilateralmente el Tratado de límites de 6 de agosto de 1874, que, 132 años más tarde, los Chávez pretenden llevar al TPA de la Haya para que éste determine su vigencia. La nota señala:  

“Roto el tratado de 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de Chile ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos, y el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado lógico del rompimiento que ha provocado y de su negativa reiterada para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ambos países.”

Y eso no es todo, los Chávez tampoco conocen los documentos que invalidaron el Tratado sobre Transferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, mediante el cual, Chile se comprometió a entregar a Bolivia una salida soberana al mar, es decir, que desconocen los Protocolos de 9 de diciembre de 1895 y de 30 de abril de 1896, que condicionaron la entrada en vigor de dicho Tratado a la aprobación de las reservas que el Congreso boliviano había opuesto a su ratificación, pero, como era de esperar, Chile nunca las aprobó. No obstante, la supuesta vigencia de dicho instrumento es otro de los cuestionables argumentos que esgrimen los Chávez para demandar a Chile.

En conclusión, los Chávez creyeron descubrir que Chile “olvidó” legalizar su dominio sobre los territorios bolivianos que hoy ocupa y que “omitió” anular otros acuerdos que le obligan a darle a Bolivia una salida soberana al mar, y por ello presentaron una propuesta como si nunca antes en la historia de la diplomacia boliviana se hubiese considerado la posibilidad de llevar este asunto a Tribunales internacionales, creyendo que basta saber de leyes y muy poco de historia para diseñar una estrategia de política exterior, con el descaro de ni siquiera revisar la bibliografía básica de la materia, con una irresponsabilidad tan grande e infame que llega a poner en peligro los más caros intereses de Bolivia y lo peor de todo, asumiendo que los chilenos no conocen algunos conceptos básicos del Derecho Internacional. En pocas palabras, la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por “viveza criolla”. 

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

La Estrategia de Evo para Recuperar el Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras 


Desde que Bolivia perdió su cualidad maritima como consecuencia de la guerra iniciada por Chile en 1879, sus gobiernos han intentado recupérala en numerosas oportunidades y de varias maneras, aplicando diferentes estrategias que por sus características pueden ser clasificadas en dos grupos: las de corte “reivindicacionista” y las de carácter “practisista”. Posturas que, a pesar de ser completamente contradictorias, actualmente están siendo combinadas en la novedosa estrategia que ensaya el gobierno de Evo Morales para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar.

La “tesis reivindicacionista” es una tendencia fundada en preceptos nacionalistas que sólo admite que la reintegración marítima boliviana se realice a través de la recuperación de los territorios perdidos en favor de Chile en 1879, para lo cual es necesario revisar el Tratado de 1904 que dejó a Bolivia jurídicamente enclaustrada. Esta postura, adquirió un importante impulso cuando a finales de la Primera Guerra Mundial, el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, estableció las bases de un nuevo ordenamiento mundial a partir de 14 puntos, que proponían, entre otras cosas, la devolución de ciertos territorios que habían sido ocupados durante la guerra y la necesidad de dotar de un acceso al mar a países como Polonia y Serbia, que lo habían perdido en aquella conflagración.

Las propuestas de Wilson fueron interpretadas por los reivindicasionistas bolivianos, agrupados en el partido republicano, como una inmejorable oportunidad para demandar ante la Liga de las Naciones, la revisión del Tratado de 1904, lo cual finalmente se hizo cuando éstos llegaron al poder en 1920. En aquella ocasión, la demanda de Bolivia fue declarada inadmisible por la Comisión de juristas encargada de atender el caso porque, como es sabido, los tratados sólo pueden ser modificados por las partes signatarias y no así por un tribunal internacional.

La “tesis practisista”, en cambio, es una corriente fundada en conceptos pragmáticos y realistas que admite la posibilidad de resolver este asunto mediante la obtención de territorios que no fueron parte de Bolivia en el pasado, porque así se evita tener que modificar el Tratado de 1904, y principalmente, porque no es necesario interrumpir la continuidad del territorio chileno, lo cual, como era de esperar, ha sido siempre rechazado por Chile. A lo largo de la historia, la gran mayoría de las aproximaciones boliviano – chilenas para solucionar el problema capital de Bolivia, se han basado en esta postura, las más relevantes fueron las tratativas que produjeron los Tratados de 1895, el Acta Protocolizada de 1920, la propuesta Kellogg de 1927, las Notas de 1950, el Acta de Charaña de 1975 y el enfoque fresco de 1987. No obstante, como es evidente, ninguna de estas tentativas tuvo éxito.

Hoy, después de más de un siglo de intentos fallidos en los que se aplicó diferentes estrategias en base a una de estas dos corrientes, el gobierno de Evo Morales ensaya una gestión diplomática sin precedentes, pues por primera vez en la historia se negocia directamente con Chile una solución al problema marítimo, siguiendo premisas practisistas; y al mismo tiempo, se mantiene un discurso de corte reivindicacionista. Política que aumenta su carácter inusitado si se considera que además se ha suscrito con Perú, una Declaración en la que este último se compromete a no obstaculizar un posible acuerdo boliviano - chileno “sobre el acceso al mar de Bolivia, en conformidad a las disposiciones del Tratado de 1929, y su Protocolo Complementario” (Declaración de Ilo: 19/10/2010).

En efecto, según informó La Tercera el 5 de diciembre pasado, con el gobierno de Michelle Bachelet se llegó a conversar sobre la eventualidad de que Chile transfiera a Bolivia un enclave situado en la región de Tarapacá, que fue parte del Perú hasta 1883, y que con la administración de Sebastián Piñera se estaría considerando la posibilidad de que Chile ceda a Bolivia un corredor sin soberanía al norte de Arica, también peruano hasta 1929; es decir, que se habría avanzado en posibles soluciones de corte practisista. Por otra parte, tanto Evo Morales como su Canciller, David Choquehuanca, han hecho declaraciones de carácter reivindicacionista. Mientras que el Mandatario expresó su deseo por recuperar Atacama, en referencia al desierto de ese nombre que formó parte de Bolivia hasta 1904 y que hoy conforma la región chilena de Antofagasta; el Ministro manifestó que “no se descarta la posibilidad de llevar este asunto a tribunales internacionales”, tal como sucedió en el fallido intento ante la Liga de las Naciones.

Si bien estos pronunciamientos podrían ser considerados como contradictorios o hasta contraproducentes, más parecen estar dirigidos a obtener un resultado en el corto plazo con miras a la oportunidad que se abrirá cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya emita su fallo sobre el caso entre Perú y Chile, que podría darse tan pronto como el 2013. Al respecto, el comentario de Evo Morales acerca de que “los bolivianos no pueden esperar otros cien años para volver al mar”, es otra clara muestra de la premura por alcanzar un acuerdo que permita el reconocimiento de los intereses bolivianos en el nuevo tratado de limites que muy probablemente los contendientes tengan que suscribir para definir su frontera maritima y el punto donde comienza su límite terrestre. En otras palabras, para Bolivia es la gran oportunidad para lograr que se abra el candado de su encierro impuesto por Chile, y cuyas llaves las guarda Perú desde 1929.

Las declaraciones comentadas también demuestran que en esta oportunidad existe un verdadero interés del gobierno chileno por alcanzar una solución a este problema, ya que en el pasado bastó mucho menos que una declaración de corte reivindicacionista para que Chile se desentienda de continuar las negociaciones que había iniciado con Bolivia para resolver el problema de referencia. Interés que, según el autor de estas líneas, se relaciona con el objetivo chileno por liderar el proceso de integración regional para lo cual deberá solucionar previamente, sus problemas vecinales.

Por todo lo dicho, no queda más que esperar que la novedosa estrategia boliviana logre combinar ese interés chileno con el beneplácito peruano, para permitir que Bolivia se reintegre a la vecindad del mundo a través del mar.  

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia. 

Noticias Sobre Las Negociaciones Bolivia - Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

Hace unos días leí con mucha sorpresa una publicación de Los Tiempos que en referencia a una solución para el problema marítimo boliviano titulaba: “Piñera oficializa corredor por 99 años para Bolivia”. Pero justo antes de recuperarme del alboroto emocional que me causó esa noticia, me di cuenta de que se trataba de una broma por el día de los inocentes.
Algo muy parecido ocurrió en 1950 cuando la revista chilena Ercilla publicó un artículo con el siguiente encabezado: “Chile Ofrece un puerto a Bolivia a 32 Km. de Arica. Plan de alcance histórico y continental; nuestro Gobierno acepta dar salida al mar a los bolivianos: Obtiene en cambio agua de los lagos del altiplano para regar el Norte: USA prestará el dinero”. Pero a diferencia de lo publicado el día de los inocentes, en aquella oportunidad, no se trataba de una broma, sino de un claro intento por torpedear las negociaciones que en ese momento sostenían los gobiernos de La Paz y Santiago para resolver el problema marítimo boliviano. La intención era generar un rechazo generalizado al avance de esas negociaciones mediante la difusión de un supuesto acuerdo que básicamente planteaba un canje de agua dulce por agua salada. El rechazo fue inmediato y contundente, en Bolivia nadie estuvo de acuerdo pues resultaba inadmisible que se piense en utilizar las aguas del lago Titicaca para beneficiar nada menos que a Chile; en Perú, la oposición también fue absoluta, porque la ejecución del acuerdo le habría significado perder importantes recursos hídricos y su frontera con Arica, sin recibir nada a cambio; y hasta en Chile, donde si bien hubo algunos pronunciamientos a favor, la gran mayoría se mostró contraria a ceder parte del territorio que, en palabras proferidas en ese momento, “había costado sangre chilena”.

Nunca se esclareció cuál fue la fuente de Ercilla, ni tampoco se comprobó la veracidad de lo divulgado, lo único cierto es que dicha publicación deterioró irreversiblemente la negociación iniciada en junio de 1950 con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia. Pues ni los desmentidos del gobierno boliviano ni el intento de Chile por reactivar las gestiones en 1961, a través de la presentación del Memorándum Trucco, sirvieron para salvar la situación. Las negociaciones languidecieron hasta ser desestimadas completamente en 1962, cuando el desvió unilateral de las aguas del río Lauca ejecutado por Chile, causó la ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano – chilenas.

Hoy recobra relevancia la experiencia que dejó la publicación de Ercilla, porque la negociación que actualmente mantienen los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera para intentar, una vez más, resolver el problema que genera el enclaustramiento de Bolivia, podría fracasar si un trascendido malintencionado como el comentado saliera a la luz.

Al respecto, cabe señalar que el 5 de diciembre de 2010, La Tercera de Chile publicó una llamativa noticia que curiosamente, y pese a su importancia, no señalaba la fuente de la cual extrajo su información, el encabezado decía: “Piñera frenó oferta de Bachelet de enclave a Bolivia antes de asumir. Tres expertos bolivianos viajaron a la Región de Tarapacá en 2009 para inspeccionar un enclave ofrecido por el gobierno de Bachelet. Se llegó a construir mapas al sur de la Quebrada de Camarones y en febrero pasado se preparaba la firma de un acta. El plan fue rechazado por Piñera, quien es más partidario de otorgar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta”.

Resulta muy extraño que el importante rotativo chileno saque una noticia de tanta monta y sólo se refiera al origen de la información con las siguientes dos frases: “señalan fuentes del gobierno de la época” y “asegura una fuente de la Cancillería chilena que conoció de estas conversaciones”.

Por otra parte, la no objeción de ambos gobiernos a las aseveraciones publicadas por La Tercera, evitó los cuestionamientos sobre la veracidad de las mismas y soslayó las dudas sobre si realmente se llegó tan lejos como se afirma en dicha publicación. Sin embargo, debido a que Chile se había comprometido muy poco antes a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas”; es posible que el verdadero propósito de la noticia, fue medir cuál podría ser la reacción de la opinión pública ante la propuesta de solución que estaría planteando Piñera, es decir, un corredor sin soberanía al norte de Arica. Aun cuando esto no sea cierto, las reacciones fueron bastante positivas pues a pesar de algunas salvedades, ni en Chile ni en Bolivia se descartó, al menos en primera instancia, la opción que habría planteado el Mandatario chileno. Lo cual incluso permitió seguir avanzando en la Cumbre Presidencial del Mercosur que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2010 en Foz de Iguazú – Brasil, donde se acordó conformar un grupo presidido por los Cancilleres Choquehuanca y Moreno, que estará encargado de tratar el tema marítimo.

Si bien las negociaciones parecen ir por buen camino o, en este caso, por un buen corredor; los negociadores no deben perder de vista que un trascendido malintencionado y bien ejecutado, podría echar por tierra todo lo avanzando tal como sucedió en 1950, más aún en nuestros días cuando el acceso a la información es mucho más amplio y existe una clara evidencia del efecto que pueden tener las filtraciones mediáticas, como las de Wikileaks, sobre las relaciones diplomáticas internacionales. Por tanto, para evitar que una indiscreción informativa lleve al fracaso a las negociaciones que en este momento mantienen los gobiernos de Chile y Bolivia, es preciso mantenerlas en la más absoluta confidencialidad, hasta que se llegue a un acuerdo que pueda ser presentado a la opinión pública de los países involucrados incluyendo, de ser necesario, al Perú.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

COP 16: Bolivia contra el mundo

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Los acuerdos rechazados únicamente por Bolivia en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada a finales de 2010 en Cancún–México, con la asistencia de 194 países; son un importante avance en el objetivo de lograr compromisos comunes que sirvan para detener o, al menos reducir, el calentamiento global que desde hace muchos años se ha querido lograr sin éxito. Sin embargo, considerando que dichos acuerdos dejaron para las próximas reuniones sobre este tema, la definición de los mecanismos y el origen de los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas en esa misma oportunidad, y teniendo en cuenta, que también se postergaron las negociaciones para asegurar la implementación de un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que es el único acuerdo que obliga a los países desarrollados (excepto a Estados Unidos que no lo ratificó) a reducir sus emisiones de gases contaminantes; lo avanzado no parece ser suficiente para garantizar la vida de las futuras generaciones en este planeta, y eso es precisamente lo que señala la oposición de Bolivia.  

Vítores de alegría, alborozo generalizado y abrazos de felicitación surgieron tras la aprobación por mayoría del texto final de la COP 16. 193 Estados habían logrado por primera vez ponerse de acuerdo en tomar medidas conjuntas para contrarrestar el cambio climático, incluso los países más renuentes a los compromisos en esta materia, como Estados Unidos y China, habían dado su beneplácito. Bolivia era el aguafiestas mundial pues ni los países del ALBA quisieron apoyarla. Unas horas más tarde, algunas publicaciones alrededor del mundo se referían a una supuesta derrota boliviana en la COP 16 y a un arrollamiento total de su postura, aseguraban que los representantes de Bolivia se mostraron intransigentes porque no comprendían las consecuencias de su rechazo y no valoraban el esfuerzo realizado por todas las demás delegaciones.

Sin embargo, ¿cómo se puede afirmar que los bolivianos no están conscientes de lo que hicieron, cuando en Bolivia, así como en muchos otros lugares, millones de personas sufren las terribles consecuencias de las sequias, inundaciones y otros efectos que produce la contaminación que durante muchos años han emitido las grandes potencias y las economías emergentes? Y ¿Cómo pueden decir que Bolivia no valora el esfuerzo realizado por otros países, cuando su gobierno, con el propósito de llevar propuestas concretas a la COP 16, organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada con mucho éxito en abril de 2010 en Cochabamba, con la participación de más de 30 mil representantes de 140 países, y cuyas conclusiones no fueron siquiera consideradas por la presidencia de la Conferencia de Cancún?    

Si bien hay que reconocer que la delegación anfitriona de la COP 16, recogió en un solo documento muchas de las principales demandas de los participantes y asimismo lo hizo aceptable para otros tantos, que por intereses económicos no estaban dispuestos a firmar ningún acuerdo; es también notorio que no logró una convergencia de posturas que garantice el consenso, porque le faltó dar cabida a las preocupaciones de uno de los países más activos en lo que se refiere al  cuidado de la naturaleza. 

Pero no sólo se ignoraron las interesantes propuestas planteadas en la Conferencia de Cochabamba y presentadas a las Naciones Unidas con antelación al evento de referencia por el Presidente Evo Morales, referidas a la constitución de un Tribunal de Justicia Climática, la aprobación de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra y la realización de un referéndum mundial sobre el Cambio Climático, entre otras; sino que no se especificó cómo se alcanzarán las metas establecidas en los acuerdos de la COP 16, ni la fuente de su financiamiento. Sólo se acordó que éstos serán definidos en las futuras Conferencias. Dichas metas se pueden resumir en:

1. Creación de un fondo verde que servirá para la adaptación de los países en desarrollo a los mecanismos de mitigación de los de gases efecto invernadero. Dicho fondo, que será administrado por el Banco Mundial, contará inicialmente con 30 mil millones de dólares anuales y para el 2020, deberá alcanzar los 100 mil millones de dólares;
2. Reducción de las emisiones de gases contaminantes entre 25 a 40% hasta 2030, tomando como base los registros de 1990;
3. Ejecución de un programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) para los bosques; y
4. Establecimiento de un límite para el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, con la posibilidad de reducirlo a 1.5, en la próxima reunión.  

Sobre este último punto, el representante boliviano, Pablo Solón, fue claro al señalar que los estudios realizados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés), demuestran que “con un nivel de 2 grados centígrados sólo tenemos el 50% de probabilidades de evitar un impacto irreversible para la vida en el planeta (…), nadie enviaría a sus hijos en un avión que sólo tiene el 50% de probabilidades de aterrizar”.

Además, la negociación para definir un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que se ha venido postergando desde el 2007, fue nuevamente diferida para ser incluida en la Conferencia que se realizará el 2011 en Durban–Sudáfrica. Lo cual resulta sumamente preocupante porque sólo restan dos escasos años para que expiren los compromisos sobre reducción de gases contaminantes, que fueron definidos en ese acuerdo.

Por todo esto, la representación de Bolivia decidió rechazar los acuerdos que todo el mundo quiso aprobar, y si bien parece no haber logrado nada, y quizás tampoco lo haga al presentar su anunciada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos para aprobar este tipo de acuerdos, que exigen consenso y no mayoría; el rechazo boliviano es la evidencia de la duda que deja la COP 16, porque tal como lo han reconocido muchos expertos en la materia, lo convenido no es suficiente para detener el calentamiento global y mantener la temperatura del planeta en un nivel que garantice su equilibrio natural. En ese sentido, sólo queda esperar que en las próximas Conferencias sobre el Cambio Climático se logre un avance verdaderamente importante y el mundo no tenga que dar la razón a Bolivia.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia 

Bolivia entre Chile y Perú

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras

El proceso que abrió Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para que ese alto Tribunal defina el límite marítimo y el punto donde comienza la frontera terrestre entre ambos países, entró en la última etapa de su fase escrita con la presentación de la réplica peruana el pasado 9 de noviembre, lo cual significa que una tercera parte en el conflicto, sólo podrá hacer valer sus derechos o intereses ante dicha Corte, antes del 9 de julio de 2011, cuando se cumpla el plazo para que Chile presente su dúplica. Si bien se trata de un asunto bilateral, y así lo han hecho saber los gobiernos involucrados mediante un comunicado conjunto de sus Cancillerías en noviembre de 2004, el estatuto de la Corte señala “Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir” (Art. 62).

Por una parte, Ecuador, que fue notificado por el Tribunal de Justicia de la Haya para pronunciarse sobre el litigio de referencia por ser signatario de los acuerdos de 1952 y 1954, que para Chile son tratados de límites y para Perú convenios pesqueros; ha decidido mantenerse al margen de la controversia, manifestado que el diferendo peruano-chileno debe ser resuelto en la Haya. Al respecto, el Presidente Rafael Correa, con el propósito de obtener una manifestación escrita del gobierno peruano que exprese la conformidad de este último con la frontera marítima que comparte con Ecuador, dijo que no teniendo ningún problema limítrofe con Perú, “no hay razón para involucrarse en un litigio bilateral que debe resolverse en el marco jurídico”.

Por otra parte, Bolivia, que si bien no es parte de los acuerdos que suscitaron toda esta controversia, ni tampoco tiene derechos de orden jurídico que pudieran verse afectados por el fallo que emitirá la Corte; mantiene un alto interés en la definición de este proceso porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían permitirle recuperar un acceso soberano al mar y porque la determinación que tome la Corte, sea cual fuere, afectará los intereses o derechos expectaticios de Bolivia. Por un lado, si la sentencia fuese favorable al Perú, el mar que recibiría Bolivia, en caso de llegar a un acuerdo en el que Chile y Perú acepten cederle un corredor al norte de Arica; ya no se proyectaría al oeste siguiendo el paralelo geográfico como hasta ahora se había previsto, sino hacia el suroeste siguiendo la línea equidistante que divida las aguas peruanas y chilenas. Por otro lado, si el fallo diera la razón a Chile, manteniendo el límite fronterizo sobre el paralelo geográfico, Bolivia de hecho tendría menos espacio para aprovechar su derecho de navegación en el mar peruano, que le fue concedido recientemente por Perú mediante la firma del Protocolo Ampliatorio de los Convenios de Ilo.

Varios de los entendidos bolivianos en el tema se han pronunciado sobre esta situación expresando diferentes posturas ante la posibilidad de que Bolivia presente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, los fundamentos de su demanda de reintegración marítima, para que sean considerados por ese Tribunal en su veredicto final.

Al respecto, el reconocido jurista e historiador boliviano, Rodolfo Becerra de la Roca, autor de varios escritos sobre el problema marítimo de Bolivia, y defensor de la postura “reivindicacionista”, que asegura que la única forma de solucionar el problema que genera el enclaustramiento boliviano, es a través de la recuperación de los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879; ha expresado categóricamente que no corresponde ninguna figura de tercería porque, como lo expresa el citado artículo 62, ésta debe sustentarse en un interés de orden jurídico que, como se dijo, Bolivia no posee. Asimismo, Becerra de la Roca rechaza la posibilidad de hacer conocer a la Corte de Justicia de la Haya una posición precautoria de la necesidad de resolver el enclaustramiento de Bolivia porque “un Juez o Tribunal, si es imparcial, está obligado a fallar conforme a derecho y no obedeciendo a veleidosas expectativas que se le expongan”.

Si bien coincidimos con la primera afirmación, y así también lo ha manifestado el Canciller David Choquehuanca a la prensa, en cuanto a que Bolivia no terciará en este asunto; no estamos de acuerdo con anular la posibilidad de dar a conocer el sumo interés que mantiene Bolivia sobre los territorios que son parte de esta controversia. Primero porque dicho interés no se basa en una “veleidosa expectativa” sino en un derecho legítimo por resolver la enorme injusticia que representa el encierro geográfico impuesto a nuestro país hace más de un siglo. Segundo, el Estado boliviano, no puede dar ni la más mínima muestra de claudicación en el más importante objetivo de nuestra política exterior, al no manifestar su postura, precisamente en el momento en que los países a los cuales atañe resolver el problema capital de Bolivia, están definiendo los límites del espacio físico que más posible y lógicamente podría servir para resolverlo. Y tercero, la presentación de los intereses bolivianos a la Corte de Justicia de la Haya, no implica necesariamente un deterioro de las relaciones que Bolivia mantiene con Perú y Chile, porque los argumentos se expondrían de manera totalmente imparcial y porque así se lo haría saber a esos dos países, al momento de entregarlos.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no comprometen la postura del gobierno de Bolivia.

La Esperanza Boliviana por Volver al Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guyoyo en Letras (Venezuela)

El reciente encuentro de los Presidentes Evo Morales y Alan García, que propició la ampliación de los acuerdos que permiten a Bolivia acceder al mar a través de la costa sur peruana, y la propuesta del senador chileno, Pablo Longueira, de someter al voto popular chileno la posibilidad de cederle a Bolivia un territorio soberano sobre las costas de Arica; han hecho que el problema marítimo boliviano se convierta, una vez más, en el principal tema de discusión político-diplomático entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, y han encendido, nuevamente, la esperanza del pueblo boliviano por reencontrarse con ese mar que le fue arrebato hace 131 años.

En 1992, con la firma del Convenio “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Perú concedió a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y un espacio para desarrollar una zona franca industrial y otra turística en el puerto de Ilo. Dichas concesiones si bien fueron recibidas en su momento con enorme expectación y mucha gratitud, no sirvieron para atenuar el enclaustramiento que afecta a Bolivia debido a la inexistencia de una carretera adecuada para acceder a las mismas; la mala administración que hizo la empresa concecionaria encargada del acondicionamiento de la zona franca industrial, a la cual el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato en el año 2000; y sobre todo, las no muy atractivas condiciones que la zona ofrecía a las actividades comerciales.

El Protocolo Ampliatorio del Convenio de 1992, que suscribieron los Presidentes Morales y Garcia el 19 de octubre pasado, incrementa las actividades excentas de impuestos que los bolivianos pueden realizar en la zona franca industrial de Ilo, que pasó a ser una "zona exclusiva especial", pero tampoco exime al intercambio comercial.

Aún así, no se puede desmerecer el gesto del Perú que una vez más demuestra su comprensión con la demanda marítima boliviana. Será responsabilidad de Bolivia acondicionar y administrar adecuadamente los espacios cedidos por los próximos 99 años. Así lo reconoció el Presidente Evo Morales, quien, a tiempo de agradecer la cooperación del Perú, destacó la esperanza que mantiene el pueblo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar y la naturaleza irrenunciable de su demanda marítima. Por su parte, el Presidente Alan García señaló que la situación que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es “injusta” y reafirmó el compromiso de su gobierno de no obstaculizar las negociaciones que conduzcan a una solución en la que Chile reconozca la soberanía boliviana en Arica.

Otra importante declaración, que aviva la esperanza popular de los bolivianos por reintegrarse al mar, la formuló el Canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien ante una consulta sobre la posible ejecución del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que exige la aceptación del Perú para que Chile le ceda a Bolivia territorios ariqueños, aseguró que su país “no pedirá soberanía, lo que pedirá es que se respete la servidumbre que tiene en Arica…”. Lo cual es relevante porque representa una garantía que no se repetirá lo acontecido en 1976 cuando, por primera y única vez, se ejecutó el referido Protocolo y Perú contestó a Chile con una contrapropuesta en la que sugirió compartir la soberanía del espacio por el cual Bolivia accedería al mar, lo cual no hizo más que entrabar las negociaciones que se habían iniciado en el pequeño poblado de Charaña, con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia.

Por otra parte, la propuesta lanzada por el senador oficialista chileno, Pablo Longueira, de realizar un plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie sobre la idea de dar solución al problema marítimo boliviano sin descartar una posible cesión de soberanía territorial; es una clara muestra de que el problema existe y que debe ser resuelto, es también el reflejo de una situación signada por la aproximación sin precedentes de los gobiernos de ambos países, que han incluido el tema en la agenda política que negocian los Viceministerios de Relaciones Exteriores, y es, al mismo tiempo, otro motivo esperanzador para el pueblo de Bolivia, que ansía recuperar un acceso soberano al mar.

Sin embargo, dicha propuesta, que fue muy bien acogida por las más altas autoridades bolivianas, no representa por sí sola un avance real en la recuperación de un acceso soberano de Bolivia al mar, ya que, en caso de que se realice, un resultado negativo impondría un enorme obstáculo al objetivo de reintegración marítima boliviana que sería muy difícil de superar, pues serviría de argumento para que el gobierno de Chile desestime la necesidad de negociar el tema. Por esa razón, la formulación del hipotético plebiscito, que además requerirá de una modificación en la legislación chilena que permita su realización, debe hacerse como mucho cuidado, pues si la consulta no hace referencia a los beneficios que Chile podría obtener con la ejecución del acuerdo que resuelva el problema marítimo de Bolivia, el rechazo del pueblo chileno estará más que garantizado.

Los hechos comentados y sus consiguientes repercusiones han puesto en evidencia, una vez más, que la cordialidad de las relaciones entre los países del Pacífico sur y su sustentabilidad en el tiempo, están condicionadas a la resolución del problema que genera el enclaustramiento boliviano; el cual sale a flote cada cierto tiempo generando molestias y esperanzas, las cuales se entremezclan con sentimientos nacionalistas que las exacerban y no permiten vislumbrar una solución definitiva al menos en el corto plazo. Además, en esta oportunidad, el problema reflota mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya evalúa los argumentos que Perú y Chile le presentaron para que ese alto Tribunal defina la frontera marítima entre ambos países. Dicho proceso representa un obstaculo para la reintegración marítima boliviana porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían dar a Bolivia un acceso soberano al mar.

Pero por más compleja que parezca la situación, no cabe duda que la inclaudicable esperanza del pueblo boliviano por reincorporarse a la vecindad del mundo a través del mar, mantendrá viva su demanda de reintegración marítima, hasta que se haga una realidad.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

Venezuela y el Problema Marítimo de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

La difícil y desventajosa situación que enfrenta Bolivia por no contar con un acceso propio al mar, ha sido motivo de numerosas manifestaciones de apoyo de parte de algunos países y organismos internacionales que, en diferentes momentos de la historia, instaron a quienes corresponde resolver este problema, hacer cuanto sea necesario para darle una solución definitiva. Entre esos respaldos, uno de los más significativos y constantes, ha sido el de Venezuela.

La controversia que genera el enclaustramiento geográfico de Bolivia en las relaciones político-diplomáticas de los países que concurren a las costas del Pacífico sur, ha tenido momentos críticos que a lo largo de la historia han llamado la atención de la comunidad internacional y que han generando, en esos momentos, un incremento de los apoyos a la demanda marítima boliviana. Uno de ellos se produjo en 1962, cuando, de manera unilateral, Chile decidió desviar el curso del río Lauca, que nace en los andes chilenos y desemboca en el lago boliviano Coipasa. Ante esa situación que contravenía las normas internacionales sobre el uso de aguas compartidas, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y varios países, entre ellos Venezuela, manifestaron su repudio a esta nueva agresión chilena contra el patrimonio territorial de Bolivia que, casi inevitablemente, trajo a colación al problema marítimo boliviano.

Fue así que con la intención de generar las condiciones para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia, el 22 de septiembre de 1962, los Presidentes, Rómulo Betancourt de Venezuela y Víctor Paz Estenssoro de Bolivia, suscribieron la “Declaración de Maracay”, con la que se recomendó a los cinco países bolivarianos conformar un grupo de expertos en conflictos internacionales para trabajar en propuestas de solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Sin embargo, debido a diferencias políticas y, sobre todo, al desinterés de Chile, la iniciativa de Maracay languideció sin resultados.

Otro momento que propició la manifestación del apoyo venezolano a la reintegración marítima boliviana, se produjo durante los años los setenta cuando, por circunstancias relacionadas con la violenta irrupción de Augusto Pinochet a la Presidencia de Chile, resurgieron algunos problemas limítrofes que ese país mantenía con Argentina y Perú, con el primero por unas islas situadas en el canal Beagle y con el segundo por la intención manifiesta de su Presidente, Juan Velasco Alvarado, por recuperar los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, antes de que llegara el centenario de aquel conflicto. En esos momentos, en los que el poderío militar peruano era muy superior al chileno y las autoridades castrenses de Chile pronosticaban y advertían sobre un posible ataque desde tres frentes (Argentina, Bolivia y Perú), Pinochet decidió ingresar en una negociación con Bolivia para darle una salida al mar, la cual se inició el 8 de febrero de 1975 en el pequeño poblado fronterizo de Charaña, donde además, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Un poco antes de que se iniciaran formalmente las conversaciones, el 9 de diciembre de 1974, el apoyo de Venezuela se expresó en la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que se realizó en Lima – Perú y en la cual, los países bolivarianos y sanmartinianos aprobaron una resolución que reconoció “la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos”.

Cuando el avance de las negociaciones iniciadas en Charaña había requerido la aceptación del Perú, para que Chile pueda cederle a Bolivia un territorio que le permita acceder soberanamente al mar, tal como lo estipula el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 suscrito entre los dos primeros países, y mientras el pueblo boliviano, esperanzado por reencontrarse con ese mar que le había sido arrebatado en 1879, empezaba a presionar a su gobierno por resultados en las negociaciones; Venezuela volvió a manifestar su apoyo con un regalo que simbolizó la comprensión de un pueblo muy vinculado al mar con otro que había sido injustamente enclaustrado.

En efecto, el 30 de julio de 1977, en una de las más significativas expresiones de apoyo que recibió la demanda marítima boliviana, el Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, obsequió a Bolivia un barco carguero que había servido en la C.A. Venezolana de Navegación y que a partir de esa fecha fue llamado “Simón Bolívar”. El gesto fue reconocido con la mayor gratitud por el pueblo boliviano que hasta el día de hoy recuerda con aprecio esa noble muestra de apoyo, que si bien no sirvió en ese momento para hacer que Chile retome el interés en las negociaciones que mostró en un principio, y cuyo fracaso produjo una nueva ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano-chilenas el 17 de marzo de 1978; es uno de los símbolos más importantes de la amistad que une a venezolanos y bolivianos.

En esa misma línea, Bolivia siempre pudo contar con el voto favorable de Venezuela en las once resoluciones a favor de la causa marítima boliviana que fueron aprobadas por la Asamblea General de la OEA desde 1979, en ellas, se reconoce que el problema que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es de interés hemisférico y que por tanto, debe ser resuelto.

Continuando esa disposición de apoyo a la demanda marítima boliviana, en noviembre de 2003, el Presidente Hugo Chávez, hizo un comentario que encendería la ira en Chile: “Bolivia tuvo mar y yo sueño con algún día bañarme en una playa boliviana”. Al día siguiente, los medios de prensa transandinos acusaron al Mandatario venezolano de intromisión en los asuntos internos de Chile e incluso se habló de una agresión a la soberanía de ese país. A tal punto llegó la molestia que el Presidente chileno, Ricardo Lagos, llamó a su Embajador en Caracas y calificó al sueño de Chávez como un “exceso”. Pese al roce diplomático que produjo ese comentario, el Presidente de Venezuela continuó señalando la injusticia que representa mantener geográficamente encerrada a Bolivia y repitió muchas veces sus deseos de solazarse algún día en una playa boliviana.

Todos estos hechos, que muestran el constante y desinteresado apoyo de Venezuela a los bolivianos, en un tema tan sentido para ellos como es el de su vinculación con el mar, han garantizado el respaldo recíproco de Bolivia a Venezuela en cualquier asunto que involucre a este último país y es otra muestra de los lazos que unen a estos dos pueblos hermanos que más temprano que tarde podrán bañarse en una playa boliviana.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

La Soberanía en la Solución del Enclaustramiento Boliviano

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

Existen varias dificultades que a lo largo de la historia han impedido alcanzar una solución al problema marítimo boliviano. En un principio fueron los intereses políticos y la falta de visión de los congresistas bolivianos; después se añadieron trabas legales impuestas en acuerdos internacionales, como el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que introdujo al Perú en ese asunto; seguidamente se agregaron posiciones nacionalistas intransigentes de ambas partes que, a través de los medios de comunicación, promovieron la oposición a cualquier intento de solución; a estos inconvenientes, luego se sumaron condiciones impuestas por Chile, como el canje territorial, que no permitieron llegar a buen puerto; todo ello siempre exacerbado por la extrema sensibilidad que conlleva este tema y determinado por una evidente falta de voluntad política de parte de los gobernantes, principalmente chilenos, que han tenido en sus manos la posibilidad de terminar con este largo y difícil problema. 

Continuando esa tendencia, en los últimos años surgió un nuevo inconveniente, que hoy parece ser el principal obstáculo para llegar a un acuerdo que permita resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano, se trata del reconocimiento de la soberanía territorial de Bolivia sobre las costas del Pacífico, que los bolivianos demandan y los chilenos rechazan.

Se afirma que es nuevo porque en 1895, 1920, 1926, 1950, 1961 y 1975, Chile aceptó solemnemente y por escrito, considerar la cesión de su soberanía territorial a Bolivia en un espacio situado en la zona fronteriza que comparte con Perú. Por lo cual, la inclusión del tema de la soberanía en las conversaciones para dar solución al problema marítimo boliviano, no es algo nuevo, sino que cuenta con repetidos e importantes antecedentes, que deben ser considerados a la hora de tratar este asunto.

Alguna vez se dijo que el gobierno chileno está imposibilitado de ceder soberanía territorial por la supuesta existencia de una restricción constitucional. Sin embargo, la Constitución Política de Chile no contiene referencia alguna a una posible cesión de territorios. En realidad, lo que generó esas suposiciones, fue la interpretación malintencionada de la ley chilena sobre Seguridad del Estado de 1958, actualizada en 1975, que establece una pena de 5 a 10 años de cárcel para los nacionales chilenos “que de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio propiciaran la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado Extranjero”. Sin embargo, es importante aclarar que esta disposición no coarta de ninguna manera la facultad del Estado chileno para suscribir tratados que modifiquen la superficie territorial chilena.

La primera vez que el gobierno chileno manifestó su intención de dejar fuera de las conversaciones con Bolivia al tema de la soberanía fue en abril de 2006, cuando la entonces Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, dijo que su gobierno “está dispuesto a buscar una salida al mar (para Bolivia), pero eso no quiere decir que esté dispuesto a entregar soberanía...”. Luego, en septiembre de 2007, en la ciudad de La Paz, declaró que “cuando se plantean temas de cesión de soberanía (los chilenos) se ponen un poco a la defensiva”. Con esos comentarios, basados en encuestas realizadas a la población chilena, se establecieron los primeros argumentos de una postura que luego fue adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien, el 19 de julio de 2010 afirmó, “Chile tiene la mejor disposición de facilitar el acceso de Bolivia a través de los puertos chilenos a todo el mundo, y vamos a ser muy creativos y perseverantes en facilitar ese acceso al mar. Pero sin duda que tenemos ciertas restricciones, particularmente en lo que se refiere a soberanía”

Por otra parte, según la postura boliviana, para resolver definitivamente este asunto, es necesario que Bolivia recupere un espacio territorial costero y marítimo con soberanía que le permita acceder libremente al mar; porque no se trata solamente de facilitar su acceso al mar, ni de mejorar y/o ampliar su flujo comercial por los puertos chilenos, sino de levantar el injusto encierro impuesto hace más de un siglo al pueblo boliviano y de permitir su reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar de manera amplia e irrestricta. Y porque además, así lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que en su artículo 267, inciso II dice: “La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

Es importante que la demanda marítima de Bolivia sea clara y firme en sus objetivos centrales, pero no por exigir la más amplia y absoluta soberanía se debe caer en la intransigencia y en el alejamiento de la realidad. La diplomacia boliviana debe actuar en base a las nuevas realidades y concepciones del derecho internacional, sin claudicar en su importantísimo objetivo de reintegración soberana, pero considerando que también es necesario ceder para ganar. En ese sentido, es importante tener presente que para terminar definitivamente con este problema, es necesario que el acuerdo de solución contemple beneficios para todos los involucrados como la única forma de generar un ambiente de coexistencia pacífica, cordial y sincera entre los países que por su geografía concurren a las costas del Pacífico Sur.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

El Injusto Encierro de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Las siguientes líneas fueron escritas con el propósito de dar a conocer las razones que explican por que la carencia de un acceso propio al mar de Bolivia es una situación grave e injusta y por que, después de 131 años de vivir en esta condición, los bolivianos aún reclamamos nuestra reincorporación a la vecindad del mundo a través del mar.

Las pérdidas territoriales de Bolivia fueron inmensas, más de la mitad del territorio con el que nació a la vida independiente tuvo que ser entregado a sus cinco vecinos, quienes se aprovecharon de la debilidad militar de un país que no terminaba de consolidarse, en el caso de Chile y Brasil; que fueron favorecidos por un arbitraje tendencioso, en el caso de Perú; que obtuvieron una compensación por otros territorios que hoy son parte de Bolivia, en el caso de la Argentina; y que salieron victoriosos de una guerra sin sentido, impulsada por gobernantes que no fueron capaces de resolver sus problemas por la vía diplomática, en el caso de Paraguay. En general, se podría decir que los cinco países mencionados se vieron beneficiados por decisiones políticas de Bolivia, quizás desacertadas, pero forzadas por un contexto internacional muy desfavorable al momento de suscribir los tratados que definieron sus límites.

Si bien todas esas pérdidas afectaron considerablemente al pueblo boliviano y la mayoría de ellas representaron un altísimo costo de oportunidad para el crecimiento económico de Bolivia, porque se dejó de contar con las importantes riquezas que esos territorios contenían y aún contienen; ninguna de ellas afectó tanto a la identidad de la nación boliviana ni significó un perjuicio tan grande para su desarrollo económico, como la pérdida de su única salida al mar.

Es un problema de identidad nacional porque la sensación de encierro que dejó esa gran pérdida a los bolivianos y la precepción dominante de que éste fue impuesto injustamente, no ha permitido dar vuelta la página y superar el trauma que produjo esa derrota sufrida hace más de un siglo. Por eso, los bolivianos no aceptan su condición de enclaustramiento y siempre reaccionan con extrema desconfianza ante cualquier intento de aproximación diplomática entre su gobierno y el de Chile, actitud, que en varias oportunidades fue reforzada por decisiones tomadas desde La Moneda en contra de Bolivia, tales como la desviación unilateral de las aguas del río internacional Lauca en 1962, la colocación de minas antipersonales en la frontera boliviano-chilena a finales de la década de los 70 y la utilización gratuita de las aguas bolivianas del Silala a partir de 1908, entre otras.

Es también un perjuicio para el desarrollo económico de Bolivia porque, además de estar prácticamente imposibilitada de explotar los recursos marinos, el intercambio de productos que realiza con otros países a través de la vía por la que transita más del 90% del comercio mundial, se encuentra limitado por los mayores costos que representa el necesario traspaso de dichos productos por un territorio extranjero y por la consiguiente dependencia de los gobiernos que administran dicho territorio, la cual genera una constante incertidumbre para la inversión en actividades de comercio exterior por vía marítima. Estas limitantes le cuestan anualmente a Bolivia casi un punto porcentual de su crecimiento económico, según estudios realizados sobre este tema (CEPAL. “El desarrollo de las economías sin costa marítima”: 2003; y Jeffrey Sachs. “The Convergente Nature and Growth”: 1997).

Es incluso una de las pérdidas más terribles que país alguno ha sufrido como consecuencia de una guerra, puesto que Bolivia no sólo perdió un gran territorio con enormes riquezas naturales, sino también una importantísima cualidad de contacto con el mundo que, después de más de cien años, continua perjudicando su desarrollo económico y social por las razones antes explicadas.

El mantenimiento del encierro boliviano agrava de tal forma la pérdida territorial consumada en el Tratado de 1904, que no es posible compararla con las disminuciones geográficas que sufrieron otros países. De los 43 estados que actualmente no cuentan con una costa marítima, sólo cinco la perdieron, pero a ninguno de ellos les fue arrebatada mediante una invasión militar como a Bolivia. Austria y Hungría perdieron su condición de países marítimos cuando el Imperio Austrohúngaro fue disuelto y su territorio fue repartido entre varios países en 1919 y en 1920 respectivamente. Mientras que Etiopía y Serbia quedaron sin acceso propio la mar, tras sus respectivas separaciones de Eritrea en 1993 y de Montenegro en 2006.

En buenas cuentas, la carencia de una salida propia al mar es una situación injusta para los bolivianos porque el encierro fue impuesto a través de un tratado que puso fin a una guerra no provocada por Bolivia, y porque resulta excesivo para un pueblo tener que seguir pagando los costos de una derrota sufrida hace tanto tiempo; considerando además que, como consecuencia de esa guerra, el vencedor obtuvo de Bolivia la cesión del dominio perpetuo sobre un vasto territorio con enormísimas reservas de cobre que le han permitido alcanzar el desarrollo económico que hoy ostenta.

Por todas estas razones y porque el prolongado espacio de tiempo transcurrido demuestra que los bolivianos no dejaremos de reclamar que se levante nuestro encierro hasta que eso finalmente ocurra, es necesario que los gobiernos de los países involucrados alcancen un acuerdo que permita desarrollar una relación cordial y distendida, que por tanto tiempo ha estado ausente, y que le dé a Bolivia acceso soberano al mar.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.

La Paralización del Ferrocarril Arica - La Paz, Una Violación al Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras 

El ferrocarril que une al puerto de Arica con El Alto de La Paz, junto a 300 mil libras esterlinas, créditos de hasta 5% para la construcción de otras líneas férreas en territorio boliviano y un derecho de libre tránsito, son las exiguas compensaciones que Chile dio a Bolivia a cambio de 400 kilómetros de costa y más de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio que, entre otras cosas, contienen el yacimiento cuprífero más grande del mundo. Esta inequitativa transacción, estipulada en el Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, se agrava aún más si se considera que su ejecución dejó a Bolivia sin acceso al mar.

En cumplimiento a lo acordado en ese Tratado y en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz fechada el 27 de junio de 1905, Chile construyó dicha línea férrea, la puso en funcionamiento a partir de 1913 y en 1928 traspasó a Bolivia la sección Charaña – La Paz.

En 1996, con la capitalización (privatización) de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia (ENFE), la sección boliviana, Charaña – La Paz, pasó a depender de una empresa controlada por el Grupo Luksic de Chile. Un año más tarde, el tramo chileno, Arica – Visviri, que había sido administrado por el Estado chileno hasta ese entonces, fue entregado en concesión a la empresa chilena Administradora del Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (AFCALP).

Con el total de la vía en manos de privados chilenos, se creyó que su eficiencia aumentaría y que su funcionamiento estaría permanentemente garantizado, porque además, así lo establece la Convención de 1905. Pero ocurrió lo contrario, en 2001, una fuerte tormenta ocasionó el desborde del río Lluta que se llevó los rieles que lo sobrepasaban. Los costos de rehabilitación y los asociados a la interrupción del servicio, afectaron de tal manera a las finanzas de la AFCALP, que no pudo volver a generar rentabilidad ni con la reposición del servicio. En noviembre de 2005 la empresa se declaró en quiebra. Desde entonces, el ferrocarril Arica – La Paz, que es la principal compensación que Bolivia recibió por la entrega su vasto, rico y único litoral, se encuentra paralizado.

Este hecho no es menos que una flagrante violación a la Convención de 1905, y por tanto al Tratado de 1904 que ésta reglamenta, pues en ella está claramente establecida la obligación que tiene Chile de garantizar el funcionamiento permanente y perpetuo del ferrocarril. Se trata de una violación al Tratado de Paz porque, en este caso, la transgresión de la Convención de 1905, como la norma adjetiva y reglamentaria que se desprende directamente de la norma sustantiva marco que es el Tratado de 1904, constituye una inobservancia al propósito con el cual fue concebido ese Tratado en su parte referida a la construcción del ferrocarril Arica – La Paz, que innegablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

Aun así, la rehabilitación del ferrocarril no parece ser una prioridad para el gobierno chileno, que si bien ha llamado a una segunda licitación con ese propósito, no ha mostrado una verdadera voluntad política por restablecer el servicio ferroviario con la celeridad y urgencia que un compromiso internacional de estas características amerita. Prueba de ello es el transcurso de casi un lustro de inactividad que al parecer se prolongará unos años más y la inexistencia de un compromiso serio con Bolivia para restablecer los servicios del ferrocarril, pese a la preocupación manifestada por parte de las autoridades bolivianas a las chilenas en los ámbitos correspondientes, como en la X Reunión del Comité de Frontera Bolivia – Chile, celebrada en agosto de 2009 en La Paz, y en la XXI Reunión del Mecanismo de Consultas políticas Chile – Bolivia de noviembre de ese año, realizada en la ciudad de Santiago.

Por todo lo dicho, la paralización del ferrocarril, además de constituirse en un incumplimiento por parte de Chile de los acuerdos mencionados, muestra una vez más una actitud hostil hacia Bolivia, que es la que no permite que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos. Porque además, el ferrocarril Arica – La Paz, conjuntamente con el derecho de libre tránsito, deberían servir para atenuar el costosísimo encierro geográfico que afecta a Bolivia desde hace 131 años, según el espíritu con el que fueron concebidos el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios.

NOTA: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.