Mejor reactivos nomás...

Por: Fernando Salazar Paredes

Siempre, con este y anteriores gobiernos, he criticado que nuestra política exterior, en general, era reactiva, exhortando a que sea pro-activa. La actual política exterior es, ciertamente, pro-activa, pero a contramano… Tres temas dan la pauta:

Ha conseguido lo que nadie antes había logrado: un aislamiento perjudicial en los organismos internacionales que se refleja en una falta de apoyo a nuestra causa marítima. La soledad boliviana en OEA y ONU es más que evidente.

Ha hecho grandes esfuerzos para solucionar el caso de las aguas del Silala… a favor de Chile. Todo lo que se logró, durante décadas, para fortalecer una posición boliviana con relación a la propiedad de esas aguas se fue por la borda por falta de idoneidad del negociador boliviano que, posteriormente, fue despedido, después de haber causado daño a los intereses del país.

Finalmente, se ha decidido transitar –sin medir las consecuencias– de una política exterior reintegracionista a una política reivindicacionista y anunciar, con bombos y platillos, el inicio de acciones ante tribunales internacionales. Aun no se sabe ante cuál foro internacional, ni se cuenta con especialistas para el efecto. aSe corre, eso sí, el riesgo de sepultar jurídica y definitivamente la posibilidad de un retorno al Pacífico.

Los impromptus y circunloquios de nuestro Presidente en el tema marítimo revelan falta de meditación, asesoramiento y coordinación en lo fundamental de nuestra política exterior. Se impone un mínimo de sindéresis.

La cereza que corona este agrio postre es lo que pomposamente se llama Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima. Es el trono de los todólogos, donde los especialistas brillan por su ausencia. Solo basta mirar el currículo del peruano Allan Wagner o del chileno Alberto Van Clavaren y compararlos con el del Dr. Lanchipa para predecir hacia dónde estamos encaminados. En materia internacional no se puede improvisar, ni actuar con frivolidad.  Tampoco se aprende de la noche a la mañana o por osmosis. Una pro-actividad de este tipo nos hace mas daño que una reactividad a la que estábamos acostumbrados.

Más enclaustrados que nunca

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón (Parte I y Parte II) y en Guayoyo en Letras

Considerando que el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios son el principal respaldo jurídico del dominio de Chile sobre el litoral boliviano y sabiendo que el enclaustramiento de Bolivia genera cada cierto tiempo fricciones diplomáticas que evidentemente irritan a las autoridades chilenas; cualquiera pensaría que Chile cumple cuidadosamente los compromisos asumidos mediante dichos convenios, sin embargo, en la práctica, ocurre todo lo contrario. 

Primeramente cabe recordar que las principales compensaciones que Chile otorgó a Bolivia para atenuar el problema que le causó al arrebatarle su único acceso al mar, fueron el ferrocarril Arica-La Paz y un derecho de libre tránsito. Pero como el ferrocarril no funciona desde hace varios años y el libre tránsito está siendo vulnerado de diversas formas por el gobierno chileno y las empresas privadas que administran los puertos de Arica y Antofagasta; los bolivianos nos encontramos más enclaustrados que nunca.

De acuerdo a lo convenido en el Tratado de 1904 y en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril Arica–La Paz de 1905, Chile construyó la vía férrea, la puso en funcionamiento a partir de 1913 y en 1928 traspasó a Bolivia la sección Charaña–La Paz. Dicha sección fue administrada hasta 1996 por la estatal boliviana de ferrocarriles (ENFE), cuando, como resultado de la capitalización, fue traspasada a una empresa chilena del Grupo Luksic. Un año después, el tramo Arica–Visviri, que había sido administrado hasta ese entonces por el Estado chileno, fue entregado en concesión a la empresa chilena AFCALP.

Así, con el total de la vía en manos de privados chilenos se creyó que el servicio mejoraría y estaría permanentemente garantizado, pero en 2001 las operaciones tuvieron que ser interrumpidas tras una fuerte tormenta que destruyó el puente del río Lluta. A partir de entonces sólo se realizaron algunos viajes hasta que, en noviembre de 2005, la AFCALP se declaró en quiebra y el servicio fue paralizado por completo hasta el día de hoy.

Este hecho no es menos que una flagrante violación por parte de Chile a la Convención de 1905, que establece la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico del ferrocarril” (art.12), y es, asimismo, una inobservancia al propósito con el que fue concebido el Tratado de 1904 en su parte referida a la construcción del ferrocarril (art.3), que indudablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

En las últimas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas y del Grupo sobre Libre Tránsito, realizadas en julio de 2010 y en agosto de 2011 respectivamente, los representantes chilenos dijeron que “se espera” concluir los trabajos de rehabilitación a mediados de 2012 y si bien es cierto que se ha estado trabajando en ello; la falta de un compromiso serio por parte de Chile, el transcurso de casi una década de promesas incumplidas del mismo tipo y el congelamiento de la agenda de 13 puntos tras el impase que produjo el anuncio de llevar a instancias internacionales el tema marítimo; son hechos que deben preocupar a nuestras autoridades que, cabe recordar, son las encargadas de exigir a Chile que por lo menos honre sus compromisos y garantice el funcionamiento del ferrocarril que es precisamente la principal compensación que ese país otorgó a Bolivia a cambio de su vasto, rico y único litoral.

En cuanto al derecho de libre tránsito que Chile reconoció a favor de Bolivia por su territorio y puertos, existen algunos hechos que demuestran que esa facilidad no fue garantizada de manera perpetua, tal  como fue acordado bilateralmente. En 1933, Chile obstruyó el paso del material bélico que el ejército boliviano había adquirido para enfrentar la guerra del Chaco, en 1953, las autoridades chilenas detuvieron una carga de insumos destinados a las minas recién nacionalizadas en Bolivia, en 1878, la dictadura chilena dispuso la colocación de minas antipersonales en la frontera que hasta el momento no han sido removidas totalmente y, en 2010, el gobierno de La Moneda permitió el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.  

Por otra parte, desde que Chile entregó en concesión los puertos de Antofagasta y Arica a las empresas privadas ATI y EPA, en 2003 y 2004 respectivamente, los servicios de ambos puertos han sido interrumpidos en varias oportunidades y con mayor frecuencia que antes por las constantes huelgas de estibadores que exigen una mejor administración, lo que representa una transgresión a la Convención sobre Tránsito de 1937, en la que Chile se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo y sin excepción” (art.1). 

Otra consecuencia de esas concesiones, que nunca fueron reconocidas por Bolivia, es el constante y exagerado incremento de las tarifas que cobran las empresas concesionarias por sus servicios; y es que las inversiones realizadas por dichas empresas en ambos puertos, están siendo financiadas exclusivamente por los usuarios, que son en su gran mayoría, bolivianos. Al respecto, cabe mencionar que la administradora del puerto de Arica (EPA), anunció su intención de aumentar nuevamente las tarifas y cambiar la modalidad de cobro, que habían sido acordadas con la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia en 2009.  

Además, las concesionarias han estado cobrado por el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año, lo cual es una flagrante violación a las Convenciones de 1912 y 1937, que establecen claramente la gratuidad en esos casos (art.12 y art.4 respectivamente).

A estos perjuicios, se suma el cobro que desde hace unos meses aplican las autoridades antinarcóticos de Chile por concepto de “aforos físicos” a las mercancías que provienen de Bolivia. Cuando en realidad, los comerciantes bolivianos no tienen por qué pagar el costo de los controles que Chile realiza en su territorio y menos aun cuando esa medida contradice la Convención de 1937 que al respecto señala: “La exportación de productos bolivianos por puertos chilenos se hará sin más formalidad que la confrontación en el muelle por la Agencia Aduanera respectiva de las marcas números y cantidad de bultos…” (art.5).

Por todos estos motivos, que evidencian que Chile no garantiza la ejecución de las facilidades que deberían servir para atenuar el encierro geográfico de Bolivia, según lo estipulado en el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, hoy nos encontramos más enclaustrados que nunca. Es imperioso, por tanto, que nuestras autoridades exijan a Chile el cumplimiento de dichos compromisos, que son al mismo tiempo, las principales compensaciones que recibió Bolivia a cambio de su vasto, rico y único litoral. 

La descarada reacción chilena

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Continuando la estrategia de denunciar los atropellos que Chile comente contra Bolivia en los foros internacionales para que el gobierno de La Moneda cumpla el compromiso asumido en julio de 2010 de presentar y alcanzar soluciones factibles, útiles y concretas al problema que genera el enclaustramiento boliviano, el Presidente Evo Morales dijo en su discurso ante la 66ª Asamblea General de la ONU que el Tratado de 1904 “no aportó paz ni amistad y ocasionó que por más de un siglo Bolivia no acceda a un puerto soberano”. En la réplica, el Presidente Sebastián Piñera, reiteró una vez más que “entre Chile y Bolivia, no existen asuntos territoriales pendientes” porque, según él, éstos habrían sido resueltos mediante el Tratado de 1904.

No es ninguna sorpresa que Piñera desconozca que existe un tema pendiente entre Bolivia y Chile, pero sí llama la atención que para justificarse asegure que “las facilidades que (Chile) ha otorgado a Bolivia superan ampliamente las previstas en la Convención de Naciones Unidas para Países sin Litoral”, lo cual, es lo mínimo que se puede esperar de Chile, que es precisamente el único responsable del enclaustramiento boliviano. En ese sentido, el gobierno chileno debe entender que dichas facilidades no son concesiones graciosas, sino obligaciones que debe cumplir porque están claramente establecidas en acuerdos multilaterales de los que es parte, como la mencionada Convención para Países sin Litoral de 1965 y la Declaración de Almaty de 2003, y asimismo, en los acuerdos suscritos con Bolivia en 1904, 1912 y 1937.

Si Chile ha ido más allá de las obligaciones establecidas en los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre libre tránsito, es porque ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha permitido el reciente enmallado de un tramo en el límite fronterizo y ha delegado a empresas privadas la responsabilidad de garantizar el derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta, lo cual ha generado constantes paros en ambos puertos debido a las huelgas de estibadores que reclaman una mejor administración y el frecuente incremento de los precios de los servicios portuarios que los comerciantes bolivianos deben pagar.

Por si fuera poco, Piñera también dijo que “Chile ha dado pleno y oportuno cumplimiento a todas las cláusulas del Tratado de 1904”, lo cual es una descarada falsedad porque además de las violaciones al derecho de libre tránsito ya mencionadas, Chile incumple de manera flagrante al menos dos acuerdos complementarios al Tratado de 1904: la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril Arica–La Paz de 1905, que establece la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico del ferrocarril”, el cual, a pesar de ello, permanece inactivo hace varios años en el lado chileno; y la Convención de Tráfico Comercial de 1912, porque se ha estado cobrando almacenaje a las mercaderías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año, lo cual, según ese acuerdo, debería ser gratuito.

Por último, en cuanto a las declaraciones del Canciller chileno, Alfredo Moreno, de que la reacción internacional ante el discurso de Evo Morales fue “absolutamente nula”, cabe señalar, por todo lo dicho, que la reacción chilena fue absolutamente descarada.

¿Espías chilenos?

Por Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Considerando que la negociación iniciada en 1950 por los gobiernos de Bolivia y Chile con el propósito de solucionar el problema que genera el enclaustramiento boliviano fue estropeada por una filtración periodística que difundió los detalles de dicha negociación, es necesario evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El 13 de agosto pasado, el periódico chileno La Tercera publicó un reportaje titulado "La reunión más tensa de Piñera y Morales", en el que se divulgaron los pormenores de ese encuentro realizado en Lima – Perú, entre ambos Mandatarios y sus respectivos Cancilleres, el último 28 de julio. “La conversación fue relatada a La Tercera por altos personeros diplomáticos” indica el rotativo santiaguino sin especificar nacionalidades ni mucho menos identidades.

Llama la atención que ese prestigioso diario publique una información tan importante y delicada amparándose únicamente en fuentes anónimas, no obstante, la no objeción de ambos gobiernos a lo publicado, podría hacernos creer que existe una intencionalidad oculta o simplemente que todo lo informado es cierto.

Para deducir si se trata de una filtración autorizada, es necesario considerar los intereses de las partes en la reunión y si lo publicado contribuye a la consecución de los mismos. Por un lado, cabe recordar que el gobierno boliviano solicitó el encuentro con el propósito de restablecer las conversaciones sobre el tema marítimo que habían sido suspendidas después de que Chile incumpliera los compromisos asumidos en el marco de la agenda de los 13 puntos. Por otra parte, Chile acudió al encuentro con la intención de dar muestras de que continúa abierto al diálogo pese a la amenaza boliviana de judicializar el tema. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo informado, no se avanzó en el tema marítimo debido a la rigidez de las posturas y, sobre todo, al tenso ambiente en que se produjo el encuentro, enrarecido por los hechos comentados y otros atribuidos a militares bolivianos y a policías chilenos; el gobierno de Chile parece ser el principal sospechoso de propiciar la filtración.

No es la primera vez que La Tercera procede de esta forma, el 5 de diciembre de 2010 publicó una llamativa noticia que curiosamente y pese a su importancia, tampoco señalaba la fuente de la cual extrajo su información, el encabezado decía “Piñera frenó oferta de Bachelet de enclave a Bolivia antes de asumir. Tres expertos bolivianos viajaron a la Región de Tarapacá en 2009 para inspeccionar un enclave ofrecido por el gobierno de Bachelet. Se llegó a construir mapas al sur de la Quebrada de Camarones y en febrero pasado se preparaba la firma de un acta. El plan fue rechazado por Piñera, quien es más partidario de otorgar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta".

En esa oportunidad, las únicas referencias al origen de la información fueron: “señalan fuentes del gobierno de la época” y “asegura una fuente de la Cancillería chilena que conoció de estas conversaciones”.

Por lo dicho, más allá de la suposición de que las filtraciones hayan contado con el asentimiento de La Moneda, queda claro que el gobierno boliviano no puede permitir que un trascendido extra oficial de este tipo, obtenido mediante espionaje, vuelva a poner en riesgo la consecución de nuestro objetivo de reintegración marítima.

Chile, el Quisquilloso

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El pasado 12 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expresó su extrema molestia por la nota que Bolivia presentó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para hacerle conocer su posición sobre el litigio peruano-chileno y evitar así que su derecho a recuperar un acceso soberano al mar se vea afectado por el fallo inapelable que ese alto Tribunal emitirá al respecto.

No sorprende el enorme disgusto de Chile, pero sí la agresividad de los términos empleados para manifestarlo, acusando a Bolivia de no tener “derecho alguno para intervenir en el proceso contencioso” y de “atribuir connotaciones jurídicas a planteamientos políticos e interpretaciones antojadizas”, y esto, a pesar de que el gobierno boliviano aclaró en su nota que no tiene un interés de orden jurídico que le permita intervenir como una tercera parte en el litigio.

La quisquillosa reacción de Chile demuestra que no tiene la voluntad política para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia pero también deja entrever que su gobierno está consciente que es un asunto que debe ser resuelto, porque como bien saben, la nota de Bolivia no podrá influir en la definición del conflicto chileno-peruano ya que, según el Estatuto de la Corte, los jueces sólo pueden fallar conforme a derecho (art.38), es decir, considerando únicamente los derechos jurídicos de las partes o de un tercero en el conflicto. Por tanto, no le corresponde a Chile censurar ni prohibir el pronuncionamiento boliviano en este asunto, más aún cuando los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían permitir a Bolivia recuperar un acceso soberano al mar.

Si bien, por lo dicho, la nota boliviana no servirá para evitar que el fallo de la Corte afecte, si es que lo hace, a los intereses y derechos de Bolivia a recuperar una salida soberana al mar; al menos sí se podrá evitar que en el futuro Chile utilice el argumento de que el gobierno boliviano no se pronunció cuando chilenos y peruanos definían la pertenencia de los territorios que más factiblemente podrían servir para ese propósito, y desentenderse así de la obligación histórica y moral de devolver a Bolivia su cualidad marítima.

Por otra parte, es necesario reconocer que el gobierno boliviano contribuyó a que Chile reaccione tan airadamente, por haber anunciado que apelará a instancias internacionales para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar, cuando no cuenta con los argumentos jurídicos suficientes para lograr ese propósito. No obstante, aún así, no está bien que el gobierno chileno califique a nuestro derecho de reintegración marítima como “antojadizo”, pues si bien es cierto que con el transcurso del tiempo perdimos los argumentos jurídicos para exigir la devolución de los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, nuestros derechos históricos y morales a recuperar una salida soberana al mar están totalmente vigentes y su legitimidad, muchas veces reconocida por los gobiernos chilenos, es incuestionable.

Es cierto que si Bolivia no habría anunciado su riesgosísima intención de judicializar el tema marítimo, el exabrupto de Chile habría sino menos explosivo, no obstante, su quisquillosa reacción, nos hace ver que está en el subconsciente chileno que el encierro de Bolivia no puede ser eterno.  

Violaciones y atropellos de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Mientras el gobierno boliviano busca, analiza y evalúa los elementos jurídicos que le podrían servir para sustentar la demanda que pretende interponer contra Chile ante tribunales internacionales, resulta oportuno resumir las violaciones de Chile al Tratado de 1904 y otros atropellos cometidos por ese país en contra de la soberanía territorial boliviana.

Chile ha violado varias veces el Tratado de 1904 porque no ha garantizado el cumplimiento continuo del libre tránsito otorgado a Bolivia en ese acuerdo (art.6) y porque no mantiene activo el Ferrocarril Arica–La Paz, que es precisamente, la principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su rico y único litoral (art.3).

El libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos ha sido interrumpido y dificultado en numerosas ocasiones. En 1933, en plena guerra del Chaco, Chile impidió el paso del material bélico que Bolivia había adquirido para la contienda, lo cual generó un alto costo en vidas y dinero para los bolivianos, que tuvieron que desviar ese material por puertos peruanos. 

En 1998 y 2003, Chile otorgó en concesión la administración de los puertos de Arica y Antofagasta, delegando así a empresas privadas, la obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia por esos puertos. Este hecho sin precedentes en el derecho internacional, ha generado grandes pérdidas al comercio boliviano debidas a las constantes huelgas de estibadores en ambos puertos.

Asimismo, el sembrado de minas antipersonales en la frontera dispuesto por el gobierno chileno a finales de los 70 y su lento retiro en los últimos años, cuestionan muy seriamente los alcances del derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia.

Por otra parte, la paralización del ferrocarril Arica–La Paz no es menos que una flagrante violación a la Convención suscrita por ambos países el 27 de junio de 1905, que establece la obligación de mantener el tráfico perpetuo de esa línea férrea y es asimismo una inobservancia del propósito con el cual se concibió el Tratado de 1904, en su parte referida a la construcción del ferrocarril (art.3), que innegablemente fue la de dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar.

Además de estas violaciones, Chile ha usufructuado gratuitamente de las aguas bolivianas del Silala desde 1908 y del Lauca desde 1962, lo cual es un grave atropello a los derechos de Bolivia. En el caso de los manantiales del Silala porque Chile canalizó hacia su territorio el curso del agua que emana de los acuíferos situados en territorio boliviano y, en el caso del río Lauca, porque Chile decidió desviar el curso de sus aguas que nacen en territorio chileno pero que al ingresar a Bolivia registran volúmenes muy inferiores al 50%, tal como debería ser según la Declaración de Montevideo sobre aguas compartidas, firmada por ambos países en 1933.

Todas estas violaciones y atropellos que se constituyen en los principales argumentos jurídicos que tiene Bolivia para demandar a Chile, pueden servir para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Tratado de 1904, sus acuerdos complementarios y Convenciones multilaterales que aplican. Sin embargo, en términos legales, estos argumentos no alcanzan para pretender que un Tribunal Internacional obligue a Chile a cedernos soberanía territorial.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia.  

Bolivia Vs. Chile: La Demanda de los Chávez

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

El 20 de octubre de 2004, al cumplirse el centenario de la firma del Tratado que dejó a nuestro país jurídicamente enclaustrado, los hermanos Víctor Hugo y Wilfredo Chávez Serrano, presentaron una propuesta de demanda judicial contra Chile para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar. El entonces Presidente boliviano, Carlos Mesa, a pesar de creer que el ámbito multilateral es un buen camino para llegar al mar, ignoró la referida propuesta o al menos no la incluyó en su política de “gas por mar”. 14 meses después, el día que Evo Morales asumió la presidencia, los hermanos Chávez enviaron su propuesta al flamante Mandatario, quien hasta el momento no la utilizó y salve Dios a Bolivia si decide hacerlo.

La demanda de los Chávez, que en los últimos días ha cobrado mayor actualidad, plantea someter el caso de la controversia que genera el enclaustramiento boliviano al Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya (TPA), basada en alegatos fácilmente rebatibles y planteados en la más insólita subestimación del profesionalismo y astucia de la diplomacia chilena. Entre los cuales destaca el falso argumento de que Bolivia nunca reconoció el dominio de Chile sobre los territorios de Atacama, situados entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur; lo cual es una terrible equivocación porque ese reconocimiento fue formalizado mediante el Acta Protocolizada del Tratado de Paz y Amistad, firmada el 15 de noviembre de 1904 y ratificada por ambos países. La cual, en su parte relevante señala:

“… habiendo sido controvertido en ocasiones por el gobierno de Bolivia el criterio con que Chile ha considerado invariablemente la situación de los territorios que se encuentran entre los paralelos 23 y 24 de latitud meridional, consideraba oportuno dejar claramente establecido que el gobierno de Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile en estos últimos territorios desde el mar hasta el actual deslinde con la República Argentina”.

Pero los Chávez, no sólo desconocen la existencia de dicho acuerdo, sino también la nota entregada a la Cancillería boliviana el 12 de febrero de 1879 por el Encargado de Negocios de Chile, Pedro Nolasco Videla, luego de que Bolivia no contestara, en el plazo exigido por Chile, la propuesta de llevar el conflicto al arbitraje de los Estados Unidos. En dicha nota, Chile desconoce unilateralmente el Tratado de límites de 6 de agosto de 1874, que, 132 años más tarde, los Chávez pretenden llevar al TPA de la Haya para que éste determine su vigencia. La nota señala:  

“Roto el tratado de 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866 sobre el territorio a que ese tratado se refiere. En consecuencia, el Gobierno de Chile ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos, y el Excelentísimo Gobierno de Bolivia no debe ver en ellos sino el resultado lógico del rompimiento que ha provocado y de su negativa reiterada para buscar una solución justa e igualmente honrosa para ambos países.”

Y eso no es todo, los Chávez tampoco conocen los documentos que invalidaron el Tratado sobre Transferencia de Territorios de 18 de mayo de 1895, mediante el cual, Chile se comprometió a entregar a Bolivia una salida soberana al mar, es decir, que desconocen los Protocolos de 9 de diciembre de 1895 y de 30 de abril de 1896, que condicionaron la entrada en vigor de dicho Tratado a la aprobación de las reservas que el Congreso boliviano había opuesto a su ratificación, pero, como era de esperar, Chile nunca las aprobó. No obstante, la supuesta vigencia de dicho instrumento es otro de los cuestionables argumentos que esgrimen los Chávez para demandar a Chile.

En conclusión, los Chávez creyeron descubrir que Chile “olvidó” legalizar su dominio sobre los territorios bolivianos que hoy ocupa y que “omitió” anular otros acuerdos que le obligan a darle a Bolivia una salida soberana al mar, y por ello presentaron una propuesta como si nunca antes en la historia de la diplomacia boliviana se hubiese considerado la posibilidad de llevar este asunto a Tribunales internacionales, creyendo que basta saber de leyes y muy poco de historia para diseñar una estrategia de política exterior, con el descaro de ni siquiera revisar la bibliografía básica de la materia, con una irresponsabilidad tan grande e infame que llega a poner en peligro los más caros intereses de Bolivia y lo peor de todo, asumiendo que los chilenos no conocen algunos conceptos básicos del Derecho Internacional. En pocas palabras, la demanda de los Chávez es una muy fidedigna expresión de lo que se entiende por “viveza criolla”. 

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

La Estrategia de Evo para Recuperar el Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras 


Desde que Bolivia perdió su cualidad maritima como consecuencia de la guerra iniciada por Chile en 1879, sus gobiernos han intentado recupérala en numerosas oportunidades y de varias maneras, aplicando diferentes estrategias que por sus características pueden ser clasificadas en dos grupos: las de corte “reivindicacionista” y las de carácter “practisista”. Posturas que, a pesar de ser completamente contradictorias, actualmente están siendo combinadas en la novedosa estrategia que ensaya el gobierno de Evo Morales para recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar.

La “tesis reivindicacionista” es una tendencia fundada en preceptos nacionalistas que sólo admite que la reintegración marítima boliviana se realice a través de la recuperación de los territorios perdidos en favor de Chile en 1879, para lo cual es necesario revisar el Tratado de 1904 que dejó a Bolivia jurídicamente enclaustrada. Esta postura, adquirió un importante impulso cuando a finales de la Primera Guerra Mundial, el Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, estableció las bases de un nuevo ordenamiento mundial a partir de 14 puntos, que proponían, entre otras cosas, la devolución de ciertos territorios que habían sido ocupados durante la guerra y la necesidad de dotar de un acceso al mar a países como Polonia y Serbia, que lo habían perdido en aquella conflagración.

Las propuestas de Wilson fueron interpretadas por los reivindicasionistas bolivianos, agrupados en el partido republicano, como una inmejorable oportunidad para demandar ante la Liga de las Naciones, la revisión del Tratado de 1904, lo cual finalmente se hizo cuando éstos llegaron al poder en 1920. En aquella ocasión, la demanda de Bolivia fue declarada inadmisible por la Comisión de juristas encargada de atender el caso porque, como es sabido, los tratados sólo pueden ser modificados por las partes signatarias y no así por un tribunal internacional.

La “tesis practisista”, en cambio, es una corriente fundada en conceptos pragmáticos y realistas que admite la posibilidad de resolver este asunto mediante la obtención de territorios que no fueron parte de Bolivia en el pasado, porque así se evita tener que modificar el Tratado de 1904, y principalmente, porque no es necesario interrumpir la continuidad del territorio chileno, lo cual, como era de esperar, ha sido siempre rechazado por Chile. A lo largo de la historia, la gran mayoría de las aproximaciones boliviano – chilenas para solucionar el problema capital de Bolivia, se han basado en esta postura, las más relevantes fueron las tratativas que produjeron los Tratados de 1895, el Acta Protocolizada de 1920, la propuesta Kellogg de 1927, las Notas de 1950, el Acta de Charaña de 1975 y el enfoque fresco de 1987. No obstante, como es evidente, ninguna de estas tentativas tuvo éxito.

Hoy, después de más de un siglo de intentos fallidos en los que se aplicó diferentes estrategias en base a una de estas dos corrientes, el gobierno de Evo Morales ensaya una gestión diplomática sin precedentes, pues por primera vez en la historia se negocia directamente con Chile una solución al problema marítimo, siguiendo premisas practisistas; y al mismo tiempo, se mantiene un discurso de corte reivindicacionista. Política que aumenta su carácter inusitado si se considera que además se ha suscrito con Perú, una Declaración en la que este último se compromete a no obstaculizar un posible acuerdo boliviano - chileno “sobre el acceso al mar de Bolivia, en conformidad a las disposiciones del Tratado de 1929, y su Protocolo Complementario” (Declaración de Ilo: 19/10/2010).

En efecto, según informó La Tercera el 5 de diciembre pasado, con el gobierno de Michelle Bachelet se llegó a conversar sobre la eventualidad de que Chile transfiera a Bolivia un enclave situado en la región de Tarapacá, que fue parte del Perú hasta 1883, y que con la administración de Sebastián Piñera se estaría considerando la posibilidad de que Chile ceda a Bolivia un corredor sin soberanía al norte de Arica, también peruano hasta 1929; es decir, que se habría avanzado en posibles soluciones de corte practisista. Por otra parte, tanto Evo Morales como su Canciller, David Choquehuanca, han hecho declaraciones de carácter reivindicacionista. Mientras que el Mandatario expresó su deseo por recuperar Atacama, en referencia al desierto de ese nombre que formó parte de Bolivia hasta 1904 y que hoy conforma la región chilena de Antofagasta; el Ministro manifestó que “no se descarta la posibilidad de llevar este asunto a tribunales internacionales”, tal como sucedió en el fallido intento ante la Liga de las Naciones.

Si bien estos pronunciamientos podrían ser considerados como contradictorios o hasta contraproducentes, más parecen estar dirigidos a obtener un resultado en el corto plazo con miras a la oportunidad que se abrirá cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya emita su fallo sobre el caso entre Perú y Chile, que podría darse tan pronto como el 2013. Al respecto, el comentario de Evo Morales acerca de que “los bolivianos no pueden esperar otros cien años para volver al mar”, es otra clara muestra de la premura por alcanzar un acuerdo que permita el reconocimiento de los intereses bolivianos en el nuevo tratado de limites que muy probablemente los contendientes tengan que suscribir para definir su frontera maritima y el punto donde comienza su límite terrestre. En otras palabras, para Bolivia es la gran oportunidad para lograr que se abra el candado de su encierro impuesto por Chile, y cuyas llaves las guarda Perú desde 1929.

Las declaraciones comentadas también demuestran que en esta oportunidad existe un verdadero interés del gobierno chileno por alcanzar una solución a este problema, ya que en el pasado bastó mucho menos que una declaración de corte reivindicacionista para que Chile se desentienda de continuar las negociaciones que había iniciado con Bolivia para resolver el problema de referencia. Interés que, según el autor de estas líneas, se relaciona con el objetivo chileno por liderar el proceso de integración regional para lo cual deberá solucionar previamente, sus problemas vecinales.

Por todo lo dicho, no queda más que esperar que la novedosa estrategia boliviana logre combinar ese interés chileno con el beneplácito peruano, para permitir que Bolivia se reintegre a la vecindad del mundo a través del mar.  

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia. 

Noticias Sobre Las Negociaciones Bolivia - Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela) 

Hace unos días leí con mucha sorpresa una publicación de Los Tiempos que en referencia a una solución para el problema marítimo boliviano titulaba: “Piñera oficializa corredor por 99 años para Bolivia”. Pero justo antes de recuperarme del alboroto emocional que me causó esa noticia, me di cuenta de que se trataba de una broma por el día de los inocentes.
Algo muy parecido ocurrió en 1950 cuando la revista chilena Ercilla publicó un artículo con el siguiente encabezado: “Chile Ofrece un puerto a Bolivia a 32 Km. de Arica. Plan de alcance histórico y continental; nuestro Gobierno acepta dar salida al mar a los bolivianos: Obtiene en cambio agua de los lagos del altiplano para regar el Norte: USA prestará el dinero”. Pero a diferencia de lo publicado el día de los inocentes, en aquella oportunidad, no se trataba de una broma, sino de un claro intento por torpedear las negociaciones que en ese momento sostenían los gobiernos de La Paz y Santiago para resolver el problema marítimo boliviano. La intención era generar un rechazo generalizado al avance de esas negociaciones mediante la difusión de un supuesto acuerdo que básicamente planteaba un canje de agua dulce por agua salada. El rechazo fue inmediato y contundente, en Bolivia nadie estuvo de acuerdo pues resultaba inadmisible que se piense en utilizar las aguas del lago Titicaca para beneficiar nada menos que a Chile; en Perú, la oposición también fue absoluta, porque la ejecución del acuerdo le habría significado perder importantes recursos hídricos y su frontera con Arica, sin recibir nada a cambio; y hasta en Chile, donde si bien hubo algunos pronunciamientos a favor, la gran mayoría se mostró contraria a ceder parte del territorio que, en palabras proferidas en ese momento, “había costado sangre chilena”.

Nunca se esclareció cuál fue la fuente de Ercilla, ni tampoco se comprobó la veracidad de lo divulgado, lo único cierto es que dicha publicación deterioró irreversiblemente la negociación iniciada en junio de 1950 con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia. Pues ni los desmentidos del gobierno boliviano ni el intento de Chile por reactivar las gestiones en 1961, a través de la presentación del Memorándum Trucco, sirvieron para salvar la situación. Las negociaciones languidecieron hasta ser desestimadas completamente en 1962, cuando el desvió unilateral de las aguas del río Lauca ejecutado por Chile, causó la ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano – chilenas.

Hoy recobra relevancia la experiencia que dejó la publicación de Ercilla, porque la negociación que actualmente mantienen los gobiernos de Evo Morales y Sebastián Piñera para intentar, una vez más, resolver el problema que genera el enclaustramiento de Bolivia, podría fracasar si un trascendido malintencionado como el comentado saliera a la luz.

Al respecto, cabe señalar que el 5 de diciembre de 2010, La Tercera de Chile publicó una llamativa noticia que curiosamente, y pese a su importancia, no señalaba la fuente de la cual extrajo su información, el encabezado decía: “Piñera frenó oferta de Bachelet de enclave a Bolivia antes de asumir. Tres expertos bolivianos viajaron a la Región de Tarapacá en 2009 para inspeccionar un enclave ofrecido por el gobierno de Bachelet. Se llegó a construir mapas al sur de la Quebrada de Camarones y en febrero pasado se preparaba la firma de un acta. El plan fue rechazado por Piñera, quien es más partidario de otorgar un corredor sin soberanía por el norte del río Lluta”.

Resulta muy extraño que el importante rotativo chileno saque una noticia de tanta monta y sólo se refiera al origen de la información con las siguientes dos frases: “señalan fuentes del gobierno de la época” y “asegura una fuente de la Cancillería chilena que conoció de estas conversaciones”.

Por otra parte, la no objeción de ambos gobiernos a las aseveraciones publicadas por La Tercera, evitó los cuestionamientos sobre la veracidad de las mismas y soslayó las dudas sobre si realmente se llegó tan lejos como se afirma en dicha publicación. Sin embargo, debido a que Chile se había comprometido muy poco antes a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas”; es posible que el verdadero propósito de la noticia, fue medir cuál podría ser la reacción de la opinión pública ante la propuesta de solución que estaría planteando Piñera, es decir, un corredor sin soberanía al norte de Arica. Aun cuando esto no sea cierto, las reacciones fueron bastante positivas pues a pesar de algunas salvedades, ni en Chile ni en Bolivia se descartó, al menos en primera instancia, la opción que habría planteado el Mandatario chileno. Lo cual incluso permitió seguir avanzando en la Cumbre Presidencial del Mercosur que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2010 en Foz de Iguazú – Brasil, donde se acordó conformar un grupo presidido por los Cancilleres Choquehuanca y Moreno, que estará encargado de tratar el tema marítimo.

Si bien las negociaciones parecen ir por buen camino o, en este caso, por un buen corredor; los negociadores no deben perder de vista que un trascendido malintencionado y bien ejecutado, podría echar por tierra todo lo avanzando tal como sucedió en 1950, más aún en nuestros días cuando el acceso a la información es mucho más amplio y existe una clara evidencia del efecto que pueden tener las filtraciones mediáticas, como las de Wikileaks, sobre las relaciones diplomáticas internacionales. Por tanto, para evitar que una indiscreción informativa lleve al fracaso a las negociaciones que en este momento mantienen los gobiernos de Chile y Bolivia, es preciso mantenerlas en la más absoluta confidencialidad, hasta que se llegue a un acuerdo que pueda ser presentado a la opinión pública de los países involucrados incluyendo, de ser necesario, al Perú.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

COP 16: Bolivia contra el mundo

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

Los acuerdos rechazados únicamente por Bolivia en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada a finales de 2010 en Cancún–México, con la asistencia de 194 países; son un importante avance en el objetivo de lograr compromisos comunes que sirvan para detener o, al menos reducir, el calentamiento global que desde hace muchos años se ha querido lograr sin éxito. Sin embargo, considerando que dichos acuerdos dejaron para las próximas reuniones sobre este tema, la definición de los mecanismos y el origen de los recursos necesarios para alcanzar las metas establecidas en esa misma oportunidad, y teniendo en cuenta, que también se postergaron las negociaciones para asegurar la implementación de un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que es el único acuerdo que obliga a los países desarrollados (excepto a Estados Unidos que no lo ratificó) a reducir sus emisiones de gases contaminantes; lo avanzado no parece ser suficiente para garantizar la vida de las futuras generaciones en este planeta, y eso es precisamente lo que señala la oposición de Bolivia.  

Vítores de alegría, alborozo generalizado y abrazos de felicitación surgieron tras la aprobación por mayoría del texto final de la COP 16. 193 Estados habían logrado por primera vez ponerse de acuerdo en tomar medidas conjuntas para contrarrestar el cambio climático, incluso los países más renuentes a los compromisos en esta materia, como Estados Unidos y China, habían dado su beneplácito. Bolivia era el aguafiestas mundial pues ni los países del ALBA quisieron apoyarla. Unas horas más tarde, algunas publicaciones alrededor del mundo se referían a una supuesta derrota boliviana en la COP 16 y a un arrollamiento total de su postura, aseguraban que los representantes de Bolivia se mostraron intransigentes porque no comprendían las consecuencias de su rechazo y no valoraban el esfuerzo realizado por todas las demás delegaciones.

Sin embargo, ¿cómo se puede afirmar que los bolivianos no están conscientes de lo que hicieron, cuando en Bolivia, así como en muchos otros lugares, millones de personas sufren las terribles consecuencias de las sequias, inundaciones y otros efectos que produce la contaminación que durante muchos años han emitido las grandes potencias y las economías emergentes? Y ¿Cómo pueden decir que Bolivia no valora el esfuerzo realizado por otros países, cuando su gobierno, con el propósito de llevar propuestas concretas a la COP 16, organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada con mucho éxito en abril de 2010 en Cochabamba, con la participación de más de 30 mil representantes de 140 países, y cuyas conclusiones no fueron siquiera consideradas por la presidencia de la Conferencia de Cancún?    

Si bien hay que reconocer que la delegación anfitriona de la COP 16, recogió en un solo documento muchas de las principales demandas de los participantes y asimismo lo hizo aceptable para otros tantos, que por intereses económicos no estaban dispuestos a firmar ningún acuerdo; es también notorio que no logró una convergencia de posturas que garantice el consenso, porque le faltó dar cabida a las preocupaciones de uno de los países más activos en lo que se refiere al  cuidado de la naturaleza. 

Pero no sólo se ignoraron las interesantes propuestas planteadas en la Conferencia de Cochabamba y presentadas a las Naciones Unidas con antelación al evento de referencia por el Presidente Evo Morales, referidas a la constitución de un Tribunal de Justicia Climática, la aprobación de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra y la realización de un referéndum mundial sobre el Cambio Climático, entre otras; sino que no se especificó cómo se alcanzarán las metas establecidas en los acuerdos de la COP 16, ni la fuente de su financiamiento. Sólo se acordó que éstos serán definidos en las futuras Conferencias. Dichas metas se pueden resumir en:

1. Creación de un fondo verde que servirá para la adaptación de los países en desarrollo a los mecanismos de mitigación de los de gases efecto invernadero. Dicho fondo, que será administrado por el Banco Mundial, contará inicialmente con 30 mil millones de dólares anuales y para el 2020, deberá alcanzar los 100 mil millones de dólares;
2. Reducción de las emisiones de gases contaminantes entre 25 a 40% hasta 2030, tomando como base los registros de 1990;
3. Ejecución de un programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) para los bosques; y
4. Establecimiento de un límite para el aumento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, con la posibilidad de reducirlo a 1.5, en la próxima reunión.  

Sobre este último punto, el representante boliviano, Pablo Solón, fue claro al señalar que los estudios realizados por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés), demuestran que “con un nivel de 2 grados centígrados sólo tenemos el 50% de probabilidades de evitar un impacto irreversible para la vida en el planeta (…), nadie enviaría a sus hijos en un avión que sólo tiene el 50% de probabilidades de aterrizar”.

Además, la negociación para definir un segundo periodo del Protocolo de Kioto, que se ha venido postergando desde el 2007, fue nuevamente diferida para ser incluida en la Conferencia que se realizará el 2011 en Durban–Sudáfrica. Lo cual resulta sumamente preocupante porque sólo restan dos escasos años para que expiren los compromisos sobre reducción de gases contaminantes, que fueron definidos en ese acuerdo.

Por todo esto, la representación de Bolivia decidió rechazar los acuerdos que todo el mundo quiso aprobar, y si bien parece no haber logrado nada, y quizás tampoco lo haga al presentar su anunciada demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por el incumplimiento de los procedimientos establecidos para aprobar este tipo de acuerdos, que exigen consenso y no mayoría; el rechazo boliviano es la evidencia de la duda que deja la COP 16, porque tal como lo han reconocido muchos expertos en la materia, lo convenido no es suficiente para detener el calentamiento global y mantener la temperatura del planeta en un nivel que garantice su equilibrio natural. En ese sentido, sólo queda esperar que en las próximas Conferencias sobre el Cambio Climático se logre un avance verdaderamente importante y el mundo no tenga que dar la razón a Bolivia.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del Gobierno de Bolivia 

Bolivia entre Chile y Perú

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras

El proceso que abrió Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para que ese alto Tribunal defina el límite marítimo y el punto donde comienza la frontera terrestre entre ambos países, entró en la última etapa de su fase escrita con la presentación de la réplica peruana el pasado 9 de noviembre, lo cual significa que una tercera parte en el conflicto, sólo podrá hacer valer sus derechos o intereses ante dicha Corte, antes del 9 de julio de 2011, cuando se cumpla el plazo para que Chile presente su dúplica. Si bien se trata de un asunto bilateral, y así lo han hecho saber los gobiernos involucrados mediante un comunicado conjunto de sus Cancillerías en noviembre de 2004, el estatuto de la Corte señala “Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir” (Art. 62).

Por una parte, Ecuador, que fue notificado por el Tribunal de Justicia de la Haya para pronunciarse sobre el litigio de referencia por ser signatario de los acuerdos de 1952 y 1954, que para Chile son tratados de límites y para Perú convenios pesqueros; ha decidido mantenerse al margen de la controversia, manifestado que el diferendo peruano-chileno debe ser resuelto en la Haya. Al respecto, el Presidente Rafael Correa, con el propósito de obtener una manifestación escrita del gobierno peruano que exprese la conformidad de este último con la frontera marítima que comparte con Ecuador, dijo que no teniendo ningún problema limítrofe con Perú, “no hay razón para involucrarse en un litigio bilateral que debe resolverse en el marco jurídico”.

Por otra parte, Bolivia, que si bien no es parte de los acuerdos que suscitaron toda esta controversia, ni tampoco tiene derechos de orden jurídico que pudieran verse afectados por el fallo que emitirá la Corte; mantiene un alto interés en la definición de este proceso porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían permitirle recuperar un acceso soberano al mar y porque la determinación que tome la Corte, sea cual fuere, afectará los intereses o derechos expectaticios de Bolivia. Por un lado, si la sentencia fuese favorable al Perú, el mar que recibiría Bolivia, en caso de llegar a un acuerdo en el que Chile y Perú acepten cederle un corredor al norte de Arica; ya no se proyectaría al oeste siguiendo el paralelo geográfico como hasta ahora se había previsto, sino hacia el suroeste siguiendo la línea equidistante que divida las aguas peruanas y chilenas. Por otro lado, si el fallo diera la razón a Chile, manteniendo el límite fronterizo sobre el paralelo geográfico, Bolivia de hecho tendría menos espacio para aprovechar su derecho de navegación en el mar peruano, que le fue concedido recientemente por Perú mediante la firma del Protocolo Ampliatorio de los Convenios de Ilo.

Varios de los entendidos bolivianos en el tema se han pronunciado sobre esta situación expresando diferentes posturas ante la posibilidad de que Bolivia presente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, los fundamentos de su demanda de reintegración marítima, para que sean considerados por ese Tribunal en su veredicto final.

Al respecto, el reconocido jurista e historiador boliviano, Rodolfo Becerra de la Roca, autor de varios escritos sobre el problema marítimo de Bolivia, y defensor de la postura “reivindicacionista”, que asegura que la única forma de solucionar el problema que genera el enclaustramiento boliviano, es a través de la recuperación de los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879; ha expresado categóricamente que no corresponde ninguna figura de tercería porque, como lo expresa el citado artículo 62, ésta debe sustentarse en un interés de orden jurídico que, como se dijo, Bolivia no posee. Asimismo, Becerra de la Roca rechaza la posibilidad de hacer conocer a la Corte de Justicia de la Haya una posición precautoria de la necesidad de resolver el enclaustramiento de Bolivia porque “un Juez o Tribunal, si es imparcial, está obligado a fallar conforme a derecho y no obedeciendo a veleidosas expectativas que se le expongan”.

Si bien coincidimos con la primera afirmación, y así también lo ha manifestado el Canciller David Choquehuanca a la prensa, en cuanto a que Bolivia no terciará en este asunto; no estamos de acuerdo con anular la posibilidad de dar a conocer el sumo interés que mantiene Bolivia sobre los territorios que son parte de esta controversia. Primero porque dicho interés no se basa en una “veleidosa expectativa” sino en un derecho legítimo por resolver la enorme injusticia que representa el encierro geográfico impuesto a nuestro país hace más de un siglo. Segundo, el Estado boliviano, no puede dar ni la más mínima muestra de claudicación en el más importante objetivo de nuestra política exterior, al no manifestar su postura, precisamente en el momento en que los países a los cuales atañe resolver el problema capital de Bolivia, están definiendo los límites del espacio físico que más posible y lógicamente podría servir para resolverlo. Y tercero, la presentación de los intereses bolivianos a la Corte de Justicia de la Haya, no implica necesariamente un deterioro de las relaciones que Bolivia mantiene con Perú y Chile, porque los argumentos se expondrían de manera totalmente imparcial y porque así se lo haría saber a esos dos países, al momento de entregarlos.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no comprometen la postura del gobierno de Bolivia.

La Esperanza Boliviana por Volver al Mar

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Guyoyo en Letras (Venezuela)

El reciente encuentro de los Presidentes Evo Morales y Alan García, que propició la ampliación de los acuerdos que permiten a Bolivia acceder al mar a través de la costa sur peruana, y la propuesta del senador chileno, Pablo Longueira, de someter al voto popular chileno la posibilidad de cederle a Bolivia un territorio soberano sobre las costas de Arica; han hecho que el problema marítimo boliviano se convierta, una vez más, en el principal tema de discusión político-diplomático entre los países que concurren a las costas del Pacífico sur, y han encendido, nuevamente, la esperanza del pueblo boliviano por reencontrarse con ese mar que le fue arrebato hace 131 años.

En 1992, con la firma del Convenio “Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz”, Perú concedió a Bolivia el libre uso de sus instalaciones portuarias y un espacio para desarrollar una zona franca industrial y otra turística en el puerto de Ilo. Dichas concesiones si bien fueron recibidas en su momento con enorme expectación y mucha gratitud, no sirvieron para atenuar el enclaustramiento que afecta a Bolivia debido a la inexistencia de una carretera adecuada para acceder a las mismas; la mala administración que hizo la empresa concecionaria encargada del acondicionamiento de la zona franca industrial, a la cual el gobierno de Bolivia le rescindió el contrato en el año 2000; y sobre todo, las no muy atractivas condiciones que la zona ofrecía a las actividades comerciales.

El Protocolo Ampliatorio del Convenio de 1992, que suscribieron los Presidentes Morales y Garcia el 19 de octubre pasado, incrementa las actividades excentas de impuestos que los bolivianos pueden realizar en la zona franca industrial de Ilo, que pasó a ser una "zona exclusiva especial", pero tampoco exime al intercambio comercial.

Aún así, no se puede desmerecer el gesto del Perú que una vez más demuestra su comprensión con la demanda marítima boliviana. Será responsabilidad de Bolivia acondicionar y administrar adecuadamente los espacios cedidos por los próximos 99 años. Así lo reconoció el Presidente Evo Morales, quien, a tiempo de agradecer la cooperación del Perú, destacó la esperanza que mantiene el pueblo boliviano por recuperar un acceso soberano al mar y la naturaleza irrenunciable de su demanda marítima. Por su parte, el Presidente Alan García señaló que la situación que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es “injusta” y reafirmó el compromiso de su gobierno de no obstaculizar las negociaciones que conduzcan a una solución en la que Chile reconozca la soberanía boliviana en Arica.

Otra importante declaración, que aviva la esperanza popular de los bolivianos por reintegrarse al mar, la formuló el Canciller peruano, José Antonio García Belaunde, quien ante una consulta sobre la posible ejecución del Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, que exige la aceptación del Perú para que Chile le ceda a Bolivia territorios ariqueños, aseguró que su país “no pedirá soberanía, lo que pedirá es que se respete la servidumbre que tiene en Arica…”. Lo cual es relevante porque representa una garantía que no se repetirá lo acontecido en 1976 cuando, por primera y única vez, se ejecutó el referido Protocolo y Perú contestó a Chile con una contrapropuesta en la que sugirió compartir la soberanía del espacio por el cual Bolivia accedería al mar, lo cual no hizo más que entrabar las negociaciones que se habían iniciado en el pequeño poblado de Charaña, con el propósito de resolver el problema capital de Bolivia.

Por otra parte, la propuesta lanzada por el senador oficialista chileno, Pablo Longueira, de realizar un plebiscito para que el pueblo de Chile se pronuncie sobre la idea de dar solución al problema marítimo boliviano sin descartar una posible cesión de soberanía territorial; es una clara muestra de que el problema existe y que debe ser resuelto, es también el reflejo de una situación signada por la aproximación sin precedentes de los gobiernos de ambos países, que han incluido el tema en la agenda política que negocian los Viceministerios de Relaciones Exteriores, y es, al mismo tiempo, otro motivo esperanzador para el pueblo de Bolivia, que ansía recuperar un acceso soberano al mar.

Sin embargo, dicha propuesta, que fue muy bien acogida por las más altas autoridades bolivianas, no representa por sí sola un avance real en la recuperación de un acceso soberano de Bolivia al mar, ya que, en caso de que se realice, un resultado negativo impondría un enorme obstáculo al objetivo de reintegración marítima boliviana que sería muy difícil de superar, pues serviría de argumento para que el gobierno de Chile desestime la necesidad de negociar el tema. Por esa razón, la formulación del hipotético plebiscito, que además requerirá de una modificación en la legislación chilena que permita su realización, debe hacerse como mucho cuidado, pues si la consulta no hace referencia a los beneficios que Chile podría obtener con la ejecución del acuerdo que resuelva el problema marítimo de Bolivia, el rechazo del pueblo chileno estará más que garantizado.

Los hechos comentados y sus consiguientes repercusiones han puesto en evidencia, una vez más, que la cordialidad de las relaciones entre los países del Pacífico sur y su sustentabilidad en el tiempo, están condicionadas a la resolución del problema que genera el enclaustramiento boliviano; el cual sale a flote cada cierto tiempo generando molestias y esperanzas, las cuales se entremezclan con sentimientos nacionalistas que las exacerban y no permiten vislumbrar una solución definitiva al menos en el corto plazo. Además, en esta oportunidad, el problema reflota mientras la Corte Internacional de Justicia de la Haya evalúa los argumentos que Perú y Chile le presentaron para que ese alto Tribunal defina la frontera marítima entre ambos países. Dicho proceso representa un obstaculo para la reintegración marítima boliviana porque los territorios en disputa son precisamente los que más factiblemente podrían dar a Bolivia un acceso soberano al mar.

Pero por más compleja que parezca la situación, no cabe duda que la inclaudicable esperanza del pueblo boliviano por reincorporarse a la vecindad del mundo a través del mar, mantendrá viva su demanda de reintegración marítima, hasta que se haga una realidad.

Nota: Los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.

Venezuela y el Problema Marítimo de Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Guayoyo en Letras (Venezuela)

La difícil y desventajosa situación que enfrenta Bolivia por no contar con un acceso propio al mar, ha sido motivo de numerosas manifestaciones de apoyo de parte de algunos países y organismos internacionales que, en diferentes momentos de la historia, instaron a quienes corresponde resolver este problema, hacer cuanto sea necesario para darle una solución definitiva. Entre esos respaldos, uno de los más significativos y constantes, ha sido el de Venezuela.

La controversia que genera el enclaustramiento geográfico de Bolivia en las relaciones político-diplomáticas de los países que concurren a las costas del Pacífico sur, ha tenido momentos críticos que a lo largo de la historia han llamado la atención de la comunidad internacional y que han generando, en esos momentos, un incremento de los apoyos a la demanda marítima boliviana. Uno de ellos se produjo en 1962, cuando, de manera unilateral, Chile decidió desviar el curso del río Lauca, que nace en los andes chilenos y desemboca en el lago boliviano Coipasa. Ante esa situación que contravenía las normas internacionales sobre el uso de aguas compartidas, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y varios países, entre ellos Venezuela, manifestaron su repudio a esta nueva agresión chilena contra el patrimonio territorial de Bolivia que, casi inevitablemente, trajo a colación al problema marítimo boliviano.

Fue así que con la intención de generar las condiciones para alcanzar una solución al problema capital de Bolivia, el 22 de septiembre de 1962, los Presidentes, Rómulo Betancourt de Venezuela y Víctor Paz Estenssoro de Bolivia, suscribieron la “Declaración de Maracay”, con la que se recomendó a los cinco países bolivarianos conformar un grupo de expertos en conflictos internacionales para trabajar en propuestas de solución al problema que genera el enclaustramiento boliviano. Sin embargo, debido a diferencias políticas y, sobre todo, al desinterés de Chile, la iniciativa de Maracay languideció sin resultados.

Otro momento que propició la manifestación del apoyo venezolano a la reintegración marítima boliviana, se produjo durante los años los setenta cuando, por circunstancias relacionadas con la violenta irrupción de Augusto Pinochet a la Presidencia de Chile, resurgieron algunos problemas limítrofes que ese país mantenía con Argentina y Perú, con el primero por unas islas situadas en el canal Beagle y con el segundo por la intención manifiesta de su Presidente, Juan Velasco Alvarado, por recuperar los territorios perdidos en la guerra iniciada por Chile en 1879, antes de que llegara el centenario de aquel conflicto. En esos momentos, en los que el poderío militar peruano era muy superior al chileno y las autoridades castrenses de Chile pronosticaban y advertían sobre un posible ataque desde tres frentes (Argentina, Bolivia y Perú), Pinochet decidió ingresar en una negociación con Bolivia para darle una salida al mar, la cual se inició el 8 de febrero de 1975 en el pequeño poblado fronterizo de Charaña, donde además, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Un poco antes de que se iniciaran formalmente las conversaciones, el 9 de diciembre de 1974, el apoyo de Venezuela se expresó en la conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, que se realizó en Lima – Perú y en la cual, los países bolivarianos y sanmartinianos aprobaron una resolución que reconoció “la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos”.

Cuando el avance de las negociaciones iniciadas en Charaña había requerido la aceptación del Perú, para que Chile pueda cederle a Bolivia un territorio que le permita acceder soberanamente al mar, tal como lo estipula el Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929 suscrito entre los dos primeros países, y mientras el pueblo boliviano, esperanzado por reencontrarse con ese mar que le había sido arrebatado en 1879, empezaba a presionar a su gobierno por resultados en las negociaciones; Venezuela volvió a manifestar su apoyo con un regalo que simbolizó la comprensión de un pueblo muy vinculado al mar con otro que había sido injustamente enclaustrado.

En efecto, el 30 de julio de 1977, en una de las más significativas expresiones de apoyo que recibió la demanda marítima boliviana, el Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, obsequió a Bolivia un barco carguero que había servido en la C.A. Venezolana de Navegación y que a partir de esa fecha fue llamado “Simón Bolívar”. El gesto fue reconocido con la mayor gratitud por el pueblo boliviano que hasta el día de hoy recuerda con aprecio esa noble muestra de apoyo, que si bien no sirvió en ese momento para hacer que Chile retome el interés en las negociaciones que mostró en un principio, y cuyo fracaso produjo una nueva ruptura de las relaciones diplomáticas boliviano-chilenas el 17 de marzo de 1978; es uno de los símbolos más importantes de la amistad que une a venezolanos y bolivianos.

En esa misma línea, Bolivia siempre pudo contar con el voto favorable de Venezuela en las once resoluciones a favor de la causa marítima boliviana que fueron aprobadas por la Asamblea General de la OEA desde 1979, en ellas, se reconoce que el problema que enfrenta Bolivia por carecer de una salida soberana al mar es de interés hemisférico y que por tanto, debe ser resuelto.

Continuando esa disposición de apoyo a la demanda marítima boliviana, en noviembre de 2003, el Presidente Hugo Chávez, hizo un comentario que encendería la ira en Chile: “Bolivia tuvo mar y yo sueño con algún día bañarme en una playa boliviana”. Al día siguiente, los medios de prensa transandinos acusaron al Mandatario venezolano de intromisión en los asuntos internos de Chile e incluso se habló de una agresión a la soberanía de ese país. A tal punto llegó la molestia que el Presidente chileno, Ricardo Lagos, llamó a su Embajador en Caracas y calificó al sueño de Chávez como un “exceso”. Pese al roce diplomático que produjo ese comentario, el Presidente de Venezuela continuó señalando la injusticia que representa mantener geográficamente encerrada a Bolivia y repitió muchas veces sus deseos de solazarse algún día en una playa boliviana.

Todos estos hechos, que muestran el constante y desinteresado apoyo de Venezuela a los bolivianos, en un tema tan sentido para ellos como es el de su vinculación con el mar, han garantizado el respaldo recíproco de Bolivia a Venezuela en cualquier asunto que involucre a este último país y es otra muestra de los lazos que unen a estos dos pueblos hermanos que más temprano que tarde podrán bañarse en una playa boliviana.

Nota: los comentarios vertidos son opinión del autor y no reflejan la postura del gobierno de Bolivia.