domingo, 10 de marzo de 2013

Morales y Piñera, los dimes y diretes

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón

Aquí hubo un tremendo doble estándar de parte de Bolivia: por una parte exigía soluciones y por otra frenaba todas las posibles soluciones”, decía el presidente chileno, Sebastián Piñera, en una entrevista radial dos días después de la liberación (1 de marzo) de los tres soldados bolivianos detenidos de manera ilegal en Chile el 25 de enero, cuando realizaban una misión de lucha contra el contrabando, en uno de los mayores errores cometidos por la diplomacia de ese país, como lo califica el expresidente Carlos Mesa.
Evo Morales señalaba, días antes, que el encarcelamiento era una venganza por su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), llevada a cabo nada menos que en Santiago de Chile, en la que pedía enérgicamente la restitución de mar con soberanía. Esa ocasión, el Presidente de Bolivia enumeró claramente las repetidas veces que Chile ha violado el Tratado de Paz y Amistad de 1904. “Lamentablemente, se ha perdido la salida al mar de una manera injusta, impuesta por un tratado incumplido e injusto”. Parece ser que Piñera no perdonaría esto, por lo que Morales lo acusó de desquitarse encarcelando a los soldados bolivianos.
Así terminaba una historia de invectivas que muy probablemente continuarán hasta el día en que Piñera deje la presidencia de su país; pero para relatar la historia de los dimes y diretes entre ambos mandatarios hay que remontarse a 2010, cuando todo parecía ir viento en popa y se preparaba la retoma de la agenda de los 13 puntos iniciada en 2006 con el gobierno de Michelle Bachelet. 
El 10 de marzo de 2010. Día soleado en el barrio santiaguino de Providencia. Morales y Piñera disputan un partido amistoso de fútbol, después del rescate de los 33 mineros atrapados en una mina de cobre al norte de Chile. El espectro de la historia entre ambos países, sin embargo, extiende su sombra y la tensión hace del juego una alegoría por demás obvia del conflicto marítimo.
El futuro mandatario chileno goza del momento más álgido de popularidad. Todos, incluyendo al mismo Piñera, pueden recordar frescas las palabras de su campaña electoral: “Vamos a facilitar el acceso de Bolivia a nuestros puertos para que los puedan usar para el comercio exterior, pero no vamos a ceder ni territorio ni mar” (cita extraída del texto académico Las relaciones Bolivia-Chile y el riesgo para la seguridad regional del diplomático Andrés Guzmán, documento del que se extraen las fechas de los encuentros diplomáticos para la totalidad de este artículo).
Si bien lo dicho en su campaña no era lo más prometedor para Bolivia, al menos anunciaba buena disposición. Al día siguiente, Piñera inicia su mandato.
14 de julio de 2010 es la fecha para un encuentro a nivel de vicecancillerías en que se retoma la agenda de los 13 puntos, entre los que está el debate sobre una salida soberana al Pacífico para Bolivia. El lugar de la reunión es La Paz. Su conclusión no produce ningún avance. No obstante, ambos países firman un acta en el que se comprometen a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones”.
La siguiente reunión está programada para noviembre de ese año, pero el compromiso parece quedarle grande a Chile si se considera que lo pospone hasta hoy. En la reunión del Mercosur, en diciembre de 2010, los presidentes se encuentran en Foz de Iguazú y elevan el tratamiento del tema a nivel de cancilleres. Hay dos reuniones, una en Santiago y otra en La Paz. Sus conclusiones no producen ningún avance.
Morales quiere creer que no hay ninguna estrategia premeditada de retardar el diálogo y así lo expresa repetidas veces. Conjetura razones por las que, tal vez, Chile pospone las reuniones y pide reanudar el diálogo.
El 22 de enero de 2011, día del Estado Plurinacional, Morales expresa en su informe anual: “Atacama antes era Bolivia, esperamos recuperarla pronto”. Al día siguiente, como en un contrapunteo, Piñera replica: “Atacama es y seguirá siendo chilena, con soberanía chilena, y eso nunca ha estado ni va a estar en las conversaciones con Bolivia”.
El 17 de febrero de 2011, Morales pide a Chile presentar una propuesta de solución antes de que se cumplan los 132 años de la batalla de Calama, el 23 de marzo de ese año. Chile toma la declaración como un ultimátum, escribe Guzmán.
Entre miles de colegiales uniformados, militares, autoridades y uno que otro heladero (también uniformado) o salteñero que logra colarse para vender su mercancía, la plaza Abaroa de La Paz es el escenario de un ritual muy conocido por los paceños: los actos conmemorativos del 23 de marzo. “La lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales internacionales y organismos internacionales demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano Pacífico”, dice Morales rodeado de los escolares emperifollados.
Hasta aquí llegamos, parecía responder Chile que a través de su canciller Alfredo Moreno señala dos caminos: el país debía elegir entre diálogo o diferendo internacional. Bolivia opta por lo segundo.
El 2 de abril de 2011, Morales se queja de que el mandatario chileno ignora la historia, por lo que es “imposible debatir” con él. A eso Piñera contesta con que hay un tratado que hay que respetar, a pesar de que la impostura de la afirmación es evidente al ser públicas las numerosas violaciones al acuerdo que Chile continúa realizando.
Ahora hay intentos de acercamiento, éstos, si bien son infructíferos, apaciguan el intercambio verbal, aunque no lo detienen, hasta el 23 de marzo de 2012, cuando Evo ratifica el camino de acudir a un tribunal internacional. “Los tratados son para cumplirlos”, es la réplica del chileno.
Ya de locales, llega la cumbre de la Organización de los Estados Americanos. Bolivia espera lograr el apoyo de otros países en las reuniones realizadas en Tiquipaya, Cochabamba. “Si hay alguna posición radical de Chile es justamente (porque) hay temor a las acciones que estamos tomando, si no les causaría tal vez risa”, dice y Piñera contesta con lo que ya parecen las únicas palabras de su léxico para referirse al conflicto marítimo: “Quisiera decir al pueblo boliviano y al Presidente de Bolivia que los tratados se firman para cumplirlos”. La impostura es reiterada.
La historia es circular: empieza y termina en lo mismo, es decir, con Piñera hablando de dar fiel cumplimiento al Tratado de 1904. Paradójicamente, eso es algo que bien podría ser una exigencia boliviana ante Chile.

Chávez y el mar

Por: Carlos A. Carrasco
Publicado en La Razón

La XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, los días 15 y 16 de noviembre de 2003, se preparó meses antes con la cooperación entusiasta de las autoridades locales, bajo la orientación de la Cancillería. Los aspectos protocolares tan importantes para una reunión semejante estuvieron bajo mi responsabilidad, como Director del Ceremonial del Estado.
Organizar el arribo ordenado de los aviones de 23  jefes de Estado, más algunas personalidades equivalentes como el Secretario General de Naciones Unidas y otros, en pocas horas de la mañana de ese 15 de noviembre, fue tarea sumamente compleja. Cada uno de los visitantes debía ser recibido con honores militares y rito ceremonial parejo. Sendas banderas de idéntica dimensión fueron confeccionadas y desplegadas apropiadamente. Para contingencias inesperadas carros-ambulancia aguardaban pacientemente su rol.
 
Decenas de motocicletas policiales hacían guardia junto a conspicuos “hombres de negro” encargados de seguridad. Dos ensayos realizados el día anterior, con simulacros exactos en distancias y circunstancias, nos familiarizaron para enfrentar la realidad en perfecta armonía.
Por fin llegó la hora de la verdad y muy temprano me dirigí con mis ayudantes al aeropuerto de Viru Viru. Uno a uno los aviones presidenciales aterrizaban con intervalos de media hora. Mientras los reyes de España llegaban en dos enormes aeronaves, el presidente Nicanor Duarte, de Paraguay, lo hacía en una modesta avioneta y Kofi Annan, patrón de la ONU, en línea aérea comercial. Pronto se sucedieron en cascada, el brasileño Lula da Silva, el colombiano Álvaro Uribe, el argentino Néstor Kirchner, el ecuatoriano Lucio Gutiérrez, el salvadoreño Francisco Flores, el peruano Alejandro Toledo, el portugués Jorge Sampaio y los demás. A último momento, Fidel Castro se excusó de su asistencia y se hizo representar por su vicepresidente Carlos Lage. El protocolo era indefectiblemente el mismo, el avión carreteaba hasta un punto determinado y yo subía a la nave y en nombre del presidente Carlos Mesa, daba la bienvenida al ilustre huésped y le explicaba brevemente la ceremonia que tendría lugar. Juntos descendíamos de la nave y se pasaba revista a la unidad militar formada en columna de honor. Al término de la alfombra roja, la hilera de autoridades locales recibía el saludo del visitante y enseguida éste, desde la plataforma expresamente colocada para el efecto, pronunciaba su mensaje ante la prensa, que apiñada en una tribuna captaba fotografías y filmaba el acto. De inmediato, el Presidente y su comitiva montaban en sus automóviles y se alejaban velozmente hasta el hotel Los Tajibos, sede de la cumbre.
Ese ritual se repitió 23 veces sin mayor contratiempo, salvo cuando le tocó el turno a Hugo Chávez, quien dijo textualmente: “Bolivia tuvo mar y aunque se molesten algunos en este continente, lo lamento mucho, Venezuela seguirá reclamando solidaridad con Bolivia en su derecho a las costas sobre el mar. No es justo que se le haya arrebatado la salida al mar (...)”.
Luego, con marcada emoción y enfática retórica, manifestó que el día más feliz de su vida sería aquél cuando pudiese bañarse en playas bolivianas.
Como Chávez se extendió demasiado en su discurso, el avión chileno que se encontraba rondando el espacio aéreo decidió descender y permanecer a la espera de su turno. Ello posibilitó al presidente Ricardo Lagos escuchar el mensaje de su homólogo venezolano. Cuando lo encontré ya presto para salir de su avión, estaba tenso y parecía presuroso por reaccionar contra la inesperada declaración de su colega. Ante el micrófono, rememoró anteriores diálogos que sostuvo con mandatarios bolivianos y manifestó verbatim: “No es con la mirada puesta en el pasado en que podemos afrontar los desafíos de vivir en un mundo global, complejo, donde los países más pequeños tenemos que trabajar unidos y codo a codo (…)”.
Debido a esa significativa controversia, los corrillos de la Cumbre se nutrieron de comentarios entre los concurrentes. Alabarderos de la diplomacia chilena, alborotados corrían, armados de sus celulares, de uno a otro lado. Presidentes y ministros alimentaban murmullos en agitadas tonalidades. Antes de que la reunión se inaugurara solemnemente, Chávez había detonado una sonora bomba mediática cuyo estruendo ya se propagaba en radios, televisiones y prensa continental. Fue un golpe sensacional, ajeno a la tibia agenda cimera habituada a soslayar los puntos candentes que incomodan a la conciencia de las naciones participantes.
También, como sucede en ocasiones similares, la comunidad contestataria convocó a una cumbre paralela que se denominó “Encuentro Social Alternativo” con la participación de cientos de militantes ávidos de difundir sus aspiraciones y expresar sus frustraciones. Ante el estruendo de los aplausos, aparecieron como figuras estelares Hugo Chávez, Carlos Lage y Evo Morales, éste entonces portavoz de los movimientos sociales bolivianos. Estaba aún lejana la instauración de la Alianza Bolivariana  para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Aquella fulgurante invocación por la reivindicación marítima recitada por el líder venezolano en suelo cruceño nos muestra la entrañable amistad y solidaridad sin límite alguno que desde siempre sintió Hugo Chávez por la Hija Predilecta del Libertador.

jueves, 14 de febrero de 2013

Metida de pata

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Con el propósito de demostrar que sus esfuerzos por llegar a un entendimiento con Bolivia han sido vanos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que su país ha hecho “varias ofertas” para resolver el problema marítimo boliviano, que fueron planteadas en “múltiples ocasiones” al Gobierno de La Paz, y que básicamente consistirían en un enclave con autonomía pero sin soberanía al norte de Arica. Esa propuesta, empero, estaría supeditada al resultado del proceso sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, porque si ese resultado fuese adverso a los intereses chilenos, explicó Piñera, la oferta “perdería validez”.

No obstante, esos comentarios resultaron ser nada menos que otra metida de pata del gobernante chileno, no sólo porque ameritaron un pronunciamiento del Presidente peruano, Ollanta Humala, en apoyo a Bolivia, sino porque provocó una incoherente respuesta de su canciller, Alfredo Moreno, quien, intentando salir del paso, develó que Chile no tiene previsto cumplir con lo acordado bilateralmente. 

Como correspondía, a las pocas horas de que se conocieran las declaraciones de Piñera, el presidente Morales solicitó a Chile una propuesta oficial del enclave sin soberanía al norte de Arica, y Moreno respondió: “El presidente Morales sabe perfectamente que el funcionamiento de esta comisión era de un trabajo en conjunto, en el cual no hay proposiciones de un país o de otro”. Sin embargo, en el último encuentro del mecanismo que negociaba la Agenda de 13 puntos, en el punto 6 referido al tema marítimo, ambos países se comprometieron a “proponer así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles en la próxima y sucesivas reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas”. Es decir, que las partes se obligaron exclusivamente a “proponer” y “alcanzar” y no a “negociar” o “trabajar” en conjunto, como tendenciosamente señala Moreno.

Al respecto, cabe aclarar que el término “proponer” significa “manifestar con razones algo para el conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo”, según la RAE. Por tanto, para “proponer” algo es necesario que una de las partes ponga en consideración de la otra un planteamiento relativo a lo que se quiere lograr. Empero, como Chile canceló la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas que, según lo acordado, debía realizarse en noviembre de 2010, nunca se pudo “proponer” ni mucho menos “alcanzar” soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo boliviano. 

Por lo dicho, las afirmaciones del Canciller chileno, en cuanto a que los acuerdos no incluyen propuestas de un país a otro, revelan que Chile no pretende cumplir lo acordado y que no existe ninguna voluntad de su parte por resolver los temas pendientes con Bolivia.

domingo, 10 de febrero de 2013

Contradictoria, así es la política marítima de Chile

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón
Los expertos en el conflicto marítimo entre Bolivia y Chile explican por qué la política chilena al respecto es contradictoria. Esta nación, en la historia, a veces negó que haya un tema pendiente y otras lo reconoció e incluso se comprometió a solucionarlo. Esto crea antecedentes jurídicos importantes para Bolivia.
La política chilena respecto a Bolivia y el conflicto marítimo ha sido al menos contradictoria, según el abogado y exministro de Defensa y excónsul General del país en Chile Walker San Miguel, aunque el diplomático y economista Andrés Guzmán opta por calificarla con un adjetivo más duro al decir que ésta ha sido “más bien errática”.
San Miguel identifica dos líneas discordantes que han asumido en la historia los diferentes gobiernos chilenos desde el final de la Guerra del Pacífico. Según afirma, existen dos tendencias encontradas y “bastante contradictorias”: la primera dice que los tratados son inamovibles y que el Pacto de Tregua y el Tratado de Paz y Amistad de 1904 son los que se deben respetar.
El Pacto de Tregua de 1984 fue suscrito como un acuerdo temporal para terminar con las hostilidades entre ambas naciones. Se firmó en la ciudad de Valparaíso el 4 de abril. El documento ponía en efecto una tregua indefinida bajo la condición de que Bolivia aceptara la cesión del litoral. El Tratado de Paz y Amistad consumó lo indicado por el anterior documento y se creó de facto (la guerra) un nuevo derecho sobre las costas anteriormente bolivianas.
La segunda línea que subraya San Miguel, como característica de la política chilena sobre el mar y en tensión con la primera, es la que sostuvieron varios mandatarios de Chile, que en el ejercicio de su función han reconocido que hay un problema pendiente con el país.
Para Guzmán, la historia muestra cómo la política chilena sobre el mar y Bolivia “ha sido errática”: “el Estado chileno, muchas veces ha negado la existencia de un conflicto y al mismo tiempo ha aceptado que había que solucionar el tema marítimo, incluso se comprometió repetidas veces a hacerlo”.
Según este diplomático, esos arranques de voluntad por avanzar en una resolución generalmente se han dado en momentos que Chile tenía alguna tensión con sus vecinos Perú o Argentina u ocultaban otro interés, “pero nunca fueron con la voluntad real de cerrar el tema”.
No obstante, lo importante aquí es que ese “supuesto interés” de clausurar la polémica con una solución “ha creado un efecto jurídico que demuestra que existe un pendiente. Porque si Chile siempre habría mantenido la posición de negación, entonces Bolivia no tendría ningún argumento para revisar el tema. En ese sentido, Chile ha mantenido vivo el problema. Chile ha creado el derecho que tiene Bolivia de reclamar una salida soberana”.
Las dos tendencias subrayadas por San Miguel y confirmadas por Guzmán fueron propias de un determinado gobierno chileno u otro, respectivamente, sin embargo, el economista señala que ambas líneas se encarnan a un tiempo en la gestión del presidente de Chile, Sebastián Piñera.
“En junio de 2010, su gobierno firmó una acta con el país en el que ambos Estados se comprometían a presentar soluciones factibles, concretas y útiles para solucionar el tema marítimo. Ése es un reconocimiento explícito de la existencia de un tema pendiente. Luego, Chile se desentendió y canceló la reunión, lo cual demuestra esa actitud errática”.  
San Miguel apunta una actitud similar. “Las últimas declaraciones del presidente de Chile, Sebastián Piñera, muestran esa contradicción, porque por un lado, en los foros, habla de que no existe nada irresuelto y que se debe respetar el Tratado de 1904, pero por otro reconoce el pendiente y se habla de ofertas, enclaves, puertos, más allá de que se refiera a soberanía u otro tipo de cualidad”, señala.
Añade que en esas declaraciones se está aceptando, en “sentido estricto”, que hay un problema internacional pospuesto.
Un ejemplo reciente de la segunda línea diplomática que identifica San Miguel es la del Gobierno de Michelle Bachelet que buscó una solución con la Agenda de 13 puntos, la cual está en contradicción de la política de Piñera que quiere negar temas pendientes.
Remontándose al siglo XIX, menciona también el caso del presidente chileno Domingo Santa María, que en el primer lustro de la década de 1880 intentó normalizar las relaciones con Perú y Bolivia. “Este presidente decía que había que solucionar el problema y dar una salida marítima al país”.
Otro ejemplo de esta segunda tendencia son —explica— las notas diplomáticas de 1950 entre los cancilleres de las naciones en conflicto, en las que se reconoce que hay que solucionar el conflicto. Por último, menciona las negociaciones de Charaña en 1975, cuando los presidentes de facto Hugo Banzer Suárez y Augusto Pinochet se reúnen con la intención de poner fin a la cuestión, lo cual es una aceptación explícita por parte de Chile del tema pospuesto.Es muy difícil para Chile sostener la aseveración de la primera tendencia que señala San Miguel (la que habla de que no existen temas pendientes con Bolivia), pues esta exautoridad nota que la causa boliviana es reconocida por la Comunidad Internacional; “por el actual presidente del Perú” (Ollanta Humala), para quien es “legítima y justa”; por la Organización de los Estados Americanos en las sendas declaraciones escritas desde 1979 a 1987 en las que se habla de que se trata de un “tema de interés hemisférico”; por países no alineados; las Naciones Unidas; y ahora por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Por tanto, “ésta es una cuestión, que más allá del diseño que la diplomacia chilena quiera plantear, no se puede esconder y tiene que ser resuelta”, concluye el excónsul.

Chile negoció siete veces su territorio por intereses económicos

Por: Ricardo Aguilar Agramont
Publicado en La Razón

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó en la Celac que su país no negocia soberanía por intereses económicos, la historia desmiente esa aseveración. Ese país negoció con Bolivia territorios soberanos por canjes no territoriales por siete veces.



El Estado chileno negoció una salida al mar con Bolivia a cambio de diferentes compensaciones económicas al menos siete veces en la historia, según rememora el diplomático y economista Andrés Guzmán, que contradice lo que expresó el presidente de Chile,  Sebastián Piñera, ante el plenario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), cuando dijo: “Los temas de soberanía no se negocian, excepto por intereses económicos”.
El Mandatario sobreinterpretó las declaraciones del presidente Evo Morales, que invitaban a compartir el gas boliviano “una vez solucionado el tema marítimo”. Lo cual fue erróneamente entendido por Chile como un ofrecimiento de “gas por mar”. En efecto, en entrevista con Animal Político, el expresidente Carlos Mesa corroboró esto: “El Presidente dijo que una vez resuelto el tema mar, podemos compartir el gas, uno de los pocos recursos que Bolivia tiene; pero una vez resuelto, cuando hayamos resuelto el tema del mar podemos hablar del tema gas”.
La apreciación de Piñera lo condujo a afirmar: “Chile está dispuesto a dar facilidades para un gasoducto, para un polo industrial, dar extensiones tributarias para que Bolivia pueda hacer el mejor uso que estime para su gas. Pero hay algo donde quiero que usted no se equivoque, presidente Morales: los temas de soberanía no se negocian por intereses económicos”.
De tal modo, Piñera rechazó una propuesta que Morales nunca hizo y negó que su país haya negociado antes por intereses económicos. Esto, según Guzmán, es sencillo de ser refutado, pues para Chile hacer lo que su Presidente niega más bien “ha sido una conducta recurrente desde 1895”.
1. El primer antecedente de una negociación territorial por intereses económicos de Chile se realizó en 1895, según el diplomático, y consta en el “Tratado Especial Sobre Transferencia de  Territorio de 1895”, firmado por  Bolivia y Chile.
En ese tiempo, aún no se había definido a qué país irían a dar los territorios de Tacna y Arica y había un plebiscito entre Chile y Perú para determinar el conflicto. El artículo 1 del tratado dice: “Si a consecuencia del plebiscito que haya de tener lugar, en conformidad al Tratado de Ancón o a virtud de arreglos directos, adquiriese la República de Chile dominio y soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga transferirlos a la República de Bolivia, en la misma forma y con la misma extensión que los adquiera, sin perjuicio de lo establecido en el artículo. II. La República de Bolivia abonará como indemnización por dicha transferencia de territorio la suma de cinco millones de pesos de plata, de 25 gramos de peso y nueve décimos de fino, quedando especialmente afecto para responder a este pago el 40% del rendimiento bruto de la Aduana de Arica”.
El artículo 4 del mismo documento dice: “Si la República de Chile no pudiese obtener en el plebiscito o por arreglos directos la soberanía definitiva de la zona en que se hallan las ciudades de Tacna y Arica, se compromete a ceder a Bolivia la caleta de Vitor, hasta la Quebrada de Camarones, u otra análoga, y además la suma de cinco millones de pesos de plata de 25 gramos de plata y nueve decimos de fino”.
Guzmán explica que el acuerdo no prosperó porque los parlamentarios bolivianos impusieron condiciones que luego fueron rechazadas por Chile. “La poca visión de los congresistas de ese momento dejaron pasar esa oportunidad”, juzga. Con la pérdida del Pacífico tan fresca, se sentía que se tenía derecho a todo.
2. “La segunda vez fue en 1920, cuando Chile y Bolivia firman un acta protocolarizada”. En esa ocasión, el representante chileno (ministro plenipotenciario en La Paz, Emilio Bello) que había participado en el Tratado de 1904, firma en La Paz con el canciller Carlos Gutiérrez, un acta en el que se compromete a ceder al país una parte de Arica a cambio de un pago por ese territorio. “Luego hay un golpe de Estado en Bolivia y queda en nada”.
El libro de Jorge Gumucio Granier EEUU y el mar dice: “William F. Montavan, agregado Comercial americano en Lima, informó al Departamento de Comercio en Washington que había visitado Quito en enero y entrevistó al ministro chileno en esa capital, Víctor Eastman Cox, quien le había comunicado su posible traslado a La Paz con el fin de negociar un arreglo con Bolivia sobre la cuestión portuaria en base al siguiente plan:
Primero: Concesión de un puerto y acceso libre al mar, posiblemente el puerto de Arica. Esta concesión sería garantizada por un acuerdo internacional que debía incluir el mayor número de repúblicas americanas, inclusive las naciones miembros del ABC. Segundo: Pago justo de Bolivia a Chile por la sección chilena del Ferrocarril Arica La Paz, así como las terminales portuarias y otras obras públicas ubicadas en Arica y a lo largo de la línea férrea”.
La alusión a un “pago” es por demás elocuente.
3. La tercera ocasión se daría en 1923, sigue Guzmán. No quedan registros documentales en este caso, sólo restan unas cartas, aunque es sabido que se hablaba de una compensación económica. “El canciller chileno Luis Izquierdo negociaba con el enviado especial de Bolivia, Jaimes Freyre, y se hablaba de que Chile estaría dispuesto a solucionar el tema a cambio de compensaciones no territoriales”.
Una respuesta de Izquierdo menciona vagamente unas “compensaciones”: “El Tratado de Paz no es revisable [...] No obstante [...] mi gobierno sigue manteniendo el propósito de escuchar con el más elevado espíritu de conciliación y de equidad [...] sin modificar el Tratado de Paz y sin dejar interrumpida la continuidad del territorio chileno [...], el Gobierno de Chile pondrá el mayor empeño en concertar con el de V. E., en vista de las proposiciones concretas que Bolivia presenta [...] las bases de una negociación directa que conduzca, mediante compensaciones mutuas y sin el desmedro de derechos irrenunciables, a la realización de aquel anhelo”.
Lo que quería en ese momento el país era revisar el Tratado de 1904 para recuperar los territorios que se habían perdido, a lo cual Chile se negaba y “ofrecía algo menor”, de tal modo que las negociaciones no avanzaron, indica Guzmán.
4. La cuarta vez fue en 1926, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos Frank Kellogg propone a Perú y Chile que cedan parte de Tacna y Arica a Bolivia. Esa propuesta surge en momentos en que esos territorios seguían sin ser definidos. Estados Unidos interviene y plantea que se dé al país esa superficie a cambio de una compensación económica para ambos países. “Chile aceptó la propuesta, sin embargo, Perú la rechazó y se frustró la negociación. Esto es importante porque muestra que el Estado chileno aceptó que Bolivia reciba territorio a cambio de dinero”.
De acuerdo con el estudio de Gumucio, el canciller chileno Luis Barros expresó al embajador estadounidense Collier  —quien hacía de mediador entre Perú y Chile—que la mejor posibilidad para un arreglo diplomático sería la división del territorio, dejando el área norte y la ciudad de Tacna para el Perú y el área sur con Arica para Chile. En este arreglo, Chile estaría dispuesto a declarar neutral toda la provincia de Arica y conceder al puerto el status de “libre” para Bolivia y Perú, a la vez de internacionalizar el ferrocarril Arica-La Paz.
A principios de abril, según Gumucio, Collier envió un informe al secretario Kellogg en el que transmitía el deseo del nuevo canciller chileno (Beltrán Mathieu) para ganar la “amistad y gratitud” de Bolivia y lograr un acuerdo mediante negociaciones que darían al país un puerto y a Chile compensaciones materiales por este motivo.
Incluso antes, el 28 de noviembre de 1925, según el mismo autor, “Barros informó a Kellogg que personalidades y grupos poderosos e influyentes en Chile, y que no integraban el Gobierno, eran partidarios de un arreglo diplomático directo que debía incluir la partición de territorios o la venta del mismo a Bolivia”.
5. El quinto momento fue en 1950. Todo comenzó con el intercambio de notas diplomáticas entre el canciller chileno Horacio Larraín y el embajador boliviano en Santiago, Ostria Gutiérrez.
En las notas del 1 al y 20 de junio, Chile aceptaba “entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula (para) que pueda ser posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico, y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses”.
Según la interpretación del diplomático Ramiro Prudencio, ésta fue la única vez que efectivamente Chile negoció a cambio de recursos que no sean territoriales.
Guzmán relata que, en esos documentos, el Estado chileno se comprometía a negociar una salida soberana al mar para Bolivia y se hablaba, de manera reservada, de compensar a ese país con aguas del lago Titicaca a cambio de un corredor en Arica. En esto último no coincide Prudencio, quien afirma que las notas no especifican la fuente del agua, sino que dicen “aguas del altiplano”.
Prudencio dice que de haberse aceptado, la región andina habría quedado como un “erial”.
En las notas no se mencionan las aguas del lago, sin embargo, Guzmán dice que “es bien sabido que se referían a ellas. De hecho, ése fue el motivo por el que no prosperó la posibilidad”. Cuando la gente en Bolivia se enteró de que se estaban haciendo acuerdos con esos recursos hídricos, se opuso. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que ese momento era la oposición, “se agarró” de esa consigna para criticar a los gobiernos consecutivos que participaron en la negociación, los de Mamerto Urriolagoitia y Hugo Ballivián.
“En cuanto se hicieron públicas las conversaciones, la gente rechazó rotundamente compensar a Chile con aguas nacionales. Por otro lado, el Perú también se opuso porque perdía por dos lados: primero se habría malogrado su posibilidad de recuperar Arica en el futuro y por otro habría perdido aguas del lago Titicaca, que son compartidas”.
Las negociaciones salieron a la luz cuando el presidente estadounidense Harry Truman habló de ellas, pues el mandatario chileno Gabriel González Videla le había propuesto que Estados Unidos se encargue de la financiación del proyecto de distribución de agua y de una planta hidroeléctrica para el norte de Chile. “La noticia cayó muy mal”, cuenta Guzmán. Truman manifestó que “las aguas de las elevadas montañas andinas”, entre Bolivia y Perú, podían servir para “hacer un jardín en la costa de Sudamérica, en el occidente de Chile y Perú, dando a cambio a Bolivia un puerto en el Pacífico”, según el ensayo titulado El Problema de los estados mediterráneos en el derecho internacional marítimo. Un estudio de caso: el diferendo Bolivia-Perú-Chile, del mexicano Juan Carlos Velázquez, doctor en Ciencias Políticas. “Tal declaración fue muy mal recibida en Perú”, señala Guzmán.
La reacción de la población boliviana de ese tiempo no deja de tener semejanzas con el rechazo popular generalizado de vender gas a Chile en 2003.
6. En 1961, el Estado chileno vuelve a proponer una salida soberana a cambio de un aliciente de naturaleza económica y se insiste en retomar el espíritu de las notas del 50. La intención se dio a conocer oficialmente a través de un memorándum que hacía llegar el canciller chileno Manuel Trucco.
El documento expresaba la voluntad de volver a emprender las conversaciones de 1950  y transcribe las notas entre Larraín y Ostria. “En ese escrito no se hace mención a la hidroeléctrica ni al agua del lago, pues esa parte de las intenciones siempre fue reservada. Sencillamente, se refería a una salida soberana sin compensaciones territoriales; obviamente, se referían a recursos económicos de otro tipo”, afirma Guzmán.
Esta vez —interpreta el diplomático— el memorándum no era veraz. “Chile estaba a punto de desviar las aguas del río Lauca y parece que expresa buenas intenciones para mantener a Bolivia tranquila y distraer”. Como se supo lo que se estaba tramando, el país tardó en responder al documento siete meses, pues no se decidía qué posición asumir. Finalmente se alteró el curso del afluente y se rompieron relaciones.
7. Finalmente, la séptima oportunidad se dio en Charaña con Augusto Pinochet. En esa ocasión, si bien se habla de un canje territorial, Bolivia también tenía que comprar, a precio de reposición, el aeropuerto de Chacalluta en Arica, la parte del ferrocarril que iba a quedar en territorio boliviano y todas las inversiones que haya hecho Chile dentro de lo que fuese a quedar en Bolivia. Por otra parte, el país tenía que renunciar a exigir cualquier derecho sobre el río Lauca.
“Si bien la compensación también era territorial, parte de todo el acuerdo incluía remuneraciones y un recurso natural, el Lauca, por lo que se puede concluir que Chile negoció, otra vez, por intereses económicos”, infiere.
Todo se cae por una contrapropuesta de Perú en la que postula una tripartición que es rechazada por Chile. Adicionalmente, los chilenos pedían una compensación territorial no sólo por la tierra, sino también por las 200 mil millas marinas, es decir, aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados extra.
“Era excesivo, Chile quería hacer un gran negocio que incluía el Lauca”. Lo reiterativo de las veces en que Chile negoció a cambio de un canje no territorial deja a la afirmación corregida de Piñera (“los temas de soberanía no se negocian por intereses económicos”) como una impostura, pues parece ser que lo contrario ha sido el comportamiento recurrente del Estado chileno, tal como sostiene Guzmán.

domingo, 3 de febrero de 2013

Bolivia Vs. Chile en la CELAC

LA ENÉSIMA TENSIÓN BILATERAL 
Por: Andrés Guzmán Escobari
 
Como estaba previsto, el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) fue escenario de una nueva discusión entre Chile y Bolivia sobre el problema marítimo boliviano, que, sorpresivamente, terminó con un compromiso de los Presidentes de ambos países de recorrer juntos el trayecto Arica – El Alto en el ferrocarril que, según el Tratado de 1904 (artículo 3) y la Convención de 1905 (artículo 12), debería operar perpetuamente entre esas dos ciudades.
También llamó la atención el discurso de Evo Morales, que, a diferencia de otras oportunidades, fue mucho más respetuoso y constructivo. Fundamentó por primera vez sus acusaciones acerca de que Chile incumple el Tratado de 1904 con ejemplos y argumentos y, para sorpresa de todos, propuso una fórmula de solución que consiste en compartir gas con Chile una vez resuelto el tema del mar.  
Contrariamente, la respuesta de Sebastián Piñera no sorprendió mucho, pues, más allá de la claridad y solvencia con las que expuso, básicamente repitió los argumentos que ha venido esgrimiendo desde que Morales anunció su intención de apelar a instancias internacionales para recuperar un acceso soberano al mar. Eso sí, aprovechó la oportunidad para fruncir el ceño y rechazar en el acto la propuesta marítimo-gasífera.
Si bien la estrategia boliviana mostró considerables mejoras, el discurso del Presidente Morales no logró el objetivo de incomodar a los chilenos porque careció de la claridad y precisión necesarias para convencer a una audiencia que no conoce este tema en detalle (mezcló los incumplimientos de Chile con supuestas violaciones a los derechos humanos y no citó la Convención de 1905). Además, no fue coherente terminar dicha argumentación afirmando “pero acá no estoy pidiendo cumplimiento, sino que se repare un derecho del pueblo boliviano”, porque lo primero que debería pedir, sino exigir, es el más estricto cumplimiento de los compromisos bilaterales, no sólo porque la confianza de toda relación interestatal depende de ello, sino porque sería mucho más fácil dialogar sobre el tema marítimo o sobre cualquier otro asunto si ambas partes respetan lo acordado.
Por otra parte, tampoco fue conveniente intentar conmover a los Jefes de Estado y de Gobierno presentes pidiéndoles que imaginen el sufrimiento que siente un niño boliviano cuando se entera que su país nació con mar o que se pongan en el lugar de nuestros abuelos que no conocen el océano; porque existe evidencia histórica de que la estrategia del dramatismo plañidero ha fracasado cada vez que se ha intentado aplicar. Por último, en cuanto a la propuesta marítimo-gasífera, todavía no es posible emitir comentario sobre su pertinencia o efectividad, porque pudo haber sido un intento alocado por lograr el milagro de la aceptación chilena a riesgo de recibir un portazo o pudo haber sido parte de la estrategia que prepara la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), entre muchas otras posibilidades. 
Pero si a la sólida y legítima argumentación de Morales le faltó claridad, precisión y sobre todo, una mejor presentación; el discurso de Piñera fue todo lo contrario. El anfitrión se dio el lujo de hacer una exposición magistral de sus argumentos basándose en afirmaciones muy cuestionables y, en algunos casos, falsas. Pero aun así salió mejor parado debido a que la opinión pública no conoce los pormenores de este tema.  
En efecto, Piñera fue muy cínico al asegurar que “Chile tiene una comprensión y un compromiso especial con la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia” porque él mismo dispuso la interrupción del dialogo de la Agenda de 13 puntos al cancelar la reunión que tenía que realizarse en noviembre de 2010 y, a raíz de eso, nunca cumplió el compromiso asumido por su Gobierno en julio de ese año de presentar así como alcanzar soluciones concretas, factibles y útiles al tema marítimo boliviano. Lo cual, como correspondía, le fue recordado por Morales al final del debate.
Luego, con el propósito de demostrar que Chile no impuso a Bolivia el Tratado de 1904, Piñera recordó que el Presidente y el Canciller de nuestro país en ese entonces fueron reelegidos por el pueblo boliviano años más tarde. No obstante, si existe alguna relación entre esos hechos, mayor relevancia tendría recordar que el 10 de enero de 1920, Chile – a través de su representante en La Paz, Emilio Bello Codesido, quien había firmado el Tratado de 1904 – se comprometió a cederle a Bolivia una zona importante de Arica y del ferrocarril, en un claro intento por rectificar lo acordado en 1904.
Pero la muestra de mayor cinismo que dio Piñera fue cuando dijo, una vez más, “Chile cumple sus tratados”, porque Morales le acababa de explicar cuáles son los puntos del Tratado de 1904 que su país incumple y, principalmente, porque los hechos históricos contradicen esa afirmación: Chile desconoció el Pacto de Paucarpata de 1837 suscrito con la Confederación Perú-Boliviana; terminó unilateralmente el Tratado de 1874 alegando incumplimiento de Bolivia y con ello inició la guerra de 1879; nunca cumplió el Tratado de Ancón suscrito con Perú en 1883, en su parte referida al plebiscito de Tacna y Arica; transgredió varias veces el libre derecho de tránsito otorgado a Bolivia mediante el Tratado de 1904 como dijo Morales; mantuvo sin funcionamiento al ferrocarril Arica-La Paz por más de 10 años (realizó muy pocos viajes de 2001 a 2005 y desde entonces estuvo completamente paralizado hasta hace poco) en flagrante violación a la Convención de 1905; tampoco cumplió con retirar las minas antipersonales de la frontera a pesar de que se comprometió a ello mediante la Convención de Ottawa de 1997, etc. Además, recientemente incumplió ciertos acuerdos internacionales sobre contrabando que se aplican a la aún no esclarecida incursión de militares bolivianos a territorio chileno. Todos estos hechos incontrovertibles demuestran, indiscutiblemente, que Chile no cumple sus tratados. 
Asimismo, con el propósito de rechazar la propuesta de Morales, Piñera afirmó que la soberanía no se negocia por intereses económicos, olvidando que su país aceptó negociar la soberanía de Arica por dinero y/o agua en varias oportunidades de la historia (1895, 1920, 1923, 1926, 1950, 1961 y 1975) y, por si fuera poco, también dijo que Chile no está dispuesto a cortar o dividir su territorio tal como si alguien le hubiera pedido hacer tal cosa en algún momento.
Por todo esto, parece difícil que ambos Presidentes logren ponerse de acuerdo en el recorrido que realizarán por vía férrea de Arica a El Alto y no sólo porque las posiciones parecen irreconciliables, sino porque para que ese viaje se realice, es necesario que los Mandatarios cumplan lo acordado, pero, como ni Morales ni menos Piñera tienen antecedentes de respeto a las formalidades, quizás nunca los veamos viajar juntos de la costa al altiplano. 

jueves, 3 de enero de 2013

Declaraciones agresivas e inconducentes

Por: Andrés Guzmán Escobari
La tensión en la que se mantienen las relaciones boliviano-chilenas está siendo agravada cada vez más con las declaraciones agresivas e inconducentes que realizan las autoridades de ambos países. Hace poco el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, calificó a Chile de mal vecino, inamistoso, provocador, agresivo y chico malo del barrio. Ante lo cual, la Cancillería chilena respondió que esos calificativos carecen de fundamento y que en su política exterior “no existe ningún indicio o accionar internacional que pueda calificarse de provocador o agresivo”. 
Es evidente que a García Linera le faltó fundamentar sus acusaciones, pues si realmente quería enfurecer a los chilenos, debió aclarar que Chile no sólo es un mal vecino porque “no da salida al mar a un país que nació con mar”, sino también por otros actos hostiles como la desviación unilateral de los ríos Lauca y Caquena en los años 60; la utilización gratuita e ilegal de las aguas bolivianas del Silala desde 1908; el incumplimiento de varias disposiciones del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios; el mantenimiento de minas antipersonales en la frontera desde los años 70 (ello a pesar del compromiso asumido por el Gobierno chileno de removerlas y destruirlas); el armamentismo excesivo; las constantes amenazas de sus autoridades de hacer uso de la fuerza, el incumplimiento de al menos nueve compromisos asumidos por Santiago para resolver el problema marítimo de Bolivia, etc. 
O, mejor aún, pudo haber citado algunos ejemplos de buena vecindad que se dan en el mundo en favor de países sin litoral marítimo. Como el caso de Tailandia que ofrece a Laos una excelente carretera de cuatro carriles y un moderno ferrocarril que sí funciona para que acceda al mar; o el ejemplo de Kenia que ha mejorado su red ferroviaria para que Ruanda y Uganda puedan sacar sus productos a ultramar; o la concesión otorgada por India a Bután para que pueda manejar sus mercancías en territorio hindú con su propia agencia aduanera. O más destacable aún, el caso de Croacia que aceptó interrumpir la continuidad de su territorio para que Bosnia Herzegovina acceda soberanamente al mar Adríantico.
Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en lugar de quedarse callado y evitar mayores estridencias, decidió afirmar que Bolivia no puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia ya que, según él, el Gobierno boliviano tiene que apelar a los instrumentos que contempla el Tratado de 1904 y no como hizo Perú, al Pacto de Bogotá.
Estas declaraciones, además de ser inconducentes e inapropiadas (porque no le corresponde a Piñera decidir qué casos pueden llevarse a la Corte y qué casos no), demuestran que no conoce cuáles son los argumentos jurídicos en los que Bolivia podría basar su demanda y que no tiene la más mínima voluntad de mejorar el trato bilateral que su gobierno ha venido estropeado desde que canceló la Agenda de 13 puntos en noviembre de 2010.
Por todo esto, parece que la tensión entre ambos países se mantendrá en este año que comienza y que, lamentablemente, no será posible iniciar una aproximación que permita solucionar los problemas que por tanto tiempo nos han distanciado.

domingo, 23 de diciembre de 2012

El problema marítimo boliviano en La Haya

Por: Andrés Guzmán Escobari

Hace unos días, la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue escenario de las audiencias públicas correspondientes al caso sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. Como estaba previsto, de acuerdo a los argumentos presentados por las partes en la fase escrita, la defensa peruana arguyó que el límite marítimo entre los dos países nunca ha sido delimitado, y que frente a la ausencia de esa demarcación, corresponde que la Corte determine dicho límite en base a la costumbre del derecho del mar que establece como objetivo general alcanzar una solución equitativa en la fijación de los límites marítimos.
La representación chilena, por su parte, sostuvo que la línea fronteriza marítima sí fue establecida formalmente por el acuerdo de las partes a través de la Declaración de Santiago de 1952 y reafirmada dos años más tarde con un Convenio complementario. Desde entonces – aseguraron los abogados de Chile – han transcurrido 60 años en los que la práctica de los dos países y de la comunidad internacional, confirma la existencia de un límite marítimo que sigue el paralelo de latitud.

Para Bolivia este proceso reviste especial importancia porque están en disputa los territorios que más factiblemente podrían servir para recuperar un acceso soberano al mar y porque es un antecedente fundamental para el diseño de la estrategia de reintegración marítima que prepara el actual gobierno. Por esos motivos, una delegación de nuestro país asistió a las referidas audiencias con el propósito de conocer las implicancias jurídicas de las exposiciones que, inesperadamente, incluyeron amplias referencias al problema marítimo boliviano. 
Figura 72 de la Dúplica chilena
En efecto, cuando el proceso aún se hallaba en su fase escrita, el equipo jurídico chileno decidió añadir en su dúplica una explicación de la participación peruana en las negociaciones de Charaña, las cuales, de acuerdo a ese mismo documento, fueron iniciadas con el fin de “proporcionar a Bolivia acceso al mar”. En esas conversaciones, el gobierno de Santiago propuso al de La Paz un intercambio de territorios en el que Chile cedería a Bolivia un corredor al norte de Arica y su respectivo territorio marítimo, el cual – según efectivamente indica la propuesta chilena de 1975 – estaría “comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa a ser cedida”.
De acuerdo a la duplica chilena, Perú fue consultado específicamente sobre este asunto “y no expresó objeción ni reserva”, lo que hizo fue presentar un Memorándum en 1976 con una contrapropuesta, en la cual – según la postura chilena – mantuvo su aceptación a la delimitación marítima en base a los paralelos, tal como lo muestran los mapas presentados por Chile (figuras 72, 73 y anexo 87 de la dúplica chilena).  
Ante esa situación, Sir Michael Wood, abogado defensor del Perú, señaló que “los argumentos chilenos se basan en evidencia engañosa, incluyendo mapas preparados por Chile, y no, como Chile parece sugerir, por Perú”. Según Wood, el gobierno peruano no mencionó al paralelo de latitud en su contrapropuesta ni tampoco sugirió un método de delimitación marítima para demarcar el mar que sería boliviano. En cuanto a los mapas dijo que éstos son una “grave distorsión de la propuesta peruana” porque no fueron parte del Memorándum de 1976. De hecho, según explicó, el único mapa publicado por Perú fue incluido posteriormente en un comunicado oficial de Torre Tagle y en un artículo del Embajador de la Puente Radbill, el cual – de acuerdo con la versión peruana – “fue usado por Chile como base para crear la figura 72”.
En respuesta, el abogado de Chile, Georgios Petrochilos, destacó que Perú no dijo nada en su contrapropuesta sobre la inexistencia del límite marítimo, ni señaló que el paralelo no define la frontera, ni tampoco hizo valer sus derechos al sur del paralelo fronterizo. En efecto, dijo el jurista griego, “Perú aceptó que Chile, y no Perú, puede conceder a Bolivia una soberanía exclusiva sobre el mar”. Según Petrochilos, Wood evitó referirse a la sustancia de las negociaciones sobre el corredor boliviano, pero sí reaccionó ante los mapas presentados en la dúplica chilena. Aclaró que Chile no indicó que esos mapas fueron hechos por el gobierno peruano y que el anexo 87 era “una ilustración de la contrapropuesta de Perú” que fue publicada en 1978 por el gobierno de Santiago y que nunca fue objetada por Lima. De igual forma, mencionó que la figura 72 es “una ilustración producida para este caso”.   
Figura 73 de la Dúplica chilena
En la réplica, Wood señaló que el anexo 87 parecía ser parte de la propuesta peruana porque fue anexado en la dúplica chilena con el título “Memorándum de 18 de noviembre de 1976 de la Embajada de Perú en Chile”. Acerca del supuesto reconocimiento peruano a que Chile conceda la zona marítima a Bolivia, afirmó que no hay nada sorpresivo en ello porque las negociaciones fueron entre chilenos y bolivianos. “El Memorándum peruano no dijo nada sobre qué áreas del mar serían cedidas a Bolivia” y por tanto, “la contrapropuesta peruana no reconoce la posición de Chile sobre el límite marítimo” sentenció el jurista británico.
Finalmente Petrochilos decidió leer para los jueces de la Corte los textos de propuesta chilena de 1975 que menciona a los paralelos de latitud y de la contrapropuesta peruana de 1976 que acepta “la soberanía exclusiva de Bolivia sobre el mar adyacente a la costa”, para luego cuestionar una vez más a Perú por no haber aclarado que tenía derechos al sur del paralelo, pues si creía tenerlos, “por supuesto que debió haberlo dicho” concluyó el abogado de Chile.   
Desde nuestro punto de vista esta discusión, más allá de revelar que Perú aceptó tácitamente que Chile conceda a Bolivia el territorio marítimo que hoy está en disputa o de evidenciar que la defensa chilena modificó los mapas peruanos para hacer valer su posición ante la Corte; deja un claro reconocimiento de ambos países a la existencia del problema marítimo boliviano, tantas veces desconocido por Santiago, y un recordatorio oficial de que en 1975 Chile se comprometió formalmente a resolver ese problema.  

domingo, 2 de diciembre de 2012

La posible reacción de Chile ante un fallo "salomónico"

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

A menos de una semana de que se inicie la etapa oral del proceso sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Presidente chileno, Sebastián Piñera, conjuntamente con sus antecesores, Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos; manifestaron su preocupación por el fallo que dicha Corte emitió respecto a la controversia entre Colombia y Nicaragua que confirmó la soberanía colombiana sobre los cayos adyacentes al archipiélago de San Andrés y reconoció el dominio nicaragüense sobre una importante porción del mar territorial en disputa, lo que en los hechos representa una derrota para el país sudamericano y un triunfo para la nación centroamericana.
La preocupación presidencial chilena se basa en lo que Frei denomina “fallos salomónicos”, que se refiere a las decisiones basadas en criterios de equidad y equidistancia que la Corte ha aplicado en este tipo de casos. Según el ex Mandatario, este tipo de sentencias inducen a países como Bolivia a recurrir a ese tribunal “porque siempre les va a tocar algo” y no son convenientes porque “pondrán en duda todos los tratados”. Esas apreciaciones, que evidentemente no son las de un jurista, denotan el temor que existe en Chile ante lo que pueda hacer nuestro país en el ámbito jurisdiccional y demuestran una clara intencionalidad de no reconocer el fallo que la Corte emitirá en relación al conflicto chileno – peruano.
En la misma línea, pero un poco más apegado al lenguaje jurídico, Lagos afirmó que ese alto Tribunal debe fallar conforme a derecho “porque de no hacerlo se erosiona el prestigio de la Corte”. Comentario que se funda en el hecho de que las decisiones ex aequo et bono (en equidad) sólo pueden ser aplicadas si las partes así lo convienen (artículo 38 del Estatuto de la CIJ). No obstante, si revisamos el fallo emitido por la Corte para el caso entre Colombia y Nicaragua, podemos evidenciar que éste no se apoya en la equidad como fuente del derecho internacional, sino que se basa en los tratados internacionales que rigen sobre la materia, en la costumbre y en la doctrina, y es más, el Presidente del país que se ha visto afectado por este fallo, Juan Manuel Santos, aseguró que “la decisión no fue equitativa”. Por tanto, los cuestionamientos del ex Mandatario chileno al trabajo que realizan los jueces de La Haya, más parecen estar dirigidos a desconocer la jurisdicción de la Corte que a mostrar una posición de Estado que tranquilice a su pueblo.  
Por otra parte, llama la atención que el caso Nicaragua v. Colombia haya causado sorpresa y preocupación en las más altas esferas políticas de Chile porque no es la primera vez que la CIJ falla de esa manera, es decir, conforme a derecho pero siempre considerando los criterios de equidad y equidistancia que fueron incorporados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Existen al menos ocho procesos sobre límites marítimos que se definieron así: Estados Unidos y Canadá (1982), Guinea y Guinea-Bissau (1985), Dinamarca y Noruega (1993), Bahrain y Qatar (2001), Nicaragua y Honduras (2007), Ucrania y Rumania (2009) y, como ya se dijo, Colombia y Nicaragua (2012). Por tanto, este tipo de sentencias no son nuevas ni mucho menos inusuales y, por lo mismo, no se justifica que a estas alturas del proceso peruano-chileno, los Mandatarios de Chile expresen que su país “no puede aceptar fallos salomónicos” en referencia a la forma cómo la CIJ ha estado resolviendo los casos de delimitación marítima, cuando bien sabían, desde un principio, que la determinación de la Corte podría seguir estos criterios.
El mensaje que han dado los gobernantes chilenos es preocupante para Bolivia porque ante un fallo desfavorable a sus intereses, Chile, siguiendo lo que sorpresivamente está haciendo Colombia, podría denunciar el Pacto de Bogotá de 1948 para desconocer la jurisdicción de la CIJ y evitar así que nuestro país interponga una demanda en su contra ante esa instancia. No obstante, aun así, deberá transcurrir un año antes de que cesen los efectos del acuerdo para la parte denunciante (artículo LVI del Pacto de Bogotá).  
Nuestras autoridades deben prever los diferentes escenarios que se podrían generar con la reacción de Chile ante un “fallo salomónico” y para ello, es necesario que evalúen la conducta del Estado chileno a lo largo de la historia que, al contrario de lo que dicen sus autoridades, no siempre se ha caracterizado por el respeto al derecho internacional. Basta con recordar que ese país desconoció el Pacto de Paucarpata suscrito con la Confederación Perú – Boliviana en 1837; terminó unilateralmente el Tratado de 1874 alegando incumplimiento de Bolivia y con ello inició la guerra de 1879; nunca cumplió con el Tratado de Ancón firmado con el Perú en 1883 en lo relativo a celebrar un plebiscito que defina el futuro de Tacna y Arica; transgredió varias veces el derecho de libre tránsito otorgado a Bolivia mediante el Tratado de 1904 y actualmente vulnera al menos tres de sus acuerdos complementarios al mantener paralizado el tren Arica – La Paz y al permitir que las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta apliquen medidas que infringen lo acordado bilateralmente, entre otros; tampoco removió ni desactivó las minas antipersonales que se encuentran en sus fronteras a pesar de haberse comprometido a ello mediante la Convención de Ottawa de 1997; etc.          
Dados estos antecedentes, conociendo que la última encuesta de Adimark encontró que el 73% de los chilenos no estaría dispuesto a ceder territorios al Perú, aun cuando así lo disponga la CIJ, y sobre todo, considerando el mensaje negativo que recientemente han dado los gobernantes vecinos; podríamos esperar que ante un “fallo salomónico”, Chile anteponga una vez más sus intereses nacionales por sobre el respeto a las normas del derecho internacional y desconozca la jurisdicción de la CIJ. 

lunes, 19 de noviembre de 2012

¿Y el ferrocarril?

Por: Andrés Guzmán Escobari

Es acertado y era sumamente necesario que el gobierno boliviano siente soberanía sobre las aguas del Silala, porque si bien le pertenecen a Bolivia, Chile las utiliza sin autorización desde 1997 y sin pagar ni un centavo desde 1908. Pero aun así, no debemos olvidar otros temas pendientes con el país del Mapocho como los daños y perjuicios que causó la desviación unilateral de los ríos Lauca y Caquena acometida por el gobierno de La Moneda y privados chilenos en los años 60, el último con el agravante de que el curso de sus aguas define el límite fronterizo entre ambos países según el Tratado de 1904 (artículo 2); y ahora también por el daño económico que genera la paralización del Ferrocarril Arica – La Paz (FCALP) por ya más de una década.
Trazado del FCALP
Esa vía férrea es precisamente la compensación más importante que recibió Bolivia por su vasto, rico y único Litoral. Fue construida a costa de Chile con el propósito de unir al puerto de Arica con El Alto de La Paz en cumplimiento al Tratado de 1904 (artículo 3) y desde 1913, año de su inauguración, ha mantenido un servicio de trasporte de cargas y de personas (este último suspendido desde que la administración del tren en el lado chileno pasó a manos privadas en 1997) bastante regular hasta que, en 2001, una tormenta ocasionó serios destrozos en la vía y el servicio tuvo que ser interrumpido por varios meses. A partir entonces el ferrocarril realizó muy pocos viajes y finalmente, en 2005, la empresa privada que lo administraba en territorio chileno se declaró en quiebra y las operaciones fueron paralizadas por completo hasta el día de hoy. 
Este hecho que a todas luces se constituye en una inobservancia al propósito con el que se concibió el Tratado de 1904 en su parte referida al ferrocarril que inobjetablemente fue dotar a Bolivia de un medio que le permita acceder efectivamente al mar, y que además representa una flagrante violación de parte de Chile a la Convención para la Construcción y Explotación del FCALP de 1905, porque a través de la misma ambos países se comprometieron a “asegurar el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (artículo 12); debe ser incluido entre los asuntos que con mayor prioridad se deben resolver entre ambas naciones, entre los cuales destacan el tema del mar y la utilización no autorizada de recursos hídricos bolivianos por parte de Chile.
El gobierno chileno y los encargados de su rehabilitación han prometido en varias oportunidades el pronto reinicio de sus operaciones. Hace un año, el Cónsul General de Chile en La Paz, Jorge Canelas, aseguró que el tren volvería a funcionar a mediados del 2012, sin embargo, eso no ha ocurrido. No dudamos de que llegará el día en que la vía férrea vuelva a operar, pero no se trata solamente de eso, hay daños y perjuicios ocasionados a la economía boliviana que deben resarcirse. 

domingo, 28 de octubre de 2012

Bolivia y Estados Unidos en muy mal momento

Por: Andrés Guzmán Escobari

En 1870 el Presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo, decidió expulsar al representante del imperio más poderoso del mundo, el Reino Unido. Lo cual nos costó ser borrados del mapa por la misma Reina Victoria I quien, al enterarse de la expulsión y del maltrato que recibió su embajador en nuestro país, sentenció “Bolivia no existe”[1].
En 2008 ocurrió algo muy parecido, Evo Morales expulsó al Embajador del imperio más poderoso del mundo, Estados Unidos, pero nunca supimos si el entonces Presidente de ese imperio, George W. Bush, intentó borrarnos del mapa o si dijo algo respecto a nuestra existencia porque desde que Morales asumió la presidencia, la política estadounidense hacia Bolivia ha sido inequívoca, actuar con la máxima indiferencia posible ante lo haga o deje de hacer el gobierno boliviano.  
Pero en lugar de que esa indiferencia contribuya a calmar los ánimos antimperialistas de nuestros gobernantes y propicie una etapa de distensión y entendimiento, ha generado una mayor tensión que se manifiesta en los constantes ataques del Presidente Morales al país del norte que han llegado a ser proferidos con palabras soeces y descomedidas. Esas actitudes de descortesía, el uno por indiferente y el otro por irrespetuoso; han hecho que las relaciones entre los dos gobiernos se encuentren en un muy mal momento – el peor desde que Washington desconoció al régimen narco-dictatorial de Luis García Meza (1980 – 1981) –. Lo cual, sumado a que esta situación significa desaprovechar la posibilidad de hacer importantes negocios para Bolivia y continuar perdiendo influencia política y económica en la región para los Estados Unidos; hace que sea no sólo necesario, sino urgente que las autoridades de ambos países se esfuercen por recomponer sus vínculos político – diplomáticos.
Esa menor influencia estadounidense en la región quizás no se perciba tan notoriamente en Washington, sin embargo, aquí en Latinoamérica, al menos en 5 países, sentimos en el día a día que la posición de la Casa Blanca ya no está presente en las decisiones políticas de nuestros gobiernos y, en ese punto, debemos reconocer el éxito de la diplomacia promovida desde Cuba hace más de 50 años. No obstante, en el caso de Bolivia, no compartimos que esa política se base en anteponer nuestra dignidad por sobre cualquier otra consideración, incluso por sobre nuestros intereses nacionales. La historia nos enseña que la ideologización de la política exterior es contraproducente. Necesitamos exportar productos con valor agregado con urgencia para desarrollar la industria nacional y diversificar nuestra oferta exportable y no podemos, por tanto, darnos el lujo de perder el acceso a un mercado de más 300 millones de habitantes con un ingreso per cápita de casi 45 mil dólares al año, tal como está ocurriendo actualmente con la suspensión del ATPDA, que fue dictaminada a partir de 2008 por el Parlamento estadounidense.
En este contexto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos podrían servir para recomponer las relaciones entre ambos países, sea a través de una reinvención del trato bilateral con la administración de Barack Obama o sea mediante un borrón y cuenta nueva con el posible gobierno de Mitt Romney. No obstante, por los antecedentes antimperialistas de nuestras autoridades y por la costumbre que tiene el imperio de actuar impasiblemente ante los gobiernos contrarios a su política internacional; parece imposible que mejoren los vínculos entre ambos gobiernos en los próximos cuatro años.
Hay varios problemas que los gobiernos de los dos países deben resolver para normalizar sus relaciones a nivel de Embajadores, y si bien se ha suscrito un Acuerdo Marco que contiene los lineamientos para alcanzar ese objetivo, no hubo ningún avance significativo y eso, pese a que dicho acuerdo se encuentra plenamente vigente porque ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Bolivia y porque, al ser vinculante, no necesita ser ratificado por el Parlamento de los Estados Unidos. 
Para lograr la correcta ejecución de dicho acuerdo, es necesario que la próxima gestión gubernamental de Washington defina claramente el papel de USAID en territorio boliviano, que ha sido acusada de conspirar contra el Estado Plurinacional; que sepa aplicar las acciones de “responsabilidad compartida” con la administración de Evo Morales en la lucha contra el narcotráfico que, según sus propios parámetros, ha sido “un fracaso demostrable” en el último tiempo; y sobre todo, que dé curso a la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sobre este último punto, si bien es cierto que las autoridades bolivianas no cumplieron con todos los requisitos que exige el Tratado de Extradición entre ambos países para que Sánchez de Lozada sea extraditado, como el de verificar que los delitos por los cuales ha sido imputado se encuentren tipificados en la legislación estadounidense; el gobierno de la Casa Blanca tampoco demostró ninguna voluntad por proceder a la extradición, a pesar de que en el seno de la OEA rechazó enfáticamente el asilo político otorgado por Ecuador a Julian Assange quien, valga recordad, es acusado de violación, coerción y acoso sexual, pero no de genocidio.
Por todo esto, y porque en la campaña electoral de Estados Unidos se ha visto que los intereses y preocupaciones de ese país se encuentran en el Medio y Lejano Oriente, no vemos con mucho optimismo lo que pueda acontecer con Bolivia en los próximos años. Aun así, esperamos un cambio de actitud de parte de ambos gobiernos que permita desarrollar una relación normal en términos políticos y diplomáticos, el uno porque debe dejar su actitud de indiferencia hacia el otro que llega a ser hasta maleducada y el otro porque debe actuar con respeto si quiere ser respetado y principalmente, porque debe priorizar los intereses nacionales de la patria por sobre cualquier otra consideración.




[1] Según Carlos Mesa este episodio de la historia ocurrió en la gestión de Belzu, no de Melgarejo.