sábado, 18 de abril de 2020

Comunidad internacional frente al covid 19

Lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 
El coronavirus deja alrededor de 2 millones de contagios y más de ...
Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete 

La pandemia del nuevo coronavirus (covid 19) que se ha convertido en un problema global que afecta prácticamente a todos los países del mundo, ha demostrado la incapacidad de la comunidad internacional para hacerle frente, generando una nueva constatación de que los seres humanos estamos expuestos a peligros mortales que en otro momento no habríamos creído que podían afectarnos, como una bomba nuclear, un coronavirus o una consecuencia inesperada del calentamiento global.
La comunidad internacional, entendida como una sociedad de sociedades, en la que participan absolutamente todos, pero que está dirigida por Estados y organismos internacionales no ha podido controlar la propagación del covid 19 debido principalmente a sus serios problemas de organización, estructura y coordinación, que ya habían quedado al descubierto con las crisis migratorias y económicas que hemos vivido en los últimos años y que ahora podrían profundizarse.
En efecto, si partimos de que un desafío global habría que afrontarlo con un enfoque también global, queda claro que tanto los organismos internacionales como las grandes potencias, o al menos las que pretenden serlo, tendrían que saber controlar la pandemia o al menos adoptar acciones conjuntas que contribuyan a controlarla, en pos de salvaguardar a la humanidad y salir de esta crisis. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 
Las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidas a evitar el cierre de fronteras y a no generar pánico, aduciendo que no se habría encontrado evidencia clara de que la enfermedad pueda transmitirse de humano a humano (14/01/2020), han demostrado que esa organización no midió correctamente la magnitud del problema y no manejó seriamente la información, pues ahora sabemos que sí se requería impedir el desplazamiento de las personas que podían haber estado contagiadas y que era crucial concientizar a la población mundial con información veraz, aun cuando eso genere pánico. Esto último considerando que el principal medio de contagio, tal como después lo reconoció la misma OMS, es precisamente de humano a humano. 
Por otra parte, la poca transparencia con la que China – el país donde se reportaron los primeros casos –, transmitió la información al mundo y manejó la crisis dentro de sus fronteras, permitiendo la salida de miles de personas de su territorio cuando ya se sabía que el brote del covid 19 podía convertirse en una pandemia, demuestran la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades de ese país, que ahora son las principales responsables de esta tragedia, según la gran mayoría de las teorías conspirativas que se han estado tejiendo en las redes sociales.
Al otro lado del globo, donde este tipo de enfermedades virales son mucho menos comunes, las potencias occidentales, lejos de mostrar algún atisbo de liderazgo o de estrategia efectiva para enfrentar la crisis, han sido claramente rebasadas por el virus, que no han podido controlar ni en sus propios territorios, teniendo que lamentar la muerte de miles de personas y un enorme costo para sus economías.
Entre ellas, Estados Unidos, en lugar de responder como debería hacerlo el país más poderoso del mundo y constituirse en un ejemplo a seguir, ha dejado en evidencia las falencias de su sistema de salud y se ha convertido en el país con más muertos e infectados a nivel mundial. 
Pero además de la incapacidad demostrada, los actores del sistema internacional llamados a liderar esta batalla contra el coronavirus también han demostrado una total falta de coordinación entre ellos, puesto que en lugar de trabajar de manera conjunta, cooperativa y coordinada para enfrentar la pandemia, han empezado a intercambiar acusaciones respecto a sus respectivos roles en esta crisis, que en el caso del gobierno de Estados Unidos parecen responder a intereses de política electoral interna y en el caso del gobierno de China, a una búsqueda continua de liderazgo económico, militar y tecnológico.
Ciertamente, a los pocos días de confirmarse los primeros contagios en los Estados Unidos, las autoridades de ese país calificaron al covid 19 como “virus chino” o “virus de Wuhan”, en un claro intento por responsabilizar a China de toda esta catástrofe. Lo que fue rechazado por el gobierno chino a través de un vocero de su Cancillería, quien manifestó que es “altamente irresponsable” usar ese “lenguaje estigmatizante”, cuando aún no existen evidencias de que el virus se haya originado en China (4/03/2020) y después afirmó: “Podría ser el Ejército estadounidense el que llevó la epidemia a Wuhan” (12/03/2020).
El intercambio de acusaciones entre Washington y Beijing respecto a quién sería el responsable de esta catástrofe ha impedido, entre otras cosas, que los países del G7 suscriban un comunicado sobre la pandemia que debía aprobarse el pasado 26 de marzo. En esa ocasión, la terminología estadounidense del “virus chino”, considerada como xenófoba y racista por los medios estatales chinos, fue rechazada por Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón y naturalmente China, en una videoconferencia de Cancilleres que dejó al descubierto la falta de coordinación comentada.
En esa misma línea, el Presidente de Estados Unidos suspendió los aportes de su país a la OMS (14/04/2020) por supuestamente haber favorecido más a China y no transparentar la información. Todo ello después de un entredicho en que el director de la OMS, quien efectivamente había elogiado al gobierno de Beijing por sus esfuerzos contra la pandemia le había pedido al mandatario estadounidense que no haga política con el virus (08/04/2020).       
En estas circunstancias, en que al parecer los habitantes de los países menos desarrollados dependemos única y exclusivamente de las capacidades y recursos de nuestros respectivos gobiernos nacionales, regionales y municipales, que en el caso de Bolivia son muy limitados, no nos queda más que encomendarnos a Dios y pedir a quienes lideran la comunidad internacional que dejen de lado sus intereses sectarios y empiecen a trabajar no sólo por contener esta pandemia, sino también por construir un sistema internacional que pueda hacer frente a este y otros desafíos globales que están por venir. 

domingo, 8 de marzo de 2020

Caso Silala: el derecho de Bolivia a defenderse

Es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala.
Estudio científico muestra que el Silala no es río internacional
Por: Andrés Guzmán Escobari
Hace dos semanas, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “Caso Silala, no todo está perdido”, en el que intenté demostrar que a pesar de que el gobierno del MAS reconoció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que una parte de las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia Chile, aún existen elementos que se pueden rescatar en defensa de los intereses de Bolivia en este litigio. 
Consideré pertinente escribir al respecto, no sólo porque noté un derrotismo apresurado e injustificado en las reacciones de algunos líderes de opinión en nuestro medio, sino también porque quería contribuir al debate de este asunto, que no se conoce en detalle, y que justamente engloba algunos elementos que creo que podrían jugar a favor de Bolivia. 
Me refiero al hecho de que la demanda chilena no solo se aboca al estatus o naturaleza de las aguas (compartidas o no compartidas), sino que también alega que existe un uso equitativo y razonable del líquido elemento, lo cual es altamente discutible, y a que la contrademanda boliviana, que será considerada por la Corte conjuntamente con la demanda chilena, reclama soberanía absoluta sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, sobre lo cual, según mi parecer, Bolivia tiene toda la razón.
El artículo en cuestión generó varias críticas al otro lado de la Cordillera, entre las que destacan las de dos historiadoras, Valentina Verbal y Loreto Correa, que se manifestaron a través de las redes sociales y de este mismo periódico, aduciendo por un lado una supuesta incongruencia entre lo planteado en el artículo y lo que realmente se discute en la Corte, y por el otro lado, alegando una presunta “pugnacidad” y “alucinación” de quien escribe. 
Al respecto, si bien es cierto que los documentos que se presentaron a la Corte son reservados, existe suficiente información pública, adelantada justamente por las autoridades de los dos países, que nos permite tener una buena idea de qué se está discutiendo en La Haya.
Sobre la base de esa información y a lo que investigué por mi cuenta, saqué algunas conclusiones que desde mi punto de vista podrían contribuir a la defensa boliviana y que no deberían ser consideradas como una “alucinación”, como tan insolentemente sugirió una de las historiadoras. 
Lanzar frases en modo imperativo, como “esto debe terminar” y “ya es suficiente”, no sólo refleja ese típico aire de superioridad con el que algunos chilenos se refieren a los bolivianos, sino que además demuestra que hay un hartazgo en ciertos segmentos de la sociedad chilena por los litigios internacionales, muy a pesar de que son controversias que claramente podrían resolverse amigablemente si Chile así lo quisiera.  
Muy por el contrario, el razonamiento es que como Bolivia perdió el juicio del mar de manera estrepitosa, ahora no puede o no debe defenderse en el proceso del Silala. Nada más alejado de la verdad, Bolivia tiene todo el derecho a defenderse legalmente en este o en cualquier otro juicio, y todos los habitantes de este planeta tenemos derecho a opinar sobre el mismo.
Por eso es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. No se utilizan para beneficiar a las poblaciones del lugar, por lo que no pueden ser consideradas en su utilización como un derecho humano, sino que favorecen únicamente a unas empresas chilenas que usan el agua exclusivamente para lucrar. Eso no puede ser considerado por la Corte como “equitativo y razonable”. 
En ese mismo sentido, habiendo confirmado que el caudal que cruza la frontera se compone de una parte natural y otra artificial, porque no solo Bolivia reconoció el flujo natural, sino que Chile también reconoció el flujo artificial; es muy importante establecer que Chile no tiene ningún derecho sobre las aguas, que sin los canales construidos en territorio boliviano no llegarían a su territorio, y que si los beneficiarios quieren seguir usufructuando de las mismas, deben reconocerle a Bolivia una compensación.
Los porcentajes que le corresponden a cada cual, obviamente tendrían que definirse en un estudio. 
Respecto a que la contrademanda boliviana no fue presentada contra Codelco, ni contra el grupo Luksic que, a través de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia, recibe la mayor parte del caudal que ingresa a Chile, es importante recordar que en 2009, el gobierno de Chile negoció en nombre de esas dos empresas un pago a Bolivia por el 50% de las aguas y en 2016 salió en defensa de sus intereses al presentar la comentada demanda sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. 
Por esa razón, es perfectamente posible solicitar una compensación en este juicio, tanto por el caudal artificial como por el caudal natural que excede lo que le corresponde a Chile. 
Por último, las soluciones a nuestros problemas y la construcción de una agenda moderna no llegarán a través de la intimidación, el amedrentamiento, o la disuasión, como parecen pretender las historiadoras de referencia, la única manera de alcanzar la reconciliación es a través de la negociación y las verdaderas señales de buena vecindad.

domingo, 23 de febrero de 2020

Caso Silala, no todo está perdido

Pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, no todo está perdido, existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia.
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Por: Andrés Guzmán Escobari 
De manera intempestiva, la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala recobró actualidad tras conocerse que el gobierno del MAS admitió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que una parte de esas aguas fluye naturalmente hacia Chile.
En efecto, la Cancillería boliviana develó que el reconocimiento se hizo en la Contramemoria que Bolivia presentó en mayo de 2018 a la CIJ, lo que desató una ola de críticas no sólo contra el MAS, sino también contra la actual Canciller que, según voces opositoras, habría cometido “traición a la patria” por haber revelado información reservada.
Al respecto, cabe recordar que el mentado reconocimiento ya era de conocimiento público. En octubre de 2018 y en febrero de 2019, el Canciller y la Agente de Chile, acusaron a las autoridades bolivianas de haber dado “un giro” en su posición, por haber aceptado que las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile. Por lo cual, si es que hubo alguna infidencia, esta sería atribuible a las autoridades chilenas.
Pero pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, y que por tanto no habría nada más que discutir sobre ese punto, no todo está perdido. Existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia, como el hecho de que Chile, o mejor dicho los beneficiarios de las aguas, no pueden disponer de todo el caudal sin la aprobación expresa de nuestro país, que deben pagar por la parte que no les corresponde y que hasta ahora han usufructuado sin ninguna autorización, y que si quieren seguir utilizando las aguas, también deben pagar. 
Efectivamente, habiendo aceptado que las aguas son compartidas, la discusión ahora se centra en dos puntos específicos: 
1. El uso que se le da en Chile a las aguas del Silala, para saber si efectivamente es equitativo y razonable como alega la defensa chilena, y;
 2. Lo que Bolivia reclama en su demanda reconvencional o Contrademanda, que Chile no tiene ningún derecho sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, ni tampoco sobre el agua que llega a su territorio de manera artificial.
Sobre el primer punto, parece perfectamente posible demostrar que no existe un uso equitativo y razonable como sostiene la parte chilena, porque las aguas del Silala benefician únicamente a Chile y no a Bolivia y porque no favorecen a las poblaciones del lugar, sino solamente a unas empresas chilenas que lucran con ese caudal como si fuera totalmente suyo. 
Nos referimos a la empresa estatal del cobre de Chile, CODELCO, que usa dichas aguas para la explotación cuprífera en el otrora territorio boliviano, y a la compañía privada Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que a través de otra empresa privada, las comercializa en Antofagasta a precios exorbitantes.
Ciertamente, de acuerdo a la repartición dispuesta unilateralmente por el Estado chileno, de los cerca de 180 litros por segundo que cruzan la frontera, aproximadamente 40 son para CODELCO y los otros 140 son para la empresa de ferrocarriles, sucesora de la firma anglo-chilena The Antofagasta and Bolivia Railway, que fue la que construyó los canales y sistemas de drenaje entre 1904 y 1928, sobre la  base de una concesión de la Prefectura de Potosí otorgada en 1908. 
La causa y objeto de esa concesión, que había sido otorgada para que las aguas del Silala alimenten las locomotoras a vapor del ferrocarril Antofagasta- Oruro, se extinguieron completamente alrededor de 1960, cuando dichas locomotoras fueron sustituidas por máquinas a diésel. Mucho más tarde, en 1997, la concesión terminó de perder su valor legal, cuando la Prefectura de Potosí y el gobierno boliviano decidieron rescindirla. 
En cuanto al segundo punto, referido a los canales y sistemas de drenaje, la Agente chilena adelantó que no existe nada artificial en el sistema que comprende el Silala, porque no se habría desviado agua de una cuenca a otra. “Toda el agua de la cuenca es natural”, aseguró la Agente en una entrevista para Emol en febrero de 2019. 
Sin embargo, no hay que ser un experto para darse cuenta que una cosa es recibir 150 litros por segundo y otra muy diferente es recibir 180 litros por segundo. En este caso, por ejemplo, es evidente que para el Estado ribereño aguas abajo (Chile) la segunda opción resulta más conveniente que la primera, mientras que para el Estado aguas arriba (Bolivia) es lo contrario.
En ese sentido, es necesario establecer cuánto del caudal que cruza la frontera corresponde al curso natural, que de todas formas discurriría sin los canales y sistemas de drenaje, y cuánto de ese mismo caudal corresponde al curso artificial, que no llegaría a Chile si no fuera por esas obras de captación construidas en territorio boliviano.
Una vez que se establezcan esos porcentajes, se podrá definir cuánto le deben a Bolivia los beneficiarios de las aguas por los más de 100 años de uso no autorizado, tanto de la parte artificial como de la parte natural que excede lo que le corresponde a Chile.

jueves, 20 de febrero de 2020

Bolivia admitió que una parte del Silala fluye naturalmente a Chile

El 13 de febrero de 2020, la Canciller y el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, revelaron que el gobierno del MAS admitió mediante la Contramemoria que Bolivia presentó a la CIJ, que una parte de las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile por lo que serían aguas compartidas. Respecto a esa revelación y sus repercusiones se desarrollaron las siguientes entrevistas: 

Hora 23 de Bolivisión, 14/02/2020


Todo a Pulmón de Cadena A, 14/02/2020



En Jaque Mate de TVU, 18/02/2020

sábado, 28 de diciembre de 2019

México amenaza con llevarnos a la CIJ

El 26 de diciembre de 2019, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que su gobierno presentaría un recurso en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia "para que el asedio policial y militar a las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido". 

26/12/2019, en "Jaque Mate" de TVU


26/12/2019. en "Todo a Pulmón" de Cadena A.


27/12/2019, en "Antes del Medio Día" de Fides Tv


27/12/2019, en "La Revista" de Unitel.

domingo, 22 de diciembre de 2019

Recordando a Jorge Escobari Cusicanqui

 Entre 1945 y 1983, Jorge Escobari Cusicanqui ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. 
Caricatura publicada en El Tiempo de Bogotá, sobre el resultado del debate que sostuvieron en 1964 el Embajador de Bolivia en Colombia, Jorge Escobari, con el Embajador de Chile en Colombia, Juan Smitmas.

Por: Andrés Guzmán Escobari 
El pasado 18 de diciembre, se inauguró el monumento del diplomático y político boliviano Jorge Escobari Cuscanqui (1919-2000), quien dedicó la mayor parte de su vida a defender los intereses de nuestro país y en particular a reafirmar el derecho de Bolivia al mar. Por lo que Fernando Salazar Paredes lo rebautizó como “el guerrero del mar”.   
El monumento es un busto tallado en piedra granito comanche, a escala 2:1, obra del reconocido escultor boliviano Flavio Ochoa. Es una sola pieza de casi dos toneladas, trabajada y concluida gracias al Fondo Concursable FOCUART del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y emplazada en la avenida Guido Capra o Costanerita de esta maravillosa ciudad.
Entre las anécdotas y logros de JEC, cabe destacar que comenzó su carrera a los 26 años de edad, cuando fue designado como secretario de la Embajada de Bolivia en Lima, a partir de ahí y hasta sus 64 años, es decir entre 1945 y 1983, ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. Fue primer secretario y encargado de negocios a.i. en Brasil; embajador en Colombia, Ecuador, Argentina y Perú; director general de Asuntos Políticos, tres veces vicecanciller y Ministro de Relaciones Exteriores en 1979, durante el gobierno restaurador del general David Padilla Arancibia. 
A mediados de los años 50, Bolivia y Brasil reiniciaron negociaciones para actualizar y revisar los Tratados de 1928 y 1938 sobre límites, ferrocarriles y petróleo. En esa ocasión, Escobari, en su calidad de subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de la delegación boliviana que llevó adelante esas negociaciones, logró que la contraparte brasileña aceptara un acuerdo que, entre otras cosas, cambió la frontera en favor de Bolivia.
Efectivamente, en los tratados suscritos en La Paz el 29 de marzo de 1958 por los cancilleres Manuel BarrauPealez de Bolivia y José Carlos de Macedo Soares de Brasil, también conocidos como los Acuerdos de Roboré, por haberse definido en aquella localidad boliviana su contenido, Bolivia consiguió, entre otras cosas, recuperar cerca de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en el sector de Río Verde - 4 Hermanos, que habían sido cedidos bajo presiones mediante el Tratado de Natal de 1928. 
Los antecedentes, pormenores y proyecciones de ese importante logro, que fue la única recuperación territorial que consiguió Bolivia en todo el siglo XX y que se constituye en uno de los antecedentes de la venta de gas al Brasil, fueron recogidos y documentados por Escobari en su laureado libro Brasil y el Petróleo Boliviano. Los acuerdos de Robore – la venta del gas (1961 y 1985). 
En 1964, cuando nuestro personaje cumplía las funciones de embajador de Bolivia en Colombia, le tocó protagonizar una fuerte polémica con su par chileno, Juan Smitmans López, de la cual pudo salir airoso según los reportes y testimonios de la época. 
En efecto, tras la publicación del libro El Derecho al mar (1964) de Escobari, los festejos por la “Semana del mar boliviano” que organizó la Embajada de Bolivia en el mes de marzo y el apoyo que en esos momentos recibió la causa marítima boliviana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el embajador chileno decidió publicar un comunicado en la prensa colombiana que dio inicio a un interesante debate que, a pesar de la pasión con la que fue encarado, se desarrolló con altura y donaire, tanto así que los periódicos bogotanos La  República y el Siglo se refirieron al mismo como “Ejemplar debate boliviano-chileno” y “Un diálogo de altura”, respectivamente. 
Ese  debate se realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá el 29 de abril de 1964 ante cientos de espectadores. A pesar de que había más chilenos que bolivianos, la audiencia local terminó aplaudiendo y vitoreando más al embajador boliviano, tal como se puede oír en el registro magnetofónico de la ocasión. 
“Recuerdo con inmensa emoción el momento en que, concluido el debate, en circunstancias en que el embajador de Chile abandonara el escenario, los miembros de la colonia boliviana en Bogotá se constituyeron en ese escenario para abrazarme efusivamente y entonar todos juntos el Himno Nacional de Bolivia”, relató Escobari algunos años más tarde. 
Acto seguido, con el propósito de impedir que JEC continúe recabando apoyos para la causa marítima boliviana, Smitmans intentó interrumpir una conferencia que Escobari estaba dictando en la Sociedad Bolivariana de Colombia, sobre “El Libertador y el mar de Bolivia”, provocando la molestia de los organizadores, que terminaron expulsándolo del lugar, en medio de fuertes abucheos. 
Así terminó la encendida polémica Escobari-Smitmans, cuyo resultado fue ilustrado en el periódico c, que muestra a nuestro recordado personaje como un boxeador victorioso. 
Como canciller del gobierno transitorio de Padilla, que había tomado el poder tras el fraude electoral y el golpe de Estado de su antecesor en el cargo, Escobari inició la adhesión de Bolivia al Movimiento de Países no Alineados, que durante los años 80 se pronunciaría varias veces a favor de la causa marítima boliviana.
Coordinó las acciones del Pacto Andino sobre la crisis nicaragüense que estalló en esos momentos con la revolución sandinista, lo cual le valió sendos elogios y condecoraciones; instituyó la Comisión Nacional Preparatoria encargada de organizar la célebre IX Asamblea General de la OEA, en la que, meses después, el problema marítimo boliviano sería consagrado como “un asunto de interés hemisférico permanente”; y delineó una doctrina que se convertiría prácticamente en una política de Estado, al sostener que para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, es necesario levantar previamente el enclaustramiento geográfico boliviano. 
Al final de su carrera, Escobari incursionó decididamente en la política, participando como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989 por el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) del compadre Carlos Palenque. En esa ocasión, la fórmula Palenque-Escobari obtuvo un impresionante primer lugar en el Departamento de La Paz que, a su vez, le permitió acceder al Parlamento como primer senador por La Paz (1989-1993), donde fue homenajeado el 16 de agosto de 1990.    
Poco antes de morir, alcanzó a publicar la quinta edición de su obra culmine, Historia Diplomática de Bolivia (2000), que fue reeditada póstumamente en 2013 por su hija Laura, y su orgulloso nieto, quien escribe.

domingo, 15 de diciembre de 2019

La llegada de Evo Morales a la Argentina

Después de casi un mes en México y de un breve paso por Cuba, Evo Morales llegó a la Argentina en calidad de asilado y con la intención de permanecer en ese país como refugiado. Esta entrevista se desarrolló el mismo día en que Morales arribó a territorio argentino cuando aún no se sabía si continuaría emitiendo declaraciones de carácter político, porque el Canciller argentino le había pedido no hacerlo.

En Claroscuro de RTP, 12/12/2019

domingo, 8 de diciembre de 2019

El asilo mexicano de los líderes del MAS

Como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia 
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Por Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete 

En una reacción indudablemente temeraria, el gobierno de México decidió conceder asilo territorial y diplomático a los más altos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que gobernó Bolivia durante casi 14 años y que hizo un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre pasado, con el propósito de quedarse cinco años más. Unos, los más importantes, en tierras mexicanas y los otros, alrededor de 30 personas, en la Embajada de México en La Paz.

De acuerdo a las explicaciones que ofreció el Canciller de ese país, Marcelo Ebrad, quien evitó referirse al fraude, el asilo del expresidente Evo Morales fue otorgado por “razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta hoy en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Aunque Ebrad no explicó por qué consideraba que la vida e integridad del exmandatario corrían riesgo, muy posiblemente se basó en las dos mismas excusas que arguyó Morales, a través de Twitter, al momento de abandonar el país: 1) que un policía había anunciado públicamente que tenía instrucciones de arrestarlo, lo cual fue desmentido después por el Comandante General de la Policía Boliviana, y 2) que grupos violentos habían asaltado su domicilio en Cochabamba, lo que si bien era cierto, no ponía en riesgo ni su vida ni su integridad.  

Pese a que no existían motivos jurídicamente válidos para otorgar asilo territorial, porque Morales no era un perseguido político; sí existían y aún existen otros motivos en la política interna mexicana que podrían ayudarnos a comprender esta decisión. Nos referimos específicamente a los problemas que México enfrenta desde hace varios años y que se han agudizado en el último tiempo, como el estancamiento económico, la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad, entre otros; que debieron haber empujado a las autoridades mexicanas, tal como lo han afirmado algunos analistas de ese país, a utilizar el asilo del expresidente boliviano como una medida distractiva.

Las críticas en Bolivia y México fueron feroces, no sólo porque estaban asilando a un hombre que había protagonizado un fraude electoral, que fue demostrado palmariamente por la auditoria de la OEA y por otras investigaciones independientes; sino porque además se trataba de un personaje que cuando fue presidente no respetó el resultado de un referéndum vinculante y que si bien se mostraba como un defensor de los pueblos indígenas y de la madre tierra, había violado flagrantemente los derechos de ambos, tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, con sede en Bonn – Alemania, el 15 de mayo de 2019, después de analizar el caso del TIPNIS.  

Además, como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia después de que un avión de su Fuerza Aérea se llevara al presidente y al vicepresidente del Estado, y los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa también presentaran su renuncia. Esas acciones no sólo contravenían lo que dispone la Constitución boliviana (artículos 169-171), sino que también representaban una gran irresponsabilidad con el país que se quedó varias horas sin autoridades, justamente en un momento de alta convulsión, violencia y vandalismo.

Por si fuera poco, una vez en México y en clara transgresión al derecho de asilo, Evo continuó agitando al país mediante mensajes públicos y privados, en los que convoca a sus seguidores a mantener las movilizaciones en contra del “golpe de Estado”, llegando incluso a instruir que se deje sin comida a las ciudades. Esto último a través de una conversación telefónica que el expresidente mantuvo desde México con Faustino Yucra, un narco-militante del MAS y prófugo de la justicia boliviana desde el 2016. La grabación de esa controvertida conversación, en la que se reconoce claramente la voz de Morales, está siendo utilizada por el actual gobierno transitorio de Bolivia para demandar al exmandatario ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por el delito de privar de alimentos a la población de las ciudades en grado de tentativa, que está codificado en el Estatuto de Roma de 1998 como un crimen de lesa humanidad.

En relación a los exministros, parlamentarios y dirigentes del MAS que recibieron asilo diplomático en la Embajada de México, también se ha generado controversia y un fuerte impase entre los dos gobiernos, porque cinco de ellos están siendo buscados por la justicia boliviana debido a su vinculación con delitos de sedición, terrorismo, instigación a delinquir, fraude electoral y otros. No obstante, a pesar de que la Cancillería boliviana solicitó la entrega de dichas personas y anunció que no emitirá los respectivos salvoconductos, el gobierno mexicano decidió seguir protegiéndolas y seguramente tendrá que hacerlo durante mucho tiempo más.

Al respecto, también llamó la atención que algunos de los asilados entren y salgan de la Embajada mexicana como si se tratara de un hotel y no de una sede diplomática que está amparada por las normas internacionales de asilo y que, en cualquier caso, merece más respeto.

Con todo, resulta realmente sorpresivo el decidido apoyo y protección que el gobierno de la 4T le otorga a los líderes del MAS, pues contrasta con la actitud mucho más cautelosa y prudente que ese mismo gobierno adoptó frente al caso de la crisis venezolana, donde a pesar de haber favorecido a la dictadura de Nicolás Maduro con una postura supuestamente neutral, nunca tomó acciones tan decididas y directas. Pero además, esa actitud de encubrimiento y complicidad con los líderes masistas, también contrasta con la tradicional política mexicana de asilo, muy respetuosa de las formas y de la costumbre internacional, que nos vuelve a llevar a la hipótesis del intento por distraer la atención de los problemas internos y que indirectamente implica un lamentable abandono de la doctrina Estrada.

sábado, 7 de diciembre de 2019

La inclusión del indio

Con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios"
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Uno de los pocos avances que logró el gobierno del Movimiento al Socialismo, sino el único, fue la inclusión social de los grupos tradicionalmente marginados de la política y de la sociedad boliviana.
No es exagerado decir que en estos últimos 14 años, muchos campesinos, indígenas, obreros y otros, se sintieron verdaderamente empoderados y por primera vez bienvenidos no solo en la política, sino también en lugares antes reservados exclusivamente para las clases altas, como centros comerciales, gimnasios, restaurantes y otros.
Ese proceso de inclusión social que hoy es una realidad innegable y afortunadamente también irreversible, vino acompañado de una evidente y necesaria disminución de la discriminación y del racismo, que antes eran prácticas muy comunes y hasta socialmente "aceptadas" por algunos grupos y castas familiares.
Por esos motivos, llama poderosamente la atención que el ex vicepresidente, Alvaro García Linera, publique un artículo desde su exilio en México, intitulado "El odio al indio", en el que pone en duda todos estos avances.
En efecto, con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios", "las mujeres de pollera" y "los campesinos".
De acuerdo a su interpretación, ese “odio racial” se debe al rechazo de las clases medias urbanas a la “democracia sustancial” y a la "igualación social" que habría promovido el gobierno del MAS y también a una suerte de retorno a lo fue “una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas".
Sin embargo, si esto fuera cierto, si habría “un odio racial” de los citadinos en contra de los indígenas y campesinos, entonces el MAS también habría fracasado en consolidar esa inclusión social que, insisto, fue de lo poco que creímos que habían dejado.
De hecho, al contextualizar y contrastar lo que dice el artículo de referencia con lo que hemos vivido los bolivianos en el último tiempo en términos de inclusión e integración social, con una evidente mayor participación de los históricamente excluidos en las grandes decisiones del país y en la vida en sociedad, podemos concluir que todas esas conquistas, no se lograron gracias al MAS, sino a pesar del MAS.
Ciertamente, aunque la propaganda oficialista efectivamente nos vendía la imagen de un gobierno integrador, liderado por un indígena defensor de los derechos de los marginados y de la madre tierra, en el fondo la estrategia del gobierno de la MAS era dividir e incendiar.

viernes, 4 de octubre de 2019

A un año del fallo de La Haya

Tras un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile", se realizó un análisis de la situación en las siguientes entrevistas, en las que tuve el honor de compartir criterios por un lado con la reconocida académica Karen Longaric y por el otro con el analista Yerko Ilic y el abogado Iván Lima.   

En el café de la mañana de FIDES, 01/10/2019


En dos tercios de Erbol, 29/09/2019 

viernes, 20 de septiembre de 2019

El cumplimiento de los ODS en Bolivia

Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación

Por Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Desde 2006, Bolivia ha procurado adoptar un papel activo en la lucha global contra el cambio climático, tratando de posicionarse como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, este enfoque ha estado marcado por una retórica confrontacional y una falta de coherencia entre el discurso internacional y las políticas internas. A pesar de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y haber mantenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP), así como de adherirse al Acuerdo de París en 2016, Bolivia enfrenta el desafío de alinear su política exterior con acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible y reduzcan su vulnerabilidad climática. En la siguientes líneas se examinan las etapas de la política climática boliviana desde 2006, desde el punto de vista del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en el informe global de 2018.

Entre 2006 y 2011, la política exterior boliviana se caracterizó por un discurso radical que identificaba al capitalismo como la raíz del cambio climático. Este enfoque, aunque tuvo aceptación en ciertos círculos del ámbito regional, no se tradujo en acciones efectivas a nivel interno. Bolivia se opuso firmemente a los mecanismos de mercado, como los derechos de emisión de CO2, argumentando que mercantilizaban la naturaleza. Sin embargo, esta postura no estuvo acompañada de una estrategia clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni para diversificar su economía, altamente dependiente de la explotación de recursos naturales. Durante negociaciones como la COP15 (Copenhague, 2009) y la COP16 (Cancún, 2010), Bolivia adoptó una postura agresiva, criticando a los países desarrollados por su falta de responsabilidad climática. Aunque logró apoyo de algunos países aliados, su enfoque confrontacional terminó aislándola y limitando su capacidad de influencia.

A partir de 2012, Bolivia ingresó en una nueva etapa, moderó su retórica, pero mantuvo su enfoque en la justicia climática y la defensa de los países más vulnerables. Sin embargo, persistieron las contradicciones entre su discurso internacional y sus políticas internas. Mientras el gobierno promovía la expansión de la frontera agrícola, la industrialización de los recursos naturales y la explotación del gas natural y el litio, su discurso en foros internacionales criticaba el extractivismo y abogaba por un modelo de desarrollo sostenible. La contradicción se profundizó con las quemas y desmontes en la Chiquitania, la depredación aurífera en áreas protegidas y los conflictos con comunidades originarias. Estos hechos erosionaron la credibilidad de la política climática boliviana.

El Informe de Desarrollo Sostenible 2018 ofrece un marco global para evaluar los avances de Bolivia en los ODS. En materia de cambio climático (ODS 13), la situación es crítica: las emisiones globales siguen aumentando, y Bolivia es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. En biodiversidad (ODS 15), la deforestación y la pérdida de hábitats siguen siendo preocupantes, particularmente en la Amazonía y la Chiquitania. En energía (ODS 7), si bien Bolivia ha logrado avances en el acceso a la electricidad, la transición hacia fuentes renovables es aún limitada. En agua y saneamiento (ODS 6), persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. En reducción de la pobreza (ODS 1) y hambre cero (ODS 2), Bolivia mostró progresos, pero la vulnerabilidad climática amenaza con revertir estos logros.

La adhesión de Bolivia al Acuerdo de París en 2016 representó un paso importante, pero no resolvió las contradicciones estructurales de su política climática. El país defendió en las COPs un enfoque de justicia climática, resaltando la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Sin embargo, la falta de políticas domésticas para reducir emisiones y mitigar la deforestación debilitó la coherencia de su postura. La resistencia a los mecanismos de mercado, respaldada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cerró la puerta a fuentes de financiamiento climático que podrían haber apoyado proyectos de adaptación y mitigación.

Bolivia ha construido un discurso internacional singular, basado en la defensa de la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque, plasmado en la Constitución de 2009 y en la Ley N.º 71, es innovador en el plano normativo. Sin embargo, la implementación práctica ha sido deficiente. La contradicción entre un marco legal avanzado y una política económica basada en el extractivismo expone la fragilidad de la gobernanza ambiental en Bolivia. El país se enfrenta a un dilema: sostener un discurso de justicia climática mientras su modelo de desarrollo reproduce los patrones que critica.

Actualmente, Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. El cumplimiento de los ODS requiere una transformación profunda de su modelo de desarrollo, que integre conservación ambiental, diversificación económica y fortalecimiento institucional. La credibilidad internacional de Bolivia dependerá de su capacidad de pasar del discurso a la implementación real de políticas climáticas efectivas, capaces de proteger tanto a su población como a la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Solo así podrá contribuir de manera coherente a la lucha global contra el cambio climático y avanzar hacia las metas de la Agenda 2030.

miércoles, 31 de julio de 2019

Mar y proceso electoral en Bolivia

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en la revista Realidad y Perspectivas de Chile (Julio 2019 N° 75)

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Evo Morales y Carlos Mesa en 2015, Fuente: La Razón 

A menos de tres meses de las elecciones generales en Bolivia, hay dos candidatos con posibilidades de obtener la victoria, Evo Morales del MAS-IPSP y Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Si no ocurre nada extraordinario, uno de estos dos personajes gobernará la nación andina y amazónica entre 2020 y 2025, cuando se cumplan 200 años de su independencia. 

Un asunto siempre presente en el proceso electoral boliviano, aunque esta vez no tan inserto en el debate, es el más que centenario tema marítimo, que en Bolivia es casi como una religión. 

La menor consideración de este tema en la campaña electoral se debe, sin duda, al desastroso resultado obtenido en la Corte Internacional de Justicia, donde se desestimaron todos y cada uno de los argumentos presentados por Bolivia en el caso “Obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”. Esto tuvo un efecto desalentador para todos quienes creímos, en su momento, que aquel era un buen camino para llegar al mar, incluidos Morales y Mesa, con muy distintos niveles de responsabilidad. 

Pese al desaliento, todos los partidos políticos que se han manifestado al respecto en sus planes de gobierno, tanto de derecha como de izquierda, han dejado en claro que este es un tema irrenunciable. Desde la alianza derechista Bolivia Dice No que lo considera como “una cuestión de interés permanente e irrenunciable”, hasta el izquierdista MAS, que afirma que “Bolivia continúa su lucha irrenunciable y patriótica por una salida soberana al océano Pacífico”. 

Pero si bien hay consenso sobre la irrenunciabilidad del tema, existen grandes discrepancias respecto a las propuestas de solución. Por ejemplo, mientras el Partido Demócrata Cristiano descarta la vía diplomática y plantea una “hipótesis de guerra”, la Unión Cívica Solidaridad recomienda “recomponer y restablecer relaciones bilaterales”. 

Ahora, retomado el análisis de las candidaturas con posibilidades de ganar, tenemos al oficialista MAS ante la inevitable necesidad de defender su obra, aunque ésta no haya sido la que todo el país esperaba. La opositora CC, tampoco se muestra muy cómoda con el tema, debido a que su principal candidato tuvo un papel destacado, aunque no determinante, en el fallido intento de obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. Así, el programa de gobierno del MAS destaca que, por primera vez en la historia, una Corte Internacional, “reconoció que Bolivia nació a la vida independiente con mar”; que ese tribunal “reafirmó que ningún Tratado ha resuelto el tema”; y que habría recomendado, “continuar el diálogo para resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia”. 

Por su parte, Comunidad Ciudadana plantea adoptar “una política exterior autónoma, democrática y plural, respetuosa del derecho internacional” y “salir de los alineamientos ideológicos para, de manera pragmática, diversificada y siguiendo el interés nacional, recuperar la capacidad de diálogo político y diplomático en torno a los valores de una agenda común”. 

Considerando las diferencias en las propuestas de las dos opciones mejor posicionadas en las encuestas, podemos afirmar que el resultado de las elecciones del próximo 20 de octubre, cuando se cumplan 115 años del Tratado de 1904, definirá entre muchas otras cosas, cómo se abordará el tema marítimo y consecuentemente, cómo se desenvolverán las relaciones boliviano-chilenas. 

martes, 30 de julio de 2019

El terreno que YPFB pierde en Arica

El 25 de julio de 2019, el Concejo Municipal de Arica modificó el "uso de suelo" de un terreno que había sido concedido en comodato por Chile a YPFB en 1958, lo que puso en cuestión los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Bolivia y Chile entre 1955 y 1958, que se desprenden del Tratado de 1904. Sobre estos temas se desarrollaron las siguientes entrevistas.  

En Todo a Pulmón de Cadena A, 26/07/2019


En Claroscuro de RTP, 29/07/2019

domingo, 28 de julio de 2019

La inaceptable expropiación de terrenos a YPFB en Arica


La expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile. 


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Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Oxigeno 

El 1 de febrero de 1879, después de que la empresa anglo-chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, se negara a pagar al fisco boliviano un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado; el gobierno de Bolivia decidió expropiar los terrenos que le había concedido a esa empresa unos años antes en el departamento del Litoral; lo que provocó la reacción violenta de Chile, que a los pocos días invadió el puerto boliviano de Antofagasta, bajo el argumento de que Bolivia estaría incumpliendo el Tratado de límites vigente.
El 25 de julio de 2019, después de que la empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dejara en abandono un terreno de 3,5 hectáreas que Chile le había concedido en el centro de Arica; el Concejo Municipal de esa ciudad decidió expropiar el terreno; lo que increíblemente no provocó más reacción del gobierno boliviano que una escueta declaración del presidente de YPFB, que resta importancia a dicha expropiación, a pesar de que la medida representa igualmente una vulneración al Tratado de límites vigente.
Salvando las diferencias temporales y los poderes relativos de las partes, estas reacciones, diametralmente opuestas, son una muestra de una realidad lamentable para nuestro país, en la que cada cierto tiempo nos vemos sometidos a los abusos de nuestros vecinos justamente porque nuestras autoridades no hacen nada para impedirlo. La expropiación del terreno de referencia que había sido concedido a YPFB en 1958, es un penoso retroceso para los intereses geopolíticos de Bolivia en su proyección hacia al Pacífico, pues así se ve mermada su presencia y gravitación en Arica, que tanto esfuerzo costó conseguir en su momento.
Pero antes de rememorar cómo se hicieron esos esfuerzos durante los años 50 del siglo pasado, cabe aclarar que la presencia y gravitación de Bolivia en el norte chileno, que es natural, real y hasta ahora, siempre creciente; no debe ser entendida como algo negativo o amenazante para la integridad territorial de Chile, sino más bien como una expresión de la integración económica, física, cultural y, en este caso, energética de nuestros países que contribuye considerablemente al desarrollo de la zona y que lo seguirá haciendo, aún más, si en algún momento Bolivia logra obtener una salida propia al mar, como resultado de un proyecto de integración entre el norte chileno, el sur peruano y el suroeste boliviano.
Como es sabido, después del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento geográfico boliviano, las facilidades que nuestro país obtuvo en territorio y puertos chilenos para acceder al mar se mantuvieron casi sin variantes y con muy pocos avances, a pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de Santiago que han dicho varias veces que esas facilidades son las más amplias y generosas que un país sin litoral ha podido recibir. Pero nada más alejado de la verdad, las facilidades que Chile otorgó a Bolivia después de 1904, se resumen en: almacenamiento gratuito de hasta un año para las cargas de importación y de 60 días para las cargas de exportación, que no se cumple cabalmente en Antofagasta; reconocimiento de que el libre tránsito comprende todo tipo de carga sin excepción alguna, después de Chile había interrumpido el libre tránsito de material bélico por su territorio durante la Guerra del Chaco; jurisdicción exclusiva de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito por territorio chileno, que no se respeta en ninguno de los puertos; y la concesión de terrenos para la instalación y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, que ahora se redujo en 3,5 hectáreas, por determinación unilateral del Concejo Municipal de Arica.
Es decir, de lo poco que habíamos conseguido, ahora tenemos menos.  
Para recordar cómo se obtuvieron esos terrenos, debemos retroceder hasta 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro llegó al poder en Bolivia y empezó a implementar una política de acercamiento a Chile que fue bien acogida por su par chileno Carlos Ibáñez del Campo. Esa aproximación permitió suscribir varios acuerdos para la reglamentación del libre tránsito y para la facilitación del comercio. Uno de ellos, la Declaración de Arica de 1953, es precisamente el acuerdo con el que Chile se comprometió a respetar la jurisdicción de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito de o a Bolivia…
En ese contexto de entendimiento y cordialidad, que se reforzó con dos inéditos encuentros presidenciales en las ciudades de Arica y La Paz, el 31 de enero de 1955 se firmó el Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena, en cuyo artículo 2, inciso g), se estableció que “de acuerdo a los Tratados vigentes sobre libre tránsito, ambos gobiernos convienen en prestar todas las facilidades necesarias para la construcción y operación, por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto entre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y la salida de ese producto a otros mercados”.
En razón de lo cual, el 14 de octubre de 1955 se suscribió en La Paz, un Protocolo Complementario que aclaró que las facilidades a las que se refiere el Tratado y sus detalles, serán establecidas por ambos gobiernos, “mediante cambio de notas”.
Así, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo mediante el intercambio de notas que tuvo lugar en Santiago el 24 de abril de 1957, que después de especificar los detalles técnicos del oleoducto y referirse a “8 edificios para la operación y vivienda del personal”, señala: “La obra se construirá, en todo lo posible, en terrenos fiscales chilenos que se otorgarán gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso por el tiempo que dure la explotación del oleoducto”.
De acuerdo a lo convenido, el 2 de julio de 1958, el gobierno de Chile emitió el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización, mediante el cual, después de más de tres años de negociaciones, concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica Sica – Arica, el lote N°2 de 3,5 hectáreas (...) para la instalación de un estanque receptor de lastre”.
Por todo esto, la expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica, sin la aprobación ni el conocimiento de Bolivia, que representa nada menos que una flagrante violación a los acuerdos mencionados, relacionados todos al Tratado de 1904; debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile.