El desprecio al ferrocarril Arica-La Paz

El gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia, propició la suspensión de su rehabilitación.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete

La principal compensación que Bolivia recibió a cambio de su vasto, rico y único litoral, es el más amplio y perpetuo derecho de libre tránsito por territorio y puertos chilenos, que fue concebido y reglamentado por el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios. Ese derecho, según el espíritu y letra de esos mismos instrumentos, debía ser ejercido y garantizado principalmente a través del ferrocarril Arica-La Paz, que desde hace ya casi veinte años no funciona.

Ciertamente, tras cerca de nueve décadas de funcionamiento relativamente regular, el año 2001, una fuerte tormenta ocasionó serios destrozos en el tramo Arica-Visviri, que afectaron de tal manera a la empresa que administraba esa parte de la vía, que nunca más pudo reponerse. Se realizaron algunos viajes más en los años que siguieron hasta que, en noviembre de 2005, la empresa tuvo que declararse en quiebra y desde entonces, el ferrocarril Arica-La Paz permanece absolutamente paralizado en el lado chileno de la frontera.

Según el documento “Libre Tránsito de Bolivia, la realidad” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2015), se hicieron al menos dos fases de reconstrucción del ferrocarril, una de ellas rimbombantemente inaugurada por el mismo presidente Sebastián Piñera, sin que eso trascienda en una verdadera reposición del servicio.

 Pero cuando finalmente se anunció la rehabilitación de la vía y las dos empresas concesionarias realizaron un exitoso viaje de prueba, que trasladó más de 400 toneladas de bobinas de acero de Arica hasta Oruro; el gobierno boliviano, en un acto sin precedentes en la historia del libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, propició la suspensión de dicha rehabilitación.

En efecto, a mediados de mayo de 2021, con la intención de evitar los bloqueos de los transportistas sindicalizados bolivianos que se habían movilizado en protesta por la rehabilitación del Ferrocarril Arica – La Paz, el Ministro de Obras Públicas sentó en una misma mesa a los representantes de la empresa encargada del tramo boliviano, Ferroviaria Andina S.A., y a los citados transportistas sindicalizados, para que firmen un acuerdo que estipula la suspensión de la rehabilitación y el levantamiento de los bloqueos.   

Ese acuerdo no sólo contraría la tradicional política boliviana de hacer valer el derecho de libre tránsito de Bolivia desde y hacia el mar, sino que además representa una limitación para el comercio de nuestro país, que ha perdido una interesante alternativa logística para el transporte internacional de carga por vía terrestre. Efectivamente, el ferrocarril es una opción altamente competitiva para los cargamentos que superan las 25 toneladas, que es el máximo peso que los camiones pueden transportar según las normas de tránsito carretero en ambos países. 

Por ese motivo, la carga que supera ese peso debe ser dividida en dos o más camiones para ser transportada por carretera, con el consiguiente costo adicional que eso supone para los importadores y exportadores bolivianos. 

Por esas mismas razones, algunos países sin litoral de otras partes del mundo, como Nepal, Bután o Laos, han estado haciendo grandes esfuerzos para conectarse con el mar a través de ferrocarriles y sus autoridades, seguramente se sorprenderían mucho al saber que existe un país sin litoral que desprecia la posibilidad de usar un ferrocarril ya construido y en condiciones de operar. 

Pero una vez que el monopolio del transporte por carretera fue asegurado, las autoridades chilenas decidieron cambiar su política de control de la pandemia de Covid-19 y empezaron a realizar pruebas de hisopado (PCR) a todos los transportistas bolivianos que cruzan la frontera. Esto ralentizó considerablemente el flujo de camiones en los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, y congestionó la carretera con largas filas de camiones bolivianos, que ahora deben esperar entre dos y tres días para completar un proceso que antes tomaba un par de horas. 

Esta situación genera altos costos para los transportistas y comerciantes bolivianos, por la demora en el despacho o recepción de carga y el retraso en la devolución de contenedores (demurrage); sin mencionar el intenso frío que deben soportar los transportistas, especialmente en esta época del año, en esa zona fronteriza, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Aunque no queremos decir que el cambio de política de control sea una represalia de las autoridades chilenas por la suspensión del proceso de rehabilitación del ferrocarril, queda meridianamente claro, una vez más, que el derecho de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos, depende directamente de los vaivenes políticos de nuestros vecinos, quienes muy rara vez – para no decir nunca–  consideran los efectos que sus decisiones tienen sobre el comercio boliviano y el cumplimiento de los tratados. 

Pero para evitar más disgustos, y mientras Bolivia siga siendo un país sin litoral, las autoridades chilenas y ahora también bolivianas, deberán encontrar la manera de dar fiel cumplimiento a lo establecido en los acuerdos bilaterales sobre libre tránsito, no sólo para honrar la fe y palabra de ambos Estados a la luz del derecho internacional, sino sobre todo, para contribuir a mejorar la competitividad del comercio internacional boliviano.

«Normalización» de relaciones con Chile

La negativa de Bolivia a restablecer relaciones diplomáticas con Chile no es el resultado de un capricho o de una falta de visión política, sino que es el resultado de la implementación de una doctrina, la doctrina ideada y desarrollada por José Fellmann Velarde y Jorge Escobari Cusicanqui. 

Publicado en Página Siete

Por: Andrés Guzmán Escobari

Hace unos días, los cancilleres de Bolivia y Chile anunciaron el inicio de un diálogo orientado a la “normalización” de las relaciones entre ambos países, y aunque también se aclaró que la reanudación de las relaciones diplomáticas “no está en el orden del día”, se sobrentiende que cualquier “normalización de relaciones” entre dos Estados, debería tender a desarrollarse a nivel de embajadores, es decir a través de relaciones diplomáticas.   

Al respecto, cabe recordar que la razón por la que no existen vínculos diplomáticos entre La Paz y Santiago es por la negativa de Bolivia a restablecer esos vínculos, sin antes levantar o comprometerse a levantar, el más que centenario enclaustramiento geográfico boliviano. 

Pero esa negativa no es el resultado de un capricho o de una falta de visión política, como algunos creen, sino que es el resultado de la implementación de una doctrina de política exterior, la doctrina esbozada originalmente por el excanciller José Fellmann Velarde, artífice de la primera ruptura en 1962, y más tarde por el también excanciller y senador Jorge Escobari Cusicanqui, que fue quien más la defendió tras la segunda ruptura de 1978.  

El primero dejó constancia de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas estuvo vinculado a la solución del tema marítimo desde un principio. Ciertamente, a pesar de que la primera ruptura se había producido por el desvío unilateral del río Lauca acometido por Chile, según explicaba Fellmann en 1963: “la cuestión portuaria boliviana ha aparecido en las negociaciones para una eventual reanudación de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, porque el gobierno de Chile hizo que así sucediera con el desvío de aguas del río Lauca…”. 

“El gobierno de Chile no tenía por qué esperar que el pueblo de Bolivia, al ser herido por segunda vez, olvidara que ya había sido herido antes. No tenía por qué esperar que no aflorara a la superficie el problema del enclaustramiento de la Patria, que es su problema capital y que está siempre latente en el alma de todos y cada uno de los bolivianos. Es pues, el gobierno de Chile el que ha hecho que el problema de la salida al mar para Bolivia apareciera entre las cuestiones ahora existentes entre ambos países” (Fellmann, 1967: 160).  

Tiempo después, cuando sobrevino la segunda ruptura de relaciones diplomáticas por el rechazo de Chile a considerar la contrapropuesta que  Perú había presentado en las negociaciones de Charaña, el asunto marítimo quedó definitivamente soldado a la inexistencia de lazos diplomáticos, tal como el gobierno boliviano anotó al momento de comunicar oficialmente su decisión de romper nuevamente con Santiago: “el gobierno de Chile ha abandonado el compromiso esencial que justificó la reapertura del diálogo, que fundamentalmente buscaba nuestro retorno soberano al mar, lo cual desvirtúa totalmente su razón de ser”, (17/03/1978). 

Habiéndose consolidado de esa manera la relación directa que existe entre la ausencia de relaciones diplomáticas y el asunto marítimo, a partir de 1979, Escobari terminó de darle forma a la doctrina esbozada por Fellmann, agregándole elementos justificativos importantes, como que reanudar los tratos a nivel de embajadores con Chile sería como validar o justificar el desconocimiento de ese país a lo convenido en las notas de 1950, respecto a ingresar en una negociación directa, destinada a darle a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico; o que el acercamiento bilateral terminaría por anular los efectos del apoyo multilateral que tiene la causa marítima; o incluso, que estaríamos exponiéndonos a sufrir una nueva burla de Chile, que solo agregaría una frustración más a la cuestión.

Pero aún más importante es el justificativo referido a nuestra política exterior, pues según Escobari, para cualquier diálogo o negociación es necesario cumplir previamente tres requisitos fundamentales: 1) Oportunidad, en el sentido de solo aceptar la reanudación de relaciones diplomáticas en un contexto en que sea posible avanzar en la solución del tema marítimo; 2) Eficacia, respecto a contar con un plan actualizado de política internacional; y 3) Capacidad, en cuanto a tener un servicio exterior idóneo y profesional. Sin estos tres requisitos fundamentales –decía Escobari–, no es conveniente ni recomendable acreditar embajadores.   

Respecto a la presión que pueden ejercer los organismos internacionales, cabe destacar que Escobari consiguió delinear una arquitectura multilateral para la doctrina de no restablecer relaciones diplomáticas con Chile, puesto que, en 1990, como senador, logró que el Parlamento Latinoamericano apruebe por unanimidad una resolución que además de hacer suyo el contenido y los alcances de la resolución 426/1979 de la OEA, que consagró al problema marítimo boliviano como “un asunto de interés hemisférico permanente”, exhorta “al gobierno democrático de Chile, particularmente a su Congreso, manifiesten su disposición para resolver la demanda boliviana, a fin de facilitar la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Bolivia”.

Entonces, si se restablecen relaciones diplomáticas con Chile no sólo se estaría perdiendo un valioso elemento de negociación, que la diplomacia chilena ambiciona desde hace varios años, sino que se estaría anulando o al menos debilitando el apoyo de diversos organismos internacionales como la OEA, la Comunidad Andina, el Movimiento de Países no Alineados, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Amazónico, entre otros; cuyas resoluciones en favor de la causa marítima boliviana siguen vigentes.  

En esa misma época, cuando Chile recuperó la democracia y se abrió nuevamente el debate sobre la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas, el connotado abogado internacionalista boliviano, Felipe Tredinnick Abasto, escribió el artículo “La doctrina Escobari Cusicanqui”, que destacaba que dicha doctrina recoge “el sentir de todo un pueblo injustamente enclaustrado”, y en un segundo artículo complementaba: “La ruptura de relaciones diplomáticas es el derecho de un Estado débil que señala el deterioro de las relaciones entre dos Estados. Es la enemistad pacífica oficial entre dos Estados, lo que no les impide seguir comerciando y fomentando el turismo”.   

Por lo dicho y tal como aseveraba Escobari: “El dilema es claro: o conservamos el tema de la reanudación de relaciones diplomáticas como factor de presión moral, o nos deshacemos de él a cambio de nada…”. 

Bolivia y Chile: El juego inconcluso

El libro de Rodrigo Burgoa identifica elementos para negociar con Chile, aplicando la teoría de juegos y la tesis realista de las relaciones internacionales

Por Andrés Guzmán EscobariPublicado en Página Siete

La situación de enclaustramiento geográfico en la que quedó Bolivia después de la Guerra del Pacífico y el Tratado de 1904, ha motivado el desarrollo de sendas negociaciones entre los gobiernos de los países que se vieron involucrados en dicha contienda, sin haber llegado hasta ahora a buen puerto. En efecto, desde que se inició aquella guerra en 1879 hasta nuestros días, la tónica de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú, ha estado marcada en gran medida por esas negociaciones, que se iniciaron con el fin de resolver o al menos atenuar el más que centenario problema marítimo boliviano.

En ese sentido y muy a pesar de que, en octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que los acuerdos y promesas que surgieron en esas negociaciones no generaron para Chile una obligación de negociar un acuerdo que le dé a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, los bolivianos debemos estar preparados para entablar nuevas negociaciones sobre este tema en cualquier momento.

De hecho, la decisión de la CIJ no es el primer traspié que sufre la causa marítima boliviana en sus más de 140 años de existencia, en 1921 la Liga de las Naciones desestimó la demanda que Bolivia había presentado ante ese organismo para obtener la revisión del Tratado de 1904 y en 1929, Chile y Perú se entendieron en un Protocolo Complementario, que complicó aún más la solución del entuerto, condicionando la cesión de Tacna y Arica al “previo acuerdo” de las partes. Pero esos hechos, que en su momento parecieron haber terminado con el asunto marítimo boliviano para siempre, fueron superados más tarde cuando se retomaron las negociaciones, pocos meses después en el primer caso y casi dos décadas más tarde en el segundo.

Considerando esos antecedentes y el hecho de que la postura oficial del gobierno de Bolivia y de la mayoría de los bolivianos es mantener el objetivo de recuperar un acceso soberano al mar, lo más probable es que el tema reflote en el futuro y se reabran las negociaciones.

Ante esa realidad, el libro “El juego inconcluso. El tema pendiente entre Bolivia y Chile” de Rodrigo Burgoa Terceros (2019), identifica elementos para entablar negociaciones con Chile, aplicando la teoría de juegos y la tesis realista de las relaciones internacionales, con el fin de elaborar una estrategia que nos lleve finalmente a resolver este largo y difícil problema.

Se trata de un ingenioso modelo de análisis, sacado de las ciencias económicas, que a partir de los pagos que reciben los jugadores (Bolivia y Chile) por las opciones que escogen, permite interpretar los resultados que han tenido las negociaciones desarrolladas a lo largo de la historia.

Con ese propósito, el libro analiza lo ocurrido durante la firma o desarrollo de: los Tratados de 1895, el Tratado de 1904, la cuestión de Tacna y Arica, la negociación de 1950, el desvío del río Lauca, la negociación de Charaña, las resoluciones de la OEA, el Enfoque Fresco, los nuevos pagos que se dieron en los años 90, la Agenda de 13 puntos y lo sucedido en La Haya entre 2013 y 2018.

Aunque la aplicación de la teoría de juegos en el análisis del asunto marítimo no es totalmente novedosa, debido a que el documento de trabajo: “Modelo de negociación bilateral – Análisis del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile desde la óptica de teoría de juegos” de Jonnathan Cáceres Santos (2018) marca un primer antecedente; la implementación del equilibrio bayesiano, como un ejercicio sucesivo a la implementación del equilibrio de Nash, es sin duda algo que nunca se había hecho.

Ciertamente, después de aplicar el equilibrio de Nash para interpretar las estrategias de juego que adoptaron Bolivia y Chile en las distintas aproximaciones mencionadas, Burgoa utiliza el equilibro bayesiano en una segunda instancia, cuando los jugadores no tienen información completa sobre el otro participante, para interpretar sus decisiones que se supone que son racionales pero también que están basadas en conjeturas y criterios de consistencia, debido precisamente a la falta de información. Todo ello explicado gráficamente, mediante esquemas de árbol que expresan las opciones o decisiones adoptadas.

Otra cosa que cabe destacar de este libro, es que incluye al Perú en sus proyecciones para una nueva negociación, cosa que muchos otros trabajos sobre estos temas no consideran, siguiendo la idea equivocada de que el tema es bilateral, como Chile tantas veces lo ha querido establecer. De hecho, si el asunto marítimo no es multilateral, como muchas veces lo ha reconocido la OEA y el Movimiento de Países No Alineados, entonces es un tema trilateral de acuerdo al Protocolo antes mencionado, que obliga a obtener el acuerdo previo del Perú en caso de que la solución pase por el norte de Arica, que es el espacio geográfico que Chile aceptó negociar varias veces y que es por donde más factiblemente se podría resolver el asunto.

El papel del gobierno peruano no sólo es preponderante ahora, sino que siempre lo fue. Aunque el análisis histórico del libro no considera al Perú entre los jugadores que definen el resultado de las negociaciones, siendo que su rol fue determinante al menos en 1926 y 1976; el acápite referido a los posibles “pagos” que el país del Rímac podría recibir, menciona, entre otros, la ampliación de las facilidades de acceso al mercado brasileño y al océano Atlántico, a través de Puerto Suarez.   

Lo único que tal vez se podría criticar del libro es la poca profundidad del análisis histórico, que si bien examina prácticamente todos los acercamientos importantes de la historia, no lo hace con el detalle suficiente como para sustentar las conclusiones a las que arriba.

No obstante y en definitiva, se trata de un gran aporte no sólo para comprender mejor la historia y las decisiones que desde una perspectiva estratégica podrían adoptar las partes en futuras negociaciones, sino también para que esta vez los bolivianos podamos estar preparados ante lo que podría ser una nueva negociación sobre el mar.

La nueva política de reintegración marítima

El 23 de marzo de 2021, en la conmemoración de la defensa de Calama, el presidente Luis Arce, al referirse por primera vez al tema marítimo boliviano durante lo que va de su gestión, planteó una hoja de ruta de 9 puntos para un acercamiento al gobierno de Chile. Para analizar esa intervención se desarrolló la siguiente entrevista, dirigida por Priscila Quiroga. 

En Contacto Bolivia, 24/03/2021 

Tertulia: ¿enclaustrados en el mar o más allá del mar?

Con motivo del día del mar, fui invitado a participar de un debate, junto a don Agustín Echalar, sobre la disyuntiva que existe entre "quedarnos enclaustrados en el mar", que básicamente significa mantener el objetico de recuperar un acceso soberano al mar y continuar las acciones encaminadas a lograr ese objetico, o "ir más allá" y olvidarnos definitivamente del mar para enfocarnos en otros objetivos. El debate se llevó a cabo en el programa de 9 a 12 de Radio Compañera y estuvo moderado por el conocido periodista Andrés Gómez Vela.     

En 9 a 12 de Radio Compañera, 23/03/2021

El nuevo gobierno de Bolivia y sus relaciones con Chile

El gobierno transitorio tampoco reaccionó a la iniciativa del canciller chileno, Andrés Allamand, quien, a tiempo de celebrar el segundo aniversario del fallo de la CIJ y recuperando la nomenclatura de la dictadura chilena, propuso una “aproximación progresiva”.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en la Revista Realidad y Perspectivas de Chile 

La sorpresiva y contundente victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales bolivianas del pasado 18 de octubre, nos permite avizorar el retorno de las políticas que Evo Morales implementó durante sus casi 14 años en el poder, aunque con un enfoque más tecnocrático e institucional que seguramente aplicará el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, quien –a diferencia de Morales– tiene un perfil más técnico y educado. 

Para explicar el inesperado resultado electoral, que no fue vaticinado por ninguna de las encuestas, los analistas se han referido al nacionalismo revolucionario del pueblo boliviano, inoculado durante la revolución nacional de 1952, “que invita a que el poder tenga olor y color popular”; a la mala gestión del gobierno transitorio, que sembró más dudas que certezas en ese 20% del electorado que permaneció indeciso hasta el final y del cual, al menos la mitad, había votado por Mesa el 2019; a la división del voto contrario al MAS en opciones electorales elitistas, regionalistas y conservadoras, que no lograron conectar con lo popular ni conquistar el área rural; a la buena elección de la dupla Arce-Choquehuanca por parte del MAS, que mantuvo la identidad popular e indígena del partido; y a la mala lectura que hicimos muchos, al creer que el “voto útil” nos llevaría a una segunda vuelta, como había ocurrido el año pasado y como pronosticaban todas las encuestas. 

Por ese motivo y de acuerdo con las primeras declaraciones de Arce sobre política exterior, las relaciones con Chile no retornarán a la tensión y deterioro que sufrieron durante la gestión de Morales, cuando la interrupción de la Agenda de 13 puntos por parte del primer gobierno de Sebastián Piñera determinó la decisión del entonces mandatario boliviano de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con resultados totalmente desfavorables para Bolivia. 

La primera señal la dio justamente el presidente Piñera que llamó por teléfono al presidente electo para desearle éxito en su gestión, lo que fue agradecido por Arce mediante un retweet comentado, en el que además afirmó: “Reencaminaremos las políticas de unidad entre los pueblos de la región para establecer una buena vecindad”. 

Estas auspiciosas señales contrastan con las que se sucedieron después del juicio ante la CIJ (2013-2018), cuando el gobierno chileno no respondió a la solicitud boliviana de reabrir el diálogo en aplicación del párrafo 176 del fallo de 2018, que aclara que la decisión de la Corte “no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen sus diálogos e intercambios”, y cuando el gobierno transitorio de Bolivia tampoco respondió al anuncio que hizo Chile en junio de 2020, de haber elaborado una propuesta para una relación de futuro que, dando por zanjado el asunto marítimo, proponía una serie de iniciativas para recomponer las relaciones bilaterales. 

Sumado a ello, el gobierno transitorio tampoco reaccionó a la más reciente iniciativa del canciller chileno, Andrés Allamand, quien, a tiempo de celebrar el segundo aniversario del fallo de la CIJ y recuperando la nomenclatura de la dictadura chilena, propuso una “aproximación progresiva”, como la que se desarrolló sin ningún éxito entre 1983 y 1985. 

Considerando todos estos antecedentes y el hecho de que el gobierno del presidente Piñera decidió excluirse del Acuerdo de Escazú por temor a que Bolivia lo use para demandar a Chile (justamente por tratarse de un país sin litoral), el nuevo gobierno del MAS, junto a la administración de Chile Vamos, deberán reparar el daño ocasionado a las relaciones bilaterales en los últimos años para finalmente encaminar los tratos hacia la solución definitiva de los temas pendientes.

El voto en el extranjero

 Días antes de las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, fui entrevistado por Daniel Castellón sobre el voto en el exterior que, de acuerdo a las encuestas, podía haber tenido una incidencia decisiva en el resultado de la elección. 

En El Mañanero de Red Uno, 13/10/2020

Nuevo escenario electoral boliviano

El cambio del escenario electoral boliviano tiende a favorecer las posibilidades del segundo en las encuestas, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.   

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en la revista Realidad y Perspectivas de Chile

Pese a los criminales bloqueos de oxigeno y a otros actos delincuenciales acometidos por los seguidores del ex presidente Evo Morales en agosto pasado y al estallido más reciente de un nuevo escándalo sexual que involucra directamente a Morales; el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, que representa al ex mandatario en las elecciones del próximo 18 de octubre, aún está primero en las encuestas y con posibilidades de ganar en primera vuelta.

Por ese motivo, la presidenta Jeanine Añez, después de conocer la última encuesta que confirma la posible victoria de Arce en primera vuelta y que deja a su candidatura en cuarto lugar, decidió declinar su postulación a la presidencia, pidiendo unidad contra el MAS.

Esa declinación, que fue aplaudida por una gran parte de la población, indujo un cambio trascendental en el escenario electoral boliviano que tiende a favorecer las posibilidades del segundo en las encuestas, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; porque asumiendo que la mayor parte de los votos de Añez (10,6%) migrarán hacia la candidatura de Mesa (26,2%) y no a la de Arce (40,3%) ni a la de otros candidatos sin posibilidades de llegar a la presidencia (o en menor proporción), las diferencias entre los dos primeros se acortarán lo necesario como para forzar una segunda vuelta, en la que Arce, según esas mismas encuestas, no tendría ninguna posibilidad.

En efecto, considerando que para ganar en primera vuelta se requiere obtener más del 50% de los votos válidos o más del 40% y una diferencia del 10% con el segundo; en este nuevo escenario electoral, Mesa podría llegar a la segunda vuelta cómodamente o incluso lograr la victoria en la primera si además de los votos de Añez, los indecisos que representan cerca del 16% del electorado, se vuelcan masivamente en apoyo de su candidatura, como ocurrió el año pasado, cuando el MAS, ante la inminencia de una derrota ante CC en segunda vuelta, tuvo que recurrir al fraude electoral.

Por otra parte, respecto al argumento masista de que el 40,3% obtenido por el MAS en la última encuesta demostraría que no hubo fraude el año pasado, cabe señalar que ese porcentaje es el proyectado en función de los votos válidos (sin contar blancos y nulos que son el 9,3%) y no el apoyo que verdaderamente obtuvo el candidato masista, que no llega ni al 30%. Es decir que ese 40,3% es una proyección de las preferencias electorales declaradas por los encuestados, pero que aún no refleja el voto oculto ni el voto útil. El primero no muy significativo, principalmente en favor del MAS, de todos esos electores que les da vergüenza decir por quién votarán, y el segundo, mucho más importante, en favor de Mesa, de todos esos votantes que no quieren que vuelva el MAS y que están repartidos entre los que iban a votar por Añez, los indecisos y también los que iban a votar por otro candidato no masista, pero que terminarán votando por Mesa para no desperdiciar su voto y, sobre todo, para asegurarse de que no vuelva el MAS.

No obstante, aunque el orden democrático y constitucional quebrantado por Evo Morales durante su larga gestión de casi 14 años parecería estar a salvo con un triunfo de Carlos Mesa, los métodos violentos y desestabilizadores que han venido practicando los masistas, con ordenes enviadas directamente desde la Argentina, en complicidad con la Casa Rosada; seguirán dificultando la gobernabilidad del país y las posibilidades de superar la crisis sanitaria y económica que padece Bolivia.

Intromisión argentina en las elecciones bolivianas

El 22 de agosto de 2020, el subsecretario de Obras Públicas de la Argentina, Edgardo Depetri, anunció que se había comprometido con el ex presidente Evo Morales, a fortalecer la participación de los migrantes bolivianos en las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre, según él "para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático", lo que naturalmente provocó una ola de críticas en Bolivia por la intromisión que representa este apoyo del gobierno argentino al partido del ex presidente Morales. Lo cual se suma a otras declaraciones muy similares de las autoridades argentinas respecto a nuestro país. Al respecto y a la postulación de la Canciller de Estado a la Secretaría General de la ALADI, tuve la oportunidad de participar en la siguiente entrevista:

 En el Cafe de la Mañada de Fides TV, 23/08/2020

La participación de Chile en la Guerra del Chaco

En 1928, el Gobierno chileno prohibió el paso de armamentos por su territorio hacia Bolivia y Paraguay, invocando la Convención V de La Haya y asegurando que el libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 no incluye armas. 

Publicado en Los Tiempos

Hace unos días el escritor Raúl Rivero Adriázola, publicó un artículo en Los Tiempos en el que afirma que Chile no habría cerrado sus puertos al paso del material bélico que Bolivia requería para enfrentar al Paraguay en la Guerra del Chaco, gracias a la nota que el entonces subsecretario de Estado de EEUU, Francis White, dirigió a la cancillería chilena, consultando si el libre tránsito comercial otorgado por Chile a Bolivia en el Tratado de 1904, comprendía también la libertad de internar armamentos, “llegando al extremo de sugerir una modificación restrictiva de esa libertad”.

Según Rivero, el cuidadoso análisis que realizó la cancillería chilena, a raíz de dicha nota, acerca de las implicaciones que una restricción de ese tipo podría tener sobre la vigencia del Tratado de 1904, hizo que Chile se abstenga de tomar la medida.

Al respecto, en las siguientes líneas intentaré demostrar que, en realidad, esas afirmaciones no son totalmente correctas y que, en todo caso, lo que sucedió fue justamente lo contrario.

Primero, es importante recordar que el tema de la neutralidad de las naciones no beligerantes frente a un conflicto de uno o varios países sin litoral, no fue abordado por primera vez en la nota que Mr. White dirigió a la cancillería chilena en abril de 1932, sino que era un tema que se venía discutiendo en nuestro continente desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo comprendió que era muy importante establecer reglas para evitar o al menos atenuar los enfrentamientos armados entre Estados.

En nuestro país, destacan los trabajos que publicó el notable diplomático Eduardo Diez de Medina quien, ya en 1919, propugnaba la doctrina de la neutralidad terrestre para las naciones mediterráneas. La tesis Diez de Medina que, en sus propias palabras, establecía “el derecho de toda nación mediterránea para proveerse de elementos necesarios para su defensa y la obligación de los neutrales de no innovar, permitiendo el libre acceso a su territorio de todos aquellos elementos en tránsito al país mediterráneo”.

Cuando el tema se trató en la Sexta Conferencia Panamericana que se realizó en La Habana en 1928, la tesis Diez de Medina fue aceptada e incluida en la Convención sobre Neutralidad Marítima que, en su artículo 22, inciso 2, señala: “Deberá permitir el tránsito cuando hallándose en guerra dos naciones americanas, uno de los beligerantes es un país mediterráneo, que no tenga otros medios de proveerse y siempre que no afecte los intereses vitales del país cuyo tránsito se pide”.

De los 21 países signatarios, solo Chile se opuso a esta cláusula, presentando una reserva al momento de suscribir la Convención. El canciller chileno, Conrado Ríos Gallardo, justificó esa decisión con una interpretación restrictiva de la libertad de tránsito, que nadie más compartía, basada en la Convención V de La Haya de 1907 que dice que los Estados beligerantes no podrán hacer pasar armamentos por el territorio de un Estado neutral (artículo 2) y, al poco tiempo, le hizo saber al representante paraguayo en Santiago, Vicente Rivarola, que, en relación al conflicto del Chaco, el Gobierno de Chile estaba resuelto a impedir el paso de material bélico por su territorio (Abecia, 1979).

Por estos motivos y por la amenazadora nota que el canciller Ríos dirigió a su par boliviano el 16 de diciembre 1928, que, según Rivarola le costó una llamada de atención del presidente Ibáñez del Campo; el Gobierno boliviano recusó la participación de Chile en la Comisión de Neutrales que se había conformado en esos días en Washington, en el marco de la Conferencia Americana de Conciliación y Arbitraje (Querejazu, 1975).

En ese ambiente, el Gobierno chileno prohibió el paso de armamentos por su territorio hacia Bolivia y Paraguay, invocando una vez más la Convención V de La Haya y asegurando que el libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 no incluye armas. La polémica medida, que provocó la retención temporal de un cargamento de armas para el ejército boliviano en el puerto de Arica, fue calificada de “precipitada” por el reconocido historiador chileno, Mario Barros (1970): “primero, porque solo afectaba a Bolivia. Segundo, porque aparecíamos dándole la razón al argumento boliviano, tantas veces sostenido, de que Bolivia no tenía, en realidad, más salida al mar y libre comunicación con el océano que la que Chile le permitía. Tercero, porque Bolivia no podía armarse por otro conducto y quedaba así en manos del Paraguay. Cuarto, porque no había ninguna guerra formal entre ambas naciones chaqueñas”.

Luego, cuando comenzó la guerra, a mediados de 1932, e incluso antes, Chile cambió de posición y permitió el libre paso de armamentos por su territorio. Pero después, durante la gestión del canciller Miguel Cruchaga, volvió a restringirlo, obligando a Bolivia a pedir permiso a las autoridades chilenas para cada cargamento de material bélico que se quisiese internar. Ante esa situación, que prolongaba aún más el largo proceso de importación, en 1933, el gobierno de Salamanca tuvo que desviar los cargamentos de armas por territorio peruano, “con el consiguiente perjuicio en vidas, tiempo y dinero” (Escobari, 2000).

Los constantes cambios de la política exterior chilena respecto al conflicto boliviano-paraguayo, obedecieron a los también constantes cambios de Gobierno que se registraron en Santiago antes y durante la contienda. Efectivamente, en ese tiempo Chile vivía una etapa de alta inestabilidad política y constante agitación debido a la fuerte recesión económica que había generado la Gran Depresión, y a la inexistencia de un liderazgo sobresaliente que aglutine los apoyos necesarios para establecer un gobierno sólido y duradero (Barros, 1970). Desde la renuncia de Ibáñez del Campo, pasando por el golpe de Estado que instauró la República Socialista chilena, hasta la reasunción presidencial de Arturo Alessandri a finales de 1932, el recambio de autoridades en La Moneda fue bastante elevado, y así también fluctuó la postura del país del Mapocho frente al conflicto del Chaco.

Si bien es cierto que la Comisión de Neutrales, EEUU y sobre todo Argentina presionaron a Chile para que impida la internación de armas a Bolivia, no es cierto que las autoridades chilenas hubiesen desechado esa posibilidad o la hubiesen considerado fuera de lugar, al menos no durante las gestiones de los cancilleres Ríos y Cruchaga.

Los problemas que generaron estas restricciones a las importaciones bolivianas de armamentos, que ameritaron los más furibundos reclamos del Gobierno de La Paz, se intentaron resolver después, en el Convenio sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937 que, finalmente, estableció que el libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos comprende toda clase de cargas, sin excepción alguna (artículo 1).

Por último, si se trata de escribir algo a favor de Chile, podríamos destacar el invalorable apoyo que Bolivia recibió de más de 100 ciudadanos chilenos que de manera voluntaria y desinteresada se enlistaron en nuestro ejército para combatir a los paraguayos en el Chaco, un hermoso gesto del pueblo chileno que debemos valorar siempre.  

Efectos del coronavirus en la geopolítica

Esa dependencia comercial que China ha logrado imponerle al mundo no es de una sola vía, es de hecho una interdependencia. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

La pandemia del Covid-19 marcará un antes y un después en muchos ámbitos de nuestras vidas. En las relaciones internacionales y en el ordenamiento global ocurrirán algunos cambios que podrían abrir una nueva etapa de la historia mundial. 

Ciertamente, desde la perspectiva geopolítica, la relación de fuerzas entre las grandes potencias podría verse afectada, pero no porque Estados Unidos vaya a perder su sitial de primera potencia mundial en términos económicos, militares y tecnológicos, sino porque China, su más cercano competidor, estará más cerca que nunca de igualarlo.

En otras palabras, la brecha que existe actualmente entre Estados Unidos y China se acortará significativamente, sin que llegue a cerrarse por completo, al menos en unos buenos años, más no tanto por el crecimiento económico chino, que ha sido notable en las últimas dos décadas, pero que ahora se ralentizará junto al crecimiento económico mundial; sino principalmente por las dificultades que atravesará Estados Unidos en los años venideros, tanto en lo económico, como en lo que supone mantener su liderazgo global, construido a partir de 1945, sobre la base del multilateralismo y la globalización, que increíblemente, el presidente Donald Trump ha estado socavando, en nombre de su contraproducente política “Americafirst”. 

Estas proyecciones confirman lo que ya se venía venir hace varios años, pero de una forma más acelerada. Tal como escribió el presidente del Council on ForeignRelations (CFR), Richard Haass, “el Covid-19 no cambiará tanto la dirección de la historia mundial, sino que la acelerará”. 

De hecho, sabemos que China ha estado acrecentando su poderío económico mediante una agresiva estrategia de exportaciones de todo tipo de manufacturas que le ha permitido desplegar una extensa red de intercambios comerciales por todo el mundo y desarrollar con varios países, no sólo una relación prolongada de beneficio económico propio, sino también una relación de dependencia comercial. 

En efecto, las enormes ventas de barbijos que han realizado recientemente las fábricas del gigante asiático a los desesperados compradores occidentales, que además han demostrado, entre otras cosas, no tener la capacidad para producir a gran escala un artículo tan simple como un barbijo, son una clara y reciente muestra de esa dependencia comercial que actualmente existe y que será muy difícil de abandonar.

Las economías de escala y el mantenimiento de un tipo de cambio forzadamente devaluado, que desde hace varios años ha generado el rechazo y, en algunos casos, la retaliación de otros países industrializados, les permite mantener a los fabricantes chinos los precios más competitivos del mercado global.  Sumado a ello, los impresionantes créditos que China ha otorgado a varios países en desarrollo y también a ciertos países desarrollados, principalmente para infraestructuray extracción de materias primas, ha generado otro tipo de dependencia entre esos países y China, que, a través de sus bancos estatales, se ha convertido en el principal acreedor del mundo, muy por encima del FMI y el Banco Mundial. 

Pero esa dependencia que China ha logrado imponerle al mundo no es de una sola vía, es de hecho una interdependencia, porque como se trata de relaciones comerciales y financieras, China también depende de la buena voluntad de sus contrapartes para que las cosas funcionen y pueda mantener esos índices de crecimiento económico de dos dígitos porcentuales al año, que alcanzó en varias gestiones durante las últimas dos décadas. 

Por esos motivos y porque a China le hace falta el prestigio internacional que debe tener toda gran potencia para liderar el mundo (softpower), como el que tenía por ejemplo Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando era considerado el adalid de la democracia y la libertad; no veremos un intercambio de roles ni de posiciones, pero sí una disputa más equilibrada y más enconada, en un escenario casi multipolar y totalmente interdependiente.

Comunidad internacional frente al covid 19

Lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete 

La pandemia del nuevo coronavirus (covid 19) que se ha convertido en un problema global que afecta prácticamente a todos los países del mundo, ha demostrado la incapacidad de la comunidad internacional para hacerle frente, generando una nueva constatación de que los seres humanos estamos expuestos a peligros mortales que en otro momento no habríamos creído que podían afectarnos, como una bomba nuclear, un coronavirus o una consecuencia inesperada del calentamiento global.

La comunidad internacional, entendida como una sociedad de sociedades, en la que participan absolutamente todos, pero que está dirigida por Estados y organismos internacionales no ha podido controlar la propagación del covid 19 debido principalmente a sus serios problemas de organización, estructura y coordinación, que ya habían quedado al descubierto con las crisis migratorias y económicas que hemos vivido en los últimos años y que ahora podrían profundizarse.

En efecto, si partimos de que un desafío global habría que afrontarlo con un enfoque también global, queda claro que tanto los organismos internacionales como las grandes potencias, o al menos las que pretenden serlo, tendrían que saber controlar la pandemia o al menos adoptar acciones conjuntas que contribuyan a controlarla, en pos de salvaguardar a la humanidad y salir de esta crisis. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 

Las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidas a evitar el cierre de fronteras y a no generar pánico, aduciendo que no se habría encontrado evidencia clara de que la enfermedad pueda transmitirse de humano a humano (14/01/2020), han demostrado que esa organización no midió correctamente la magnitud del problema y no manejó seriamente la información, pues ahora sabemos que sí se requería impedir el desplazamiento de las personas que podían haber estado contagiadas y que era crucial concientizar a la población mundial con información veraz, aun cuando eso genere pánico. Esto último considerando que el principal medio de contagio, tal como después lo reconoció la misma OMS, es precisamente de humano a humano. 

Por otra parte, la poca transparencia con la que China – el país donde se reportaron los primeros casos –, transmitió la información al mundo y manejó la crisis dentro de sus fronteras, permitiendo la salida de miles de personas de su territorio cuando ya se sabía que el brote del covid 19 podía convertirse en una pandemia, demuestran la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades de ese país, que ahora son las principales responsables de esta tragedia, según la gran mayoría de las teorías conspirativas que se han estado tejiendo en las redes sociales.

Al otro lado del globo, donde este tipo de enfermedades virales son mucho menos comunes, las potencias occidentales, lejos de mostrar algún atisbo de liderazgo o de estrategia efectiva para enfrentar la crisis, han sido claramente rebasadas por el virus, que no han podido controlar ni en sus propios territorios, teniendo que lamentar la muerte de miles de personas y un enorme costo para sus economías.

Entre ellas, Estados Unidos, en lugar de responder como debería hacerlo el país más poderoso del mundo y constituirse en un ejemplo a seguir, ha dejado en evidencia las falencias de su sistema de salud y se ha convertido en el país con más muertos e infectados a nivel mundial. 

Pero además de la incapacidad demostrada, los actores del sistema internacional llamados a liderar esta batalla contra el coronavirus también han demostrado una total falta de coordinación entre ellos, puesto que en lugar de trabajar de manera conjunta, cooperativa y coordinada para enfrentar la pandemia, han empezado a intercambiar acusaciones respecto a sus respectivos roles en esta crisis, que en el caso del gobierno de Estados Unidos parecen responder a intereses de política electoral interna y en el caso del gobierno de China, a una búsqueda continua de liderazgo económico, militar y tecnológico.

Ciertamente, a los pocos días de confirmarse los primeros contagios en los Estados Unidos, las autoridades de ese país calificaron al covid 19 como “virus chino” o “virus de Wuhan”, en un claro intento por responsabilizar a China de toda esta catástrofe. Lo que fue rechazado por el gobierno chino a través de un vocero de su Cancillería, quien manifestó que es “altamente irresponsable” usar ese “lenguaje estigmatizante”, cuando aún no existen evidencias de que el virus se haya originado en China (4/03/2020) y después afirmó: “Podría ser el Ejército estadounidense el que llevó la epidemia a Wuhan” (12/03/2020).

El intercambio de acusaciones entre Washington y Beijing respecto a quién sería el responsable de esta catástrofe ha impedido, entre otras cosas, que los países del G7 suscriban un comunicado sobre la pandemia que debía aprobarse el pasado 26 de marzo. En esa ocasión, la terminología estadounidense del “virus chino”, considerada como xenófoba y racista por los medios estatales chinos, fue rechazada por Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón y naturalmente China, en una videoconferencia de Cancilleres que dejó al descubierto la falta de coordinación comentada.

En esa misma línea, el Presidente de Estados Unidos suspendió los aportes de su país a la OMS (14/04/2020) por supuestamente haber favorecido más a China y no transparentar la información. Todo ello después de un entredicho en que el director de la OMS, quien efectivamente había elogiado al gobierno de Beijing por sus esfuerzos contra la pandemia le había pedido al mandatario estadounidense que no haga política con el virus (08/04/2020).       

En estas circunstancias, en que al parecer los habitantes de los países menos desarrollados dependemos única y exclusivamente de las capacidades y recursos de nuestros respectivos gobiernos nacionales, regionales y municipales, que en el caso de Bolivia son muy limitados, no nos queda más que encomendarnos a Dios y pedir a quienes lideran la comunidad internacional que dejen de lado sus intereses sectarios y empiecen a trabajar no sólo por contener esta pandemia, sino también por construir un sistema internacional que pueda hacer frente a este y otros desafíos globales que están por venir. 

Caso Silala: el derecho de Bolivia a defenderse

Es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

Hace dos semanas, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “Caso Silala, no todo está perdido”, en el que intenté demostrar que a pesar de que el gobierno del MAS reconoció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que una parte de las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia Chile, aún existen elementos que se pueden rescatar en defensa de los intereses de Bolivia en este litigio. 

Consideré pertinente escribir al respecto, no sólo porque noté un derrotismo apresurado e injustificado en las reacciones de algunos líderes de opinión en nuestro medio, sino también porque quería contribuir al debate de este asunto, que no se conoce en detalle, y que justamente engloba algunos elementos que creo que podrían jugar a favor de Bolivia. 

Me refiero al hecho de que la demanda chilena no solo se aboca al estatus o naturaleza de las aguas (compartidas o no compartidas), sino que también alega que existe un uso equitativo y razonable del líquido elemento, lo cual es altamente discutible, y a que la contrademanda boliviana, que será considerada por la Corte conjuntamente con la demanda chilena, reclama soberanía absoluta sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, sobre lo cual, según mi parecer, Bolivia tiene toda la razón.

El artículo en cuestión generó varias críticas al otro lado de la Cordillera, entre las que destacan las de dos historiadoras, Valentina Verbal y Loreto Correa, que se manifestaron a través de las redes sociales y de este mismo periódico, aduciendo por un lado una supuesta incongruencia entre lo planteado en el artículo y lo que realmente se discute en la Corte, y por el otro lado, alegando una presunta “pugnacidad” y “alucinación” de quien escribe. 

Al respecto, si bien es cierto que los documentos que se presentaron a la Corte son reservados, existe suficiente información pública, adelantada justamente por las autoridades de los dos países, que nos permite tener una buena idea de qué se está discutiendo en La Haya.

Sobre la base de esa información y a lo que investigué por mi cuenta, saqué algunas conclusiones que desde mi punto de vista podrían contribuir a la defensa boliviana y que no deberían ser consideradas como una “alucinación”, como tan insolentemente sugirió una de las historiadoras. 

Lanzar frases en modo imperativo, como “esto debe terminar” y “ya es suficiente”, no sólo refleja ese típico aire de superioridad con el que algunos chilenos se refieren a los bolivianos, sino que además demuestra que hay un hartazgo en ciertos segmentos de la sociedad chilena por los litigios internacionales, muy a pesar de que son controversias que claramente podrían resolverse amigablemente si Chile así lo quisiera.  

Muy por el contrario, el razonamiento es que como Bolivia perdió el juicio del mar de manera estrepitosa, ahora no puede o no debe defenderse en el proceso del Silala. Nada más alejado de la verdad, Bolivia tiene todo el derecho a defenderse legalmente en este o en cualquier otro juicio, y todos los habitantes de este planeta tenemos derecho a opinar sobre el mismo.

Por eso es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. No se utilizan para beneficiar a las poblaciones del lugar, por lo que no pueden ser consideradas en su utilización como un derecho humano, sino que favorecen únicamente a unas empresas chilenas que usan el agua exclusivamente para lucrar. Eso no puede ser considerado por la Corte como “equitativo y razonable”. 

En ese mismo sentido, habiendo confirmado que el caudal que cruza la frontera se compone de una parte natural y otra artificial, porque no solo Bolivia reconoció el flujo natural, sino que Chile también reconoció el flujo artificial; es muy importante establecer que Chile no tiene ningún derecho sobre las aguas, que sin los canales construidos en territorio boliviano no llegarían a su territorio, y que si los beneficiarios quieren seguir usufructuando de las mismas, deben reconocerle a Bolivia una compensación.

Los porcentajes que le corresponden a cada cual, obviamente tendrían que definirse en un estudio. 

Respecto a que la contrademanda boliviana no fue presentada contra Codelco, ni contra el grupo Luksic que, a través de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia, recibe la mayor parte del caudal que ingresa a Chile, es importante recordar que en 2009, el gobierno de Chile negoció en nombre de esas dos empresas un pago a Bolivia por el 50% de las aguas y en 2016 salió en defensa de sus intereses al presentar la comentada demanda sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. 

Por esa razón, es perfectamente posible solicitar una compensación en este juicio, tanto por el caudal artificial como por el caudal natural que excede lo que le corresponde a Chile. 

Por último, las soluciones a nuestros problemas y la construcción de una agenda moderna no llegarán a través de la intimidación, el amedrentamiento, o la disuasión, como parecen pretender las historiadoras de referencia, la única manera de alcanzar la reconciliación es a través de la negociación y las verdaderas señales de buena vecindad.

Caso Silala, no todo está perdido

Pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, no todo está perdido, existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

De manera intempestiva, la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala recobró actualidad tras conocerse que el gobierno del MAS admitió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que una parte de esas aguas fluye naturalmente hacia Chile.

En efecto, la Cancillería boliviana develó que el reconocimiento se hizo en la Contramemoria que Bolivia presentó en mayo de 2018 a la CIJ, lo que desató una ola de críticas no sólo contra el MAS, sino también contra la actual Canciller que, según voces opositoras, habría cometido “traición a la patria” por haber revelado información reservada.

Al respecto, cabe recordar que el mentado reconocimiento ya era de conocimiento público. En octubre de 2018 y en febrero de 2019, el Canciller y la Agente de Chile, acusaron a las autoridades bolivianas de haber dado “un giro” en su posición, por haber aceptado que las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile. Por lo cual, si es que hubo alguna infidencia, esta sería atribuible a las autoridades chilenas.

Pero pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, y que por tanto no habría nada más que discutir sobre ese punto, no todo está perdido. Existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia, como el hecho de que Chile, o mejor dicho los beneficiarios de las aguas, no pueden disponer de todo el caudal sin la aprobación expresa de nuestro país, que deben pagar por la parte que no les corresponde y que hasta ahora han usufructuado sin ninguna autorización, y que si quieren seguir utilizando las aguas, también deben pagar. 

Efectivamente, habiendo aceptado que las aguas son compartidas, la discusión ahora se centra en dos puntos específicos: 

1. El uso que se le da en Chile a las aguas del Silala, para saber si efectivamente es equitativo y razonable como alega la defensa chilena, y;

 2. Lo que Bolivia reclama en su demanda reconvencional o Contrademanda, que Chile no tiene ningún derecho sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, ni tampoco sobre el agua que llega a su territorio de manera artificial.

Sobre el primer punto, parece perfectamente posible demostrar que no existe un uso equitativo y razonable como sostiene la parte chilena, porque las aguas del Silala benefician únicamente a Chile y no a Bolivia y porque no favorecen a las poblaciones del lugar, sino solamente a unas empresas chilenas que lucran con ese caudal como si fuera totalmente suyo. 

Nos referimos a la empresa estatal del cobre de Chile, CODELCO, que usa dichas aguas para la explotación cuprífera en el otrora territorio boliviano, y a la compañía privada Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que a través de otra empresa privada, las comercializa en Antofagasta a precios exorbitantes.

Ciertamente, de acuerdo a la repartición dispuesta unilateralmente por el Estado chileno, de los cerca de 180 litros por segundo que cruzan la frontera, aproximadamente 40 son para CODELCO y los otros 140 son para la empresa de ferrocarriles, sucesora de la firma anglo-chilena The Antofagasta and Bolivia Railway, que fue la que construyó los canales y sistemas de drenaje entre 1904 y 1928, sobre la  base de una concesión de la Prefectura de Potosí otorgada en 1908. 

La causa y objeto de esa concesión, que había sido otorgada para que las aguas del Silala alimenten las locomotoras a vapor del ferrocarril Antofagasta- Oruro, se extinguieron completamente alrededor de 1960, cuando dichas locomotoras fueron sustituidas por máquinas a diésel. Mucho más tarde, en 1997, la concesión terminó de perder su valor legal, cuando la Prefectura de Potosí y el gobierno boliviano decidieron rescindirla. 

En cuanto al segundo punto, referido a los canales y sistemas de drenaje, la Agente chilena adelantó que no existe nada artificial en el sistema que comprende el Silala, porque no se habría desviado agua de una cuenca a otra. “Toda el agua de la cuenca es natural”, aseguró la Agente en una entrevista para Emol en febrero de 2019. 

Sin embargo, no hay que ser un experto para darse cuenta que una cosa es recibir 150 litros por segundo y otra muy diferente es recibir 180 litros por segundo. En este caso, por ejemplo, es evidente que para el Estado ribereño aguas abajo (Chile) la segunda opción resulta más conveniente que la primera, mientras que para el Estado aguas arriba (Bolivia) es lo contrario.

En ese sentido, es necesario establecer cuánto del caudal que cruza la frontera corresponde al curso natural, que de todas formas discurriría sin los canales y sistemas de drenaje, y cuánto de ese mismo caudal corresponde al curso artificial, que no llegaría a Chile si no fuera por esas obras de captación construidas en territorio boliviano.

Una vez que se establezcan esos porcentajes, se podrá definir cuánto le deben a Bolivia los beneficiarios de las aguas por los más de 100 años de uso no autorizado, tanto de la parte artificial como de la parte natural que excede lo que le corresponde a Chile.

Bolivia admitió que una parte del Silala fluye naturalmente a Chile

El 13 de febrero de 2020, la Canciller y el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, revelaron que el gobierno del MAS admitió mediante la Contramemoria que Bolivia presentó a la CIJ, que una parte de las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile por lo que serían aguas compartidas. Respecto a esa revelación y sus repercusiones se desarrollaron las siguientes entrevistas: 

Hora 23 de Bolivisión, 14/02/2020

Todo a Pulmón de Cadena A, 14/02/2020

En Jaque Mate de TVU, 18/02/2020