La representación de Bolivia ante el Consejo de Seguridad, antes de alinearse con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro país en materia de seguridad transfronteriza.
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Después de un ataque con armas químicas en el poblado de Ghouta.
Foto: Reuters |
Por: Andrés Guzmán
Escobari
Publicado en Página Siete
El 21 de septiembre de 2013, el pueblo
sirio de Ghouta fue atacado con bombas de gas sarín, causando la muerte agónica,
cruel y dolorosa de más de 350 civiles, incluyendo mujeres y niños. Los autores
de tan horrendo crimen no han sido identificados hasta la fecha porque las
partes del conflicto y los países que han decidido intervenir en el mismo no se
han puesto de acuerdo respecto a las responsabilidades. Mientras que el grupo integrado
por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, conocido como la “troika
occidental” en el Consejo de Seguridad, responsabiliza al gobierno de Bashar
al-Ásad, este último culpa a los rebeldes que luchan en su contra y a los
terroristas que controlan parte de su territorio.
El uso de gas sarín y de otros agentes
químicos letales para aniquilar seres humanos es un crimen de guerra que se
encuentra prohibido por varios tratados multilaterales como la Convención sobre
las Armas Químicas de 1993 que prohíbe el desarrollo, producción,
almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas. Asimismo, de acuerdo
a la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, cuya aplicación está a
cargo de un Comité presidido actualmente por Bolivia; todos los Estados deben
abstenerse de suministrar apoyo a los agentes no estatales que traten de
desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear
armas químicas, biológicas y/o nucleares.
No obstante, a pesar de esas
prohibiciones y a pesar de que el gobierno sirio terminó de adherirse a la Convención
de 1993 en octubre 2013, los ataques químicos en contra de los civiles sirios continuaron
en 2014, 2015 y 2016. Ante lo cual, el Consejo de Seguridad, del cual Bolivia
es actualmente miembro no permanente, adoptó las resoluciones 2235 (2015), 2209
(2015) y 2319 (2016), mediante las cuales decidió que la República Árabe de
Sira no debe emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar ni conservar armas
químicas. Pero no pudo adoptar medidas más enérgicas debido a la oposición de
Rusia y China que, como miembros permanentes del Consejo, ejercieron su poder
de veto para defender al gobierno sirio, cuya permanencia en el poder está muy en
la línea de sus intereses económicos y geopolíticos en la región.
Ciertamente, la última vez que rusos
y chinos vetaron una Resolución del Consejo de Seguridad sobre este tema fue a
finales de febrero, cuando sólo Rusia, China y Bolivia votaron en contra de una
moción presentada por más de 40 países, liderados por la troika occidental, que
básicamente pretendía sancionar a entidades y personas del gobierno sirio, supuestamente
vinculadas a la producción y uso de armas químicas (S/2017/172).
Las razones argüidas por los
representantes de Moscú, Beijing y La Paz coincidieron en señalar que las listas
de las entidades y personas a ser sancionadas no habían sido aprobadas por el
Mecanismo creado con ese propósito en 2015; que la referida Resolución podía entorpecer
el proceso de paz de Ginebra, que ha garantizado el cese al fuego entre el
ejército sirio y los rebeldes por ya casi tres meses; y que someter a votación
un proyecto de resolución que todos sabían que sería vetado, revela los fines
políticos de sus promotores (S/PV.7893).
Pero más allá de las explicaciones,
es bien sabido que Siria tiene una importancia estratégica para Rusia y China, pero
no para Bolivia.
La Federación Rusa, en razón de
sus acuerdos con Damasco, posee dos bases militares en territorio sirio: la base
naval de Tartus que le permite acceder al mar Mediterráneo y la base aérea de Latakia,
que sirve a sus aviones para operar en la zona. Asimismo, las importantes
reservas de gas natural que posee Siria y la necesidad que tienen los proyectos
gasíferos de los países del golfo Pérsico de pasar por territorio sirio para llegar
a los mercados europeos, han hecho que Moscú vea con recelo cualquier cambio de la situación
en Siria, que pueda alterar su predominio como el principal proveedor de gas a Europa.
Por tales motivos, y porque el
gobierno sirio es un buen comprador de armas rusas, el Kremlin ha hecho todo lo
posible por impedir el derrocamiento de al-Ásad.
Por su parte, la República
Popular China, siguiendo su tradicional política de absoluto rechazo a la interferencia
en asuntos internos de los Estados, que le ha servido para exigir la no
injerencia de la comunidad internacional en Taiwán, Xinjiang y Tíbet, y más
recientemente también en la disputa por el mar de la China meridional; ha
rechazado enérgicamente las intervenciones de las potencias occidentales en
Siria, y también ha tenido que repudiar la participación de Rusia, que ha incursionado
en la zona para bombardear a los terroristas que representan un riesgo para la
continuidad del régimen sirio.
Al gobierno de Beijing además le
interesa ampliar su influencia en la región, mostrándose como una alternativa al
dominio de las potencias occidentales, para lo cual ha estado apoyando económica
y humanitariamente a Siria, como una forma distinta de abordar el conflicto. En
esa misma línea, cabe considerar el proyecto chino “un camino, un cinturón” que,
siguiendo lo que fue “la ruta de la seda”, busca conectar al gigante asiático
con Oriente Próximo, Europa y África, mediante la construcción de carreteras y
líneas férreas que también tendrían que pasar por Siria. Por lo que, la
resolución del conflicto sirio se ha convertido en una prioridad para China.
En el caso del Estado
Plurinacional de Bolivia los intereses no están tan claros, pues más allá del incentivo
que pueda tener el actual gobierno por reafirmar su política antiimperialista, rechazando
todo lo que venga de los Estados Unidos; no existen vínculos comerciales ni
diplomáticos con Siria que justifiquen el apoyo a su gobierno, que es además un
régimen autocrático. De hecho, la representación boliviana, antes de alinearse
con la postura de rusos y chinos, debería privilegiar los intereses de nuestro
país en materia de seguridad transfronteriza.
Efectivamente, considerando que Chile
mantiene cientos de miles de minas antipersona y antitanque en la frontera con
nuestro país, rechazar una Resolución que sanciona a un país por el uso de
armas no convencionales, puede sentar un precedente negativo y hasta peligroso
para nuestros intereses.
En otras palabras, no debemos priorizar
las discrepancias o afinidades político-ideológicas que siempre las hay en las
relaciones internacionales, ni debemos apostar todo a un solo bando cuando
nuestros intereses vitales no están en riesgo; es necesario anteponer las
razones de Estado, como hacen la mayoría de los países, y no porque crea que Bolivia debió haber votado a favor, pero sí al menos abstenerse.
