Por: Andrés Guzmán Escobari
Las conflictivas
relaciones entre Bolivia y Chile se han deteriorado considerablemente en el último
tiempo a un punto tal que seguramente sólo fue superado en el pasado cuando se rompieron
los vínculos diplomáticos entre ambos países (1920, 1962 y 1978) o cuando estalló
la guerra (1839 y 1879). De hecho, el estado actual de nuestras relaciones podría
compararse con aquellos pocos momentos de la historia en los que Chile, al
igual que hoy, se negaba rotundamente a reconocer la existencia del problema que
genera el enclaustramiento boliviano, por ejemplo: cuando el año 1900 el
representante de La Moneda en La Paz, Abraham Köning, remitió un duro
comunicado al Canciller boliviano de la época para aclararle que Chile nada le
debe a Bolivia y advertirle, entre otras cosas, que su país había centuplicado
su poderío militar desde 1879; o cuando en 1987 el gobierno del General Pinochet
rechazó de plano las propuestas que las autoridades bolivianas le habían
planteado en las negociaciones del “enfoque fresco”, con el propósito de
resolver precisamente el asunto marítimo.
En efecto, el
estado actual de las relaciones boliviano – chilenas es tan malo que no existe
ningún tipo de diálogo entre nuestras autoridades que no sea el estrictamente
necesario en el ámbito consular y eso es algo que naturalmente y por el bien de
nuestro porvenir como países vecinos, debe cambiar.
La situación en
que nos encontramos es el resultado de una incomprensión absoluta de la
posición del otro y de la tentación de nuestras autoridades por utilizar los temas
que nos distancian para encender las pasiones nacionalistas de nuestros pueblos
que, indiscutiblemente, generan importantes réditos político-electorales en
ambos lados de la frontera. Asimismo, en los hechos, esta situación es el
resultado de la interrupción del diálogo de la Agenda de 13 puntos ocurrido en noviembre
de 2010 por decisión del gobierno chileno y de la posterior determinación
boliviana de recurrir a tribunales internacionales para resolver el problema
marítimo, que evidentemente no cayó nada bien en Chile.
A esas
dificultades debemos sumar la conducta beligerante de ambas partes, los
bolivianos emplazando al Gobierno de La Moneda a levantar el encierro
geográfico con un lenguaje innecesariamente agresivo y cuestionado insistentemente
los vicios de origen de un Tratado que ha cumplido y respetado por más de 100 años, y los chilenos oponiendo un rechazo
absoluto a reconocer la existencia de un asunto pendiente entre los dos países que
además vino acompañada de algunas amenazas de utilizar la fuerza para, entre
otras cosas, “hacer respetar los tratados”.
No es el
propósito de estas líneas evaluar la validez o legitimidad de las posturas asumidas,
sino de hacer notar que las políticas aplicadas en consecuencia nos han llevado
a una situación que no sólo ha congelado el tratamiento del tema marítimo – de
tan sensible importancia para los bolivianos –, sino que ha paralizado también el
diálogo en todos los demás asuntos de interés binacional, entre los cuales, hay
otros problemas de altísima complejidad y relevancia para ambos países que
deben encontrar urgentemente un canal de diálogo que permita abordarlos y
resolverlos, porque esos problemas podrían ser motivo de más discordias o hasta
conflictos entre chilenos y bolivianos en el futuro.
Me refiero a la
inequitativa utilización de los recursos hídricos compartidos y no compartidos
que en estos momentos alcanza a un mínimo estimado de 6.640 litros por segundo
que Chile utiliza sin el consentimiento de Bolivia (Silala 330 lt/seg; Lauca
2.460 lt/seg; y Caquena 3.670 lt/seg), según estudios realizados por el Ing.
Antonio Bazoberry y la Dirección General de Aguas de Chile; a las constantes
dificultades que enfrentan los comerciantes bolivianos en los puertos chilenos
debido a la cuestionable aplicación del derecho de libre tránsito estipulado en
el Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios por parte de las empresas
privadas que operan esas terminales portuarias; a la operatividad del
Ferrocarril Arica – La Paz que, a pesar de la rimbombante celebración del
centenario de la vía que estuvo presidida por el mismo Presidente Piñera, no ha
realizado ningún viaje completo en el lado chileno desde hace casi 10 años y
que en el lado boliviano se mantiene operativo; a las labores de
retiro y destrucción de las minas antipersona de la frontera que, según datos
publicados por la Comisión Nacional de Desminado de Chile (www.cnad.cl), sólo habrían avanzado en un 37% pese al transcurso de más de una
década desde que gobierno chileno se comprometió a retirarlas; y a otros temas
también importantes para ambos países como la cooperación para el control del
narcotráfico, la lucha contra el contrabando, la complementación económica;
etc., etc.
La gran mayoría
de estos temas fueron incluidos en la Agenda de 13 puntos, cuyo tratamiento,
como ya se dijo, quedó interrumpido. No obstante, teniendo en cuenta que el asunto
que generó esa interrupción está siendo sometido a una instancia jurisdiccional
como es la Corte Internacional de Justica de La Haya, porque evidentemente no
pudo ser resuelto por la vía diplomática; resulta no solo urgente, sino también
absolutamente razonable que los gobiernos de ambos países restablezcan el
diálogo para tratar todos los demás puntos de la Agenda dejando momentáneamente
de lado, mientras dure el juicio, el tema marítimo boliviano (punto 6).
Esta idea de no
negociar directamente el tema marítimo, que ya fue planteada tentativamente por
el Ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter; también fue sugerida por
quien escribe estas letras en un encuentro binacional de personalidades
entendidas en el tema de las relaciones Bolivia – Chile, organizado por las
Fundaciones Friedrich Ebert y Chile 21, en el cual participaron importantes
personajes políticos y académicos de los dos países. Los chilenos, como era de
esperar, acogieron sin objeciones la moción. No obstante, entre los
bolivianos hubo reticencias de quienes consideraban “imprudente” hacer tal
cosa: “Qué habrían dicho los grandes diplomáticos que hemos tenido”, censuró
uno de ellos, “Qué habría dicho tu abuelo!” me dijo el otro.
Al respecto
cabe aclarar que esta sugerencia no tiene por objeto librar a la diplomacia
chilena de su tradicional piedra en el zapato, sino más bien preparar el
ambiente y las condiciones para alcanzar acuerdos entre los dos países que
resuelvan los problemas pendientes definitivamente, antes o después de que La
Corte dicte su fallo. De hecho, eso es lo que indica el procedimiento del
juicio que el gobierno boliviano inició. El artículo IV del Pacto de Bogotá, que
es el acuerdo que le permitió a Bolivia presentar su demanda, señala
textualmente: “Iniciado uno de los procedimientos
pacíficos (negociaciones directas o procedimiento judicial, entre otros), sea
por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un
pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.
Por tanto, dejar temporalmente fuera de las conversaciones al tema marítimo no
sólo es lo más lógico en estos momentos, sino que es lo que corresponde.
