Intromisión argentina en las elecciones bolivianas

El 22 de agosto de 2020, el subsecretario de Obras Públicas de la Argentina, Edgardo Depetri, anunció que se había comprometido con el ex presidente Evo Morales, a fortalecer la participación de los migrantes bolivianos en las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre, según él "para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático", lo que naturalmente provocó una ola de críticas en Bolivia por la intromisión que representa este apoyo del gobierno argentino al partido del ex presidente Morales. Lo cual se suma a otras declaraciones muy similares de las autoridades argentinas respecto a nuestro país. Al respecto y a la postulación de la Canciller de Estado a la Secretaría General de la ALADI, tuve la oportunidad de participar en la siguiente entrevista:

 En el Cafe de la Mañada de Fides TV, 23/08/2020

La participación de Chile en la Guerra del Chaco

En 1928, el Gobierno chileno prohibió el paso de armamentos por su territorio hacia Bolivia y Paraguay, invocando la Convención V de La Haya y asegurando que el libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 no incluye armas. 

Publicado en Los Tiempos

Hace unos días el escritor Raúl Rivero Adriázola, publicó un artículo en Los Tiempos en el que afirma que Chile no habría cerrado sus puertos al paso del material bélico que Bolivia requería para enfrentar al Paraguay en la Guerra del Chaco, gracias a la nota que el entonces subsecretario de Estado de EEUU, Francis White, dirigió a la cancillería chilena, consultando si el libre tránsito comercial otorgado por Chile a Bolivia en el Tratado de 1904, comprendía también la libertad de internar armamentos, “llegando al extremo de sugerir una modificación restrictiva de esa libertad”.

Según Rivero, el cuidadoso análisis que realizó la cancillería chilena, a raíz de dicha nota, acerca de las implicaciones que una restricción de ese tipo podría tener sobre la vigencia del Tratado de 1904, hizo que Chile se abstenga de tomar la medida.

Al respecto, en las siguientes líneas intentaré demostrar que, en realidad, esas afirmaciones no son totalmente correctas y que, en todo caso, lo que sucedió fue justamente lo contrario.

Primero, es importante recordar que el tema de la neutralidad de las naciones no beligerantes frente a un conflicto de uno o varios países sin litoral, no fue abordado por primera vez en la nota que Mr. White dirigió a la cancillería chilena en abril de 1932, sino que era un tema que se venía discutiendo en nuestro continente desde el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo comprendió que era muy importante establecer reglas para evitar o al menos atenuar los enfrentamientos armados entre Estados.

En nuestro país, destacan los trabajos que publicó el notable diplomático Eduardo Diez de Medina quien, ya en 1919, propugnaba la doctrina de la neutralidad terrestre para las naciones mediterráneas. La tesis Diez de Medina que, en sus propias palabras, establecía “el derecho de toda nación mediterránea para proveerse de elementos necesarios para su defensa y la obligación de los neutrales de no innovar, permitiendo el libre acceso a su territorio de todos aquellos elementos en tránsito al país mediterráneo”.

Cuando el tema se trató en la Sexta Conferencia Panamericana que se realizó en La Habana en 1928, la tesis Diez de Medina fue aceptada e incluida en la Convención sobre Neutralidad Marítima que, en su artículo 22, inciso 2, señala: “Deberá permitir el tránsito cuando hallándose en guerra dos naciones americanas, uno de los beligerantes es un país mediterráneo, que no tenga otros medios de proveerse y siempre que no afecte los intereses vitales del país cuyo tránsito se pide”.

De los 21 países signatarios, solo Chile se opuso a esta cláusula, presentando una reserva al momento de suscribir la Convención. El canciller chileno, Conrado Ríos Gallardo, justificó esa decisión con una interpretación restrictiva de la libertad de tránsito, que nadie más compartía, basada en la Convención V de La Haya de 1907 que dice que los Estados beligerantes no podrán hacer pasar armamentos por el territorio de un Estado neutral (artículo 2) y, al poco tiempo, le hizo saber al representante paraguayo en Santiago, Vicente Rivarola, que, en relación al conflicto del Chaco, el Gobierno de Chile estaba resuelto a impedir el paso de material bélico por su territorio (Abecia, 1979).

Por estos motivos y por la amenazadora nota que el canciller Ríos dirigió a su par boliviano el 16 de diciembre 1928, que, según Rivarola le costó una llamada de atención del presidente Ibáñez del Campo; el Gobierno boliviano recusó la participación de Chile en la Comisión de Neutrales que se había conformado en esos días en Washington, en el marco de la Conferencia Americana de Conciliación y Arbitraje (Querejazu, 1975).

En ese ambiente, el Gobierno chileno prohibió el paso de armamentos por su territorio hacia Bolivia y Paraguay, invocando una vez más la Convención V de La Haya y asegurando que el libre tránsito estipulado en el Tratado de 1904 no incluye armas. La polémica medida, que provocó la retención temporal de un cargamento de armas para el ejército boliviano en el puerto de Arica, fue calificada de “precipitada” por el reconocido historiador chileno, Mario Barros (1970): “primero, porque solo afectaba a Bolivia. Segundo, porque aparecíamos dándole la razón al argumento boliviano, tantas veces sostenido, de que Bolivia no tenía, en realidad, más salida al mar y libre comunicación con el océano que la que Chile le permitía. Tercero, porque Bolivia no podía armarse por otro conducto y quedaba así en manos del Paraguay. Cuarto, porque no había ninguna guerra formal entre ambas naciones chaqueñas”.

Luego, cuando comenzó la guerra, a mediados de 1932, e incluso antes, Chile cambió de posición y permitió el libre paso de armamentos por su territorio. Pero después, durante la gestión del canciller Miguel Cruchaga, volvió a restringirlo, obligando a Bolivia a pedir permiso a las autoridades chilenas para cada cargamento de material bélico que se quisiese internar. Ante esa situación, que prolongaba aún más el largo proceso de importación, en 1933, el gobierno de Salamanca tuvo que desviar los cargamentos de armas por territorio peruano, “con el consiguiente perjuicio en vidas, tiempo y dinero” (Escobari, 2000).

Los constantes cambios de la política exterior chilena respecto al conflicto boliviano-paraguayo, obedecieron a los también constantes cambios de Gobierno que se registraron en Santiago antes y durante la contienda. Efectivamente, en ese tiempo Chile vivía una etapa de alta inestabilidad política y constante agitación debido a la fuerte recesión económica que había generado la Gran Depresión, y a la inexistencia de un liderazgo sobresaliente que aglutine los apoyos necesarios para establecer un gobierno sólido y duradero (Barros, 1970). Desde la renuncia de Ibáñez del Campo, pasando por el golpe de Estado que instauró la República Socialista chilena, hasta la reasunción presidencial de Arturo Alessandri a finales de 1932, el recambio de autoridades en La Moneda fue bastante elevado, y así también fluctuó la postura del país del Mapocho frente al conflicto del Chaco.

Si bien es cierto que la Comisión de Neutrales, EEUU y sobre todo Argentina presionaron a Chile para que impida la internación de armas a Bolivia, no es cierto que las autoridades chilenas hubiesen desechado esa posibilidad o la hubiesen considerado fuera de lugar, al menos no durante las gestiones de los cancilleres Ríos y Cruchaga.

Los problemas que generaron estas restricciones a las importaciones bolivianas de armamentos, que ameritaron los más furibundos reclamos del Gobierno de La Paz, se intentaron resolver después, en el Convenio sobre Tránsito del 16 de agosto de 1937 que, finalmente, estableció que el libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos comprende toda clase de cargas, sin excepción alguna (artículo 1).

Por último, si se trata de escribir algo a favor de Chile, podríamos destacar el invalorable apoyo que Bolivia recibió de más de 100 ciudadanos chilenos que de manera voluntaria y desinteresada se enlistaron en nuestro ejército para combatir a los paraguayos en el Chaco, un hermoso gesto del pueblo chileno que debemos valorar siempre.  

Efectos del coronavirus en la geopolítica

Esa dependencia comercial que China ha logrado imponerle al mundo no es de una sola vía, es de hecho una interdependencia. 

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

La pandemia del Covid-19 marcará un antes y un después en muchos ámbitos de nuestras vidas. En las relaciones internacionales y en el ordenamiento global ocurrirán algunos cambios que podrían abrir una nueva etapa de la historia mundial. 

Ciertamente, desde la perspectiva geopolítica, la relación de fuerzas entre las grandes potencias podría verse afectada, pero no porque Estados Unidos vaya a perder su sitial de primera potencia mundial en términos económicos, militares y tecnológicos, sino porque China, su más cercano competidor, estará más cerca que nunca de igualarlo.

En otras palabras, la brecha que existe actualmente entre Estados Unidos y China se acortará significativamente, sin que llegue a cerrarse por completo, al menos en unos buenos años, más no tanto por el crecimiento económico chino, que ha sido notable en las últimas dos décadas, pero que ahora se ralentizará junto al crecimiento económico mundial; sino principalmente por las dificultades que atravesará Estados Unidos en los años venideros, tanto en lo económico, como en lo que supone mantener su liderazgo global, construido a partir de 1945, sobre la base del multilateralismo y la globalización, que increíblemente, el presidente Donald Trump ha estado socavando, en nombre de su contraproducente política “Americafirst”. 

Estas proyecciones confirman lo que ya se venía venir hace varios años, pero de una forma más acelerada. Tal como escribió el presidente del Council on ForeignRelations (CFR), Richard Haass, “el Covid-19 no cambiará tanto la dirección de la historia mundial, sino que la acelerará”. 

De hecho, sabemos que China ha estado acrecentando su poderío económico mediante una agresiva estrategia de exportaciones de todo tipo de manufacturas que le ha permitido desplegar una extensa red de intercambios comerciales por todo el mundo y desarrollar con varios países, no sólo una relación prolongada de beneficio económico propio, sino también una relación de dependencia comercial. 

En efecto, las enormes ventas de barbijos que han realizado recientemente las fábricas del gigante asiático a los desesperados compradores occidentales, que además han demostrado, entre otras cosas, no tener la capacidad para producir a gran escala un artículo tan simple como un barbijo, son una clara y reciente muestra de esa dependencia comercial que actualmente existe y que será muy difícil de abandonar.

Las economías de escala y el mantenimiento de un tipo de cambio forzadamente devaluado, que desde hace varios años ha generado el rechazo y, en algunos casos, la retaliación de otros países industrializados, les permite mantener a los fabricantes chinos los precios más competitivos del mercado global.  Sumado a ello, los impresionantes créditos que China ha otorgado a varios países en desarrollo y también a ciertos países desarrollados, principalmente para infraestructuray extracción de materias primas, ha generado otro tipo de dependencia entre esos países y China, que, a través de sus bancos estatales, se ha convertido en el principal acreedor del mundo, muy por encima del FMI y el Banco Mundial. 

Pero esa dependencia que China ha logrado imponerle al mundo no es de una sola vía, es de hecho una interdependencia, porque como se trata de relaciones comerciales y financieras, China también depende de la buena voluntad de sus contrapartes para que las cosas funcionen y pueda mantener esos índices de crecimiento económico de dos dígitos porcentuales al año, que alcanzó en varias gestiones durante las últimas dos décadas. 

Por esos motivos y porque a China le hace falta el prestigio internacional que debe tener toda gran potencia para liderar el mundo (softpower), como el que tenía por ejemplo Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando era considerado el adalid de la democracia y la libertad; no veremos un intercambio de roles ni de posiciones, pero sí una disputa más equilibrada y más enconada, en un escenario casi multipolar y totalmente interdependiente.

Comunidad internacional frente al covid 19

Lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en Página Siete 

La pandemia del nuevo coronavirus (covid 19) que se ha convertido en un problema global que afecta prácticamente a todos los países del mundo, ha demostrado la incapacidad de la comunidad internacional para hacerle frente, generando una nueva constatación de que los seres humanos estamos expuestos a peligros mortales que en otro momento no habríamos creído que podían afectarnos, como una bomba nuclear, un coronavirus o una consecuencia inesperada del calentamiento global.

La comunidad internacional, entendida como una sociedad de sociedades, en la que participan absolutamente todos, pero que está dirigida por Estados y organismos internacionales no ha podido controlar la propagación del covid 19 debido principalmente a sus serios problemas de organización, estructura y coordinación, que ya habían quedado al descubierto con las crisis migratorias y económicas que hemos vivido en los últimos años y que ahora podrían profundizarse.

En efecto, si partimos de que un desafío global habría que afrontarlo con un enfoque también global, queda claro que tanto los organismos internacionales como las grandes potencias, o al menos las que pretenden serlo, tendrían que saber controlar la pandemia o al menos adoptar acciones conjuntas que contribuyan a controlarla, en pos de salvaguardar a la humanidad y salir de esta crisis. No obstante, lo que hemos visto hasta ahora no ha sido más que incapacidad, descoordinación y falta de liderazgo, que lamentablemente han trascendido en las alarmantes cifras que todos conocemos. 

Las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), referidas a evitar el cierre de fronteras y a no generar pánico, aduciendo que no se habría encontrado evidencia clara de que la enfermedad pueda transmitirse de humano a humano (14/01/2020), han demostrado que esa organización no midió correctamente la magnitud del problema y no manejó seriamente la información, pues ahora sabemos que sí se requería impedir el desplazamiento de las personas que podían haber estado contagiadas y que era crucial concientizar a la población mundial con información veraz, aun cuando eso genere pánico. Esto último considerando que el principal medio de contagio, tal como después lo reconoció la misma OMS, es precisamente de humano a humano. 

Por otra parte, la poca transparencia con la que China – el país donde se reportaron los primeros casos –, transmitió la información al mundo y manejó la crisis dentro de sus fronteras, permitiendo la salida de miles de personas de su territorio cuando ya se sabía que el brote del covid 19 podía convertirse en una pandemia, demuestran la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades de ese país, que ahora son las principales responsables de esta tragedia, según la gran mayoría de las teorías conspirativas que se han estado tejiendo en las redes sociales.

Al otro lado del globo, donde este tipo de enfermedades virales son mucho menos comunes, las potencias occidentales, lejos de mostrar algún atisbo de liderazgo o de estrategia efectiva para enfrentar la crisis, han sido claramente rebasadas por el virus, que no han podido controlar ni en sus propios territorios, teniendo que lamentar la muerte de miles de personas y un enorme costo para sus economías.

Entre ellas, Estados Unidos, en lugar de responder como debería hacerlo el país más poderoso del mundo y constituirse en un ejemplo a seguir, ha dejado en evidencia las falencias de su sistema de salud y se ha convertido en el país con más muertos e infectados a nivel mundial. 

Pero además de la incapacidad demostrada, los actores del sistema internacional llamados a liderar esta batalla contra el coronavirus también han demostrado una total falta de coordinación entre ellos, puesto que en lugar de trabajar de manera conjunta, cooperativa y coordinada para enfrentar la pandemia, han empezado a intercambiar acusaciones respecto a sus respectivos roles en esta crisis, que en el caso del gobierno de Estados Unidos parecen responder a intereses de política electoral interna y en el caso del gobierno de China, a una búsqueda continua de liderazgo económico, militar y tecnológico.

Ciertamente, a los pocos días de confirmarse los primeros contagios en los Estados Unidos, las autoridades de ese país calificaron al covid 19 como “virus chino” o “virus de Wuhan”, en un claro intento por responsabilizar a China de toda esta catástrofe. Lo que fue rechazado por el gobierno chino a través de un vocero de su Cancillería, quien manifestó que es “altamente irresponsable” usar ese “lenguaje estigmatizante”, cuando aún no existen evidencias de que el virus se haya originado en China (4/03/2020) y después afirmó: “Podría ser el Ejército estadounidense el que llevó la epidemia a Wuhan” (12/03/2020).

El intercambio de acusaciones entre Washington y Beijing respecto a quién sería el responsable de esta catástrofe ha impedido, entre otras cosas, que los países del G7 suscriban un comunicado sobre la pandemia que debía aprobarse el pasado 26 de marzo. En esa ocasión, la terminología estadounidense del “virus chino”, considerada como xenófoba y racista por los medios estatales chinos, fue rechazada por Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Japón y naturalmente China, en una videoconferencia de Cancilleres que dejó al descubierto la falta de coordinación comentada.

En esa misma línea, el Presidente de Estados Unidos suspendió los aportes de su país a la OMS (14/04/2020) por supuestamente haber favorecido más a China y no transparentar la información. Todo ello después de un entredicho en que el director de la OMS, quien efectivamente había elogiado al gobierno de Beijing por sus esfuerzos contra la pandemia le había pedido al mandatario estadounidense que no haga política con el virus (08/04/2020).       

En estas circunstancias, en que al parecer los habitantes de los países menos desarrollados dependemos única y exclusivamente de las capacidades y recursos de nuestros respectivos gobiernos nacionales, regionales y municipales, que en el caso de Bolivia son muy limitados, no nos queda más que encomendarnos a Dios y pedir a quienes lideran la comunidad internacional que dejen de lado sus intereses sectarios y empiecen a trabajar no sólo por contener esta pandemia, sino también por construir un sistema internacional que pueda hacer frente a este y otros desafíos globales que están por venir. 

Caso Silala: el derecho de Bolivia a defenderse

Es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala.

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

Hace dos semanas, en este mismo espacio, publiqué un artículo titulado “Caso Silala, no todo está perdido”, en el que intenté demostrar que a pesar de que el gobierno del MAS reconoció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que una parte de las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia Chile, aún existen elementos que se pueden rescatar en defensa de los intereses de Bolivia en este litigio. 

Consideré pertinente escribir al respecto, no sólo porque noté un derrotismo apresurado e injustificado en las reacciones de algunos líderes de opinión en nuestro medio, sino también porque quería contribuir al debate de este asunto, que no se conoce en detalle, y que justamente engloba algunos elementos que creo que podrían jugar a favor de Bolivia. 

Me refiero al hecho de que la demanda chilena no solo se aboca al estatus o naturaleza de las aguas (compartidas o no compartidas), sino que también alega que existe un uso equitativo y razonable del líquido elemento, lo cual es altamente discutible, y a que la contrademanda boliviana, que será considerada por la Corte conjuntamente con la demanda chilena, reclama soberanía absoluta sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, sobre lo cual, según mi parecer, Bolivia tiene toda la razón.

El artículo en cuestión generó varias críticas al otro lado de la Cordillera, entre las que destacan las de dos historiadoras, Valentina Verbal y Loreto Correa, que se manifestaron a través de las redes sociales y de este mismo periódico, aduciendo por un lado una supuesta incongruencia entre lo planteado en el artículo y lo que realmente se discute en la Corte, y por el otro lado, alegando una presunta “pugnacidad” y “alucinación” de quien escribe. 

Al respecto, si bien es cierto que los documentos que se presentaron a la Corte son reservados, existe suficiente información pública, adelantada justamente por las autoridades de los dos países, que nos permite tener una buena idea de qué se está discutiendo en La Haya.

Sobre la base de esa información y a lo que investigué por mi cuenta, saqué algunas conclusiones que desde mi punto de vista podrían contribuir a la defensa boliviana y que no deberían ser consideradas como una “alucinación”, como tan insolentemente sugirió una de las historiadoras. 

Lanzar frases en modo imperativo, como “esto debe terminar” y “ya es suficiente”, no sólo refleja ese típico aire de superioridad con el que algunos chilenos se refieren a los bolivianos, sino que además demuestra que hay un hartazgo en ciertos segmentos de la sociedad chilena por los litigios internacionales, muy a pesar de que son controversias que claramente podrían resolverse amigablemente si Chile así lo quisiera.  

Muy por el contrario, el razonamiento es que como Bolivia perdió el juicio del mar de manera estrepitosa, ahora no puede o no debe defenderse en el proceso del Silala. Nada más alejado de la verdad, Bolivia tiene todo el derecho a defenderse legalmente en este o en cualquier otro juicio, y todos los habitantes de este planeta tenemos derecho a opinar sobre el mismo.

Por eso es tan importante recalcar que no existe ni nunca existió, al menos desde 1904, un uso equitativo y razonable de las aguas del Silala. No se utilizan para beneficiar a las poblaciones del lugar, por lo que no pueden ser consideradas en su utilización como un derecho humano, sino que favorecen únicamente a unas empresas chilenas que usan el agua exclusivamente para lucrar. Eso no puede ser considerado por la Corte como “equitativo y razonable”. 

En ese mismo sentido, habiendo confirmado que el caudal que cruza la frontera se compone de una parte natural y otra artificial, porque no solo Bolivia reconoció el flujo natural, sino que Chile también reconoció el flujo artificial; es muy importante establecer que Chile no tiene ningún derecho sobre las aguas, que sin los canales construidos en territorio boliviano no llegarían a su territorio, y que si los beneficiarios quieren seguir usufructuando de las mismas, deben reconocerle a Bolivia una compensación.

Los porcentajes que le corresponden a cada cual, obviamente tendrían que definirse en un estudio. 

Respecto a que la contrademanda boliviana no fue presentada contra Codelco, ni contra el grupo Luksic que, a través de la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia, recibe la mayor parte del caudal que ingresa a Chile, es importante recordar que en 2009, el gobierno de Chile negoció en nombre de esas dos empresas un pago a Bolivia por el 50% de las aguas y en 2016 salió en defensa de sus intereses al presentar la comentada demanda sobre el estatus y uso de las aguas del Silala. 

Por esa razón, es perfectamente posible solicitar una compensación en este juicio, tanto por el caudal artificial como por el caudal natural que excede lo que le corresponde a Chile. 

Por último, las soluciones a nuestros problemas y la construcción de una agenda moderna no llegarán a través de la intimidación, el amedrentamiento, o la disuasión, como parecen pretender las historiadoras de referencia, la única manera de alcanzar la reconciliación es a través de la negociación y las verdaderas señales de buena vecindad.

Caso Silala, no todo está perdido

Pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, no todo está perdido, existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

De manera intempestiva, la controversia sobre el estatus y uso de las aguas del Silala recobró actualidad tras conocerse que el gobierno del MAS admitió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que una parte de esas aguas fluye naturalmente hacia Chile.

En efecto, la Cancillería boliviana develó que el reconocimiento se hizo en la Contramemoria que Bolivia presentó en mayo de 2018 a la CIJ, lo que desató una ola de críticas no sólo contra el MAS, sino también contra la actual Canciller que, según voces opositoras, habría cometido “traición a la patria” por haber revelado información reservada.

Al respecto, cabe recordar que el mentado reconocimiento ya era de conocimiento público. En octubre de 2018 y en febrero de 2019, el Canciller y la Agente de Chile, acusaron a las autoridades bolivianas de haber dado “un giro” en su posición, por haber aceptado que las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile. Por lo cual, si es que hubo alguna infidencia, esta sería atribuible a las autoridades chilenas.

Pero pese a que la tesis chilena sobre la naturaleza de las aguas ha sido validada por el gobierno del MAS, y que por tanto no habría nada más que discutir sobre ese punto, no todo está perdido. Existen elementos que nuestro equipo jurídico puede y debe destacar en defensa de los intereses de Bolivia, como el hecho de que Chile, o mejor dicho los beneficiarios de las aguas, no pueden disponer de todo el caudal sin la aprobación expresa de nuestro país, que deben pagar por la parte que no les corresponde y que hasta ahora han usufructuado sin ninguna autorización, y que si quieren seguir utilizando las aguas, también deben pagar. 

Efectivamente, habiendo aceptado que las aguas son compartidas, la discusión ahora se centra en dos puntos específicos: 

1. El uso que se le da en Chile a las aguas del Silala, para saber si efectivamente es equitativo y razonable como alega la defensa chilena, y;

 2. Lo que Bolivia reclama en su demanda reconvencional o Contrademanda, que Chile no tiene ningún derecho sobre los canales y sistemas de drenaje construidos en territorio boliviano, ni tampoco sobre el agua que llega a su territorio de manera artificial.

Sobre el primer punto, parece perfectamente posible demostrar que no existe un uso equitativo y razonable como sostiene la parte chilena, porque las aguas del Silala benefician únicamente a Chile y no a Bolivia y porque no favorecen a las poblaciones del lugar, sino solamente a unas empresas chilenas que lucran con ese caudal como si fuera totalmente suyo. 

Nos referimos a la empresa estatal del cobre de Chile, CODELCO, que usa dichas aguas para la explotación cuprífera en el otrora territorio boliviano, y a la compañía privada Ferrocarril Antofagasta Bolivia, que a través de otra empresa privada, las comercializa en Antofagasta a precios exorbitantes.

Ciertamente, de acuerdo a la repartición dispuesta unilateralmente por el Estado chileno, de los cerca de 180 litros por segundo que cruzan la frontera, aproximadamente 40 son para CODELCO y los otros 140 son para la empresa de ferrocarriles, sucesora de la firma anglo-chilena The Antofagasta and Bolivia Railway, que fue la que construyó los canales y sistemas de drenaje entre 1904 y 1928, sobre la  base de una concesión de la Prefectura de Potosí otorgada en 1908. 

La causa y objeto de esa concesión, que había sido otorgada para que las aguas del Silala alimenten las locomotoras a vapor del ferrocarril Antofagasta- Oruro, se extinguieron completamente alrededor de 1960, cuando dichas locomotoras fueron sustituidas por máquinas a diésel. Mucho más tarde, en 1997, la concesión terminó de perder su valor legal, cuando la Prefectura de Potosí y el gobierno boliviano decidieron rescindirla. 

En cuanto al segundo punto, referido a los canales y sistemas de drenaje, la Agente chilena adelantó que no existe nada artificial en el sistema que comprende el Silala, porque no se habría desviado agua de una cuenca a otra. “Toda el agua de la cuenca es natural”, aseguró la Agente en una entrevista para Emol en febrero de 2019. 

Sin embargo, no hay que ser un experto para darse cuenta que una cosa es recibir 150 litros por segundo y otra muy diferente es recibir 180 litros por segundo. En este caso, por ejemplo, es evidente que para el Estado ribereño aguas abajo (Chile) la segunda opción resulta más conveniente que la primera, mientras que para el Estado aguas arriba (Bolivia) es lo contrario.

En ese sentido, es necesario establecer cuánto del caudal que cruza la frontera corresponde al curso natural, que de todas formas discurriría sin los canales y sistemas de drenaje, y cuánto de ese mismo caudal corresponde al curso artificial, que no llegaría a Chile si no fuera por esas obras de captación construidas en territorio boliviano.

Una vez que se establezcan esos porcentajes, se podrá definir cuánto le deben a Bolivia los beneficiarios de las aguas por los más de 100 años de uso no autorizado, tanto de la parte artificial como de la parte natural que excede lo que le corresponde a Chile.

Bolivia admitió que una parte del Silala fluye naturalmente a Chile

El 13 de febrero de 2020, la Canciller y el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, revelaron que el gobierno del MAS admitió mediante la Contramemoria que Bolivia presentó a la CIJ, que una parte de las aguas del Silala discurren naturalmente hacia Chile por lo que serían aguas compartidas. Respecto a esa revelación y sus repercusiones se desarrollaron las siguientes entrevistas: 

Hora 23 de Bolivisión, 14/02/2020

Todo a Pulmón de Cadena A, 14/02/2020

En Jaque Mate de TVU, 18/02/2020

México amenaza con llevarnos a la CIJ

El 26 de diciembre de 2019, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que su gobierno presentaría un recurso en contra de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia "para que el asedio policial y militar a las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido". 

26/12/2019, en "Jaque Mate" de TVU

26/12/2019. en "Todo a Pulmón" de Cadena A.

27/12/2019, en "Antes del Medio Día" de Fides Tv

27/12/2019, en "La Revista" de Unitel.

Recordando a Jorge Escobari Cusicanqui

 Entre 1945 y 1983, Jorge Escobari Cusicanqui ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. 

Caricatura publicada en El Tiempo de Bogotá, sobre el resultado del debate que sostuvieron en 1964 el Embajador de Bolivia en Colombia, Jorge Escobari, con el Embajador de Chile en Colombia, Juan Smitmas.

Por: Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete 

El pasado 18 de diciembre, se inauguró el monumento del diplomático y político boliviano Jorge Escobari Cuscanqui (1919-2000), quien dedicó la mayor parte de su vida a defender los intereses de nuestro país y en particular a reafirmar el derecho de Bolivia al mar. Por lo que Fernando Salazar Paredes lo rebautizó como “el guerrero del mar”.   

El monumento es un busto tallado en piedra granito comanche, a escala 2:1, obra del reconocido escultor boliviano Flavio Ochoa. Es una sola pieza de casi dos toneladas, trabajada y concluida gracias al Fondo Concursable FOCUART del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y emplazada en la avenida Guido Capra o Costanerita de esta maravillosa ciudad.

Entre las anécdotas y logros de JEC, cabe destacar que comenzó su carrera a los 26 años de edad, cuando fue designado como secretario de la Embajada de Bolivia en Lima, a partir de ahí y hasta sus 64 años, es decir entre 1945 y 1983, ocupó los más altos cargos de la administración y representación de las relaciones exteriores de Bolivia. Fue primer secretario y encargado de negocios a.i. en Brasil; embajador en Colombia, Ecuador, Argentina y Perú; director general de Asuntos Políticos, tres veces vicecanciller y Ministro de Relaciones Exteriores en 1979, durante el gobierno restaurador del general David Padilla Arancibia. 

A mediados de los años 50, Bolivia y Brasil reiniciaron negociaciones para actualizar y revisar los Tratados de 1928 y 1938 sobre límites, ferrocarriles y petróleo. En esa ocasión, Escobari, en su calidad de subsecretario de Relaciones Exteriores y presidente de la delegación boliviana que llevó adelante esas negociaciones, logró que la contraparte brasileña aceptara un acuerdo que, entre otras cosas, cambió la frontera en favor de Bolivia.

Efectivamente, en los tratados suscritos en La Paz el 29 de marzo de 1958 por los cancilleres Manuel BarrauPealez de Bolivia y José Carlos de Macedo Soares de Brasil, también conocidos como los Acuerdos de Roboré, por haberse definido en aquella localidad boliviana su contenido, Bolivia consiguió, entre otras cosas, recuperar cerca de 2.500 kilómetros cuadrados de territorio en el sector de Río Verde - 4 Hermanos, que habían sido cedidos bajo presiones mediante el Tratado de Natal de 1928. 

Los antecedentes, pormenores y proyecciones de ese importante logro, que fue la única recuperación territorial que consiguió Bolivia en todo el siglo XX y que se constituye en uno de los antecedentes de la venta de gas al Brasil, fueron recogidos y documentados por Escobari en su laureado libro Brasil y el Petróleo Boliviano. Los acuerdos de Robore – la venta del gas (1961 y 1985). 

En 1964, cuando nuestro personaje cumplía las funciones de embajador de Bolivia en Colombia, le tocó protagonizar una fuerte polémica con su par chileno, Juan Smitmans López, de la cual pudo salir airoso según los reportes y testimonios de la época. 

En efecto, tras la publicación del libro El Derecho al mar (1964) de Escobari, los festejos por la “Semana del mar boliviano” que organizó la Embajada de Bolivia en el mes de marzo y el apoyo que en esos momentos recibió la causa marítima boliviana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el embajador chileno decidió publicar un comunicado en la prensa colombiana que dio inicio a un interesante debate que, a pesar de la pasión con la que fue encarado, se desarrolló con altura y donaire, tanto así que los periódicos bogotanos La  República y el Siglo se refirieron al mismo como “Ejemplar debate boliviano-chileno” y “Un diálogo de altura”, respectivamente. 

Ese  debate se realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá el 29 de abril de 1964 ante cientos de espectadores. A pesar de que había más chilenos que bolivianos, la audiencia local terminó aplaudiendo y vitoreando más al embajador boliviano, tal como se puede oír en el registro magnetofónico de la ocasión. 

“Recuerdo con inmensa emoción el momento en que, concluido el debate, en circunstancias en que el embajador de Chile abandonara el escenario, los miembros de la colonia boliviana en Bogotá se constituyeron en ese escenario para abrazarme efusivamente y entonar todos juntos el Himno Nacional de Bolivia”, relató Escobari algunos años más tarde. 

Acto seguido, con el propósito de impedir que JEC continúe recabando apoyos para la causa marítima boliviana, Smitmans intentó interrumpir una conferencia que Escobari estaba dictando en la Sociedad Bolivariana de Colombia, sobre “El Libertador y el mar de Bolivia”, provocando la molestia de los organizadores, que terminaron expulsándolo del lugar, en medio de fuertes abucheos. 

Así terminó la encendida polémica Escobari-Smitmans, cuyo resultado fue ilustrado en el periódico c, que muestra a nuestro recordado personaje como un boxeador victorioso. 

Como canciller del gobierno transitorio de Padilla, que había tomado el poder tras el fraude electoral y el golpe de Estado de su antecesor en el cargo, Escobari inició la adhesión de Bolivia al Movimiento de Países no Alineados, que durante los años 80 se pronunciaría varias veces a favor de la causa marítima boliviana.

Coordinó las acciones del Pacto Andino sobre la crisis nicaragüense que estalló en esos momentos con la revolución sandinista, lo cual le valió sendos elogios y condecoraciones; instituyó la Comisión Nacional Preparatoria encargada de organizar la célebre IX Asamblea General de la OEA, en la que, meses después, el problema marítimo boliviano sería consagrado como “un asunto de interés hemisférico permanente”; y delineó una doctrina que se convertiría prácticamente en una política de Estado, al sostener que para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, es necesario levantar previamente el enclaustramiento geográfico boliviano. 

Al final de su carrera, Escobari incursionó decididamente en la política, participando como candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 1989 por el partido Conciencia de Patria (CONDEPA) del compadre Carlos Palenque. En esa ocasión, la fórmula Palenque-Escobari obtuvo un impresionante primer lugar en el Departamento de La Paz que, a su vez, le permitió acceder al Parlamento como primer senador por La Paz (1989-1993), donde fue homenajeado el 16 de agosto de 1990.    

Poco antes de morir, alcanzó a publicar la quinta edición de su obra culmine, Historia Diplomática de Bolivia (2000), que fue reeditada póstumamente en 2013 por su hija Laura, y su orgulloso nieto, quien escribe.

La llegada de Evo Morales a la Argentina

Después de casi un mes en México y de un breve paso por Cuba, Evo Morales llegó a la Argentina en calidad de asilado y con la intención de permanecer en ese país como refugiado. Esta entrevista se desarrolló el mismo día en que Morales arribó a territorio argentino cuando aún no se sabía si continuaría emitiendo declaraciones de carácter político, porque el Canciller argentino le había pedido no hacerlo.

En Claroscuro de RTP, 12/12/2019

El asilo mexicano de los líderes del MAS

Como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia 

Por Andrés Guzmán Escobari

Publicado en Página Siete 

En una reacción indudablemente temeraria, el gobierno de México decidió conceder asilo territorial y diplomático a los más altos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido político que gobernó Bolivia durante casi 14 años y que hizo un fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre pasado, con el propósito de quedarse cinco años más. Unos, los más importantes, en tierras mexicanas y los otros, alrededor de 30 personas, en la Embajada de México en La Paz.

De acuerdo a las explicaciones que ofreció el Canciller de ese país, Marcelo Ebrad, quien evitó referirse al fraude, el asilo del expresidente Evo Morales fue otorgado por “razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta hoy en Bolivia, donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Aunque Ebrad no explicó por qué consideraba que la vida e integridad del exmandatario corrían riesgo, muy posiblemente se basó en las dos mismas excusas que arguyó Morales, a través de Twitter, al momento de abandonar el país: 1) que un policía había anunciado públicamente que tenía instrucciones de arrestarlo, lo cual fue desmentido después por el Comandante General de la Policía Boliviana, y 2) que grupos violentos habían asaltado su domicilio en Cochabamba, lo que si bien era cierto, no ponía en riesgo ni su vida ni su integridad.  

Pese a que no existían motivos jurídicamente válidos para otorgar asilo territorial, porque Morales no era un perseguido político; sí existían y aún existen otros motivos en la política interna mexicana que podrían ayudarnos a comprender esta decisión. Nos referimos específicamente a los problemas que México enfrenta desde hace varios años y que se han agudizado en el último tiempo, como el estancamiento económico, la inmigración, el narcotráfico y la inseguridad, entre otros; que debieron haber empujado a las autoridades mexicanas, tal como lo han afirmado algunos analistas de ese país, a utilizar el asilo del expresidente boliviano como una medida distractiva.

Las críticas en Bolivia y México fueron feroces, no sólo porque estaban asilando a un hombre que había protagonizado un fraude electoral, que fue demostrado palmariamente por la auditoria de la OEA y por otras investigaciones independientes; sino porque además se trataba de un personaje que cuando fue presidente no respetó el resultado de un referéndum vinculante y que si bien se mostraba como un defensor de los pueblos indígenas y de la madre tierra, había violado flagrantemente los derechos de ambos, tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, con sede en Bonn – Alemania, el 15 de mayo de 2019, después de analizar el caso del TIPNIS.  

Además, como Morales salió de Bolivia sin que la Asamblea Legislativa acepte o rechace su renuncia, México se convirtió automáticamente en cómplice del vacío de poder que se generó en Bolivia después de que un avión de su Fuerza Aérea se llevara al presidente y al vicepresidente del Estado, y los presidentes de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa también presentaran su renuncia. Esas acciones no sólo contravenían lo que dispone la Constitución boliviana (artículos 169-171), sino que también representaban una gran irresponsabilidad con el país que se quedó varias horas sin autoridades, justamente en un momento de alta convulsión, violencia y vandalismo.

Por si fuera poco, una vez en México y en clara transgresión al derecho de asilo, Evo continuó agitando al país mediante mensajes públicos y privados, en los que convoca a sus seguidores a mantener las movilizaciones en contra del “golpe de Estado”, llegando incluso a instruir que se deje sin comida a las ciudades. Esto último a través de una conversación telefónica que el expresidente mantuvo desde México con Faustino Yucra, un narco-militante del MAS y prófugo de la justicia boliviana desde el 2016. La grabación de esa controvertida conversación, en la que se reconoce claramente la voz de Morales, está siendo utilizada por el actual gobierno transitorio de Bolivia para demandar al exmandatario ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por el delito de privar de alimentos a la población de las ciudades en grado de tentativa, que está codificado en el Estatuto de Roma de 1998 como un crimen de lesa humanidad.

En relación a los exministros, parlamentarios y dirigentes del MAS que recibieron asilo diplomático en la Embajada de México, también se ha generado controversia y un fuerte impase entre los dos gobiernos, porque cinco de ellos están siendo buscados por la justicia boliviana debido a su vinculación con delitos de sedición, terrorismo, instigación a delinquir, fraude electoral y otros. No obstante, a pesar de que la Cancillería boliviana solicitó la entrega de dichas personas y anunció que no emitirá los respectivos salvoconductos, el gobierno mexicano decidió seguir protegiéndolas y seguramente tendrá que hacerlo durante mucho tiempo más.

Al respecto, también llamó la atención que algunos de los asilados entren y salgan de la Embajada mexicana como si se tratara de un hotel y no de una sede diplomática que está amparada por las normas internacionales de asilo y que, en cualquier caso, merece más respeto.

Con todo, resulta realmente sorpresivo el decidido apoyo y protección que el gobierno de la 4T le otorga a los líderes del MAS, pues contrasta con la actitud mucho más cautelosa y prudente que ese mismo gobierno adoptó frente al caso de la crisis venezolana, donde a pesar de haber favorecido a la dictadura de Nicolás Maduro con una postura supuestamente neutral, nunca tomó acciones tan decididas y directas. Pero además, esa actitud de encubrimiento y complicidad con los líderes masistas, también contrasta con la tradicional política mexicana de asilo, muy respetuosa de las formas y de la costumbre internacional, que nos vuelve a llevar a la hipótesis del intento por distraer la atención de los problemas internos y que indirectamente implica un lamentable abandono de la doctrina Estrada.

La inclusión del indio

Con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios"

Uno de los pocos avances que logró el gobierno del Movimiento al Socialismo, sino el único, fue la inclusión social de los grupos tradicionalmente marginados de la política y de la sociedad boliviana.

No es exagerado decir que en estos últimos 14 años, muchos campesinos, indígenas, obreros y otros, se sintieron verdaderamente empoderados y por primera vez bienvenidos no solo en la política, sino también en lugares antes reservados exclusivamente para las clases altas, como centros comerciales, gimnasios, restaurantes y otros.

Ese proceso de inclusión social que hoy es una realidad innegable y afortunadamente también irreversible, vino acompañado de una evidente y necesaria disminución de la discriminación y del racismo, que antes eran prácticas muy comunes y hasta socialmente "aceptadas" por algunos grupos y castas familiares.

Por esos motivos, llama poderosamente la atención que el ex vicepresidente, Alvaro García Linera, publique un artículo desde su exilio en México, intitulado "El odio al indio", en el que pone en duda todos estos avances.

En efecto, con la clara intención de justificar su cobarde huida del país, García Linera acusa a "las clases medias urbanas" de haber incubando un "odio racial" de tipo "fasista" en contra de "los indios", "las mujeres de pollera" y "los campesinos".

De acuerdo a su interpretación, ese “odio racial” se debe al rechazo de las clases medias urbanas a la “democracia sustancial” y a la "igualación social" que habría promovido el gobierno del MAS y también a una suerte de retorno a lo fue “una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas".

Sin embargo, si esto fuera cierto, si habría “un odio racial” de los citadinos en contra de los indígenas y campesinos, entonces el MAS también habría fracasado en consolidar esa inclusión social que, insisto, fue de lo poco que creímos que habían dejado.

De hecho, al contextualizar y contrastar lo que dice el artículo de referencia con lo que hemos vivido los bolivianos en el último tiempo en términos de inclusión e integración social, con una evidente mayor participación de los históricamente excluidos en las grandes decisiones del país y en la vida en sociedad, podemos concluir que todas esas conquistas, no se lograron gracias al MAS, sino a pesar del MAS.

Ciertamente, aunque la propaganda oficialista efectivamente nos vendía la imagen de un gobierno integrador, liderado por un indígena defensor de los derechos de los marginados y de la madre tierra, en el fondo la estrategia del gobierno de la MAS era dividir e incendiar.

A un año del fallo de La Haya

Tras un año de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso "Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico. Bolivia v. Chile", se realizó un análisis de la situación en las siguientes entrevistas, en las que tuve el honor de compartir criterios por un lado con la reconocida académica Karen Longaric y por el otro con el analista Yerko Ilic y el abogado Iván Lima.   

En el café de la mañana de FIDES, 01/10/2019

En dos tercios de Erbol, 29/09/2019 

El cumplimiento de los ODS en Bolivia

Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. 

Por Andrés Guzmán Escobari 

Publicado en Página Siete

Desde 2006, Bolivia ha procurado adoptar un papel activo en la lucha global contra el cambio climático, tratando de posicionarse como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, este enfoque ha estado marcado por una retórica confrontacional y una falta de coherencia entre el discurso internacional y las políticas internas. A pesar de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 y haber mantenido una participación continua en las Conferencias de las Partes (COP), así como de adherirse al Acuerdo de París en 2016, Bolivia enfrenta el desafío de alinear su política exterior con acciones concretas que promuevan un desarrollo sostenible y reduzcan su vulnerabilidad climática. En la siguientes líneas se examinan las etapas de la política climática boliviana desde 2006, desde el punto de vista del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con base en el informe global de 2018.

Entre 2006 y 2011, la política exterior boliviana se caracterizó por un discurso radical que identificaba al capitalismo como la raíz del cambio climático. Este enfoque, aunque tuvo aceptación en ciertos círculos del ámbito regional, no se tradujo en acciones efectivas a nivel interno. Bolivia se opuso firmemente a los mecanismos de mercado, como los derechos de emisión de CO2, argumentando que mercantilizaban la naturaleza. Sin embargo, esta postura no estuvo acompañada de una estrategia clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ni para diversificar su economía, altamente dependiente de la explotación de recursos naturales. Durante negociaciones como la COP15 (Copenhague, 2009) y la COP16 (Cancún, 2010), Bolivia adoptó una postura agresiva, criticando a los países desarrollados por su falta de responsabilidad climática. Aunque logró apoyo de algunos países aliados, su enfoque confrontacional terminó aislándola y limitando su capacidad de influencia.

A partir de 2012, Bolivia ingresó en una nueva etapa, moderó su retórica, pero mantuvo su enfoque en la justicia climática y la defensa de los países más vulnerables. Sin embargo, persistieron las contradicciones entre su discurso internacional y sus políticas internas. Mientras el gobierno promovía la expansión de la frontera agrícola, la industrialización de los recursos naturales y la explotación del gas natural y el litio, su discurso en foros internacionales criticaba el extractivismo y abogaba por un modelo de desarrollo sostenible. La contradicción se profundizó con las quemas y desmontes en la Chiquitania, la depredación aurífera en áreas protegidas y los conflictos con comunidades originarias. Estos hechos erosionaron la credibilidad de la política climática boliviana.

El Informe de Desarrollo Sostenible 2018 ofrece un marco global para evaluar los avances de Bolivia en los ODS. En materia de cambio climático (ODS 13), la situación es crítica: las emisiones globales siguen aumentando, y Bolivia es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones. En biodiversidad (ODS 15), la deforestación y la pérdida de hábitats siguen siendo preocupantes, particularmente en la Amazonía y la Chiquitania. En energía (ODS 7), si bien Bolivia ha logrado avances en el acceso a la electricidad, la transición hacia fuentes renovables es aún limitada. En agua y saneamiento (ODS 6), persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales. En reducción de la pobreza (ODS 1) y hambre cero (ODS 2), Bolivia mostró progresos, pero la vulnerabilidad climática amenaza con revertir estos logros.

La adhesión de Bolivia al Acuerdo de París en 2016 representó un paso importante, pero no resolvió las contradicciones estructurales de su política climática. El país defendió en las COPs un enfoque de justicia climática, resaltando la responsabilidad histórica de los países desarrollados. Sin embargo, la falta de políticas domésticas para reducir emisiones y mitigar la deforestación debilitó la coherencia de su postura. La resistencia a los mecanismos de mercado, respaldada por la Ley de Derechos de la Madre Tierra, cerró la puerta a fuentes de financiamiento climático que podrían haber apoyado proyectos de adaptación y mitigación.

Bolivia ha construido un discurso internacional singular, basado en la defensa de la Madre Tierra como sujeto de derechos. Este enfoque, plasmado en la Constitución de 2009 y en la Ley N.º 71, es innovador en el plano normativo. Sin embargo, la implementación práctica ha sido deficiente. La contradicción entre un marco legal avanzado y una política económica basada en el extractivismo expone la fragilidad de la gobernanza ambiental en Bolivia. El país se enfrenta a un dilema: sostener un discurso de justicia climática mientras su modelo de desarrollo reproduce los patrones que critica.

Actualmente, Bolivia se encuentra en una encrucijada en su política climática. Por un lado, ha ganado visibilidad internacional como defensora de la justicia climática y los derechos de la Madre Tierra. Por otro, sus acciones internas reflejan una dependencia persistente del extractivismo, la expansión agrícola y la deforestación. El cumplimiento de los ODS requiere una transformación profunda de su modelo de desarrollo, que integre conservación ambiental, diversificación económica y fortalecimiento institucional. La credibilidad internacional de Bolivia dependerá de su capacidad de pasar del discurso a la implementación real de políticas climáticas efectivas, capaces de proteger tanto a su población como a la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Solo así podrá contribuir de manera coherente a la lucha global contra el cambio climático y avanzar hacia las metas de la Agenda 2030.