El libre tránsito de Bolivia y el Ferrocarril Arica - La Paz

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE)

Hace unas semanas, la historiadora chilena, Dra. Loreto Correa Vera, a quien conozco personalmente y respeto mucho, publicó en este mismo espacio (Opinión de la Revista ANEPE) un artículo titulado “Anuncios de guerra y las obstrucciones al libre transito” referido a una columna de opinión escrita por el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima de Bolivia – DIREMAR, Dr. Juan Lanchipa Ponce, y el autor de estas líneas. En la cual, nos permitimos comentar las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Chile en relación a su política de defensa, y criticamos la contradicción que representa que se afirme repetitivamente que debemos respetar los tratados y, al mismo tiempo, se incumplan los acuerdos bilaterales.

La Dra. Correa evitó referirse al primer tema, pero aseguró que “se pretende inducir a error a la opinión pública boliviana” con el segundo debido a que ella habría comprobado en el puerto de Arica la falsedad de la siguiente afirmación nuestra: “Las obstrucciones al libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica–La Paz sonmuestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud contradictoria”.

Primero debo aclarar que al igual que Loreto, considero que el único tema constructivo que podemos tratar en estos momentos, marcados por la agresividad discursiva de nuestros gobernantes; es cómo mejorar los flujos comerciales de Bolivia por territorio y puertos chilenos, porque es un asunto que conviene a los dos países y que, evidentemente, tiene muchos problemas.

Asimismo, cabe advertir que la intención de este artículo es precisar algunas cuestiones con las que se inició el debate y hacer conocer a la opinión pública chilena, en la medida de lo posible, cuál es la visión que tenemos en Bolivia sobre estos temas y cuáles son las acciones que nuestras autoridades deberían tomar desde nuestro punto de vista que, valga aclarar, tiene mucho en común con lo que plantea Loreto.

Como el origen de la afirmación transcrita es primordialmente jurídico, pues se refiere al cumplimiento de dos aspectos esenciales del Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, como son el libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos y el funcionamiento del ferrocarril Arica – La Paz; a continuación se presentan algunas consideraciones de índole jurídica, que pueden contribuir a entender el porqué de nuestras afirmaciones.

Como es sabido, el libre tránsito fue concedido por el gobierno de Chile al de Bolivia a través del Tratado de 1904 (artículo 6) y reglamentado a través de los acuerdos complementarios de 1912, 1937, 1953 y 1996. Adicionalmente, en 1975 se adoptó el Sistema Integrado de Tránsito para el puerto de Arica y,  en el ámbito multilateral, Chile se comprometió a cumplir la Convención de Naciones Unidas sobre el transito de los Estados sin Litoral de 1965 y la Declaración de Almaty de 2003.

En ese sentido, el mayor problema se produce en los puertos chilenos porque desde que estos pasaron a manos privadas al comenzar este siglo, el sistema normado por los acuerdos mencionados y también por el derecho consuetudinario, se ha desconfigurado totalmente. Un primer aspecto tiene que ver con la falta de un acuerdo escrito entre el nuevo garante de libre tránsito de Bolivia, representado por las empresas privadas que operan los puertos chilenos, y el Estado boliviano. Por su parte Chile sostiene que no es necesario suscribir un nuevo acuerdo porque existe una representación estatal chilena en los puertos encargada de ese cumplimiento (EPA); sin embargo, el paso del tiempo (Antofagasta desde 2003 y Arica desde 2004), ha hecho cada vez más evidente la necesidad de fijar las tarifas y establecer los procedimientos claramente a través de un convenio específico entre el encargado del puerto y el beneficiario del libre tránsito. Por otra parte, Bolivia se rehúsa a suscribir cualquier documento con las empresas privadas (TPA en Arica y ATI en Antofagasta), porque con ello validaría la legalidad de su administración que, valga recordar, nunca fue reconocida por el Estado boliviano.

La falta de un convenio específico ha dado lugar a varias irregularidades y a un constante aumento de las tarifas portuarias. La Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) es el agente aduanero boliviano que cobra a los usuarios y paga a los concesionarios privados de cada puerto y, tal como afirma Loreto, obtiene utilidades injustificablemente altas en relación a los cobros que realizan las empresas privadas. Sin embargo, no es cierto que cobre por almacenaje ni que sus precios no estén estandarizados. De hecho,  las tarifas de la ASP-B fueron fijadas en 2005 a través de la Resolución 494 del Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia y desde entonces no se han modificado (las variaciones son consecuencia del aumento de las tarifas que cobran los concesionarios privados). No obstante, lo aludido por la académica chilena apunta a un aspecto clave, cual es la necesidad de formalizar dichas tarifas entre las partes involucradas.

Por otra parte, los incumplimientos a los acuerdos bilaterales que norman el libre tránsito y que se han producido con mayor frecuencia desde que se privatizaron los puertos chilenos, le dan sentido a la posición de Bolivia; porque si bien es cierto que gracias a la administración privada hubo mejoras en la infraestructura y el equipamiento de las terminales portuarias, es también evidente que Chile no ha garantizado el derecho de libre tránsito boliviano en los términos convenidos. El mayor número de interrupciones de los servicios portuarios ocasionado por los constantes paros y huelgas de los trabajadores que exigen una mejor administración (véase anexos), representa una inobservancia a la Convención sobre Tránsito Comercial de 16 de agosto de 1937 que obliga al Estado chileno a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción alguna” (artículo 1).

Es evidente que los paros y huelgas son algo casi inevitable, eso lo sabemos muy bien los bolivianos. Sin embargo, en términos estrictamente jurídicos, las interrupciones son una clara transgresión a lo convenido en 1937.

Asimismo, debido a que las privatizaciones establecieron un monopolio en la operación de las terminales portuarias, las empresas privadas que operan los puertos de Arica (TPA) y Antofagasta (ATI) han usurpado funciones que, de acuerdo a la Convención de 1937, le corresponden exclusivamente a la ASP-B. En efecto, según esa convención, una vez desembarcada la carga en los muelles, ésta debe ser “entregada por las Aduanas de Chile a los personeros de la Agencia Aduanera de Bolivia” (artículo 4/d). Sin embargo, en la práctica, eso no se cumple porque ni la TPA ni la ATI entregan la mercadería a la ASP-B en ningún momento.  

A modo de complementar los datos presentados por Loreto, cabe señalar que la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI), ha estado cobrando hace algunos años por almacenaje a los comerciantes bolivianos, a pesar del compromiso asumido por el gobierno de Chile de exonerar de ese pago a las mercaderías bolivianas de importación que permanecen en aduanas chilenas menos de un año según la Convención sobre Tráfico de 6 de agosto de 1912 (artículo 12) y de dar ese mismo trato hasta por 60 días a las cargas de exportación de acuerdo al Acta de Viña del Mar de 1996. Si bien es cierto que las cargas bolivianas también pueden ser almacenadas sin costo en los depósitos del Estado chileno que se encuentran en ese mismo puerto, cabe aclarar que el transporte desde los muelles hasta los almacenes estatales tiene un costo adicional de casi 100 dólares y que los acuerdos mencionados no hacen ninguna excepción que permita el cobro por almacenaje.

En cuanto a las exportaciones bolivianas existe una contradicción entre lo que dicen los acuerdos y lo que ocurre en la práctica porque mediante del Tratado de 1904 (artículo 10), Chile se comprometió a permitir el despacho de las mercaderías “sin otra formalidad” que la de presentar guías franqueadas a los agentes aduaneros y a través de la Declaración de 1953 se obligó a entregar a los agentes aduaneros bolivianos todas las cargas que arriben a puerto chileno desde Bolivia “sin que (dicha carga) pueda ser interferida por autoridad alguna” (artículo 1). No obstante, en la práctica, el Servicio Agrícola Ganadero de Chile exige una serie de requisitos específicos a los productos agrícolas, forestales y agrarios provenientes de Bolivia y asimismo, Carabineros de Chile, exigen a todas las empresas exportadoras bolivianas una cantidad importante de documentación para comprobar sus posibles vínculos con el narcotráfico y, con el mismo propósito, realizan inspecciones (aforos físicos) a ciertas cargas que se seleccionan aleatoriamente. Entendemos la importancia de estas medidas y apoyamos su aplicación, sin embargo, en términos jurídicos vemos que no se está cumpliendo lo acordado.

En la misma línea, el anuncio que hicieron las autoridades chilenas de relocalizar las oficinas de la ASP-B de los puertos a recintos extra-portuarios, debido a la falta de espacio dentro de las terminales portuarias, se podría convertir en otro incumplimiento al Tratado de 1904 porque éste establece claramente que Bolivia “tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio” (artículo 7). Es decir que la autorización de establecer oficinas aduaneras fue otorgada no fuera ni cerca de los puertos sino dentro de los mismos, lo cual además fue ratificado en las Convenciones de 1912 (artículo 13) y de 1937 (artículo 2). 

Finalmente, en cuanto al Ferrocarril Arica – La Paz que realizó muy pocos viajes a partir de 2001 y que desde 2005 se encuentra completamente paralizado, debemos aclarar que nunca fue administrado por una empresa boliviana como sugiere Loreto, sino que el gerente de la empresa a la cual se delegó la responsabilidad de administrarlo en el lado chileno, era boliviano. Pero más importante que la nacionalidad de las personas que llevaron a la quiebra a esa empresa, es la obligación de asegurar el libre tráfico del ferrocarril  “a perpetuidad” establecida de mutuo acuerdo en la Convención para la Construcción y Explotación del Ferrocarril de Arica a La Paz de 27 de junio de 1905 (artículo 12). Por tanto, el hecho de que ese tren se encuentre paralizado en su tramo Arica – Visviri, es inobjetablemente otro incumplimiento a lo acordado.

Por todo lo dicho, resulta no sólo necesario sino urgente modificar, actualizar y adaptar la legislación que norma el libre tránsito de Bolivia por puertos chilenos y asimismo, una vez que se reponga el funcionamiento del  Ferrocarril Arica – La Paz, habrá que aprovechar ese impulso para desarrollar no sólo el comercio boliviano en territorio y puertos chilenos, sino también otros proyectos que beneficien a nuestros pueblos.

Anexos

TITULARES DE LA PRENSA SOBRE LOS PAROS EN EL PUERTO DE ARICA

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N°	TÍTULO	Duración del paro (días)	FUENTE	FECHA
				Día	Mes	Año
1	400 camiones bolivianos se encuentran varados en el puerto de Arica	7	Bolpress	28	10	2003
1	Fuerte queja del gobierno boliviano a Chile por huelga en puerto	7	El Mercurio	16	Abr	2004
	Autoridades se comprometen a que desde mañana funcione el puerto de Arica		El Mercurio	18	Abr	2004
2	Incidente portuario	1	El Mercurio	11	Feb	2005
3	Sigue paro de portuarios en Arica	3	El Mercurio	16	May	2007
4	Portuarios ariqueños terminaron su movilización	10	Coperativa.cl	13	Nov	2008
5	Arica y Antofagasta se sumarán este jueves al paro de trabajadores portuarios	2	Coperativa.cl	16	Feb	2012
TOTAL		31

TITULARES DE LA PRENSA SOBRE LOS PAROS EN EL PUERTO DE ANTOFAGASTA

(Haga clic en la fuente para leer la noticia completa) 

N°	TÍTULO	Duración del paro en días	FUENTE	FECHA
				Día	Mes	Año
1	Atrasos en aduanas por paro de funcionarios	1	El Mercurio de Antofagasta	23	Abr	2005
2	El paro de mayor riesgo para Segunda Región	1	El Mercurio de Antofagasta	08	Jun	2008
3	Trabajadores del puerto de Antofagasta inician paro y exigen mejoras salariales	7	La Tercera	15	Oct	2008
	Continúa paro en el Puerto de Antofagasta		El Mercurio de Antofagasta	22	Oct	2008
4	Trabajadores del puerto de Antofagasta retomaron el paro	2	Cooperativa.cl	23	Oct	2008
	Finaliza paro en Puerto Antofagasta		Mundo Marítimo	24	Oct	2008
5	Puerto de Antofagasta cumple 14 días sin operaciones	14	El Mercurio de Antofagasta	06	10	2009
6	ITI rechaza paro por detener actividades portuarias	1	Mundo Marítimo	20	Feb	2012
TOTAL		26

Evo y Chile, de la cordialidad a la agresividad

ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS DE LA MONEDA

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Desde que Evo Morales asumió la presidencia, se han producido cambios radicales en nuestras relaciones con Chile, pasando de una inédita etapa de cordialidad con la administración de Michel Bachelet a un periodo de tensa agresividad discursiva con el gobierno de Sebastián Piñera. Y todo ello, no sólo por la improvisación que demuestran nuestras autoridades en la aplicación de una estrategia de reintegración marítima sino, sobre todo, por el cambio sustancial en la política exterior chilena hacia Bolivia que, a partir de marzo de 2010, pasó de una postura conciliadora concebida desde la centroizquierda a una posición intransigente y agresiva aplicada por la derecha.

Muchos dicen que las relaciones internacionales del Estado chileno son manejadas desde el Edificio Carrera como una política de Estado invariable y coherente. Sin embargo, en la práctica, eso no es así, o al menos, no con Bolivia. De hecho, existen serias contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace que demuestran que el actual gobierno de La Moneda no tiene el más mínimo interés por mejorar sus relaciones con nuestro país. La prueba más clara de ello es que las autoridades chilenas repiten en todas y cada una de sus declaraciones que debemos respetar los tratados pero, al mismo tiempo, ellos incumplen flagrantemente varios acuerdos bilaterales.

Al respecto, sería mucho más interesante y, en mi opinión, efectivo que, en lugar de emplazar al gobierno chileno en los foros internacionales para que nos devuelva el mar y de exigirle la renegociación del Tratado de 1904; se plantee esas mismas ideas en términos respetuosos y fundamentados. Es decir, explicando en un tono cortés cuáles son los acuerdos y artículos específicos que Chile incumple. Lo cual, además de mejorar la imagen internacional de nuestro gobierno, podría poner en verdaderos aprietos a los representantes de La Moneda, que se verían obligados a dar respuesta a los argumentos bolivianos en los términos que corresponde.  

¿Por qué nunca se dice por ejemplo que Chile se comprometió a asegurar el libre tráfico del Ferrocarril Arica – La Paz “a perpetuidad” al suscribir con Bolivia la Convención de 1905 (artículo 12) y que hoy ese tren se encuentra paralizado en el lado chileno hace casi una década?¿Por qué no se menciona que los paros y huelgas en los puertos de Arica y Antofagasta han aumentado considerablemente desde que dichas terminales portuarias pasaron a manos privadas, y eso, a pesar de que Chile se obligó a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción alguna” mediante la Convención de 1937 (artículo 1)?¿Por qué sólo el Vicecanciller dijo una vez que la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta (ATI), ha estado cobrando por almacenaje a las cargas bolivianas que permanecen en aduanas chilenas menos de un año, aun cuando la Convención de 1912 (artículo 12) obliga a las autoridades chilenas a mantener la gratuidad de ese servicio?¿Por qué no se señala más enfáticamente que la empresa privada que opera el puerto de Arica (TPA), ha estado usurpando funciones que, de acuerdo a la Convención de 1937 (artículo 4/d), le corresponden exclusivamente a la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)? 

Si se hiciera mención a estos hechos y a los acuerdos y artículos citados que, valga aclarar, son complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904; no se daría lugar a que las autoridades chilenas respondan con amenazas, sino que tendrían que justificar sus acciones en relación al cumplimiento de los acuerdos bilaterales.

Cualquier chileno medianamente informado seguramente diría que Evo Morales fue quien llevó  las cosas donde están al anunciar que demandaría a Chile ante la justicia internacional. Sin embargo, hay que considerar dos aspectos muy importantes que los analistas del vecino país parecen olvidar a la hora de comentar estos hechos. El primero es que el gobierno de Piñera interrumpió los encuentros que se venían realizando en el marco de la Agenda de 13 puntos y después, nunca propuso una nueva fecha para proseguir las conversaciones en la reunión que, de acuerdo a lo convenido, se tenía que proponer soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo. El segundo aspecto, es lo extraño que resulta que el gobierno chileno sea capaz de mantener buenas relaciones con Perú, a pesar de la demanda que este último país interpuso en su contra ante la Corte Internacional de Justicia, y no pueda hacer lo mismo con Bolivia.  

Otra interpretación errónea y que también se ha difundido mucho en Chile, es que los gobernantes bolivianos utilizan el tema del mar para aumentar su respaldo popular, especialmente cuando el país atraviesa periodos de crisis. No obstante, si observamos las encuestas de popularidad de los Mandatarios bolivianos en los últimos años y los momentos en que se llevó el tema marítimo a los foros internacionales; podemos comprobar que esa afirmación no es cierta. Evo Morales, quien es el que más se ha referido a este tema en el ámbito multilateral, mantuvo desde un principio un amplio apoyo del pueblo boliviano; igualmente, cuando Carlos Mesa llevó este asunto a la Cumbre de Monterrey (2004), su respaldo popular sobrepasaba el 70%; y por otra parte, Gonzalo Sánchez de Lozada, a pesar de encontrarse muy abajo en las encuestas de popularidad (2003), incluso peor que Piñera, nunca utilizó el tema marítimo para conseguir mayor apoyo.  

Pero volviendo a nuestros días, las palabras del Presidente Morales, por más indignantes que resulten para las autoridades chilenas, no pueden en ningún caso justificar las amenazas. Las actuales autoridades de Chile deben tener presente que su país suscribió sendos compromisos en el pasado que prohíben recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, entre los cuales destacan los convenios alcanzados en la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washington, las notas reversales intercambiadas con Bolivia en 1941, y las Cartas de la ONU y de la OEA suscritas en 1945 y 1948 respectivamente.  

En ese sentido, no se entiende por qué el Canciller Alfredo Moreno asegura que nuestro país “sufrirá las consecuencias” si decide finalmente judicializar el tema marítimo; o por qué el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, advierte con que las FF.AA. de Chile están en condiciones de “hacer respetar los tratados”; o por qué el Presidente Piñera afirma que defenderá “con toda la fuerza del mundo” la soberanía chilena, cuando no existe ninguna amenaza sobre la integridad territorial de su país. Asimismo, tampoco es comprensible que la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (2012 – 2024), que Piñera presentó al Senado de Chile, inicialmente como una versión final; contenga referencias sobre la posibilidad de un conflicto interestatal por agua dulce y luego, en su página 10, señale textualmente: “resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Lo cual debería alarmarnos, porque Bolivia es el único país que podría proveer de recursos hídricos a las regiones desérticas de Chile y es por tanto, el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados.

Por todo esto, esperamos que ambos gobiernos disminuyan la estridencia de sus discursos y se esfuercen por recomponer las relaciones a un nivel de cordialidad que nos permita alcanzar un futuro de integración y cooperación en el que se pueda resolver los temas que por tanto tiempo nos han distanciado. 

Nueva amenaza de Chile

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Las primeras repercusiones que causaron los discursos del Presidente de Bolivia y del Canciller chileno en la última Asamblea General de la ONU, coinciden en señalar un atrincheramiento de posturas en relación al problema marítimo boliviano en ambos lados de la frontera porque, en resumidas cuentas, Bolivia vuelve a quejarse ante la comunidad internacional del problema que genera su situación de enclaustramiento geográfico y Chile responde, una vez más, que nuestro país carece de derecho para reclamar una salida soberana al mar.

Si bien a grandes rasgos esa interpretación es correcta, el actual gobierno de La Moneda le añadió un toque de agresividad a su postura tradicional que sólo se había visto en los tiempos de Toribio Merino, Conrado Ríos Gallardo o Abraham Köning, entre otros. En efecto, después de que el Presidente Morales anunció su intención de judicializar el problema marítimo boliviano, las autoridades chilenas decidieron endurecer su discurso a tal punto que han llegado a proferir serias amenazas contra Bolivia.

A poco del célebre anuncio de 23 de marzo de 2011, el Canciller de Chile dijo que Bolivia “sufrirá las consecuencias” por tal decisión; luego, el Ministro de Defensa amenazó con utilizar las FF.AA. para “hacer respetar los tratados” en alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Seguidamente, el Presidente Piñera puso en consideración del Senado chileno una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa que, si bien después dijo que era un borrador, en su página 10 dice literalmente que “resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”, lo cual representa una clara amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos hídricos a las regiones desérticas de Chile y por tanto, el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados.

Finalmente, en respuesta al emplazamiento que hizo Evo Morales a Chile en la Asamblea General de la ONU para resolver el diferendo marítimo a través de mecanismos pacíficos, Piñera decidió amenazar nuevamente a Bolivia al decir que va a defender “con toda la fuerza del mundo” el territorio y la soberanía chilena, tal como si las declaraciones de Morales pusieran en riesgo la integridad territorial de su país. Al respecto, cabe recordar que la amenaza o el uso de la fuerza fueron proscritos de las relaciones interestatales hace mucho tiempo, la primera vez que Chile se comprometió a no utilizar ese medios fue en 1889 al suscribir los acuerdos de la Conferencia Panamericana celebrada ese año en Washington, luego lo hizo directamente con Bolivia al intercambiar las notas revérsales de 1941 y también al suscribir precisamente la Carta de la ONU en 1945 y la de la OEA en 1948. Por tanto, resulta inadmisible que en pleno siglo XXI el gobierno chileno se muestre tan belicoso y agresivo, y más aún ante la solicitud que hace Bolivia de resolver un largo y difícil problema, muchas veces reconocido por Chile, a través de medios pacíficos.

Ya antes el mismo Piñera había dicho que Chile “hará respetar los tratados”, sin embargo, en esta oportunidad, aclaró que utilizará “toda la fuerza del mundo”, lo cual, además de inaceptable y excesivo, es alarmante. 

Los bolivianos discuten y Chile se sigue armando

ANTE UNA NUEVA AGRESIÓN CHILENA
Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Hace tres semanas, el titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, publicó en Animal Político de La Razón un artículo referido a las recientes medidas adoptadas por el Gobierno de La Moneda con relación a su política de defensa. Específicamente se refirió a la nueva ley para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que aumenta la disponibilidad de recursos que tiene ese país para enfrentar una guerra; y a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD, 2012-2024), que devela los planes de Santiago para “anticiparse a una agresión armada”. Medidas que, en estos momentos, están siendo evaluadas por el Senado chileno para su aprobación y dictamen.
Lo que más me llamó la atención no fueron las alarmantes afirmaciones contenidas en esa publicación, ni mucho menos la vinculación que hicieron algunos analistas con un artículo mío publicado unos días antes, sino la mezquina y hasta irracional reacción de algunos sectores de nuestro país, principalmente de oposición, que, en su afán por criticar cualquier iniciativa del Gobierno, concentran sus diatribas en la forma cómo se hizo la denuncia y no en el fondo de la misma. Eso, sumado al enmudecimiento absoluto de “las autoridades competentes”, ocasionó que este gravísimo tema sea relegado a un segundo plano.

Es evidente que el mundo ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos en los que Chile acostumbraba enviar sus tropas a invadir Perú y Bolivia (1837, 1839, 1846, 1847, 1857 y 1879) y que en estos momentos sería mucho más difícil que el país del Mapocho inicie una guerra por el repudio internacional del cual sería objeto. No obstante, teniendo en cuenta el clima agresivo, belicoso y contrario al derecho internacional que se vive en ese país —ante la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia dictamine que Chile debe devolver territorios al Perú, lo cual ha sido ampliamente comentado por analistas de ambos países y corroborado por una encuesta de la Universidad Católica y Adimark, que señala que el 73% de los chilenos opina que no debe entregarse ningún territorio al Perú, aun cuando así lo disponga la Corte— debemos olvidarnos de las mezquindades políticas para rechazar unánimemente las medidas que actualmente evalúa el Senado de Chile.

Para nadie es desconocido que el Estado chileno destina desde hace varios años grandes sumas de dinero al potenciamiento de su fuerza militar. Tampoco es secreto que, en aplicación de la Hipótesis Vecinal Tres (HV3), que prevé un escenario de guerra en el cual Chile tendría que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos, el expresidente Augusto Pinochet modificó la Ley Reservada del Cobre 13.196, de 1958, para que el 10% de las exportaciones del cobre y sus derivados sea destinado directamente a la compra de armas. Norma que, por el incremento del precio del metal rojo en los últimos años, se ha traducido en un gasto promedio en armamento de 2.450 millones de dólares anuales entre 2001 y 2011, según datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, 2012).

La cifra proporcionada por Lanchipa, de cerca de 3.000 millones de dólares anuales en la última década, fue extraída de la página web del Ministerio de Defensa de Chile y corresponde al gasto total en defensa; es decir, además de la compra de armas, incluye también salarios, gastos operacionales, infraestructura y misiones militares en el exterior. No obstante, según el Instituto Internacional de Estudios de Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), que es una de las instituciones más serias y reconocidas sobre esta materia en el mundo, esa misma cifra habría alcanzado los 6.198 millones de dólares en 2011, que representa el 3,5% del PIB (Producto Interno Bruto) chileno, es decir, más de lo que Argentina, Bolivia y Perú gastaron en conjunto en ese mismo año, que habría sumado 5.485 millones de dólares, equivalentes a un promedio del 1,4% de su PIB.

Estas exorbitantes diferencias, que se han mantenido en los mismos rangos durante ya varios años, han permitido a Chile establecer una clara superioridad militar sobre sus vecinos y desarrollar una capacidad suficiente como para poder enfrentar exitosamente un escenario HV3. Esta situación, que coincide en el tiempo histórico con el posible rechazo de Santiago a un fallo desfavorable a sus intereses de parte de la Corte Internacional de Justicia y con la manifiesta ambición de La Moneda por incrementar el usufructo gratuito que hace de las aguas bolivianas (por ahora el Lauca, el Silala y el Caquena), plantea, sin lugar a dudas, enormes riesgos para Bolivia.

Respecto al usufructo de las aguas bolivianas, la ENSYD chilena contiene claras referencias a la posibilidad de iniciar un conflicto para asegurar el abastecimiento de “algunas regiones (de Chile que) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”. En efecto, en su página diez, ese documento señala: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.

Por tanto, si tenemos un vecino militarmente más poderoso, con antecedentes de violencia en contra nuestra, que deja ver su disconformidad con cualquier resultado desfavorable a sus intereses en el ámbito de la Justicia internacional y que dice estar dispuesto a “concebir un escenario de controversia” para asegurar su acceso al agua que se encuentra precisamente en nuestro territorio, no es momento para iniciar una discusión sobre cuál es el procedimiento que se debe cumplir para anunciar un peligro inminente y quiénes serán los encargados de hacerlo; debemos unirnos y hacer cuanto sea posible para defender a nuestra patria, que, al parecer, podría ser víctima de una nueva agresión chilena.

El Dr. Fausto y la posesión daimónica

Por: Fernando Salazar Paredes

Publicado en Pagina Siete

Lo daimónico -dice Goethe- es aquello que no puede ser explicado por la inteligencia ni por la razón. Es cualquier función natural que tiene el poder de dominar a la totalidad del individuo.

Lo daimónico puede convertirse en el aliciente para la creación o en un terremoto destructivo y, a menudo, en ambas cosas al mismo tiempo. Pero cuando este poder marcha mal y una fracción termina arrancando el control de toda la personalidad se padece de una “posesión daimónica”, término tradicional con el que se ha denominado históricamente a la psicosis.

El director de Diremar, Fausto Lanchipa, ha causado un terremoto destructivo con una declaración oficial, en forma de artículo, titulada “Chile lanza nuevo plan bélico que amenaza la paz de la región”. El contenido de la nota, per se, no es nada nuevo para los entendidos en la materia. Ya el joven y acucioso diplomático Andrés Guzmán Escobari, en fecha 8 de agosto, se refirió al tema. Palabras menos, palabras más, el alcance de ambas notas es relativamente similar y, desde luego, contiene enunciados con los que no estamos en desacuerdo. No es lo mismo, sin embargo, que lo diga un analista a título personal, que lo exponga y disemine una autoridad gubernamental. La connotación es totalmente diferente.

La declaración oficial de Diremar coloca al Gobierno en una posición sumamente incómoda, pues sobrepasa torpemente las atribuciones que este organismo tiene y que pueden resumirse en: planificar, desarrollar y evaluar la implementación de estrategias para la reivindicación marítima; elaborar y presentar la demanda internacional y representar al Estado ante los tribunales internacionales en los cuales se la presente, tramitarla y asumir la defensa técnico legal hasta su conclusión.

Usurpando funciones tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa y del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), incursiona rudamente en atribuciones que no le competen. Sobre el tema se ha escrito y opinado mucho ya y seguramente tendrá que haber explicaciones del porqué el doctor Lanchipa se atreve a colocarse por encima de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y, más aún, irrumpe en el campo definido del COSDEP. Lo que ahora corresponde es analizar las consecuencias internas y externas de la destemplanza.

En lo externo, dadas las atribuciones de Diremar, se refleja una total ausencia de estrategia de reivindicación marítima que no sólo deja muy malparado al señor Presidente del Estado, que crea esa institución con funciones bien definidas, sino que nutre y fortalece a los sectores más retrogradas chilenos que, tradicionalmente, se oponen a que Bolivia tenga una salida al mar.

En lo interno confirma la falta de direccionalidad del aparato estatal en este tema, amén de que se trata de una falta de respeto para con la autoridad que ejerce el canciller del Estado, bajo cuya tuición debe estar el director de Diremar.

Falta de rumbo, imposibilidad de cumplir los propósitos preestablecidos, ansia de protagonismo o, acaso, afán daimónico de provocar al señor canciller del Estado, lo cierto es que se ha expuesto una falta de sindéresis en un tema tan delicado que confirma la equivocación de haber creado un organismo paralelo que debilita la función constitucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo muestra como un apéndice sin personalidad ni utilidad en la presente coyuntura.

Es que las instituciones se crean atendiendo necesidades de los intereses permanentes del Estado, no para satisfacer una pretensión circunstancial. Es hora de que el tema marítimo retorne a su seno natural que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se ponga fin a esa infecunda parodia denominada Diremar, que no ha podido cumplir sus labores específicas, ni siquiera con asesores internacionales.

Comencé citando a Goethe, el autor del monumental Fausto; termino de igual forma: “¡Cuánto tarda en disiparse la esperanza en la cabeza de quien se aferra a bagatelas y, escarbando curiosamente en busca de tesoros, se siente feliz si encuentra lombrices!”

Chile, entre contradicciones y preparativos de guerra

Por: Juan Lanchipa Ponce 

Publicado en La Razón

Las máximas autoridades del gobierno chileno han repetido en varias oportunidades y en distintos escenarios que representan a un Estado amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y fiel cumplidor de los tratados internacionales. Sin embargo, en la práctica, Chile es la principal amenaza para la paz regional, mantiene una conducta que a lo largo de la historia ha contravenido muchas veces los principios generales del derecho y sólo cumple los compromisos contraídos en forma parcial de acuerdo a su conveniencia. 

En efecto, como es de público conocimiento, ese país ha destinado en promedio cerca de 3.000 millones de dólares anuales al gasto en defensa en la última década; mantiene minas antipersonales en sus fronteras desde los años 70, pese al compromiso que asumió para removerlas y/o desactivarlas al suscribir la Convención de Ottawa de 1997; y, no hace mucho, su Ministro de Defensa amenazó con utilizar las Fuerzas Armadas de Chile para “hacer respetar los tratados”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie el Tratado de 1904. Lo que demuestra claramente que Chile dista mucho de ser un país “amante de la paz”.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Chile 2011

Por otra parte, el hecho de que su gobierno cumpla religiosamente el Tratado de 1904 en su parte referida a la delimitación fronteriza y transgreda al mismo tiempo todas sus demás clausulas, es prueba inobjetable de que aplica una política exterior que sólo respeta las normas internacionales cuando éstas se ajustan a sus intereses. Las obstrucciones al libre tránsito de Bolivia interpuestas por las empresas privadas que operan los puertos chilenos y la paralización por ya casi una década del ferrocarril Arica–La Paz son muestras claras de esa mala fe que se expresa en una actitud contradictoria.

Por tanto, considerando que los principios generales del Derecho enuncian, entre otras cosas, la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas, Chile no puede ser considerado como un Estado “respetuoso del derecho internacional”, aun cuando los encargados de su diplomacia lo repitan en todas y cada una de sus declaraciones.   

Pero lo más delicado es que todas estas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, están siendo profundizadas cada vez con mayor desparpajo por las autoridades chilenas con medidas que parecen representar el preludio de una guerra. Prueba de ello son la nueva norma para el financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile, que reemplazará a la Ley Reservada del Cobre, y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012 – 2024) [http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2009/11/ENSYD-version-definitiva.pdf].

Estas medidas. que en este momento están siendo evaluadas por el Senado chileno para su correspondiente aprobación y dictámen, tienen la evidente intención de reforzar aún más el poderío militar de Chile y anteponer la política de defensa por sobre todas las demás políticas de ese país, con la idea de que no exista ningún impedimento legal a la hora de recurrir al uso de la fuerza.

El proyecto de ley para el financiamiento de las FFAA, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un presupuesto cuatrienal que no podrá ser inferior al 70% del monto invertido en armamento entre 2001 y 2010, que fueron precisamente los años que más dinero se invirtió en compras militares (en promedio 1.900 millones de dólares anuales); y crea un Fondo de Contingencia Estratégico que dispondrá de cerca de 3 mil millones de dólares “destinado a financiar el material bélico (…) para enfrentar situaciones de guerra”.

Presentación oficial de la ENSYD, 28 de junio de 2012

Pero lo que más nos debe preocupar a los bolivianos es que la ENSYD reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara textualmente: “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”. Afirmaciones que son una clara amenaza para Bolivia que es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y es además, el único país con el cual se podría concebir “un escenario de controversia” en los términos planteados. 

Ante este escenario de contradicciones y de aparentes preparativos de guerra, cabe recordar que Chile suscribió acuerdos multilaterales que prohiben expresamente la amenaza y el uso de la fuerza, como los Convenios de la Conferencia Panamericana de 1889 celebrada en Washinghton y las Cartas de la ONU y la OEA de 1945 y 1948 respectivamente. De la misma forma, en el ámbito bilateral condenó explícitamente “las guerras de agresión” y se comprometió a recurrir únicamente a procedimientos pacíficos para resolver los desacuerdos o conflictos que puedan surgir con Bolivia, a través de las notas reversales intercambiadas en 1941.

A pesar de esos compromisos, por todo lo dicho, bien se podría esperar que en un futuro no muy lejano, los gobernantes de Chile manifiesten una vez más su “vocación de paz” y seguidamente, en un contrasentido – no esperado ni mucho menos deseado – inicien otra guerra. 

¿Guerra por agua?

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

Cuenca Altiplánica

El 28 de junio pasado el Presidente chileno, Sebastián Piñera, y su Ministro de Defensa, Andrés Allamand, presentaron al Senado de su país un documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa – ENSYD (2012-2024)”, con el fin de consensuar y aprobar una “política de políticas para el ámbito específico de la seguridad y defensa”.

La ENSYD que, entre sus principales propósitos plantea “anticiparse a una agresión armada”, ya generó ciertos temores en Perú, donde algunos analistas la calificaron de provocativa, desafiante e inoportuna por haber sido presentada antes de que la Corte Internacional de Justicia emita su fallo sobre el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú (Velit,19/07/12); y culparon a las autoridades mencionadas por haber “convertido definitivamente a Chile en un Estado espartano, donde la seguridad será la política que guíe todas las demás políticas”(De Rivero,17/07/12).

Para el caso de Bolivia, resulta sumamente alarmante lo que ese documento dice sobre los recursos hídricos. Primero reconoce que “algunas regiones (de Chile) no disponen del agua necesaria para sus procesos productivos”, y luego aclara “Aunque la hipótesis de ocurrencia de conflictos interestatales por agua dulce es baja, resulta posible concebir un escenario de controversia por mejores y más amplias garantías de acceso al agua y sus reservas”.

Estas palabras son una clara amenaza para Bolivia porque geográfica y naturalmente es el único país que podría proveer de recursos hídricos al norte chileno y por tanto es el único país con el que se podría “concebir un escenario de controversia” en los términos planteados; además, existen varios antecedentes de agresión al patrimonio territorial boliviano por parte de Chile, entre los cuales destacan el desvió unilateral del río Lauca en 1962 y el uso gratuito de las aguas del Silala a partir de 1908, porque ambos fueron ejecutados por el Estado chileno precisamente para abastecer de agua a su territorio septentrional.

Asimismo, esta amenaza es preocupante porque se suma a la que lanzó Allamand el 30 de mayo de 2011. En esa oportunidad el Ministro de Defensa chileno dijo que su país tiene Fuerzas Armadas “en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales”, en clara alusión a la posibilidad de que Bolivia denuncie o desconozca el Tratado de 1904.

Contradictoriamente a todo esto, la ENSYD también afirma que Chile "Es un país con vocación de paz y buscará su seguridad por medio de la cooperación internacional, aunque reservándose el derecho inherente a la legítima defensa, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas". Al respecto, cabe recordar que esa misma Carta señala que sus miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Vista del Sajama y las aguas en la frontera Bolivia - Chile

Adicionalmente, en la última década Chile ha invertido cerca de 15.000 millones de dólares estadounidenses en armamento y gracias al nuevo mecanismo de financiamiento militar, que remplaza a la Ley Reservada del Cobre, sus FFAA tienen otros 3.000 millones de dólares en un “Fondo de contingencias”.

¿Por qué tanto armamentito y amenazas? ¿Es que acaso Chile pretende agredir nuevamente a Bolivia para quedarse con el Silala y otros reservorios de agua bolivianos?

La Muerte del Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón 

Mediante el Tratado de 1904, Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre su vasto, rico y único litoral (art.2) a cambio recibió 300.000 libras esterlinas (art.4), que en valor actual equivalen a 27 millones de dólares estadounidenses (Fuente: conversor de dinero antiguo del Archivo Nacional Británico); la liberación de las deudas e indemnizaciones que se debía pagar a las personas naturales y jurídicas que se hallaban establecidas en ese territorio (art.5); un tramo del ferrocarril Arica–La Paz (art.3); un derecho de libre tránsito (art.6) y un permiso para construir agencias aduaneras en puertos chilenos (art.7). Adicionalmente, ambos países se comprometieron a darse el trato de la nación más favorecida (art.8).  

Mapa político (antes de 1904). 

Fuente: Jorge Escobari Cusicanqui (1972).

De todos estos compromisos, que junto con el restablecimiento de las relaciones de paz y amistad entre ambos países (art.1), son todos los derechos y obligaciones que contiene este pacto, pues las demás disposiciones se refieren a la reglamentación del intercambio comercial (arts.9-11) y al mecanismo de solución de controversias (art.12); lo único que verdaderamente se cumple es el dominio chileno sobre el litoral boliviano, pues el dinero por compensaciones, deudas e indemnizaciones ya fue cancelado; el ferrocarril no funciona; el derecho de libre tránsito está siendo vulnerado por las empresas privadas que operan los puertos de Arica y Antofagasta y; en cuanto a las agencias aduaneras que se supone que deben estar dentro de los puertos, Chile ya anunció que pretende exigir su relocalización obligatoria a “recintos extra-portuarios”, con lo cual, el gobierno de Sebastián Piñera terminará por incumplir por primera vez en la historia, absolutamente todas las obligaciones que su país asumió en 1904.  

Tramo del Ferrocarril Arica - La Paz (lado chileno)

Fuente: Jhonny Flores (Google Earth)

Por si fuera poco, Chile tampoco otorgó a Bolivia los mismos privilegios comerciales que concedió a terceros países. El caso más llamativo es Perú, que tiene un malecón, una oficina para su aduana y una estación de tren en Arica.

Y eso no es todo, también existen acuerdos complementarios y reglamentarios al Tratado de 1904 que Chile transgrede: la Convención de 1912 establece la gratuidad para el almacenaje de las mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año (art.12), sin embargo, la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta, ATI, ha estado cobrando a los comerciantes bolivianos por ese concepto; la Convención de 1937 obliga a Chile a garantizar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción” (art.1), empero, la interrupción de los servicios portuarios en Arica, Antofagasta e Iquique, son cada vez más frecuentes debido a las huelgas de los trabajadores de dichos puertos que exigen una mejor administración a las empresas privadas que los operan; la Convención de 1905 determina la obligación de “asegurar a perpetuidad el libre tráfico de ferrocarril” (art.12), no obstante, la línea se encuentra paralizada desde el año 2001 en el lado chileno; etc. 

Congestión ocasionada por huelga en puertos chilenos 

Fuente: La Patria 2010

Todos estos hechos pueden hacer pensar a cualquiera que aplique el sentido común (no sólo al Presidente Evo Morales), que el Tratado de 1904 está muerto, y eso sencillamente porque no es válido que una de las partes ejerza ampliamente sus derechos e incumpla absolutamente todas sus obligaciones.  

Nuevo fracaso de Chile en la OEA

Por: Andrés Guzmán Escobari

Publicado en La Razón

El resultado de la discusión sobre el tema marítimo boliviano que se llevó a cabo en la 42  Asamblea de la OEA celebrada en Cochabamba, fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la materia tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y pobre discurso del representante de La Moneda, demuestran que más que una victoria, fue un fracaso bien disimulado.  

Primeramente es preciso considerar que todos los países que tomaron la palabra – incluido Chile - reconocieron que el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona su naturaleza de problema, eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser resuelto.

En segundo lugar, el hecho de que los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno porque es obvio que si estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos confundir una cosa con la otra, la solución del problema es bilateral, pero el interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor parte de ellos aprobó otras 10 Resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana (1980–1990) de las cuales, tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y 1983).

La única forma de que otro país intervenga en la solución de este asunto, es que el arreglo contemple territorios situados en Arica, sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero aun así, la solución sería de carácter trilateral y no multilateral.

De todas formas, el hecho de que la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente, no impide que Bolivia pueda acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversias, no debería causar zozobra en las autoridades chilenas.

En tercer lugar, las palabras del Canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las afirmaciones del Presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones no otorgan derechos, atinó a replicar "lo que generar derechos son los tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los tratados, sino las obligaciones y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:

1. Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937 que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia”(artículo 1);
2. El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (artículo 12); y  
3. La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905 que establece la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad”(artículo 12). 

A pesar de que el Canciller Moreno conoce perfectamente estos hechos y sabe que las Convenciones citadas complementan y reglamentan el Tratado de 1904; cuando le tocó intervenir en el pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho internacional, y en particular a los tratados, entrega valores a los Estados, garantiza la paz, y además promueve relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos” y luego dijo “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, consagra el principio universal "Pacta sunt servanda": "lo pactado obliga". 

Como era previsible resaltó la supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.

Después afirmó correctamente que “Bolivia ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50 años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las aguas del río Lauca ocasionándole un enorme perjuicio a Bolivia y que en 1978 su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano.

Según Moreno las acciones que ha tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la "Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los Estados sin Litoral", lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio boliviano y recientemente, ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.  

Todos estos hechos demuestran que el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la verdad, evidencia que su actuación fue un todo un fracaso.  

Circunstancias en las que se firmó el Tratado de 1904

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón 

Hace unas semanas, el historiador chileno Cristian Garay Vera publicó en La Razón, un artículo en el que intentó convencer a la opinión pública boliviana de que el Tratado de 1904 fue válidamente celebrado porque, según dice, Chile no coaccionó a Bolivia.

Si bien el titular de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, ya presentó oportuna y acertada respuesta, y con el mismo afán también replicó el sociólogo boliviano Juan Albarracín, en las próximas líneas intentaré aportar al debate con una breve narración de las circunstancias en las que se desarrolló la negociación de este tratado, con base en apreciaciones emitidas por historiadores chilenos, incluido Garay. 

Primero, debemos remitirnos a las postrimerías del siglo XIX cuando prevalecían los términos del Pacto de Tregua boliviano-chileno de 1884. En Bolivia, ese acuerdo fue duramente criticado por haber determinado definitivamente el enclaustramiento boliviano y por haber impuesto un régimen comercial sumamente perjudicial para la hacienda nacional (Carrasco, Sergio: Historia de las relaciones chileno-bolivianas. 1991, p. 102).

En esos años, algunos gobernantes chilenos (Santa María, Barros Borgoño, etc.) llegaron a comprender que dejar sin mar a Bolivia podría convertirse en un problema de nunca acabar. La mayoría, sin embargo, pretendía reservar para Chile el dominio de todo el territorio ocupado, incluyendo Tacna y Arica (Pinochet de la Barra, Oscar: ¿Puerto para Bolivia? 1987, p. 41).

Palacio de La Moneda a finales del siglo XIX

Chile no llegó a imponer sus condiciones sino 23 años después del último combate con las fuerzas bolivianas debido a que tenía serios problemas con Perú y Argentina, por lo cual, si amenazaba o agredía nuevamente a Bolivia, se arriesgaba a iniciar un conflicto en el que hubiese tenido que enfrentar simultáneamente a sus tres vecinos.

En ese contexto, el Ejecutivo chileno aplicó la “política boliviana” que consistía en una estrategia por separar a Bolivia de su alianza con Perú durante la guerra, para lo cual llegó a ofrecerle un puerto en territorio peruano ocupado por Chile (Garay Vera, Cristian; Concha, José Miguel: La alianza entre Chile y Bolivia 1891-1899. Una oportunidad para visitar la teoría del equilibrio. 2009, pág. 222).

Tras el fracaso de esa política y luego de haber resuelto sus problemas con Argentina, Chile dirigió sus esfuerzos hacia la definición de su frontera septentrional y para ello designó a Abraham König como representante de La Moneda en La Paz. Es importante destacar la indiscutible influencia que tuvo este personaje en la firma del Tratado de 1904, por haber dejado muy en claro, mediante la nota que entregó al Canciller boliviano el 13 de agosto de 1900, que Chile podía reiniciar las hostilidades en cualquier momento y con la misma facilidad con la que había iniciado la guerra, ya que su poderío militar —decía— “se ha centuplicado en los últimos 20 años” (Ríos Gallardo, Conrado: Después de la paz. 1926, pág. 368).

El mismo Eyzaguirre reconoce ampliamente la incidencia que tuvo la nota de König en el resultado de las gestiones, destacando la ruda y enfática aclaración de que Chile ya no estaba dispuesto a darle un puerto a Bolivia como lo había estado en 1895 (Eyzaguirre, Jaime: Chile durante el gobierno de Errázuris Echauren. 1957. pág. 329). 

Poco después, el representante chileno en Lima Ángel Custodio Vicuña propuso a las autoridades peruanas desmembrar a Bolivia para luego repartir su territorio entre Perú y Chile, reavivando así el plan de polonización boliviana que había sido propuesto en 1898, por el entonces Presidente del Perú, Nicolás de Pierola (Bustos, Carlos: Chile y Bolivia. Un largo camino. De la Independecia a Monterrey. 2004, pág.106).

Si bien la pérfida propuesta chilena no tuvo mayor eco porque fue publicada a los cuatro vientos, la noticia debió preocupar a las autoridades bolivianas que se encontraban en una situación extremadamente complicada: Brasil había ocupado el Acre y no se habían logrado resolver los problemas limítrofes con Argentina, Perú, Paraguay y Chile (Garay Vera, Cristian; Correa Vera, Loreto; Soliz Landívar, Ana; Vaca-Diez, Anahí: Bolivia en dos frentes: las negociaciones de los tratados de Acre y de límites con Chile. 2007). 

En esas circunstancias, el ministro boliviano en Inglaterra, Félix Avelino Aramayo, viajó a Santiago y de manera oficiosa presentó al Gobierno chileno las bases de un arreglo sobre las cuales se negoció el Tratado de 1904; en ellas, Bolivia renunciaba a una salida al mar, en cambio de compensaciones de carácter económico y comercial (Ríos Gallardo, Conrado. Una gestión oficiosa chileno-boliviana. 1966, pág. 21).

Apremiada por sus cuatro vecinos no chilenos, Bolivia buscó por primera vez en su historia el arreglo de sus problemas con Chile. El acuerdo fue alcanzado en vísperas de la Navidad de 1903 y el Tratado suscrito el 20 de octubre de 1904. “Para Chile se cerraba un página postrera. Para Bolivia sólo un capítulo” (Barros Van Buren, Mario: Historia diplomática de Chile 1541-1938. 1970, pág. 570-571).

Mapa de las pérdidas territoriales de Bolivia.

Resulta extraño que Garay no mencione en su artículo el complicado escenario vecinal que enfrentó Bolivia en 1904, factor que, en otras publicaciones del autor, es ampliamente reconocido: “Bolivia procedió de esta forma para impedir el avance brasileño, peruano y paraguayo sobre sus fronteras” (Garay, Cristian: El Acre y los asuntos del Pacífico. Bolivia, Brasil, Chile y Estados Unidos 1898-1909. 2008, pág. 341) y “…en 1904 por primera vez no era Chile, sino Bolivia el que apuraba el tranco: paraguayos, brasileños, peruanos y argentinos pugnaban sobre ‘el cuerpo enfermo’ de Sudamérica” (Garay Vera, Cristian; Correa Vera, Loreto; Soliz Landívar, Ana; Vaca-Diez, Anahí: Bolivia en dos frentes: las negociaciones de los tratados de Acre y de límites con Chile. 2007 ).

Por todo lo dicho, queda claro que si Bolivia buscó suscribir el tratado, no fue por libre y voluntaria determinación; el verdadero motivo fue el complicado entorno vecinal premeditadamente agravado por Chile con la incivilizada amenaza de König, la malévola propuesta de Vicuña al Perú y, no menos importante, la presión económica que ejercía sobre Bolivia con la imposición de un asfixiante régimen comercial que mantenía al país incluso más enclaustrado que hoy. Factores que me parece que deberían ser parte de cualquier análisis serio sobre las negociaciones del Tratado de 1904 pero que, en esta oportunidad, fueron omitidos por Garay.

Dúplica al Diputado chileno Edwards

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

Con el propósito de evitar la judicialización del tema marítimo boliviano, el diputado oficialista chileno José Manuel Edwards invitó al Presidente Evo Morales para que visite Arica y vea los esfuerzos que hace su gobierno para cumplir el Tratado de 1904. Pero si esa visita se llegara a realizar, no se podría demostrar la “voluntad de integración con Bolivia” que, según el diputado, tienen los chilenos; porque lo único que el Mandatario boliviano podría evidenciar es que el ferrocarril Arica-La Paz no funciona y que ya era necesario reparar la carretera Tambo Quemado–Arica, y así, sólo confirmaría que Chile es un mal vecino. 

Hasta el momento la referida invitación sólo sirvió para generar una polémica lid entre Edwards y mi persona que se extendió hasta la dúplica que se desarrolla en estas líneas, y que tiene como principal tema de debate, el respeto que Chile demuestra hacia sus compromisos con Bolivia. De acuerdo al congresista, su país cumple “con creces” el Tratado de 1904 porque está invirtiendo 58 millones de dólares en la rehabilitación del Ferrocarril Arica-La Paz y otros 57 millones en garantizar el libre tránsito de Bolivia por Arica, mediante concesiones que, según afirma, “superan las obligaciones legales de Chile”.

Celebro que el diputado reconozca que su país debe respetar no sólo el Tratado, sino también sus acuerdos complementarios. No obstante, no está bien que alegue una supuesta “confusión de conceptos jurídicos” para justificar la paralización del Ferrocarril. Según la Convención de 1905, Chile está obligado a garantizar su libre tráfico “a perpetuidad”, es decir, de manera incesante y sin fin. Por lo cual, el hecho de que el tren se encuentre inactivo en el lado chileno desde 2001 (realizó unos cuantos viajes de 2001 a 2005 y desde entonces se encuentra paralizado), es nada menos que una flagrante violación por parte de Chile a dicha Convención que, cabe recordar, reglamenta al Tratado de 1904 (art.3).

Respecto al libre tránsito, me permito informar al Honorable Edwards que las concesiones que él considera graciosas, son compromisos legales que su gobierno debe cumplir de manera obligatoria pues todas ellas son parte de los acuerdos bilaterales. La exoneración del pago por almacenaje para las cargas de importación está en la Convención sobre Tráfico de 1912 (art.12) y para las mercancías de exportación se encuentra en el Acta de Viña del Mar de 1996 (art.2). Asimismo, la exención de tributos y los privilegios comerciales están en el Tratado de 1904 (art. 8). Por tanto, no existe ninguna concesión que “supere las obligaciones legales de Chile” y justifique un supuesto cumplimiento del Tratado “con creces”. Al contrario, algunas de esas obligaciones están siendo incumplidas porque la empresa privada que opera el puerto de Antofagasta, ATI, ha estado cobrando por almacenaje y porque Chile nunca otorgó a Bolivia los mismos privilegios comerciales que concedió al Perú mediante el Tratado de Lima de 1929 (art.5).

Si Chile ha ido más allá de sus obligaciones legales, es porque ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en sus puertos a empresas privadas y, recientemente, ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.

Sobre las razones que explican por qué los bolivianos prefieren el puerto ariqueño, cabe aclarar que eso no es algo nuevo y poco tiene que ver con los precios que ahí se cobran. Arica ha sido desde siempre el puerto natural de Bolivia por su cercanía geográfica y el reciente aumento de los flujos comerciales bolivianos obedece a las mayores necesidades que genera el crecimiento demográfico y económico que se ha registrado en el país últimamente. Por tanto, no es correcto atribuir la mayor utilización del puerto a las inversiones realizadas por el concesionario privado (TPA), y mucho menos si consideramos que esos gastos están siendo financiados completamente por los usuarios.

Por otra parte, no es atribución del diputado opinar sobre las utilidades y el personal que tiene el agente aduanero boliviano (ASPB) en puertos chilenos, la definición de los mismos es de exclusiva competencia del Estado boliviano y cualquier tipo de injerencia extranjera al respecto, resulta inadmisible.

Acerca de la jurisdicción que tiene la ASPB sobre las cargas en tránsito a Bolivia, acordada en la Convención de 1937 (art.4/b), no está en duda su vigencia, el problema es que la empresa privada que opera el puerto de Arica ha estado cumpliendo labores que, de acuerdo a dicha Convención, le corresponden exclusivamente a la ASPB.

Tampoco es alentador que el diputado afirme que “garantizará” las huelgas en los puertos donde Chile debería asegurar el libre tránsito de Bolivia “en todo tiempo sin excepción alguna” (Convención de 1937 art.1) y es lamentable que diga sentirse “halagado” porque no se dieron más ejemplos sobre las interrupciones al libre tránsito boliviano. Sobre este punto, debo aclarar que las huelgas comentadas no eran tan frecuentes antes de que los puertos pasen a manos privadas, no obstante, el Estado chileno también interrumpió el libre tránsito de Bolivia en varias oportunidades durante ese periodo: en 1933 impidió el paso del material bélico que el ejército boliviano necesitaba para enfrentar la guerra del Chaco, en 1953 obstruyó el tránsito de insumos destinados a las minas recién nacionalizadas en Bolivia, en 1956 detuvo un cargamento de alimentos a sabiendas de que una sequía había afectado a nuestro país, etc.   

Por último, para no caer en falsos sentimentalismos acerca de una supuesta hermandad boliviano-chilena que el mismo Edwards sabe que no existe porque los hechos demuestran que Chile, lejos de un hermano, es tan sólo un mal vecino como bien dice Evo Morales; aprovecho para reiterarle que a los bolivianos nos interesa la integración que propone, sin embargo; para poder conversar al respecto exigimos que el gobierno chileno cumpla previamente sus compromisos. 

¿Se repetirá la historia?

Por: Andrés Guzmán Escobari
Publicado en La Razón

En 1919 el gobierno boliviano anunció su intención de demandar a Chile para recuperar una salida soberana al mar.

El fin de la Primera Guerra Mundial había propiciado el surgimiento de un nuevo orden mundial basado en los 14 puntos propuestos por el Presidente estadounidense Wilson; quien, entre otras cosas, reconocía la necesidad de que todos los países tengan acceso al mar. Así, los vencedores de la guerra decidieron crear la Liga de las Naciones como órgano jurisdiccional encargado de resolver los problemas que pudieran amenazar la paz mundial. Todo esto dio una señal de esperanza a Bolivia y Perú que mantenían asuntos pendientes con Chile desde 1879.

Estos hechos y la irrupción de un gobierno anti-chileno en Bolivia, al igual que hoy, tensionaron seriamente las relaciones en la región. Pero los intentos de Chile por disuadir a sus vecinos de no recurrir a la Liga de las Naciones fueron más allá de las amenazas discursivas que también se escuchan en nuestros días en la voz del Ministro de Defensa chileno. Pues, en esa ocasión, Chile llegó a movilizar un gran contingente militar hacia sus fronteras del norte.

Surgieron entonces dos corrientes de pensamiento político en Bolivia. Por un lado, los practisitas del partido liberal que en función de gobierno iniciaron gestiones ante la Liga de las Naciones para conseguir el puerto de Arica y, por otro lado, los reivindicacionistas del partido republicano quienes, una vez en el poder, y con el objetivo de recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1879, presentaron una demanda contra Chile en 1920 exigiendo la revisión del Tratado de 1904.

Dicha demanda que después de algunos retrasos fue incluida en los temas a tratar por la Asamblea de la Liga en 1921, invocó el artículo 19 del Tratado de Versalles que otorgaba al nuevo órgano jurisdiccional la facultad de invitar a los Estados a un nuevo examen de los tratados que hubiesen llegado a ser inaplicables o que pusieran en riesgo la paz mundial. Sobre esa base, Bolivia alegó que el Tratado de 1904 fue impuesto por la fuerza; que Chile no había ejecutado puntos fundamentales del mismo; que esa situación constituía una permanente amenaza de guerra, citando como prueba la movilización militar chilena; y que, como consecuencia de ese tratado, Bolivia había quedado absolutamente enclaustrada. Todo ello se hizo inicialmente en coordinación con Perú que al poco tiempo retiró su demanda previendo quizás el inminente fracaso.  

Por su parte la delegación chilena arguyó, entre otras cosas, que la demanda boliviana debía ser rechazada por contrariar el propósito constitucional de la Liga de “asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales”. 

Después de la revisión de los argumentos, la comisión de juristas designada para pronunciarse al respecto emitió un informe que decía: “tal como ha sido presentada la demanda de Bolivia, es inadmisible debido a que la Liga de las Naciones no puede por sí misma modificar ningún Tratado y porque la revisión de los tratados es competencia exclusiva de las partes contratantes”.

Como esa norma acerca de que la revisión de los tratados sólo es posible con el acuerdo de las partes continúa en plena vigencia, es muy probable que se repita la historia si Bolivia inisiste en demandar la revisión del Tratado de 1904.   

Presidente, invitación a Arica sigue en pie

RESPUESTA A ANDRÉS GUZMÁN 

Por: José Manuel Edwards

Publicado en La Razón 

Chile cree firmemente demostrar día a día, con obras y hechos, su voluntad de integración con Bolivia. Espero que este debate público con el señor Andrés Guzmán ayude al presidente Evo Morales a aceptar la invitación que le hace el Congreso chileno de visitar Arica. Es necesario que vea con sus propios ojos y juzgue en terreno si Chile cumple o no el Tratado de 1904 y sus convenios complementarios. El 23 de marzo es una excelente fecha para el anuncio de su visita a Chile.

En respuesta a la carta del señor Guzmán publicada por La Razón, me referiré a la situación del Ferrocarril Arica-La Paz, a las condiciones de las que goza la carga boliviana en el puerto de Arica junto a lo que considero un desproporcionado cobro de la Aduana boliviana y, finalmente, a las garantías de libre tráfico que entrega Chile y sus puertos.

Como es de público conocimiento, hace unos seis años un desastre natural destruyó parte importante del tren de Arica a La Paz. La empresa, de capitales mayoritariamente bolivianos, pidió la quiebra. Tanto el Tratado de 1904 como la Convención de 1905 son claros y precisos en que Chile debe asegurar su habilitación y el libre tráfico, mas no su funcionamiento. Constituye un error jurídico confundir estos conceptos. A pesar de lo anterior, Chile está invirtiendo 58 millones de dólares en su rehabilitación que estará lista a mediados de este año. Por tanto, Chile cumple “con creces” el tratado en ese aspecto.

Para inspeccionar las garantías de libre tráfico que otorga Chile a Bolivia, se debe aclarar que no debemos confundirlas con gratuidad. Lo anterior sin perjuicio de las concesiones específicas que Chile debe entregar dadas sus obligaciones. Chile otorga en los puertos de Arica y Antofagasta almacenamiento gratuito a Bolivia por hasta un año en cargas de importación y de 60 días a las de exportación, además de otras franquicias, tales como exenciones tributarias, beneficios y garantías a Bolivia. Éstas, implementadas con posterioridad al Tratado de 1904, superan “con creces” las obligaciones legales que comprometen a Chile en su virtud.  En Arica, dichas concesiones son cuantificadas en 57 millones de dólares anuales. Esto es un beneficio económico exclusivo para la carga boliviana.

Llama la atención, por tanto, el reclamo por los precios que se cobran en el puerto de Arica. Es de público conocimiento que el puerto de Arica, incluido el aumento de tarifas que empieza a operar, es por lejos el más barato para el comercio exterior de Bolivia. Es el principal puerto usado por bolivianos y anota un crecimiento constante (800.000 toneladas en 2005, 1.800.000 en 2010).  Los 80 millones de dólares invertidos por el concesionario del puerto en estos ocho últimos años y los 200 millones de dólares que el Gobierno de Chile está invirtiendo en este período para mejorar las carreteras explican en gran medida este liderazgo. Recordemos que dichas carreteras son usadas prácticamente en su totalidad por bolivianos sin ningún cobro de peaje como ocurre en el resto de estas rutas en Chile.

No puedo dejar de comentarle al lector que, como chileno, me llama profundamente la atención que las utilidades reportadas por el puerto de Arica el año 2010 (4,7 millones de dólares) fueran inferiores a las que razonablemente podemos asumir obtuvo la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) en ese puerto en igual período (5,2 millones de dólares). Lo anterior, con una dotación de 20 personas (el puerto tiene 700) y una inversión prácticamente nula por parte de ASP-B. Esto es sólo posible si las tarifas que le cobran a sus clientes, importadores bolivianos, equivalen a dos y hasta cuatro veces a las que el puerto le factura a ASP-B. De otra manera no se explican dichas utilidades.

El control jurisdiccional que menciona el señor Guzmán sigue vigente y prueba de ello es la presencia de ASP-B en el mismo recinto portuario de Arica. Sobre lo mismo, Chile sí espera de las autoridades bolivianas más control jurisdiccional para evitar la droga en sus contenedores que exporta por Arica, más control jurisdiccional sobre sus camiones sin estándares mínimos de seguridad y más eficiencia en la burocracia aduanera.

Por último, se cuestiona que Chile no estaría cumpliendo el Tratado porque el libre tránsito se habría visto interrumpido por huelgas de los operarios del puerto de Arica. Más allá de que como diputado garantizaré que los trabajadores puedan luchar por sus condiciones laborales, y que el libre tránsito no se habría cortado por seguir operando los puertos de Iquique y Antofagasta, me parece honestamente halagador que ése sea el único ejemplo proporcionado.

Probablemente será difícil encontrar otro, ya que incluso un terremoto de altísimo grado no interrumpiría el trabajo dada la construcción de un muelle antisísmico en el puerto de Arica. En materia de puertos y libre tráfico, Chile cumple “con creces” los tratados. El Tratado de 1904 concedió a Bolivia un libre tránsito que con los años le entrega beneficios sin comparación en el mundo.

Condicione o no el señor Guzmán, la hermandad de los pueblos a la solución de esta diferencia, por nuestro lado no hay, ni habrá duda de que bolivianos y chilenos son hermanos. El camino de la amenaza del presidente Morales y la judicialización que está implementando, simplemente actuará en contra del desarrollo de la región y no le permitirá a ningún gobierno democrático avanzar en las concesiones que busca. Europa sufrió dos guerras mundiales en el siglo pasado y hoy día está unida. Chile y Bolivia han tenido 120 años de paz. Es tiempo entonces de avanzar como pueblos hermanos, con una agenda común de mutua conveniencia.